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La violencia de género que enfrentan las mujeres migrantes ha sido un tema de estudio centralizado, casi exclusivamente, en el ámbito de la pareja (Crenshaw 1991); sin embargo, la multiplicidad de formas en que se manifiesta advierte su transversalidad, que acentúa escenarios de vulnerabilidad social, económica e institucional. Precisamente, la vulnerabilidad se entiende como un proceso multicausal que afecta el bienestar y el ejercicio de los derechos de las personas y/o comunidades, y puede desencadenar dinámicas de exclusión social (Araújo 2015).
Dicha complejidad invita a integrar marcos analíticos que, desde una perspectiva holística, aborden la problemática a partir de distintas dimensiones y manifestaciones. En este sentido, consideramos que la propuesta de Galtung (2003a) desarrolla una tipología de las violencias que nos permite identificar y categorizar las formas en que se manifiestan las violencias y cómo se complementan, retroalimentan e imbrican entre ellas. A saber, la violencia directa entendida como una expresión visible de comportamientos agresivos; la violencia cultural entendida como expresiones y actitudes que reproducen imaginarios preconcebidos hacia determinados colectivos, y la violencia estructural entendida como la materialización de estructuras sociales que obstaculizan el libre ejercicio de la ciudadanía. Por otro lado, la interseccionalidad analiza distintos ejes de opresión y dispositivos de desigualdad que complejizan la realidad vivida (Magliano 2015).
En este contexto se enmarca el presente artículo, que analiza las violencias que viven o han vivido las mujeres latinoamericanas en la ciudad de Barcelona. Cabe señalar que trabajamos con la categoría violencia contra las mujeres (en adelante VcM) comprendida como
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. (art. 1 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer)1
Ahora bien, es importante precisar que dentro de la violencia de género encontramos la categoría de VcM, ambos conceptos tienden a usarse como sinónimos, pero existe una diferencia entre ellos. La violencia de género es la violencia dirigida a una persona o grupo por su género y abarca la violencia contra las mujeres, niñas, hombres, niños o personas con diferentes identidades de género; con la salvedad de que la violencia que viven los hombres por razón de su género no es representativa ni significativa en comparación a la violencia que viven mujeres y niñas. En tal sentido, la VcM es un dispositivo de poder y control del patriarcado (Arnoso et al. 2012) que trasciende el ámbito de las relaciones de pareja, ya que puede ser ejercida tanto por personas conocidas o desconocidas, como en casos de acoso sexual callejero (Zurbano, Liberia y Bouchara 2016); acoso sexual laboral (Pérez y Rodríguez 2016); violencia comunitaria en el espacio público (Zúñiga 2014) y violencia que ejerce el Estado mediante la victimización secundaria o la esterilización forzada (Villegas 2009).
La estructura del artículo comienza, en primer lugar, con el marco teórico que profundiza en la tríada de la violencia de Galtung, así como el enfoque de la interseccionalidad. En segundo lugar, se presenta una aproximación al contexto español. En tercer lugar, se exponen los apuntes metodológicos y la sistematización de la información recopilada, para, más adelante, desarrollar un análisis cualitativo con base en entrevistas realizadas entre 2014 y 2021. Por último, los resultados muestran una imbricación de violencias que se acentúan por factores identitarios, sociales, laborales y administrativos/legales. Como corolario, proponemos ampliar el concepto de violencias de género para el caso de mujeres migrantes, dando cuenta de la relevancia de integrar diversos ejes a la hora de analizar esta problemática.
Un marco teórico para el estudio de la violencia contra las mujeres
Galtung y el triángulo de las violencias
La VcM vulnera el derecho a vivir una vida en condiciones de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad, pues como problema social sustentado en el sistema patriarcal, conlleva dinámicas de subordinación estructural que deviene en comportamientos, actitudes y prácticas discriminatorias que se definen como sexismo (Trujillo y Contreras 2020), el cual “se basa en el mantenimiento del poder y de una identidad distintiva por parte de los hombres respecto a las mujeres, junto a deseos ambivalentes de intimidad y dominación sexual” (Lemus et al. 2008, 539). En este sentido, la propuesta de Galtung (2003a) permite complejizar la forma en que se desarrollan y ejercen las violencias. El autor señala que la violencia directa (entendida como acontecimiento) se inscribe en el campo físico, verbal y/o psicológico; la violencia cultural (entendida como una constante en el tiempo) se relaciona con aspectos más bien simbólicos que legitiman la violencia directa o estructural (Galtung 2003b); y la violencia estructural (entendida como proceso) deriva de los sistemas sociales, políticos y económicos que generan discriminación y exclusión, es decir, un ejercicio de poder que condiciona o restringe la satisfacción de las necesidades básicas. Precisamente, estas violencias operan de forma articulada sobre las necesidades básicas de supervivencia, bienestar, representación/identidad y libertad (Galtung 2003a). Si aplicamos este modelo a la VcM, observamos que la violencia directa atenta contra la necesidad de supervivencia (feminicidios); la necesidad de bienestar (maltrato o desprecio); la necesidad identitaria (imposición de estereotipos de género); y la necesidad de libertad (negación de derechos) (Cortés 2019). Desde este correlato, el continuum de las violencias se caracteriza por ser común y subyacente en las experiencias vividas por las mujeres y que se expresa como una fluctuación que adquiere intensidad dependiendo del contexto personal, social y cultural.
Enfoque interseccional para el estudio de la violencia contra las mujeres
Si la propuesta de Galtung otorga una base para analizar las distintas formas en que se estructuran y manifiestan las violencias, el enfoque interseccional permite reconocer los factores de opresión que generan situaciones de vulnerabilidad en mujeres migrantes (Rojas 2017). Esta perspectiva analiza cómo la confluencia entre la clase, la raza, la etnicidad, el género, la orientación sexual, entre otros, plasman experiencias múltiples de opresión (Kuperberg 2018). En tal sentido, Crenshaw (1989) propuso el concepto de violencias entrelazadas para poner en evidencia un continuum de violencia contra las mujeres, sobre todo cuando se trata de mujeres racializadas. Cabe precisar que la raza es entendida como un dispositivo de la clasificación racial que estructura y sitúa los cuerpos en el orden geopolítico mundial; jerarquías que provocan prejuicio y discriminación racial que devienen racialización (Segato 2012).
