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Revista Científica General José María Córdova

Print version ISSN 1900-6586

Rev. Cient. Gen. José María Córdova vol.11 no.11 Bogotá Jan./June 2013

 

Impacto del gasto de la defensa en el crecimiento económico de Colombia en los últimos veinte años*

Impact on Defense Spending on Economic Growth in Colombia in the last twenty years

Impact de dépenses de défense sur la croissance économique en Colombie au cours des vingt dernières années

Impacto dos gastos em defesa no crescimento econômico da Colômbia nos últimos vinte anos

William Vargas Pulido a, Enit Godoy Estrella b

* Artículo asociado al proyecto de investigación Aportes del sector defensa a la economía nacional, de la Facultad de Administración, Escuela Militar de Cadetes, "General José María Córdova" Investigador principal: William Vargas Pulido. Coinvestigadora: Enit Godoy.

a. Economista y Máster en Finanzas y dirección financiera. Docente ESMIC. Docente Auxiliar Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Comentarios a: william7388@gmail.com
b. Ingeniera de sistemas y Especialista en Administración en Negocios Internacionales. Especialista en Alta Gerencia y candidata a Mágister en Relaciones y Negocios Internacionales. Coordinadora de investigación Facultad de Administración Logística 2012 de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. Docente asistente Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, Colombia. Comentarios a: enit.godoy@ unimilitar.edu.co

Recibido: 30 de noviembre de 2012. • Aceptado: 18 de abril de 2013.


Resumen

El crecimiento económico colombiano durante los últimos veinte años, ha coincidido con cambios importantes en el conflicto interno. Se ha incrementado el Gasto en Defensa y Seguridad (GDS) con el fin de contrarrestar la violencia. El país ha pasado fundamentalmente por dos periodos distintos en estos últimos veinte años. El primero, comprendido entre 1993 a 2002, donde los grupos armados ilegales tuvieron a Colombia en una situación de inseguridad elevada y, un segundo periodo, comprendido entre 2002 y 2012, donde las Fuerzas Armadas doblegaron a los grupos guerrilleros. Esta investigación analiza el impacto que ha tenido el gasto en defensa sobre el crecimiento económico nacional, a través de la revisión de las variables macroeconómicas del PIB, la inversión extranjera y el empleo.

Palabras clave. Economía de la defensa, crecimiento económico, gasto en defensa en Colombia.


Abstract

Colombian economic growth over the last twenty years, has coincided with major changes in the internal conflict. It has increased spending on Defense and Security (GDS) to counter violence, the country has gone up primarily of two distinct periods the last twenty years. The first between 1993-2002 where illegal armed groups in Colombia were in a situation of high uncertainty and a second period from 2002 to 2012, where the military bowed to the guerrillas. This research analyzes the impact that has had on defense spending on national economic growth through the review of the macroeconomic variables of GDP, foreign investment and employment.

Keywords. Defense economics, economic growth, defense spending in Colombia.


Résumé. La croissance économique colombienne au cours des dernières vingt années a coïncidé avec des changements majeurs dans le conflit interne. Il a augmenté les dépenses en matière de défense et de sécurité (DDS) pour contrer la violence, le pays a augmenté principalement de deux périodes distinctes au cours des dernières vingt années. Le premier entre 1993-2002, où des groupes armés illégaux en Colombie étaient dans une situation de grande incertitude et une seconde période de 2002 à 2012, où l'armée salua la guérilla. Cette recherche analyse l'impact que cela a eu sur les dépenses militaires sur la croissance économique nationale à travers l'examen des variables macroéconomiques du PIB, l'investissement étranger et l'emploi.

Mots-clés. Économie de la défense, croissance économique, dépenses en matière de défense et de sécurité en Colombie.


Resumo

Crescimento econômico colombiano nos últimos 20 anos coincidiu com grandes mudanças no conflito interno. Ele aumentou os gastos em Defesa e Segurança (GDS) para combater a violência, o país subiu principalmente de dois períodos distintos, nos últimos vinte anos. O primeiro entre 1993-2002, onde grupos armados ilegais na Colômbia estavam em uma situação de elevada incerteza e um segundo período de 2002-2012, onde os militares se curvou aos guerrilheiros. Esta pesquisa analisa o impacto que teve sobre os gastos de defesa sobre o crescimento económico nacional, através da análise das variáveis macroeconômicas do PIB, o investimento estrangeiro e do emprego.

Palavras-chave. Economia de defesa, o crescimento econômico, os gastos de defesa na Colômbia.


Introducción

Colombia es un país diferente al resto del mundo, en especial por el conflicto armado interno que ha estado presente por un periodo de tiempo superior a cincuenta años, un conflicto de guerra de guerrillas, con diferentes grupos terroristas distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, donde las Fuerzas Armadas han estado comprometidas, protegiendo a nuestra Nación, haciendo un sacrificio con vidas y un permanente esfuerzo para mantener nuestra patria a salvo.

El País, a raíz de esta guerra, debe hacer esfuerzos económicos significativos para combatir y protegerse de los violentos, esto ha significado que dentro del presupuesto de la nación, el gasto público en defensa sea una cifra importante cada año. Los gobernantes como el presidente de la república, el ministro de defensa y de hacienda, los senadores, los representantes que han pertenecido a la sección segunda del senado y la cámara y los comandantes de la diferentes fuerzas, son las personas que han planeado y sustentado el gasto de la defensa para el sostenimiento de las Fuerzas Armadas, gasto que se soporta en la seguridad nacional y la resolución del conflicto armado.

En los últimos veinte años (1992-2012), los cambios en el GDS han sido profundos, en especial, porque hubo una mayor asignación de recursos a través del presupuesto, este incremento se debe fundamentalmente al aumento del pie de fuerza, la compra de nuevos equipos y el entrenamiento de la tropa, adicionalmente, Colombia recibe apoyo económico para la defensa nacional por parte de otros países como EE.UU mediante el plan Colombia. Entonces, es vital conocer si estos cambios en el presupuesto de la defensa generan impacto en el crecimiento económico del país.

Una manera de observar esta situación, es revisando el comportamiento de variables macroeconómicas como el producto interno bruto (PIB), variable que recoge información de toda la economía en un determinado periodo de tiempo mide el crecimiento del país en cuanto a los ingresos y el consumo de las personas, empresas y el Estado. Es pertinente contrastar también,cuando se realizan cambios profundos en la contratación del personal de las Fuerzas Armadas y el impacto que esto pueda generar en la variable desempleo, por último, si al mejorar la seguridad interna del país, hace que se incremente el nivel de confianza de los inversionistas extranjeros, de tal manera que se logre una mayor inversión externa que tenga repercusiones en el crecimiento económico al haber mayor cantidad de recursos de capital.

Para el estudio de este tema, la economía tiene una rama denominada Economía de la Defensa, que se encarga de analizar las implicaciones económicas de los gastos militares. La gestión y comprensión eficiente de estos recursos, se hace utilizando la teoría económica y aplicando sus distintas herramientas.

Por otro lado, los economistas de varias naciones han realizado investigaciones de diversa índole relacionados con la defensa nacional; es el caso de Adam Smith, quién dedicó parte del libro V de La Riqueza de las Naciones al análisis de los gastos en defensa, una de sus afirmaciones es que la primera obligación del Soberano es la de proteger a la sociedad. (Dunne, 2006, 14), también argumenta que la defensa es de mayor importancia que la opulencia. Por otra parte, Weingast & Summerhill señalan que la creación del orden es una tarea central para establecer los fundamentos del crecimiento, y define el Orden Político como "aquel que requiere de tres aspectos fundamentales para su seguridad personal: la vida, la familia y las fuentes de subsistencia". (Weingast & Summerhill, 2002). Otros economistas ven la defensa como un bien público, teniendo en cuenta la importancia de la industria de la defensa y el efecto en la economía, la provisión y gestión de las fuerzas armadas, las externalidades que generan gasto de un país en la defensa nacional, la influencia de variables macroeconómicas para explicar la demanda de gastos militares, entre otros.

En relación con los factores utilizados para la explicación del gasto en defensa, los distintos enfoques teóricos y empíricos han hecho énfasis en diferentes variables. En este sentido, la cantidad de recursos destinados a la defensa dependen del gasto realizado por el país, esta situación sustenta el presupuesto de la defensa. Por tanto, se hace necesario hacer una revisión de la parte presupuestal, para poder determinar el impacto del gasto en defensa sobre el PIB por medio de modelos econométricos y, de esta manera, establecer su impacto en el crecimiento económico del país.

