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Este artículo trata sobre las luchas etnopolíticas por el territorio que se desarrollan en los parajes rurales de la localidad de Pampa del Indio, ubicada en el centronorte de la provincia del Chaco, Argentina (figura 1)1; allí habitan familias de campesinos qom que participan del movimiento social FNC. Particularmente, analiza las estrategias campesinas indígenas vinculadas a la ocupación y recuperación de la tierra, y la resistencia colectiva a los operativos de desalojo judicial.
Fuente: elaboración propia a partir de documentos del Instituto Geográfico Nacional, 2021.
Figura 1 Ubicación de la localidad de Pampa del Indio, mapa político de la provincia del Chaco, Argentina
El problema del acceso y propiedad de la tierra en el ámbito rural ha sido ampliamente abordado por los estudios sociales agrarios (Ciuffolini 2017; Colla 2020; Domínguez 2009; Giarracca 2009). Incluso se han analizado las ocupaciones a predios privados o estatales -fiscales-, como respuesta a esta problemática social, desde diferentes experiencias de territorialización promovidas para la recuperación de los espacios (Colla 2020; Cravino y Vommaro 2018; Gómez 2013; Merklen 1997). En este trabajo se las concibe como parte de las estrategias de resistencia que tienen las poblaciones de campesinos indígenas para recrear nuevas condiciones sociales y así permanecer en el ámbito rural2. Estas experiencias no dejan de estar exentas de contradicciones, como tampoco de conflictividad permanente con el Estado y otros actores sociales, como terratenientes o productores agropecuarios, quienes se presentan como propietarios “legales” de los territorios ocupados, o bien, amenazan, hostigan y actúan contra las familias para el desalojo de los lugares. En consecuencia, mientras el derecho liberal debate sobre la legalidad o ilegalidad de los actos y construye una imagen social de estos pueblos como “usurpadores”, para ellos son prácticas colectivas orientadas a recuperar su territorio como parte del derecho consuetudinario que busca hacer efectiva la figura jurídica de reparación histórica. En algunas ocasiones esta tensión permanente se resuelve accediendo al reconocimiento de preexistencia por parte del Estado, que hace efectivo el derecho de ciudadanía y otorga títulos de posesión comunitaria. En otras, sin brindar soluciones alternativas a las familias indígenas para el acceso a la tierra, con represión y criminalización de la protesta por parte de efectivos policiales y agentes del Ministerio Público Fiscal e, incluso, mediante prácticas racistas que se expresan, entre otras, en represiones violentas y maltrato físico (Menéndez 2018).
Por lo anterior, como hipótesis general, postulamos que las acciones colectivas permiten reparar el daño creado por la crisis social y económica causada por la desarticulación de las actividades tradicionales y por las dificultades para el acceso a recursos, producto del avance del capital en los territorios de estos pueblos. A través de ellas, se habilita un campo de posibilidades con mejores condiciones políticas y mayor autonomía para la reproducción social, que se traduce en acceso a la tierra, producción agrícola y aprovechamiento de recursos de asistencia estatal. En efecto, en las situaciones de crisis los colectivos se enfrentan a numerosos desafíos que se van resolviendo en la cotidianeidad de las prácticas, y que se conjugan con la solidaridad, reciprocidad y disponibilidad física de quienes participan para reconstruir lazos sociales comunitarios y crear nuevas condiciones que concreten la recuperación de las tierras ancestrales y recompongan lo que ha sido dañado por los procesos de despojo.
La estrategia metodológica implementada fue la etnografía (Guber 2014). El trabajo de campo trascurrió de manera ininterrumpida entre los años 2014 y 2019, período en el que se desarrolló una tesis de grado y otra de posgrado. Los viajes a la localidad de Pampa del Indio se realizaron de manera relativamente regular -con una duración no menor a una semana- y el acercamiento a la comunidad fue posible a partir del contacto con dirigentes y referentes políticos de la FNC, a quienes se manifestó la intención explícita de realizar una investigación en el lugar. Además, con el transcurrir del tiempo, la relación con los miembros del movimiento y el compromiso con sus luchas políticas condujeron a realizar determinados trabajos e informes técnicos, como una cartografía social sobre conflictos territoriales, y la coordinación y procesamiento de datos de un relevamiento socioproductivo, los cuales han sido previamente publicados (Colla 2020).
Particularmente, respecto a las tomas de tierra, en primer lugar, se confeccionó un registro de aquellas sucedidas en los últimos quince años, a partir de información proporcionada por referentes clave, hasta llegar a un total de diez casos. Luego se realizaron visitas diarias a dos de ellas -en cuatro viajes distintos-: una al paraje rural de Lote 4, a treinta kilómetros de Pampa del Indio, y otra a las inmediaciones del pueblo -zona periurbana-. A través de la observación participante durante recorridos in situ, conversaciones informales y entrevistas en profundidad a hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, se pudieron vivenciar, identificar y comparar los distintos momentos que son descritos en este trabajo. Para investigar la resistencia a los desalojos se utilizaron artículos periodísticos y comunicados de prensa sobre los acontecimientos y entrevistas en profundidad a los protagonistas. En total se realizaron unas diez entrevistas en profundidad e interactuamos con alrededor de treinta personas en estos espacios3. Conjuntamente, la observación participante en instancias políticas de la FNC -asambleas generales y reuniones de dirigentes-, permitió analizar la dinámica para la toma de decisiones dentro del movimiento.
En correspondencia con lo señalado, este trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: en primer lugar se describen la metodología y las fuentes de información utilizadas; luego se estructuran dos apartados centrales, en uno se analiza el fenómeno social de ocupación de tierras, se describen sus características generales y se identifican tres “momentos” dentro de la acción colectiva; en el otro, se indaga sobre las resistencias colectivas a los operativos de desalojos judiciales y el accionar de las agencias estatales en estos eventos. Finalmente, se brindan las conclusiones sobre los fenómenos analizados.