Ciertamente, en Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, Crenshaw (1991) estudia las dinámicas de la interseccionalidad estructural, al señalar que las agresiones físicas que sufren las mujeres maltratadas en el ámbito de la pareja son una manifestación de la subordinación cotidiana vinculada a la opresión de clase, raza, etnicidad y género. Por ello, y para entender cómo se configura la racialización hacia los grupos oprimidos, y en especial hacia las mujeres, es necesario explorar las estructuras y representaciones sociales vinculadas a estas categorías. Esta conexión otorga una mayor aproximación al impacto político y social que tiene la subordinación más allá de una lectura centrada en el género (Phoenix y Pattynama 2006).
Patricia Hill Collins (2000) plantea la existencia de una matriz de opresión que tiene como ejes estructurantes dos sistemas de opresión. Por un lado, el racismo, entendido como un sistema de dominación global que tiene un registro social vinculado a las relaciones de poder dentro de la sociedad y un registro identitario conectado con la diferencia cultural (Grosfoguel 2016; Rojas 2017). Y por patriarcado que, por medio del sexismo, instala una construcción social en la que el poder masculino actúa como factor de opresión hacia las mujeres (Trujillo y Contreras 2020).
En el caso del estudio de las migraciones femeninas, la interseccionalidad se configura como una herramienta teórico-metodológica que permite analizar las experiencias de desigualdades múltiples (Phoenix y Pattynama 2006), subrayando que dicho proceso se caracteriza por la heterogeneidad de condiciones y posiciones sociales: “situación económica del lugar de origen y destino, condición étnico-racial, situación de clase, circuitos de migración, tipos de migración, motivos de migración, niveles de educación” (Guzmán 2009, 567). En esta línea, abordar la VcM desde un enfoque interseccional permite conectar las dimensiones comunes y particulares de la violencia contra diversos colectivos de mujeres (Catoia, Severi y Fermino 2020; Institut Català de les Dones 2020; Parson et al. 2016).
La conexión entre la interseccionalidad y el modelo de Galtung la definimos a partir de la intersección de vectores de desigualdad que se relacionan bajo una forma de violencia estructural y simbólica que altera o condiciona el devenir migratorio de las mujeres. Asimismo, ponemos énfasis en que la interseccionalidad reconoce el vínculo entre poder e ideología que sustenta y legitima relaciones de dominación (Collins 2000), lo que para Galtung se traduce en violencia cultural amparada en discursos, prejuicios y creencias que desvalorizan a colectivos que presentan algún tipo de identificador étnico, racial, identitario o cultural.
Una aproximación al contexto español
Como señalan Castles y Miller (1998), la nueva era de las migraciones se caracteriza por su feminización, ya que las mujeres han asumido un protagonismo que ha transformado el patrón de movilidad, y han dejado de ser parte de un proceso asociativo masculino para transitar a uno de carácter autónomo, cuyos objetivos son variados: mujeres que emigran como estrategia económica familiar, por reagrupación familiar, mujeres que huyen de situaciones de violencia, por el cambio climático, o aquellas que por estudios o por buscar un cambio de vida deciden dejar su país de origen. Objetivos que también inciden en las trayectorias migratorias, las cuales varían según el tiempo (estacional, temporal, indefinido); la edad (infancia, adultez o tercera edad); el grado de libertad (voluntarias, forzadas, refugiadas, deportadas), etc.
A modo de contexto, en España, debido al crecimiento económico en la década de los noventa, al aumento de las mujeres autóctonas en el mercado laboral, a la distribución desigual de las tareas reproductivas en el hogar y a la privatización de los cuidados, incrementó la presencia de mujeres inmigrantes, en especial, de latinoamericanas, para asumir las tareas domésticas y del cuidado. Según García Sainz, Santos y Valencia (2014) , en la actualidad España es el país de la Unión Europea con mayor presencia de personas en el trabajo doméstico asalariado compuesto mayoritariamente por mujeres migrantes. En 2021, según el Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE)2, en España había 5 542 932 personas extranjeras, de las cuales 2 764 718 eran mujeres, es decir, el 49,88 %. En cuanto al origen, las mujeres procedentes de América del Sur y el Caribe tienen una presencia predominante en comparación con los hombres. En concreto, en 2021 las mujeres sudamericanas sumaban el 31,77 % de la población de origen extranjero en España, seguido por las que proceden de la Unión Europea con un 29,38 % y, en tercer lugar, las mujeres procedentes de África, con un 17,69 %. Según la Encuesta de Población Activa (EPA 2021)3, la tasa de desempleo de las mujeres migrantes durante 2021 alcanzó el 28,2 % y, en el caso de los hombres migrantes, un 21,8 %. Si consideramos que el servicio doméstico es la puerta de entrada al mercado laboral para las mujeres migrantes, la EPA muestra que durante 2021 había 554 800 personas ocupadas en actividades del hogar, de las cuales 470 700 eran mujeres. Por otro lado, los datos proporcionados por la Seguridad Social4 muestran que las afiliadas extranjeras al Sistema Espacial de Trabajadoras del Hogar representan el 34 % (160 124). Las mujeres de América del Sur, Central y del Caribe representan el 19,22 % (90 465); las mujeres de la Unión Europea representan el 8,93 % (38 719), y las mujeres de África representan el 2,51 % (11 794). En Cataluña, con una población de 5 542 932 personas, 1 271 810 son extranjeras y de estas 614 771 son mujeres. Los datos de la Seguridad Social indican que de los 3 892 200 afiliados a la seguridad social, 534 793 son extranjeros y de estos 29 114 lo están en el Sistema Espacial de Trabajadoras del Hogar, siendo las mujeres extranjeras quienes tienen una mayor presencia en este ámbito laboral. Estas cifras nos contextualizan sobre los ámbitos laborales en los que se desenvuelven las mujeres migrantes.
