Introducción: de una Gran Región a sus Veredas

Si bien la Amazonia hace parte del imaginario nacional colombiano como una región privilegiada por su gran riqueza en biodiversidad, la belleza de sus paisajes selváticos y los pueblos indígenas que la han habitado durante siglos, pocos saben que abarca el 42,3 % del territorio continental (^{Salazar y Riaño 2016}, 26) y que a su población originaria se han sumado miles de campesinos provenientes de otros lugares del país, desde mediados del siglo XX (^{Jimeno 1987}; ^{Marín 2002}; ^{Molano 1987}). Esta dinámica de colonización transformó la subregión noroccidental cercana al piedemonte llanero, a pesar de las condiciones geográficas que dificultaban el acceso y el establecimiento en el entorno selvático, y dio lugar a la progresiva ocupación del costado sur del tercer río más caudaloso del país: el Guaviare. Este da nombre al octavo departamento más extenso y a su capital San José del Guaviare, que es el séptimo municipio en área de los 1122 que conforman el territorio nacional (figura 1).

Fuente: mapa cortesía de Pablo Cabezas Díaz, Colombia, octubre de 2019.

Figura 1 San José del Guaviare en el contexto departamental, subregional, regional y nacional 

La historia de San José del Guaviare remite al periodo de auge cauchero en 1910, tiempo en el que un grupo de hombres dedicados a la extracción de la goma elástica dio nombre al caserío que se fundó oficialmente en 1938. Se erigió en municipio hasta 1976 y en 1991 se convirtió en capital departamental, cuando la comisaría del Guaviare pasó a ser departamento (^{Marín 2002}). Hoy es el municipio más importante de la Amazonia noroccidental colombiana, por contar con instituciones gubernamentales de todos los niveles de estatalidad en el casco urbano. Sin embargo, la historia del área rural resulta un poco confusa y desconocida por su marginalidad en los discursos y prácticas oficiales que se han encargado de invisibilizarla debido a su asociación directa con los cultivos de uso ilícito y con la dinámica del conflicto armado (^{Ardila 2004}; ^{García 1995}; ^{Salgado 2018}). Por esto resulta pertinente intentar reconstruir la memoria territorial de la ruralidad amazónica, a partir de indagaciones con los habitantes de las veredas visitadas¹.

El territorio rural se caracteriza por presentar una ocupación de tipo disperso, agrupada en núcleos poblacionales de baja densidad o carente de población estable, principalmente, ligada al uso y manejo de bienes naturales comunes, bajo determinadas formas de producción, patrones culturales y arreglos institucionales históricamente construidos (^{Massiris 2015}). En la Amazonia se encuentran “áreas rurales de campesinos y colonos de asentamiento disperso” conformadas por “la constelación de veredas y fincas” como “célula primaria de la organización social del espacio rural campesino” (^{Salazar y Riaño 2016}, 93). No obstante, aunque los territorios veredales en el Guaviare comprenden extensas áreas de poblamiento disperso, clasificadas como rurales, se trata de zonas donde predomina el medio selvático, sin que se pueda asociar lo rural a la existencia de modos organizados y eficientes de producción agrícola o silvopastoril ni a un campesinado dedicado a esta actividad (^{Jimeno 1987}; ^{Marín 2002}).

En este sentido, es posible cuestionar la perspectiva homogeneizadora de los campesinos como personas vinculadas a una dinámica productiva agraria que soporta la vida urbana, puesto que en el caso de la Amazonia noroccidental colombiana no solo se estarían desconociendo las limitadas condiciones de acceso, por la carencia de infraestructura vial, sino los procesos complejos de ocupación y asentamiento a través de diferentes modalidades de colonización (^{Marín 2002}) que, pese a la migración progresiva que implicó la apropiación del territorio, no se puede entender como una colonización productiva sino campesina (^{Jimeno 1987}). De hecho, los colonos campesinos del Guaviare se involucraron con la dinámica extractiva del momento: en principio caucho, pieles y pesca; luego marihuana y, después, las familias y fincas se dedicaron a la producción de pasta de coca. En este contexto, el grupo guerrillero denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ejerció el control territorial y dominó la región desde mediados de la década de 1970 (^{García 1995}; Jimeno 1987) hasta que a finales de 1990 incursionaron en la zona los grupos paramilitares (^{Arcila, González y Salazar 1999}; ^{Ardila 2004}; Consorcio Deispaz 2014; ^{Gómez 2018}).

Coca y conflicto han marcado la historia del último decalustro en el Guaviare. Sus habitantes rurales han vivido la cotidianidad de la guerra a través de sucesos que aún permanecen en la memoria, como la toma y quema del caserío de la vereda Charrasquera en octubre de 2002, por parte de las FARC (^{Ardila 2004}; ^{Mahecha y Franky 2012}; Sinchi y CDA 2007). La firma en 2016 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Mesa de Conversaciones, 2017), que tiene como fundamento el enfoque de la paz territorial y contempla una reforma rural integral, generó entre los campesinos de territorios vinculados al conflicto la esperanza de poder construir la paz. Sin embargo, el alcance del acuerdo en territorios de difícil acceso, dispersos y lejanos como el área rural de San José del Guaviare, resulta incierto en la medida en que los campesinos esperan que los programas gubernamentales les permitan sustituir los cultivos de coca y generar otras posibilidades productivas que garanticen su estabilidad económica y permanencia en el territorio.

Dada la histórica presencia de las FARC en San José del Guaviare, en Charras y Colinas se ubicaron dos zonas veredales transitorias de normalización, posteriormente, Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde empezaron a habitar más de 600 combatientes (Comité de Impulso del Banco de Datos del Suroriente Colombiano 2018, 82). En la vereda Charras se instaló el ETCR Marco Aurelio Buendía y los excombatientes se organizaron para sacar adelante algunos proyectos productivos vinculados en su mayoría con actividades agropecuarias (^{Ardila 2018}). No obstante, por cuenta de un problema con la situación legal del predio en el que se hizo la implantación, lo que desde agosto de 2019 es el antiguo ETCR², por el vencimiento de la reglamentación de esta figura, debe trasladarse a la vereda cercana Boquerón, cabecera corregimental entre Charras y el casco urbano del municipio. De esta manera, tanto campesinos cocaleros como excombatientes comparten la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en el marco del posacuerdo en el territorio que han habitado durante décadas.

Así las cosas, este artículo pretende dar cuenta del continuo y aún vigente proceso de colonización del entorno selvático guaviarense, por parte de campesinos quienes, en medio de la historia de la coca y el conflicto, creen posible la construcción de paz en un territorio complejo tanto por su estado legal como por las figuras de protección que en él se superponen. Lo anterior, a partir de la investigación documental sobre la colonización del Guaviare y, especialmente, la recopilación de historias y relatos de algunos campesinos y excombatientes consultados durante el trabajo de campo etnográfico realizado a lo largo tres estancias cortas en octubre de 2018, y marzo y octubre de 2019, en las que fue posible visitar las veredas Boquerón, Charras, Charrasquera, Damas de Nare, Guanapalo y Sabanas de La Fuga, y el antiguo ETCR Marco Aurelio Buendía, que hacen parte del corregimiento Charras-Boquerón en el municipio de San José del Guaviare (figura 2).

