En 2016, el Estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP) firmaron el “Acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” (Gobierno nacional y FARC-EP 2016), después de una confrontación armada de más de medio siglo. Tras un complejo proceso de dos años de diálogos sostenidos en La Habana (Cuba), la firma del Acuerdo de Paz¹, con la que fuera la guerrilla más antigua del mundo, fue una noticia de interés especial para la región latinoamericana. El último conflicto armado interno de la región parecía finalizar y, con él, un ciclo de violencia política degradada y heredada de las luchas contrainsurgentes que, de modos diversos, fueron comunes a la historia de la conformación de los estados nacionales en América Latina (^{Moncayo 2015} ). La superación de ese conflicto presenta a la región como una “zona de paz”, pero esa visión convive con una tendencia creciente de la violencia letal y con la aparición de varios de sus países entre los primeros puestos del listado mundial de tasas de asesinatos (Instituto Igarapé 2018), “a diferencia de los años 60 y 70, cuando la cifra de homicidios giraba en torno al promedio mundial” (^{Muggah 2019, 31} ).

Pese a que, en este escenario, el desarme de un grupo insurgente ofrecería esperanzas de revertir los índices de violencia locales y regionales, la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia se ha visto obstaculizada por la falta de mayorías ciudadanas y dirigentes que lo respalden. Las revisiones actuales de la academia en Colombia vienen advirtiendo sobre esa ausencia de apoyo unificado por parte de la diversidad de sectores sociales y políticos del país; así queda evidenciado en un dossier reciente de la revista Análisis Político titulado “Avances y desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC”, en cuyos trabajos se valora como esencial para su viabilidad: “el apoyo popular, la transparencia y un sentido compartido de la legitimidad” (^{Fernández-Osorio 2019, 120} ); un consenso decidido a emprender políticas de formalización de tierras con carácter inclusivo de productividad y protección rural (^{Acero y Parada 2019} ); la apertura comunitaria a la reintegración social de los excombatientes y las garantías para su seguridad y participación en la vida civil (^{Mouly, Hernández y Giménez 2019} ); la ampliación de la democracia como espacio plural e incluyente de contradicción y de enseñanza del disenso (^{Cediel, Olave y Cisneros 2019} ), y “la reunión de grupos con fines de reconstrucción de la verdad” (^{Hurtado 2019, 80)}, dentro de comunidades que padecieron la violencia y se unen para superar su reproducción.

Desde otro punto de vista, centrados en la contradicción entre las narrativas de los protagonistas del conflicto armado y del proceso de paz, ^{Cairo y Ríos (2019, 2018)} encuentran que esas incompatibilidades se hallan en la base de las dificultades para implementar los acuerdos firmados. A propósito de las concepciones de participación política y de paz territorial, las narrativas de los actores en contradicción reproducen discursos que divergen en cuanto al alcance y los efectos de su puesta en práctica, por ejemplo, al orientar la noción de paz territorial hacia enfoques “maximalistas” o de rango amplio, en el caso de las FARC-EP, y hacia enfoques “minimalistas”, en el caso de los actores públicos opuestos al acuerdo (Cairo y Ríos 2019).

El presente artículo se inserta en la cuestión acerca de la implementación del Acuerdo de Paz, que viene abordando las contradicciones conceptuales y políticas profundizadas en el posacuerdo como obstáculos para el avance hacia la reconciliación social. Sin embargo, opto por contribuir a esas reflexiones desde el análisis micro y localizado de los debates públicos, que permite enfocarse en las interacciones verbales en las cuales se exacerban posiciones aparentemente irreconciliables, que terminan desplazando la importancia real del acuerdo.

Aunque es un hecho que el pacto firmado puso fin a una confrontación armada, cuya víctima principal fue la población civil (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas 2016), todavía no existe consenso, en la sociedad colombiana ni en sus élites, acerca de los beneficios y oportunidades del acuerdo. Las razones de esta divergencia social varían entre las críticas a la formulación, contenido e implementación del pacto mismo (^{González 2017} ); la resistencia de los sectores políticos y económicos frente al cambio de orden social que pone en riesgo sus privilegios, y la debilidad del Estado para replantear los términos en que ha construido históricamente sus relaciones con las unidades territoriales subnacionales (^{Botero 2017} ). De manera multicausal, estos y otros aspectos han contribuido a hacer de la implementación del acuerdo un objeto de discordia en el ámbito nacional y un tema de discusión en los espacios internacionales, especialmente, entre los actores (países, organismos internacionales y líderes políticos) que apoyaron decididamente la finalización del conflicto armado interno por la vía del diálogo.

