Fondo Nina S. de Friedemann

El 8 de julio de 1997, quince meses antes de fallecer, Nina S. de Friedemann se dirigió por escrito al historiador Jorge Orlando Melo, entonces director de la BLAA. Su carta lleva el membrete de la revista América Negra de la cual fue fundadora. En ella, le agradecía al director la deferencia de establecer el Fondo Nina S. de Friedemann con sus materiales y detallaba el contenido de veinte cajas que estaban listas para que la biblioteca las embalara hacia su sede de La Candelaria. Las cajas contenían seriales de revistas como Current Anthropology y Ethnology. En la comunicación también dejaba en claro la intención de nutrir el fondo no solo con material bibliográfico, sino con materiales de estudio. Ella señalaba, “A medida que mis ocupaciones lo permitan continuaré el trabajo de selección y empaque de materiales, conforme acordado en nuestra conversación al respecto” (archivo personal Greta Friedemann-Sánchez).

Nina debió de haber impreso dos cartas idénticas o de haberle mandado al director de la BLAA la carta por fax, porque ella me dio un original firmado cuando fue a Minneapolis, donde resido desde 1990. En esta ciudad también nacería su nieto menor en febrero de 1998, año de su muerte. Durante mis visitas a Colombia, Nina me mostraba los archivos y me decía: “Greta, aquí están las cartas de toda la época del Instituto Colombiano de Antropología”, eventos a los que haré referencia abajo. “Aquí están las fichas de Palenque, los carretes con las películas sin editar, las diapositivas del carnaval, las cintas de audio de este o aquel estudio con Jaime, los cuadernos de campo de Guapi. Aquí están…” ¿Cómo me iba a imaginar que Nina moriría antes de terminar la catalogación de su estudio y que yo tendría que recordar todos aquellos “aquí están” cuando me encargara de empacarlo? Fue ella quien decidió alimentar el fondo. Jaime Arocha y yo asumimos la responsabilidad de darle vida a esas intenciones.

Empacar el estudio era una labor dolorosa ya que, como lo expresó Jaime ^{Arocha (2003)}, “demolíamos el ámbito más preciado de la vida de Nina”; su estudio, el cual además era un espacio para reuniones e intensas conversaciones (142). Era numeroso el conjunto de personas que casi a diario llegaban a este espacio. En muchas ocasiones eran encuentros que se alargaban. Los visitantes incluían desde estudiantes hasta académicos tan reconocidos como Orlando Fals Borda, Xochil Herrera y Miguel Lobo-Guerrero. También personas que llegaban desde los Estados Unidos, como David Mayburry-Lewis, o desde Francia como Ariane Deluz. No faltaron los líderes sociales, como Rudecindo Castro, Piedad Córdoba, Pastor Murillo o Luis Carlos Galán. Y asimismo pasaron por ahí las gentes de las comunidades con las que trabajaba, como Alfredito Salas, huésped frecuente de almuerzos y comidas. La presencia de Jaime Arocha -con quien Nina trabajó cercanamente la mayor parte de su carrera- fue ubicua desde que se conocieron en 1977 (Arocha 2000). Debido a que Jaime es emocionalmente un miembro de la familia solo emplearé su nombre en el resto del artículo.

Jaime y yo contratamos a una asistente para realizar la tarea, que en ocasiones parecía irrealizable, de hacer un listado en una hoja de cálculo de todos los libros que iban a ir a la BLAA, incluyendo el número de la caja en la cual los íbamos metiendo. Al no tener acceso fácil a una biblioteca universitaria por razones que esbozaré más tarde, Nina había construido una biblioteca magnífica. Conocidos o desconocidos, colegas de todo el mundo le mandaban por correo libros y manuscritos para que ella los revisara. Esta tarea de revisión se multiplicó desde que asumió la dirección de la revista América Negra, pues en ese momento empezó a recibir innumerables publicaciones para que fueran reseñadas en la revista. De ahí que su escritorio permaneciera con arrumes de documentos que reclamaban su atención. Jaime y yo decidimos usar un sistema de clasificación de la biblioteca para que los documentos llegaran organizados a la BLAA (^{Arocha 2003}). Nina tenía el hábito de meter entre los libros fichas analíticas sobre lo que iba leyendo. De ahí que nuestra intención fuera que la BLAA tuviera no solo la biblioteca, como lo había decidido Nina, sino su visión acerca de esa variedad de escritos. Gracias a esto sería posible apreciar el crecimiento intelectual que nutría su creatividad.

El fondo también contiene todos los materiales de su ejercicio profesional. Es decir: apuntes, libretas, diarios de campo, grabaciones de entrevistas y de eventos de alto valor simbólico, como los ritos fúnebres. También incluye las fichas que usó para catalogar datos y los borradores de manuscritos. Se encuentran, además, todos los escritos de ella, ya sean libros, artículos en revistas o periódicos y artículos inéditos. Como era una antropóloga pública, el fondo asimismo contiene los documentos que a lo largo de los años fundamentaron su quehacer público. Por ejemplo, hay documentos sobre la gestión que llevó a cabo Jaime para que -junto con otros activistas- en 1990 la Asamblea Nacional Constituyente introdujera el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991. Dicho artículo por primera vez en la historia colombiana les dio visibilidad y voz legal a las comunidades negras. También se encuentran allí los documentos adicionales que dan fe de que ella, junto con Rudecindo Castro y otros líderes del movimiento afro, ejerció la presión necesaria para que el Congreso de la República tramitara el proyecto que se convertiría en la Ley 70 de 1993 (Castro y Meza 2017). El mismo repositorio incluye correspondencia profesional y de incidencia en política pública con oficiales del Gobierno de Colombia. Uno de los documentos que se guardan ahí es la denuncia de las masacres en el bajo Atrato ante el expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), a quien animó para que interviniera a favor de los primeros desterrados de esa zona (^{Rondón-Vélez 2020}).

Nina también fue pionera en la antropología visual. De ahí el realce que la Biblioteca Luis Ángel Arango les dio a las fotografías, transparencias y negativos, películas en 8 y 16 milímetros y cintas de video que se incluyen en el fondo. Además de las fotos que ella tomó, también se incluyen muestras de las de sus colaboradores: el periodista Richard Cross, los antropólogos Ronald Duncan, Steven Church, Jaime y, por supuesto, de los familiares, quienes la acompañábamos en el trabajo de campo. Hay fotos tomadas, entre otros, por su esposo Robert Friedemann y por sus hijas Nancy y yo, Greta.

