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Revista Científica General José María Córdova

Print version ISSN 1900-6586

Rev. Cient. Gen. José María Córdova vol.10 no.10 Bogotá Jan. 2012

 

Guerra, sociedad y legitimidad en la construcción del Estado colombiano*

War, Society and Legitimacy in the Colombian State Building

Guerre, société et légitimité dans la construction de l'État colombien

Sociedade, Guerra e legitimidade na construção do Estado colombiano

Leonardo Acosta Gutiérreza
Henry Cancelado Francob

* Artículo asociado al proyecto de investigación de Sociología Militar de la Escuela Militar de Cadetes "General José María Córdova". Código PIP-012011.
a Magíster en Relaciones Internacionales, Magíster en Estudios Políticos. Comentarios a: leonardoacostag@yahoo.com
b Politólogo y Magíster en Análisis de Problemas Contemporáneos. Docente e investigador de la Universidad EAN, Bogotá, Colombia Comentarios a: hcancelado@gmail.com

Recibido: 10 de Enero de 2012. • Aceptado: 05 de Febrero de 2012.


Resumen

Todas las instituciones humanas se enfrentan a la pregunta acerca de qué determina que un Estado sea legítimo y legal, y a la cuestión de por qué este tiene la autoridad para ordenar y hacer cumplir la obediencia de los ciudadanos. El problema de la legitimidad del poder del Estado adquiere importancia una vez que el origen y el ejercicio del Estado han sido impugnados o han sido ampliamente desconocidos. Cuando la autoridad del Estado no logra imponerse para construir un proyecto político, económico y social, denominado país, las relaciones conflictivas que se crean van a permear todas sus relaciones internas, van a empoderar a actores ilegales y van a reflejar la falencia del poder a nivel internacional. Es el caso de Colombia dentro de su proyecto republicano, el cual lleva doscientos años de desafíos, aciertos, avances y retrocesos; los cuales han generado aceptación o rechazo por las instituciones legalmente constituidas. Este fenómeno crea un proceso de ilegitimidad que se articula especialmente en la realidad cotidiana de la vida republicana. Realidad que enfrenta el estamento militar, el cual está llamado a hacer soberanía y a defender un territorio. La pregunta se plantea: ¿qué pasa cuando un grupo humano no quiere ser defendido y no quiere ser sometido a un proyecto nacional? Aparece la guerra como recurso y el poder empieza a moverse como dínamo de la vida nacional.

Palabras clave: Guerra, Estado, Nación, Poder, Legitimidad, Legalidad.


Abstract

All human institutions are faced with the question of what makes a State to be legitimate and legal, and the question of why it has the authority to command and enforce obedience of citizens. The problem of legitimacy of State power becomes important once the origin and exercise of the State has been challenged or has been largely unknown. When the authority of the State cannot be imposed to build a political, economic and social project, known as a formed country, troubled relationships are created, which permeate all of its internal relations, and empower illegal actors that reflect the failure of State power at international level. Such is the case of Colombia in its republican project, for the last two hundred years of challenges, successes, progress and setbacks, which have led to either an acceptance or rejection response by the legally constituted institutions. This phenomenon produces an illegitimate process that ties especially in the daily reality of republican life. Reality faced by the military, which is called to defend sovereignty and territory. The question is: what happens when a group of people don't want to be defended or to be subjected to a national project? Then war appears as a resource and the power starts to move like dynamo of national life.

Keywords: War, State, Nation, Power, Legitimacy, Legality.


Résumé

Toutes les institutions humaines sont confrontés à la question de ce que détermine que L›État soit légitime et légale, et la question de savoir pourquoi L›État a-t-il le pouvoir de commander et de faire respecter l›obéissance des citoyens. Le problème de la légitimité du pouvoir d›Etat devient important une fois que la source et l›action de l›État ont été contestées, ou ont été en grande partie inconnues. Quand l›autorité de l›État ne peut être imposée pour construire un projet politique, économique et social, appelé le pays, les relations conflictuelles qui sont créés vont imprégner toutes ses relations internes, habiliter les acteurs illégales et réfléchir le manque du pouvoir au niveau international, comme c›est le cas de la Colombie, dans son projet républicain, depuis plus de deux cents ans de défits, réussites, progrès et reculs, ce qui conduit à l' acceptation ou au rejet par les institutions établies par la loi. Ce phénomène cause un processus illégitime qui est articulée dans la vie quotidienne de la république, le plus vivement. Les militaires, qui sont appelés à défendre la souveraineté et le territoire, doivent affronter cette réalité. On peut alors demander: Que se passe-t-il lorque un groupe de personnes ne désirent pas être défendu ou soumis à un projet national? Et il apparaît la guerre comme alternative, et le pouvoir commence à se déplacer comme une dynamo de la vie nationale.

Mots-clés: Guerre, État, Nation, Pouvoir, Légalité, Légitimité.