1. Fundamentos teóricos

1.1 El presupuesto

La definición habitual de presupuesto expresa que éste consiste en las previsiones anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada (Worswick, 1979). Otra definición dada por la Asociación Internacional del Presupuesto Público (ASIP) establece que: "el presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país" (ASIP, s.f.).

El gobierno incide en la economía de dos maneras principales: directa e indirectamente. La forma directa la ejecuta a través del gasto público y la tributación; y la indirecta, mediante el empleo de mecanismos de regulación de la actividad económica como lo son la política monetaria y la fiscal. La primera se refleja directamente en el presupuesto; la segunda, no. La mayor intervención del Estado ha propiciado el aumento del GDS en cifras importantes hasta representar, como ocurre actualmente, un monto apreciable como proporción del PIB.

Como en todo país en vías de desarrollo, el presupuesto de la defensa nacional se refiere al presupuesto de las fuerzas militares, específicamente, a dos rubros mínimos: los que tienen que ver con el mantenimiento del personal y los gastos corrientes de funcionamiento. Se trata de fuerzas que, en buena medida, son fuertes en el uso de mano de obra intensiva, más que de capital (Scheetz, 2001). Dado el promedio de las fuerzas militares y el de la policía, los costos de los pagos de retribuciones al personal suelen ocupar, en promedio, el 70% del presupuesto de la defensa.

Para el caso del presupuesto del Ministerio de Defensa y el de la organización militar, éste incluye una cantidad de rubros adicionales, considerados como apoyo a las tareas principales. Dichos rubros son: un presupuesto de vivienda militar, sanidad para el personal militar y retirado, presupuesto de educación, de bienestar social, así como otra serie de actividades de extensión que, estrictamente, no corresponden al ámbito militar.

Por otro lado, el presupuesto público es la natural concreción de la voluntad política de la nación. Se puede afirmar que toda propuesta política es discurso, hasta el momento en que se refleja en el presupuesto. Lo mismo pasa con la defensa nacional. Si así no fuera, sería imposible hacer la conexión necesaria entre las acciones de defensa y la de otros sectores de la actividad pública. (Donadío, 2004, 25).

Todos los sectores nacionales poseen especificidades, pero el caso de Colombia es muy particular en lo que tiene que ver con la defensa nacional, ya que Colombia es el único país suramericano que se encuentra inmerso en un conflicto armado, lo que hace difícil compararlo con los demás en los temas de presupuesto para la defensa.

Esta es una de las razones por las cuales, en este trabajo, no se tiene en cuenta a otros países. Al hacer el análisis del presupuesto del sector defensa, por un periodo prolongado, hay complejidad en las relaciones políticas e intereses sectoriales.

Veamos algunas particularidades a ser tenidas en cuenta al realizar el presupuesto de la defensa.

La defensa es un bien público: El sistema de organización económica capitalista que predomina en Colombia, reconoce al mercado como el mecanismo más eficiente para resolver el problema de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios privados. También, existen además de las necesidades privadas, las necesidades públicas que no pueden ser satisfechas eficientemente por el mercado. La atención de estas necesidades a través de los llamados bienes públicos, ha constituido uno de los argumentos más aceptados por la doctrina para la intervención del estado en la economía (Donadío, 2004, 26). En el caso de la defensa, la necesidad de su provisión por parte del estado, se desprende de la misma esencia de esta forma de organización política, caso particular en Colombia, debido a que las amenazas internas han ocasionado que los ciudadanos deleguen toda la responsabilidad al Estado.

Este punto de partida define la primera particularidad del presupuesto de la defensa nacional, a diferencia de otros bienes y servicios que presta el Estado, es un bien público puro. Un bien público puro debe tener las siguientes características: No-exclusividad: Si el bien público es ofrecido, no se puede excluir a ningún consumidor de su consumo. No-rivalidad: El consumo del bien público por un consumidor no reduce la cantidad disponible de consumo para otros consumidores (Grautoff & Chavarro, 2009, 15). La salud y la educación, también públicas, son consideradas como bienes públicos por la teoría económica. Pero lo que distingue a la defensa de aquellos bienes, es formar parte de la propia idea del Estado, siendo siempre una política pública de estado, que en ocasiones se convierte en una política pública de gobierno.

En la práctica esto quiere decir que nadie debería sentirse más indefenso que otro; no se puede privar a determinados individuos, quienes no pagan impuestos (por ejemplo), de la sensación de protección que debe brindarles la existencia de las fuerzas armadas. Por esta razón, la defensa es un bien público puro. Su financiamiento debe provenir directa y exclusivamente del Gobierno Nacional, especialmente en el caso de Colombia, porque el enemigo para el gobierno y los ciudadanos de bien, son connacionales que no se pueden distinguir fácilmente.

En la idea de bien público está la singularidad del servicio ofrecido por la defensa; una de las medidas económicas más importantes para un presupuesto, es la relación entre recursos asignados y resultados obtenidos. Los recursos asignados en defensa pueden ser identificados con razonable facilidad, pero los resultados son de difícil ubicación y aún, más complejo, medirlos. No se puede medir con precisión la defensa obtenida y compararla con los gastos realizados (Donadío, 2004, 27). Aunque sea para casos específicos y bien definidos, como es por ejemplo asignarle unidades de protección al oleoducto Caño Limón-Coveñas, el análisis tiene grandes complicaciones, especialmente en los límites analíticos, los cuales son más rígidos en la medida en que se integran conceptos como la seguridad del país, adicionalmente, son complejos de medir según los modelos económicos. La defensa en Colombia, posee indicadores de eficiencia como secuestros, extorsión, hectáreas de coca destruidas, homicidios entre otros. El panorama se complica más, porque un objetivo expreso de política pública en defensa, es la disuasión de posibles conflictos armados, pero medir el conflicto armado con respecto al presupuesto asignado a la defensa, sería prácticamente imposible.

Sin embargo, los recursos asignados a la defensa pueden ser medidos en términos económicos. Fundamentalmente, están compuestos por los siguientes elementos:

  • Personal que labora con todas sus prestaciones (sueldos, salud y demás beneficios).
  • Equipo militar y mantenimiento.
  • Administración y apoyo logístico.

Los resultados obtenidos, por parte de las fuerzas armadas, no pueden ser medidos en la misma forma. Por ende, la defensa no puede ser considerada una finalidad por sí misma, sino un instrumento para llegar a otros fines. Sobre este tema se ahondará en el ítem 3. Presupuesto de Colombia.

En suma, el caso de Colombia es diferente por su complejidad en cuanto a la guerra se refiere, sobre todo, por los años de duración del conflicto, además de seguir vigente.

Analizar la defensa de manera aislada, constituye un peligroso error metodológico, capaz de comprometer la transparencia deseada y el buen planeamiento presupuestario nacional. De ahí que es importante la integración de la información proveniente de distintas áreas del conocimiento y de la actividad pública.

La defensa maneja información confidencial, por ello, el presupuesto de la defensa es particular. Dicha confidencialidad impide aplicar el concepto de transparencia, del mismo modo directo en que se haría con cualquier otra política pública. Esto se ve reflejado en actividades de inteligencia que las fuerzas militares no desean que sean públicas u operaciones especiales que requieren de cierta protección.

Esto no implica que, de alguna forma, la gestión de la defensa pueda conducirse sin control o con alto niveles de discrecionalidad. Aunque la información no pueda ser revelada públicamente, la rendición de cuentas sí puede y debe realizarse ante sus representantes. Una legislación que establezca claramente los mecanismos de secreto, confidencialidad e información ante el poder legislativo, resulta clave para asegurar la transparencia en el uso de los recursos y evitar las políticas discrecionales y actos de corrupción (International Budget Partnership, Versión Electrónica en: http://www.internationalbudget.org).

Deben entonces constituirse sólidos esquemas de supervisión institucional, para que la confidencialidad no se transforme en un escudo, detrás del cual se escondan algo más que intereses nacionales.