Las posiciones contradictorias, a favor o en contra de la implementación del Acuerdo de Paz, son defendidas principalmente por dos sectores antagónicos en Colombia: el liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), en oposición al acuerdo; y el representado por el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), en cuyo gobierno se llevaron a cabo los diálogos de paz. La contradicción entre los sectores políticos que estos expresidentes lideran se ha visto materializada en la aparición de disputas públicas difundidas por los medios masivos de comunicación. Los espacios de debate en los medios vienen mostrando el acuerdo como un objeto que divide a la sociedad colombiana. Ese tratamiento del tema se ancla en un sesgo negativo y en una concepción del acuerdo como problema más que como solución, por parte de los medios que han cubierto el periodo del posacuerdo (Charry, García y Ortiz 2019).

Como lo ha advertido el análisis de la situación, desde la ciencia política, el proceso de implementación es “un nuevo escenario en el que tiene continuidad el conflicto político, económico y social que no ha sido resuelto; un espacio de confrontación que entremezcla contradicciones de carácter estructural” (^{Tiusabá y López 2019, 240)}. Sobre este ámbito conflictivo se interrogan algunos trabajos recientes que abordan la orientación de la opinión pública en la prensa colombiana (^{Gómez y Cárdenas 2018} ) y la movilización de emociones contrapuestas en las redes sociales (^{Perilla 2018} ). En el mismo sentido, el análisis expuesto por ^{Olave (2019a)} muestra cómo los representantes de las fuerzas políticas mencionadas en el párrafo anterior luchan a favor y en contra de la implementación del Acuerdo de Paz, a través de medios de opinión que transmiten en vivo y en directo esas luchas. Este conjunto de trabajos coincide en destacar la importancia que los actores en disputa han otorgado a los resultados del plebiscito sobre los acuerdos de paz, del 2 de octubre de 2016, mediante el cual la mayoría de la ciudadanía, por un estrecho margen de votación, rechazó el Acuerdo de Paz. Esa coyuntura política originó una opinión pública emocionalmente manipulada y dividida (Gómez 2016), con posiciones en permanente tensión, que son reproducidas y profundizadas en los medios.

Las diferencias de opinión en el escenario público pueden desembocar en el uso de agresiones verbales. En este artículo, expongo avances de una investigación en curso, que pretende examinar la puesta en escena de los mecanismos de agresión verbal en disputas públicas, desde la perspectiva interdisciplinar del análisis del discurso con los estudios de la etología (Eibl-Eibesfeldt [1970] 1994, 1989, 1987; ^{Fracchiolla 2013}; ^{Godard 2019}; Lorenz [1968] 2013).

Desde principios del siglo pasado, en el seno de la biología y de la psicología experimental, la etología se ha interesado por explicar el comportamiento animal y humano en su interacción con el medio (^{Odoul 2016} ). En estos estudios, y especialmente a partir del análisis de Konrad Lorenz ([1968] 2013) acerca de la conducta agresiva, la agresión ha sido concebida como un instinto con funciones sociales intra e interespecíficas, y no como una mera reacción violenta, soslayable y suprimible de la conducta. Sin embargo, esta visión no debe conducir a pensar que “la violencia emana de nuestra índole animal, de un impulso ingobernable hacia la agresión” (^{Fromm 1975, 5} ), sino que la comprensión de la conducta humana, dentro de una cadena evolutiva natural, permite apreciar las acciones racionales inhibidoras y reorientadoras del instinto como sistemas de control que, en esencia, configuran lo específicamente cultural del ser humano.

De tal modo, sigo la perspectiva de Eibl-Eibesfeldt para quien “la evolución filogenética y la cultural obedecen a las mismas leyes funcionales, es decir, que la evolución cultural repite, en cierto sentido, la evolución biológica en un nivel superior de la espiral evolutiva” (1987, 3). Dentro del interés del análisis discursivo, esta hipótesis permite explicar casos de interacciones hostiles específicas como espacios donde el debate normado escapa al control riguroso de los sujetos y se aproxima más al desarrollo de luchas rituales (^{Lorenz 1966} ), tanto en animales como en seres humanos. En estos combates, las especies “capaces de defenderse y de herirse con suma facilidad luchan en una suerte de torneo, es decir, sin emplear sus armas para dañar [mortalmente] al contrario” (Eibl-Eibesfeldt 1987, 40).