Fuente: mapa cortesía de Pablo Cabezas Díaz, Colombia, octubre de 2019.

Figura 2 Veredas visitadas y traslape con Resguardo Indígena Nukak en San José del Guaviare 

Las conversaciones informales, sostenidas inicialmente con los habitantes de Charrasquera, generaron una serie de preguntas sobre la realidad del territorio rural guaviarense en relación con el escenario del posacuerdo, de manera que para comprender la situación actual surgió el interés por reconstruir la historia de esta y otras veredas cercanas, desde las voces de los campesinos colonos y cocaleros que en la década de 1970 empezaron a tumbar la selva para asentarse en esta y convertirla en su refugio y sustento. De esta forma, en muchas ocasiones, dichas conversaciones lograron convertirse en entrevistas a profundidad, en las que los habitantes de las veredas narraban sus aventuras y desventuras para adaptarse a la manigua, cultivar coca y sobrevivir en medio de la guerra.

La confianza generada en el contexto de esos diálogos permitió establecer un escenario de trabajo comunitario que enriqueció el reconocimiento de los territorios veredales y su historia, a través de recorridos guiados por los caseríos y fincas de algunos habitantes, así como desarrollar varios talleres de diagnóstico y prospectiva territorial que contaron con la participación de grupos de aproximadamente veinte personas, en los que se conversó sobre las condiciones y necesidades actuales del caserío de Charrasquera, la vereda Charras y el ETCR. Al respecto, cabe señalar la disposición manifiesta de campesinos y excombatientes para hablar tranquilamente sobre sus diferentes experiencias, tanto individuales como colectivas, así como sobre sus preocupaciones por lo que representa la continuidad de los cultivos de coca frente a las condiciones y necesidades no satisfechas en el contexto del posacuerdo.

A continuación, se hace un breve recuento del proceso de colonización campesina que tiene lugar en la Amazonia noroccidental colombiana desde mediados del siglo pasado y de sus implicaciones en la configuración del territorio rural guaviarense; después se describe la dinámica de la vida campesina alrededor de los cultivos de coca y el surgimiento del conflicto en la subregión; posteriormente, se plantean algunos escenarios territoriales complejos, los cuales se han puesto en evidencia con el proceso de construcción de paz y generan incertidumbre en los campesinos del ETCR y de las veredas visitadas. Finalmente, se concluye con la necesidad de hacer estudios más próximos a las realidades territoriales microlocales de los campesinos en regiones que, como la Amazonia, se suponen deshabitadas y resultan desconocidas por cuenta de su marginalidad en relación con los centros de poder político y económico, para darle un verdadero sentido y significado al enfoque territorial en la construcción de paz.

La Colonización de “la Gran Entrada” a la Selva Amazónica Colombiana

La Amazonia se ha constituido en el territorio de frontera por excelencia al ser imaginada, simultáneamente, como una frontera internacional y una frontera con la civilización. Un verdadero desierto verde, espacio vacío de personas y, por ende, un espacio a ser llenado (Villegas 2009, citado en ^{Unigarro 2017}, 63). Por lo tanto, el Guaviare al ser el “puente a la Amazonia” (^{Acosta 1993}) o, como se le denominó en lengua jiw -guayabero- al puente que une al departamento con el Meta, Nowen, que significa “la gran entrada” a la región, es una de las fronteras más dinámicas en el proceso expansivo de la nación colombiana. Pero no se trata de un territorio homogéneo, puesto que en su interior “existen bordes territoriales difusamente delimitados” por cuenta de la avanzada de colonos que fueron adentrándose en la selva a través de ríos, caños y trochas, “donde se encuentra la frontera factual de expansión” (^{Del Cairo 1998}, 70).

Si bien la colonización se puede describir como el proceso de expansión de los centros poblados sobre aquellos territorios ausentes que se disponen en su periferia y deben ser aglutinados a la dinámica de la civilización, en un intento por consolidar el Estado-nación (^{Del Cairo 2003}, 107), en el caso de la Amazonia noroccidental se trató de una ocupación articulada con el aprovechamiento del entorno selvático más que como resultado del interés estatal. De esta manera, el reconocimiento y poblamiento inicial de esta subregión periférica se dio por cuenta de la búsqueda del látex a inicios del siglo XX, lo que determinó la explotación predatoria de la selva o su “colonización rapaz” (^{Molano 1987}), que continuaría con la caza de animales salvajes para el comercio de pieles.

Sin embargo, la colonización se aceleró con la violencia de finales de la década de 1940, por la persecución política que desencadenó el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, por lo que muchas familias campesinas de Sumapaz, Tequendama y Tolima abandonaron sus regiones para refugiarse en las selvas del piedemonte llanero y amazónico (^{Ruiz 2003}, 189). Así, por la conexión con la violencia agraria de la zona andina, se consolidó un proceso de “colonización armada” (^{Molano 1987}) en las zonas remotas entre la Orinoquia y la Amazonia colombiana que, no obstante, resultaban promisorias para quienes buscaban tierra propia donde trabajar y sentirse seguros. Esto permitió la ocupación estable de estas regiones por parte de campesinos colonos, con posiciones políticas e ideológicas no propiamente afines al statu quo, quienes depositaron sus esperanzas en un espacio del que se apropiaron y que convirtieron en su territorio; de modo que lograron superar el difícil arribo a un nuevo lugar sin el dinero suficiente ni las herramientas adecuadas para emprender las faenas de trabajo que exigía el entorno selvático (^{Salgado 2018}).

En efecto, el principal problema para la gran mayoría de los colonos inmigrantes que cruzaban la cordillera sin recursos era sobrevivir físicamente al tiempo inicial durante el cual todavía no puede haber cosechas, así que se ofrecían como jornaleros donde colonos ya establecidos para poder abonar algún dinero, o bien empezaban al mismo tiempo con la roza de su propia parcela en el frente de colonización, porque solo allá se encontraba tierra selvática y sin dueño, los llamados “baldíos” (^{Brücher 1974}, 112). Pero la forma de tenencia de la tierra se convertía en otro problema cuando un colono que se instalaba en un baldío solo podía adquirir el título de propiedad una vez cultivadas las dos terceras partes de la superficie ocupada, de manera que se necesitaban muchos años para limpiar un terreno económicamente rentable. Se generaba así un círculo vicioso, puesto que sin título de propiedad no se podía conseguir un crédito oficial y sin este rara vez la producción lograba superar el autoabastecimiento para obtener una escritura pública de propiedad (Brücher 1974, 115).