La defensa es un tema de atención pública. El estado como tal, supone y considera a la defensa como un instrumento militar a su disposición, por lo que tiene fundamentalmente dos opciones: primero, este instrumento está diseñado para que cumpla su función disuasiva, logrando así su subsistencia. Sin embargo, existe el riesgo de no ser utilizado. En segundo lugar, que efectivamente se haga uso de este instrumento militar (Scheetz 2011 p.26), lo cual es el caso de estudio. Esto supone que el estado, en cualquiera de las dos condiciones, cuenta con dicho instrumento como un bien permanente del estado. Al ser caracterizado como un bien, cumple con los preceptos económicos de ser utilizado para satisfacer necesidades, lo que, en ultimas, permite obtener un beneficio.

En el caso de la defensa, ese beneficio sirve para preservar la vida y los bienes de los ciudadanos de un país.

La legitimidad del presupuesto de la defensa será fundamental para la aceptación social. Porque existe una relación económica natural entre los recursos escasos y las necesidades infinitas de seguridad, entonces la excesiva asignación de recursos a la defensa puede desplazar gastos sociales valorados por la ciudadanía (Sala, 2004, 95).

El desarrollo de un programa de defensa equilibrado y su conversión en un presupuesto de defensa razonable, debe ser un esfuerzo permanente e imprescindible en la definición de políticas públicas.

La defensa es una necesidad continua: la provisión de la defensa como bien público no puede verse interrumpida por el gobierno.

En este sentido, el tema de presupuestos anuales de defensa debe ser destacado. Es decir, el presupuesto estatal debe tener continuidad de acción, aun teniendo en cuenta gastos como: pagos al personal que labora en las fuerzas armadas, mantenimiento de equipos, reemplazo de material, entre otros, que incrementan el gasto en defensa a futuro. (Resdal, 2004, 26).

En realidad, no solo es necesaria la valoración social de la defensa en un periodo dado, sino que debe mantenerse en el tiempo para que el presupuesto en defensa tenga coherencia con las necesidades de las fuerzas armadas y tenga consistencia con los valores a los que la sociedad le otorgue importancia para su bienestar.

1.2. Economía de la defensa

Algunas definiciones de economía de la defensa son: "La definición de los gastos militares puede variar considerablemente de un país a otro debido a las diferencias en la clasificación y contabilidad y en la forma en que está redactado el presupuesto estatal hacia arriba". (Herrera, 1994, 14).

Cada país es libre de definir sus gastos militares en nombre de su beneficio, por lo que no existe una definición estándar (Brzoska, 1995, citado en Lebovic, 1999).

La producción del bien público Defensa implica la combinación de factores de producción de mano de obra (L: militares activos, retirados y civiles), capital fijo (Kf: planta y equipo-bélico y no bélico), capital variable (Kv: operaciones, mantenimiento y otros) y conocimiento (A: know-how, respecto a la tecnología empleada). El reparto porcentual presupuestario entre estos factores es un indicador claro del grado de eficiencia de la producción en defensa por parte de las FF.AA. (Scheetz, 2011, 18).

A continuación se hará una revisión de la teoría económica para comprender el impacto del gasto en defensa en el crecimiento de la economía de un país. Hay una serie de estudios empíricos que se han realizado para revelar una relación, si la hay, entre los gastos de defensa y el crecimiento económico. Sin embargo, todavía existe controversia sobre si los gastos de defensa causan una tasa de crecimiento económico mayor o menor.

Un grupo de investigadores apoya el enfoque neo-clásico que sostiene que "los gastos de defensa impiden el crecimiento económico", (Deger & Smith, 1983), (Lim, 1983), (Deger, 1986), (Kwaben, 1989), (Heo, 1999), (Shieh, 2002), son algunos de ellos. Un segundo grupo argumenta que el efecto neto de los gastos de defensa en el crecimiento es positivo. (Benoit, 1978), (Ateşoglu & Mueller,1990), (Atesoglu, 2004). Un tercer grupo sostiene que la relación entre los gastos de defensa y el crecimiento económico varía, ya que puede ser positivo o negativo, como (Biswas & Ram, 1986), (Looney & Frederiksen, 1986), (Looney, 1988), (Chowdhury, 1991), (Karakul & Palaz, 2004).

Se han realizado gran cantidad de trabajos, pero hasta la fecha todavía no existe un consenso sobre el impacto del gasto militar sobre el crecimiento económico. Por supuesto, hay una amplia variedad de posibles razones que pueden llevar a resultados diferentes (es decir, diferentes teóricos con métodos y modelos, métodos de estimación diferentes, diferentes países, diferentes períodos de tiempo examinados, etc.) (Dunne & Uye, 2009). Esta falta de consenso, combinado con una evolución continua en la econometría, ha llevado a los investigadores en el área a continuar con los intentos de identificar y establecer una relación estable.

El gasto en defensa constituye una parte significativa de los recursos mundiales, pero a pesar de su significativo tamaño, su impacto económico ha sido, hasta hace poco, un tema de análisis en la teoría económica. El análisis teórico del gasto militar se vuelve muy difícil ya que no es un problema puramente económico, sino, más bien, una mezcla de factores económicos, políticos, estratégicos, psicológicos, culturales e, incluso, aspectos morales. Aunque la mayor parte de la teoría económica no tiene un papel explícito para el gasto militar como una actividad económica independiente, hay cuatro enfoques teóricos básicos (el keynesiano, el neoclásico, el liberal y el marxista) que explican los gastos militares desde diferentes puntos de vista. (Smith, 1977), (Georgiou, 1983) y (Dunne 1990, 1996).

En el marco keynesiano, el Estado aparece como activo e intervencionista, teniendo en cuenta queuno de los supuestos es que hay recursos de capital (mano de obra y dinero) ociosos, utilizando gastomilitar para incrementar la producción a través de los efectos multiplicadores, cuando el agregadodemanda es ineficaz (Dunne, 1996).

La demanda opera a través del nivel y la composición del gasto, es decir, al haber una baja demanda en la economía, se busca estimular el consumo, generando empleo directo a través del estado. Lo más evidente es el efecto multiplicador keynesiano: un aumento exógeno en el aumento del gasto militar de la demanda y, si hay capacidad disponible, aumenta el uso y reduce el desempleo de recursos. Es decir, utilización al máximo de la capacidad instalada.

Bajo esta perspectiva, (Moreno & Junca, 2007), muestran que la defensa académica que se le ha dado al enfoque del individualismo metodológico, con el propósito de establecer un impacto positivo del aumento del GDS sobre el crecimiento económico, ha estado ligada al modelo utilizado por Gran Bretaña y los Estados Unidos1 , esto es, "un modelo de crecimiento jalonado por el gasto en defensa" (Moreno & Junca, 2007, 40), al que se le ha denominado keynesianismo militar.

(Faini, Annez & Taylor, 1984) también mencionan que si la demanda agregada es baja en relación con la oferta potencial, el aumento de gasto militar puede conducir a la utilización de la capacidad instalada, aumento de los beneficios y, por tanto, aumento de la inversión y el crecimiento económico. En la literatura empírica, de acuerdo con Keynes, del lado de la demanda los modelos son ampliamente utilizados para explicar la relación entre el gasto en defensa y el crecimiento económico. El trabajo empírico de esta demanda tiende a encontrar una relación negativa entre el gasto militar y crecimiento económico (a través de la exclusión ahorro o de inversión). El inconveniente básico de esta teorí es que se centra en las cuestiones de la demanda y no consideran el lado de la oferta (tecnología de spin-offs2 y las externalidades). (Smith, 1980) fue el primero en incluir funciones explícitas de producción con el fin de superar este problema de concentrarse en el lado de la demanda solamente.

A diferencia de los marxistas, (Smith, 1980) considera el gasto militar como un fenómeno social, con un aspecto histórico y que se centran en los aspectos socio-políticos y estratégicos del gasto militar y no tanto en los económicos. Argumenta que el gasto en defensa estimula el crecimiento económico mediante la prevención de las crisis o actuando como una informal política industrial (Dunne, 1990).

Dentro de esta escuela de pensamiento hay una teoría de perspectiva que tiene un papel fundamental para el gasto militar. La sub-consumista, enfoque desarrollado por (Baran & Sweezy, 1966), quienes afirman que, como una economía capitalista se hace más rica, el excedente disponible crece más allá de lo absolutamente necesario para el consumo y la inversión. Así, en el sub-consumo marco, el gasto militar será beneficioso para el crecimiento cuando la economía está en desequilibrio.