Este enfoque no implica subestimar las determinantes socioculturales de las conductas agresivas, sino equilibrarlas con las condiciones filogenéticas de base que hacen del hombre una criatura tan cooperativa como competitiva, con idéntica capacidad tanto de agresividad como de empatía (De Waal [2009] 2015, 68). Si bien algunas vertientes de la antropología -especialmente, la cultural- han discutido ampliamente el carácter determinista o de corte sociobiológico de las aproximaciones etológicas a la conducta humana (por ejemplo: Montagu 1981), hoy las discusiones entre estas disciplinas han avanzado más allá de la dicotomía naturaleza/cultura (o innatismo/adaptacionismo) y de pretendidas incompatibilidades epistemológicas, para encontrar convergencias en una visión no determinista del comportamiento humano. Específicamente sobre la agresión, Brando destaca que tanto antropólogos culturales como etólogos del ser humano coinciden en que en este no existe una inclinación a la agresión intraespecífica y en que el ambiente tiene un papel preponderante para incentivar o controlar la conducta agresiva (2013, 183).

En ese sentido, más abierto a una visión interdisciplinar entre antropología y etología, el antropólogo Giner Abati se ha referido a la comunicación como un “paradigma equiparable al de cultura para los antropólogos y al de sociedad para los sociólogos” (1993, 7). Así, la pregunta por la comunicación como conducta y, en particular, por la comunicación agresiva, admitiría explicaciones complementarias que articulen mecanismos globales heredados con adaptaciones culturales a las necesidades de cooperación que impone el medio. Del mismo modo, Cyrulnik propone escapar a los pares opuestos y excluyentes de lo natural frente a lo cultural, al admitir que en el comportamiento humano “nada es ‘innato’ y nada es ‘adquirido’ a secas [pues] lo adquirido sólo es adquirido gracias a lo innato, que a su vez siempre es modelado por lo adquirido” (2008, 89). En suma, opto por analizar la conducta verbal agresiva, no con interés en determinar si esa conducta es innata o adquirida, sino interrogando las interacciones entre factores naturales y sociales, al manifestarse en un intercambio público de debate.

La aproximación etológica a los intercambios comunicativos fue utilizada por Fracchiolla para demarcar límites entre la violencia verbal y la agresión verbal. Según la analista, “la agresión constituye un cierto tipo de relación con el otro, mientras que la violencia implica la negación de esa relación” (2013, 35), es decir, que el criterio de distinción entre la agresión y la violencia en las interacciones verbales sería la ruptura definitiva con la alteridad. Ese límite relacional es útil para el análisis de interacciones públicas, pues permite preguntarse por las causas de las agresiones verbales, esto es, las razones por las cuales aparecen en el escenario público, más allá de la pregunta por las intenciones de los sujetos al usarlas. Según lo planteó tempranamente Lorenz ([1968] 2013), ese desplazamiento del interés en los paraqués hacia los porqués de ciertas conductas es propio de la perspectiva etológica. El interés en lo causal, más que en lo finalista, incluye la pregunta por la agresión a la cual la etología le ha prestado una atención permanente (^{Friedmann, Dunlap y Goodwin 2011}; ^{Kortüm y Heinze 2013}; ^{Rayne 2013} ).

La perspectiva discursiva de las disputas públicas (^{Olave 2019 b} ), por su parte, se interesa por los fenómenos de inscripción en el discurso de discordias apasionadas y desbordadas, en las cuales las reglas del debate ceden ante los imperativos del combate. La manifestación discursiva de desacuerdos de este tipo configura disputas en las cuales los participantes se atacan y se defienden, a través de acciones simbólicas de fuerza y de hostilidad; entre ellas, cobran especial importancia las agresiones verbales. En el caso de Olave (2019b), la erística es abordada interpretativamente en su dimensión discursiva, en tanto prácticas insertas en disputas públicas contingentes, históricas y políticas en las cuales los actores luchan apasionadamente por someter a sus adversarios, para reforzar un orden social determinado y profundizar desacuerdos específicos en la esfera pública.

De ahí que el objetivo de este artículo sea analizar los mecanismos de la conducta verbal que transforman la argumentación en violencia durante una disputa pública. Este propósito ayudará a examinar la construcción de discordias públicas en torno a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

En la siguiente sección, especifico los materiales de archivo y los métodos utilizados en el análisis. Posteriormente, los resultados muestran, en dos apartados, las categorías que emergieron del análisis y que responden al objetivo planteado en el párrafo anterior. Finalmente, en las conclusiones se enfatizan las implicaciones políticas de las imputaciones y los desafíos, como mecanismos verbales que dificultan la superación del conflicto armado colombiano.