La crisis social y la lucha etnopolítica de los campesinos qom
A principios de la década de 1990, en la provincia del Chaco, sucedió una profunda crisis de la economía regional que fue acompañada por el avance de una nueva lógica de acumulación. Este proceso se caracterizó, por un lado, por la apertura del mercado externo y la desregulación estatal de los mecanismos de fijación de precios, sostén de comercialización de la fibra de algodón; por nuevos requerimientos de capital constante, fundamentalmente paquetes tecnológicos -insumos, semillas- relacionados con una mayor escala de producción, y por la disminución de capital variable -desplazamiento de mano de obra por mecanización-. Por otro lado, por la emergencia de inversiones para la producción a gran escala y la exportación de commodities -principalmente soja, maíz y ganadería-. Esto permitió que se expandieran las actividades desarrolladas en la región central de la pampa húmeda hacia zonas consideradas “periféricas”, como la provincia del Chaco. Dicho proceso fue acompañado por la valorización de la tierra en el mercado, la privatización de predios bajo dominio estatal -fiscales- y el avance de la destrucción del bosque nativo, con el fin de ampliar la superficie productiva para la sobreexplotación de recursos naturales (Brodersohn, Slutzky y Valenzuela 2009).
En términos generales, esta nueva etapa generó un período extraordinario de producción de valor y acumulación de renta, que benefició a un reducido grupo de grandes empresarios y terratenientes, a la par que significó una mayor concentración de tierras y tuvo consecuencias negativas para un amplio sector de pequeños y medianos productores, quienes encontraron serias dificultades para adecuarse a los nuevos requerimientos de rentabilidad. En esta línea, los nuevos procesos de valorización de capital exigieron la expropiación y el despojo de los ocupantes tradicionales -campesinos indígenas-, desarrollándose una lógica, en cierta forma, similar a la que caracterizara los orígenes de la acumulación capitalista y sus improntas de desposeer, acaparar y desplazar. Lo novedoso consistió en que se transformaron los espacios rurales y se reconfiguró el histórico conflicto por la tierra, amplificándose hacia una conflictividad territorial por el control sobre el propio espacio de vida (Domínguez 2009; Giarracca 2009).
En el caso de los campesinos qom, esto supuso nuevas condiciones de exclusión sociocultural que derivaron en la marginalidad y desestructuración de sus espacios de producción y reproducción social. Sucede que en Pampa del indio, en la provincia del Chaco, durante gran parte del siglo XX, los pueblos qom mantuvieron actividades vinculadas a la explotación en el trabajo asalariado extrapredial y a la producción agrícola como productores directos, a partir de su radicación en colonias agrícolas y de acuerdos políticos para el acceso a la propiedad de la tierra. Tales prácticas dieron lugar a procesos étnicos identitarios, en tanto construcciones político-ideológicas expresadas como etnicidad (Vázquez 2000). Es decir, la expresión y afirmación de una identidad étnica -con sus dimensiones de resistencia y lucha etnopolítica- en la que la autoadscripción, como rasgo de pertenencia, fue la de concebirse como parte del campesinado indígena. Con las transformaciones sucedidas en las últimas décadas, estas poblaciones fueron paulatinamente desplazadas de las actividades laborales; se redujo la demanda de trabajo asalariado, se cerraron los espacios de comercialización de su producción agrícola y se restringieron sus actividades económicas autónomas por la privatización y deforestación del monte nativo. Por lo tanto, fueron condenadas a una situación de indigencia, con graves condiciones sanitarias y alimentarias. Según datos oficiales, el 64,6 % de los hogares indígenas tenían, en el año 2010, al menos un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) -sobre todo en áreas rurales dispersas y agrupadas- y el 57,28 % declaraba una condición inactiva de su actividad económica (Indec 2010)4. En consecuencia, en muchos casos tuvieron que recurrir al éxodo rural en búsqueda de otras posibilidades de subsistencia. En otros optaron por la permanencia en el lugar y el aprovechamiento -individual o familiar- de los magros recursos económicos de la asistencia estatal -Asignación Universal por Hijo, pensiones no contributivas y planes sociales, entre otros-, para cubrir gastos mínimos de subsistencia e insumos para la producción que, ocasionalmente, brindaron organismos estatales.
En ese contexto, desde inicios de los años dos mil, en la localidad de Pampa del Indio, estas poblaciones comenzaron a participar de movimientos sociales como la FNC, los cuales desplegaron una lucha etnopolítica desde la protesta social (Barabas 2008; Vázquez 2000). Las actividades consistieron en recuperar las experiencias y trayectorias previas para construir una etnicidad, como campesinos indígenas, que permitiera el acceso a recursos para la producción agrícola propia y recuperara el territorio apropiado. Durante estos años, han realizado acciones colectivas de resistencia en pos del cumplimiento de demandas políticas generalmente dirigidas al Estado, así como también buscaron nuevas formas de articulación para la participación política estatal y la reapropiación de programas de asistencia. Siguiendo a Barabas (2008), estos espacios se diferencian de otros movimientos sociales por recrear luchas políticas de larga trayectoria, a la par que tienen en común la importancia que dan a los factores culturales y sociorganizativos para su conformación y la centralidad que otorgan a la construcción de identidades sociales en el proceso de constitución del movimiento.
Dentro de la FNC, la demanda central es el acceso a la tierra y a mejores condiciones socioeconómicas para habitar el espacio rural5. Esta federación tiene vinculaciones con partidos políticos de izquierda y otras organizaciones sociales -como el movimiento de desocupados Corriente Clasista y Combativa (CCC)- a nivel regional y nacional, a las cuales atribuyen su surgimiento y de las que recuperan ciertos repertorios de acción colectiva. Entre las medidas de acción concreta, realizan ocupaciones o “tomas” de tierra; organizan proyectos de producción agrícola individual y comunitaria, a través de la vinculación con programas de asistencia estatal; construyen viviendas rurales y, también, acuden colectivamente para detener los operativos de desalojo judicial de las familias indígenas. Estas estrategias surgieron como experiencias de intransigencia y reterritorialización, al tiempo que los posicionaron como sujetos sociales con capacidad de agencia y rango de respuesta a las condiciones que les afectan de manera cotidiana (Ortner 2016).