Ahora bien, y retomando el marco en torno a las violencias, cabe indicar que la VcM es estructural porque tiene una raíz sociohistórica producto de relaciones asimétricas de poder que sitúan el cuerpo femenino “como un territorio de conquista, control y disciplinamiento” (Mena-Ortiz y Munévar-Munévar 2009, 359). Violencia que, si bien, es transversal a las mujeres, existen factores que amplifican situaciones de riesgo. En el caso de las mujeres migrantes, las dinámicas de vulnerabilidad están creadas e impuestas por las dificultades económicas, sociales, lingüísticas y administrativas que subyacen a los procesos migratorios (Parson et al. 2016), que propician tipos de victimización como, por ejemplo, la violencia sexual en sus trayectorias (Cortés 2019); la trata para fines de explotación sexual y/o laboral (Meneses-Falcón y Urío 2021); la mutilación genital femenina (Carrasco e Ibáñez 2020); los matrimonios forzados (Villacampa y Torres 2019) y la vulneración de derechos en los Centros de Internamiento de Extranjeros5 (Martínez 2013).
Diversas investigaciones han corroborado que la violencia afecta de manera diferenciada, y con distintos niveles de prevalencia, a las mujeres (Parson et al. 2016). De hecho, en España la prevalencia en contexto de violencia de pareja es bastante significativa: un 23 % de mujeres migrantes manifiesta haber vivido violencia física frente al 9,7 % en el caso de mujeres españolas (Macroencuesta Violencia Contra la Mujer 2020)6. Por otro lado, el informe anual del Consejo General del Poder Judicial (2020)7 señala que, de un total de 145 721 denuncias por delitos de violencia de género en el Estado español, 97 599 fueron interpuestas por mujeres nacionales y 48 132 por mujeres migradas, cifra que supone un 33 % del total. Esta información es relevante si consideramos que, del total de mujeres en España a 2021, aquellas que son migrantes alcanzan el 49,88 % del total. Estos datos plantean dos dimensiones a considerar. La primera son las dificultades para denunciar, pues la VcM es amplificada por la violencia institucional. Si bien, en la Ley Integral de Violencia de Género de España 1/20048 se estipulan medidas de protección para mujeres que no cuentan con residencia en el país, las dificultades del proceso, así como la baja tasa de aplicación de las medidas de protección, desincentivan este tipo de acciones; de hecho, menos del 25 % de las denuncias tienen como resultado una orden de protección para las víctimas. La segunda es la potencial victimización secundaria, acompañada de una respuesta ineficiente por parte de las instituciones judiciales (Bodelón 2015); prácticas que pueden comprender situaciones tales como “la negación de los derechos de las víctimas, especialmente por condiciones de género o sexual, cultura, raza, etnia, edad, entre otros, así mismo, involucra la negación del reconocimiento de la experiencia particular frente al hecho delictivo” (Gutiérrez, Coronel y Pérez 2009, 50).
Justamente, analizar la victimización que enfrentan las mujeres migrantes, en especial, aquellas en situación irregular, demanda vincular la ley contra la violencia de género con la ley de extranjería (Merino 2017). Un análisis conjunto permitiría demostrar cómo
la autonomía en la gestión del riesgo de las víctimas se minimiza, ocasionando una contradicción normativa en la que la mujer inmigrante en situación irregular que denuncia un acto de violencia inicia con esta misma acción un procedimiento administrativo de expulsión en su contra. (Merino 2017, 109)
Estudiar esta problemática implica dejar la tendencia a etnificar a las mujeres migrantes, es decir, identificarlas en clave racial -entendiendo por raza un dispositivo de jerarquización social- (Arnoso et al. 2012), para reconsiderar factores estructurales que sustentan este tipo de violencia.
Apuntes metodológicos
Este artículo contiene parte de los resultados de dos investigaciones que arrojan hallazgos en torno a la violencia que enfrentan las mujeres latinoamericanas con residencia en Barcelona. La primera (2014-2016), realizada en el contexto de la investigación doctoral de la Dra. Macarena Trujillo, analizó las experiencias de mujeres latinoamericanas que lideran familias monomarentales9. La segunda (2019-2021), realizada en el contexto de la investigación posdoctoral de la Dra. Paola Contreras, profundizó en torno a cómo la migración acentúa y/o permite que emerjan violencias que agudizan el devenir de las mujeres.
Ambos estudios tienen un enfoque cualitativo ya que, gracias a la realización de entrevistas semiestructuradas, se logró atender la complejidad del discurso sobre las vivencias y experiencias relativas a la maternidad, migración y violencias. Se optó por entrevistas semiestructuradas porque permiten flexibilizar el guion, en cuanto a su orden y planteamiento, pero sin alejarse del objetivo que estructura la pauta. En tal sentido, en ambas investigaciones el guion se estructuró a partir de dos apartados similares y uno específico en cuanto a la temática de cada una. Los apartados similares se organizaron en: (1) identificación (nombre, edad, país de origen, años de residencia en España, nivel de instrucción educativo, trabajo remunerado [tipo], composición de grupo familiar, con quien vive); y (2) trayectoria migratoria (objetivo migratorio, experiencias laborales y sociales relevantes, dificultades personales y familiares, dimensión relacional, experiencias en torno a la integración vs. exclusión social y experiencias de violencias). El apartado específico en el caso de la investigación de la Dra. Trujillo apuntó a preguntas sobre expectativas e imaginarios de la maternidad, entrada a la monomarentalidad, dificultades y desafíos de la conciliación familiar y laboral. En el caso de la investigación de la Dra. Contreras se buscó conocer la trayectoria biográfica y los episodios de violencia en el país de origen; las experiencias de violencia en destino, la percepción respecto al miedo y la vulnerabilidad, las dimensiones de los fracasos y las frustraciones, la experiencia sociolaboral y las experiencias de asociativismo y/o activismo.