En el fondo se encuentran los materiales de un sin número de conferencias y simposios a los que asistió Nina. Una de estas joyas, observó Jaime durante la presentación del fondo, son los materiales del Primer Congreso de la Cultura Negra en las Américas en 1977 en Cali. El congreso fue convocado por la Fundación Colombiana de Investigaciones Folklóricas, la Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana y el Centro de Estudios Afro-Colombianos. Estuvo liderado por Manuel Zapata Olivella. El congreso tenía como objetivo “reunir por primera vez a intelectuales, artistas y académicos de las Américas para unificar las ideas y planteamientos sobre el origen, desarrollo y proyección de las culturas africanas en las Américas”, con el fin de movilizar la comunidad hacia reivindicaciones concretas (Fundación Colombiana de Investigaciones Folclóricas, Asociación Cultural de la Juventud Negra Peruana y Centro de Estudios Afro-colombianos 1977)².

Nina y su legado metodológico: retener y documentar el registro histórico e investigativo

Al empacar los materiales para la BLAA, nuestra familia puso en práctica las nociones que siempre nos han guiado acerca del conocimiento y la libertad académica. La información contenida en el fondo estaría a disposición pública para la investigación. Según mis notas, empaqué treinta cajas con fotografías, libretas de campo de los estudios en el litoral Pacífico (Guapi, Chico Pérez, Timbiquí y Coteje) y en la costa Caribe (San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ciénaga, Barranquilla y el Bajo Magdalena), fichas de análisis del trabajo en Palenque, grabaciones de entrevistas, eventos de etnopoesía, registros hechos en los carnavales y más. Tras ser empacadas, las cajas ocupaban todo el estudio de Nina hasta el techo, se desbordaban hasta llenar el corredor, una alcoba contigua y parte del garaje.

El afán de empacar el estudio anotando los contenidos de las cajas y cómo estaban relacionadas respondía al deber ético que Nina había asumido: mantener el registro investigativo e histórico y la temporalidad de los hechos en su totalidad. Nina ideó prácticas sobre la organización, almacenamiento y retención de los datos y el registro completo de proyectos de investigación que incluían la documentación administrativa. Esto lo hacía para que los estudios fueran de calidad, tuvieran integridad y ofrecieran transparencia. El hecho de tener esta documentación le posibilitaba triangular e integrar de manera interdisciplinar datos de diferentes fuentes de información, ya fuesen sus diarios de campo, entrevistas, documentos visuales, historia, etnohistoria, crónicas históricas, legislación, objetos de arte étnico, popular y contemporáneo. Asimismo, su organización le permitía buscar paralelismos entre sus resultados de investigación y la literatura. Por ejemplo, una de las contribuciones teóricas de Nina es el concepto de huellas de africanía que se refiere a los bagajes iconográficos, simbólicos y lingüísticos presentes en los sistemas culturales afroamericanos (^{Friedemann 1994}; 1992). Jaime ha dado cuenta de la triangulación que hizo Nina para corroborar las huellas de africanía en el Carnaval de Barranquilla:

En 1993, se topó con más africanías en el Museo Metropolitano de Nueva York (MET). Al recorrer el pabellón de arte África, la sorprendieron unas máscaras iguales a las de las marimondas del mismo carnaval (^{Friedemann 1994}). Sin embargo, la leyenda que acompañaba a los objetos de las vitrinas no se refería a los “micos” que salían a bailar por las calles de Barranquilla, sino a la forma como los bamilekes de Camerún representaban a sus elefantes. Entonces, Friedemann se preguntó si a lo largo de la historia afrocolombiana había tenido lugar un error al elaborar la taxonomía de la fauna danzante (Friedemann 1994). En abril de 1998 repitió el mismo recorrido por el MET, volvió a encontrar los mismos elefantes (Friedemann 2008) y quizás se despidió de este mundo con el deseo de convencer a los taxónomos del carnaval de revisar sus categorías y reconocer que los elefantes africanos también habían llegado con la trata e insistían en danzar cada año. (^{Arocha 2016}, 144-145)

Nina se anticipó treinta años a prácticas en metodología cualitativa sobre la retención de los datos y documentos relacionados a la investigación. En la academia noratlántica, originaria del marco regulatorio para la ética en la investigación y a la que haré referencia en la siguiente sección, fueron las ciencias médicas las que iniciaron y delimitaron los parámetros para la retención de los datos. Esta práctica se generalizó en las ciencias sociales a mediados del decenio de 1990, aunque aún hay discrepancias disciplinarias e institucionales sobre los requerimientos³.

Nina también se anticipó en sus métodos de análisis a los debates metodológicos sobre la validez interna -la pregunta cerrada mide lo que se quiere medir- y externa -lo que se mide es generalizable a otras poblaciones con las mismas características de la muestra-. Vale aclarar que lo anterior se aplica únicamente a los métodos cuantitativos. En los cualitativos, la calidad, integridad y confiabilidad de la investigación subyacen a la triangulación, los paralelismos, la retención de los datos y la documentación que, además, puede ser revisada por terceros (^{Miles et al. 2014})⁴.

Hago hincapié sobre el tamaño del archivo porque era imposible retirar todos los papeles personales que pudieron haber llegado a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Todo individuo que haya vivido la muerte de un ser amado entiende y tiene empatía con el desasosiego logístico y emocional que sigue tras el evento. Solo veinte años después de la empacada, y motivada por el homenaje que dio origen a la ponencia original, tuve el valor de abrir las cajas de Minneapolis. En ellas estaba el machote del libro Ma Ngombe, guerreros y ganaderos en Palenque (^{Friedemann y Cross 1979}), que por razones emocionales la familia no quiso ubicar inicialmente en el fondo. Este está siendo utilizado para la reedición del libro con apartes de Jaime Arocha. Una vez terminado ese trabajo, el machote también pasará al fondo. Asimismo, las cajas contienen copias de dos libros inéditos, a saber, Villarrica y Güelmambi. Ambos libros fueron escritos en colaboración con mi tío político materno Ronald Duncan, también antropólogo. Estos libros están acompañados por mis notas sobre qué iba empacado en cada caja. Es posible que me falle la memoria. Sin embargo, creo recordar conversaciones con la familia y Jaime acerca de no incluir en el fondo la correspondencia personal y las fotos personales de la familia. ¿Saqué estos materiales a último minuto de las cajas o hacen parte fondo? No lo sé -esta incertidumbre es la expresión del desasosiego de hace veinte años.

¿Cual habrá sido la lógica en dejar, si así lo hicimos, documentos de tipo personal? Sin lugar a duda, nuestra decisión se sustentaba en priorizar el registro histórico de Nina como profesional, campeona de los derechos de los afrocolombianos, líder de una antropología pública y comprometida al servicio de la sociedad colombiana. Por lo tanto, debimos haber decidido incluir la mayor cantidad posible de materiales en el fondo.

