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El alcance de esta revisión aborda la compleja posición de la antropología forense, tanto en cuanto disciplina antropológica, como respecto a su condición de especialidad de las ciencias forenses, que en sus desarrollos y actividad ha ido ampliando su objeto y ámbitos de trabajo (al tiempo que su impacto y función social), en relación a los contextos de su ejercicio y práctica profesional. La antropología forense nació en el ámbito fronterizo de las relaciones entre la antropología y la medicina legal y, posteriormente, se desarrolló con importantes conexiones con la odontología y la biología humana. Si bien la disciplina se institucionaliza formalmente a lo largo del siglo XX, será a partir de la Segunda Guerra Mundial -y ligada a su papel en posteriores conflictos bélicos como los de Corea y Vietnam- cuando cobrará mayor impulso. A partir de ese momento será considerada, por un lado, como especialidad antropológica aplicada y, por otro lado, como parte del trabajo forense, con un objeto y ámbito reconocido de intervención en los procedimientos de identificación de restos humanos. En este contexto, su trabajo dejará de estar asociado únicamente al estudio de casos individuales de víctimas de delitos o accidentes, para abordar también identificaciones a gran escala, de grupos de cadáveres, fruto de situaciones de violencia colectiva, desastres o accidentes masivos.
En esta concepción ampliada del ámbito de aplicación y objeto de la disciplina, Dirkmaat y Cabo (2012) han resaltado y puesto en valor el papel de los antropólogos forenses como expertos en la recuperación, individualización e identificación de restos humanos descontextualizados por efecto de desastres masivos o como producto de eventos de violencia social y/o colectiva (Kerley 1978; Lagunas 2006). Así, el perfil del trabajo del antropólogo forense en estos campos implica intervenir en un proceso de identificación (sexo, edad, ancestría/origen poblacional, estatura, proporciones corporales y características individuales), determinación de las causas y circunstancias de las muertes, y descripción de las osteobiografias (modo de vida antes de su muerte, enfermedades, actividades profesionales, etc.) de los sujetos. En este contexto, se plantea la necesaria reflexión en torno a los nuevos ámbitos y formas de práctica profesional. Esta disciplina ha de reconfigurar sus métodos, enfoques, conceptos y procedimientos operativos, así como la vigilancia y observación de criterios éticos de consenso, para el seguimiento de buenas prácticas en el manejo de las nuevas proyecciones de su objeto de estudio (el proceso de identificación de restos humanos y contextualización de los mismos).
Ahondando en estos planteamientos ampliados de la disciplina y de su objeto, cabe referir las definiciones propuestas por algunos autores y actores claves dentro de la disciplina. Así pues, Stewart entiende la “antropología forense como la rama de la antropología física con fines forenses que trata de la identificación de restos más o menos esqueletizados, humanos o de posible pertenencia humana” (1979, ix). Por su parte, -en el marco de la American Board of Forensic Anthropology (ABFA)- Işcan (1988) define la disciplina como “el estudio y práctica de la aplicación de los métodos de la antropología física en los procesos legales” (1988, 203) o “el peritaje forense sobre restos óseos humanos y su entorno” (1988, 205). Ubelaker la describe como el “estudio de la biología esquelética en contextos médico legales” (2008, 41). Y Parra como el “conocimiento de la biovariabilidad humana que constituye el patrimonio de la antropología biológica, aplicado al ámbito forense” (2003, 1). Por su parte, y en un contexto menos académico, Amnistía Internacional define la disciplina, desde su posición de salvaguarda de los derechos humanos, como “el estudio de asuntos médico-legales relacionados con una persona fallecida, por medio del examen y el estudio de los restos del esqueleto para, entre otras cosas, tratar de determinar la identidad de la persona, la forma y las causas de la muerte” (1994, 162).
En gran medida, las diferentes concepciones de la disciplina están fuertemente ligadas a los diversos sistemas de formación y reclutamiento de los profesionales de la especialidad, según los distintos marcos nacionales en que se desarrolla su práctica. Así, por ejemplo, en América del Norte y una gran parte de Latinoamérica, los profesionales de la antropología forense presentan el perfil de un especialista formado dentro de escuelas de antropología, con una especialización como antropólogos físicos. Estos profesionales, asimismo, tienen un amplio conocimiento de otros campos, como la antropología cultural y otras ciencias sociales. Durante sus estudios se da un fuerte énfasis al estudio de los tejidos duros (huesos y dientes) y al aprendizaje de las técnicas de excavación. De igual manera, se ofrece una orientación profesional complementaria a la antropología forense, en tanto que especialidad particular de la antropología física aplicada.
Por el contrario, en Europa, Asia y África la formación general e inicial en antropología física -entendida en estos países en tanto que sinónimo de biología humana- es estudiada en facultades y escuelas de biología (sur y este de Europa) o medicina (norte de Europa, Asia y África). En este caso, el antropólogo adquiere formación tanto en el estudio y trabajo con tejidos duros, así como en el trabajo con tejidos blandos y en el manejo de métodos de laboratorio. La adscripción de la formación específica en el ámbito de la antropología forense se vincula como especialidad de la medicina legal. Lo que significa que estos profesionales provienen de programas de estudios y formación en facultades y escuelas de medicina.
Estas condiciones e itinerarios de formación de los antropólogos, junto con las peculiaridades y particularidades sociales de cada país, contribuyen a definir y orientar, no solo los perfiles y recorridos profesionales de los antropólogos forenses, sino también sus ámbitos y campos de estudio e intervención (figura 1).
Fuente: tabla elaborada por el autor con base en revisiones históricas y de desarrollos particulares de la disciplina (Dirkmaat y Cabo 2012; Fondebrider 2005; Iscan 1989; Kerley 1978; Salado y Fondebrider 2008; Ubelaker 2008).
Figura 1. Formulaciones de la disciplina en las distintas regiones geográficas y tradiciones nacionales
Método
El artículo presenta una reflexión hecha a través de la revisión crítica del desarrollo histórico y el panorama actual de la antropología forense y sus ámbitos de aplicación. Se presta especial atención a los campos de actividad en torno a la violencia social y política, como contextos de vulneración de los derechos humanos. Para ello, se realiza un examen de aproximación a la disciplina, a través de un trabajo de revisión crítica de la información, los autores y principales enfoques y líneas de trabajo en el desarrollo y panorama actual de la antropología forense. Se recurre a la literatura especializada relativa a las corrientes y enfoques en antropología forense y antropología física aplicada como materiales y principales fuentes de información empleadas. Asimismo, se compara y analiza la evolución de las distintas líneas de desarrollo de la disciplina, en el encuadre de las diferentes escuelas o marcos geográficos (norteamericano, latinoamericano, europeo). El alcance de esta revisión aborda un amplio grupo de temas prácticos sobre las nuevas direcciones de la disciplina. Este trabajo, por un lado, plantea consideraciones operativas en relación con el quehacer de la antropología forense en sus campos de actividad aplicada a la recopilación, documentación y aportación de evidencias e información útil a los procesos legales y, por otro lado, brinda especial atención a sus recientes orientaciones al trabajo en contextos de investigación relacionados con situaciones de violencia civil y violación de derechos humanos.