Por este camino, en la práctica cotidiana se van construyendo nuevos espacios, nuevos territorios. En efecto, ocupar terrenos o negarse a un desalojo judicial implica apoderarse de un espacio (Porto-Gonçalves 2006). Allí, los campesinos qom recrean opciones de resistencia que fueron marginalizadas por los procesos de sometimiento colonial, como la organización comunitaria y los principios de solidaridad y reciprocidad. La tierra no se concibe solo como un medio de producción bajo una lógica económica, sino como un lugar en el que se construye colectivamente una organización social distinta, donde los sujetos se apropian material y simbólicamente del espacio y lo territorializan (Porto-Gonçalves 2006; Zibechi 2007). En definitiva, son repertorios que plantean una logística y organización previas, y que ponen en juego formas de obrar, sentir y pensar propias del habitus (Bourdieu 2007) que construyeron los campesinos qom en sus experiencias pasadas y a partir de sus actuales condiciones de existencia. De esta manera, la lucha etnopolítica, que estos pueblos han desplegado históricamente por el territorio apropiado, reaparece y se reafirma en dichas acciones como parte de la reivindicación de sus tierras ancestrales. Además, la lucha adquiere otros significados puesto que estos colectivos esperan recuperar y defender derechos y recursos previamente adquiridos, como el acceso a la tierra. En efecto, como menciona Vázquez (2000), una de las contradicciones en el actual proceso de “modernización” capitalista se deriva de las tensiones y crisis sociales generadas por las formas de acumulación y reproducción del capital y por los derechos sociales que se deben garantizar en la sociedad democrática.
Ocupar es recuperar
La ocupación de tierras no es un fenómeno social nuevo. En Argentina, los primeros antecedentes la ubican como una respuesta colectiva iniciada por los sectores populares urbanos en la década de los ochenta, cuando los desocupados crearon asentamientos en las periferias de las grandes ciudades mediante la toma de predios (Cravino y Vommaro 2018; Merklen 1997; Vommaro 2007). Luego, estas iniciativas repercutieron en el ámbito rural y tuvieron como protagonistas a indígenas, campesinos y trabajadores rurales sin tierra. Si bien en estos espacios no han tenido la misma masividad ni repercusión que en otros países -por ejemplo, Brasil y las acciones llevadas a cabo por el Movimiento Sem Terra-, es un fenómeno emergente que se da como respuesta al despojo que impone el avance de la nueva lógica de acumulación.
En el espacio rural chaqueño, la originalidad residió en que las ocupaciones fueron vehiculizadas por una amplia movilización política, con base en objetivos colectivos y diversos. Se caracterizaron por ser masivas, por planificar con autonomía el uso del suelo y el desarrollo del futuro territorio. Fueron mayoritariamente protagonizadas por jóvenes quienes vivían en espacios de dominio público, en predios pertenecientes a terceros o habitaban dentro de las parcelas de sus familiares directos al no encontrar respuestas para el acceso a la tierra.
En esta línea, no nos referimos a las ocupaciones como el acto de asentarse en algún predio sin contar con los permisos correspondientes, a modo de “usurpación”. Más bien las analizamos como un acto político y colectivo en el que un conjunto de personas tiene la intencionalidad y capacidad de producir y reproducir su vida, de materializar la propia existencia en un determinado espacio (GEPCyD 2011). Incluso en la particularidad de estas poblaciones, autorreconocidas como campesinos indígenas, la ocupación se desarrolla en el marco reivindicativo y jurídico de reparación histórica como parte de su preexistencia al Estado-nación6. Por ello, la construcción de su etnicidad se encuentra anclada a la revalorización y visibilización de la identidad étnica para alcanzar la recuperación de sus tierras ancestrales (Barabas 2008; Vázquez 2000).
Tomar la tierra es una práctica colmada de significados respecto a la recuperación del territorio, la identidad étnica, la producción agrícola propia, la relación con el monte y la cosmología qom, así como un modo de entender la igualdad y reciprocidad. Pero también es una forma que activa modalidades de violencia inusitadas. Las familias, nucleadas en la FNC y en otras organizaciones indígenas, se han visto expuestas a represiones por parte de las fuerzas de seguridad, secuestros ilegales y procesamientos judiciales que evidencian la persistencia de relaciones coloniales y racistas de dominación (Menéndez 2018).
En las siguientes páginas describimos diferentes instancias por las que atraviesan los campesinos qom de la FNC de Pampa del Indio, en la acción colectiva que supone ingresar y ocupar un predio. Las mismas no responden a una lógica temporal, sino más bien tratan situaciones distintas en las que las personas manifiestan sus motivaciones, se organizan y resuelven disyuntivas que se presentan dentro de la toma. El fin analítico de esta división radica en poder recuperar la perspectiva de los actores en las diversas instancias de la resistencia y destacar las situaciones complejas que transcurren en la cotidianeidad.
El momento de las motivaciones
Lejos de ser la ocupación de tierras una modalidad que surge de la espontaneidad, por lo general, comienza con una organización previa. Los discursos que guían esta actividad suelen estar unidos a sentidos y valores de solidaridad y reciprocidad, y a la voluntad de unirse con otros que conducen a una lógica de acción fuertemente anclada en lo comunitario. Si bien estas características han sido analizadas en otros estudios sobre los qom (Gordillo 2006), en este caso surgen de aprendizajes colectivos experimentados dentro del movimiento social. Como reflexionaba un joven participe de la ocupación en el paraje rural de Lote 4:
La idea era compartir la tierra, porque muchos están sin terreno. Participé de varias tomas, allá en Paraguay, después en acá, en Cancha Larga y otra, en el 2009; aprendimos que la tierra es para todos, porque si consigo para mí nomás, eso es tristeza. (G y A, habitantes de la ocupación de Lote 4, entrevista con la autora, mayo de 2019)
La lógica de acción comienza con las tareas de elección del espacio, que son asignadas a los líderes de la FNC. Luego de localizar un lugar, se intenta averiguar sobre la propiedad, los recursos e infraestructura previa con los que se cuenta y se comienza a planificar la estrategia para el ingreso. Por ejemplo, en la ocupación de tierras en el paraje rural de Lote 4, un miembro del movimiento había alertado sobre un lote de cien hectáreas que era habitado por familias indígenas, pero que, en ese momento, era usufructuado ilegalmente por un productor criollo para el pastoreo de su ganado. Es por ello que, para evitar conflictos, se iniciaron gestiones para conseguir un permiso estatal, que fue otorgado en el año 2012 para ocupar el lugar. Este resguardo legal no fue suficiente para evitar el hostigamiento y amenazas del hombre quien, solo con el inicio de la ocupación efectiva por parte de un grupo de la FNC, en 2018, accedió a retirar su ganado.