Materiales y métodos

Sigo el método interpretativo interdisciplinar desde la propuesta de ^{Arnoux (2019)}, basada en el paradigma indicial (^{Ginzburg 1986} ) con procedimientos abductivos (^{Meyer 2001} ). A partir de la construcción de un corpus de datos naturales, que presentan interés para las preguntas previas del analista, se tratan abductivamente los discursos, por medio del relevamiento de huellas que funcionan como indicios de explicaciones sobre las regularidades identificadas.

Dado que esas regularidades discursivas pueden escapar a la planeación estratégica y consciente de los sujetos en acción, el método indicial lleva al analista a considerar los detalles que parecen irrelevantes, y a proponer relaciones u órdenes entre ellos, para dar cuenta de mecanismos que construyen significados y orientan su interpretación, más allá de las intencionalidades de los sujetos empíricos. En cuanto al procedimiento abductivo, observa con atención los materiales textuales como acontecimientos o hechos singulares y “desemboca en la hipótesis de otro hecho particular que se supone es la causa de los primeros. Elabora, así, un saber que, por cierto, no podrá escapar totalmente a su carácter conjetural” (^{Arnoux 2019, 18} ). Las hipótesis se ponen a prueba hermenéuticamente con trayectos constantes entre la teoría de base y los datos recolectados.

El corpus lo constituye un conjunto de segmentos con interacciones verbales hostiles, extraídos de un video de veinticinco minutos, transmitido el 19 de julio de 2018 en el Facebook Live de la emisora colombiana W Radio². Los actores sociales, un reconocido abogado y un analista político (Abelardo de la Espriella y Ariel Ávila, respectivamente), discutieron desde opiniones opuestas sobre la posesión de líderes exguerrilleros de las FARC-EP como congresistas de la República, en cumplimiento del Acuerdo de paz que se implementa actualmente en Colombia. Los actores son identificados por sus roles profesionales: un académico y un abogado. El material audiovisual es de libre acceso en la página web de la emisora referida y en su canal de YouTube.

El video fue procesado con el software Elan 5.0³, a través de tres operaciones principales: 1) segmentación focalizada en interrupciones y solapamientos como indicios de ruptura de la cooperación dialogal; 2) transcripción de carácter cerrado (^{Jenks 2011} ), con convenciones adoptadas de las tres principales tradiciones en el análisis de la conversación (CA, GAT y SBS⁴, según Jenks 2011); y 3) anotación e interpretación de las acciones verbales como modos de agresión y de producción de sentidos políticos en torno a la participación política de la exguerrilla FARC-EP.

Las categorías y elementos insertos en esas tres operaciones se explican a continuación: 1) en la segmentación focalizada, los solapamientos corresponden a los tramos de la conversación en los cuales se superponen dos o más voces, rompiendo los turnos de palabra propios del intercambio dialogal cooperativo en el cual los participantes hablan alternadamente, articulando y ajustando sus intervenciones a las expectativas del interlocutor. En tanto indicio de esa ruptura dialogal, concibo los solapamientos como espacios propicios para observar las tensiones más evidentes en los debates orales. 2) La transcripción de las intervenciones la asumo como parte del análisis y no como una operación técnica de sistematización de datos, dado que permite acercarse minuciosamente al contenido y desarrollo de la interacción verbal, así como activar hipótesis interpretativas, a medida que se va profundizando en ella, a través del registro lingüístico detallado. 3) El procedimiento de anotación se realiza de manera inductiva, mediante una “codificación abierta”, como se plantea tradicionalmente en la teoría fundamentada (^{Strauss y Corbin 2002)}; ahora bien, se trata de anotaciones guiadas por el objetivo interpretativo del análisis, que interroga permanentemente al corpus con un interés particular, fijado desde el inicio de su construcción. En este caso, la pregunta orientadora es por la producción de efectos sociales de sentido, en torno a la disputa por la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

Algunos segmentos del video serán citados dentro del desarrollo de la argumentación; en cada caso, se identifica la voz citada con las etiquetas de los roles “abogado” o “académico”, seguidas del intervalo de tiempo en minutos y segundos. En cuanto a las convenciones de la transcripción, para claridad del lector se identifican en la figura 1.