Resumo

Todas as instituições humanas são confrontadas com a questão do que determina que um Estado seja legítimo e legal, e a pergunta de porquê ele tem a autoridade para ordenar e impor obediência dos cidadãos. O problema da legitimidade do poder do Estado torna-se importante uma vez que a origem e o exercício do Estado seja refutado, ou tenha sido em grande parte desconhecido. Quando a autoridade do Estado não pode ser imposta para a construção de um desenvolvimento político, econômico e social, chamado de país, relações conflituosas são criadas. Esses conflitos permearão todas as relações internas, e irão capacitar os atores ilegais, e dessa forma refletir a falência do poder do Estado a nível internacional. Este é o caso do projeto republicano da Colômbia, que tem percorrido duzentos anos de desafios, sucessos, progressos e retrocessos, os quais geraram a aceitação ou rejeição pelas instituições legalmente estabelecidas. Esse fenômeno cria um processo de ilegitimidade que é articulado na vida cotidiana da república. Uma realidade enfrentada pelos militares, que são chamados para defender a soberania e o território. Surge a pergunta: o que acontece quando um grupo de pessoas não deseja ser defendido nem submetido a um projeto nacional? A guerra aparece como um recurso e o poder começa a se movimentar como um dínamo da vida nacional.

Palavras-chave: Guerra, Estado, Nação, Poder, Legalidade, Legitimidade.


Introducción

Uno de los problemas fundamentales del Estado moderno es su definición. Se materializa en símbolos y actúa por medio de políticas públicas. Sin embargo se enfrenta a procesos de consolidación de su poder, los cuales cuestionan abiertamente a sus instituciones. Se inicia entonces un debate por el establecimiento del poder, debate que a veces llega a la guerra: es el caso de los países nacientes y de los países con revoluciones. El recurso de la guerra es un recurso político de establecimiento de un proyecto organizativo, no necesariamente autoritario, es más, en los últimos tiempos todos los proyectos políticos a nivel mundial son abiertamente democráticos y buscan la aceptación de las personas; de tal manera, aparece una dinámica de guerra, poder y política que busca ganar el favor de la población con el fin de legitimar un proyecto.

La función de la legitimidad es asegurar el cumplimiento voluntario de un orden legal establecido por una autoridad gobernante; de modo que cuando no existe un principio de legalidad en un régimen, y no existe consenso creado en torno a ese régimen, desaparece la posibilidad de un proyecto legítimo y las instituciones públicas quedan expuestas ante la opinión pública.

El objetivo de este escrito es analizar el proceso de creación de legitimidad del Estado colombiano, de tal manera es necesario observar el proceso de construcción de Estado en Colombia y mirar, inicialmente de manera tangencial, el papel de la institución militar en este proceso.

1. Legitimidad y Estado

Un proceso ortodoxo de construcción de "Estado-nación", al estilo moderno, es desconocido en Colombia. No se puede analizar el poder en el país, sin hablar de la situación de hecho de una forma particular del estado patrimonial premoderno. Este proceso es ignorado, o bien el término "Estado" se aplica de forma selectiva a las realidades diversas, mientras que la nación y su territorio, el sistema político o el centro de la vida política y el estamento público, son con demasiada frecuencia simplemente claros instrumentos de fuerzas sociales. De tal manera, se evidencia un grado de autonomía de algunos territorios que no logran articularse con un poder central. Por consiguiente, las bases de la legitimidad y el poder se convierten en la consecuencia de una lucha inacabada y en una anómala relación de las fuerzas de la sociedad y el Estado.

De acuerdo con la situación histórica y estructural de la sociedad en Colombia, el Estado es, ante todo, el lugar para el encuentro entre los diversos grupos económicos y políticos de la sociedad, pero simplemente se limitaba al debate, no a la solución ni a la implementación de políticas nacionales de construcción de soberanía (Bushnell, 2007). Se limitaba al mantenimiento de derechos patrimoniales, y al menos, en los primeros ochenta (80) años de vida republicana, las instituciones modernas que caracterizan el desarrollo del Estado, estuvieron atadas a la existencia de líderes regionales con gran poder económico y político. De allí la cantidad de guerras internas en el siglo XIX. No hubo una imposición de sectores económicos productivos de carácter industrial que ayudaran, por un lado a levantar las economías locales y a mejorar las comunicaciones, y por otro lado que, gracias a su actividad económica, destruyeran el latifundio patrimonialista y sentaran las bases de un Estado nacional.

El equilibrio dinámico entre los líderes regionales y los nacionales ha sido conflictivo y frágil. Con la búsqueda incesante de lograr la imposición de un proyecto nacional, especialmente a partir de la constitución de 1886, que delineaba la centralización total del país y le daba paso a las estructuras económicas, políticas y de seguridad y defensa que permitieran llevar a cabo dicho proyecto, Colombia inicia una etapa diferente, en la cual la legitimidad del Estado central no va a depender de su capacidad de imponerse ante fuerzas regionales, sino que dependerá del éxito de sus instituciones para mantener la soberanía, el desarrollo e imponer la ley y el orden político.

El aparato de Estado por sí solo actúa como árbitro y controla la dirección de la sociedad, procediendo a dictar cambios que ninguna fuerza social tiene para llevarlo a cabo con éxito. Es fácil para el Estado centralizado hacerse cargo de los intereses de la nación y para eso crea sus instituciones, las cuales se articulan con la clase gobernante local y asumen inmediatamente el proyecto nacional, a pesar de las contradicciones entre lo local y lo nacional. El liderazgo regional no desaparece, y por el contrario, termina sometiendo a los brazos del poder nacional en su región y los articula dentro de sus redes, creando pequeños feudos políticos que van a relativizar el discurso de lo nacional. Por encima se mantiene el discurso de lo nacional, pero por debajo, la dinámica social y política continua con los mismos vicios.