Una instancia previa al ingreso al predio es la participación colectiva para la toma de decisiones. La asamblea es el espacio democrático donde los campesinos qom dialogan y esgrimen diversos motivos y argumentos para concurrir a la toma de tierras. En ella identificamos tres argumentos principales que la motorizan. En primer lugar, las dificultades de hacinamiento demográfico y habitacional dentro de los lotes y viviendas familiares, las presiones intrafamiliares de contar con otro lugar donde vivir y la necesidad de mayor espacio para poder desarrollar la economía campesina. Como fue analizado en trabajos previos (Colla 2020), estas problemáticas son parte de la privatización de predios en la zona y de la imposibilidad de acceder a estos, vía compra o adjudicación. Al respecto, un joven qom de la ocupación de Lote 4 mencionaba:
Estábamos amontonados, fuimos y apartamos la casita, pero nos seguíamos amontonando ahí y muy apretado. Y ya estábamos decididos de ir allá al barrio, salir de acá. Eso ya estábamos pensando. No sé a dónde vamos a ir porque nosotros necesitábamos un terreno propio […] a veces teníamos vergüenza porque muchas cosas nos decían a nosotros. Que no nos pertenecía ese terreno. A veces eso te bajonea [refiere a un estado de desánimo]. (A, habitante de la ocupación de Lote 4, entrevista con la autora, mayo de 2019)
En segundo lugar, otros motivos refieren a los problemas que acarrea vivir en áreas segregadas, donde se han potenciado los efectos ambientales y sociales negativos del avance de la nueva lógica de acumulación. Por ejemplo, aquellos relacionados con fumigaciones con agroquímicos y sequías producto de obras públicas de infraestructura. En tercer lugar, la necesidad de movilidad o una mayor cercanía al ejido urbano para realizar trámites o asistir a instituciones escolares o de salud. Como señaló una mujer que antes vivía en el paraje rural de Campo Medina, a treinta kilómetros del ejido urbano:
Y porque cuando uno vive lejos y cuando pasa algo su familia o se enferma su familia o está haciendo un trámite y no tiene con qué para quedar. […] Un remis hasta mi casa, allá en el campo, sale $1200 […] No tenemos con qué quedarnos acá en el pueblito […]. (BS, habitante de la ocupación en Pampa del Indio, entrevista con la autora, mayo de 2019)
En su gran mayoría, estas necesidades surgieron de requerimientos de programas de asistencia estatal -por ejemplo, la escolaridad de adultos mayores que se brinda en instituciones específicas- y de la bancarización de distintos beneficios. Estas son algunas razones por las que la toma de tierras realizada en las inmediaciones del pueblo de Pampa del Indio, en el año 2018, adquirió tanta relevancia y masividad. Allí llegaron a congregarse más de trescientas familias en las seis hectáreas de tierra dispuestas. Se podría decir que estas motivaciones individuales y grupales, que aparecen en las instancias de tomas de decisiones, configuran una resistencia étnica que se materializa en el ingreso al predio en cuestión. Son percepciones y decisiones que anteceden la acción y obedecen, por oposición, a las condiciones de dominación y subordinación (Vázquez 2000). En efecto, la voluntad de resolver el acceso a la tierra se plantea de manera explícita en los sujetos involucrados y es vehiculizada por el movimiento social como una respuesta a las distintas expresiones de coerción a las que son sometidos.
El “estallido” y la acción sorpresiva
En la instancia de ingreso al predio se despliega el repertorio de acción colectiva que consiste en ocupar sorpresivamente un espacio público o privado (Auyero 2002; Ciuffolini 2017). Se suele requerir de cierta experticia previa, pues es necesario articular acciones para que el asentamiento sea exitoso. Se despliega, entonces, una performance, como la metáfora teatral acuñada por Goffman (2001) , en la que participantes realizan una actividad que sirve para influir de algún modo sobre los otros. Aquí son importantes las directivas políticas de los líderes, es decir, lo que se dice verbalmente, la iniciativa y los gestos, en tanto corporalidad para concretar la acción y generar sentimiento de confianza al colectivo. Como recuerda un joven qom, sobre aquellos momentos en una ocupación de tierras:
[…] como a esta hora nos organizamos. Nos fuimos con la camioneta. Esa tierra no estaba en condiciones. Estaban diciendo que era propiedad privada, pero todo era sucio. Entramos con el machete, todos juntos. “D” [dirigente de la FNC] iba con nosotros y cuando nos instalamos ya empezamos a limpiar. Fue “D” con el tractor y empezó a arar […]. (RL, habitante del paraje rural de Campo Medina, entrevista con la autora, enero de 2018)
En un principio la toma consiste en un campamento dispuesto en una zona estratégica desde la que se garantiza la seguridad y el ingreso de recursos. Habitualmente existe una división del trabajo basada en el género. Si bien son los hombres quienes concurren en principio, las mujeres son las encargadas de sostener las actividades domésticas durante el período que se prepara el nuevo territorio y, comúnmente, llevan alimentos al lugar. Los primeros días son tensos y difíciles, sobre todo por la preocupación por las represalias que puedan existir. Si bien este es un espacio de poder para la negociación política, la permanencia allí tiene momentos de incertidumbre. Como menciona el mismo joven qom, respecto a su experiencia en una toma previa a la que acontecía en el paraje de Lote 4:
Y es algo que uno, no sabés lo que te puede pasar ahí. No dormís bien a la noche. Porque por ahí te aparece la policía. Y te cazan. Te van a cazar y te van a meter preso. […] La última semana que estuvimos ahí les pasó a unos compañeros. Aparecieron como ocho patrulleros y quedaron como quince compañeros, porque nosotros estuvimos casi un mes entero ahí. Cuando se acercaban las fiestas. Nosotros tuvimos un descanso para ir a pasar a la casa, y ahí aparecieron. (RL, habitante del paraje rural de Campo Medina, entrevista con la autora, enero de 2018)