Hechas estas remembranzas y reflexiones, formulo el siguiente interrogante sobre la responsabilidad del investigador interesado en utilizar los materiales de cualquier archivo. Cuando una persona ha muerto, ¿se le da la calidad de sujeto de investigación y, a su vez, objeto de protección por parte de los principios éticos? O, por el contrario, ¿se aplica la condición de sujeto tan solo a quien está vivo y puede argumentar haber sido puesto en riesgo por el manejo de información que ha llevado a cabo un tercero?

Precisamente en aras de proteger la privacidad de muchas personas, en un principio acordamos que durante los primeros veinte años, estuviera restringida la consulta de la correspondencia archivada en el fondo, puesto que podía contener información personal y privada, tanto de la familia de Nina, como de sus colaboradores. Sin duda, todas esas cartas profesionales pueden dar luces históricas sobre eventos de interés público. Sin embargo, también pueden tener información personal sensible, que, de ser publicada, podría afectar negativamente la reputación, dignidad e integridad profesional, legal, económica y social de los individuos en cuestión. He de aclarar que luego cambiamos la restricción de veinte años por quince años tras ver el interés que existía por los documentos del fondo. La expectativa era que la información ayudara a iluminar sucesos históricos en Colombia en pro de la lucha por la justicia social y étnica. Esto es absolutamente posible siguiendo los principios éticos de la Declaración de Helsinki, el Reporte de Belmont y la legislación colombiana.

Marco regulatorio sobre la ética en investigación en las ciencias sociales

A continuación, sintetizo los principios básicos que contiene el marco regulatorio internacional y nacional sobre la ética en la investigación social. Este resumen incluye lo establecido en la Declaración de Helsinki (General Assembly of the World Medical Association 2014), el Reporte de Belmont (United States National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical Behavioral Research 1978), el Código de Núremberg (^{Annas 2008}), la Resolución 8430 de 1993 y la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre la protección de los datos personales⁵. Por su parte, las sentencias T-409 de 1992 y C-574 de 1992 de la Corte Constitucional ratifican que en Colombia los investigadores deben regirse por los convenios de derecho internacional ya mencionados (Cruz et al. 2010).

La Declaración de Helsinki de 1964 da los lineamientos sobre el diseño científico y la proporcionalidad entre riesgos predecibles y los beneficios posibles de la investigación. Esta señala que debe haber un balance entre los beneficios a la sociedad o a un grupo social con respecto de los riesgos. Este principio se extiende a los individuos sujetos de investigación. Se hace énfasis en el respeto por los derechos del sujeto, con prevalencia sobre los de la ciencia y la sociedad.

El Reporte de Belmont de 1979 tiene tres principios éticos básicos. El primero es “respeto por las personas”, el cual señala que la investigación debe admitir la dignidad y libertad de cada persona. Se requiere, entonces, la obtención del consentimiento informado del sujeto de investigación (o sus representantes) y el respeto a la privacidad. El segundo principio es la “beneficencia”, este demanda que los investigadores maximicen los beneficios y minimicen el daño asociado con la investigación. Los parámetros éticos del principio de beneficencia incluyen no hacer daño o prevenirlo y promover el bien. El tercer principio es el de la “justicia”, que implica equidad en la selección y reclutamiento, así como un tratamiento imparcial de los investigados. Asimismo, exige un tratamiento justo hacia los sujetos de investigación.

Por último, aunque fue el primer código en emitirse, está el Código de Núremberg de 1948. Esta normativa hace énfasis en el consentimiento informado y el respeto por la libertad del individuo, como lo dicen los dos códigos anteriores. En Colombia, la Resolución 8430 de 1993 sigue al pie de la letra el marco regulatorio internacional e incluye todos sus parámetros éticos⁶. Los orígenes del marco regulatorio subyacen en la violación de los derechos humanos de sujetos de investigación cuyos cuerpos y psiquis fueron sujetos de experimentación por parte de investigadores médicos durante la Segunda Guerra Mundial en Europa y, entre 1932 y 1972, en Estados Unidos. El marco regulatorio cubre solamente sujetos humanos.

¿Quién es considerado sujeto de investigación en todos estos códigos? Todas aquellas personas que estén vivas y sobre las cuales se obtienen datos mediante una intervención o interacción (como una entrevista) o a través de la revisión de documentos, bases de datos u otros medios. Así, se hace necesario un manejo sensible y responsable de los datos personales y privados.

Nina lleva ya veintitrés años de fallecida, y estamos hablando de un archivo; ¿realmente necesitamos estar preocupados por la protección de personas? Dadas mis dudas acerca del depósito en el fondo de documentos personales y, aunque Nina sea “una antropóloga clásica” y se le estudia como tal, los miembros de la familia de Nina y algunos colegas aún están vivos. A todos ellos -colegas o familiares- se les debe salvaguardar su privacidad e integridad personal, su dignidad, su reputación personal y profesional como lo provee el marco regulatorio.

El delinear el marco regulatorio internacional es importante también porque Nina se anticipó al espíritu de esas normativas de tres maneras interrelacionadas en su metodología. Primero, insistió acerca de la inclusión de los pueblos de ascendencia africana dentro de la investigación social. Ellos habían sido excluidos de esos estudios si no de manera sistemática, si por medio de la estereotipia inferiorizante. Practicó ese principio desde el inicio hasta el final de su carrera, alineándose de esa manera con el principio de justicia del Reporte de Belmont el cual requiere la selección equitativa de poblaciones para investigación con equidad. Segundo, fue militante en pro de una antropología comprometida que promoviera el bienestar de grupos étnicos. Y tercero, propendió por la repatriación de los resultados de investigación. Estos aspectos, implícitos en la regulación, son hilos entrelazados en el trabajo de Nina.

Pionera en la antropología pública y comprometida

Las bases para la ciencia social comprometida en Colombia se remontan al decenio de 1930. En este periodo se empiezan a plantear soluciones que reivindican las luchas agrarias indígenas, como apunta Jaime en Antropología en Colombia: una visión (^{Arocha 1984}a). Gregorio Hernández de Alba y Juan Friede, dos de sus precursores, crearon el Instituto Indigenista Nacional, en respuesta a la orientación de ciencia pura, objetiva y neutral del fundador del Instituto Etnológico Nacional, Paul Rivet, constituido en 1941. Hernández de Alba, Friede y otros realizaron diagnósticos socioeconómicos comprometidos con las luchas agrarias indígenas (Arocha 1984a)⁷. Aun así, el enfoque público y comprometido no era dominante en las ciencias sociales cuando Nina egresó como profesional del Instituto Colombiano de Antropología en 1963⁸. La posición académica dominante desde el decenio de 1950 era la etnografía de corte clásico sobre indígenas. Esta buscaba el salvamento de datos culturales, pero desconectados de los factores político-económicos. Tal aproximación desconocía y perpetuaba conductas etnocidas y genocidas (Arocha 1984a). Paralelamente, había emergido una primera versión de antropología aplicada impulsada por instituciones estatales y agencias de desarrollo internacionales para promover el cambio cultural, la modernización y el desarrollo económico (Arocha 1984b)⁹. Estas dos maneras de ejercer la antropología no eran acordes ni con las necesidades de las comunidades de base, ni con los múltiples movimientos de izquierda que permeaban y politizaban el ámbito universitario; ignoraban el etnocidio y genocidio rampantes de varias etnias indígenas en el esfuerzo estatal de expandir sus dominios capitalistas y los de las clases gobernantes y dominantes (Arocha 1984a).