Desarrollo
La diversidad y complejidad de los contextos en los que se practica la antropología forense (marcos de pérdida y muerte, situaciones de violencia, conflicto o catástrofe) invitan a la conveniencia de una amplia reflexión, con relación a la actividad profesional, la función social y los impactos sociales que puedan derivarse del trabajo antropológico forense.
Reflexiones en torno a la antropología forense como antropología aplicada
Para Bastide (1972) la ciencia parte de necesidades prácticas y demandas sociales. Los antropólogos intentan contribuir a dichas necesidades como especialistas en el abordaje de la complejidad y multidimensionalidad de la realidad humana. Los problemas prácticos a los que han dedicado su atención son diversos y han variado en el tiempo. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial marcaron un cambio en varias áreas de esta disciplina. La antropología social aplicada, por ejemplo, dirigió su atención a los problemas derivados de los rápidos procesos de transformación de las sociedades tradicionales y campesinas, y a la articulación de programas de desarrollo en campos como la salud, educación, bienestar social o desarrollo comunitario (Foster 1974). Por otro lado, en el ámbito de la antropología física, sus orientaciones aplicadas ampliaron sus campos de acción (Tiziani 2011). De este modo, a los tradicionales estudios antropométricos en ámbitos escolares, estudios de crecimiento o antropología criminal, se fueron sumando las aplicaciones en antropología nutricional y nutrición comunitaria, epidemiología y salud pública, antropología médica, antropología deportiva, ergonomía. Lo mismo ocurrió frente a los múltiples desarrollos de la antropología forense. Esta ya no solo estaría vinculada a los trabajos periciales de obtención de pruebas en procesos judiciales, sino también con nuevas orientaciones hacia el estudio de amplias y complejas situaciones de análisis de restos humanos masivos, asociados a contextos de violencia colectiva o a situaciones de grandes accidentes o desastres.
Dirkmaat y Cabo (2012) destacan el importante papel de las intervenciones de los antropólogos forenses en los contextos bélicos de participación norteamericana en las guerras de Corea y Vietnam para el desarrollo de estos nuevos marcos y formas de trabajo relacionados. Así, a partir de estos años, el campo propio de la antropología forense, es decir, su ámbito tradicional de aplicación sobre el estudio y diagnóstico alrededor de casos ligados a la investigación criminal, habría visto ampliado su alcance de actuación profesional. Ahora, con la aproximación al fenómeno de la violencia social en contextos de violencia colectiva o política, incluiría la intervención en el estudio de víctimas de situaciones de conflictos civiles, violaciones colectivas de derechos humanos, actuaciones en torno a situaciones de crímenes de guerra y desapariciones de civiles. Unos campos donde el objetivo y alcance del trabajo se orientaba a la obtención de pruebas para la denuncia, explicitación y exposición pública de situaciones de violación de los derechos humanos (Burns 2008, 1998).
Precisamente en esta línea de intervenciones forenses masivas como ámbito del trabajo del antropólogo forense actual, Burns (2008) incluye en su manual un apartado dedicado a describir la labor de estos profesionales en los casos de violación colectiva de los derechos humanos. Resalta con especial énfasis la experiencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (Clacso 2019; Levin 2015). El campo de acción de los contextos de violación masiva de DDHH, como se verá, ha alcanzado una amplia presencia y difusión en la práctica de la antropología forense norteamericana y latinoamericana. Las experiencias ya mencionadas de las guerras asiáticas durante el periodo de la Guerra Fría sirvieron de arranque metodológico a las intervenciones sobre muestras masivas de restos humanos. A estas se sumaron numerosos marcos posteriores de actuación en contextos de conflictos y confrontaciones civiles y bélicas, a través de todo el mundo, en países latinoamericanos (Argentina, Guatemala, Colombia) y de otras regiones del planeta (Congo, Sudán, Indonesia, Sri Lanka, Afganistán). La antropóloga forense Clea Koff (2004) describe, a través de sus libros de divulgación, la narración y circunstancias de estos complejos trabajos de exhumación de víctimas de crímenes masivos en las fosas comunes de Ruanda, Bosnia, Croacia y Kosovo. Por su parte, en el contexto europeo, los antropólogos del Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de Milán, Cattaneo y Baccino (2002), apoyan el papel de los antropólogos físico-forenses en estos escenarios de actuación. Estos autores reivindican las múltiples potencialidades y utilidades prácticas del antropólogo forense. Señalan que estos profesionales aportan sus competencias particulares a través tanto de sus actuaciones tradicionales de la identificación individual, como en otras nuevas actividades. Estas nuevas acciones son la estimación de edad en individuos vivos en el marco de las amplias migraciones y flujo internacional de personas y sus actuaciones sobre identificación de restos colectivos y a gran escala, en marcos bélicos o no, como la intervención en grandes accidentes y catástrofes.
Debido a estas nuevas experiencias, la antropología forense fue adquiriendo y consolidando un fuerte papel social. Por ejemplo, su experticia en la identificación de restos humanos ha sido especialmente relevante en el marco de su orientación pública a los trabajos periciales en relación con casos y situaciones de violencia social. Si bien esto ha sido útil con respecto a los casos penales, su relevancia y proyección social se ha hecho aún mayor en relación con los casos de violencia política y civil, donde se manifiestan situaciones denunciables de violaciones de los derechos humanos fundamentales. Son situaciones cuyo esclarecimiento constituye una cuestión de justicia para la dignidad de las víctimas, pero también, un ejercicio colectivo de justicia y censura social frente a la violencia. En este escenario la antropología forense juega un papel clave, haciendo explícitas y objetos de reflexión y sensibilización social las situaciones de violación y vulneración colectiva de derechos fundamentales de amplios grupos de personas.