Por esta razón, en el Guaviare se afianzó la agricultura de subsistencia mediante la producción de maíz, yuca, plátano y frutales; la comercialización de maíz, arroz y porcinos, y la ganadería extensiva impulsada por colonos con capital “traído desde afuera de la región o acumulado dentro de la misma” en algunas sabanas naturales como La Fuga y otras áreas de tierra firme donde se compraban tierras o reclamaban las deudas (^{Acosta 1993}, 27). Así, la finca se convirtió en el territorio propio del colono “porque en torno a ella construye significados sobre la tierra, como un bien que le permite ser productivo y superarse”, de manera que también simboliza “la culminación de su arduo esfuerzo colonizador” como agente civilizador que “transforma territorios inhóspitos en tierras productivas para el hombre en nombre del progreso” (^{Del Cairo 1998}, 77-78).

Consciente de esto, el Gobierno nacional introdujo en 1968 un proyecto de colonización en el Guaviare, centrado en El Retorno, a 30 kilómetros al sur de San José, que pretendía disminuir las crecientes presiones rurales y el desempleo urbano mediante el estímulo a la colonización de las selvas orientales, con apoyo para el transporte hasta la región, créditos, expedición de títulos de propiedad sobre la tierra y desarrollo de infraestructura física que permitiera el mercadeo de productos de la zona (^{Acosta 1993}, 24), lo que desde luego produjo una nueva ola migratoria que consolidó rápidamente a San José como núcleo urbano, útil como centro de mercadeo y servicios de este nuevo proceso colonizador impulsado por el Estado (^{Marín 2002}).

Sin embargo, las veredas que configuran el área rural de San José, al estar conformadas por fincas distantes unas de otras, y apartadas también de las principales vías de acceso, básicamente aglutinaron varios núcleos familiares o personas campesinas que han vivido allí por décadas trabajando la tierra. En una vereda como Sabanas de la Fuga, uno de sus habitantes, que llegó en 1968 con sus padres y hermanos aún siendo niño, narró que:

Todo mundo se dedicaba a cultivos de maíz y arroz, […] el plátano y la yuca se cultivaban para comer, pero lo que era el arroz y el maíz si ¡uff!, eso se sacaba, porque en ese tiempo no había coca, ni marihuana, nunca se escuchaba nada de eso. (Entrevista colectiva, octubre de 2019)

Esto demuestra que, a pesar del previsible estancamiento económico de estas zonas de colonización por la falta de vías de acceso y la lógica del autoconsumo, en muchos casos y lugares se dio en principio una colonización agraria que resultaba rentable. Desde luego, la economía de la región cambiaría drásticamente cuando

se comenzó a propagar la marihuana y se cultivó hartísimo, […] a una hectárea se le cogían cualquier 3-4 toneladas, […] por ahí había una pista clandestina y ahí llegaba el avión, o sea los propios compradores […] encaletaban y prensaban esa marihuana, había prensas que eran con tornillo […] Y a un avión de esos le echábamos cualesquiera veinticinco mil libras de marihuana y se iba. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

A pesar de la complicación en el manejo del volumen, la gran capacidad de producción y rentabilidad de este cultivo generó un negocio de enormes ganancias, rápidamente popular entre los colonos que se pillaron el cuento, quienes quedaron iniciados con la marihuana que dejó un surco fértil y preparado para la nueva semilla que tendría como epicentro de la bonanza a San José del Guaviare, puesto que “allí llegaban la mayoría de insumos y salía la mayoría de mercancía” (^{Molano 1989}, 301). Las primeras plantas de coca fueron introducidas en la región hacia finales de la década de 1970, cuando la presencia guerrillera aún era muy débil, y la “bonanza cocalera” duró hasta 1983, aproximadamente (Molano 1987). Durante este tiempo, se dio la llegada masiva de trabajadores, aventureros, avivatos, comerciantes y desempleados de otras partes al Guaviare, es decir, una “colonización por el auge de la coca” (^{Cueto 2011}, 100) reconocida incluso por el corregidor de Charras-Boquerón:

La mayoría de población es colona, aquí [se] encuentra gente de Boyacá, de los Santanderes, de la Costa, del Valle, de todo lado… porque […] en su momento la colonización empezó por […] los cultivos ilícitos. Entonces todo mundo llegaba del interior del país a fundar acá y sembrar su matica de coca. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019).

La consolidación de los cultivos de uso ilícito en el área rural de San José del Guaviare generó que la economía campesina legal tuviera pocas posibilidades de éxito, no solo por la baja fertilidad de los suelos, que dificulta su explotación, sino porque la producción agrícola no tenía ni tiene cómo competir en el mercado nacional por cuenta de los altos costos de transporte e insumos (^{García 1995}). Por esto, en vastas áreas de la Amazonia colombiana se manifestó una colonización que no tenía futuro agroeconómico viable o, en otras, se fortaleció el latifundismo ganadero y se entrecruzó con “el contrabando, el narcotráfico, la siembra de coca y la actividad guerrillera”, presentándose una “colonización caótica” consecuencia de la incapacidad del Estado para resolver el problema social agrario (^{Palacios 1987}, 21).

La debilidad estatal en la subregión permitió que la guerrilla de las FARC consolidara su presencia: “está funcionando más o menos desde el 76 [a través de] grupos pequeños de tres o cuatro que pasaban y dejaban mensajes” (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019). Así, los campesinos que terminaron en la selva, por huir de la violencia o tener mejores oportunidades, se vincularon a la dinámica de los cultivos de uso ilícito y, más adelante, quedaron en medio del conflicto armado derivado de la confrontación bélica por el control territorial entre “grupos de insurgencia armada, de paramilitares y del ejército regular del Estado” (^{Arcila, González y Salazar 1999}, 23).

La Vida Campesina Entre la Coca y el Conflicto: una Violenta Historia de Adaptación

El largo proceso de colonización de la Amazonia noroccidental colombiana y del Guaviare ha tenido como protagonistas a campesinos provenientes de otras zonas del país, quienes, por cuenta de su adaptación a las condiciones del entorno selvático y, en especial, a las actividades productivas en torno a los cultivos de uso ilícito que se expandieron por la región, han dado lugar a la constitución de una “sociedad en formación” basada en el espíritu aventurero de hombres que pintaban un futuro promisorio (^{Meertens 1988}, 331). En las veredas visitadas de San José del Guaviare, la coca

más o menos comenzó por ahí en el 79, pero entonces había como mucho temor porque el que tenía su cultivo, así fuera una hectárea, eso hacía caminitos […], hoy pasaba por aquí y mañana por otra parte para no hacer huella. (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019).

