Nociones preliminares: constitución y tradición

La idea de "constitución" se ha de concebir como un cuerpo doctrinal acerca del mejor orden social y político posible. Es el resultado de una reflexión consciente y deliberada de aquello que, en las sociedades tradicionales, fue percibido de modo inconsciente (es decir, antes del establecimiento de las primeras formas de constitución escrita) como un acervo de normas tradicionales o interdictos insertos en la vida religiosa y las representaciones míticas (^{Durkheim, 1912/1992}, pp. 281-302; ^{Eliade, 1963/2000}, pp. 75-99; ^{Girard, 1979}/1982, pp. 18-28 y 49-55). Semejante acervo ha estado siempre disponible en la memoria colectiva y a él fue posible apelar de modo recurrente a la hora de normalizar los intercambios -sexuales, sociales, políticos, económicos- (^{Mauss, 1924/2009}; ^{Girard, 1979/1982}, pp. 82-88; ^{Godelier, 1998}), así como al momento de tratar los estados de impureza o dirimir los conflictos suscitados entre los individuos (^{Eliade, 1965/1998}, passim;^{Cazeneuve, 1972}, pp. 41-124; ^{Girard, 1972/2012}, pp. 13-101; 1979, pp. 56-76; 2006, pp. 61-81).

La autoridad anónima de este conjunto de costumbres transmitidas oralmente llegó a ser un punto de referencia en muchas sociedades durante siglos. Con su ayuda, intentaron conservar aquello que en sus sistemas "pre-legales" debía ser controlado en dos grandes ámbitos de acción específica. Por un lado, el dominio regido por las reglas de convivencia mediante las cuales un grupo logra mantener de forma duradera el orden social. Por otro lado, el dominio gobernado por los procedimientos que fija el grupo para solventar los conflictos de interés creados en sus relaciones de poder. Esta distinción entre reglas y procedimientos puede suponerse (artificialmente) en el seno de comunidades que nunca llegaron a hacer explícita la descripción legal de sus instituciones y transacciones de carácter jurídico-político (^{Gagarin, 1989}, pp. 1-17). Solo con el advenimiento de las ciudades-Estado y las técnicas que han de desarrollar sus usuarios tras la introducción de las prácticas de lecto-escritura, se alcanzó lentamente un cierto nivel de explicitación acerca de las normas, particularmente, en la Grecia Arcaica a finales del siglo VII a. C. (^{Havelock, 1982}, ^1986/1996; ^{Gagarin, 2008}; ^{Veneciano, 2010}, 2014; ^{Foucault, 2012}). Como veremos en seguida, tales serían las condiciones necesarias, pero no suficientes, de todo este proceso de evolución institucional.

En efecto, dicha reflexión no surgió en el vacío ni tampoco nació de una tendencia natural entre los hombres cuya principal orientación fuese, por lo demás, una tarea especulativa de tipo normativo. Aparte de un grupo de especialistas que han de poseer un cierto nivel socialmente reconocido para emprender dicha tarea¹, la reflexión sobre la constitución debe concebirse como un paradigma regulador de las fuerzas políticas y sociales presentes en una sociedad. En otras palabras, la doctrina constitucional es fruto de la práctica y ejercicio de un raciocinio crítico que, en el campo histórico occidental, pudo erigirse y plantearse como problema para hacer frente a las diversas crisis sociales que han amenazado en diversos momentos la existencia de los grupos humanos organizados según los lineamientos de una comunidad política. Con un alto grado de frecuencia, tales crisis han alcanzado su máxima expresión por medio de las guerras internas (^{Armitage, 2018}), las guerras externas (^{Morris, 2017}) u otros factores de igualación social abrupta que han afectado de forma drástica los modos de vida de las poblaciones humanas en la historia (^{Scheidel, 2018}).

Desde esta óptica, la constitución se nos presenta bajo la forma de una reflexión intencionalmente elaborada que trata de tomar como objeto de estudio las costumbres y usos sociales ya decantados por el peso de la tradición y por la experiencia histórica de otras organizaciones políticas y sus regímenes de gobierno. Pero esta reflexión es producto de las tensiones sociales eventualmente surgidas en medio de situaciones de conflicto que ponen en riesgo la supervivencia de toda la comunidad o de un número considerable de su población.