Fuente: elaborada por el autor, 2020

Figura 1 Convenciones de transcripción 

Resultados

La conducta verbal agresiva y su punto de ruptura comunicativa, la violencia verbal, pueden ser observadas rigurosamente a través de la descripción lingüística focalizada en la interacción, en articulación con una perspectiva etológica no determinista de la conducta, que interrogue las influencias o causas internas y externas de la agresión intersubjetiva en casos específicos, como el analizado en este artículo. El énfasis en la causación de la conducta se conoce en la tradición etológica con el nombre de “mecanismo” (^{Carranza 1994}; Tinbergen [1951] 1969), esto es, procesos implicados en las decisiones, tanto conscientes como inconscientes. Presentaré los resultados enfocados en dos mecanismos intersubjetivos, las imputaciones y los desafíos, que inducen a la transformación del debate en agresión y a su escalamiento hacia la violencia verbal.

Denominaré “inductores verbales de la agresión” a ese tipo de mecanismo intersubjetivo que induce a la puesta en funcionamiento de interacciones hostiles a través del discurso. En el caso de las disputas públicas, estos inductores tienen un papel central en la radicalización de las diferencias, en el escalamiento de las confrontaciones y en su presentación como agresiones verbales. Las acciones de fuerza toman el lugar de las acciones argumentativas reguladas, de tal suerte que las reglas del debate fracasan en la contención de los impulsos del combate.

El examen detenido del caso particular, especialmente álgido, permite identificar esos inductores verbales funcionando en la construcción de la discordia entre sectores afines y opuestos a la implementación del Acuerdo de Paz. Propongo un recorrido analítico por la interacción, extrayendo algunos ejemplos para evidenciar dos mecanismos verbales que inducen a escalar la agresión y a radicalizar las diferencias en esa disputa específica; por tanto, ni las categorías ni sus ejemplos tienen pretensión de exhaustividad.

Imputaciones

El uso de acusaciones de ilegalidad aparece tempranamente, en la primera intervención del abogado. Las imputaciones se dirigen contra los exguerrilleros farianos, en primera instancia, a quienes se identifica como “grupo de bandidos” y “horda de criminales”. El énfasis sobre los crímenes oblitera la negociación llevada a cabo durante cuatro años y los compromisos que asumieron sus actores de enfrentar la justicia, decir la verdad y reparar a sus víctimas.

Abogado: Que un grupo de bandidos, que sumados entre ellos tienen 176 539 muertos, vayan al Congreso de la República, es una vergüenza para cualquier democracia. Yo he insistido a lo largo de mis intervenciones sobre este tema, en los medios de comunicación, en que efectivamente las FARC no perdieron la guerra como para que se pudran en una mazmorra, pero que tampoco la ganaron como para que el Estado y la democracia se arrodillen frente a esa horda de criminales. (W Radio, 19 de julio de 2018, 4'33" - 4'59")

Las imputaciones inducen a la discordia, sostenidas sobre el reclamo del castigo al criminal. Como el Acuerdo de Paz incluye esas medidas de justicia, a través de un tribunal especial para tal fin (^{Melamed 2019} ), el reclamo es introducido en una lógica erística que reduce la negociación a la victoria de unos y a la derrota de otros. Desde el punto de vista del abogado, la asignación de las diez curules en el Congreso son un premio inmerecido para una guerrilla que no perdió la guerra, pero que tampoco la ganó para obtener ese trofeo. Al presentar la implementación del Acuerdo de Paz como un problema de ganadores y perdedores, la justicia transicional queda reducida a la asignación de premios y castigos, con la gravedad de premiar a los imputados.

El discurso del abogado insistirá en la gravedad de premiar a los criminales con curules en el Congreso. Cuando el académico explica que se trata de procesos legítimos de justicia transicional, en los que se pacta dejar las armas si se ingresa al sistema político legal, el abogado arremete con imputaciones contra el académico:

Abogado: Él es especialista, al igual que todos sus amigos de la izquierda radical, en disfrazar la verdad, en acomodar las cosas (…) Olvide sus veleidades por la izquierda y por sus amigos de las FARC. (W Radio, 19 de julio de 2018, 9'41" - 9'42")

Al redireccionar la imputación hacia el académico, el abogado le transfiere la criminalidad acusada y lo asocia a los intereses de la exguerrilla. La disputa, entonces, se centrará en la desautorización de los sujetos para exigir justicia y opinar desde posiciones independientes. En este punto, las imputaciones inducirán a la agresión mutua: el académico acusará al abogado de ser cercano al paramilitarismo y el abogado responderá con vehemencia:

Académico: El hecho de que yo diga esto a mí no me hace de ultraizquierda, abogado. O sea, eso a mí no me hace de ultraizquierda, ni amigo de las FARC ni nada, sino que yo quiero que se sepa toda la verdad. Fíjese una cosa, una diferencia entre usted y yo: usted es el que se sienta con parapolíticos a defenderlos; yo no. (W Radio, 19 de julio de 2018, 15'40" - 15'55")