En cuanto al trabajo de campo, en la primera investigación (2014-2016) se realizaron catorce entrevistas, y en la segunda (2019-2021) quince. La muestra se seleccionó con base en tres criterios: ser mujer latinoamericana (independientemente de si su estatuto jurídico es de irregular, regular o nacionalizada), vivir en Barcelona y, en el caso de la primera investigación, liderar una familia monomarental con al menos un/a hijo/a a cargo; y en la segunda, reconocer haber vivido violencia de pareja, institucional, económica-laboral y/o social. La heterogeneidad de las muestras se observa en relación con el país de origen, la edad, los años de migración, los hijos/as, el nivel de estudios, la ocupación, la experiencia de maternidad transnacional y la temporalidad del proyecto migratorio (transitorio o permanente).
Cabe precisar que cuando se habla de mujer latinoamericana, si bien es un criterio de selección que otorga homogeneidad a la muestra, esto no significa que se está hablando de un colectivo homogéneo en cuanto a sus características sociales y culturales; al contrario, las veintinueve mujeres participantes provienen de países latinoamericanos (figura 1) con experiencias sociohistóricas diversas que confieren heterogeneidad identitaria y situacional a la muestra.
Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo de las investigaciones de las Dras. Trujillo y Contreras, 20 de noviembre de 2021.
Figura 1. Sistematización del perfil de las entrevistadas
La manera de acceder a las participantes se logró, en el caso de la primera investigación, mediante los contactos aportados por la Federación de Familias Monoparentales de Cataluña y la Red de Investigadores de Chile en España; además de utilizar la técnica de la bola de nieve con las mujeres que ya habían participado. En la segunda investigación se contactó a las participantes que cumplían el perfil de la muestra, por medio de la Asociación Mujeres Pa’lante y la Red Jurídica Antirracista, ambas situadas en Barcelona. Es importante indicar que, una vez presentados los objetivos de cada investigación a las entidades a las que se acudió, se precisó que las entrevistas serían utilizadas solo con fines académicos y que, para resguardar las identidades de las mujeres, se identificarían posteriormente con un número. Una vez concertados los encuentros, se leyó a las participantes el consentimiento informado y se apuntó que, por la sensibilidad del tema, en caso de querer terminar la entrevista esta se cortaría, lo que no sucedió en ninguna de las entrevistas realizadas.
Con relación al análisis, para este artículo se definió un modelo basado en tres categorías: trayectorias biográficas migratorias, violencias interseccionales y estrategias de resistencias. En cada una de estas emergieron subcategorías; en el caso de las trayectorias biográficas migratorias aparecen los motivos migratorios, las dificultades económicas familiares en origen, las dificultades jurídico-normativas y laborales en destino; en violencias interseccionales, las categorías de violencias en el espacio, en el ámbito laboral y de pareja; y en estrategias observamos el activismo o la participación en asociaciones de migrantes, la formación sociolaboral, el acompañamiento y los procesos terapéuticos. Por otro lado, se trabajó con el enfoque narrativo que permite interpretar el contenido de las entrevistas, considerando que las narraciones no albergan toda la riqueza de las experiencias, pero son una aproximación desde el relato y la subjetividad de quienes las emiten. En tal sentido, Capella (2013) apunta que en las narrativas es esencial la temporalidad secuencial del evento, destaca el significado atribuido al suceso y el punto de vista del narrador, lo cual permite dar continuidad a las experiencias cotidianas. Es más, “las narrativas personales siempre son contadas desde el momento presente, no obstante, tienden a centrarse en eventos pasados, vinculándolos al presente y a futuros posibles, con un inicio (historia), medio (presente) y fin (futuro)” (Capella 2013, 119).
Resultados y discusión
Las contribuciones realizadas desde la interseccionalidad nos permiten comprender cómo en contextos migratorios, la situación administrativa (sin permiso de residencia), la racialización o la clase profundizan situaciones de vulnerabilidad en el marco de la VcM, sumado a que los objetivos migratorios también tienen un papel clave. Entre los motivos para emigrar, que en general no han variado en sus trayectorias migratorias, se encuentran en primer lugar los de carácter económico (estrategia familiar), los de salvaguarda personal (violencia de pareja en origen) y, académicos (estudios posobligatorios). Cuando nos encontramos con mujeres que han asumido dejar sus países de origen por un tema económico, aceptan -en muchos casos- situaciones que las violentan, por ejemplo, en el ámbito laboral (vulneración de derechos) y de pareja (insultos o chantajes por temas de regulación administrativa).
Violencias en el espacio público hacia mujeres migrantes
En esta investigación el análisis de la VcM no está situado de manera exclusiva en el ámbito privado y perpetrado por parejas o exparejas, sino que también se considera la violencia vivida en otros ámbitos. Por ello, consideramos relevante comenzar el análisis con la violencia que se ejerce en el espacio público.
Este tipo de violencia es ejercida mayoritariamente por personas desconocidas en el espacio público (Falú 2009) que, entendido como escenario de encuentro y socialización, también se configura como lugar donde se ejercen violencias sutiles, cotidianas y/o de alto impacto para las mujeres. En el espacio público quedan en evidencia las desigualdades de género y sus consecuentes relaciones de poder. Así, y desde la socialización primaria, se enseña a las mujeres, en tanto mecanismo adaptativo, habitarlo desde la cautela, particularmente, por constituirse como un lugar de inseguridad que restringe libertades y derechos (Toro y Ochoa 2017). A partir de esta perspectiva, la violencia en el espacio público es un acto en el que “se transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propicia su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público” (Zúñiga 2014, 80).