A pesar de esta dinámica, históricamente el centro del poder nacional jugó un papel original y decisivo en la creación de país. Buscó la forma de articular los poderes regionales e inscribirlos, vía seguridad y desarrollo; sin embargo dicho proyecto se basó esencialmente en la proyección policiva del poder hacia un proyecto nacional.

Los sectores productivos incipientes de principios del siglo XX no se oponen a la construcción de un proyecto central, sin embargo y a través del tiempo van a volver a caer en la lucha con las clases políticas regionales, de corte latifundista y tradicional, quienes han monopolizado tradicionalmente la economía, la política y la violencia. Por esta razón, no es extraño que los centros de desarrollo industrial se hayan desplazado a los centros urbanos a lo largo del siglo XX y el campo no haya podido generar proyectos productivos, sino que siga, aun en el siglo XXI, disputándose entre los diferentes poderes rurales que todavía existen en el país.

En este punto es necesario entender el papel institucional de las Fuerzas Militares. Dentro de un proyecto liberal de Estado nación, el monopolio de la fuerza es importante para, en primer lugar, neutralizar los poderes adyacentes al poder central y que amenacen el reciente proyecto, y en segundo lugar, para poder crear una estructura de defensa y seguridad efectiva contra las amenazas, tanto extranjeras como internas, de índole delincuencial y de carácter militar. Las instituciones militares y de policía actúan para apoyar la construcción de Estado, construcción que en Colombia empieza tardíamente para expandir los beneficios de dicha centralización, y finalmente para mantener la cohesión por medio de un proyecto de soberanía territorial y de legitimidad institucional.

En la historia de todos los países existen ciclos en los cuales la institución militar ha intervenido en los procesos de desarrollo de un Estado, sobretodo cuando el proyecto de este flaquea o se ha convertido en una estructura obsoleta y corrupta. Creando una nueva estructura, no necesariamente de corte militar, pero que sí coadyuva a la transición al poder de otros civiles que asuman de nuevo un proyecto nacional. Esto demuestra que, en últimas, luego de los procesos políticos, el proyecto de nación descansa sobre las fuerzas militares. En Colombia ha existido una escisión entre el proyecto nacional, la institución militar y el desarrollo social. Lo que conduce a procesos de ilegitimidad de las instituciones estatales y hacen que la nación constantemente esté señalando la ineficiencia del Estado, cuestione las instituciones y acepte y nutra ciclos de corrupción con el fin de lograr desarrollo e inclusión, lo que por la vía de las políticas públicas no se logra.

2. Cultura política, legitimidad y guerra

Si hubiera que identificar en pocas palabras el aspecto más llamativo de la política en Colombia no sería, ciertamente, la prevalencia de los golpes de Estado o las incautaciones de poder, o el continuismo de los presidentes de por vida, o esquemas sofisticados de fraude electoral, sino más bien su apego indefectible e idealista a las instituciones representativas del Estado. Aun cuando los principios liberales y las disposiciones constitucionales son violados o distorsionados, las apelaciones se hacen a los valores permanentes de la democracia. Todos los grupos en contienda se refieren sólo a la democracia y no apelan a ninguna otra fuente de legitimidad en el tejido social. Existe un apego discursivo que incluso genera la conciencia de que por la democracia hasta la ilegalidad es válida, lo que al final de todo proyecto político termina en ilegitimidad. Es el caso de las reformas constitucionales en Colombia, cambios institucionales con el fin de que se cumpla el deseo de las mayorías, y de lo cual al fin de cuentas solamente queda el discurso, porque la articulación real entre la ley y la realidad no existe. La ilegitimidad de la ley y de las instituciones políticas es el único intento de resistencia de la nación que no tiene representatividad real. En consecuencia, la democracia queda vacía.

Terminado el proceso emancipador de las antiguas colonias iberoamericanas, las élites criollas iniciaron la construcción de las futuras naciones latinoamericanas. La independencia obtenida respecto de la corona española significó el nacimiento de nuevos Estados territoriales, mas no de nuevas naciones, pues la sociedad criolla se había iniciado a construir su propia prepotencia, luego de la derrota militar y sobre todo cultural de las sociedades nativas prehispánicas, en algunos casos, mestizadas con los esclavos provenientes de África. Los modelos políticos y económicos de los que más tarde serían los Estados latinoamericanos tuvieron su base en el modelo colonial español, centralista y autoritario en lo político y feudal en lo económico. La encomienda, la mita y la hacienda, organizaciones precapitalistas, continuaron siendo empleadas por las élites emergentes como formas de explotación primaria.

En lo social, los principios excluyentes de la nueva sociedad ultramarina tienen sus raíces en la España de finales del siglo XV, que como la mayoría de las potencias de la época logra deshacerse de judíos y moros, sus otros internos. En las colonias, durante el proceso de formación de las nuevas sociedades, al igual que sus similares europeos en su camino hacia la modernidad, formaron sus otros internos. Así como para los españoles los indígenas eran exclusivamente lo único que podían y debían ser: flojos, despilfarradores y primitivos, también las nuevas sociedades montaron su emporio en la negación de estos y de los mestizos, de su elemento de identidad colectiva y su forma de vida. Estos últimos no podían pertenecer a las órdenes religiosas ni ocupar cargos públicos, siendo igualmente rechazados por el español y hasta por el indígena.