Sea como fuere, gracias a esta reflexión, ahora nos es posible considerar una serie de parámetros para sopesar y discernir los múltiples comportamientos éticos y los diversos mecanismos de participación ciudadana en el seno de los actuales sistemas de gobierno democrático. Dentro de ese mismo horizonte de pensamiento, la idea de constitución también nos permite considerar la disposición más adecuada de ese sistema político a la hora de definir la legitimidad de los poderes que ordenan sus estructuras de funcionamiento y a partir del cual se puede garantizar asimismo la libertad y los derechos inalienables de todos y cada uno de sus miembros. Estos logros fueron conquistas sociales de la cultura política de griegos y romanos, los cuales quedaron sintetizados en las ideas de "politeía" y "res publica". Ellas forman parte de los conceptos fundamentales que ambas civilizaciones han heredado a la posteridad.

Antecedentes griegos del problema de la constitución: la politeía

En época moderna, muchos especialistas han visto que la reflexión sobre la constitución entre los griegos apareció a raíz de las consecuencias no previstas, generadas por un avance marítimo-comercial exacerbado que degeneró en disensiones sociales entre ricos y pobres, tras la disolución del anterior orden político autárquico sujeto a una economía agraria. Durante la década de 1870, el historiador Jacob ^{Burckhardt (1929/1964}, Vol. IV, pp. 299 y ss.) y su entonces amigo y colega de universidad, el joven filólogo Friedrich ^{Nietzsche (1875/2005}, pp. 238-250 = FP. 6 [27, 30, 32, 34, 35, 45, 48, 49]), fueron los primeros en denunciar la empresa de expansión sobre el Mediterráneo, liderada por Atenas en las guerras médicas, como el mayor signo de decadencia que desacreditaba de facto el modelo bélico de poder y el auge civilizador iniciado con los griegos². En su momento, esta observación fue acogida de forma un tanto confusa y, luego, ignorada: se presentó como una especie de provocación o una toma de posición intempestiva que iba a contrapelo de la opinión académica reinante a finales del siglo XIX (^{Puertas, 2005}, pp. 39-47; ^{Sánchez Meca, 2013}, pp. 33-39).

En años recientes, los italianos Massimo ^{Cacciari (2000}, pp. 33-84) y Maurizio ^{Fioravanti (2001}, pp. 15-31) han hecho de la reflexión política sobre las constituciones adelantada por los filósofos griegos, el constructo teórico que les ayudó a dar una respuesta racional a la crisis generada a partir de la violencia política, una vez terminadas las guerras médicas (en 478 a. C.) y durante los dieciséis años que duró toda la guerra del Peloponeso (431-404 a. C.). En particular, Fioravanti es el estudioso que con gran rigurosidad ha conseguido establecer los orígenes de la doctrina constitucional, al perfilar y dar un mejor sentido a la observación expresada hace más de un siglo por Burckhardt y Nietzsche:

este pensamiento político nace en una pesarosa fase de decadencia política, dirigido (...) a relanzar un fuerte y creíble ideal colectivo, que sirva para superar las divisiones sociales. El temor que prevalece, del que parte toda esta reflexión, es el de la stásis, concepto fundamental con el que se indica una condición dentro de la cual el conflicto social y político, animado por un creciente espíritu de facción, cada vez más unido a la lucha entre pobres y ricos, tiende a asumir caracteres radicales, que hacen imposible su solución dentro de las estructuras políticas existentes y conocidas. El temor de la stásis lleva a reflexionar sobre las formas de organización y sobre los caracteres esenciales de aquellas estructuras, en un intento de promover su reforma y, así, dotarlas de una mayor capacidad de respuesta frente al conflicto: en definitiva, de salvar la unidad de la polis. (^{Fioravanti, 2001}, p. 16)

Otra de las grandes contribuciones hechas por Fioravanti es el haber esclarecido la función del concepto de politeía [πολιτεία]. Más que describir un régimen político en particular, esta palabra permitió a autores como Platón y Aristóteles evaluar la democracia de su época y examinar otros sistemas políticos anteriores a la luz de la idea del buen gobierno o eunomía [εὐνομία]. El vocablo politeía aparece entonces como un "instrumento conceptual del que se [sirvió] el pensamiento político del siglo IV para enuclear su problema fundamental: la búsqueda de una forma de gobierno adecuada al presente, tal que refuerce la unidad de la polis, amenazada y en crisis desde distintos frentes" (^{Fioravanti, 2001}, p. 19).