Al analizar la violencia en el espacio público contra las mujeres migrantes, el género y la raza emergen como factores que la agudizan, principalmente porque activa un imaginario sexual-racial; un ejemplo de ello lo grafican las siguientes experiencias de las entrevistadas:
En España he sufrido mucha violencia racial y sexual, porque al ser una mujer negra los hombres creen que pueden hacer lo que quieran, me han agredido en la calle, en el metro, me han intentado agarrar el culo, las tetas y palabrotas en la calle. Yo soy una mujer voluptuosa y eso a los hombres los vuelve locos, voluptuosa y negra se activa un imaginario sexual que es muy agobiante porque es permanente, sobre todo en la calle y en los trabajos. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E2, venezolana, 2019)
El hecho de ser una mujer negra acentúa las violencias, porque la lectura del cuerpo de la mujer es como la lectura de un cuerpo maltratable o violable y es un cuerpo leído de esa forma. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E1, colombiana, 2019)
La imbricación entre sexismo y racismo acentúa la violencia en el espacio público al ser leídas como cuerpos “maltratables y violables”. Si pertenecer al género femenino otorga un estatus social infravalorado, la diferencia cultural promueve una diferencia de género en términos raciales (Moreno 2012), es decir, una sexualización racializada y una racialización sexualizada (Hellebrandová 2014; Lugones 2008). Ello refleja la tensión entre visibilidad e invisibilidad; visibles como cuerpos-objeto del deseo ajeno e invisibles al derecho de ocupar el espacio como lugar de libertad, seguridad y bienestar. Esto se debe a que, en el espacio público, los dispositivos de control y poder se organizan para someter la diferencia cultural, racial, social y de género (Falú 2009). Como consecuencia, este tipo de violencia perjudica la disposición subjetiva de habitar el espacio público, pues el miedo afecta la autoestima en las mujeres y profundiza sentimientos de inseguridad y rechazo. De acuerdo con Toro y Ochoa (2017), en ocasiones, las mujeres asumen la responsabilidad de las agresiones por considerar que han tenido comportamientos inadecuados o porque su apariencia física o su manera de vestir incita a los hombres a realizar este tipo de agresiones. La interacción social sustentada en el respeto y la libertad se altera producto de la imbricación de mecanismos de exclusión, que en contextos migratorios se activa principalmente por el factor racial y de género (Falú 2009).
La población migrada, en general, y la femenina, en particular, representan una “diferencia” cultural que tensiona los marcos identitarios, lo que directa o indirectamente genera dinámicas que legitiman la segregación y la construcción de la otredad (Contreras 2019). Un ejemplo de ello lo expresa una de las entrevistadas:
La vida como migrante está llena de obstáculos, es una vida que te golpea […], aprendes a ver la diferencia entre los seres humanos y que son muchas las barreras que nos separan. En Perú viví el racismo por ser aymara, acá vivo un racismo no solo por ser aymara, sino también por ser peruana, mis amigos me dicen Machu Pichu, por no tener papeles, por ser pobre. Estoy acá porque puedo trabajar y mandar plata a mi familia, es un esfuerzo porque tengo que soportar mucha violencia y discriminaciones. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E4, peruana, 2019)
Precisamente, ello instala la vulnerabilidad como una dimensión estructural y cultural. La primera proviene de una estructura de poder que establece jerarquías raciales que deviene en racismo, y la segunda es el resultado de un conjunto de elementos como son los prejuicios y los estereotipos fundados en identificadores sociohistóricos. Vulnerabilidad articulada desde el componente racial/sexual, tal y como lo muestran los siguientes relatos
Aquí en España ha sido muy fuerte sentir el rechazo o sentir la diferencia, me ha generado mucha inseguridad, no siento que haya una actitud de apertura y hacerte sentir que, si no tienes rasgos europeos, o si no eres blanca no hay problema, acá la diferencia se transforma en un problema que limita la adaptación, pero sobre todo afecta tu seguridad y eso te hace vulnerable. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E5, peruana, 2019)
Es en este contexto en el que se justifican y normalizan las agresiones, los abusos y la violencia contra las mujeres migrantes, pues la otredad racializada y sexualizada pierde valor en una estructura social, incrementando los riesgos de sufrir algún tipo de agresión física, sexual o verbal en el espacio público (Toro y Ochoa 2017). Una violencia directa y simbólica, puesto que los ataques están dirigidos de manera frontal y buscan amedrentar a las mujeres migrantes. Situaciones que simbólicamente atentan contra sus identidades, problematizan su presencia en el país de destino, aumentan la inseguridad de habitar el espacio social, restringen las dinámicas de interacción e integración social, potenciando con ello la segregación, la exclusión y el miedo.
La violencia laboral como mecanismo de exclusión
Otra dimensión en el análisis de la VcM la situamos en el mercado laboral. Desde un enfoque general, cabe indicar que el capitalismo ha generado un proceso global de dualización del mercado de trabajo (Molpeceres 2012), al forjar empleos secundarios que la población autóctona no quiere asumir y que son destinados a los/as trabajadores/as outsiders (extranjeros/as), grupo que, en contraposición a los/as trabajadores/as insiders (autóctonos/as), experimenta mayores niveles de desprotección y discontinuidad laboral. A esto se añade que la brecha salarial de género se acentúa por el factor migratorio. De hecho, las mujeres migrantes acceden a trabajos menos cualificados, especialmente en el sector servicios y de cuidados, un mercado laboral feminizado y caracterizado por la precarización y escasa proyección profesional (Molpeceres 2012).