Si bien el campo principal de aplicación de la antropología forense europea ha venido siendo, desde sus raíces y hasta la actualidad, el trabajo en la resolución de casos de delincuencia criminal, la identificación de víctimas y el esclarecimiento penal de homicidios (Reverte 2001, 1999), se ha descrito cómo este marco se ha ampliado hacia nuevos ámbitos de actuación e intervenciones de mayor escala, en situaciones de accidentes, grandes catástrofes o contextos de conflicto y guerra. Con una importante presencia en la ya consolidada tradición de los antropólogos forenses (norteamericanos y latinoamericanos, fundamentalmente) en la aplicación de sus conocimientos y técnicas de trabajo al estudio de manifestaciones de la violencia social colectiva contra grupos y poblaciones humanas. Debido a esta labor, contribuyen al esclarecimiento, visibilización y denuncia pública de casos y situaciones de violencia política y civil contra personas y grupos, por su condición de sometidos y dominados, disidentes o diferentes. Con toda esta información aportan luz sobre situaciones dramáticas y censurables de crímenes de guerra, genocidios, desapariciones masivas, etc. Tal como ha quedado patente en casos de la historia reciente, como el genocidio étnico de Ruanda con las masacres de hutus y tutsis en Burundi, la depuración étnica en Bosnia, los asesinatos de comunidades indígenas en Guatemala, las masacres en Colombia o las desapariciones y muertes durante las dictaduras militares de Chile y Argentina, la violencia social (y política) es un hecho antropológico absoluto. A pesar de sus variaciones históricas y particulares es clara la presencia estructural de este fenómeno en las sociedades humanas. Con el accionar de la antropología forense se reitera que estos hechos deben ser recordados y reconstruidos en la memoria social, para tomar consciencia de la gravedad de estas transgresiones a la vida (Amnesty International 1994; Belay, Degregory y Joinville 2004).
En este punto, cabe enmarcar la función relevante de los antropólogos forenses en la reconstrucción de los hechos, la visibilización de los riesgos vinculados al conflicto humano y la censura pública de estos episodios indeseables. Esta disciplina tiene un rol vital al hacer explícitas todas las dimensiones de las memorias y narración pública de los crímenes y violaciones de los derechos humanos. Esto lo logra a través de rescatar, con la exhumación de los restos de las víctimas, las historias (contextualizadas) de tantas personas desaparecidas. Saca a la luz historias ocultadas mediante enterramientos clandestinos, que buscaban que fuesen olvidadas, negándoles su papel en el esclarecimiento de los hechos de la memoria social (histórica y colectiva).
De esta manera, la intervención de la antropología forense -y de la justicia- en estos marcos de violación de los derechos humanos ofrece la posibilidad evidenciar y visibilizar hechos y situaciones sociales moralmente censurables. Al hacerlo permite que las víctimas cuenten su historia -de injusticia y sufrimiento-, ofrezcan pruebas con que acusar a sus asesinos o a quienes ordenaron sus asesinatos y aporten evidencias para que los criminales respondan ante la justicia. Así también, la antropología forense se constituye en un instrumento para facilitar la reflexión pública, la sensibilización y la concientización social en torno a la violencia política. Esta ofrece recursos para un debate público y la construcción de marcos sociales de convivencia, conciliación, empatía y ejercicio del perdón.
Con estas líneas de trabajo, los antropólogos forenses se han incorporado a una tarea comprometida, no solo con la exhumación e identificación de restos óseos, sino también, con la recuperación y registro de datos y evidencias en torno a los sistemas de violencia política y civil que operan contra la población. Al tiempo, proveen una información clave para el trabajo en defensa de los derechos humanos, al aportar datos y testimonios a entidades oficiales (fiscalías, policías) o a organismos internacionales para su uso en el ejercicio y aplicación de justicia.
La antropología forense, relacionada con su actividad y práctica profesional como antropología aplicada a la defensa de la justicia y de la dignidad de las personas víctimas de la violencia social y, en general, a la salvaguarda de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida y la dignidad humana, se vincula con objetivos como:
Ahondar en el papel de la antropología forense como ciencia aplicada y de marcada utilidad social.
Cooperar con la promoción y defensa de los derechos humanos.
Colaborar con el ejercicio de las instituciones de justicia internacional y/o nacional, en el esclarecimiento de contextos de violencia social y política.
Apoyar a la recuperación de datos y evidencias para la fundamentación, visibilización y clarificación de la reflexión pública en torno a la memoria histórica.
Aportar a la restitución de la dignidad de las personas víctimas de la violencia social.
Contribuir a sensibilizar a la población general en el rechazo de la violencia social y política.
Con el apoyo de estas finalidades de la disciplina, la práctica antropológica forense ha mostrado su capacidad, en múltiples contextos de conflicto y violencias políticas y/o civiles, de aportar datos e información de gran relevancia y utilidad en el trabajo de esclarecimiento de situaciones de violencia social y colectiva. Esta disciplina genera investigaciones de naturaleza judicial y/o humanitaria en torno a situaciones de genocidio y crímenes de guerra (matanzas masivas) o relativas a contextos sociopolíticos de violencia estructural e institucionalizada de ámbito social y civil, como violaciones sistemáticas de derechos humanos básicos y violencia contra personas y colectivos particulares (campesinado, mujeres, comunidades indígenas, minorías étnicas y sociales, opositores políticos).
No obstante, la complejidad y delicadas sensibilidades sociales y personales en juego en estos contextos de intervención, marcados por trágicas historias de conflicto, enfrentamiento y violencia, requiere de una delicada atención al contexto-problema por parte del antropólogo. Todo lo cual, señala la conveniencia de una profunda reflexión en torno al trabajo del antropólogo forense (y sus equipos de colaboradores) y a la complejidad de sus contextos de intervención, así como de los posibles impactos de su trabajo. En esta tarea, resulta de enorme interés considerar las múltiples dimensiones de la actividad del antropólogo forense, desde una reflexión epistemológica en torno al objeto y ámbito de su actuación. Es importante hacer esto desde la perspectiva de la práctica profesional y ejercicio público de esta. Así, se podrá atender a las cuestiones éticas de su trabajo (derechos fundamentales de las personas implicadas y de las víctimas, conciliación de la objetividad científico-profesional con el posicionamiento público frente a la violencia social) y de sus propias prácticas (códigos éticos profesionales, reflexividad en torno al trabajo y los contextos de trabajo).
En esta línea específica de la reflexión ética en torno a las intervenciones arqueo-antropológicas son de especial relevancia las contribuciones particulares de la bioarqueóloga Liv Nilsson (2016), tanto para aquellas intervenciones hechas en contextos funerarios, como en contextos de violencia social. Para el caso de los contextos de violencia social, Nilsson (2016) realiza una interesantísima reflexión sobre la contribución de la arqueología y antropología forense como marco de reflexión en relación a los fenómenos de violencia estructural en las sociedades humanas.