Es en este contexto cuando el Instituto Colombiano de Antropología contrató a Nina como investigadora y la Universidad Nacional la vinculó como docente. Allí empezó su carrera perfilándose como antropóloga pública y comprometida¹⁰. Uno de sus primeros actos profesionales fue el liderar la creación de la Sociedad Antropológica de Colombia en 1969 con el fin de denunciar la masacre de dieciséis indígenas cuivas ocurrida en 1967 en el hato de la Rubiera. Entre los asesinados había seis menores de edad, que fueron ejecutados luego de servirles un sancocho (^{Arocha 2021}). Según Jaime, la masacre puso a la luz que

para los colonos de los Llanos Orientales matar indios -guahibiar o cuiviar- no sólo no constituía delito, sino que era un deporte practicado por lo menos durante los últimos 100 años. Poco tiempo después los periódicos informaban que en Planas el ejército había disparado contra guahibos indefensos. [A pesar de la masacre], el clamor internacional que surge para hallar responsables no encuentra eco en el Instituto Colombiano de Antropología, institución que se margina de esa discusión y se abstiene de investigar arguyendo que se violaría la neutralidad que debe acompañar a las ciencias sociales. (Conversación telefónica con Jaime ^{Arocha mayo 19 de 2021})¹¹

La sociedad se fundó “para crear una organización cuya independencia garantizara la libre expresión del compromiso con las comunidades de base” (^{Arocha 1984}a, 80). Tanto la sociedad como su boletín Micronoticias Antropológicas fueron los mecanismos liderados por Nina para manifestarse, discutir y divulgar la violación de los derechos humanos (Arocha 1984a). Además de ese órgano, la sociedad publicaba Antropológicas. Allí se incluía documentos de primera mano sobre violaciones a los derechos humanos. Su primer número consistió en la crónica que el periodista German Castro Caycedo había realizado sobre la masacre de La Rubiera después de mirar la documentación sobre la absolución de los responsables por parte de un jurado de conciencia en junio de 1972 (Arocha 2021).

Micronoticias también sería vehículo para denunciar la violación de derechos humanos que sufrirían académicos como Orlando Fals Borda y María Cristina Salazar (esposa de Fals) durante la administración de Turbay Ayala (1978-1982) (conversación telefónica con Jaime ^{Arocha, 19 de mayo de 2021}). El estatuto de seguridad, decretado por Turbay y amparado por el estado de sitio, suspendió los derechos y garantías ciudadanas. Este decreto les concedió a las fuerzas militares facultades para juzgar a civiles en consejos verbales de guerra y ejercer otros mecanismos de represión contra aquellos que al disentir con el gobierno eran igualados a subversivos¹².

Los mecanismos de represión usados entonces serían impensables hoy en día después de la Constitución de 1991. Como es posible que a usted lo pudieran arrestar por la calle, se lo llevaran y lo torturaran. Y la persecución a los indígenas seguía. Se les exigía a los resguardos personería jurídica, y si no se tenía, estaban por fuera de la ley. Es un periodo macabro del país. (Conversación telefónica con Jaime ^{Arocha, 19 de mayo de 2021})

Futuras generaciones pueden consultar el fondo donde están los documentos de la sociedad, los Micronoticias y la lucha por la ciencia al servicio público en el contexto de esta oscura historia de Colombia. El siguiente es un resumen de los eventos presentados al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por Fals y otras tres víctimas:

el 21 de enero de 1979, el Sr. Fals Borda, sociólogo y profesor colombiano y su esposa, María Cristina Salazar de Fals Borda, fueron detenidos por miembros de la Brigada de Institutos Militares de conformidad con el Estatuto de Seguridad. El Sr. Fals fue mantenido incomunicado sin garantías judiciales, tales como asistencia legal, en el Cuartel de Infantería de Usaquén, del 21 de enero al 10 de febrero de 1979, fecha en que fue puesto en libertad sin acusación. Su esposa continuó detenida durante más de un año. Posteriormente, un tribunal militar determinó que no había motivos para mantener detenida a la Sra. Fals Borda. (Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos 1982)

Nina propuso el nombre de Sociedad Antropológica de Colombia, y no Sociedad Colombiana de Antropología, para que estuviera abierta a investigadores extranjeros, que en esa época eran numerosos (conversación telefónica con Jaime ^{Arocha, 19 de mayo de 2021}).

El marco de ética fue un hilo de preocupación desde los inicios de la carrera de Nina. Y, ¿cómo no serlo dado el contexto histórico y político de los genocidios de indígenas de 1967 y la represión subsecuente? A pesar de denunciar la falta de estudios sobre poblaciones negras y ser reconocida más en ese campo, los cimientos de sus actividades también incluyeron la violación de derechos humanos a poblaciones indígenas. Específicamente, su trabajo reivindicó las luchas por derechos y acceso a tierra tal y como lo evidencia su estudio temprano en Tenjo, Cundinamarca El común de indígenas de Churuguaco (^{Friedemann 1965}), la edición de un libro que recogía los retos frente a la tierra de diferentes etnias del país (Friedemann 1976a) y el volumen Indigenismo y aniquilamiento de indígenas en Colombia hecho en colaboración con Juan Friede y Dario Fajardo (1975). Este es el inicio de este último libro:

La desaparición de gentes y culturas aborígenes en América es una catástrofe que dentro de pocos años cumplirá cinco siglos de haberse iniciado… En Colombia todavía existen indígenas y muchos están asentados en tierras que contienen recursos estratégicos de interés para la economía de la sociedad nacional y para el sistema capitalista internacional. (Friedmann, Friede y Fajardo 1975, i)