Ese sentimiento de amenaza permanente es aún mayor si se tienen en cuenta las situaciones de racismo que padecen las comunidades originarias, que suelen ser sumamente violentas. Por ejemplo, se han registrado distintas circunstancias de intervención policial donde las personas fueron maniatadas y obligadas a caminar kilómetros hasta el destacamento más cercano, puestas a disposición de la justicia sin los protocolos de detención correspondientes, e incluso en las que hubo maltrato físico, como denunciaron quienes fueron desalojados (Colla 2020). Por ello, esta instancia es crucial para lo que los campesinos qom denominan “tener el acompañamiento”. Es decir, la acción solidaria y permanente de los miembros de la comunidad, de la FNC, de otros espacios políticos y de abogados especialistas en derecho indígena, entre otros. Como mencionaba uno de ellos en la ocupación de Lote 4:
En la asamblea se decidió acompañar, porque solos no podíamos. […] Tenía miedo la gente de venir y como los compañeros acompañaron siempre la lucha y venimos todos, así perdemos el miedo. Nosotros nos instalamos y los compañeros venían a ayudarnos a hacer la limpieza. Y por eso se logró, porque estábamos juntos. (G y A, habitantes de la ocupación de lote 4, entrevista con la autora, mayo de 2019)
Incluso, la solidaridad de estas relaciones interétnicas es clave para las instancias de diálogo con el Estado. Los intereses contradictorios de las instituciones estatales -por ejemplo, el Instituto de Colonización y el Ministerio Público Fiscal- suelen operar de manera distinta en la resolución de estos conflictos. Algunos circulan por vía judicial y represiva, desalojando el predio en cuestión. Otros, en cambio, comienzan procesos judiciales y políticos de reconocimiento de posesión de la tierra indígena y de adjudicación de los permisos o títulos de propiedad correspondientes.
La búsqueda de reconocimiento
Tras el ingreso al predio, emergen otros momentos en la construcción del nuevo territorio, como la búsqueda de reconocimiento legal. Como menciona Briones (2004) , la producción cultural de aboriginalidades, en tanto construcción de alteridad, y las condiciones de reproducción material y de existencia de los pueblos indígenas varían de país a país, no solo en términos socioeconómicos sino también de reconocimiento, de representación política y simbólica, o juridización de su alteridad. En esa línea, los qom de Pampa del Indio comparten con otros pueblos un sinfín de eventos históricos de despojo y cercamiento territorial, pero también experiencias de trabajo colaborativo con el Estado, para la entrega de los títulos de propiedad indígena, y de participación política dentro de agencias específicas como el Instituto del Aborigen Chaqueño. De esto deriva la necesidad explícita de contar con los reconocimientos oficiales y acreditar la titulación o los permisos sobre los terrenos, lo cual supone precaver eventuales problemas con otros habitantes rurales y de posibles desalojos judiciales o, incluso, constituirse como beneficiarios de determinados programas estatales, como la construcción de viviendas. Al respecto, Vommaro (2007) plantea que estas demandas de regularización dominial -que es el régimen legal para acceder al título de propiedad de la tierra- pueden ser analizadas como una estrategia de legitimación y defensa del espacio construido, antes que como una reparación del “acto violatorio” que supone el ingreso a una propiedad privada sin los permisos correspondientes. Como señala un habitante de la ocupación de Lote 4:
Si está unida la gente se puede lograr. Estaba ahí el criollo con sus vacas. Después le dieron un tiempo, porque van a robar una y nos van a culpar a toda la comunidad […]. Porque vos ahí ya tenés derecho, tenés los papeles. Ya está reconocido, donde ocupa la tierra tiene que salir. Antes no teníamos eso. Ahí donde estábamos viviendo, escuché a mi papá que a mis abuelos les llegó la policía por esos lugares y le maltrató a los viejos. Ahora tenemos a mano los papeles. Porque, además, si vos no tenés eso, no podés hacer la luz, el agua, la vivienda. (A, habitante de la ocupación de Lote 4, entrevista con la autora, agosto de 2018)
Asimismo, esta búsqueda de legitimación de los pueblos preexistentes al Estado-nación se desarrolla en tanto recuperación del territorio apropiado. La toma de tierra, en este sentido, es una coacción material propuesta para presionar “desde abajo hacia arriba” la recuperación de la tierra ancestral. Frente a esto, la respuesta que se espera del Estado es la formulación de políticas de resarcimiento, bajo la figura legal de “reparación histórica”, que de manera integral también contribuya a resolver ciertas injusticias hacia las poblaciones originarias. Por ejemplo, en el plano socioeconómico y humanitario se demanda el acceso a la producción agrícola, la alimentación y el suministro de agua7. Como señala Fraser (2000) , la lucha por el reconocimiento se ha convertido en la forma paradigmática del conflicto político, pero también los grupos que se movilizan tienen demandas de redistribución socioeconómica. Es por ello que el objetivo de la lucha política es una búsqueda bivalente de justicia social que espera recuperar el territorio indígena y obtener una redistribución para subsanar las injusticias socioeconómicas.
El tiempo de la cotidianeidad
En estas instancias comienzan las prácticas para llenar de contenido y volver habitable el espacio. Es el tiempo de la cotidianeidad en el que se deben resolver diversos desafíos que las familias enfrentan para poder continuar allí. En efecto, es, el momento más difícil y complejo de la ocupación de tierras, pues dejan de ser habituales el acompañamiento del resto de los miembros de la comunidad y las relaciones interétnicas solidarias, a la par que escasean los recursos y las condiciones de vida se deterioran por ser lugares sin una mínima infraestructura -acceso a agua, electricidad y alimentos-.