Existen otros trabajos que ponen de manifiesto y explicitan las vinculaciones entre la antropología (general) y la promoción y defensa de los derechos humanos (Galán-Juárez 1999), o que abordan las dimensiones éticas y consideraciones a tener en cuenta alrededor de la práctica antropológica y sus impactos sociales sobre los contextos de estudio e intervención (Del Olmo 2010; García-Alonso 2017). Respecto a la vinculación entre derechos humanos y antropología, Galán-Juárez (1999) ha resaltado la clara dimensión antropológica de los derechos fundamentales. Esta disciplina interviene no solo en lo referido a su construcción filosófica y epistemológica (la sustentación de los principios de unidad, igualdad de derechos y dignidad humana), sino en la necesaria consideración desde una perspectiva holística (antropológica) de aquellos problemas vinculados a la vulneración de los derechos humanos, como la defensa de los sometidos, los excluidos, los desfavorecidos, las mujeres, los niños o los migrantes.
Asimismo, como contribución particular a la consideración y atención a los posibles aspectos éticos y problemáticas ligadas a la práctica antropológica, en sus vertientes biológicas, la American Association of Biological Anthropologists (AABA 2003) confeccionó un código ético para el trabajo e investigación en el ejercicio de la antropología física/biológica, aprobado por su asamblea de miembros en la reunión de 2003. Y, en esta misma dirección, el libro editado por Turner (2004) aporta una recopilación interesante de reflexiones éticas, en torno a la práctica de la antropología física en distintos ámbitos (recuperación, manipulación y conservación de restos óseos, manejo de datos genéticos, investigación con individuos y poblaciones vivas, trabajo de campo con comunidades). Este trabajo aporta una referencia clave en torno a experiencias y estrategias de afrontamiento de los problemas éticos en la práctica bioantropológica de campo, así como sobre aspectos concretos y más particulares, ligados al trabajo antropológico forense (Walsh-Haney y Lieberman 2004). Como otra expresión particular de estas llamadas a la reflexión ética en torno a la práctica específica de la antropología física, Tiziani (2011) también realiza una revisión amplia en torno a la práctica responsable de la profesión de antropólogo físico y el manejo riguroso y respetuoso de restos humanos, muestras y datos de información biológica.
Contribuciones de la experiencia latinoamericana en las nuevas direcciones de la antropología forense internacional
Tal como hemos descrito, con carácter general, en Europa la antropología forense se desarrolló ligada a la investigación criminal. Por su parte, en los Estados Unidos, esta logró consolidar su principal escuela y tradición disciplinar sólida y académicamente reconocible, en torno a la aplicación de la práctica antropológica-forense a la identificación colectiva de cadáveres en contextos de guerras y grandes desastres, con situaciones de grupos masivos de víctimas. Siguiendo un camino particular, en sus desarrollos en Latinoamérica, la disciplina conformó su práctica y métodos de trabajo alrededor de la aplicación de los procedimientos antropológico-forenses dentro de proyectos institucionales e iniciativas civiles en relación con el esclarecimiento de situaciones de violación de los derechos humanos en conflictos políticos, civiles y étnicos (Burn 2008). Así, plenamente asentados en estas orientaciones, los grupos de antropólogos forenses latinoamericanos han desarrollado un trabajo continuado y sistemático, contribuyendo al esclarecimiento de crímenes e identificación de personas víctimas de la violencia política y desaparecidas por causas ideológico-políticas en países como Argentina, Chile, Colombia o Guatemala y han logrado compartir su experiencia con otras regiones y contextos internacionales.
Esta intensa experiencia latinoamericana en el desarrollo de actividades antropológico-forenses ha estado vinculada a complejos contextos sociopolíticos de violencia política y violaciones de los derechos fundamentales, como desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Dichas acciones se han podido dilucidar como procedimientos de represión, intimidación y eliminación de opositores por parte del poder político totalitario. La labor de los profesionales latinoamericanos ha permitido el estudio de contextos de vulneración de los derechos básicos de poblaciones, en los que la ocultación de víctimas pretendía borrar el rastro de las acciones de gobiernos militares y dictatoriales, durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, en países como Chile, Argentina, Uruguay, Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Honduras o Colombia.
La aparición de iniciativas civiles de repercusión internacional, como la búsqueda de desaparecidos por parte de las madres y abuelas de la Plaza del Dos de Mayo, en Argentina, ha llevado a la Asamblea General de Naciones Unidas a formular en 1978 una resolución (33/173) para solicitar a la Comisión de Derechos Humanos la investigación de estas situaciones. Lo que se materializó en la creación de un Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. En el marco de esta iniciativa de Naciones Unidas -y una vez finalizado el periodo de la dictadura argentina (1976-1983)- se planteó como proyecto trasladar la experiencia antropológica forense norteamericana en trabajos de identificación colectiva de víctimas de guerras y catástrofes al contexto latinoamericano de desapariciones forzadas. Así, de manos del antropólogo norteamericano Clyde Snow (Ginzberg 2004; Snow 1982; Snow y Stover 1989), se formará un primer equipo de antropología forense en Argentina, cuya experiencia se extenderá a otros países como Guatemala, Brasil, Venezuela, Colombia o Perú (Jiménez-Baltazar, Alberto y Denis-Rodríguez 2018). La participación en el proyecto de antropólogos nacionales y foráneos, favoreció el desarrollo de una productiva iniciativa, donde Clyde Snow trasladó su amplia experiencia en identificaciones masivas (en marcos bélicos y de accidentes aéreos) al contexto de la exhumación e identificación de las víctimas de la dictadura militar argentina. En colaboración con el especialista en derechos humanos Eric Stover y un joven equipo de antropólogos argentinos (entre quienes destacaron Luis Fondebrider, Mercedes Doretti y Silvina Turner), a quienes Clyde Snow forma y orienta en los trabajos antropológico-forenses de identificaciones colectivas de víctimas, se creará, en 1984, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) (Fondebrider 2005; Salado y Fondebrider 2008). Un productivo equipo de intervención, liderado por Snow, Stover y Fondebrider, cuyo impacto trascenderá sus trabajos en Argentina, extendiendo su modelo a actuaciones en otros países con situaciones similares de violencia política en América Latina, África, Asia y Europa del Este. Así, a partir de 1986, promueven y participan en intervenciones en países latinoamericanos como Chile, Guatemala o Colombia; y en otros contextos internacionales como Bosnia, Timor Oriental, Polinesia francesa, Croacia, Kurdistán, Kosovo o Sudáfrica. Este enfoque promovido por Snow y la referencia de la EAAF marcará la orientación en la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF) -creada en 2003-, así como la línea de trabajo de otros equipos de intervención antropológica forense constituidos en países como Guatemala, Colombia o Perú, y en cuya formación, jugaron un papel central los miembros de la EAAF.