El artículo seminal “Antropólogos y antropología en Colombia: sus responsabilidades” (^{Friedemann 1971}a) surgió a partir de la Declaración de Barbados por la liberación indígena. Dicha declaración entendía el etnocidio y genocidio de indios americanos como resultado del proceso de expansión capitalista. Asimismo, definía la responsabilidad del antropólogo por aportar conocimientos acerca de los pueblos indígenas y de sus opresores para apoyar su lucha de liberación (^{Arocha 1984}a)¹³. El artículo recogió la opinión y discusiones acerca de la Declaración de Barbados y la aniquilación de indígenas en Colombia compartida por el grupo de la Sociedad Antropológica de Colombia (Arocha 1984a). Este artículo era y sigue siendo un reclamo al neocolonialismo de la academia noratlántica y sus seguidores (Arocha 1984a). En el artículo, Nina esboza una tipología de científicos sociales en relación con la aplicación de la investigación para el beneficio de la humanidad. El primer grupo denominado por ella “los neutrales” o académicos neocoloniales, ya sean nacionales o foráneos, son aquellos científicos que rechazan la aplicación de sus investigaciones por fuera del ámbito académico. Es decir, son aquellos que hacen ciencia para la ciencia y defienden que cualquier otro uso de la investigación convierte al investigador en trabajador social. En las palabras de Nina:

Esta formulación de neutralidad se ofrece con la significación de una ausencia de compromiso para adoptar la responsabilidad social en la expresión de opiniones críticas sobre decisiones como la integración de indígenas al proletariado de zonas petroleras, o los desastres culturales que ocasionaría el desplazamiento de indígenas y negros de los terrenos que han ocupado durante muchas décadas, terrenos sobre los que se planean lagos para la producción hidroeléctrica […]. (^{Friedemann 1971}a, 8)

Entre el grupo de antropólogos neutrales, Nina denuncia más severamente a extranjeros que tienen programas de etnografía urgente o de salvamento de datos “entre grupos indígenas que se sabe se están extinguiendo” (^{Friedemann 1971}a, 11).

En el segundo grupo se encuentran antropólogos conscientes de sus responsabilidades científicas con respecto al país, lo que hoy en día se llama antropología pública y que en Colombia se conoce como antropología comprometida. Este grupo de científicos comprometidos estima que su producción de investigación debe difundirse para el beneficio de las diferentes comunidades del país. Nina concluye el artículo con un análisis del uso de datos etnográficos que quedan atrapados en revistas extranjeras y en idiomas inasequibles en Colombia, es decir, datos no repatriados.

En una carpeta en Minneapolis tengo un informe que Nina le escribió a la administración del Instituto Colombiano de Antropología (ICAN). En este se resume la sesión especial sobre la ética en el ejercicio profesional antropológico en Colombia llevada a cabo durante el congreso de la Asociación Americana de Antropología que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en noviembre de 1971. La ponencia que ella presentó se titulaba “Some Points of Responsibility of Anthropologists: A Colombian View” (^{Friedemann 1971}c). En el informe, Nina pregunta por qué hay debate entre los antropólogos neutrales y los comprometidos si, en mayo de ese mismo año, el consejo de esta asociación adoptó parámetros éticos que subrayan que “el antropólogo tiene la responsabilidad hacia el público… se compromete con él a la diseminación de sus resultados de investigación y a dejarles saber sus opiniones como estudiosos del hombre” (1971b, 4).

En la última parte del informe Nina concluyó con un resumen de las nueve publicaciones que colegas extranjeros hicieron tras escuchar en su ponencia la crítica acerca de la falta de repatriación de la información y la no resolución del debate entre neutralidad y compromiso. El cierre tomó lugar con una pregunta que la guiaría durante toda su carrera y que le serviría de faro a sus colegas y las futuras generaciones:

Será difícil encontrar un camino común en la práctica de una antropología para el hombre por científicos que vienen de países con desarrollos socio-económicos e intereses disímiles, cuando su trabajo se realiza de acuerdo con códigos que responden a necesidades distintas a las de los países anfitriones. ¿Sería irrazonable entonces, proponer que en Colombia la investigación antropológica se adhiera a un código que respondiera a nuestras necesidades? (1971b, 12)

Es decir, en 1971 propendía para que se formularan políticas públicas académicas y marcos éticos nacionales para que los investigadores extranjeros siguieran sus propios códigos de ética y, a su vez, desarrollaran un código de ejercicio profesional que incluyera como médula dorsal el uso de la ciencia para el mejoramiento de los pueblos colombianos. Es decir, estaba proponiendo el ejercicio de una antropología pública. Cabe hacer explícitos los canales que desde unos años tan tempranos usó para comunicar estas ideas. En adelante, profundizó su incidencia mediante publicaciones en artículos de periódicos (^{Friedemann 1971}d) y entrevistas académicas (1971a), participación y ponencias en congresos internacionales (1971c) y la presentación de informes administrativos (1971b).

El posicionarse como antropólogo público y comprometido requiere el reconocimiento inicial de no ser engranajes irreflexivos en el sistema sociopolítico y académico. Por el contrario, implica reconocer que las acciones mismas de cada investigador tienen el potencial de producir y reproducir la institución, la disciplina y el sistema dominante. El investigador tiene que elegir esa posición reflexiva y en cierta medida saber que la elección tiene costos. Y, para el caso de Nina, los tuvo.

La falta de libertad académica para hacer investigación en una institución estatal se hizo evidente a mediados del decenio de 1970. Esto lo sintetiza Nina en Un siglo de investigación en Colombia (1984). El Instituto Colombiano de Antropología estableció cuatro estaciones de investigación en 1974,

situadas primordialmente en áreas indígenas y en la óptica gubernamental respondían a necesidades políticas y administrativas de consolidación y unificación del Estado en áreas marginales (Jimeno 1980). Algunos de sus investigadores se esforzaron por mantener su foco referencial en los grupos de estudio. Pero el choque de compromisos no se hizo esperar. En efecto, la ampliación del ejercicio del poder independiente desde la órbita del Instituto de Antropología, reclamaba de los investigadores declaraciones de lealtad y adhesión a la ejecutoria administrativa de los programas de trabajo gubernamental. (Friedemann 1984, 418)

A mi parecer, esa descripción debe ampliarse y concretarse para las generaciones que no vivieron el momento. En una conversación reciente con Jaime le pido detalles del resumen de los hechos publicados por él y Nina (^{Arocha 1984}a; Friedemann 1984).