La construcción en las colonias de una sociedad criolla era vista con desprecio por lo que habitaban la metrópoli. Los que viajaban al nuevo mundo fueron despreciados, sin embargo, muchos de los criollos fueron educados en el viejo continente bajo las ideas de la modernidad, constituyéndose en la élite que más adelante encabezaría y alimentaria con sus ideas y capitales los movimiento de independencia.

La retirada del modelo colonial católico tras la independencia dejó como herencia sociedades militarizadas con gran protagonismo político del sector castrense que, en gran medida, afectó el proceso democratizador de los nuevos Estados. La religión católica seguía siendo la oficial y la educadora. La discriminación racial se mantuvo como modelo excluyente y la economía extractiva y de plantación prolongó la esclavitud hasta finales de siglo.

Desde el principio y dadas las condiciones coloniales en que se hallaba la Nueva Granada al momento de su independencia, se hacía muy difícil para las élites lograr la construcción de un modelo estatal basado en la nacionalidad, ya que realmente la relación de identidad colectiva al interior de la excolonia no existía y si de alguna manera la había, era solamente al interior de los diversos grupos, ya fueran estos sociales, étnicos o económicos (Colmenares, 8).

Comparado con los rápidos y exitosos procesos decimonónicos europeos de creación de sociedades nacionales, los de América Latina fueron especialmente diferentes, a tal punto que aun bien entrado el siglo XX estos no se habían consolidado. Un ejemplo de ello, es el caso colombiano donde la guerra y el conflicto social han sido protagonistas permanentes de su acontecer político.

Visto desde la transformación económica, la Nación, expresada en el nacionalismo, es un fenómeno social producto de la modernidad. Ni las naciones ni los Estados existen en toda época y circunstancia (Gellner, 1991, 19). La guerra es una de las dos maneras fundamentales con las que los Estados ejercen su poder, siendo el derecho a las armas, dentro de un territorio delimitado, lo que los distingue de otra forma de organización corporativa. Existe una directa relación entre territorio y violencia, y aunque Max Weber considera posible la proliferación de acuerdos y tratados internacionales, es imposible la creación de tribunales supranacionales que sean acatados; el Estado es el ser político de mayor jerarquía y por tanto la opción de la fuerza seguirá siendo válida, cumpliendo con ello tres funciones básicas: Resuelve conflictos entre Estados independientes, pone fin a la desunión nacional y, como en el caso colombiano, se constituye en un instrumento de homogeneización política para crear nuevos Estados o fortalecer los existentes.

Desde su nacimiento a partir de la primera década del siglo XIX, Colombia se ha caracterizado por irregulares períodos de guerras, conflictos y violencias, que en su desenlace y madurez terminan comprometiendo a su sociedad en general. Este particular acontecer histórico ha contribuido a la formación de la sociedad política colombiana, materializada en los diferentes modelos constitucionales con los cuales se ha pretendido construir un Estado-nacional como producto del fin de las confrontaciones. Lo anterior permite afirmar que en el caso colombiano, la guerra se convirtió en un instrumento político válido y aceptado por la élites, tanto establecidas como emergentes, en su lucha por acceder al poder político o por lo menos para alcanzar alguna participación en el mismo y con ello garantizarse su supervivencia social, política y económica.

La historia colombiana del siglo XIX está llena de confrontaciones armadas, once en total (1812-1903), con características de guerras señoriales (Martínez, 2001, 13), cuyas consecuencias regirán el quehacer político, económico y social del siglo XX. Este período presenta tres características especiales; un Estado débil durante todo el siglo XIX con un débil poder centralizado y amenazado por élites económicas regionales, sin un ejército fuerte que le permitiera controlar la totalidad del territorio e imponer un modelo de seguridad permanente y una capacidad financiera para cubrir los gastos generados para su desarrollo administrativo, territorial y burocrático, (Patiño, 2010, 95). Adicional a estas características existen dos más que permanecen desde entonces hasta nuestros días. El escenario geográfico de las confrontaciones armadas y las violencias no ha variado, presentando aun las características propias de frontera agrícola. Por último, el Estado colombiano, a pesar de la inestabilidad política causada por dichas confrontaciones, ha sabido mantener unas relaciones estables en sus fronteras, registrando tan solo cuatro incidentes militares durante sus 200 años de historia (Patiño, 97).

El acontecer aquí durante el siglo XX sorprende a la recién consolidada República de Colombia en un estado de conmoción interna, pues la guerra la ha dejado en la ruina y es preciso iniciar un proceso rápido de reconstrucción de la economía nacional, la cual es de carácter primario y extractivo, donde la posesión y el control de la tierra son los factores determinantes de la riqueza y el poder económico, lo cual sentará las bases para los diversos conflictos sociales que se darán durante el nuevo siglo y que alimentarán el discurso subversivo de la segunda mitad del mismo.

La sociedad neogranadina, surgida de la independencia, presentaba unos bajos niveles de migración; si se compara con los casos del sur del continente, pero con demasiadas tradiciones institucionalizadas. Compuesta en su gran mayoría por mestizos en busca de espacios políticos y en procura de un rápido ascenso socio-económico, regidos y educados por la iglesia católica que favorecía los intereses e ideales de un partido conservador que a su vez se identificaba ideológicamente con ella; ello tipificado en un país con una topografía agreste que trazaba fronteras internas que fortalecían la regionalización y hacían casi inexistente la vida nacional en una sociedad regida por patrones locales.