En España el nicho laboral al que acceden las mujeres migrantes, en especial, las mujeres latinoamericanas, es el servicio doméstico (Martínez 2014). Los estudios en torno a la configuración del sector doméstico han permitido corroborar que es un trabajo segmentado, etnificado y precario (Parella 2005). Es más, si en el mercado laboral las desigualdades de género se manifiestan en las dificultades a la hora de conciliar la vida familiar, en la brecha salarial o incluso en el tipo de contrato (parcial o fijo), cuando se incorpora el factor migratorio esta situación se agudiza, no solo porque se acentúan dichas desigualdades, sino también porque emergen problemáticas asociadas.
Con la feminización de las migraciones se observa cómo la internacionalización y externalización del trabajo doméstico (Parella 2005), es producto de la política familiarista del Estado español en temas vinculados a la reproducción social. En este sentido, las familias son las que asumen esta responsabilidad como un tema individual al no existir una política pública que facilite la gestión de los cuidados. La desprotección laboral de quienes se dedican a estas labores se instala, en muchos casos, como “norma” debido a la falta de regulación en el cumplimiento de las condiciones contractuales que estipula el Sistema Especial para Empleadas de Hogar. Este contexto fortalece dinámicas laborales propias de la economía sumergida que conlleva el riesgo de padecer exclusión social o un deterioro de las condiciones de vida. Frente a este escenario, nos surge el interrogante de cómo los procesos de segregación o exclusión se fortalecen con la imbricación de factores como el género, la clase, la raza en contexto de migración y, hasta qué punto operan como mecanismo de subalternidad de género. Un ejemplo de ello se encuentra en el siguiente testimonio:
Laboralmente he hecho de todo, pero siempre bajo situaciones de precariedad, el hecho de no tener papeles te hace muy vulnerable y aquí la gente te explota y se aprovecha, si pueden pagarte con comida lo harían. He trabajado como empleada del hogar doce horas al día por 15 euros, un nivel de explotación muy grande, pero era lo que tenía en ese momento. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E7, 2019)
Aquí observamos cómo el trabajo doméstico actúa como un trasvase de desigualdad entre las mujeres (Parella 2005). La situación administrativa irregular refuerza condiciones de precariedad al ser parte de una economía sumergida en la que emergen trabajos clandestinos, sin protección legal y a merced de las condiciones que imponen los empleadores (Parella 2005).
De esta manera, la subordinación de las mujeres migrantes en el ámbito laboral se sustenta en la jerarquización y la estratificación social a la cual están expuestas y que promueven dinámicas de marginación. Si emplazamos la desigualdad y precariedad sociolaboral como violencia, es porque estas dinámicas se configuran como obstáculos en el desarrollo humano y satisfacción de necesidades a nivel emocional, personal, relacional, económico y social (Galtung 2003a). Cuando la privación de las necesidades básicas se instala como una práctica normalizada, la violencia se codifica desde un enfoque estructural. Precisamente, esto nos permite comprender cómo la violencia estructural se nutre de la violencia cultural y/o simbólica, básicamente porque la diferencia cultural legitima socialmente la violencia que emerge de la desigualdad y la explotación laboral. Así lo demuestra el siguiente relato:
Trabajo de limpieza en distintas casas, pero sin contrato. Una vez, una señora me dijo: “oye y ¿qué edad tienes tú?”, yo le digo: tengo 44 años, y me dice que no parecía en absoluto que tuviera esa edad y me dice “es que las mujeres negras como tú no se les ve la edad”. Luego, se volvió y me dice: “oye, dime algo: ¿de qué etnia de esclavos vienes tú?”. Yo la miré y le dije: “yo no sé si en verdad usted no sabe hacerme una pregunta o la está haciendo para hacerme sentir mal, pero le voy a decir algo: no hay etnias de esclavos y yo nunca he sido esclava, mis antepasados no fueron esclavos, tal vez los antepasados de mis antepasados probablemente sí”. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E2, venezolana, 2019)
Esta experiencia nos muestra cómo la violencia laboral se solapa con la violencia racial y de género, pues la racialización opera como mecanismo de exclusión que normaliza las violencias. Dichas opresiones y desigualdades se despliegan puesto que el factor género se imbrica con las discriminaciones por origen y por determinado color de piel o identificador racial. Es más, “existe cierta tendencia entre los empleadores/as a establecer una jerarquización de las trabajadoras según su nacionalidad basándose en estereotipos. De tal forma, la imagen de las trabajadoras varía mucho según la procedencia” (Lebrusán, Cáceres y Elías 2017, 37). En este sentido, la diferencia racial justifica socialmente la violencia verbal, psicológica o simbólica, siendo invisibilizada y/o normalizada, tal y como lo manifiesta otra de las entrevistadas:
Es común que tu empleadora haga comentarios sobre tu cuerpo, tu pelo o tu piel a veces en tono burlesco y otras desde la ignorancia. Una vez una mujer me dijo “tu piel es tan oscura, a ver déjame tocarla, si parece chocolate puro”. (Entrevista realizada por Paola Contreras a E14, cubana, 2020)
La humillación y el abuso de poder son mecanismos con los que se ejerce violencia sobre las mujeres migrantes; dinámicas que deterioran su autoestima y aumentan la inseguridad sobre sus capacidades. El hostigamiento laboral por razón de género y raza es parte de lo que Hirigoyen (2001) define como hostigamiento moral, el cual comprende conductas abusivas y repetitivas que se manifiestan mediante gestos, actos y/o intimidaciones; estas prácticas buscan menoscabar la integridad física, la personalidad y la dignidad de las mujeres afectadas. La violencia laboral de género tiene un impacto negativo en la salud de las mujeres, en su integridad física y moral y, si se añade la irregularidad administrativa, ello se agrava, tal y como se aprecia en la siguiente cita:
Mi experiencia laboral ha sido difícil también y está relacionada con estar sin papeles porque existe explotación y eso ha repercutido en mi estado emocional, he sentido un bajón fuerte […] un día llego a trabajar a la casa donde iba tres días a la semana y por el citófono la mujer me dice que ya no me necesita, que gracias […]. Lloré de rabia, mucha rabia porque me sentí humillada, como cuando la señora se reía por mi forma de hablar o vestir. (Entrevista realizada por Paola Contreras a E15, peruana, 2020)
La victimización en el mercado laboral es producto no solo de la precariedad y la vulnerabilidad a las que están expuestas, sino también de los abusos y hostigamientos que enfrentan por parte de sus empleadores/as, lo cual responde a las relaciones jerárquicas originadas por factores de clase, raza, género, procedencia. Las mujeres migrantes latinoamericanas representan una diferencia irreductible que subyace a una connotación de inferioridad, respaldada por prácticas y actitudes discriminatorias que la justifican.