De este modo, hay que destacar el importante trabajo y papel de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense en la consolidación de la disciplina en esta amplia región, así como en la promoción internacional de esta orientación de la antropología forense aplicada a la defensa de los derechos humanos. De hecho, la difusión de estas experiencias y métodos de intervención en los trabajos de exhumaciones de fosas de víctimas de recientes conflictos políticos y étnicos han mostrado su eficacia y promovido un importante desarrollo y consolidación de sus estrategias de abordaje de los proyectos, técnicas y metodologías de trabajo, en múltiples contextos geográficos. Así, la aplicación de estos modelos en numerosos países latinoamericanos (Argentina, Chile, Guatemala, Perú o Colombia) se ha trasladado también a actuaciones en Europa (como en los casos de Bosnia, Kosovo o Georgia) o Asia (Afganistán, Timor). Lugares donde la intervención antropológica forense ha permitido sacar a la luz datos y evidencias fundamentales sobre procesos violentos de limpiezas étnicas y crímenes de guerra en situaciones de conflictos etnopolíticos. Este trabajo ha servido como soporte pericial para las actuaciones de los tribunales internacionales de justicia, tal como ocurrió en el caso particular del International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
Así, las experiencias de los antropólogos forenses de campo, en contextos de conflictos políticos y de violación de derechos fundamentales, han servido de referencia en todo el mundo. Por un lado, han permitido contribuir de forma activa en la exhumación e identificación de restos de miles de personas desaparecidas, víctimas de violencias colectivas y crímenes de guerra en Argentina, Camboya, Irak, Ruanda, Kosovo, Croacia, Bosnia Herzegovina, Angola, República Democrática del Congo, Timor Oriental, Etiopía, Polinesia Francesa, Guatemala, Haití, Honduras, Indonesia, Kurdistán Iraquí, Costa de Marfil, México, Panamá, Paraguay, Chechenia, Filipinas, Rumania, Sierra Leona, Nicaragua, Sudáfrica, Uruguay, Venezuela, El Salvador, Chile, Zimbabwe o Perú. Por otro lado, han logrado definir y consolidar, sobre toda esta experiencia de campo antropológico-forense, un modelo contrastado de actuación en estos marcos de trabajos, sobre situaciones de identificaciones colectivas y a gran escala.
Replanteamiento metodológico y estrategias interdisciplinares en el trabajo antropológico forense
La antropología forense clásica (o inicial), por su vinculación con distintas versiones y formulaciones de la antropología criminal (o criminológica) de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, estuvo marcada desde sus comienzos por una clara vocación integradora de su objeto y de las estrategias de aproximación metodológica a este. Sin embargo, ha sido la aplicación de la antropología forense al trabajo en contextos de violencia colectiva y política, la que ha dado un marco particularmente adecuado para la adopción de una práctica con enfoque integrador. Dicho enfoque constituye un modelo de abordaje multidimensional basado en el empleo de evidencias complementarias, como el marco de interpretación de estos complejos contextos de intervención. Por este motivo, en contextos de violación masiva de derechos, los componentes del análisis antropofísico, biológico y médico de la investigación forense necesitan ser complementados con el apoyo de informaciones de múltiples ámbitos de trabajo, en torno a los aspectos históricos, sociales y documentales de los ambientes sobre los que opera la actuación antropológica forense. De esta manera, las características del trabajo de campo para la localización y estudio de enterramiento colectivos (fosas comunes) y la identificación de individuos exigen un abordaje multidimensional de datos, informaciones y niveles de análisis. Esto requiere la puesta en marcha de estrategias integradoras que incorporen la complementariedad de técnicas y de especialistas múltiples; tanto en los campos de la antropología físico-forense (especialistas en excavación, bioarqueología, osteología, paleopatología y patología, genética forense), como por parte de expertos en competencias y conocimientos propios de las ciencias sociales y del comportamiento (sociólogos, antropólogos y psicólogos sociales, psicólogos clínicos, historiadores, documentalistas, expertos en historia oral).
En apoyo de estas posturas epistemológicas y metodológicas, cabe partir de la experiencia acumulada para fijar la línea de ruta de la disciplina. De este modo, es válido decir que la intervención antropológica forense en casos de violencia colectiva, no solo requiere la inclusión de elementos de apoyo y colaboración entre áreas disciplinares próximas como la medicina legal, la criminología y criminalística, la odontología, la biología, la psicología o la antropología física, sino también, de otras materias auxiliares como la antropología social, la sociología o la historia.
La integración de datos, tras la acumulación de evidencias por parte de los distintos especialistas, facilita la disponibilidad de un conjunto de informaciones relevantes para una adecuada interpretación sistémica del contexto. Y la contribución, no solo con materiales, sino de conceptos y modelos de análisis múltiples (procedentes de distintas aproximaciones disciplinares al problema), facilita herramientas útiles al antropólogo forense, para la definición de modelos de abordaje, interpretación y esclarecimiento de contextos complejos. Es decir, las nuevas formas de trabajo del antropólogo (físico-forense) y sus colegas en estos ámbitos de actuación suponen un replanteamiento de sus métodos de trabajo. Más allá de la articulación operativa de los trabajos interdisciplinares y de la cooperación de aportaciones técnicas diversas, se precisa de una aproximación del equipo y sus especialistas múltiples a nuevas formulaciones y enfoques de abordaje del problema objeto de estudio. Entre esto debe incluirse el cuidado en la recopilación de la información orientada a los objetivos conjuntos y a los modelos de interpretación y explicación de los datos adoptados por el equipo, para aportar una información suficiente y generar la mayor cantidad de evidencias y con la mayor amplitud posible, que pueda servir a su marco práctico de aplicación en el ámbito de los procesos legales vinculados.
Por todo lo cual, la reflexión en torno al trabajo de la antropología forense no se puede limitar al estudio de los aspectos bioantropológicos en el análisis de los restos óseos recuperados, sino que precisa conocer, de modo amplio y detallado, el contexto de los hechos estudiados en los que se produjeron las muertes objeto de estudio. Un objeto ampliado, los restos humanos en sus contextos, del que parte la necesidad del nexo fundamental entre la antropología y arqueología forense, y al que se vinculan, necesariamente, toda una serie de otras disciplinas auxiliares y complementarias. Además, de este planteamiento se deriva la exigencia de recopilar una información lo más amplia posible sobre las múltiples y complejas circunstancias en torno a los sucesos de la muerte y/o desaparición de las víctimas (Rodríguez-Cuenca 1994). Así, este nuevo enfoque promovido, en sus inicios, por el antropólogo norteamericano Snow (2004), y ampliamente desarrollado en la antropología forense norte y latinoamericana, habría conducido a convertirla en una “disciplina que se nutre de los métodos y las técnicas de la antropología sociocultural, la arqueología y la bioantropología, aplicados a los procesos fiscales y judiciales, con fines legales y/o humanitarios” (Parra y Palma 2005, 4). Lo anterior supone la ampliación de la trama de relaciones disciplinares en juego, desde la tradicional vinculación de la antropología forense con la medicina, la biología y la odontología (Prieto 2008), a nuevos vínculos con la bioarqueología, la antropología sociocultural, la historia y la psicología (Muñoz y Viéitez 2018).
