Crisis carcelaria en pandemia

La declaración global de la pandemia por la covid-19 a comienzos de marzo del 2020 agravó la crisis carcelaria de Latinoamérica. Estos espacios ya estaban pasando por una situación insostenible de sobrepoblación debido al aumento de la tasa de encarcelamiento (Ariza y Tamayo 2020). Argentina no era la excepción dentro de este contexto. Por lo tanto, fue necesario exigir reformas urgentes para facilitar la descongestión y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las PPL. El temor del ingreso del virus a los centros de reclusión se convirtió con el correr de los meses en un hecho. En las condiciones en que se encontraban las cárceles de Argentina podía suceder que se contagiara la gran mayoría de la población y se ocasionara una catástrofe humanitaria.

Diversos organismos internacionales se pronunciaron respecto a la magnitud del riesgo que representa el virus en prisiones y centros de detención, y sobre la necesidad de tomar medidas expeditivas para descongestionar las cárceles. Solo para mencionar alguna de las entidades, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos³ (CIDH) pidió tomar medidas pertinentes teniendo en cuenta la situación de hacinamiento en la región y las condiciones de insalubridad existentes. Para esta entidad había un grave riesgo para la vida, salud e integridad de las PPL y sus familias.

Según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena⁴ (SNEEP) del Ministerio de Justicia de la Nación, en 2016 había 76 261 personas en las prisiones (federales y provinciales). Para el 31 de diciembre de 2019 este número había ascendido a 100 634 personas, lo que representa una tasa de 224 personas por cada 100 000 habitantes. El 55,9 % se encontraba sin condena y la sobrepoblación se estimaba en un 23 %, aunque este dato varía entre los distintos sistemas. En este sentido, a comienzos del año 2019 el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, declaró la emergencia en materia penitenciaria por el término de tres años. Respecto a la provincial de Córdoba, según los últimos datos censales del 2019, existe una disminución del 3,8 % con respecto a la sobrepoblación y hay un 59 % de personas procedas (Dirección Nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal s. f. b.). Sin embargo, sabemos que la aplicación en el año 2017 de la Ley 27375⁵, que restringe derechos sobre ejecución de la pena, provocó un aumento exponencial en la población carcelaria de la provincia y a nivel nacional. A pesar de las estadísticas oficiales del 2019, nuestros interlocutores expresan que la sobrepoblación se evidencia y repercute en los accesos a los servicios de salud, educación y el aumento de la cantidad de camas colocadas en las celdas. Esta crisis carcelaria se evidenció en el 2019 con una serie de muertes en el Establecimiento Penitenciario n° 6 que es exclusivo para mujeres⁶.

Desde el comienzo de la cuarentena algunos tribunales instaron a los jueces a revisar la situación de privación de libertad, y solicitaron prisiones domiciliarias para algunos casos. Las solicitudes se asentaron en dos argumentos: la gran cantidad de personas sin condena firme (solo procesadas) y la demora del Poder Judicial para acelerar la resolución de las causas de aquellas personas que ya han cumplido su pena (lo que en la jerga se conoce como causas pasadas). Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicado en mayo del 2020, el 50 % de la población carcelaria se encuentra procesada (CELS 2020). Por otra parte, el documento informa que en las prisiones federales se concedió prisión domiciliaria a 320 personas, lo que representa un 2,5 % de las 12 600 que había. En el sistema penitenciario de la Provincia de Buenos Aires -el más numeroso del país-, las prisiones domiciliarias ascendieron a 800, lo que representa menos del 2 % de las más de 44 000 personas que allí se encuentran. De esta manera, la cantidad de personas en prisión domiciliaria no resulta significativa para la resolución del problema de sobrepoblación en pandemia.