Por otra parte, los neoclásicos ven los gastos de defensa como un bien público puro suministrado por el Estado, que reconoce un interés nacional bien definido que se busca proteger. El Estado puede aparecer como un actor racional que trata de maximizar el interés nacional por equilibrar los costos de oportunidad y los beneficios de seguridad de los gastos militares.

Una cosa es explicar el GDS con la lógica de la visión liberal neoclásica, y otra es admitir que esa visión casi no se refleja en la dura realidad política latinoamericana (Scheetz, 2011, 21). North lo describe de forma parecida:

Existen dos tipos generales de explicación del Estado: una teoría del contrato, lo que aquí se denomina la 'visión neoclásica' y una teoría de la explotación o teoría depredadora. (…) este punto de vista considera que el Estado es el agente de un grupo o clase; su función es extraer los ingresos del resto de los habitantes en beneficio de este mismo grupo.

(North, 1981, 37)

En los liberales, los trabajos realizados presentan una vasta oferta de modelos que relacionan la defensa y el crecimiento económico dentro del marco neoclásico, derivando la función de producción agregada. Un amplio grupo utiliza el modelo desarrollado por (Feder, 1982) y ampliado por (Biswas & Ram, 1986). Donde se considera el gasto militar como una variable exógena y estima sus efectos dinámicos reales sobre el producto.

Existe una amplia literatura sobre la financiación de la guerra. La forma en que se financia y su aumento tendrá efectos adicionales (por ejemplo, un mayor déficit podría elevar las tasas de interés reales, lo cual repercute en la economía). El aumento en el gasto militar también va a cambiar la composición de la producción industrial a través de efectos de entrada y salida. Argumentos similares se aplican a los recortes en el gasto militar, aunque los efectos pueden no ser simétricos.

El GDS genera impactos negativos sobre la producción agregada de una nación, este hecho empírico se desprende de la forma como se financian los gastos del Estado.

Todo gasto fiscal procede de la tributación y del endeudamiento público. La forma como un gobierno decide fondear sus cuentas públicas es una decisión de corte político, que depende del ciclo económico en que se encuentre la nación. Si ésta atraviesa por una recesión económica, el Estado debería optar por el endeudamiento, en cambio, si la economía está en un auge, el gobierno de turno se inclinará por la tributación (Grautoff & Jaramillo, 2010). En períodos de largo plazo, existe indiferencia entre fijar mayores impuestos o financiar por medio de la emisión de la deuda pública, este fenómeno económico se denomina Equivalencia Ricardiana3 y fue conceptualizado por (Barro, 1980, 37-54).

2. Antecedentes históricos del gasto en defensa

A principios de los años noventa, marcó el inicio de un nuevo comportamiento del GDS en el país. En materia de inversión, en 1991 se inició el Plan Quinquenal, que fue complementado con el Plan Energético Vial. En materia de servicios personales y transferencias, sueldos y pensiones, se expidió la Ley 4 de 1992, con la cual se realizó una nivelación salarial de los miembros de la Fuerza Pública. Posteriormente, a partir de 1998, se establecieron lineamientos de política que enfatizaban en la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y, consecuentemente, establecieron una estrategia de fortalecimiento de la capacidad operacional de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos alzados en armas. El crecimiento en esta década fue permanente, inicio en 2,2% y alcanzóniveles del 3,3% al final de la década.

En la primera década del siglo XXI, a mediados del año 2000, Colombia empieza a recibir ayuda económica militar por parte de los Estados Unidos, este acuerdo entre los dos países se denominó Plan Colombia y a la fecha de hoy esta vigente.

Posteriormente, en el año 2002 se presenta un cambio de gobierno, se inicia el primer período de gobierno de Uribe (2002-2006) donde se puso en marcha la Política de Defensa y Seguridad Democrática, cuyo principal propósito fue la recuperación del territorio nacional. Posteriormente se continuó con esta política de gobierno cuando Uribe fue reelegido para un segundo periodo presidencial, que comprendió los años (2007-2010). En estos diez años el GDS alcanza los niveles más altos en la historia de Colombia, inicia en el año 2000 con 3,1% y alcanza su máximo al llegar al 4% como participación del PIB en el 2009. En el 2010, 2011 y 2012 descendió ligeramente a 3,7%, 3,6% y 3,5% respectivamente.

En Colombia, algunos autores analizan el GDS por periodos de tiempo tales como: Yanet Giha en su revisión del GDS en Colombia desde 1926 hasta 1998, quien nos revela que la economía ha destinado para su seguridad, en promedio, el 1.8% del Producto Interno Bruto, con un mínimo de 0.5% en 1930 y un máximo de 3.6% en 1997. Este rango de tiempo muestra un comportamiento cíclico de expansión y erosión presupuestaria, pero con una tendencia ascendente a lo largo del período (Giha,1999).

(Giha, Rivero & Soto, 1999), dicen que el mayor esfuerzo observado en términos de GDS, se genera durante la década de los noventa como resultado de la modernización del sector militar a través del Plan Conmoción (1992) y el Plan Integral (1993); además, observan que el aumento del GDS también respondió paralelamente al aumento de los gastos de funcionamiento que incorporaban un mayor número de soldados, y el rubro de gastos generales, en el cual se da importancia al gasto en equipo y materiales; particularmente, estos autores exponen que 1997 fue el año en el cual se generó el mayor esfuerzo de GDS durante la década de los noventa, desde 1926.

El investigador Caballero dice que la seguridad "es una condición necesaria pero no suficiente para el crecimiento económico" (Caballero, 2003, 19), el aumento del GDS es la única forma de obtener crecimiento, pues: "considerar que es posible recuperar la economía y lograr estabilidad política y social, sin contar primero con un ambiente de seguridad y la vigencia del imperio de la ley en el país simplemente no es realista" (ibíd.). De esta forma, Caballero muestra que el GDS como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) es relativamente bajo en comparación con otros países que tienen una intensidad del conflicto similar o mayor que Colombia, es el caso de países como Israel, que invirtió en promedio 9,36% del PIB entre 1990-1999, mientras que Colombia, dice este autor, apenas invirtió en promedio 2,42% del PIB para el mismo período.

Para el periodo 1998- 2006, Andrés Villamizar y Germán Espejo exponen la insuficiencia del presupuesto del Gobierno dirigido al GDS, pues "el presupuesto, y la estructura de fuerza que éste financia, tal vez son suficientes para contener las amenazas pero no para derrotarlas" (Villamizar & Espejo, 2004, 1). Estos autores muestran que los niveles de GDS de Colombia en la administración de Andrés Pastrana y la primera de Álvaro Uribe, son bajos en comparación con otros países, no sólo con niveles de conflicto similares (Vietnam y El Salvador), sino con países en vía de desarrollo que no poseen problemas de conflicto armado (Chile, Perú y Ecuador).

Dicho estudio señala el poco esfuerzo que hace el Gobierno colombiano en términos presupuestales y militares para poder controlar el territorio dominado por grupos ilegales armados. Por tanto, Villamizar y Espejo consideran que es necesario aumentar el GDS real (Villamizar & Espejo, 2004, 1).

El GDS nacional de 1990 a 1998, en comparación con el GDS internacional, es bajo respecto al promedio del gasto generado en los países desarrollados; además, muestra que Colombia ha realizado un gran esfuerzo por financiar el sector de la seguridad, en donde se destaca que el GDS tiene un lugar privilegiado en el gasto del Gobierno Central, sin embargo, éste sigue estando muy por debajo del nivel internacional (Urrutia, 2004, 54-55).

El GDS colombiano ha sido el más alto del continente americano y uno de los más altos del mundo. "Según cálculos del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo-SIPRI, que hace seguimiento a los gastos militares. Para el año 2001 Colombia ocupó el puesto 24 de los países con mayor participación en el gasto militar como proporción del PIB, de un total de 160 investigados, y para 2005, ya estaba localizado en el puesto 18" (Otero, 2008). De hecho, este autor argumenta que "el conflicto ha obligado a que se dediquen recursos muy importantes de los Gobiernos central, departamental y municipal a la defensa y la seguridad, presionando las finanzas públicas, con la consecuencia de disminuir los recursos para otras actividades más productivas y de un verdadero contenido social" (ibíd.).