De este modo, en principio se trató de una actividad tímida que implicaba la roza y quema del monte para sembrar una mata de coca cada setenta u ochenta centímetros, lo cual no era tan diferente de lo que había que hacer con cualquier otro cultivo. Sin embargo, el problema para los campesinos colonos que decidieron incursionar en el cultivo de coca fue aprender el proceso químico para sustraer el alcaloide de la hoja de coca y transformarlo en pasta, puesto que

eran pocos los que sabían eso, entonces ellos se aprovechaban de la gente [y] eran celosos […] pa’ ellos tener su trabajo ahí fijo, pero eso se fue y al último todo mundo ‘quimiquiaba’, todo mundo, todos aprendimos a ‘quimiquiar’. (Habitante de Charrasquera, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Este saber-hacer desencadenó un proceso irreversible en relación con el negocio de la coca en la región, al consolidarse como una alternativa propia para los campesinos (^{Molano 1987}, 138), que no encontraban “rentable sembrar una hectárea de maíz para recoger 18-20 cargas […], cuando una hectárea de coca botaba 3 o 4 kilos de mercancía […] cada dos meses, cuando del maíz se recoge el producto cada siete meses” (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019). La dinámica económica cambió en el área rural de San José puesto que,

cuando ya hubo la coca, había compradores que andaban en las veredas, ah que don fulano está raspando, ya para la semana entrante tiene base de coca, entonces le llegaban allá a la finca a comprar, […] nosotros los llamábamos los chichipatos, así les decía todo mundo: ¡vienen los chichipatos! (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

De esta forma, la ausencia de vías de comunicación o medios de transporte de carga poco o nada importaba, en la medida en que ya no era necesario sacar ningún producto de gran tamaño o volumen.

La adopción del cultivo de coca, como alternativa económica en la ruralidad de la Amazonia noroccidental, coincidió con la presencia de la guerrilla para “poner orden”, tanto fue así que la producción de coca encontró en este actor armado ilegal al agente preciso para su regulación (^{Espinosa 2015}, 497). Cuando apenas llegaron, eran

grupitos, por lo menos pequeños y así fueran dos, tres tipos, tres personas de esos, dominaban veredas, porque ellos al comienzo cogieron el dominio y era, el que hacía el delito, plomo, muerte, no había otra cosa. Entonces todo el mundo se asusta […] y coge miedo. (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

En este sentido, el control y dominio territorial se produjo a través de una forma de violencia efectiva que logró imponer normas, restricciones y sanciones en relación con el comportamiento individual y social de los habitantes, quienes no tuvieron una opción diferente a la adopción y apropiación de estas. El establecimiento e imposición de estos marcos regulatorios, por parte de las FARC, convirtió al grupo insurgente en la fuente de autoridad territorial que desafió la soberanía estatal en las áreas rurales del Guaviare, mediante la consolidación de un “alter-Estado dentro del Estado”, es decir, una territorialidad superpuesta (^{Agnew y Oslender 2010}, 201).

Fue así como el miedo y terror que producen las armas generó en los campesinos de las veredas de San José del Guaviare la necesidad de hacer caso y obedecer:

Desde cuando llegaban y decían hay reunión en tal parte con la guerrilla, todo mundo asistía […] porque el temor era terrible, de que si no iba uno tenía retaliaciones, pues entonces uno tenía que ir a reuniones. Hay veces que ellos fijaban, […] en la vereda tal hay un ladrón y […] lo sacaban al frente y este tipo se lo llevaban, […] no volvía porque sabían que lo mataban. Esa era la norma, esa era la ley a la que teníamos que acogernos todos. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Este sistema efectivo de control social se ejercía a través de milicianos que se distribuían en las veredas para indagar y recoger información actualizada sobre todo lo que ocurría. De esta manera, se configuró para los campesinos un orden social particular, con la connotación de campo jurídico, resultado de la combinación de tres elementos: ausencia relativa del Estado, marginalidad social y creación de sistemas autónomos y alternativos de justicia (^{Espinosa 2015}).

La guerrilla de las FARC controló en principio el área rural de San José mediante la presencia del Frente Séptimo y después del Frente 44, ambos con gran capacidad de acción e influencia en los departamentos de Meta y Guaviare, por lo que en las veredas se asumió al grupo guerrillero como autoridad:

[En] todas estas [que] eran zonas que fuimos dominados ampliamente por la guerrilla [esta] era [l]a justicia que existía para nosotros […] Ellos controlaban ladrones, […] si un patrón utilizaba un jornalero y no le pagaba justamente, o sea correctamente, él iba y se quejaba, y venían y lo sancionaban […] y hacían que le pagaran su sueldo normal y lo multaban […] Entonces para nosotros era una autoridad. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Pero esta connotación de autoridad que logró la guerrilla, al atribuirse la administración de justicia a través de un sistema efectivo en el ámbito local, modificó el miedo y terror que sentían los campesinos, en principio, por legitimación de la presencia de las FARC, que les garantizaba cierta tranquilidad y seguridad:

Cuando ya conocimos la guerrilla nos acostumbramos porque, lo voy a decir, nos acostumbramos a ellos, […] uno vivía tranquilo cierto, porque usted podía coger su camino a la hora de la noche que fuera y todo, usted dejaba su casa dos, tres días, sola, ahí le aparecían sus animales, no se le perdían. (Habitante de Damas del Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Sin embargo, una vez la guerrilla se posicionó como única autoridad reconocida en la zona, estableció condiciones y reglas para el control del negocio de la coca:

Cuando ya la guerrilla estaba bastante numerosa cambió, porque los únicos que podían comprar eran ellos, […] al que encontraran comprando lo mataban si, eran únicamente ellos los únicos que podían conseguir plata […] comprando coca, […] ellos tenían sus compraderos y ellos sacaban su mercancía, y uno iba allá a venderles. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Los campesinos entonces se vieron obligados a poner sus fincas y trabajo al servicio de las FARC, que comenzó a controlar el negocio de la coca. No obstante, esto no impidió que la dinámica colonizadora continuara en las áreas apartadas y aún selváticas de San José, donde siguieron llegando campesinos provenientes de muchos lugares del país, para dedicarse al cultivo ilícito, con la ilusión de recibir buena cantidad de dinero de manera fácil y rápida (^{Jimeno 1987}; ^{Marín 2002}). Este fue el caso de veredas como Charrasquera, donde para finales de la década de 1980 solo se encontraban unas pequeñas fincas que en pocos años empezaron a crecer y multiplicarse, con la consecuente destrucción de la selva que representa la tumba del monte. Pero esta dinámica expansiva de la actividad cocalera requirió que los campesinos hicieran las adaptaciones necesarias para el procesamiento de hoja de coca en laboratorios artesanales y que, además, se organizaran nuevos caseríos en los que fuera posible conseguir los insumos necesarios.