En este contexto se sucedieron reclamos en las cárceles de distintas provincias del país como Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Buenos Aires y Catamarca. La revuelta en la cárcel de Devoto en la ciudad de Buenos Aires tuvo gran repercusión mediática debido al impacto visual que provocaron las imágenes de los internos en el techo de la prisión. En respuesta se firmó un principio de acuerdo entre las PPL, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales (Acifad)⁷ -como representante de familiares de presos-, el Gobierno de la Provincia, el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario Federal para revisar la situación de ciertos grupos. Estos serían personas en situación de riesgo sanitario (mayores de sesenta años y con enfermedades preexistentes), personas que pudieran acceder a libertad condicional o asistida, personas con salidas transitorias otorgadas, personas con condenas no superiores a tres años o que estuvieran en prisión preventiva⁸ hace más de dos años, mujeres con niños y niñas y embarazadas, extranjeros con trámite de expulsión y personas condenadas bajo el régimen penal de menores en violación a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A principios de septiembre del 2020 en las cárceles de Córdoba ocurrió el mayor brote infeccioso por coronavirus de la provincia desde el inicio de la pandemia, con más de trescientos contagiados y más de cinco muertos al día de la fecha⁹. Las recomendaciones de la OMS para prevenir el contagio -como lavarse las manos de forma regular, mantener la limpieza de los lugares y sostener una distancia mínima de dos metros entre personas- son imposibles de aplicar en lugares de encierro donde hay hacinamiento (OMS 2020). En el sistema penitenciario de Córdoba hay sobrepoblación, escasez de recursos y condiciones extremas de violencia, lo que significa un riesgo para la salud de los internos, de sus familiares y de los empleados del sistema penitenciario. En consecuencia, el contexto obliga a utilizar las comisarías como lugares de detención. La Unidad de Contención del Aprehendido (UCA)¹⁰, ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, está sobrepasada de detenidos y no posee las instalaciones necesarias para alojarlos. A comienzos del mes de septiembre comenzaron los primeros contagios en esta institución, luego se extendieron a otros establecimientos penitenciarios por los traslados que realizaron. Hasta el momento, son cinco los establecimientos penitenciarios en los que hay casos de covid-19.

Ahora bien, la situación en los otros países de Suramérica no dista mucho de la situación de nuestro país. Si bien las cárceles de Argentina tienen mejores condiciones objetivas comparadas con algunos países de la región, comparten similares problemas estructurales. Para el caso de Venezuela, se pudo rastrear a partir de diversas fuentes de organizaciones e instituciones, que el número de personas encarceladas en los distintos centros de privación de libertad es de 40 000 personas (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho -CEDD- 2020). Aproximadamente 20 000 personas están sujetas a alguna medida alternativa que implica permanencia residencial. En el contexto de hacinamiento se tomaron medidas restrictivas y preventivas para evitar el contagio, como la prohibición de visitas familiares y protocolos para reducir los contactos interpersonales. Las medidas implementadas y la tensión que esto supuso para los internos produjeron tres episodios de protestas, uno de los cuales se saldó con más de cuarenta víctimas fatales. La protesta fue difundida por medios de comunicación bajo la descripción de “violento motín” (“Evacúan cárcel” 2020). En este suceso los internos utilizaron armas de fuego, armas blancas y una granada. El director de la cárcel resultó gravemente herido y aproximadamente hubo treinta internos y diez trabajadores del personal penitenciario con destinos fatales.

Según datos del Documento del Centro de Estudios de Drogas y Derechos de Bogotá, en Colombia para junio de 2020 había un total de 121 010 PPL, con un hacinamiento del 49,4 %, teniendo en cuenta que el sistema está habilitado para alojar a 80 709 personas (CEDD 2020). En esta coyuntura, la Corte Constitucional de Colombia declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema penitenciario y carcelario, debido a la falta de condiciones mínimas de salubridad y alimentación. Al igual que en Argentina, se suscitaron varias protestas en centros de reclusión a partir de la declaración del aislamiento. Las demandas de las PPL solicitaban al gobierno beneficios de libertad condicional a poblaciones específicas. En medio de las protestas en una de las cárceles de la ciudad de Bogotá hubo un saldo trágico de veinticuatro personas muertas (“Cárcel La Modelo” 2020).