Siguiendo a De Certeau, en lo cotidiano es que los practicantes despliegan tácticas regidas por otro tipo de lógica, que se producen sin capitalizar y sin dominar el tiempo. Es decir, son creaciones colectivas bajo una lógica comunitaria, surgidas de la experiencia y competencia de habitar “lugares comunes” y de jugar con lo inevitable de los acontecimientos para hacerlos habitables. Son además signo de conocimientos previos, se trata del “hogar desorbitado de la cultura” (2010, LII). En esta línea, los bienes o recursos en la ocupación de Lote 4 eran obtenidos a través del extenso sistema de reciprocidades establecido previamente entre los parientes y el resto de los ocupantes. Entre estos, la construcción de viviendas a quienes por cuestiones personales, laborales o responsabilidades políticas no podían hacerlo. En este “intercambio de favores” todos eran conscientes de las obligaciones implícitas en las prestaciones en que intervenían, aun cuando estas asumían la forma de “ayuda” en los momentos de necesidad (Gordillo 2006). De esta manera, las familias recurrían al capital social con el que contaban para asegurar la circulación de los recursos. La misma organización podía ser considerada como un complejo y efectivo sistema que apuntaba a maximizar ventajas y beneficios del medio ambiental y comunitario, así como a construir nuevos lazos sociales entre los habitantes del lugar. Es por ello que el trabajo doméstico y la expansión de las redes sociales también adquirían valor instrumental con el objetivo de resolver los dilemas de infraestructura. Entre las tareas cotidianas, las más importantes radicaban en la limpieza de un camino que conducía a la vertiente de agua más cercana y en el trabajo dentro de las huertas que se disponían para producir alimentos de autoconsumo. Este trabajo era realizado por distintos habitantes del lugar y suponía una labor comunitaria coordinada, de esfuerzo físico complejo, con el objetivo de disponer de recursos. La misma dificultad atravesaron quienes se encontraban en la ocupación de tierras en Pampa del Indio. Allí, pese a la cercanía al ejido urbano, se debía resolver el tendido eléctrico provisorio y el trazado urbano propuesto dentro de la ocupación (figura 2).
En definitiva, en las situaciones diarias de desmontar y abrir un camino, tender el cableado eléctrico, construir viviendas, cuidar los cultivos, buscar agua en bidones, entre tantas otras que se dan en el mundo de la vida cotidiana, es donde se construye otro tipo de resistencia; aquella que tiene carácter rutinario y es menos visible en el complejo repertorio de la lucha etnopolítica. La misma trasciende los momentos de estallido social de ingreso al predio y de solidaridad política y forma parte de la instancia irreducible de la agencia humana, que es la política más meticulosa cincelada en la filigrana de lo cotidiano (Das 2008). Estas formas de obrar están necesariamente inscritas en las estructuras socioeconómicas y permiten la reproducción social de estas poblaciones en el ámbito rural (Bourdieu 2007). Pero, fundamentalmente, muestran la capacidad de agencia que tienen los campesinos qom para pensarse y actuar aun en aquellos casos en los que la acción social está casi determinada en su totalidad por asimetrías agobiantes y por situaciones de vida sumamente adversas.
Por lo tanto, es en estos momentos de resistencia creativa y cotidiana en los que se define el desafío más complejo de lucha por el territorio y la permanencia en el ámbito rural; es cuando las personas se proponen actuar para disponer de un lugar, crearlo y hacerlo habitable y así reproducir su propia vida. El territorio, como producto social de estas prácticas, constituye un espacio comunitario en el que se recrea la cultura y se reproduce el habitus de las tareas domésticas y colectivas. De esta manera, se autoconstituye una gramática social que regula las relaciones entre sus miembros, les asigna pertenencia y les brinda seguridad a través de acuerdos vividos.
Resistir es ocupar: los operativos de desalojo judicial
Si bien los desalojos, junto con otros tipos de apropiaciones de tierra a pueblos indígenas, son mecanismos de desposesión inscritos en procesos de larga duración histórica, la particularidad que nos interesa destacar reside en la resistencia a los mismos en el contexto de los procedimientos judiciales. Estos se desarrollan en el marco del incumplimiento de la Ley nacional 26.1608 -recientemente modificada bajo el registro n.º 27.400-. Esta legislación, promulgada en el año 2006, declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas y suspendió por un plazo estipulado -con vigencia hasta fines de 2021- la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto fuera el desalojo o desocupación de las tierras contempladas9. No obstante, pese a los avances significativos que dicha legislación confirió a la situación de irregularidad dominial de numerosas comunidades indígenas, su implementación y cumplimiento ha sido muy desigual en el territorio argentino. Incluso contradictoria en relación con estos marcos regulatorios, los intereses económicos sobre la tierra, vinculados a emprendimientos extractivistas o inmobiliarios, y los procedimientos de desalojo efectuados, con situaciones graves de violencia y procesamiento de líderes indígenas (Guiñazú 2019).
En respuesta a esto, la población indígena en Pampa del Indio suele responder de manera colectiva: acuden al lugar de los hechos e intentan impedir que se efectúe el acto procesal. En estos eventos suelen intervenir un conjunto de actores sociales: por un lado, las familias víctimas del desalojo, los integrantes del movimiento social y otras instituciones que se solidarizan con la situación -organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras que trabajan con comunidades indígenas- y, por el otro, los agentes estatales del Ministerio Público -jueces, fiscales y efectivos de policía a cargo del operativo-. En los últimos años se registraron dos casos que alcanzaron estado público y mediático, en los que se hizo efectiva la orden judicial, se procedió a la intervención de la parcela de tierra y se detuvo el acto procesal por injerencia de la comunidad indígena. Nos referimos al intento de desalojo de la familia A-B en el paraje rural El Rincón en 2010 y al desalojo reciente de la familia R-S en el pueblo de Pampa del indio en 2018.