La violencia contra las mujeres en el marco de la (ex)pareja
Como última dimensión hemos integrado el análisis de la VcM en el marco de la (ex)pareja que, en el contexto migratorio y, para el caso de las participantes, se manifiesta tanto en violencia psicológica como física, lo que genera situaciones de estrés, afectaciones a la salud física y mental, así como vulnerabilidad. Según lo señalado por Rivas-Rivero y Bonilla-Algovia (2020), los efectos relacionados con la VcM en el ámbito de la (ex)pareja acarrean problemas cotidianos que dificultan el desarrollo de una vida libre y segura; situación más aguda cuando no se tienen vínculos sociales y/o familiares extensos, como es el caso de las mujeres migrantes. A su vez, como resultado de factores como la irregularidad administrativa, muchas veces existe una dependencia económica o de tipo legal hacia el agresor. Así lo ejemplifica el siguiente relato:
Recuerdo que un día se me acerca y me dice cosas horribles, como que soy una mujer asquerosa. Justo ese día íbamos a salir a una comida donde su familia, pero no me dejó ir. Yo deseaba ir porque acá no tengo familia. Me amenazó, me dijo que si intentaba salir me iba a denunciar a la policía porque no tenía, en ese momento, mis papeles al día. (Entrevista realizada por Macarena Trujillo a E28, ecuatoriana, 2015)
La violencia vivida también se expresa en la exclusión de espacios y redes. Precisamente, las redes son espacios de inclusión social que, en una primera instancia, ofrecen la posibilidad de establecer vínculos entre colectivos de migrantes, además de ser utilizadas como estrategias de supervivencia personal (Domínguez y Contreras 2017). Este testimonio nos muestra cómo las amenazas, producto de la irregularidad administrativa, actúan como un mecanismo de control y sujeción. Para Lara-Caba (2019), las mujeres víctimas de violencia en el ámbito de la pareja tienden a ser aisladas como mecanismo de control, lo cual agudiza la posibilidad de interactuar socialmente, generando sentimientos de vergüenza, desesperación y soledad. Sin embargo, frente a los riesgos y amenazas múltiples, las mujeres buscan alternativas y movilizan sus esfuerzos por la necesidad de sobrevivir y optar por una vida diferente. Al terminar una relación en la que prima la violencia, la incertidumbre se instala como dispositivo que opera como control subjetivo que dificulta, en un primer momento, destrabar las complicaciones a nivel económico, legal/administrativo y emocional (Fernández et al. 2020). Sin embargo, y a pesar de los miedos, emerge la autonomía como pilar impulsor de cambios:
Yo tenía mi piso precioso y salir de ahí con dos maletas y empezar de cero, fue duro y no te miento que tuve miedo. Empecé alquilando una habitación, dormía con mi niño en una cama de noventa centímetros, así que imagínate, me cambió la vida, pero nos cambió a mejor porque ahora respiro, porque tengo libertad y veo a mi hijo sin el temor de que va a llegar su padre. (Entrevista realizada por Macarena Trujillo a E24, chilena, 2015)
Por otro lado, y en el marco de la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género Española 1/2004, las entrevistadas dan cuenta de cómo se generan expectativas en torno a su aplicación, tales como la obligatoriedad del pago de la manutención de los/as hijos/as o el cumplimiento de órdenes de alejamiento, que en la práctica no se materializan:
Aquí te dicen reiteradamente que denuncies, pero a la hora de la verdad cuando tienen que ayudar no hay ayuda. El papá de mis hijos no me daba dinero y la abogada no me daba respuesta. Él tenía una orden de alejamiento, pero no la respetaba porque a veces estaba en la puerta de mi casa y me decía que venía a buscar tal cosa o a ver a mis hijos. Se lo dije a mi abogada y me dijo “llama a la Cruz Roja o a la policía a ver si te pueden ayudar”. (Entrevista realizada por Macarena Trujillo a E24, chilena, 2015)
En este relato se ve que el apoyo legal para las mujeres que viven violencia no siempre es el esperado, pues en la práctica no funciona tal y como es descrito en la ley. A esta situación se agrega la violencia institucional y la fragmentación de los episodios de violencia que se produce en los juzgados por parte de funcionarios/as y jueces/as (Bodelón 2015). Justamente, las mujeres migrantes víctimas de violencia se enfrentan a una doble violencia, por un lado, la del maltratador y, por otro, “la discriminación a la que se ve abocada en la legislación, que prima su condición de inmigrante sobre la de víctima” (Arnoso et al. 2012, 185).
Consecuentemente, y en función de lo planteado, urge reconsiderar la manera como analizamos la violencia en el ámbito de la pareja, ya que el género, si bien es un factor central, interactúa con otros ejes de dominación y discriminación que socavan las libertades y, sobre todo la autonomía de las mujeres, y son utilizados por los maltratadores como dispositivos de control, como es el caso de no contar con residencia legal.