Por último, el sistema penitenciario de Brasil también está en crisis. Según datos extraídos de un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reporta, a diciembre de 2019, una tasa de hacinamiento del 140 % y un aumento de un 224 % de esta población entre el año 2000 y 2019 (“La CIDH” 2020). De este modo, la Comisión ha denunciado las condiciones de detención en cárceles brasileñas caracterizadas por una infraestructura deficiente, atención médica negligente, completa falta de higiene, ausencia de artículos de primera necesidad y alimentación inadecuada. Dichas condiciones crearían un ambiente propicio para la proliferación y avance del virus de la covid-19. Según datos del Departamento Penitenciario de Brasil (Depen), a fines de julio del 2020 se contabilizaban 11 437 contagios, 3 021 casos sospechosos y 73 muertes (“La CIDH” 2020). Vale aclarar que se realiza el test de covid-19 a menos del 0,5 % de la población carcelaria. La situación al día de hoy es cada vez más trágica, la tasa de mortalidad y contagios al interior de los centros de reclusión no solo no se detuvo, sino que ha ido en aumento.

“No fue un motín, el Estado es responsable”

El 6 de abril de 2020, funcionarios del servicio penitenciario de la cárcel de Bouwer reprimieron una manifestación en uno de los módulos del complejo carcelario del establecimiento. Dicha represión se originó en respuesta a una huelga de hambre que realizaron los internos en señal de protesta. Las PPL reclamaban por las restricciones al ingreso de visitas al servicio penitenciario. Semanas después organizaron otra protesta para solicitar medidas sanitarias y judiciales que disminuyeran la población carcelaria. Previamente, tanto las PPL como sus familiares, habían reclamado judicialmente por las excarcelaciones de aquellas personas que estaban en prisión preventiva por delitos menores o que estaban pronto a cumplir su condena. En este acto solicitaban prisión domiciliaria para mujeres madres con hijos, embarazadas y quienes fueran de la tercera edad o tuvieran patologías previas.

En nuestro trabajo de campo acompañamos el proceso de conformación de un colectivo de familiares y activistas de derechos humanos de las PPL. Este se constituyó luego de las huelgas de hambre realizadas en el 2019 en el centro de detención para mujeres de Bouwer¹¹. Este grupo autodenominado “Autoconvocadxs Anticarcelarixs Córdoba” creó un grupo de WhatsApp del cual formamos parte. Con el comienzo de la pandemia y la prohibición del ingreso de visitas, este espacio virtual fue necesario para que los familiares narraran lo que sucedía en las prisiones, a través de los llamados que recibían desde el interior. El grupo les permitía, además, intercambiar la escasa información que tenían sobre las huelgas que habían iniciado.

Mi hijo me llamó esta mañana para decirme que se estaba armando en el MX2 [módulo del complejo carcelario de Bouwer], estaban discutiendo porque el jefe de seguridad les había dicho que se suspendían las visitas. Los chicos estaban esperando la última visita y durante la llamada se escuchaban gritos. Las visitas que iban hoy estaban preparadas para llevar lavandina, jabón blanco y líquido a escondidas para que se puedan lavar las manos. No me llamó más, no sé qué más pasó. (Conversación en chat de Whatsapp con Rosa. En línea, abril de 2020)

En este sentido había una carga sobre los familiares para acceder a los recursos que escaseaban en el interior de las prisiones. Los familiares ingresaban los “bagayos”¹² en las visitas para poder garantizar y satisfacer las necesidades básicas de las PPL. En este contexto los elementos de higiene fueron bienes necesarios para las prácticas de cuidado y no expansión del virus al interior de los pabellones. De este modo, la demanda sobre los sujetos que estaban fuera de la prisión para poder sortear la vida al interior de la cárcel puso de manifiesto la situación provocada por las restricciones con el inicio de la pandemia.