El director del Instituto Colombiano de Antropología tenía fondos que habían sido destinados a las estaciones de investigación, siendo ellas la del Caribe, Arauca, Pedrera (en el Amazonas y Vaupés), y una cuarta. Los dineros de investigación se desvían para apoyar iniciativas de Gloria Zea [directora de Colcultura y supervisora del director del ICAN] y la reconstrucción de Ciudad Perdida [en el parque Tayrona, Sierra Nevada de Santa Marta] por parte del director del instituto. Los afectados fueron los directores de cada estación, Nina entre ellos. Nina contactó a Alegría Fonseca, entonces representante a la cámara quien citó a una sesión del congreso al director del ICAN y Colcultura para preguntarles acerca de los fondos. Ellos asisten a una de dos sesiones. Al día siguiente de la primera sesión, que era día de pago, aparece una carta apoyando la gestión del director del ICAN al lado de la hoja que los investigadores tenían que firmar para recibir su nómina. En ese momento, a un lado está la nómina y al otro la carta. Quien no firmara la carta adhiriéndose a la gestión, no podía firmar la nómina y recoger el cheque. Fui testigo de que Nina se negó a y la declararon insubsistente ipso facto. (Conversación telefónica con Jaime ^{Arocha, 14 de enero de 2021})

La suerte de los otros directores de las estaciones fue el mismo, al igual que el de otros contradictores de las políticas del instituto. En total alrededor de doce investigadores de los cincuenta que tenía el ICAN fueron expulsados con cancelaciones de contrato y declaratorias de insubsistencia (^{Arocha 1984}a)¹⁴. Jaime documentó estos hechos en el número 3 del Micronoticias de 1979 (Arocha 1979). Nina y Jaime se habían conocido el año anterior y habían coincidido en cuestiones de ética y compromiso, y en el devenir de la antropología en Colombia en esa época de represión y democracia restringida. El entendimiento fue tanto que unificaron proyectos (Arocha 2000)¹⁵. Eso explica por qué Jaime estaba en la oficina del ICAN el 22 de diciembre de 1978 trabajando en Bibliografía anotada cuando el subdirector de esta institución “entra con la orden escrita de evacuar. Disponía la necesidad de un inventario y Nina le dice que lo más importante de esa oficina es el bombillo porque el Instituto necesita mucha iluminación en el momento” (Arocha 1979, 11). Está claro que para Nina su posición ética y su conciencia incluía denunciar el desempeño de empleados públicos y, si fuese preciso, al Estado mismo¹⁶.

El 29 de octubre de 2018, durante el lanzamiento del fondo, la directora de la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la BLAA nos preguntó a mi hermana y a mí acerca de la última caja sin abrir del fondo, aún sellada. Precisamente ese día se cumplía el plazo para abrirla. Con el entonces director de esta institución, Alberto Abello, mi hermana Nancy y yo la abrimos y contenía documentos de carácter políticamente sensible. En ella se encontraban la carta de despido firmada por Gloria Zea y las múltiples cartas escritas a diferentes instancias, incluido el Ministerio de Trabajo, pidiendo sus cesantías. Abrumada, no se me escapó la ironía del momento: Nina y la documentación de treinta años de ejercicio comprometido habían sido bienvenidos al seno estatal nuevamente. Nada más y nada menos que con su propio fondo en la Biblioteca del Banco de la República.

La negativa de apoyar las políticas respaldadas por altos mandos del Estado puso fin a la plaza de Nina en el ICAN e irónicamente a su vez le abrió el camino para ejercer con suprema autonomía y libertad académica. Ello le permitió ahondar su colaboración con Jaime Arocha.

Repatriación de la investigación para una antropología pública

La repatriación de los resultados de investigación es indispensable en la antropología pública y comprometida. Repatriar es hacer asequible a un público amplio la información de la investigación, esto incluye a las comunidades y países anfitriones, tal y como lo arguyó y lo ejemplificó Nina (Friedemann 1984). Nina y Jaime experimentaron con diversos registros de escritura y modalidades de publicación para repatriar sus estudios. Gracias a esto pudieron llegar a públicos más amplios y hacer injerencia en políticas públicas. Esta dinámica de trabajo puede leerse en varios artículos que Jaime ha escrito sintetizando la contribución de Nina y su mutua colaboración (^{Arocha 2016}, 2000). Por ejemplo, el libro Herederos del jaguar y la anaconda (Friedemann y Arocha 1985, 1982) lo publicaron durante el periodo de la democracia restringida y cuando Turbay Ayala introdujo el Estatuto Indígena que pretendía restringir la recuperación de resguardos y continuaba con el aniquilamiento sociocultural de los pueblos étnicos¹⁷. El libro es una respuesta a las aberraciones del momento, le ofrece a Colombia -y a la opinión pública- una visión general y asequible sobre los indígenas colombianos (Arocha 2000).

La experimentación con registros de escritura diferentes culminó con un estilo diseñado para llegarle al lector general. El esfuerzo de encontrar un lenguaje sencillo que pudiese transmitir historias complejas llevó a Nina y Jaime a extender su colaboración con escritores para aprender “de los quienes no escribían ladrillos” (^{Arocha 2016}, 142). Cabe anotar que Nina y Jaime viajaron en 1983 a Tumaco para leerles segmentos de lo que habían escrito a los pescadores. En esa experiencia entendieron que los escritos estaban muy largos (Arocha 2000). El resultado final fueron los cuentos sin ficción del libro De sol a sol (^{Friedemann y Arocha 1986}), el cual sintetiza la génesis, transformación y la presencia de los negros en Colombia. La segunda edición de De sol a sol saldrá a la luz próximamente con una nueva introducción que actualiza al lector en los cambios que han vivido los pueblos negros desde su publicación inicial.

Volviendo a la primera mitad de su carrera, Nina usó la fotografía y el cine documental como herramientas de investigación y de repatriación de la información. Por ejemplo, el documental que realizó en Villarrica (^{Duncan, Duncan y Friedemann 1973}), en el Norte del Cauca, buscaba “plasmar la opinión de la gente de Villarrica frente a las problemáticas de violencia y continuo despojo que surgen en el proceso de expansión de los ingenios azucareros” (Valencia y Silva 2014, 37). En el manuscrito La película antropológica: una herramienta para investigación y acción social preparado para la repatriación de la película Villarrica en la Universidad del Atlántico en 1975, Nina describe la metodología que usó para decidir qué contenidos tendría el documental:

Después de tener cientos de fotografías quietas, tomadas con el conocimiento de la comunidad sobre el trabajo que estamos realizando, el proceso de selección de fotografías se llevó a cabo con la cooperación de gentes, no necesariamente las mismas que aparecían en ellas. Dentro de este proceso empezaron a surgir las primeras líneas de la descripción visual y verbal acerca de la comunidad. El número de fotografías empezó a reducirse hasta conformar una muestra tolerable numérica, pero siempre teniendo el cuidado de mantener los temas. Esta muestra se sometió a miembros de la comunidad, en sesiones que fueron grabadas y que proveyeron el material que se usó en la banda de sonido de la película. Los miembros de la comunidad que participaron en estas sesiones llenaron el requisito de pertenecer a distintos grupos, i.e. de religión, de afiliación política, de trabajo. Los datos para esta fase del trabajo se tomaron de otra sección del cuerpo de la investigación antropológica en proceso. Las gentes entonces organizaron las fotografías de la muestra, de acuerdo con sus propias categorías culturales. Ésta categorización se utilizó para realizar la película, que entonces empezó a filmarse. El montaje de los segmentos de Villarrica, es el resultado de este trabajo… Villarrica como película se terminó en 1974. Se entregó a la Universidad del Valle. De ahí en adelante, podemos seguirle sus pasos si ella se destina a desempeñar el rol para el cual fue diseñada: como una herramienta de investigación y de comunicación social. (^{Friedemann 1975}, 4)

Nina también utilizó documentos visuales para obtener retroalimentación sobre la información y sobre qué comunicar en el proyecto en San Basilio del Palenque, departamento de Bolívar (Valencia 2014). En esta ocasión ella innovó al lograr que la imagen fuera herramienta para construir conocimiento colaborativo.