Como la mayoría de sus similares latinoamericanos, Colombia, tras su independencia, siguió siendo una nación premoderna: agrícola, autárquica y monoexportadora, manteniendo en el control de la tierra el principal elemento de poder económico y político, convirtiendo a terratenientes y hacendados, con sus feudos, en influyentes personajes de las decisiones locales y nacionales.

El desarrollo de la producción agrícola con destino a la exportación, generó un incremento en la demanda de mano de obra campesina. La falta de ella obligó a los empresarios agrícolas a reclamar derechos de propiedad sobre grandes extensiones de baldíos donde ya se habían establecido procesos de colonización con campesinos desplazados de las guerras civiles (LeGrand, 1996, 91). Este proceso de colonización presentó dos características especiales en cuanto a los patrones de asentamiento y actividad productiva. Por un lado, previendo el acceso a los mercados algunos se asentaron sobre las márgenes de los ríos, caminos y vías del ferrocarril. Otros colonos se adentraron en territorios marginados y alejados de dichas vías de comunicación, obligándolos a abrir caminos, en la mayoría de los casos solicitando la intervención del Estado.

Los primeros conflictos agrarios se fueron presentando a medida que avanzaba el proceso migratorio y se instalaban los desplazados. La especulación frente a la propiedad de grandes extensiones de tierra por parte de los instalados para evitar la llegada de otros, fue el inicio de las confrontaciones en la nueva frontera agrícola. La compraventa de las llamadas "mejoras" fue una de las prácticas comunes entre los colonos para hacer valer derechos ilegales sobre la propiedad de la tierra. La amplia y basta disponibilidad de terrenos baldíos fue creando una situación crítica para los propietarios de las haciendas cafeteras, por cuanto estas dependían de la recolección manual y asalariada que ante la oportunidad de ser propietarios las abandonaban (LeGrand, 95).

El significado que para las comunidades indígenas tiene la posesión colectiva de la tierra los llevó a identificarse en cierta medida con las reclamaciones de algunos grupos de colonos establecidos especialmente en la zona Andina, mientras que las comunidades de la Amazonía y la Orinoquía vieron en el desplazado un adversario invasor. La mayor actividad del movimiento indígena la han desarrollado grupos pertenecientes a la región Andina, careciendo las otras regiones de una real acción política.

Luego de la disolución del Gran Cauca, la clase aristocrática payanesa vió reducidos sus ingresos y sus miembros se ven empujados a ejercer una mayor acción sobre los territorios del valle del río Cauca y de las estribaciones de la cordillera central, habitados principalmente por la comunidad indígena. En el cabildo de san Isidro, cerca a Popayán, su jefe Manuel Quintín Lame convoca al no pago de "terraje" ocasionando una tensa situación entre hacendados e indígenas, la cual se vió agravada en 1914, al unirse al movimiento caucano las comunidades de Huila y Tolima, desatándose con ello una respuesta militar del Estado. La reacción del movimiento indígena fue armarse e iniciar actividades propias de una guerrilla móvil, entre las que se incluía el asalto a las poblaciones de Inza y Belalcázar al oriente del Cauca. Hecho prisionero en 1917, Quintín Lame continúa su lucha tras su liberación en 1921.

La lucha indígena toma entonces matices de combate proletario y en asocio con otros sectores sociales encabeza la lucha de clases. Sin embargo, la de Quintín Lame mantuvo su carácter histórico; era la lucha del indígena nativo contra el blanco usurpador, la memoria colectiva era la fuente de ella. La legislación indígena de origen conservador se inmiscuye entonces y sirvió para alimentar la lucha contra los grandes propietarios liberales.

La etapa siguiente del movimiento indígena se inicia durante los primeros años del Frente Nacional en paralelo a las luchas campesinas y centralizadas a través de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Durante los 80's la causa indígena sirvió para alimentar la causa revolucionaria del M-19 mediante la creación del movimiento guerrillero Quintín Lame.

En las décadas del veinte y del treinta, el movimiento indígena colombiano tuvo gran importancia dentro de las luchas de los movimientos populares, liderados especialmente por el grupo caucano de Quintín Lame y Gonzalo Sánchez que cooperaron en asocio con la Comisión Obrera Nacional (CON).

Durante el período de 1875-1930, se presentaron más de 450 confrontaciones violentas entre colonos y hacendados, especialmente en las regiones cafeteras de clima medio, las zonas ganaderas del interior, costa Caribe y el enclave bananero de la Fruit Company. Para la crisis financiera y capitalista mundiales de 1929, el proceso industrializador se incrementó y dió origen a las primeras manifestaciones de la clase obrera industrial, que junto a la existencia de un campesinado carente de identidad política fueron la base para la creación de nuevos partidos políticos con una base urbano-campesina.

El proceso de industrialización en Colombia nunca logró los niveles de la gran industria pesada de países desarrollados, por lo tanto la actividad económica nacional se mantuvo permanentemente ligada a la actividad agrícola. La productividad será direccionada hacia el mercado interno y encaminada a la producción de elementos para las actividades primarias como herramientas y textiles. La metalmecánica y la manufactura fueron la máxima expresión del proceso industrializador. El capital extranjero dinamizará la explotación industrial de la tierra. La industrialización colombiana transformará al artesano y al campesino no propietario en simples obreros, naciendo así la clase obrera nacional.