Es desde este enfoque que vienen trabajando los antropólogos forenses de campo durante las últimas décadas. Estos profesionales trabajan en el desarrollo de proyectos de recuperación de restos cadavéricos asociados a situaciones de violencias y vulneración de derechos básicos de poblaciones y comunidades, en colaboración con otros especialistas que trabajan en la recolección de los relatos de personas y familiares. Estas historias guardan las memorias más íntimas y personales de las desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otras violaciones de derechos. El conjunto de datos personales y de narraciones con las que trabajan los antropólogos forenses y sus equipos de colaboradores sobre el terreno ha permitido observar la conveniencia de completar la información a pie de fosa con un profundo y sistemático análisis del contexto, abordado desde una aproximación sociocultural y cualitativa. Esto es de especial relevancia cuando se trabaja con grupos culturales distantes en los que dichas descripciones de los informantes serán claves para la identificación. Sobre todo, teniendo en cuenta que sus concepciones del cuerpo, de la estética y la imagen corporal, de la patología, de la salud, de las edades o de los rasgos de identidad sexual, se verbalizan y describen con términos, concepciones y expresiones particulares, que no son traducibles, de modo explícito, a la lógica cultural científica occidental.
Estas cuestiones y sus implicaciones operativas tienen especial peso al incorporar en estos proyectos una aproximación previa al contexto y a la información de referencia. Permiten tener información en torno a los marcos sociales de la intervención, desde los parámetros de la investigación socio-antropológica, para realizar un acercamiento y encuadre del universo social y cultural de los grupos de informantes, comunidades y poblaciones locales con quienes se va a trabajar. Una perspectiva, sin duda, productiva y de utilidad cuando se trabaja con comunidades campesinas, indígenas o, en general, grupos con concepciones culturales muy alejadas de la occidental. De lo contrario, en estos contextos se podría dificultar la tarea de lograr referencias claras de los parientes de las víctimas sobre el recuerdo de estas y de su contexto premortem, que ayuden a las tareas de localización e identificación. Dicha información complementaria y contextualizadora es especialmente importante cuando no se dispone de historias clínicas, de fichas odontológicas, referencias de intervenciones quirúrgicas, radiografías dentales, radiografías de traumas o de los senos paranasales, como recursos de apoyo a la identificación individual.
La consideración de todas estas cuestiones apoya la conveniencia del replanteamiento en campo. Es preciso ir más allá de verlo como una organización y coordinación de equipos de trabajo diversos e interdisciplinares. Se debe asumir la necesidad de un mínimo conocimiento mutuo de los marcos y recursos de trabajo entre especialistas (materiales, conceptos, instrumentos, técnicas), como condición operativa para abordar la tarea desde una interdisciplinariedad real y una colaboración productiva entre expertos. Para facilitar estos ambientes y procesos de trabajo, junto a la actitud y predisposición, será conveniente contar con entornos que favorezcan la formación interdisciplinar de los miembros que constituyan estos equipos, tanto en sus perfiles de partida, como en la propia planificación y preparación de los equipos dentro de los proyectos de intervención. Sin embargo, debemos ser conscientes de los retos y dificultades de la apuesta por estos enfoques interdisciplinares. La aportación y productividad del uso conjunto de distintas técnicas y disciplinas (de evidente utilidad en la práctica de trabajos antropológico-forenses en complejos contextos sociales de conflicto político, civil o étnico) requieren de un mínimo conocimiento mutuo y capacitación básica de los profesionales, como garantía de un exitoso planteamiento de los proyectos y productivo trabajo conjunto de los equipos multidisciplinares. Dicho requerimiento es complejo y supone importantes esfuerzos de aprendizaje y adaptación entre profesionales con perfiles marcados por la hiper especialización e itinerarios de formación (o rutas de capacitación como profesionales especialistas) definidos por programas con una clara escisión en sus contenidos y objetivos particulares de partida.
Este complicado desafío de obtener unos perfiles de formación nuevos y abiertos a las disciplinas de apoyo y especialidades que colaboran con la antropología forense sobre el terreno supondría también considerar la ampliación de los itinerarios o caminos de formación del antropólogo forense, incorporando conocimientos mínimos en las disciplinas y técnicas complementarias y de apoyo a su trabajo. Se tendría que delimitar un mapa de formación que incluya: 1) los conocimientos nucleares en antropología física y forense (anatomía humana y comparada, técnicas antropométricas y osteométricas, craneometría, osteología antropológica, paleopatología, paleodemografía) y ciencias forenses (medicina legal y forense, biología y genética forense, tafonomía forense); 2) niveles de competencias básicas y un mínimo conocimiento en aspectos prácticos de arqueología (arqueología de campo, técnicas de excavación, bioarqueología), antropología social y cultural (análisis de sistemas de parentesco, técnicas cualitativas de entrevista, historias de vida, investigación etnográfica y observación participante) e investigación sociohistórica (investigación documental y de archivo, historiografía); y 3) conocimientos básicos en aspectos prácticos de otras disciplinas biomédicas, como la odontología, patología, fisiopatología.
Y en esta compleja trama de relaciones y de colaboraciones interdisciplinares, hay que resaltar la relevancia que cabe asignar a la relación -confrontación- básica existente entre la antropología forense y la arqueología forense. Estas dos disciplinas configuran el principal binomio de apoyo en la recuperación de restos humanos, recolección de evidencias e información de utilidad en casos de procesos legales en torno a las personas (víctimas). Un binomio nuclear -y eje sobre el que pivota el trabajo de los equipos- donde convergen y colaboran los procesos de excavación y recuperación de los restos humanos con el registro sistemático de toda la información de detalle e interés para el abordaje y documentación de los contextos funerarios y de enterramiento (Brothwell 1993; Ubelaker 2003).