Uno de esos jóvenes aventureros que llegó a Charrasquera logró posicionarse como un importante y reconocido productor de pasta de coca en la región, hasta el punto de gestionar cierta infraestructura:

Yo llegué aquí con una moneda de diez pesos en el bolsillo a finales de los ochenta, me trajo un amigo a raspar coca […] Para el 94 ya tenía algunas tierras y solicité a la gobernación la creación de la vía, echamos la vía con unas máquinas que nos dieron y queríamos seguir adelante, pero la guerrilla nos robó la maquinaria y nos prohibió seguir con eso. (A. B., entrevista personal, marzo de 2019)

Entonces, campesinos cocaleros y guerrilla no siempre estuvieron de acuerdo con la lógica de control territorial que se había implantado por cuenta del interés económico del actor armado ilegal, aunque, en general, los habitantes del Guaviare eran vistos por el Gobierno nacional como actores de un mismo bando, en contra de quienes ejecutó estrategias como la militarización y persecución desde mediados de 1980 (^{Salgado 2018}). De ahí que no resulte sorprendente que “[e]n el curso de los últimos años la región amazónica ha[ya] sido considerada ‘zona roja’, como en lenguaje militar se ha acostumbrado llamar las áreas caracterizadas por intensos conflictos, incluidos los enfrentamientos de tipo bélico” (^{Gómez 2000}, 90). Esta situación se complicó aún más cuando “los paramilitares llegaron más o menos en el 96” (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019).

Si bien la guerrilla de las FARC había logrado consolidarse como el único actor que ejercía autoridad en la región, los grupos paramilitares fueron incursionando poco a poco con presencia,

solo en las zonas urbanas […], pues ellos llegaron primeramente fue a las ciudades. Primero a San José y bueno así, y luego ya se fueron metiendo y también trajeron sus grupos grandes de gente y se fueron metiendo a la selva. (Habitante de Charras, entrevista colectiva, octubre de 2019)

De esta forma, llegó a la región otro actor armado ilegal con la intención de disputar la territorialidad superpuesta de las FARC para manejar el negocio de la coca:

Uno se imagina fue por la coca, primero para coger ellos la compra de la coca. [Cuando] ya entraron las autodefensas y colocaron el precio […] entonces ahí comenzó el problema. […] Se sacaba uno o dos o tres kilos de volteo y la otra se sacaba de chiclosa, de la chiclosa se le vendía a los paracos y la otra a la guerrilla, pero ¿qué pasó? La guerrilla, como conocedores de la zona, […] no querían que nunca uno le fuera a vender a los otros, y los otros que uno le vendiera a los otros, y ahí comenzó el tema difícil, grave […] Fue un problema muy serio [porque] fue muchísima gente que murió, mucha, muchísima gente, mejor dicho, las montañas del Guaviare yo creo que se pueden contar los cadáveres. (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019

En medio de esta difícil disputa por el control del flujo de la coca, que los campesinos pensaron aprovechar a su favor, se recrudeció la violencia que había funcionado de manera simbólica durante el periodo de dominio territorial exclusivo de las FARC, lo que sin duda afectó y tuvo serias implicaciones en la vida campesina que, de alguna forma, se había estabilizado en las veredas, donde los paramilitares

llevaban lista en mano […] y el que estaba marcado [si] le echaban mano no se la rebaja[ba]n por nada de la vida, y así fueron, llegaban a una vereda y ya tomaban el control, y era lo que también ellos dijeran, eso era tenaz […]. De los que pensaban que eran informantes de la guerrilla, […] llegaban a una vereda y listo, la acordonaban y la reunión y usted cómo se llamaba, fulano de tal, e iban mirando si estaba ahí marcado, o no, y si estaba marcado que pena, pero lo mataban, ahí lo mataban, delante de uno lo mataban. (Habitante de Damas de Nare, entrevista colectiva, octubre de 2019)

El caserío de la vereda Charrasquera fue uno de los tantos escenarios de la guerra motivada por el control del territorio entre los grupos armados ilegales, a través de acciones violentas que terminaron en el desplazamiento de campesinos que, con gran esfuerzo, habían logrado establecerse en un lugar. Este pequeño asentamiento que aglutinaba alrededor de treinta construcciones en madera, en las que funcionaban casas, tiendas, billares, bares y prostíbulos, fue tomado por las FARC el 31 de octubre de 2002 después de ser ocupado en septiembre por los paramilitares, quienes obligaron a los habitantes, bajo amenazas, a prestarles algunos servicios (A. S., entrevista personal, octubre de 2018). Esto fue interpretado por la guerrilla como apoyo al otro grupo armado y motivó la toma del caserío y el desplazamiento de su población. El hecho es descrito por una de las habitantes más antiguas de la vereda así:

Ese día salimos todos de acá, más de setenta personas, […] la guerrilla se agarró con los paras, estábamos celebrando el día de los brujitos, nos llevaron para la cancha, nos dijeron que nos quedáramos todos ahí, no nos dejaban ir a la finca […] Da la suerte que cuando esos paracos nos hicieron señas que saliéramos, salimos por ahí, tumbamos una cerca de alambre que había, nos pasamos y nosotros que salimos y una bomba que cae ahí, si hubiéramos estado todo ese gentío nos hubiera matado en la cancha, a mí me tocó ese carrerón. (B. L., entrevista personal, marzo de 2019)

La toma del caserío, que se empezó a conocer como “Pueblo Quemado” (^{Mahecha y Franky 2012}, 208), marcó la historia de la vereda no solo porque se quemaron todas sus edificaciones y la poca infraestructura que existía, sino porque todos los campesinos, quienes habían logrado organizarse como comunidad y compartían actividades deportivas y de ocio como el fútbol y las fiestas, al tener como punto de encuentro el caserío, tuvieron que huir del asentamiento con sus construcciones y dinámica social en ruinas. Este es, en últimas, el significado real de “el conflicto” para los habitantes de la vereda Charrasquera, quienes sólo utilizan la palabra con el artículo masculino precedente para hacer referencia al hecho que implicó el abandono del lugar y la ruptura de sus formas de vida tanto en lo económico como en lo social (Diario de campo, marzo de 2019). Tal vez con el propósito de recuperar eso que les arrebató la violencia, algunos decidieron retornar años después, pero desde luego fue difícil readaptarse a las condiciones de la economía ilegal aún vigente y a la dinámica del conflicto armado que continuaba latente.

La vida campesina que se ha tenido que forjar en el Guaviare, en medio de un proceso continuo de colonización derivado de la búsqueda de mejores oportunidades, del surgimiento de una economía ilícita que se constituyó en la única posibilidad productiva y de la violencia constante ejercida por diferentes actores armados que pretendían controlar y dominar todo, se mantiene intacta. Incluso se puede pensar que sufrió un impulso y renovación, a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Gobierno, por cuenta de la inclusión de lo que se denominó “reforma rural integral” (Mesa de Conversaciones, 2017), que contempla una opción pensada y deseada hace tiempo: “la sustitución de los cultivos de coca” (^{Molano 1987}, 138).