Esta nueva clase social tiene sus antecedentes con los artesanos neogranadinos (zapateros, sastres, talabarteros, tejedores, albañiles, etc.), que a raíz de la instauración del modelo económico liberal del General José Hilario López se ven obligados a organizarse y con ello apoyar las acciones violentas que contra él emprendiera el General José María Melo. Tras la caída de este último y a pesar de haber perdido su fuerza política, los artesanos mantuvieron una activa participación socio política. En 1879, protagonizaron el levantamiento urbano contra los comerciantes alemanes en Bucaramanga, y en el de Bogotá de 1893.

Para 1909 el gobierno colombiano reconoce el primer sindicato: La Sociedad de Artesanos de Sonsón y para 1910, se presenta en Barranquilla la primera huelga. En 1913 se crea en Bogotá la Unión Obrera con más de 3500 afiliados de 15 agremiaciones diferentes. En 1915 se crea en Honda la Unión Obrera Local, habiéndose ya para entonces celebrado públicamente el 1 de mayo. Durante ese mismo año, el movimiento obrero se manifestó en abierta ruptura con los partidos tradicionales convocando a la creación de un partido obrero que para 1919, en desarrollo de su primera asamblea nacional, adoptaría el lema "libertad, igualdad y fraternidad".

La segunda década del siglo XX históricamente se patentizó con las huelgas de artesanos y trabajadores del sector textil que protestaban por la contratación de firmas extranjeras para la fabricación de 8000 uniformes para el Ejército, dejando las acciones violentas varios muertos y heridos. A la huelga de los mineros de Segovia se sumaba la de los trabajadores del ferrocarril en La Dorada y la de los campesinos organizados del Sinú. En total durante 1920 se presentaron 32 huelgas a las que también se sumaron algunos sectores del Estado como jueces y policías. Inclusive hasta 1924 siguieron incrementándose las huelgas en el país, cuando la más grave de ellas se gestó en el sector petrolero de Barrancabermeja.

Durante 1927, el Partido Socialista Revolucionario organizó en su convención de La Dorada y en asocio con liberales guerreristas, el Comité Conspirativo Colombiano, que buscaba la insurrección general a través de las huelgas del río Magdalena y de la Zona Bananera (Archila, 244). Finalizando el año 1928, los trabajadores de la United Fruit Company presentaron un nuevo pliego de peticiones laborales y de seguridad social. La militarización de la región fue tal vez el principal error cometido por el gobierno, producto quizás de las informaciones especulativas y malintencionadas de algunos directivos de la multinacional. Sobre la cifra real de muertos, las fuentes difieren mucho, pero lo cierto es que la llamada "masacre de las bananeras" es una de las páginas más tristes de nuestra historia.

3. La legitimidad y el poder en Colombia

La vida republicana presentaba una estructura de poder jerarquizada que establecía unas redes simples, lineales, de interacción entre los grupos sociales. Estas interacciones determinaban el curso y el empoderamiento de los actores socio-políticos, se estudiaba el actor y su capacidad de poder frente a los demás; ahora es necesario analizar la interacción, y esta interacción se convierte en la unidad básica de análisis para el sistema internacional. Pero hay que tener cuidado y alejarse de la noción de David Easton, según la cual las interacciones políticas se distinguen de las demás interacciones sociales; es necesario ampliar la investigación sobre estas últimas (Easton, 1969, 78-79). De esta manera, la esfera de análisis se amplía y permite la inclusión metodológica de los demás actores presentes y sus respectivos canales de interacción.

Las interacciones son comunicación, el poder se convierte en ejercicio, en la relación entre los actores. El medio que genera la interacción es a su vez sujeto de unas relaciones de poder: "La función del medio es transmitir la complejidad reducida" (Foucault, 1991, 16). En una relación de dependencia, el poder se descubre como no absoluto. Es decir, existe la resistencia en las relaciones. El asunto es que el medio puede no llegar directamente, pero con seguridad sí puede llegar mediante diversas redes.

En principio, existe siempre la voluntad de un actor pasivo que es doblegada o vencida por el poder que ejerce otro actor, que en este caso se puede llamar activo. Sin embargo, existe un diferencial entre ese poder que llega y la decisión del actor pasivo. Es decir, aquí hay tres elementos (Foucault, 17): 1): un actor que toma una decisión; 2) otro actor que va a recibir esa decisión; y 3) no menos importante, el camino que va entre estos dos actores. Así, en las redes de poder se asegura que queden cobijadas todas las posibilidades del actor. Pero bien, como el poder en el sistema internacional no es absoluto, y como consecuencia del proceso de relación descrito se permite la resistencia de los actores y el establecimiento de nuevas redes y de comunicaciones entre ellos, por todo esto es posible considerar otra posibilidad de acción distinta de la propuesta por el Estado. De tal manera que los vectores de poder en la red del sistema internacional, no llevan una dirección única.

A pesar de ser difuso en sus canales propios, que son la institucionalidad establecida, el poder sigue siendo concreto en su ejercicio. En otras palabras, el poder es concreto y no se puede separar del actor, aunque varíe en su ejercicio. Las formas de poder son cambiantes por medio de las experiencias y las acciones: "El código de poder debe originar una relación entre relaciones... Esta unión motiva la transferencia de selecciones de acciones desde el portador del poder a la persona sujeta al poder" (Foucault: 32). Lo que viene a ser lo mismo, pues quien recibe el poder tiene una serie de opciones que le son dadas por quien detenta el poder.