Durante los primeros días del aislamiento (ASPO) circularon por el grupo de WhatsApp de Autoconvocadxs y por medios de comunicación provinciales y nacionales videos filmados al interior de la cárcel. En uno de estos un interno con el rostro escondido tras una remera declara:

El virus nos terminó de quitar todos los beneficios. No estamos pidiendo la libertad, queremos vivir igual que vos. Estamos pagando un error, no esperando la pena de muerte. Esto no es una queja, es una denuncia al Estado. Estamos sufriendo abandono de persona por parte de la Justicia y los organismos de derechos humanos, y estamos sufriendo también abuso de poder en manos del Servicio Penitenciario. No hay suministros médicos ni controles de la salud de los internos. (“Video” 2020)

En otro de estos videos se podía observar cómo -en modalidad de protesta- los internos lanzaban alimento hacia la “lorera”¹³. Así, la comida que les había sido entregada por el Servicio Penitenciario fue utilizada para demostrar descontento ante la situación. Familiares, organizaciones y detenidos sostuvieron que al día siguiente fueron llevados desnudos al patio del establecimiento penitenciario, bajo amenaza de ser trasladados a otras cárceles de la provincia, mientras revisaban las celdas y pabellones. Algunas de las palabras de una PPL que fueron difundidas por las redes sociales luego de las amenazas sufridas por el Servicio Penitenciario fueron: “queremos hacer una huelga pacífica, que nos vengan a escuchar del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Nuestra pelea es esa, que nos escuchen” (^{Palbmaum y Canteros 2020}).

Como nos advierte Gluckman (2011) estos rituales de rebelión son una puesta en escena de un nivel de protesta contra el orden establecido. Se trata de un cuestionamiento por los conflictos fruto de procesos históricos que construyen los principios estructurales de la cárcel y que dan cuenta de otros modos de resistencia por parte de las PPL (Scott 2014).

En uno de los pabellones donde se produjo la protesta se encontraba el hijo de una de nuestras interlocutoras. Por audios de WhatsApp nos relataba la angustia provocada por la incertidumbre de no saber el estado de salud de su familiar. Su experiencia nos hablaba de la preocupación de los allegados por los internos, por la cantidad de personas enviadas a otras cárceles del interior provincial de modo arbitrario y por la falta de información sobre la lista de nombres de “los capeados”¹⁴.

Me llamó Pedro, está en enfermería con impacto de balas de goma. Dice que es al único que no han capeado, se llevaron a todos los de su pabellón. Estaba sacado, muy nervioso, me dijo que va a volver al pabellón para volver a luchar por sus compañeros, que vio cómo los golpearon. Nos tiroteaban como perros, me decía. Me dijo que no están recibiendo la comida y que iba a volver al pabellón por sus compañeros para no recibir nada y seguir con la huelga. (Conversación en chat de Whatsapp con Agustín. En línea, abril de 2020)

Desde la huelga de hambre y los primeros contagios en la UCA, seguido por la expansión del virus en la cárcel de la ciudad de Río Cuarto, los familiares realizaron algunas reuniones frente al Tribunal Superior de Justicia. Estas movilizaciones fueron gestionadas a través del grupo de WhatsApp y de llamados telefónicos entre familiares y activistas, para denunciar la ausencia de respuesta del Servicio Penitenciario. De igual modo, le reclamaban a la Justicia la falta de celeridad en la resolución de las causas para minimizar la cantidad de contagios al interior de los establecimientos penitenciarios. Se realizaron movilizaciones frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia y a la del Ministerio Provincial de Justicia y Derechos Humanos. En esta última se presentó una nota en reclamo por la situación de hacinamiento y la ausencia del funcionamiento de las carpas sanitarias que habían sido instaladas al comienzo de la cuarentena.