En antropología, cuando un trabajo audiovisual prevé la reciprocidad de suyo [sic] ofrece condiciones para la realización de una Ciencia-Compartida. Cuando los grupos tema se integran como vivencias participantes del trabajo, entonces el cine antropológico-compartido alcanza a responder los planteamientos rigurosos de la responsabilidad social de la ciencia y sus científicos. (^{Friedemann 1975}, 3)

A propósito del consentimiento informado, al cual se refiere el marco regulatorio, actualmente se entiende que no se obtiene una sola vez, para que luego el investigador pueda indagar a carta abierta. Se trata de un proceso reiterativo que empieza cuando el investigador se aproxima a una comunidad e individuo y da a conocer los objetivos de la posible investigación y participación, continúa con la recolección de información y se reitera en ciclos que pueden durar días, semanas, meses y hasta años. La metodología de Nina invitando a colaborar en la selección de fotos y temas en el proyecto de Villarrica y luego en el Güelmambí, demuestra algunos de los procesos que ella seguía para desarrollar compenetración y obtener consentimiento. Vale aclarar que el obtener consentimiento informado requiere en las ciencias médicas documentos con la firma del sujeto dando consentimiento de participación en el estudio y le sirve al investigador para hacer seguimiento en estudios clínicos. Este estándar no se aplica en las ciencias sociales ya que tener un documento con la firma de un sujeto es en últimas tener un documento, el único documento en el estudio, en el que se identifique al sujeto con información personal, lo cual contradice el espíritu de la norma con respecto a la anonimidad. Por esta razón, la mejor practica hoy en día es el obtener consentimiento verbal reiterativo mas no el tener un documento con firma de constancia de su consecución. Así, en los archivos de Nina, como en los de la gran mayoría de investigadores sociales en terrenos políticamente álgidos, no hay registro escrito de consentimiento, de nuevo anticipando y adhiriéndose al marco regulatorio.

La investigación de Nina en Güelmambí, Nariño, detalla la minería artesanal del oro. En especial describe la organización social por linajes bilineales cuyos miembros remontan su origen a un “ancestro focal, fundador del grupo y dueño original de los terrenos sobre los que tienen derechos sus descendientes”, en dicha región a estos ancestros los llaman troncos (^{Friedemann 1974}, 2). En las dos regiones, mayoritarios y mayoritarias, es decir, líderes escogidos por la comunidad, de esas grandes parentelas regulan los derechos al territorio colectivo que involucra a los ríos, sus orillas y las franjas que las comunidades van delimitando de manera paralela al cauce. Del mismo modo, esas personas median en los conflictos que crea el Estado cuando trata de desterritorializar a la población luego de declarar que esas franjas son baldías. Esa ha sido la anomalía que -precisamente- trató de corregir la Ley 70 de 1993 al legitimar los dominios colectivos sobre los territorios ancestrales. Mediante una muestra fotográfica (Friedemann, Sabogal y Witlin 1972), una película (Friedemann y ^{Duncan 1973}) y un libro (Friedemann 1974) Nina plasmó los resultados de una investigación que serviría de fundamento a la reforma constitucional iniciada en 1990.

Me detendré en la muestra visual porque es un recurso innovador para llevar a cabo procesos de repatriación. La tituló Minería del oro siglo XX. Barbacoas, Nariño (Friedemann, Sabogal y Witlin 1972), esta contenía 79 fotografías con sus respectivos títulos, leyendas y mapas. La exhibió en el Museo Nacional de Colombia en Bogotá, luego en las universidades del Atlántico, Nariño y Cauca y finalmente la llevó a Barbacoas. Repatriaba a diferentes audiencias en Colombia y a los propios nariñenses la información acerca de la “explotación territorial y explotación económica que alcanzaban las multinacionales propietarias de las bragas mecanizadas que acaban con el medio y arruinaba a los pobladores ancestrales” (^{Arocha 2016}, 139). Nina aclara en su publicación Cine documento que no era posible mostrar la película, Güelmambí: río de oro (Friedemann y ^{Duncan 1973}), en Güelmambí por falta de electricidad. Por esta razón la muestra fotográfica y la película se llevó a Barbacoas, donde rompió todas las expectativas por el alto número de asistentes interesados (Friedemann 1976b).

Ma Ngombe, guerreros y ganaderos en San Basilio de Palenque (^{Friedemann y Cross 1979}), también en proceso de reedición a cargo de Jaime, es una etnografía donde los textos están en permanente diálogo con las 286 fotografías del periodista Richard Cross (1950-1983) (Valencia y Silva 2014). Al considerar la imagen como dato etnográfico, herramienta metodológica, documento pedagógico y de comunicación, Nina literalmente hacía visibles en Colombia a aquellos que la sociedad dominante invisibilizaba, discriminaba y excluía. Además, lo hacía con la colaboración de esas personas (Friedemann 1976b; Valencia 2014). Jaime describe la repatriación a Palenque así:

Nina también peregrinó a la Iglesia de Palenque y le presentó a San Basilio su libro Ma Ngombe. La obra se difundió rápidamente y tuvo un impacto insospechado en cuanto a engrandecer el orgullo de palenqueros y palenqueras. (^{Arocha 2016}, 143)

Las decenas de artículos de opinión en periódicos nacionales y las innumerables cartas escritas a personas en la administración pública también fueron formas de repatriar la información. Peter Rondón Vélez, quien ha hecho un estudio minucioso del fondo Nina S. de Friedemann, dice con respecto a los documentos relevantes a la ley de negritudes, mencionada al comienzo de este artículo:

Los escritos con mayor relevancia legislativa son los borradores, comentarios, extractos y copias de la ley 70; en ella Nina tuvo un papel protagónico al mediar entre las comunidades y el gobierno. Como portavoz, envió cartas a los presidentes Julio César Turbay (1978-1982) y Belisario Betancur (1982-1986), el ministro de gobierno Humberto de la Calle Lombana (1990-1993), en las que cuestionó el actuar de los ministerios por desconocer los derechos de los afrocolombianos y enfatizó la urgencia de instaurar la Comisión especial para las comunidades negras en 1992. (2020, 267)

El recuento del trabajo que llevó a cabo la comisión especial donde participaron, entre otros, Jaime Arocha, Piedad Córdoba, Carlos Rosero, Silvio Garcés y Rudecindo ^{Castro se encuentra en el libro La calle caliente (Castro y Meza 2017)}. Castro y Meza detallan la influencia de Nina, primero, al escribir el documento que defendió el proyecto de ley tras el primer debate en el Congreso y, segundo, al hacer su intervención verbal allí (2017, 189-191)¹⁸. Ahora bien, si Nina estuviera viva, sospecho que diría que la participación escrita y oral en el Congreso de la República constituyen un mecanismo de repatriación de la información.