La invisibilización de la preexistencia y el interés por la tierra
El primero de los casos analizados comenzó cuando en 2008 la familia A-B inició los trámites para la prescripción adquisitiva del predio que habitaba desde hacía más de setenta años10. En la instancia judicial tuvieron conocimiento de que el lote se había adjudicado anteriormente a una nueva propietaria, sin haber sido informados ni consultados. Frente al reclamo e inicio de trámites en el Instituto de Colonización de la provincia del Chaco, para resolver la posesión a favor de la familia indígena, la propietaria del lugar demandó judicialmente por usurpación a los habitantes del lugar. Allí comenzaron los enfrentamientos directos entre la familia A-B, la supuesta propietaria y los agentes del Ministerio Público Fiscal. Las denuncias y citaciones de la justicia a la familia fueron reiteradas. Esto supuso un cúmulo de gastos de traslado y honorarios de profesionales que debieron enfrentar de manera individual. Además, como parte de las recomendaciones de organismos estatales, asumieron el gasto económico por alambrar el predio en cuestión, a fin de acreditar su preexistencia allí y sentar el precedente de haber realizado “mejoras” al lugar11. Estos esfuerzos fueron mitigados por la solidaridad de integrantes de la comunidad que pertenecían a movimientos sociales, así como por personal del Instituto Nacional de Cultura Popular (Incupo). Así relata aquellos hechos uno de los integrantes de la familia A-B:
La organización siempre nos apoyó a nosotros. Hasta exclusivamente le pedimos que nos ayuden para alambrar el campo. Pusimos una fecha y se alambró todo el campo, más o menos una semana y media vinieron la gente. Estuvieron con nosotros alambrando las 132 hectáreas. Se alambró toda la vuelta y no se acercó la dicha dueña, nadie. Entonces ella nos denunció después. Pero antes yo me fui a la comisaría a asentar que alambré mi campo. Después ella nos denuncia a nosotros y viene con toda la policía y tumba toda una casita que teníamos allá, donde vivía mi hermano. Y de ahí yo me comunico con los dirigentes y con Incupo. Ahí ellos se vinieron. Aparecieron las organizaciones, la gente que trabajaba en Incupo, vinieron a ver el lugar, qué es lo que estaba pasando. (SB, habitante del paraje rural El Rincón, entrevista grupal de la familia A-B con la autora, enero de 2018)
El hecho de impeler a una familia indígena, que vive en condiciones de subsistencia, a asumir gastos innecesarios de infraestructura, transporte y trámites engorrosos, para dar cuenta de su preexistencia sobre aquellas tierras, es parte de una violencia institucional que continúa reproduciéndose en diferentes organismos estales, a pesar de las denuncias y protocolos de actuación existentes (Tamagno 1997). Estas acciones hacen parte de políticas racistas que subestiman, descalifican e invisibilizan los reclamos indígenas. Y, en definitiva, justifican la resolución final de la justicia al apelar a la demanda de la propietaria legal del predio y proceder al desalojo de la familia A-B en 2010. Asimismo, como señaló Menéndez (2018) , la condición de inferioridad como modo de racismo se relaciona con un modelo de desarrollo basado en los intereses de los sectores dominantes dentro del Estado y la sociedad de mercado. Por lo tanto, el racismo es funcional a la explotación y acumulación de capital, de ahí su vigencia en estas acciones de desalojo judicial. En esta línea, la familia A-B daba cuenta de los intereses sobre su territorio y el potencial uso económico y extractivo que se pretendía hacer de ellos:
Nosotros le dijimos a la dueña: “nosotros no vamos a salir porque somos los que siempre estamos acá y ahora resulta que usted tiene el título, supuestamente, y que nunca ocupó la tierra, lo único que te interesa es vender las maderas”. Tuvimos una discusión así. […] Vendían madera, sí, mucho tiempo vendió madera, algarrobo, todas las maderas que sirven, cortó”. (Familia A-B, habitante del paraje rural El Rincón, entrevista grupal con la autora, enero de 2018)
Algo similar ocurrió con la familia R-S cuando se realizó su desalojo del predio en el que había vivido por generaciones, al ser comprado por una empresa constructora local con intereses inmobiliarios en la zona. Resulta que aquellas parcelas ubicadas en las inmediaciones del pueblo de Pampa del Indio habían sido adquiridas hacía unos treinta años por la Confederación Evangélica Juan Bautista, con destino al usufructo de indígenas. Previamente vivía allí una familia qom que, bajo acuerdo de palabra, se había hecho cargo de las tareas de cuidado del lugar. No obstante, años después, los administradores de dicho espacio decidieron vender arbitrariamente el predio. En mayo de 2018 se procedió al operativo de desalojo sin previo aviso, con el agravante de que en aquel momento vivían allí una mujer con una discapacidad y su hija (“Pampa del Indio” 2018).
Estos hechos muestran que el problema trasciende, en definitiva, la órbita de lo legal y el dilema entre propietarios “legales” y ocupantes legítimos. En efecto, ni las distintas acciones y medidas de infraestructura adoptadas por la familia ni la legislación específica existente para pueblos indígenas pudieron impedir el accionar judicial. Más bien estamos frente a un problema político. En estas agencias estatales prevalecen sentidos impresos al indígena que lo posicionan en un lugar de desigualdad respecto a los derechos de ciudadanía adquiridos. Estas representaciones parecieran remontarse a la dicotomía civilización/barbarie que movilizó el surgimiento del Estado-nación argentino, en el que los territorios eran vistos como “desiertos” por la ausencia de control estatal, capitalismo y civilización (Wright 1998). En efecto, al igual que en esos momentos, el despojo se plantea como un factor “inevitable” para el progreso y la civilización que traen aquellos que pretenden adueñarse del espacio (figura 3). El orden estatal se desarrolla a partir de la estructuración de un aparato burocrático que efectiviza la propiedad privada e introduce prácticas capitalistas con formatos culturales que se articulan con su dinámica reproductiva. En tal escenario resultan ajenos otros modos de vida y, por lo tanto, se invisibiliza y omite la preexistencia de los pueblos originarios sobre el territorio, en lugar de ser sujetos de derechos12.