Escenarios Divergentes y Territorialidades en Disputa Frente a la Construcción de Paz

La violenta historia de adaptación que han tenido que vivir los campesinos de San José del Guaviare representa la realidad del territorio rural colombiano, como escenario de múltiples disputas sociopolíticas y económicas que no se han logrado resolver de manera efectiva y que, por el contrario, han generado el abandono del campo y el desplazamiento hacia las áreas urbanas que, se supone, concentran los medios de producción para la generación de riqueza. En el caso de la Amazonia esto resulta paradójico, porque su dinámica de ocupación inicial respondió a la necesidad de expandir la frontera agrícola, sin que se lograra, no solo por cuenta de las difíciles condiciones del entorno selvático, sino porque se presentaron otras situaciones que vincularon a la región con lógicas extractivas que fueron experimentadas de manera coyuntural como auges económicos.

El último de estos auges generó una economía ilegal basada en el cultivo de coca y provocó un fuerte enfrentamiento bélico entre actores armados ilegales por el control del territorio de producción de la pasta de coca, actividad ilícita en la que se involucraron de una u otra forma todos los campesinos que decidieron asentarse en el Guaviare. Esta hiperespecialización agroproductiva, que se instaló en el área rural y generó formas de habitar y modos de relacionamiento social particulares, se ha entendido como un limitante para el desarrollo rural integral y la construcción de paz. Sin embargo, ninguno de estos dos aspectos, deseables desde las retóricas estatales, han sido analizados desde las realidades microlocales que se pueden identificar y reconocer en las veredas, a pesar de que el Acuerdo de Paz tuvo como fundamento un enfoque territorial.

La situación en el territorio rural guaviarense es compleja no solo por la actividad económica predominante y por el conflicto, sino por un conjunto de realidades fácticas en torno a las figuras de ordenamiento vigentes, así como por la superposición de intereses divergentes que generan problemas en relación con la tenencia de la tierra para los campesinos y todos los habitantes de esa extensa ruralidad, en la que funcionan una reserva forestal, un resguardo indígena y una Zona de Reserva Campesina. Lo anterior en parte se explica por el desconocimiento de un territorio imaginado y pensado desde escritorios estáticos en los centros de poder y cascos urbanos, puesto que, incluso en las instalaciones de la administración pública municipal, una vereda como Charrasquera resulta extraña (Diario de campo, marzo de 2019). En contraposición, lo único que expresan y manifiestan los campesinos de modo recurrente es: “tenemos la finquita aquí y no podemos dejarla sola” (G. Z., entrevista personal, marzo de 2019). Esto no solo da cuenta del vínculo generado con la tierra a través del tiempo sino de la capacidad para proteger el territorio que han hecho suyo y valoran como parte sí.

Si bien el Acuerdo de Paz logró que el conflicto armado pasara a un segundo plano, por cuenta del único cambio que nota un campesino: “[en] realidad las guerrillas se desmovilizaron, las autodefensas dicen que se desmovilizaron, […] estamos viviendo bonito” (Habitante de Sabanas de La Fuga, entrevista colectiva, octubre de 2019) y la percepción de seguridad: “aquí no hemos tenido últimamente problemas de combates, de asesinatos por parte de grupos armados, […] en la vía en tres años que llevo como corregidor ha estado muy normal y garantizado” (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019), puso en evidencia otro conflicto que siempre estuvo latente para los campesinos del Guaviare: la tenencia y el uso de la tierra.

Dadas las diversas formas de colonización que llevaron a la ocupación de la Amazonia noroccidental, por miles de campesinos provenientes de otras áreas del país, la dinámica de asentamiento en la mayoría de los casos se dio de manera informal, es decir, sin escrituras ni títulos de propiedad. De hecho, existen restricciones para la adjudicación de baldíos y la tenencia y uso de la tierra en el Guaviare, desde la declaración como Reserva Forestal de la Amazonia en la Ley 2ª de 1959³. Esta ley estableció como reserva una enorme extensión territorial orientada al desarrollo de la economía forestal y a la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, sin ser un área protegida, por lo que ha sido objeto de: 1) sustracciones mediante resoluciones del Inderena y del Ministerio de Agricultura en 1971 y 1987; 2) clasificación y zonificación al decretarse la Zona de Preservación para la producción sur del Distrito de Manejo Integrado del Ariari-Guayabero del Área de Manejo Especial de La Macarena en 1989 (^{Arcila, González y Salazar 1999}) y 3) zonificación y ordenamiento a través de una resolución del Ministerio de Ambiente en el año 2013. Pero el área sustraída de la Reserva Forestal se superpone con la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, creada en 1997 por el Incora, y con la Zona de Preservación (Consorcio Deispaz 2014).

A pesar de lo confusas que puedan resultar estas figuras, un par de ellas han sido establecidas considerando la expansión del proceso de colonización y, especialmente, las marchas y protestas que en diferentes momentos emprendieron los campesinos colonos y cocaleros del Guaviare para defender sus derechos. En 1985 y 1986, ante la crisis de la coca, y en protesta por la falta de condiciones para el acceso a la tierra, así como por la militarización de la región, los colonos organizaron “las marchas campesinas del Guayabero” para exigir “tierras para trabajar” (Sinchi y CDA 2007) y, a mediados de 1986, hubo “un multitudinario paro cívico” (^{Jimeno 1987}, 232), lo que dio lugar a la segunda sustracción de la Reserva Forestal de la Amazonia en 1987. De esta forma, aunque “las pérdidas económicas fueron muchas y las ganancias más bien pocas, [s]e lograron algunas cosas para la comunidad y los recursos del Estado se dejaron ver” (^{Salgado 2018}, 91).

Para finales de 1980, el negocio de la coca repuntó por cuenta del control de la guerrilla y generó de nuevo la militarización e implementación de programas de erradicación de cultivos ilícitos, por parte del Gobierno. En este contexto, la guerrilla empezó a demostrar su poder y vínculo con la población al participar en la organización de las movilizaciones campesinas del Guaviare durante 1994 (^{García 1995}). Estas fueron el antecedente regional de las “marchas cocaleras” de 1996, las cuales tuvieron lugar en departamentos con extensas áreas de producción, en los que se protestó en contra de las fumigaciones aéreas y las restricciones para la comercialización de insumos para el procesamiento de hoja de coca, medidas que sin duda afectaban la única alternativa económica posible. Fue así como

[…] campesinos y trabajadores de los cultivos de coca los -llamados raspachines-, protagonizaron protestas no sólo contra las fumigaciones sino también contra las condiciones sociales de la región [pero] el gobierno se empecinó en considerar que las movilizaciones se habían realizado por iniciativa de la guerrilla, en una primera instancia, y en otro momento por los narcotraficantes. (^{Marín 2002}, 151)

No obstante, los campesinos guaviarenses reivindican su autonomía y capacidad organizativa para haberse movilizado y exigir al Estado un alto a las fumigaciones con glifosato y una solución pacífica a todas las problemáticas de la región (^{Torres et al. 2017}), así como para participar en el “gran paro nacional de campesinos cocaleros” que, si bien no logró mayor cosa, sirvió para promover la creación de la Zona de Reserva Campesina (^{Salgado 2018}).