Abogado: Escucha esto: no voy a discutir contigo el tema de las defensas que yo hago porque eso es ¡una imbecilidad! (W Radio, 19 de julio de 2018, 17'12" - 17'14")

Abogado: Además, querido Ariel, ¡estás fletado! porque tu fundación ha recibido contratos y plata, y tu amigo León Valencia han recibido muchos billetes de los colombianos para defender ese esperpento que es indefendible. (W Radio, 19 de julio de 2018, 19'21" - 19'31")

El contragolpe del abogado reorienta la imputación hacia la corrupción en contrataciones de programas en defensa del proceso de paz. En este sentido, el académico no solo carecería de neutralidad, sino también de autoridad moral en la discusión. Ese paso de la disputa al terreno personal aparece indicado por el uso de los vocativos (resaltados) que se introducen de manera más decidida en este tramo y que van a desplazar el tema de la discusión hacia las escaramuzas personales.

Este juego de ataques y contraataques en clave de imputaciones escalan la agresividad de la disputa, toda vez que acentúan la desconfianza en el otro y desautorizan su voz en el escenario público. Entiendo, entonces, la imputación como un mecanismo de asignación de responsabilidades morales y jurídicas individualizadas, que son juzgadas como reprochables por una mayoría de la cual se hace portavoz el que imputa, y que antepone ese juicio de valor a la exposición de las pruebas a las que habría lugar para demostrar la responsabilidad atribuida. En esa medida, la imputación tiene la fuerza del ataque frente al cual se desencadena la respuesta inmediata del contraataque. En el caso particular, el apoyo del sector de la academia al proceso de paz es puesto bajo la sospecha de estar excusando la criminalidad, en favor de la impunidad, por afinidades ideológicas e intereses contractuales. Para tratar de contrarrestar este daño, aparecerá otro inductor verbal.

Desafíos

La conducta desafiante remarca el antagonismo entre los participantes, porque invita directamente a la competencia y a la medición de las acciones de fuerza. Solo quien percibe su dominancia frente al otro, es decir, su capacidad de imponerse moral o físicamente sin riesgo de ser sometido, asume la conducta desafiante para llevar al contendiente al terreno de la lucha. El académico reta al abogado a someterse a una fiscalización externa de sus activos. Esa movida, que puede resultar razonable por fuera de una interacción acalorada, dentro de la disputa se suma a los hostigamientos entre las partes y ocupa otro tramo de la discordia en ascenso:

Académico: Podemos hacer una comparación y digámosle a alguna agencia internacional que lo haga, a ver si los dineros que usted gana de los defendidos que usted hace o los dineros de nosotros, eh- cuáles son más limpios y cuáles no. Podemos hacerlo. (W Radio, 19 de julio de 2018, 20'53" - 21'05")

Abogado: ¿Tú estás diciendo que- pero acláralo, ¡acláralo porque de aquí salgo a denunciarte!; tú estás diciendo que yo tengo dineros sucios? ¿Tú estás diciendo eso? ¡A ver! ¡¿Lo estás diciendo, sí o no?! ¡Es que no eres ni siquiera varón para aceptar esa vaina! (W Radio, 19 de julio de 2018, 25'42" - 25'54")

El académico desafía al abogado a poner a prueba su transparencia fiscal y explica, en un tramo extenso aquí omitido, el origen legal de los recursos de su fundación. El abogado aprovechará lo que deja sugerido su contendiente para responder con un desafío más agresivo, llevado hasta la amenaza y la burla a través de la activación de un estereotipo sobre la “hombría”. El académico ha logrado invertir la sospecha a través de un desafío, pero al hacerlo ha provocado la reacción más visceral del abogado. En este punto, exacerbados los ánimos, la conductora del programa radial debe interrumpir la disputa y tratar de reconducir la discusión hacia el terreno menos personal, pero los desafíos seguirán desplegándose con más fuerza, luego de tramos menos erísticos. Hacia el minuto 36 se produce la provocación que desencadenará el segmento violento de la serie:

Académico: El 27 de septiembre de 2008, en una entrevista que hizo el señor Gustavo Gómez al abogado De la Espriella, mira lo que dice: “Mancuso {exjefe paramilitar} dio una lucha que hemos debido dar todos los cordobeses”. (W Radio, 19 de julio de 2018, 36'25" - 36'50")