En Colombia también se han dado estudios económicos sobre el GDS y su impacto en la economía, los resultados son los siguientes:

(Grautoff & Chavarro, 2009), mediante el método filtro de Hodrick-Prescott4, con el fin de encontrar el verdadero comportamiento del GDS con respecto al PIB, mostraron un resultado que confirma que el esfuerzo de la nación ha aumentado en forma secular sólo a comienzos de la década de 1990; así mismo, se confirma el bajo grado del GDS, mientras el mundo redujo dicha erogación, en Colombia aumentó.

(Páez, Isaza & Zamora, 2007), analizan la relación y precedencia del GDS sobre el desempeño económico del país a través del test de causalidad en el sentido de Granger5. Bajo este esquema econométrico, se evalúa el efecto del GDS sobre el crecimiento de la economía colombiana para el período comprendido entre 1990-2007. Los autores estiman el GDS a través de la carga fiscal de las entidades territoriales que tienen como función actividades relacionadas con la defensa y seguridad. Los resultados del ejercicio muestran que, si bien no existe suficiente evidencia empírica para observar la causalidad entre el GDS y el crecimiento de la economía colombiana, sí se encuentra que el GDS tiene un efecto directo sobre la inversión y ésta, posteriormente, tiene un efecto causal sobre la tasa de crecimiento económico.

(Arias & Ardila, 2003) exponen, mediante un modelo de ciclo real de los negocios, el efecto que tiene el aumento del gasto militar sobre variables económicas tales como el consumo y la inversión, el consumo privado y el empleo, teniendo en cuenta el costo del conflicto armado. El modelo supone, por efecto del conflicto armado, que es natural que en cada período exista una fracción del capital destruida o perdida; por tanto, se mide la inversión como el total menos la destrucción, y éste sería el costo del conflicto sobre la economía. Este Modelo, calibrado con los datos de Colombia, sugiere que un aumento del gasto militar en 1% incide positivamente en los niveles del producto, inversión y consumo.

(Querubín, 2003), por medio de un Modelo econométrico de diferencias en diferencias, sostienen que la violencia asociada al conflicto armado sí ha tenido un gran impacto en la economía de los diferentes departamentos, y, especialmente encuentran que el aumento de los ataques de los grupos armados ha tenido incidencia sobre el PIB agrícola, y las tasas de homicidio han tenido un efecto sobre el PIB industrial.

(Cárdenas, 2002) expone que la tasa de crecimiento de Colombia desde 1980 responde a una" implosión de la productividad explicada por incrementos exponenciales en narcotráfico, crimen violento, y actividades insurgentes" para observar las implosiones en los cambios de la productividad, utiliza la metodología de (Hall & Jones 1999).

Los resultados indican, dentro de la descomposición de factores, tendencias positivas que no explican la desaceleración de la productividad en el país para la década del noventa; por esta razón, el autor expone que, mediante un Modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, la producción total de los factores controlada por la concentración del ingreso a través del coeficiente de GINI6, puede responder más a la tasa de homicidios y a la tasa de crecimiento promedio del PIB en América Latina entre 1960-1999, que a la desaceleración de los factores productivos. Por tanto, Cárdenas sostiene que la desaceleración respondió más a la explosión del crimen violento y el auge del narcotráfico que a factores productivos; sobre todo, a la tasa de homicidio registrado para este período.

3. Presupuesto de Colombia

La normatividad que rige el Sistema Presupuestal Público Colombiano se puede sintetizar en lo siguiente: La Constitución Política de Colombia en el Título XII, artículos 332 a 373, establece el régimen económico y de la hacienda pública y le otorga la dirección general de la economía al Estado. Específicamente el Capitulo 3, del Titulo XII, trata lo referente al presupuesto (Art. 345 al 355) Capitulo 4 que trata lo referente a la distribución de recursos y las competencias (Art. 356 a 364) y el estatuto orgánico de presupuesto.

El estatuto orgánico de presupuesto está constituido por el plan financiero, el plan operativo anual de inversiones y el presupuesto anual, como elementos complementarios y necesarios para la operación se tiene el plan de presupuesto Público Colombiano, los gastos financiados con base en estas rentas deberán presentarse por parte del Gobierno a aprobación por parte del Congreso. En el Art. 12 del estatuto orgánico de presupuesto, explica que éste contiene la totalidad de los gastos públicos que se esperan realizar durante la vigencia fiscal.

Ahora bien, para el caso del presupuesto de la defensa, esta la política de defensa y, como toda política pública, requiere para su ejecución de recursos adecuados, pero sobre todo eficientemente asignados.

Esta asignación debe responder, entonces, a un proceso complejo, integral y coordinado entre el congreso y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), y no sólo debe entenderse como los datos cuantificados que se presentan anualmente al Congreso para su aprobación. Si no, todos los aspectos de planificación y coordinación con cada uno de los diferentes entes del estado que intervienen en este proceso, que permitirán que el presupuesto sea adecuado y cause el impacto deseado.

En este sentido, el MDN y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el año 2007, desarrollaron un documento denominado Metodología para el Cálculo del Gasto en Defensa y Seguridad, este documento busca unificar conceptos del GDS. En relación al presupuesto y el GDS explican lo siguiente:

El concepto de los gastos destinados a asuntos de Defensa y Seguridad involucra todas las erogaciones que hace el país con el fin de mantener la paz y la seguridad pública. Esto implica tener en cuenta todos los recursos utilizados para tal fin, tanto los asignados al sector a través del Presupuesto General de la Nación, como aquellos recibidos a través de programas de cooperación internacional como el Plan Colombia, los diferentes proyectos que se realizan particularmente con los sectores minero y energético a través de convenios, o el gasto en seguridad y vigilancia que realiza el sector privado, entre otros. Sin embargo, dado que el interés es medir el esfuerzo que hace el Gobierno Nacional en el Sector Defensa y Seguridad, el análisis del GDS se enfocará en el presupuesto asignado por la nación a través de la Ley anual respectiva, para las entidades que lo conforman.

(DNP & MDN. 2007, 28).

Antes de entrar en detalle de los presupuestos anuales asignados en los últimos veinte años, se revisará el presupuesto general de la nación 2010-2011, con el fin de poder comprender cómo se presenta un presupuesto para la defensa nacional ante el Congreso de la República. Por lo anterior, se presentan tres tablas, la Tabla 1., muestra el presupuesto de gastos de personal y gastos generales, la Tabla 2., apropiaciones por conceptos asociados a pensiones y, la Tabla 3., el presupuesto de inversión.

El presupuesto asignado para la defensa nacional en el año 2011 fue de 21.040 billones de pesos, de los cuales en gastos de personal corresponden a 9.516 billones de pesos, lo que equivale al 45,2%. Uniendo los datos de la Tabla 2., (que hacen parte también de los gastos de personal y tienen un valor de 3.837 billones de pesos) se obtiene un total de 13.353 billones de pesos, esto equivale a una participación del 66,6% del total del presupuesto del GDS.

Por esta razón, estos datos nos indican que el GDS en Colombia tiene una fuerte participación en el gasto de mano de obra intensiva, y corresponde a los estudios realizados anteriormente por investigados que mencionan que la composición del GDS en los países en vía de desarrollo, tienen una fuerte participación de mano de obra intensiva (Véase Figura 1.). Atendiendo a que Colombia es un caso atípico, por la situación del conflicto interno que se tiene hace más de cincuenta años, el fenómeno de la guerra puede justificar una cifra tan elevada; en realidad, hay otra razón de mayor peso, el conflicto es un conflicto de guerra de guerrillas, que exige una gran cantidad de personal para lograr la mayor cobertura posible del territorio y, a su vez, poder ubicar al enemigo.

En la Tabla 1., también encontramos los gastos generales que son de 3.600 billones de pesos, representan el 17,1%, una participación moderada dentro del GDS; porúltimo, en la Tabla 3., aparecen los gastos en inversión por un valor de 1.417 billones de pesos, estos gastos tiene una participación del 6,7%, cifra con una participación relativamente baja dentro del total del gasto en defensa.

En la Figura 2., podemos observar el total del gasto en defensa en millones de pesos colombianos de los últimos veinte años.