En este sentido, las movilizaciones campesinas que se presentaron desde mediados de la década de 1980 en el Guaviare y la zona de colonización cercana, originadas por carencias históricas en inversión social y economías locales basadas en el cultivo de coca, se constituyen en el impulso inicial para crear la Zona de Reserva Campesina (^{Fajardo 2002}), puesto que los campesinos cocaleros movilizados, además de inversiones en salud, escuelas, vías y electrificación, pidieron al Gobierno el establecimiento de esta figura como parte de la reforma agraria y una alternativa de desarrollo rural, lo cual finalmente se dio en 1997 (Fajardo 2012). Sin embargo, la Zona de Reserva Campesina del Guaviare coincide con el área sustraída de la Reserva Forestal de la Amazonia, por lo que la superposición entre ambas es manifiesta.

En la actualidad, esta confusa superposición de figuras legales tiene implicaciones directas en los procesos de acceso y normalización de tierras que reclaman los campesinos, así como en la reincorporación socioeconómica de los excombatientes que se asentaron en el ETCR Marco Aurelio Buendía, puesto que el predio ocupado se encuentra dentro de la reserva forestal. Esto es un contrasentido si se consideran las palabras del corregidor sobre un área que

no se puede comprar, no se puede titular, […] incluso no sabemos o uno no entiende cómo está la zona ahí, cómo están unos arriendos y cómo el Gobierno le está pagando unos recursos a alguien que no debería tener propiedad en ese sector, y por qué el Gobierno está pagando por unos terrenos que en teoría son del mismo Gobierno. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

Aunque en efecto la Zona de Reserva Forestal determina algunas limitaciones para el acceso a la tierra, por parte de los campesinos, cuando se trata de baldíos y, al parecer, no se tuvieron en cuenta las restricciones de la figura, lo que sí es claro es que los excombatientes empezaron su nueva vida como campesinos en este lugar, al generar y poner a prueba varios proyectos productivos agropecuarios (porcicultura, vivero, etc.) y otros como el del ecoturismo, para el cual se adecuó un espacio cercano en medio de la selva (Diarios de campo, octubre de 2018 y marzo de 2019).

Sin embargo, este problema relacionado con el estado legal del territorio y el desconocimiento por parte del mismo Gobierno nacional, de la forma en que administra y gestiona sus áreas de reserva, generan incertidumbre en los excombatientes, quienes deben restablecerse en un nuevo lugar. A propósito, como se trata de la generación del núcleo inicial de un nuevo asentamiento “con carácter permanente” (^{Riaño y Salazar 2018}, 31), se deberían considerar las particularidades propias tanto del territorio como de los excombatientes con proyectos productivos en curso, para pensar la mejor distribución espacial de las actividades económicas y sociales, así como de la infraestructura, es decir, generar un plan para la ocupación ordenada y el uso sostenible del territorio.

En relación con la tenencia de la tierra, desde la llegada de los primeros colonos campesinos y la implantación de sus fincas, el problema ha sido la informalidad de la ocupación, lo cual complica los procesos de acceso, formalización y normalización de tierras y la seguridad en la tenencia a través de títulos de propiedad. En el caso de la vereda Charrasquera esto resulta más complejo, puesto que cerca del 70 % de su área se traslapa con el Resguardo Indígena Nukak, (figura 2), creado en 1993 y ampliado en 1997, y por lo demás, objeto de medidas cautelares como su delimitación para “prevenir la invasión o colonización del territorio indígena por parte de terceros” y así garantizar la protección jurídica del territorio “de la que se considera una de las últimas tribus nómadas” (^{Castañeda 2019}). Sin embargo, en relación con la medida, el corregidor señala:

Lo que tenemos que entrar a probar es […] que, así como los indígenas tienen derechos, los colonos y campesinos también son sujetos de derechos, algunos han sido compradores de buena fe […], entonces estamos viendo la opción de que […] sigan compartiendo y conviviendo ahí. […] Aquí la tierra se comercializaba sin ningún problema […] y tenía valor […], ahora [en] un resguardo indígena […] la gente no va a comprar un terreno que jamás va a poder heredárselo a sus hijos. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

A pesar de la incertidumbre que representa para los campesinos colonos de las veredas de San José esta superposición de territorialidades, gracias a la coexistencia simultánea de varias figuras legales sobre las tierras ocupadas hace décadas por ellos, después de la firma del Acuerdo de Paz, la mayoría de las familias campesinas dedicadas al cultivo de coca decidieron acogerse al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) que, según el corregidor:

Empezó en junio del año 2017 [y] ha tenido todas las dificultades del mundo, […] consistía en doce millones en efectivo, un proyecto de seguridad alimentaria de millón ochocientos mil pesos y diecinueve millones en proyectos productivos de ciclo largo y ciclo corto. Hasta el momento no hemos cumplido a los campesinos sino con los doce millones, a su gran mayoría no hemos podido ingresar con más y eso ha generado grandes dificultades en lo económico. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

Estos incumplimientos por parte del Gobierno son un reclamo generalizado de los campesinos guaviarenses. Al respecto, uno de Charrasquera explicó:

Lo que pasa es que el Gobierno no nos ha cumplido con los acuerdos, nos tiene totalmente olvidados, olvidados totalmente, porque, yo lo digo personalmente, yo tenía mis matas, me acogí al plan de erradicación voluntaria, erradiqué y hasta el momento no me han cumplido y a muchísimos. (E. B., entrevista personal, marzo de 2019)

Y otro de la vereda Damas de Nare corroboró:

Yo tenía cultivo y a mí no me han cumplido, me dieron un solo pago y yo arranqué voluntariamente, no quedé [sic] una sola mata, lo puedo decir con toda la honestidad, y no me dieron sino solo dos millones de pesos, y tengo derecho a doce millones de pesos. (Entrevista colectiva, octubre de 2019)

De esta forma, la sustitución de cultivos, que se supone debía contribuir al proceso de construcción de paz, también resultó efímera para los campesinos de la región. Tanto es así, que los pocos campesinos que ingresaron al PNIS y recibieron algún apoyo económico tras erradicar definitivamente sus cultivos de coca, invirtieron en plantaciones de caña, cacao y maracuyá, entre otros. Sin embargo, por la falta de asesoría económica y técnica adecuada, con el tiempo se dieron cuenta que estos implicaban más gastos y mucho más tiempo de producción, sin contar las dificultades para su comercialización:

Aquí lo más preocupante que el campesino sufre es por el comercio de los productos, […] la vía que es fundamental, sin vía el sector productivo pues es muy preocupante, y lo otro el tema de […] la estabilización de precios no da, o usted saca los productos y no hay quien los compre. (W. C., corregidor de Charras-Boquerón, entrevista colectiva, octubre de 2019)

Esto, sumado al incumplimiento del Gobierno, no solo ha provocado graves pérdidas económicas, sino que los campesinos enfrenten el dilema entre salir del territorio, en busca de una oportunidad mejor, o seguir haciendo lo que saben hacer y resulta rentable: cultivar y procesar coca (^{Gómez 2019}), opción que implicaría activar de nuevo los laboratorios artesanales que habían abandonado (figura 3).