El académico cita una declaración del abogado que lo compromete como agente justificador del paramilitarismo. El ataque es contundente porque revela, en la voz propia del abogado, la aceptabilidad que tuvo el fenómeno entre algunas élites del país, basadas en el tópico de la violencia como autodefensa. Como se ha estudiado extensamente, esas élites financiaron a las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia para garantizar el statu quo de la tenencia de la tierra y de su acumulación (^{Castaño y Ruiz 2017}; ^{Cruz 2009}; ^{Koessl 2015} ), además de promover su penetración en el aparato estatal en forma de proyecto político (CNMH 2018). Precisamente ese rasgo de proyecto colectivo va a ser el objeto principal del rechazo vehemente del abogado:

Abogado: Efectivamente yo dije eso en una entrevista y lo sostengo hoy aquí: si yo hubiese estado en Córdoba, abandonado por el Estado, a merced de la subversión, con mi familia en riesgo, con mi propiedad legítimamente adquirida en riesgo, ¡yo, Abelardo de la Espriella, me hubiese armado y me hubiese defendido antes de dejarme humillar, de pagar extorsiones y de haberme dejado matar! ¡Téngalo por seguro, señor, y así será hasta el último día de mi vida! (W Radio, 19 de julio de 2018, 39'00" - 39'30")

La pronominalización enfática en esta reacción del abogado individualiza el argumento de la autodefensa para neutralizar su proximidad con la lógica idéntica del paramilitarismo como proyecto colectivo. La cercanía con la justificación del paramilitarismo es evidente y demanda desmarcarse de ella vía la individualización y la repetición de lo dicho como una prueba de coraje: retractarse es una debilidad inadmisible en el escenario público. A este intento de tomar distancia de esos grupos criminales se añadirá la reprobación de sus crímenes, aunque presentados como equivocaciones:

Abogado: Por supuesto que las autodefensas se equivocaron con el delito del narcotráfico; por supuesto que cometieron delitos. ¡Y allí los están pagando! A diferencia de las FARC, no resultaron premiados. El premio fue ¡un avión para los Estados Unidos!; ¡y ahí están en cárceles federales, pagando fuertísimas condenas! (W Radio, 19 de julio de 2018, 39'40" - 39'56")

La comparación entre los paramilitares y las FARC-EP intenta insistir en la impunidad del proceso de paz y en el desconocimiento de la justicia transicional, reintroduciendo la discusión en el esquema de premios y castigos. Sin embargo, a través de una reformulación polémica (^{Olave 2016} ), el académico aprovecha las opciones verbales del abogado para recriminarle su condescendencia con los paramilitares:

Académico: Las autodefensas no solo se equivocaron en el narcotráfico, ¿sabes? Ese fue el delito más… suave. Yo creo que si se… si se equivocaron en algo fue en descuartizar personas con motosierras, en haber violado mujeres, en que todas las niñas de quince años debían pasar por la cama de Hernán Giraldo {exjefe paramilitar} en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces yo nunca sería capaz de que-{sonrisa} decir que yo habría hecho lo de Mancuso como cualquier colombiano, no- entonces yo no soy colombiano pues porque yo no habría sido capaz de hacer eso. (W Radio, 19 de julio de 2018, 41'31" - 42'00")

Este es el segmento que induce de manera más directa al clímax de la agresión verbal por parte del abogado, en el minuto 42. Como conducta de ataque, la provocación se realiza a través de una reformulación que le atribuye al jurista la justificación de las acciones atroces enumeradas y la capacidad de conducirse como Mancuso, el exjefe paramilitar. La vacilación que aparece en el tramo resaltado, mitigada por una sonrisa, muestra la transición del argumento al embate: la atribución es engañosa y el daño es máximo, pero también funciona como revelación efectiva de la anuencia del abogado con la lógica de la autodefensa. El siguiente paso es desmarcarse de esa posición y ubicarse en la orilla opuesta de la conducta, para hacerla aún más reprochable. El juego de las reformulaciones modales convierte la deóntica de la declaración original del abogado (una lucha que hemos debido dar) en una potencialidad atributiva efectivamente desafiante (no habría sido capaz de hacer eso).

La reacción emerge en una cadena de solapamientos que ni el académico ni la periodista logran contener. Todo el tramo es vociferado y gesticulado con intensidad durante más de un minuto, por parte del abogado (figura 2):

Fuente: sistematización del autor, 2020. Transcripción del debate radial de la W Radio (19 de julio de 2018).