En la década del noventa, Colombia tubo que fortalecer sus fuerzas armadas para enfrentar el conflicto de guerra de guerrillas y el narcotráfico, con el objeto de contrarrestar la capacidad militar, que gracias al narcotráfico pudieron acumular las organizaciones armadas ilegales, particularmente las FARC. En respuesta a esta situación, a partir de 1998 se establecieron lineamientos de política que enfatizaban en la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad y, consecuentemente, se consolidó una estrategia de fortalecimiento de la capacidad operacional de la Fuerza Pública, para combatir a los grupos irregulares. El GDS en 1995 fue de 41% y en 1996 de 42%, este incremento se debió fundamentalmente a la compra de helicópteros para la Fuerza Aérea y la Policía. En 1997 creció 31% y en el 1999 creció en 18%, esto nos muestra un presupuesto robusto y que creció por encima del crecimiento promedio del PIB.

Posteriormente, se fortaleció de la Fuerza Pública, por consiguiente, se incrementó el número de unidades militares y policiales, lo cual implicó un aumento del pie de fuerza de 30% entre 2002 y 2010. Todas las unidades fueron dotadas con más y mejores medios. Durante estos ocho años el GDS tuvo un incremento promedio del 11,6%, que es el periodo donde las Fuerzas Armadas cumplieron una tarea destacada en la historia del conflicto armado. Una revisión del gasto de la defensa en Colombia, desde 1994 hasta 2012, nos revela que el GDS ha crecido en promedio, el 14.8%, con un mínimo de 1% en 2010 y un máximo de 42% en 1996. Este rango revela un comportamiento cíclico de expansión, con una tendencia ascendente a lo largo del período. Es evidente que durante el período comprendido entre 1990-2012, se generó en Colombia una gran preocupación en cuanto a la necesidad de contrarrestar problemas de seguridad, implementado estrategias que permitieron mantener el orden público.

En dicho período, el país tuvo un crecimiento económico y el GDS logró una participación significativa en el presupuesto, como lo muestran las variables macroeconómicas tales como el PIB, que obtuvieron una variación promedio del 4,8% en los últimos diez años. (Véase Tabla 4.)

Igualmente, se presentaron cambios importantes en materia del conflicto interno, los cuales pueden dividirse en dos etapas: un primer periodo (entre 1994 y 2001), donde los grupos guerrilleros implementaron una estrategia de financiamiento a través del narcotráfico, como complemento de la extorsión y del secuestro. Esto permitió fortalecer su estructura en número de hombres, armamento y entrenamiento, también mejoró ostensiblemente su capacidad económica. Tal situación originó para los ciudadanos de Colombia niveles de inseguridad elevados, pues los grupos guerrilleros secuestraban en los campos y ciudades, extorsionaban y asesinaban a personas en todo el territorio nacional. La clase empresarial, los comerciantes y los campesinos fueron objetivos de gran interés.

En un segundo periodo (2002 a 2012) la fuerza pública cambió la estrategia a través de la política de seguridad democrática, se incrementó el gasto en defensa para fortalecer el número de hombres, unidades militares, entrenamiento y equipos. Esta estrategia de diez años de operaciones militares y de policía, ha dado resultados extraordinarios a nivel de seguridad, los colombianos estamos ahora más tranquilos.

Para los fines de nuestro argumento, se refleja que la economía de Colombia ha tenido cambios importantes en materia de crecimiento económico, incremento de la inversión extranjera y disminución de desempleo.

4. Crecimiento económico

Los gastos relacionados con la Defensa y la Seguridad Nacional, se destinan principalmente a cubrir un objetivo: atender el conflicto interno, al margen de los efectos que tengan sobre el crecimiento u otras variables económicas. Es decir, incluso si los resultados del análisis de los efectos macroeconómicos directos que se derivan del gasto militar fuesen negativos, no tendríamos por qué concluir, necesariamente, que el esfuerzo económico que hace un país para garantizar su seguridad nacional, es excesivo o perjudicial. Simplemente, se trata de un gasto que persigue un objetivo distinto.

La utilización de recursos en la Seguridad Nacional tiene un costo de oportunidad para el país, ya que estos mismos recursos podrían haberse destinado a otro tipo de consumo o inversión. Por tanto, es conveniente conocer bien este costo, para optimizar los recursos destinados a la defensa y gestionarlos de la forma más eficiente posible. De igual manera, porque la Defensa Nacional también puede generar efectos positivos sobre el resto de la economía (empleo, inversión, formación de capital humano, consumo) que deben ser investigados y potenciados.

La mayoría de las investigaciones realizadas en Colombia con relación al GDS y su impacto en el crecimiento económico, tienen en cuenta, primordialmente, las variables de violencia, secuestros, narcotráfico, disminución de homicidios, etc. En el ámbito económico, se tiene en cuenta el indicador Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), representado fundamentalmente en maquinaria nueva comprada por las empresas, equipos de producción, edificios, construcciones, equipos de transporte, entre otros.

Para el caso del indicador FBKF, no permite medir la inversión en toda su dimensión, porque hay empresas como las de servicios, sector bursátil y financiero, retail y otras industrias, que no necesitan de maquinaria, tienen una gran participación en la economía y no son tenidas en cuenta en este indicador.

Otro problema significativo por resolver, en el caso de las estadísticas históricas de Colombia, es el empalme entre distintas series del Producto Interno Bruto, con años base diferentes. No hay manera de unir las tres series del PIB -base que entrega el DNP como lo son: PIB, -base 1994 para la serie 1994-2007; la serie del PIB -año base 2000 para la serie 2000-2007 y la serie de PIB -año base 2005 para la serie 2000-2010. Para solucionar este problema, se aplica la metodología tradicional que consiste en armar un deflactor provisional, pero la comparación entre año y año de cualquier serie utilizando el PIB como denominador, o usando el deflactor implícito del PIB, es problemática. Obviamente esto afecta la viabilidad del diseño de modelos econométricos y de comparar gastos militares divididos por el PIB a lo largo de décadas.

Por tal razón, en la presente investigación no se ha elaborado un modelo econométrico. Inicialmente se pretendía encontrar el impacto del GDS sobre el PIB, la inversión y el desempleo, mediante la utilización de un modelo econométrico. Por las razones expuestas, se replantea la utilización de dicho modelo y, en su lugar, se analizarán los datos estadísticos de las fuentes como el Banco de la República, El Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Dane y el Ministerio de Defensa Nacional (MDN).

Se procederá al análisis de los datos, de acuerdo con el principio numero uno de la economía, que consiste en los individuos se enfrenta a una disyuntiva, que está orientada a la toma de decisiones. La idea es que para comprar o realizar algo que nos gusta, normalmente debemos renunciar a otra cosa que también nos gusta (los recursos son escasos).

Concretamente, la utilización de recursos para financiar el gasto militar puede tener un efecto negativo sobre la inversión (se podrían utilizar los recursos del GDS en inversión social) y, por tanto, reducir el stock de capital y el nivel de producción que puede alcanzarse. Para ilustrar mejor, Samuelson; en uno de sus postulados, afirma que existe una relación inversa entre el gasto militar y el gasto social, y que se conoce dentro del ámbito académico como el "dilema de cañones versus mantequilla ", Samuelson, 1956, 19).

Analizando la Figura 3, el PIB varía todos los años en promedio 4,8%. Es claro que el GDS estáfavoreciendo a la Inversión Extranjera Directa (IED) y a los mercados, tales como, el de capitales, financieros, de retail, industrial y los del sector primario (Véase Figura 3), porque ha generado seguridad a los nacionales y extranjeros.

En Colombia, hace unos años, las empresas no querían financiarse en el mercado bursátil por temor a que las FARC secuestrara o extorsionara a los propietarios de la empresa, este temor se fundamentaba en que sus identidades eran conocidas por todo el público en general y, de esta manera, los grupos subversivos conocían los nombres de los directivos y propietarios de las grandes empresas.

De la misma forma, las entidades financieras sólo operaban en las ciudades principales, hoy geográficamente han ampliado su espectro. Igualmente llegaron inversionistas extranjeros para el sector retail como los franceses que compraron los almacenes Éxito, Carulla y Surtimax, los chilenos con Fallabella, Easy y la Polar.

Para el sector minero llegaron empresas como Pacific Rubiales. Otras empresas han tomado la decisión de ser más visibles a través del mercado bursátil, como Avianca-Taca, Sura, Davivienda. También, los mercados del sector primario de alimentos y ganado, ha recuperado profundidad, fundamentalmente por el hecho de que los camiones se pueden movilizar por las carreteras del país, sin que se expongan a ser quemados, o que los comerciantes puedan ir de un mercado a otro. Estos hechos lograron dar crecimiento económico, fundado en la confianza del incremento de la seguridad del país, que mejoró en todos los aspectos.