Diversos trabajos (Corazza 2018; Ferreccio 2017; Ojeda 2013) comprenden que la experiencia de la prisión sobrepasa la penitenciaría y se produce también sobre otros actores que están por fuera. Esta situación se puede percibir en el modo en el que se vio alterado el cotidiano de las personas que ingresaban semanalmente a la cárcel para visitar a sus familiares. Las personas que visitan son un grupo feminizado, ya que generalmente las PPL son sus maridos, compañeros e hijos (Ferreccio 2018). Tal como explicamos previamente, ser una persona que visita implica una transformación sobre la vida. Estas personas deben movilizarse semanalmente para llegar a las prisiones, enfrentar la violencia penitenciaria, continuar estrechando lazos afectados por la pérdida de la libertad y garantizar el acceso a los recursos de las personas que visitan. El sometimiento de los cuerpos de las PPL también se extiende hacia el mundo familiar (Ferreccio 2018). Esta relación entre las PPL y sus visitantes se ha visto afectada por la pandemia. Debieron afrontar las dificultades para transitar la cárcel frente a las prohibiciones de circulación.

Del mismo modo, las movilizaciones realizadas frente a las instituciones públicas en demanda de acciones gubernamentales ponen de manifiesto y tensionan las limitaciones físicas y simbólicas que supone la cárcel. El constreñimiento de la prisión es llevado a los cuerpos de los familiares de las PPL en el espacio público. Esto es ejemplificado en el ocultamiento de los rostros de las PPL cuando se difunden imágenes y vídeos de las movilizaciones que realizan por miedo a las represalias. Asimismo, los familiares evitan decir los nombres de las PPL para que no sean identificados. Tal como explican Pereyra y Zenobi (2017), la construcción de legitimidad de la figura de familiares de detenidos conlleva la dificultad de la “sombra de la prisión”. Además de denunciar el avasallamiento de derechos, deben justificar los sentidos morales de la vida de las PPL.

Tal como define Sozzo (2007), en Argentina el populismo punitivo reconstituyó la cárcel en un modelo de prisión-depósito. Dicho modelo se caracteriza por la prolongación de los procesos penales y el aumento de PPL sin condena firme. Ambos factores empujan al crecimiento de la población carcelaria y, por lo tanto, a la superpoblación, el hacinamiento y las condiciones de vida inhumanas en las prisiones. De tal modo los centros de detención en Latinoamérica (Ariza y Tamayo 2020; Sozzo 2007) están atravesados por una multiplicidad de violencias que constituyen un escenario fértil para que, en el contexto de una pandemia, se exacerben las disputas y los sentidos de resistencia. Además, la superpoblación carcelaria que padece Latinoamérica previa al surgimiento de la pandemia de la covid-19 pone el acento en las prácticas informales para acceder a los medios de subsistencia.

Emprendedores de otredad: imágenes y narrativas mediáticas

Con la intención de comparar las representaciones sociales de las PPL y sus familiares con las representaciones sedimentadas en el imaginario colectivo respecto de los motines, interrogamos a nuestros interlocutores sobre cuáles medios de comunicación utilizan para informarse sobre lo que sucede en las prisiones. De las respuestas que obtuvimos podemos inferir que fundamentalmente utilizan redes sociales, y en segunda instancia, televisión y radio. Facebook, Canal Doce y Cadena 3 son los medios más nombrados por nuestros interlocutores. Estos dos últimos mencionados son los principales medios, televisivo y radial respectivamente, de la provincia.

Observamos y analizamos imágenes fotográficas y audiovisuales difundidas por los medios de Córdoba respecto de la situación carcelaria desde que se declaró la pandemia mundial hasta la actualidad. En general, los medios mencionados comunican solo cuando hay incidentes o protestas en las cárceles. En otras palabras, no transmiten sobre la situación de crisis sanitaria en el sistema penitenciario ni diaria ni semanalmente. Desde la declaración del ASPO, no comunicaron las demandas de internos y familiares ni mostraron las condiciones de los establecimientos penitenciarios. Los videos de las protestas son publicados con títulos que enfatizan en las actuaciones violentas, el desafío a la autoridad y las demandas de las PPL vinculadas al cese de prisión (“El violento motín” 2020; “Así quedó la cárcel” 2020; “Motín en la cárcel” 2020). En las notas que aclaran las fuentes de información, citan al Servicio Penitenciario de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. En otras notas no se aclara la fuente, por lo que nos preguntamos ¿cuáles son las fuentes privilegiadas o disponibles para la producción de las noticias en cárceles? ¿Cuál es el peso de las agencias del sistema penal en la construcción de estos relatos?