Expulsiones moralizantes y lo colectivo hecho cuerpo
La mirada sociológica devela en las resistencias a los operativos de desalojo judicial, prácticas socioculturales de larga trayectoria; formas de pensar, obrar y sentir que se fueron configurando en las experiencias históricas de lucha etnopolítica por la defensa del territorio. Esto permite comprender la acción sorpresiva de quienes integran la FNC, al ver en peligro a una familia y acudir en su defensa. En efecto, de manera similar a las ocupaciones de tierra, el espacio político y sociocultural en el que se desarrolla la resistencia tiene un sustrato colectivo. Concretamente, la noticia se difunde entre los miembros de la comunidad y, de a poco, las personas comienzan a congregarse en las afueras de la vivienda o la chacra en cuestión. La FNC, como movimiento social, despliega en esta estrategia etnopolítica un papel fundamental al activar una etnicidad en la que la noción de “pueblo” opera con base en intereses comunes y de larga trayectoria en la resistencia territorial. Como mencionaban los integrantes de la familia A-B:
Y la empezamos a empujar [a la policía]. Les exigimos que salgan afuera porque ellos no son dueños. Estábamos todos juntos y por eso quedamos vivos. […] ahí nos llevaron detenidos, pero estuvo la delegación de Incupo y las organizaciones. Se fueron a la comisaría y de ahí nos soltaron, porque estaban todos afuera reclamando. (Familia A-B, habitante del paraje rural El Rincón, entrevista grupal con la autora, enero de 2018)
Este “resguardo comunitario” que recibió la familia es un comportamiento que trasciende, sin duda, la legalidad o no de los hechos y las motivaciones individuales de los qom. De igual manera sucedió con el intento de desalojo de la familia R-S, al disponerse de un “cordón humano” para frenar el avance de los operativos judiciales. Incluso, los movimientos sociales de la zona se reunieron con la familia en cuestión y acordaron iniciar una ocupación de tierras en el lugar, para asentar, recuperar y reafirmar el destino inicial del predio.
Estas prácticas colectivas se construyen en contraposición al permanente señalamiento del Estado como “intrusos” o “usurpadores”, que figura en las causas de procesamiento judicial hechas a los integrantes de la familia A-B. La lógica subyacente a estas medidas es que se espera que funcionen como desalojos pedagógicos para desarticular la posibilidad de resistencia, a partir de la imposición de una violencia explícita como la quema de las pertenencias de la familia y de la infraestructura que se había realizado sobre el predio, para lo cual se persigue y procesa a todo aquel que se solidarice con la situación, incluso a los periodistas que acudan a registrar los hechos (“Insólita imputación” 2014). Estas expulsiones moralizantes se realizan como una decisión política que no siempre es explicitada y evidencian una ilegalidad doblemente agravada, ya que no solo se accionan sobre una posesión preexistente en incumplimiento de la Ley 26.160, sino que también remiten a políticas de odio y racismo.
Conclusiones
En este artículo se analizaron las estrategias territoriales que desplegaron las poblaciones de campesinos qom en el marco de la movilización etnopolítica en la localidad de Pampa del Indio, en particular, las ocupaciones de tierra y la resistencia colectiva a los desalojos judiciales. Ambas son experiencias colectivas que atraviesan contradicciones y generan una conflictividad permanente con el Estado y otros actores sociales. Para los campesinos indígenas, que participan de movimientos sociales como la FNC, son parte de la resistencia creativa estructurada en el vínculo de dominación/sometimiento que se presenta como alternativa para resolver por sus propios medios, un lugar donde vivir. El objetivo consiste en recuperar su territorio como parte del derecho consuetudinario orientado a hacer efectiva la figura jurídica de “reparación histórica” como pueblos preexistentes. De esto se desprenden, también, demandas de regularización dominial para legitimar el espacio construido y el acceso a otros recursos y servicios que permitan la reproducción social.
No obstante, en situaciones como las analizadas con la familia A-B, el cumplimento de requerimientos dispuestos por las normativas y el aprovechamiento de las legislaciones específicas para pueblos indígenas no impide las acciones judiciales de desalojo. Estos hechos demuestran que el problema de acceso y propiedad de la tierra trasciende la órbita jurídica por los dilemas que se generan entre supuestos propietarios legales y ocupantes legítimos. Más bien, comporta un problema político debido a que entre las agencias estatales y los operadores judiciales prevalecen sentidos que posicionan al indígena en un lugar de desigualdad respecto a los derechos de ciudadanía.
Ante esta situación, las estrategias que despliegan estos colectivos y los desafíos a los que se enfrentan adquieren otra envergadura en el análisis social. No pueden ser pensados como eventos desconectados o “espontáneos” de personas que se reúnen para resolver una situación problemática o para acudir a lo que consideran un desalojo injusto. Son, más bien, prácticas colectivas estructuradas y ancladas en procesos de resistencia y lucha etnopolítica de larga duración. Las mismas actualizan el histórico conflicto por la tierra e incorporan, a la tensión sobre el acceso y la propiedad, otros elementos que son relativamente nuevos en el abanico de protesta social. Nos referimos a acciones vehiculizadas y organizadas desde los movimientos sociales con demandas de reconocimiento, socioeconómicas, productivas y socioambientales para garantizar la reproducción de la vida en todos los aspectos.
Tampoco suceden ni culminan en la acción concreta de “estallido social”, como lo supone ingresar a un predio o enfrentar un operativo judicial, sino que atraviesan por distintas instancias: aparecen formas de obrar, sentir y pensar propias del habitus que plantean una logística, organización y participación para resolver los dilemas que se van presentando. Particularmente, en la etapa de construcción del nuevo territorio, se encuentra que los desafíos cotidianos que resuelven los ocupantes, de manera colectiva y coordinada, son prácticas fundamentales en la resistencia, suelen estar invisibilizadas, y podría decirse que son definitorias para lograr la permanencia de los campesinos en el ámbito rural.
Finalmente, en estas instancias de acción colectiva y cotidiana de los qom para defender y construir sus espacios de vida, el espacio político y sociocultural tiene un sustrato colectivo. Allí, la FNC, como movimiento social, despliega en esta estrategia etnopolítica un papel fundamental al activar una etnicidad en la que la noción de “pueblo” opera con base en intereses comunes y de larga trayectoria en la resistencia territorial. Por lo tanto, pese a los momentos de tensión, violencia y racismo, estas poblaciones están dispuestas a recuperar la tierra como parte de su lucha etnopolítica. De ahí que sea fundamental la solidaridad y el acompañamiento como resguardo comunitario que protege la integridad de quienes participan.