La IED ha evolucionado como porcentaje del PIB. Los años comprendidos entre 1980-2011, pueden dividirse en tres períodos (Véase Figura 4.)

En el primer período, entre 1980 y 1992, esta relación alcanzó un promedio de 0.9% y fue impulsada por la explotación de recursos naturales y, en menor medida, por la actividad manufacturera.

En el segundo período, entre 1993 y 2003, este promedio fue de 2.3%; la industria y otros sectores ganaron importancia como destino de las inversiones.

Finalmente, entre el 2004 y el 2011, la IED superó el promedio de los años anteriores, llegando al 4% del PIB, nuevamente la actividad se concentró en los sectores de petróleo y minería.

Los mercados para ser eficientes, según las finanzas, requieren de varias condiciones tales como: información adecuada, diversificación, profundidad y eficiencia, cuando tienen estas condiciones, la volatilidad y la incertidumbre disminuyen y los participantes tendrán mejores condiciones. Pero si aparecen factores externos como la inseguridad, generan también incertidumbre y volatilidad, por lo que se pierde la eficiencia del mercado. Esta es una de las razones por las que se puede afirmar que el GDS si ha impactado positivamente el crecimiento económico del país, esto se ve reflejado en las cifras de la Inversión Extranjera en los últimos veinte años. (Véase Figura 5.)

De acuerdo con la Figura 5., en este lapso de tiempo, la IED en Colombia ha registrado una tendencia creciente, Por lo que, nuevamente, se dividirá el estudio en dos periodos. En el primer período 1993-2004, la IED se dirigió principalmente al sector de petróleo y minería, servicios financieros, manufacturas y electricidad, gas y agua. La mayor afluencia de la IED a diferentes sectores de la economía nacional, fue resultado de una regulación más favorable para los capitales externos, enmarcada en el nuevo modelo de desarrollo, que incluyó la apertura económica, una política de privatizaciones y la flexibilización del mercado laboral, entre otras reformas estructurales. El nuevo régimen de inversiones garantizó la igualdad entre inversionistas extranjeros y nacionales, la entrada libre de IED a la mayoría de sectores de la economía, el acceso al crédito interno y la eliminación de las restricciones al giro de utilidades y a los reembolsos de capital (Urrutia, 1996). Otro aspecto importante durante el período fue la firma de acuerdos internacionales de inversión y la creación de Proexport (Mejía, 1998).

Puntualmente, este conjunto de cambios generaron nuevas oportunidades de inversión, especialmente de acceso al mercado interno. En efecto, (Reina & Zuluaga, 1998) mencionan que una encuesta realizada por Fedesarrollo (en 1994) a empresas extranjeras, donde se les indagaba acerca de los motivos que incidieron en su decisión de invertir en Colombia a partir de 1990, encontró que el principal factor fue el acceso al mercado doméstico, seguido de la estabilidad macroeconómica y del tratamiento a la IED.

Sin embargo, algunas condiciones internas pudieron limitar la cantidad y calidad de recursos que llegaron al país durante este período. De acuerdo con la encuesta mencionada, las empresas extranjeras destacaron las condiciones de orden público, como uno de los principales factores de decisión para una posible ampliación de sus inversiones en Colombia. En este sentido, durante los noventas la seguridad interna se deterioró, lo que pudo haber repercutido negativamente en la decisión de las empresas extranjera de invertir en Colombia (Haufbauer & Kottschwar, 1998).

En minería se observaron bajos niveles de IED hasta finales de los noventas. Esto estuvo vinculado a un conjunto de factores que desestimularon inversión en el sector, dentro de los que se encuentran la inestabilidad en el esquema contractual, la menor rentabilidad comparativa, el deterioro en la seguridad interna, los bajos precios internacionales y el aumento de nuevas aéreas de exploración de alta prospectiva a nivel mundial (López, Montes, Garavito & Collazos, 2012).

El segundo periodo 2005-2011, se caracterizó por niveles de IED mayores a los de años anteriores. El continuo ingreso y consolidación de la IED en algunos sectores, fue impulsado por factores internos como la estabilidad normativa y reformas como las exenciones tributarias, los contratos de estabilidad jurídica, la contratación petrolera y zonas francas, que han buscado generar un mejor ambiente para atraer la IED.

En cuanto a las motivaciones, la búsqueda de recursos naturales y el mayor acceso al mercado interno, siguen siendo importantes en este período. En efecto, el aumento de los capitales destinados al sector de minería y petróleo fue el resultado del incremento en la rentabilidad de estas actividades, debido a los mayores precios internacionales y a las mejores condiciones internas, como un régimen fiscal, una estructura contractual favorables al inversionista y unas mejores condiciones de seguridad (Garavito, Ireguis & Ramírez, 2012, 35).

La otra variable para el análisis propuesto es el desempleo, el cual se analizará solo durante la última década, debido a la información que se tiene al respecto (obtenida de las Fuerzas Militares).

Esta variable de macroeconomía afecta al país principalmente en las finanzas de cada ciudadano. El comportamiento de la tasa de desempleo en la última década, se ha reducido desde niveles del 15% acerca del 10%. La economía colombiana se ha caracterizado por tener una tasa de desempleo elevada (Véase Figura 6). Tal situación refleja las diferentes distorsiones que enfrenta el mercado laboral que impiden una reducción estructural del desempleo, entre ellas, los altos costos no salariales (aportes a la Seguridad Social, Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) que significan el 60% de un salario mínimo.

Esto condicionó que, contrario al alto crecimiento de la economía durante 2006 y 2007 (el mayor en los últimos 30 años), la tasa de desempleo para las 7 principales ciudades del país, no se redujo a los niveles que se observaron a mediados de la década de los noventa, a pesar de presentarse un crecimiento de la fuerza laboral similar al promedio histórico.

Las FF.MM, al cierre del 2010, tenían un total de 429.000 militares activos entre Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Armada. (Véase Figura 7.)

Se pasó de tener 234.000 efectivos (año 2000) a 429.000 (año 2010), incrementado el pie de fuerza en 195.000 hombres. El crecimiento para el año 2011 fue del 83% (455.000 efectivos). Hay que tener en cuenta que el Ejército, desde 1990, diversificó la forma de contratar soldados, ya que hasta esa época, solo reclutaba soldados regulares.

Se inició así, el programa de soldados voluntarios que posteriormente cambió de nombre por el de soldados profesionales. Estos soldados, se distribuyen actualmente de la siguiente forma: 77.763 soldados profesionales y 69.670 regulares.

La pregunta a resolver es, si ha incidido el incremento del pie de fuerza en la variable macroeconómica del desempleo. Se recuerda que en el año 2000, el desempleo era del 16.6%, lo que representaba para el país 1.461.000 personas sin empleo. En el 2011, el desempleo fue de 10,8%, correspondiendo a 2.400.000 personas sin trabajo. Esto lleva a inferir que si la fuerza pública no hubiese empleado a los 196.000 militares que contrató en ese periodo de tiempo, la tasa de desempleo en Colombia habría alcanzado niveles de 2.596.000 desempleados, representados en una tasa de desempleo del 11,9%. En conclusión, las Fuerzas Militares contribuyeron en el periodo (2000-2010) a la disminución del desempleo en Colombia en 1,1%. Por último, se analizará el indicador macroeconómico del PIB, de acuerdo con el DANE.

En 2011, el PIB colombiano creció 5,9%, (Véase Figura 8.) lo que representa el mejor desempeño en los últimos cuatro años, después de la crisis de los países desarrollados. La economía nacional comenzó en el 2011, registrando una tasa de expansión algo superior a su promedio del año 2000. La delicada situación internacional no impidió que la demanda interna creciera a una tasa que se equipara con las má s altas desde 1990 (8,8%), y comparable con la registrada en 2006 (8,8%), cuando la economía colombiana se encontraba en pleno auge. Parte de este desempeño fue posible gracias a los altos t&eacuterminos de intercambio y los abundantes flujos de inversión extranjera directa (IED), la cual alcanzó récords históricos, en particular, la destinada al sector petrolero y a la minería (Uribe, 2012, 45).