Tal como coincide en señalar gran parte de la literatura académica (Kessler 2009), los medios guardan para sí el poder de decir y significar. Es en este proceso que se convierten en transmisores de orientaciones y modelos hegemónicos (Bermúdez y Caminos 2019). Isla y San Martín (2009) analizan el rol de los medios de comunicación en la construcción de representaciones sobre las violencias y el delito desde los noventa. El autor señala que los medios actúan encuadrando los asuntos percibidos como problemáticos. De este modo colaboran para construir el sentido común sobre estos temas e instalan ciertas representaciones en el imaginario colectivo. Expresiones utilizadas en las narrativas sobre los motines como “encapuchados” y “armados con palos” dan cuenta de la estrategia comunicacional de los medios y de la construcción de cierta estética sobre la población carcelaria.

El proceso histórico de construcción de representaciones sobre los motines en Córdoba tiene como emblema el motín del penal San Martín, ocurrido en el año 2005 en un barrio próximo al centro de la ciudad. La protesta se desató como oposición a la modificación del régimen de visitas implementado por el Gobierno provincial. Esta modificación prohibía el ingreso de personas con antecedentes penales o que hubiesen estado presos, por considerarlos de moralidad dudosa. Los factores que produjeron la rebelión fueron la sobrepoblación, las relaciones conflictivas entre el director del penal y los internos, y la presión social sobre los presos y los empleados del servicio penitenciario.

Este suceso histórico fue cubierto por diversos medios de comunicación de la provincia y tomó rápidamente amplia repercusión mediática. Durante casi cuarenta y ocho horas, los medios televisivos filmaron en vivo lo que acontecía en el sitio. La estética que adoptaron fue similar al estilo narrativo policial, es decir, una estética hiperbólica, repetitiva y exacerbada que deformaba la realidad. Narraban literalmente lo impresionante y violento que se veía desde fuera. Dos imágenes quedaron grabadas en el imaginario colectivo sobre este acontecimiento. Una, es de cuando los internos en el techo tomaban de rehén a un penitenciario al que habían golpeado. Otra, es del momento en que un grupo de internos intentó escapar en un camión y la policía los detuvo disparando. En ese intento de escape asesinaron a cuatro presos y otros fueron llevados a la Cárcel de Encausados donde sufrieron torturas. El supuesto motín tuvo como saldo ocho personas muertas (cinco presos, dos penitenciarios y un policía). En el juicio realizado durante el año 2008, se condenó a los cincuenta y nueve detenidos que participaron de los hechos. El fallo del tribunal dejó asentado la responsabilidad política del gobierno provincial, así como de las autoridades del Servicio Penitenciario. Sin embargo, ningún funcionario fue imputado ni hubo determinación de responsabilidades penales sobre las autoridades. Así, el motín de la cárcel del penal San Martín sentaba precedentes en la deslegitimación de reclamos de las PPL. Este suceso sedimentó las representaciones sobre los motines, asentó la base sobre la que se construyeron las estigmatizaciones hegemónicas sobre los presos y contribuyó a la difusión de sentidos punitivos.

En este sentido, se podría trazar una continuidad en el tratamiento mediático de aquel suceso con la actualidad. Tanto la herramienta gráfica y escrita como el recurso fotográfico y audiovisual llevan el mensaje implícito de lo espectacular de la violencia. Las fotografías -de ayer y de hoy- de quema de colchones, internos encapuchados en los techos o empuñando armas hechas manualmente reproducen estigmatizaciones sociales. Los medios eligen qué y cómo mostrar, y en la selección estética de la violencia se esconde la intención de construir cierto tipo de sujeto. Es una estrategia comunicacional y política que busca generar distancia en el receptor justamente porque evita sentir empatía con las realidades personales de cada interno.