Los retos cumplidos por el legado y los que continúan

Nina reconoció tempranamente los retos de ejercer una antropología pública para aquellos investigadores afiliados con la academia noratlántica:

[…] varios de estos antropólogos llegan al país respaldados financieramente por fundaciones o entidades que destinan sumas de dinero a proyectos en áreas de estudio definidas por condiciones que a veces responden a necesidades particulares de departamentos en universidades o laboratorios de Antropología, y su cumplimiento se ajusta a esas pautas, es posible que el antropólogo se vea obligado a trabajar en marcos controlados respecto a su responsabilidad social. (1971a, 12)

Durante toda su carrera, ella -al igual que muchos académicos colombianos y latinoamericanos- escribió y denunció la falta de diseminación y repatriación de información por estudiosos en la academia noratlántica. Igualmente, criticó que las investigaciones de científicos sociales colombianos y latinoamericanos no las usaran investigadores en el norte global. Aunque, actualmente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs), la World Wide Web e Internet han tenido un desarrollo exponencial que facilitan el acceso a bases de datos y a comunicación electrónica, sigue siendo difícil consultar la producción académica suratlántica. Esto se debe a que los requerimientos de la academia noratlántica sobre la indexación de revistas, que ahora es requerimiento global, limitan estructuralmente el acceso en el norte a las publicaciones del sur. Tanto es así que, aun siendo consciente de ello, encontrar las publicaciones relevantes para este artículo fue difícil. En la voz de Jaime “los investigadores latinoamericanos seguimos siendo invisibles” (conversación telefónica con Jaime ^{Arocha, 19 de mayo de 2021}). De ahí que al fundar la revista América Negra, Nina se propusiera fortalecer tanto los diálogos sur-sur, como los del sur hacia el norte (Arocha 2016).

Sin lugar a duda, ejercer una antropología pública sigue siendo un reto para la academia estadounidense. Se sigue dando prioridad a la producción académica para avanzar marcos teóricos y publicar en revistas indexadas con epistemologías, diseminación y repatriación limitadas. Y, por lo tanto, se sigue dejando de lado hacer investigaciones comprometidas con la comunidad y publicaciones que les lleguen a los grupos de interés. El requisito de producir artículos con énfasis teórico y publicados en revistas, que pocos leerán no solo por estar escritos en un lenguaje especializado y en otra lengua, sino por tener que pagar para su acceso, prevalece sobre libros no revisados por pares y reportes de política pública (^{Friedemann-Sánchez 2019}; Friedemann-Sánchez y Grieve 2019). Esta prevalencia impera así estos hayan logrado sus objetivos a través de injerencia internacional (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 2019) y nacional¹⁹. Como los requisitos éticos de un individuo pueden estar en conflicto con los de la institución a la cual esa persona pertenece, su negociación consiste en un proceso que no solo puede ser agotador, sino infructuoso²⁰.

Nancy Scheper-Hughes es una antropóloga estadounidense pública que ha investigado e incidido sobre el tráfico de órganos. A partir de su experiencia, argumenta que en la antropología pública hay que trabajar sobre dos vías separadas. Una consiste en cumplir con “[…] las expectativas de producción académica de libros, artículos, estudiantes de posgrado, participación en conferencias, etc.”. La otra es la de “[…] hacer trabajo sobre derechos humanos, sirviendo en paneles internacionales, dando ponencias magistrales que no le importan un pepino a los colegas” (2008, 3)²¹. Scheper-Hughes defiende que se puede sobrevivir a la academia (del norte) sencillamente haciendo lo que hacen las mujeres que son madres, es decir, trabajar doble jornada. Y si se es mujer académica, ¿trabajar en triple jornada? Según esta autora, ejercer antropología pública es un derecho y un privilegio, y cierra su artículo haciéndose la misma pregunta que Nina formuló cincuenta años antes, al iniciar su carrera: “Si la antropología no es una herramienta al servicio de la liberación humana, ¿para qué molestarse con ella?” (Scheper-Hughes 2008, 3).

Mientras que en la academia del norte se libra un debate por el ejercicio y reconocimiento de la investigación pública y comprometida, en Colombia la discusión equivalente tuvo lugar hace varios decenios y salió bien librada, aunque no sea reconocida en las publicaciones noratlánticas (^{Baba y Hill 2006}; Scheper-Huges 2008; ^{Vine 2011}). Esa afirmación sigue siendo válida aun cuando la tendencia neoliberal global académica está obligando a los investigadores a que se distancien del ejercicio profesional comprometido (^{Boron 2006}).

Aquellos científicos sociales colombianos que desde el decenio de 1940 han realizado y enseñado metodologías para la investigación pública y comprometida ha dado frutos. Estos trabajos han sido denominados por Myriam ^{Jimeno como naciocentrismo (2007)}. Es decir, la práctica antropológica en Colombia hoy en día privilegia “la lucha por la valoración, la visibilidad y la participación en la nación colombiana de sectores sociales tales como el indígena, los negros, y la población de menores recursos” (2007, 10). La marca principal de la práctica de la antropología en Colombia es la mezcla entre investigación y acción ciudadana, en otras palabras, de una antropología pública y comprometida.

Nina modeló la creación de instituciones para superar los límites del ejercicio comprometido. Esto lo evidencia la fundación de la Sociedad Antropológica de Colombia y la creación de iniciativas editoriales como Micronoticias Antropológicas y América Negra. Gracias a dichas acciones se moldeó el ejercicio de la antropología pública. Nina legó el anhelo de que Colombia no pierda la apertura hacia la antropología comprometida. El espíritu de su carta a Jorge Orlando Melo se ha mantenido. Ha perdurado la esperanza de que la documentación histórica ayude a las nuevas generaciones a crear una Colombia más justa con los afrodescendientes, los indígenas y otras poblaciones subalternas. El Fondo Nina S. de Friedemann es el último acto ético de Nina en su ejercicio como antropóloga pública.