La economía colombiana ha crecido a una tasa promedio anual de 4,2%, durante los últimos 60 años, influenciada por progresos conjuntos en la fuerza laboral y las dotaciones de capital físico y humano. El capital físico ha crecido ligeramente por encima del capital humano (3,7% y 3,5%, respectivamente, desde 1970). Por su parte, la productividad de factores, que presentó una desaceleración desde los años 70, ha repuntado en los últimos años ante el fuerte incremento en la inversión en capital (Posada, 2008). El PIB per cápita, en términos reales, ha tenido un crecimiento promedio de 1,9% durante los últimos 20 años, comparado con el 1,2% de las principales economías industrializadas (Estados Unidos, Japón y Alemania), lo que implica que Colombia ha mejorado su situación relativa con respecto al mundo desarrollado (BBVA, 2011, 3).

Durante la década del noventa, la economía colombiana sólo tuvo crecimiento negativo en 1999 (Véase Figura 9.), como consecuencia de la crisis asiática. Durante los otros episodios de crisis (2008), sólo se observaron reducciones en su tasa de crecimiento.

A partir del comportamiento del PIB en los últimos años en Colombia, y con un crecimiento promedio a una tasa del 4,2%, como se mencionó anteriormente, el GDS participó en el PIB en 3,3% en promedio, para el periodo de estudio. En 1994 logró niveles del 2,2%, alcanzando su nivel má salto en el 2008, con una participación del 4% y, después de esta fecha, declinó levemente hasta llegar al 3,5% en el 2012 (Véase Figura 10.). Este comportamiento de mayor aportación dentro del PIB ha permitido mejorar los niveles de seguridad interna, por consiguiente, facilitar el crecimiento económico al país.

En síntesis, de la mano de la llamada seguridad democrática en la última década, las inversiones del sector productivo se reactivaron, generando empleo y nuevas oportunidades de inversión y permitiendo una mayor inserción de la economía colombiana en el mercado internacional. El país ha presentado unas tasas de crecimiento económico significativas, acompañadas de un aumento del PIB per cápita, el cual pasa de cerca de US$2.600, en 2002, a US$5.138, en 2009, aspecto que se acompaña con el aumento de la inversión extranjera directa, la cual alcanza niveles cercanos a los US$2.000 millones por año (antes del 2003) a niveles que giran alrededor de los US$9.000 millones por año, desde 2005 (Uribe, 2010, 20). Esto se suma al aumento de exportaciones, que responde no sólo a la estrategia comercial promovida por el Gobierno, sino a la mayor confianza en producir y comprarle a Colombia, que pasa de niveles inferiores a los US$13.000 millones por año (antes del 2003) a cifras que se acercan y superan los US$30.000 millones (desde 2007) y una cifra récord en 2008 de US$37.626 millones.

Conclusión

La relación entre gasto en defensa y crecimiento económico de un país, no puede ser evaluada fácilmente, sino que tiene lugar mediante factores relacionados con el capital, el trabajo, la tecnología, el nivel de demanda interna y la mayor o menor seguridad que caracteriza el entorno en el que se desenvuelven las personas y las empresas.

No se puede negar que el conflicto interno, por más de cincuenta años, ha generado impactos negativos dentro de la economía colombiana; sin embargo, la solución en cada gobierno, ha tenido diferentes tratamientos. Esta situación, ha ocasionado que el país sea visto constantemente en conflicto de guerra, lo cual afecta a la población y al buen nombre del país en el extranjero. También se ha podido observar, dentro de la literatura consultada, que el GDS puede tener un efecto positivo en la tasa de crecimiento; sin embargo, éste no genera en sí una solución para el crecimiento sostenible en el largo plazo, y menos aún para la mejora de las condiciones macrosociales que pueden disminuirla violencia (López. 2011, 47).

Es importante tener en cuenta dos aspectos del GDS, por una parte, que la utilización de recursos en la Seguridad Nacional tiene un costo de oportunidad para el país, ya que estos mismos recursos podrían haberse destinado a otro tipo de consumo o inversión. Por ello, es conveniente conocer bien este costo, para optimizar los recursos destinados a la defensa y gestionarlos de la forma más eficiente posible.

Ademá s, porque la Defensa Nacional también puede generar efectos positivos sobre el resto de la economía (infraestructuras, empleo, tecnología, formación de capital humano, inversión, demanda) que deben ser investigados y potenciados.

Para analizar los efectos macroeconómicos del gasto en defensa en el crecimiento económico, periodo comprendido entre 1993 y 2012, se dividió el mismo en dos etapas bien diferenciadas: por la siguiente razón, los primeros diez años representaron muchas dificultades en materia de seguridad para el país, a pesar de que el GDS en este periodo creció de manera importante, los resultados no fueron los mejores y de esta misma manera no se vieron reflejados en el crecimiento económico, los otros diez años diez años represento un cambio de estrategia por parte de las Fuerzas armadas y la seguridad fue el lema de dos periodos de gobierno que finalmente se vieron reflejados en la economía así: Teniendo en cuenta las variables del PIB, inversión y empleo, el país ha presentado unas significativas tasas de crecimiento económico, el PIB en los últimos sesenta años ha tenido un crecimiento promedio a una tasa del 4,2%, en el 2011 el PIB colombiano creció 5,9%, la tasa más altas del periodo fue en 2006 creció 8,8%, aspecto que a su vez se acompaña con el aumento de la inversión extranjera directa, la cual pasa de niveles cercanos a los US$2.000 millones por año antes del 2003 a niveles que giran alrededor de los US$9.000 millones por año desde 2005.

En complemento de lo anterior, Colombia es un caso atípico, por la situación del conflicto interno que se tiene hace más de cincuenta años, la situación de guerra puede justificar una cifra tan elevada del número de efectivos, en realidad, hay otra razón de peso mayor, el conflicto es un conflicto de guerra de guerrillas, que significa esto, este tipo de guerra exige una gran cantidad de personal para lograr la mayor cobertura posible de territorio. Es por esta razón que en cuanto el empleo, en el año 2000 el desempleo del país era del 16.6% y en el 2011 el desempleo fue de 10,8%, esto nos lleva a comprender que si la fuerza pública no empleara a los 196.000 militares que contrato en este periodo de tiempo, la tasa desempleo en Colombia estaría en niveles del 11,9%, de esta manera, la Fuerza Pública contribuyo en 1,1% a la disminución del desempleo.

Sí parece existir evidencia suficiente, para justificar que el gasto en defensa participe en niveles promedios del 3,3% del PIB sin embargo, para argumentar que el gasto militar puede ofrecer a la economía nacional un bien objetivamente importante para su desarrollo como es la estabilidad o la seguridad frente a amenazas internas. En este sentido, en presencia de amenazas internas reales el aumento del gasto militar sí parece neutralizar el efecto negativo que éstas tienen sobre el crecimiento económico.


Notas

1 Particularmente, en la estrategia utilizada por Winston Churchill durante la Primera Guerra Mundial, Ronald Reagan en 1980 y Margaret Tatcher en 1990 (Moreno & Junca, 2007, 40).

2 Son productos derivados de un producto principal, que después con el tiempo este producto derivado absorbeal principal.

3 El déficit fiscal no afecta la demanda agregada. El argumento de esta teoría es que el Gobierno puede financiar sus gastos sobre los impuestos cobrados o con la emisión de deuda pública, Pero si elige la segunda opción. Finalmente debe subir los impuestos para pagar la deuda. Entonces, la decisión es de subir impuestos hoy o subir impuestos en un futuro.

4 Es un método de suavizado de las series de tiempo que se utiliza para obtener una buena estimación del componente de tendencia a largo plazo. El filtro descompone la serie en un componente de tendencia y uno permanente, y al sustraer éste, arroja el ciclo aleatorio, construyendo así la forma funcional, la cual minimiza la tendencia con respecto al componente permanente y castiga el exceso de volatilidad de la serie.

5 Este test de causalidad "(…) explora si los valores rezagados de un regresor X contribuyen a la predicción de la variable independiente Y" (Páez, Isaza & Zamora, 2007, 157).

6 Método para medir la desigualdad de una distribución del ingreso. El valor de 0 para expresar la igualdad total y el valor de 1 para la máxima desigualdad, estudio de la desigualdad de los ingresos.


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