En esta dirección de interconexiones arqueológico-antropológicas de los procedimientos de excavación y aproximación sistemática a la recuperación de los restos y sus contextos de enterramiento, aparece la tafonomía como una línea de interés compartida. Sobre todo, en lo relativo al estudio y análisis de los procesos temporales de transformación ambiental de los restos y sus entornos de depósito y/o enterramiento. En esta área tanto los antropólogos forenses (Bass y Jefferson 2004; Botella Alemán y Jiménez 2000) como los arqueólogos forenses (Moreno-Ibáñez 2020) han hecho destacables contribuciones.
Consideraciones epistemológicas en torno a la práctica de la antropología forense
Como se ha apuntado, la reflexión sobre las experiencias y las direcciones en curso para el posicionamiento de la antropología forense, en relación con sus trabajos y proyectos vinculados a los contextos de violencia social, catástrofes humanas y sufrimiento colectivo, representa importantes revisiones en el plano epistemológico del lugar de la disciplina. La nueva antropología forense está aportando materiales para repensar y revisar importantes conceptos en las ciencias sociales y humanas. Asimismo, es preciso resaltar las contribuciones académicas y sociales de la disciplina al propio debate conceptual y representacional (social) en torno a temas y conceptos como la muerte -en tanto que fenómeno individual y social-, el dolor y el duelo frente a esta, la violencia social y política y/o los procesos de memoria social e histórica.
La complejidad y alta sensibilidad de los nuevos contextos de intervención en los que se encuentra trabajando la antropología forense plantean la necesidad de adoptar nuevas posturas éticas, reflexivas y de revisión de sus enfoques metodológicos y operativos. Al tiempo, todos estos elementos de complejidad y multidimensionalidad propias de su objeto de estudio conducen a una precisa atención a las cuestiones epistemológicas en torno a la propia práctica de la disciplina, su posición y sus contribuciones, tanto en el nivel académico, como en el plano social. Se abre un ámbito de revisión del lugar de la disciplina y de su posicionamiento autocrítico y reflexivo, como planteamiento y revisión respecto a la posición académica del antropólogo forense y, a la vez, de su papel profesional y ético, cuando trabaja con temas tan socialmente sensibles y con claras extensiones en el campo de las relaciones sociales, debates ideológicos y confrontaciones políticas.
Este ámbito de trabajo e interacciones de la antropología forense con otras disciplinas, no solo contribuye con nuevas oportunidades operativas y de resolución técnica de las tareas, sino también, en el plano epistemológico de su ubicación y relaciones como disciplina médico-legal, convierte y proyecta a la antropología forense en una disciplina con una dimensión (y función) claramente social (Medrano y Montoya 2016). Dentro de esta condición y posición de la disciplina como especialidad, al tiempo, médico-legal, antropofísica (o bioantropológica) y social, cobra una nueva dimensión repensar las posiciones en la relación investigador-objeto de estudio y el lugar de antropólogo (y sus colegas en estos proyectos) en relación con los contextos sociales (humanos) de trabajo.
En esta dirección, como herramientas posibles en la revisión de una posición ética, social y académicamente solvente del antropólogo forense, cabe recurrir a ideas sobre las que se ha reflexionado ampliamente en la literatura antropológica general. Esta literatura gira en torno a la distancia con el objeto, la reflexividad frente a la relación del investigador con su objeto y contexto de estudio, o la actitud crítica y de vigilancia epistemológica, respecto a las interacciones, los efectos e impacto del antropólogo sobre su objeto y contexto de actuación (Augé 2007; Bourdieu, Chamboredon y Passeron 2002). Una postura y tarea que algunos antropólogos abordan desde la actitud y ejercicio de un realismo crítico que busca conciliar las aspiraciones del rigor y objetividad del trabajo científico y empírico y la incorporación de elementos propios de las miradas críticas y de atención continua al papel y las interacciones contextualizadas del científico con su ámbito de estudio/intervención (Bourdieu, Chamboredon y Passeron 2002). En relación a las reservas éticas y garantías epistemológicas, especialmente relevantes en el caso de un ámbito de investigación-acción aplicada, como son la mayoría de intervenciones antropológico-forenses y, en especial, las que cursan en el marco de la actuación en contextos de violencia social y colectiva, conviene poner en uso ciertas prevenciones que contribuyan a delimitar un marco de buenas prácticas en el desempeño del oficio de antropólogo forense.
En esta dirección, resulta ampliamente conveniente y productivo el ejercicio personal de poner de manifiesto en la presentación de su trabajo el reconocimiento explícito del posicionamiento ideológico de los investigadores. Sin embargo, para que la explicitación de las posturas ideológicas personales sirva como herramienta eficaz de vigilancia epistemológica en el ejercicio de la investigación, este posicionamiento debe formularse en términos de elementos de transparencia y honestidad científica, que contribuya a evitar las posibles percepciones de intereses enmascarados o sospecha de intenciones ocultadas, como potenciales factores de interferencia y sesgo negativo en el curso y resultados de los trabajos. Es decir, se debe ofrecer un reconocimiento público del posicionamiento ideológico del antropólogo que, una vez expuesto, opere como llamada del autor en apoyo a las garantías de rigor en los trabajos de intervención y en el reporte de sus resultados y no se perciba como un factor de interferencia, elemento de distorsión o de sospecha intencionada sobre estos.
Discusión
Algunas perspectivas de la antropología social aplicada sostienen el requerimiento de una necesaria postura de compromiso e implicación con los grupos que estudian, lo que les convierte en la voz de estas comunidades, grupos o pueblos en situación de vulnerabilidad, que constituyen su objeto de estudio (pobres, oprimidos, excluidos, indígenas). De igual forma, existen concepciones dentro de la antropología física y forense que entienden como necesario un posicionamiento y compromiso social con la recuperación de la voz de los silenciados, los desaparecidos, los enterrados anónimamente y los condenados al olvido. Desde estas posturas, se defiende que la identificación de víctimas contribuye a encarnar en los restos de los cuerpos recuperados de los asesinados su historia silenciada (enterrada) y su dignidad humana violada. En esta dirección, el antropólogo forense colombiano José Vicente Rodríguez Cuenca sostiene que: “Hoy hay quienes, trabajando en la identificación de sus cuerpos que encuentran anónimos en fosas comunes, los extraen de la tierra que finalmente los hubiese fundido con la nada, para devolverlos a la cultura. Quizás escribiendo su nombre sea posible humanizarlos en las encrucijadas de la historia” (1994, 10).