El sistema y la potencialidad de poder le dejan un conjunto de condiciones que el actor va a considerar. Este actor está en capacidad de confrontar la resistencia, ejerciendo su poder en potencia. Por escenarios, es posible ver lo que se puede o no se puede hacer. El actor puede cortar, desviar o aceptar las relaciones de poder. Aparecen las cadenas de toma de decisiones relativas a quien tiene el poder, y se distingue de aquéllas que unen a varios portadores de decisiones. Entre varios actores hay cadenas aglutinantes, y no sólo se limitan a las decisiones entre ellos, sino a la de ellos con otros, en una especie de red. De donde aparece el concepto de redes de poder (Foucault, 41).

Entonces, se encuentra un actor que tiene una posibilidad de toma de decisiones, en una cadena. Al juntar las cadenas de actores, se obtiene un sistema, pues existe una serie de decisiones de poder, en la cual aparecen relaciones por medio de símbolos y redes que constituyen canales y distribuyen el poder en forma horizontal.

4. El poder del Estado y sus instituciones: complejidad de redes y negociación

Durante la independencia y el proceso de construcción de Estado-nación, se presentó una serie de situaciones, de enfrentamientos "gremiales" o sectoriales entre diferentes poderes, situados geográficamente en diferentes escenarios, pero radicalizados política y económicamente en el mismo escenario de desconfianza frente a una empresa homogenizadora, y mucho menos frente a una inserción internacional temprana de la Nueva Granada. Esto hizo que todo intento de estructuración de un poder político que aglutinara a diferentes sectores sociales, nunca contó con el apoyo total de las clases dominantes, temerosas y preocupadas por su hacienda propia. De tal manera, desde Antonio Nariño, pasando por Bolívar y llegando a Santander, la ilegitimidad de cualquier proyecto era latente, ya que se crearon resistencias internas, presiones externas y conflictos entre facciones demasiado débiles, sumado al desinterés de las potencias internacionales por esta situación, de manera que el proceso de inserción internacional queda truncado, así como el de centralización del poder interno.

De esta manera, se dieron algunas dinámicas que convergieron en el fracaso del asentamiento de las bases de una república liberal occidental, y mucho menos inserta en las intrincadas redes del sistema capitalista global, generando un atraso sobre el curso de acciones futuras de la diplomacia y del tratamiento de los problemas internos.

A partir de este momento, la falta de norte en la política interna e internacional del país, determinó que los poderes internos generaran resistencias y disidencias y que la comunidad internacional perdiera interés frente a Colombia. Solamente se renovó tal interés cuando el país regresó al escenario internacional por sus problemas a finales del siglo XX. Aunque la difícil situación de derechos humanos en el país no es consecuencia exclusiva de los combates o de los ataques de los grupos armados en contienda, dentro de la tendencia de las confrontaciones bélicas de la posguerra fría, se implantó una continua violación del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, como producto de la degradación de las condiciones del conflicto, lo cual se ha constituido en un elemento central para el interés de la comunidad internacional (Pérez, 2001, 22), pues los derechos humanos se convirtieron en el principal referente de la nueva doctrina de la seguridad y el fundamento de las intervenciones bélicas humanitarias durante los años noventa1.

Otro problema con notorias implicaciones internacionales es el desplazamiento interno forzoso que ha provocado el conflicto. En el caso colombiano, se han originado importantes desplazamientos y migraciones, las cifras varían.

Las probables vinculaciones de los grupos armados ilegales de Colombia con redes de tráfico de armas o con grupos terroristas, aparecen también como una de las preocupaciones de seguridad más importantes en el ámbito internacional, por considerarse como un elemento desencadenador de conflictos. En cuanto al tráfico de armas, la abundancia de recursos económicos a disposición de los actores armados les ha permitido el acceso a equipos de combate y armas ligeras que por lo general ingresan al país a través de los países vecinos, en algunos casos con la complicidad de miembros de sus gobiernos.

Por su parte, el terrorismo se ha convertido en una preocupación de seguridad particularmente relevante a raíz del reciente consenso sobre la lucha contra los grupos acusados de practicarlo, aunque subsiste la dificultad inherente a los criterios con los cuales podría evaluarse tal condición. Con relación al conflicto colombiano, debe recordarse que la estrategia de guerra de los grupos armados ilegales incluye la realización de acciones susceptibles de considerarse actos terroristas dirigidos contra la población civil, la infraestructura energética y vial del país y autoridades o personajes públicos.

El cambio de estrategia de la lucha guerrillera ha sido menos una transformación que una ampliación hacia tácticas terroristas cada vez más comunes. La guerrilla se ha vuelto terrorista por su búsqueda sistemática, permanente y deliberada del dominio mediante el terror que produce una forma de violencia, cuyos efectos psicológicos son desproporcionados con respecto a su simple resultado físico. De igual forma, diversas denuncias de organismos de seguridad colombianos y norteamericanos parecen demostrar las estrechas relaciones entre los grupos guerrilleros colombianos y los grupos catalogados como terroristas en el plano y nivel internacional -principalmente el IRA.

Sin embargo, la calificación de terroristas a los grupos armados colombianos no fue objeto de consenso. Mientras que guerrillas y autodefensas hacían parte de los listados de grupos terroristas divulgados por el gobierno norteamericano, el calificativo fue centro de permanentes discusiones en el marco de las conversaciones de paz adelantadas por el gobierno Pastrana, al punto de que las FARC lo hicieron una de sus tácticas dilatorias más utilizadas. Solamente al romperse el proceso, el presidente Pastrana decidió referirse a ellas como terroristas. Además, debe recordarse que sólo tras fuertes declaraciones del gobierno y de la opinión pública colombiana, se logró que la Unión Europea incluyera a las FARC dentro de su lista de grupos terroristas, en donde no habían sido consideradas tales, inicialmente.