Figura 2 Interacción violenta entre académico y abogado en debate radial 

En vez de descartar el segmento, como una interacción irracional inadecuada para el debate público o desbordada pasionalmente, resulta más interesante advertir el flujo de la agresión que, casi exenta de inhibiciones, parece caótica pero no lo es tanto. Ese flujo muestra que la discordia se centra en la dimensión metaenunciativa y que el reclamo se sintetiza en la defensa de un logos sublimado. Desde el punto de vista del abogado, su palabra propia ha sido traicionada, manipulada y reorientada vilmente; para el académico, en cambio, se trata de reclamar un logos reposado, que ha sido perturbado por los insultos y la cólera del otro. En ambos casos, se disputa la palabra pública ideal y se exige amonestar las transgresiones cometidas también en el discurso y contra el discurso mismo.

En su dimensión política, el fragmento resulta representativo de los posicionamientos más difíciles de conciliar para la implementación del Acuerdo de paz. Si bien la participación política es una de las reformas principales en los compromisos posacuerdos de paz en el mundo (^{Arévalo 2014}; ^{Taylor 2016} ), es el pacto que genera más animadversiones. Para los sectores de oposición, la llegada del partido FARC al Congreso de la República significa un movimiento estratégico de la guerrilla (sin reconocerla como exguerrilla) para la toma del poder, “en el marco de un modelo de captura del Estado […], con un partido político sin capacidad ni voluntad para sostener líneas democráticas genuinas” (^{Torrijos y Abella 2018, 54)}. En este sentido, “las nuevas posibilidades de participación ciudadana son interpretadas en clave de amenaza, desorden y afectación negativa al status quo” (Ríos y ^{Cairo 2018}, 335). Esa resistencia a aceptar que el grupo insurgente deja las armas para participar en democracia hace que la reacción verbal del abogado recabe explícitamente en el rechazo a la guerrilla (líneas 7, 10, 13 y 23) y en invocar el derecho a defenderse de ella también por la vía armada. La imagen de la sevicia queda, así, atada a la insurgencia guerrillera y suprimida de la violencia paramilitar; a estos últimos el abogado no los nombra en su alegato y, para rechazarlos, los deja implícitos en la locución de la línea 21 (¡lo rechazo venga de quien venga!).

Ahora bien, la discordia metaenunciativa no significa que los contendientes, en tanto individuos con historias personales y roles sociales, se abstraigan de la lucha, sino que se involucran radicalmente en ella por medio del logos; se agreden inducidos por el logos y reclaman ser reparados, también, a través del logos. La palabra en la disputa no parece estar dispuesta a cederle espacio a la voz del otro ni a la opción del silencio, pero tampoco a la acción física contundente. En ese espacio intermedio, frontera entre la refutación y la agresión corporal, la discordia se profundiza concentrándose ya no el contenido del desacuerdo, sino en los avatares de su enunciación. En el caso específico, su escalamiento conduce, finalmente, a la intimidación (figura 3).

Fuente: sistematización del autor, 2020. Transcripción del debate radial de la W Radio (19 de julio de 2018).

Figura 3 Interacción violenta entre académico y abogado en debate radial 

En la amenaza del abogado vuelve a activarse el estereotipo de la virilidad y el desafío a la lucha física, que induciría a una respuesta idéntica de la contraparte. No obstante, el ánimo de pasar a la agresión física no es recíproco y el académico, muy por debajo de la voz del abogado, solapa una queja continua por la actitud de su contendiente e insta a la periodista a reprobar esa conducta (¡Míralo...! Mire cómo grita). El juego intimidatorio introduce al logos en una relación natural de orden instintivo: la exhibición verbal de la superioridad de la fuerza, a través del grito, el insulto y el desafío.

Pero es apenas una exhibición. Desde una perspectiva etológica, los ademanes intimidatorios -entre ellos, la agresión verbal- reorientan ritualmente la agresión física (Eibl-Eibesfelt [1970] 1994; Lorenz [1968] 2013) y transmutan el combate mortal en combate de palabras. La amenaza de dañar físicamente al otro forma parte del ritual de la ostentación verbal de la fuerza, pero no es la fuerza misma ni, necesariamente, da paso al combate de facto.

En el caso de las disputas públicas y mediatizadas, ese combate es más bien excepcional. Al contrario, en tanto forma ritualizada que redirecciona la fuerza, la intimidación funciona como un mecanismo que inhibe la agresión física a costa del escalamiento de la agresión verbal. Los contendientes saldrán con sus cuerpos ilesos, aunque el costo será la transgresión del debate democrático ideal. El logos muestra así su potente capacidad de violar las normas argumentativas y de profundizar la animadversión, análoga a su capacidad de generar discusiones racionales e interacciones cooperativas.