Ciertamente, la recuperación de víctimas enterradas (ocultadas) de la violencia, la dominación y exclusión social supone una posibilidad para devolver a estos sujetos a su posición visible, como actores de unos procesos sociales e históricos en los que participaron y de los que fueron excluidos como víctimas. Asimismo, recuperar su presencia supone devolverles la identidad y dignidad como persona, al restablecer su papel y posición dentro de una trama de relaciones sociales -atravesadas por conflictos, dominaciones y violencias- a quienes fueron borrados de la historia, la sociedad y la vida. Sin embargo, desde una postura de vigilancia epistemológica respecto al papel del antropólogo forense como científico formal y aplicado, la aportación de evidencias y datos para las actuaciones de la justicia o para la reflexión social y política en torno a la violencia en la vida cívica, no puede -ni debería- confundirse con un posicionamiento ideológico o un activismo político por parte del antropólogo, quien situado y condicionado desde una posición particular, corre el riesgo de condicionar y/o sesgar el resultado de sus informes, datos y registros de información forense y pericial. Los sesgos de interpretación pueden desviar hacia usos interesados o partidistas la información referida a los ámbitos de estudio, la interpretación de los contextos y la aportación de evidencias de situaciones de violencia colectiva, vinculadas con complejos elementos políticos y/o ideológicos, así como a sensibles tramas sociales, teñidas de afectos, emociones, sentimientos y creencias.
Por todo ello, junto a la funcionalidad social y utilidad de las evidencias antropológico-forenses aportadas para el esclarecimiento de situaciones de la violación de derechos fundamentales, cabe tener presente que dichas informaciones implican impactos sobre los sentimientos y la experiencia personal vivida en torno a estos hechos. Esto incluye efectos psicológicos y emocionales que, junto a sus repercusiones a nivel social o comunitario, impactan en el entorno personal y familiar de las víctimas. En la obra colectiva de Medina, Molina y García-Miguel (2008) se señala esa importancia psicológica y social de las evidencias explicitadas en torno a los hechos de violencia social en el pasado, para completar los procesos de duelo, perdón, reconciliación y restitución a nivel individual, comunitario y social, junto con una recuperación parcial de la normalidad social. Un retorno a la normalidad que puede ser construido a partir de la reincorporación y actualización de la narrativa de los conflictos, el daño y el reconocimiento de la censura pública a la violencia. En este camino, puede ser posible el perdón y la reconciliación, en torno a una aceptación compartida y pública de los hechos censurables dentro de la memoria histórica y social.
Recuperar la memoria del conflicto debe ser entendido como un proceso que interesa a toda la sociedad, en la medida que ello supone traer al presente un pasado que no debería haber ocurrido, para restaurar mediante un acuerdo social compartido una situación de justicia y dignidad de las víctimas (Del Río-Sánchez 2008; Vicario 2008). Como señala Parra (2003), cuando se establece la identidad de los sujetos desaparecidos forzosamente, no solo la familia y los allegados experimentan la tranquilidad de la certeza de la muerte y se puede enfrentar al duelo, sino que toda la sociedad siente una calma al hacer explícito un dolor compartido, el repudio de la violencia y la reivindicación de la vida social, en base a un deseo compartido de reconciliación. Sin embargo, en el plano individual, al percibirse que se confirma y, al tiempo, se condena la violación ejercida contra las víctimas de violencia política (desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales), los familiares de las personas desaparecidas se enfrentan a sentimientos complejos y contrapuestos, de indefensión y comprensión. Aun así, el hecho de la identificación y confirmación de la pérdida de su allegado también les permite cerrar una fase de incertidumbre y ansiedad, y recuperar cierta estabilidad en la estructura rota de las tramas familiares y personales, a partir del duelo completado, la catarsis emocional y el cierre de un ciclo de incertidumbre.
El caso particular de la guerra civil española constituye un ejemplo representativo de la complejidad de este tipo de contextos de intervención, donde el trabajo antropológico-forense y sus resultados se enmarcan en un ambiente de debate y polémica entre posturas e interpretaciones teñidas de emociones y sesgos ideológicos. Este tipo de repercusiones deben ser tenidas en cuenta en el proceso de actuación y en el reporte de los resultados de las investigaciones. En este caso particular, las actividades enmarcadas en el proceso de recuperación de la memoria histórica y las acciones promovidas desde múltiples asociaciones e instituciones en distintas zonas del país alimentan un debate polémico (y al tiempo, positivo) en torno, primero, a la actividad antropológica forense en estos ámbitos (Leizaola 2006; Serrulla 2018) y, segundo, a la necesaria reivindicación de una reflexividad crítica frente al abordaje de la práctica profesional de intervención y recuperación de contextos pasados de violencia social.
Así, con base en las complejas dimensiones de todo ello, cabe marcar una clara distinción entre el compromiso social del científico profesional y el delicado papel de su posible posicionamiento ideológico. De modo que, la responsabilidad de aportar datos fiables y evidencias recuperadas, que contribuyan al esclarecimiento de los casos en estudio, deba quedar claramente diferenciada de una implicación o apuesta personal (posicionamiento). Las posiciones políticas o ideológicas particulares no deben sesgar o desviar la interpretación de los datos y evidencias del trabajo antropológico, pues esto puede reorientar los objetivos científicos en términos de argumentos político-ideológicos y/o hacia intentos parciales de (re)construcción del pasado.
Consideraciones finales
Se ha revisado la complejidad operativa, profesional y ética del trabajo del antropólogo forense en sus nuevos ámbitos de actividad, y en relación a un objeto de mayor amplitud a su objeto y enfoques tradicionales. Así pues, cabe concluir que esta nueva práctica de la antropología forense, en tanto que disciplina aplicada al estudio de marcos de violencia política o civil, plantea retos metodológicos, prácticos, ético-profesionales y sociales, tal como el que supone manejar el delicado equilibrio entre el compromiso social de la investigación y la compleja tarea de aportar luz en torno a contextos de especial sensibilidad y complejidad. Es recomendable vigilar que estas situaciones no lleven a posturas que supongan obstáculos al riguroso trabajo científico del antropólogo, desde un posicionamiento ideológico-político.
Es por ello, la insistencia en la necesaria observación y vigilancia del papel, posición y desempeño del antropólogo forense en el contexto de la investigación. De igual forma, sus interacciones y posibles impactos sobre el objeto y sus contextos deben garantizar el suficiente rigor y objetividad en el reporte de evidencias, información y hechos registrados. Queda así, de manifiesto, la importante consideración del reto de conciliar el compromiso profesional como científicos aplicados con las garantías de objetividad, rigor y vigilancia en la práctica de la investigación e intervención sobre el objeto de estudio y sus contextos. A tal efecto, el replanteamiento metodológico, el apoyo en la interdisciplinariedad, la reformulación y aceptación de un objeto y problema de estudio complejo y la actitud crítica y vigilante de antropólogo forense constituyen las herramientas y recursos clave de una práctica profesional productiva y responsable.