Fuente: fotografía del autor, Colombia, octubre de 2018.

Figura 3 Laboratorio artesanal para procesamiento de coca en desuso 

Los avatares de la vida campesina en San José del Guaviare, incluso en el periodo del posacuerdo, están increíblemente ligados a la historia de colonización, coca y conflicto de este territorio rural que se abrió en medio de la selva y en el que confluyeron campesinos colonos, cocaleros y excombatientes, quienes ahora anhelan la construcción de paz. Esto es evidente cuando, frente a la desregulación de los ETCR, quienes otrora hicieron parte de la guerra y en la actualidad viven con sus familias, decidieron constituirse en la “Comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía” (F. B., entrevista personal, octubre de 2019). Desde luego, no se puede desconocer la violenta historia de la que han sido protagonistas, por lo que resulta importante generar políticas públicas de reconciliación cuyas acciones se enfoquen en la reconstrucción del tejido social y en el “nivel de inclusión social” (^{Bueno 2017}).

La experiencia actual de los habitantes rurales del Guaviare y su reconocimiento llevan a pensar en la necesidad de incorporar una cultura de paz, lo que implica valorar y fortalecer los estilos de vida, comportamientos e identidades individuales, familiares y grupales, así como promover el bienestar, la igualdad y la administración equitativa de los recursos, para favorecer la construcción de paz (^{Boulding 1992}, 107). En este sentido, cabe destacar el cooperativismo y la solidaridad de los excombatientes, manifiestos en su organización y dedicación para sacar adelante los proyectos productivos y, especialmente, para articularse con las comunidades de las veredas cercanas y hacer efectivo su proceso de reincorporación.

Hechos como la erradicación voluntaria de los cultivos de coca; la asistencia conjunta de campesinos y excombatientes a reuniones, para debatir sobre los problemas compartidos; y el interés por encontrar alternativas y opciones productivas rentables, demuestran que los habitantes del territorio rural de San José del Guaviare han generado conexión y vínculo con este entorno complicado, no solo por las inclemencias de la selva amazónica sino por una historia cargada de acontecimientos violentos en torno a su colonización, la instauración de una economía ilegal y, desde luego, el conflicto armado. No obstante, como campesinos que son y siempre han sido, quieren proteger sus casas, familias y fincas en medio de este entorno agreste en el que han generado relaciones comunitarias no pocas veces problemáticas, pero sin duda necesarias para la adaptación y la supervivencia en un territorio que consideran suyo porque han aprendido a conocerlo muy bien, tras largas caminatas y recorridos entre matorrales, quebradas y trochas tanto en el día como en la noche.

A Modo de Conclusión: Hacer la Paz Desde la “Hospitalidad” de la Selva

Comprender la realidad del campesinado de una gran subregión como la Amazonia noroccidental colombiana, que además del Guaviare abarca La Macarena al sur del Meta y las profundidades selváticas de Caquetá y Putumayo, sería un trabajo interesante porque corroboraría que, a pesar de la heterogeneidad propia del territorio, existen aspectos compartidos en relación con sus formas de ocupación y asentamiento, vinculadas a las dinámicas de colonización, coca y conflicto (^{Salazar y Riaño 2016}, 63). Por esta razón, la vida de los campesinos del Guaviare representa las luchas personales y colectivas que han tenido lugar en las áreas rurales ubicadas en la región más desconocida, pero, a la vez, de mayor extensión territorial del país: la Amazonia. Sin embargo, el contexto del posacuerdo requiere ampliar los horizontes de análisis y las perspectivas para dotar de sentido práctico la construcción de paz, con enfoque territorial, y hacer efectivos el “bienestar y buen vivir [de] la población, [la] protección y [el] apoyo a las comunidades campesinas para que logren satisfactoriamente con su mano de obra dar un impulso a los cambios que se plantean para el país” (^{Carvajal 2017}, 61).

Para que esto sea posible, se necesita en principio reconocer que Colombia es un país megadiverso, en cuanto a su configuración territorial, por la existencia múltiples figuras de ordenamiento. Esto representa no solo conflictos en relación con las formas de tenencia y uso de la tierra, sino una dificultad tanto para el análisis como para la intervención en diferentes escalas, debido a la superposición de territorialidades presentes y a los actores involucrados. Además, como hacer la paz implica activar una transición del discurso a la práctica con, desde y para la gente, en especial el campesinado que en el caso de la Amazonia está conformado por colonos, cocaleros, excombatientes e infortunadamente disidentes, resulta indispensable un acercamiento a las dinámicas microregionales, que determinan el contexto y las situaciones microlocales concretas en el territorio. Lo anterior permitiría entender las condiciones y necesidades reales de los habitantes rurales, para quienes de entrada el corregidor propone una solución:

Legalicemos los territorios al campesino y el campesino va a trabajar [puesto que] aquí no es ni con ejército ni con policía, sino con inversión social, con presencia del Estado en vías, en acueducto, en energía solar, en garantizarle al campesino que de una u otra manera viva cómodo. (W. C., entrevista colectiva, octubre de 2019)

Si bien las condiciones para permanecer en el territorio resultan complejas, por la incertidumbre en relación con la construcción de paz en el actual escenario del posacuerdo y por el problema histórico de los cultivos de uso ilícito derivados del rendimiento de “beneficios inalcanzables con las formas agrícolas tradicionales” (^{Jimeno 1987}, 231) y la idea generalizada manifiesta en la sentencia de que “sin coca, volveremos a la miseria” (^{Salgado 2018}, 93), es urgente develar las propias historias del campesinado sobre sus estrategias para mantener su modo de vida, en medio de las adversidades económicas y de la guerra, de manera que puedan seguir resistiendo mediante luchas por la tierra y, sobre todo, crear condiciones para seguir “re-existiendo” con autonomía (^{Escobar y Esteva 2016}; ^{Porto-Gonçalves 2018}).

Finalmente, la paz se puede hacer desde la hospitalidad de la selva como expresión de la voluntad de estar más allá del desarrollo, que es radicalmente inhóspito al imponer una de finición universal de la buena vida y excluir otras, y de la esperanza como convicción de que reivindicar nuestra condición humana tiene sentido: “Necesitamos abrazar hospitalariamente a las in numerables maneras distintas de pensar, de ser, de vivir y de experimentar el mundo que caracterizan la realidad” (^{Escobar y Esteva 2016}, 20). Tal vez, a esto quiso hacer referencia Benito Juárez al decir: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.