Estrategias de resistencia como dispositivo para enfrentar la violencia de género
El tema de la violencia que viven las mujeres es determinante en sus trayectorias migratorias, pero también lo es la manera de enfrentarlo. De ahí la importancia de situar las estrategias de resistencia como un vector de transformación frente a las dificultades que implica la violencia en estos contextos. Cuando se estudia la realidad de las mujeres maltratadas es necesario profundizar en las estrategias, ya que la necesidad de sobrevivir y cuidar a sus hijos/as les permite conocer sus propias fuerzas, actuando bajo presión y respondiendo a la opresión con resistencia. Desarrollar prácticas de resistencia para enfrentar al agresor, implica asumir una conducta activa y constante:
Quienes hemos pasado situaciones de violencia sabemos que debemos tener valor y dejar a quien te ha violentado, porque nos hacemos daños a nosotras y sobre todo les hacemos daño a nuestros hijos; yo tengo miedo de que ellos repitan eso o que aguanten esas violencias. Es de valiente separarse. Ahora miro para atrás y me digo qué sonsa, tenía que haber resuelto esto antes. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E10, brasileña, 2019)
En este caso, se observa cómo las experiencias de las mujeres, en tanto víctimas, activa la disposición de romper relaciones de subordinación que tienen consecuencias directas en ellas y en sus hijos/as. En un primer momento, si bien estas estrategias son individuales, luego adquieren una connotación más colectiva que conlleva construir red de soporte emocional y social, considerando que las mujeres que han enfrentado algún tipo de violencia basado en su género tienden a aislarse, ya sea por vergüenza o por miedo al maltratador
Tan importante como salir del lado del maltratador es buscar red, grupos de mujeres con las que se pueda hablar abiertamente de estos temas sin temor y sin vergüenza. Hay muchas mujeres que han pasado por esto, contar con una red de apoyo es clave porque te ayuda a sentirte fuerte en este proceso. (Entrevista realizada por PaolaContreras a E8, chilena, 2019)
Las estrategias se articulan desde una multiplicidad de formas cuyo fin es fortalecer la voluntad y, sobre todo, la autoestima. La seguridad en sí mismas, a pesar del miedo y la sensación de vulnerabilidad, es un factor central en el proceso de recuperación, es decir, una mujer que ha vivido violencia necesita un proceso de reparación psicosocial que le permita reconstruirse como mujer, asumiendo que dicha experiencia será parte de su relato biográfico, con la salvedad de que es sobreviviente por decisión propia.
Violencias interseccionales: propuestas a modo de conclusión
Los resultados de esta investigación nos permiten reflexionar sobre la necesidad de incorporar nuevas rutas de análisis que conecten la VcM con estructuras interseccionales de opresión. En este sentido, y siguiendo el modelo triangular propuesto por Galtung, nuestro punto de partida fue analizar de qué manera la violencia en el espacio público se relaciona con la violencia cultural, la violencia laboral con la violencia institucional y la violencia de la (ex)pareja con la violencia directa, pero las experiencias analizadas nos mostraron que, de manera simultánea, las violencias directas, culturales y estructurales se amalgaman. Una suerte de simbiosis que articula una matriz sustentada en cuatro categorías claves: género, clase, raza y situación administrativa. De ahí que las violencias se entrecruzan (Crenshaw 1989) como respuesta a un continuum histórico que muestra su carácter sistémico y transversal. En efecto, desde el feminismo se ha argumentado que la VcM es producto de las relaciones asimétricas de poder que genera el sistema patriarcal, a lo que la interseccionalidad ha subrayado que los identificadores raciales, de clase y de género ejercen un peso significativo en ello, y que se traducen en la configuración de una matriz de violencia interseccional (figura 2).
Fuente: elaboración propia con base en los resultados de ambas investigaciones y analizados conjuntamente por las autoras, noviembre de 2021.
Figura 2. Matriz de violencia interseccional
Por ello, consideramos que este artículo contribuye a la discusión sobre las violencias de género, al ampliar el ángulo analítico que resalta que la VcM, en especial en contextos migratorios, no responde exclusivamente por el hecho de ser mujeres, sino también por la conjugación de una serie de factores que lo acentúan. Las violencias específicas que emergen de la imbricación entre diferentes sistemas de opresión dependen del contexto (social, político, económico, sociocultural) en el que suceden, lo cual permite comprender que la matriz de violencia no es lineal ni homogénea, sino más bien fluctuante, con intensidades diferenciadas. Así, por ejemplo, la violencia que puedan enfrentar las mujeres migrantes en manos de sus parejas tendrá niveles de intensidad dependiendo del contexto personal de la afectada; residir de forma irregular implica acceder a la economía sumergida para satisfacer las necesidades básicas, lo cual las hace más vulnerables debido a la ausencia de garantías de sus derechos laborales básicos (salario mínimo garantizado). Esta dependencia económica puede derivar en mecanismos de control y maltratos, y nos permite ilustrar que la violencia en el marco de pareja, si bien sitúa la categoría de género como una categoría central, se imbrica con factores de carácter más estructural y personal.
Ahora bien, ampliar el marco analítico de las violencias en contextos migratorios significa, en un primer momento, ubicar la posición en la jerarquía social en las que están emplazadas las mujeres, para luego profundizar en las dinámicas que se entrecruzan y generan situaciones de vulnerabilidad como, por ejemplo, el debilitamiento de las redes sociales, familiares y comunitarias (Araújo 2015); la añoranza del país de origen; el desconocimiento de la legislación española y la limitación en el ejercicio de sus derechos (Guzmán y Jiménez 2015); así como estereotipos sexistas y prejuicios raciales. Situar la VcM en clave interseccional permite comprender cómo se estructuran las desigualdades y las opresiones desde el componente individual (emocional y simbólico), social (relacional) y programático (protección de las políticas sociales) (Lenta y Zaldúa 2020).
Por último, integrar un enfoque interseccional para el estudio de la VcM en contextos migratorios implica reconocer la heterogeneidad de los colectivos de mujeres; complejizar las relaciones sociales mediante categorías de análisis; establecer relación categorial, y emplazar los espacios de interacción (social, estructural/institucional y de pareja) en los que se desarrollan los diferentes tipos de violencia.