Tanto en las noticias como en las ficciones sobre las cárceles se exacerba un estereotipo del violento como aquel que se opone a la civilización. En Argentina se han producido series y películas sobre cárceles en las que se caracteriza a la población carcelaria de este modo. Por un lado, muestran la forma de resolver conflictos con motines violentos y espectaculares. Por el otro, los personajes en general son construidos a partir del estereotipo del preso¹⁵.

De este modo, parece difícil cuestionar las representaciones sobre la población carcelaria en el escenario que presentamos. La complejidad para desmontar los estereotipos que recaen sobre los presos reside en la dificultad de evidenciarlos. La opacidad que caracteriza al sistema carcelario hace que los estereotipos frente a las PPL continuamente se estén sobreponiendo y, por lo tanto, no se puedan constatar fácilmente. Por este motivo, también, las noticias muestran el ejercicio de la violencia en estos territorios más que en otros (Manchado, Morresi y Veliz 2019). Esto se convierte en un síntoma de una crisis social más general, que tiende a abordar acciones colectivas independientemente de las situaciones concretas. En este sentido, que los medios no privilegien el relato de los internos ni la realidad que pueden atravesar sus familiares no restituye su humanidad. Comunicar historias, trayectorias y experiencias -violentas y de sufrimiento entre estas- permite generar empatía con los presos, “recomponer membresía a la comunidad y restablecer lazos para la acción ciudadana” (Jimeno 2008, 174). No contar sus historias e invisibilizar sus trayectorias es lo opuesto.

Sugerimos entonces que los medios de comunicación homogeneizan los actos de resistencia bajo la categoría motín sin dar cuenta ni del contexto específico de enunciación y localización ni de las porosidades que tienen. En esta problemática, como afirma Champagne (1993), los medios fabrican colectivamente una representación social que, aun cuando está bastante alejada de la realidad, no hace más que fortalecer las interpretaciones espontáneas y, por lo tanto, moviliza y refuerza los prejuicios. Las violencias espectaculares que constituyen la primera plana de los medios ocultan las pequeñas violencias corrientes que se ejercen permanentemente (Champagne 1993). La yuxtaposición de violencias no puede verse en las fotografías. Las violencias, al igual que las resistencias, no siempre toman grandes dimensiones como para mostrarse en imágenes.

Así, el uso estratégico de las fotografías en este contexto posibilita reforzar el discurso punitivo incluso en una coyuntura de pandemia donde la propagación del virus al interior de las prisiones podría ocasionar una tragedia. Inclusive podría pensarse, tal como plantea Marina Azahua (2014), en que el otro -considerado enemigo- es eliminado a través de la fotografía. En este sentido, consideramos que la producción, reproducción y circulación de imágenes y audiovisuales de las protestas en las cárceles de Argentina y en especial de Córdoba son parte del complejo entramado social que legitima y legaliza las muertes al interior de las prisiones y que sostiene el discurso que construye un enemigo interno (Fassin 2016).

Este texto tiene como punto de partida la certeza de que los medios cumplen un rol fundamental en la configuración social sobre la que se gestionan las posibilidades de vida y muerte de los sujetos sociales. En este caso, reconstruyen la figura de la persona privada de libertad como peligrosa y, como correlato, influyen en la constitución del “deseo o imaginación punitiva” (Cozzi y Di Filipo 2019, 9). Desde la declaración de la pandemia, la construcción mediática sobre las representaciones de la población carcelaria y su resistencia se tornó evidente. Esto, por demás, se profundizó con la discusión respecto de la excarcelación de las personas privadas de libertad y con las noticias falsas que circularon al respecto en las que se afirmaba la supuesta liberación de presos peligrosos. La pandemia precipitó ciertos procesos en los que la proliferación de imágenes cumplió un rol central. Este contexto ha agravado temores y pánicos que históricamente han despertado los motines y los presos.