La vinculación del narcotráfico con el conflicto colombiano, ha sido uno de los principales argumentos para considerar al conflicto colombiano como problema de seguridad internacional; pues mientras Colombia siga siendo el principal abastecedor de cocaína de los mercados norteamericano y europeo, permanecerá la relación incuestionable entre el narcotráfico y la actividad de los grupos subversivos y de autodefensa.

Este tema se ha convertido en un factor de enorme importancia en las relaciones internacionales del país, especialmente con Estados Unidos. El conflicto interno de Colombia entró en la escena internacional de la mano del narcotráfico. Los antecedentes inmediatos e indispensables para comprender la agudización e internacionalización del conflicto armado colombiano, han sido el tráfico de drogas y la política para combatirlo, impuesta de manera unilateral por Estados Unidos y que ha influido en gran medida, en la percepción internacional sobre el conflicto y en las estrategias adoptadas frente al mismo. Numerosos países productores de narcóticos, Colombia entre ellos, han buscado un principio de corresponsabilidad en este problema. Esto se refiere a la necesidad de adoptar una estrategia multilateral y concertada para tratar el tráfico de narcóticos tanto desde la oferta como de la demanda; sin embargo, el consenso obtenido es poco menos que retórico.

En la práctica, al menos en el Hemisferio, la internacionalización del problema de las drogas sigue siendo, en lo esencial, la imposición de una política represiva contra la oferta, por parte de Estados Unidos, desconociendo que la demanda de narcóticos en el mundo -aproximadamente 180 millones de adictos (Contraloría General de la República, 2001, 50)- fomenta la producción y ahonda los problemas sufridos por los países productores, que además deben cargar con onerosos costos económicos y sociales en una ineficaz lucha contra la oferta. Por otra parte, insumos y dividendos circulan desde y hacia el país, gracias a la acción u omisión de países vecinos y al sistema financiero internacional, en donde se lavan los dineros producidos por el tráfico, la mayor parte de los cuales tampoco reingresan al país.

De tal manera se evidencia la rueda del conflicto entre Estado central, fuerzas regionales, comunidad internacional, lo cual siempre conlleva dos elementos claves: la ilegalidad de los procesos de resistencia política y la ilegitimidad de la institucionalidad del Estado.

Conclusión

Una serie de razones dieron al traste con un proyecto de organización de una República soberana y próspera; si bien la independencia de América fue un éxito y Colombia jugó un papel importante en la misma, fueron las luchas intestinas de los poderes entre nosotros las que originaron el golpe a los proyectos republicanos. Poderes lo suficientemente fuertes como para desestabilizar el país, pero impotentes como para poder organizar un proyecto hegemónico de Estado-nación; y mucho menos como para posicionar al país como una potencia igual entre las potencias del siglo XX y mucho menos en las del siglo XXI.

Los procesos de internacionalización fueron conatos de construcción de una política seria y coherente. A finales del siglo XX, la internacionalización de la paz generó una forma específica de manejar las relaciones internacionales en un momento específico. Adicionalmente, el modelo que se asumió durante el cuatrienio Pastrana, permitió demostrar la desagregación de las esferas de poder, y la eclosión de las redes de poder y de los actores que pueden intervenir en procesos internos, traspasando las fronteras conceptuales de lo nacional y lo internacional, para abrir paso a lo transnacional. Estos actores nuevos en el sistema internacional, no tienen filiación territorial o estatal definida, pero saltan con facilidad de una frontera a otra, redefiniendo incluso algunos conceptos clásicos como el de soberanía. Al darse este proceso de los actores nacionales e internacionales, si es que todavía se puede hacer esta división de manera tajante, los mismos canales de comunicación de poder se redefinen, se generan redes que cambian la estructura y dan como resultado una interdependencia de actores y procesos en el ámbito global. Es decir la historia ha hecho por la fuerza lo que desde hace doscientos años Colombia ha estado intentando hacer por procesos inconexos, débiles e inconclusos.

Dentro de estos procesos, las instituciones creadas por el Estado para organizar un proyecto centralizado de poder mundial, no se materializa en el sentido en que las lógicas regionales, conflictivas históricamente, y la falta de poder para asumir los retos de la creación de país, con la articulación entre gamonales, región y Estado central, determina que el Estado con todas sus instituciones caiga en un largo proceso de ilegitimidad. De tal manera, los procesos de corrupción y desconfianza carcomen la relación entre el Estado y la nación, el problema es que las Fuerzas Militares quedan en la mitad de un triple juego: ilegitimidad interna, señalamientos desde el Estado y cuestionamientos internacionales. Es decir, la institución militar en Colombia recibe el costo político y social por la falta de poder de un proyecto civil de país.


Pie de página

1 Los derechos humanos, tema del orden interno de los Estados, aparecen definidos como objeto de la acción internacional con la Resolución 43/131 de 1988 de la Organización de Naciones Unidas, titulada Asistencia humanitaria a las víctimas de catástrofes naturales y situaciones de urgencia del mismo orden, adoptada en diciembre de 1988 y más tarde, en la Resolución 688 de abril de 1991.


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