Reflexiones finales

A lo largo del texto buscamos cuestionar las valoraciones asignadas socialmente a las protestas y a los actos de resistencias en las cárceles. Lo hacemos porque consideramos que, desde la literatura antropológica, no se les ha dado lugar a los sentidos que les imprimen a sus prácticas los protagonistas de estas acciones: las PPL y sus familiares. Asimismo, se buscó tensionar los límites de las instituciones carcelarias. Se dio cuenta de las porosidades de estos lugares mediante una exposición de las estrategias que establecen los actores para sortear las incertidumbres de la prisión.

Atentos al ejercicio de la reflexividad antropológica y la vigilancia epistemológica, indagamos en las múltiples representaciones en torno a las prácticas de resistencia y los medios a través de los cuales se visibilizan. Esto se hizo con el objetivo de descentrar el foco en las manifestaciones violentas de las protestas carcelarias para dar cuenta de las complejidades que este escenario presenta. Finalmente se encontraron otras prácticas además del motín. Asimismo, se pudo dar cuenta de un rebasamiento de las fronteras carcelarias que provoca múltiples y variados modos de acción colectiva por parte de los familiares de detenidos y los activistas por los derechos de las PPL. En un segundo momento, se observó, además de una diversidad de acciones de resistencia al poder soberano del Estado (Foucault 2004) y de demandas a instituciones gubernamentales para que atiendan a sus derechos, un trabajo por parte de las PPL y sus familiares por des-adscribir sus reclamos a la modalidad reificada del motín. La búsqueda de estos colectivos por construir representaciones de la protesta carcelaria como pacífica y legítima da cuenta de la eficacia del discurso mediático -en nuestro análisis a través del uso social de las imágenes- en la configuración de representaciones y sensibilidades sociales. Frente a la construcción de estos discursos, que buscan asociar toda forma de protesta carcelaria a las representaciones de lo violento, los actores involucrados se esfuerzan por desmarcarse de estas en un intento de sumar legitimidad a sus reclamos.

Interesa dar cuenta de la ilegitimidad social que tiene la modalidad del motín en tanto históricamente asociada a sentidos de lo violento. Garriga y Noel (2010) analizan la relación entre violencia y legitimidad, y plantean que la violencia está socialmente deslegitimada cuando no se entiende en su contexto. La desinformación durante la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19 y la sobreinformación -proliferación de imágenes- respecto de las protestas en las cárceles son estrategias para profundizar estereotipos sobre la población carcelaria, deslegitimar sus reclamos, fortalecer el discurso punitivista y cancelar la capacidad creativa de las resistencias.

Por otra parte, el trabajo de campo con familiares y el acompañamiento a estos en distintas instancias de demandas hacia el Estado nos permite pensar otros modos de transitar el espacio cotidiano de encarcelamiento. En otras palabras, permite comprender los sentidos locales de resistencia a las múltiples violencias que deben atravesar los sujetos en las prisiones-depósito (Sozzo 2007). Las complejidades y dificultades de estudiar la cárcel acentúan las transformaciones en las subjetividades que guían los modos de hacer, de atravesar la supervivencia (Sykes [1958] 2017) y de seguir constituyendo porosidades al proceso carcelario (Corazza 2018; Cunha 2014; Goffman [1970] 2012; Liberatori y Villarreal 2018; Ojeda 2013). En este sentido, nuestro trabajo es una apuesta por mostrar las prácticas de resistencia y demanda tanto de las personas que habitan el interior de los establecimientos penitenciarios, como de aquellos que viven la experiencia carcelaria extramuros. A partir de describir algunas situaciones etnográficas, se buscó complejizar las formas de resistencia y otorgar densidad analítica al tema. Asimismo, con esta investigación también se buscó politizar la etnografía en cárceles a partir de ejercitar el enfoque procesual e histórico.