Los pensadores griegos que inauguraron el campo de la filosofía política occidental ofrecieron varios argumentos con los que se pudo validar y, al mismo tiempo, justificar los motivos históricos para emprender una teoría de la constitución y la construcción de su estudio específico, designado en uno u otro autor mediante el concepto de "politeía'".

En las postrimerías del siglo V a. C., Tucídides sostuvo, en su Historia de la guerra del Peloponeso -siguiendo allí los postulados de sofistas como Antifonte y Protágoras- que la guerra y la violencia política en el interior de la ciudad en forma de stásis tenían como efecto y contrapunto un hecho paradójico. Las propias luchas entre ciudadanos convirtieron el carácter frágil de la unidad de la polis en objeto explícito de los discursos desarrollados en la asamblea del pueblo, mediante debates forjados al calor de los acontecimientos. También llevaron a los ciudadanos a considerar la necesidad y la razón de ser de las instituciones sociales, tras ver su rápido hundimiento por obra de la confrontación. Así, pues, para quienes estaban a cargo del gobierno de la ciudad resultó forzoso lidiar, tras los desastres de la guerra, con las consecuencias del relativismo generalizado y la incredulidad que se despertó en torno a la práctica social de las viejas tradiciones y el ejercicio individual de los antiguos valores morales. En última instancia, a partir de Tucídides se estableció una línea de investigación de enfoque pesimista que podemos calificar como una especie de "realismo constitucional" que trata de adelantar una política contingente en atención a los vaivenes de la crisis y la violencia apolítica.

Luego tenemos, en respuesta a lo anterior, la lectura ofrecida por Platón en su obra la República. Allí sugirió que la corrupción social no era más que la consecuencia directa de un desequilibrio entre sus tres partes constituyentes, a saber, gobernantes, guerreros y artesanos. El objeto último de la política sería, así, el de subsanar la alteración manifiesta en el comportamiento de los ciudadanos, una vez hecha la consiguiente corrección más justa sobre las almas de cada uno de ellos. De acuerdo con Platón, en el interior de todo ciudadano lo racional debe gobernar sobre las inclinaciones provocadas por las partes irascible y concupiscible; lo que justificaría por homología el dominio de la clase intelectual sobre la casta de los guerreros y el resto del pueblo. Un aspecto que supondría, además, una reforma educativa que permitiría al "filósofo-rey" realizar una intervención directa sobre los gobernados, así como diseñar la conformación de una ciudad ideal realmente buena y en donde impere la justicia, con base en el control exclusivamente ejercido por la casta intelectual de los nuevos gobernantes. Esta perspectiva dio origen a la tradición teórica que ha puesto su énfasis en el diseño de utopías sociales y que, en consecuencia, designaremos con el rótulo de "utopismo racional" o bien "utopismo político".

Por último, nos encontramos con la propuesta constitucional del justo medio expuesta por Aristóteles tanto en su Política como en algunos apartados de su Ética nicomáquea. El Estagirita desarrolló este razonamiento bajo el supuesto de que, para poder equilibrar la confrontación inevitable entre ricos y pobres, se debe combinar en la polis los sistemas aristocrático y democrático, contando siempre con el riesgo de que ambos regímenes degeneren, respectivamente, en oligarquía y demagogia. No obstante, la tensión entre estos dos grupos haría posible la conformación de una clase media no muy rica como para corromperse con la codicia suscitada por el dinero, ni tampoco muy pobre como para despertar en ella la envidia por adquirir a toda costa los bienes de los que carece. De este modo, con Aristóteles nació la tradición que podemos identificar con el título de "republicanismo constitucional", cuyo máximo interés reside en estudiar el equilibrio de poderes presente en los regímenes políticos democráticos.

Roma y el problema de la constitución mixta o res publica

Lo anterior nos permite vislumbrar y entender mejor la forma en que los autores de la Roma del siglo I a. C. se apoyaron en este conjunto de reflexiones de origen griego sobre la politeía. Si bien, al mismo tiempo, tuvieron como referente su propia experiencia histórica, ya que se vieron obligados a encarar de otra forma el problema de la stásis bajo las monarquías helenísticas (^{Gray, 2015}). También debieron resolver los inconvenientes propios de su expansión imperial que, adyacente a lo anterior, desembocó en otras dos cuestiones paralelas: por un lado, la ampliación de la ciudadanía a personas no nacidas en Roma; por otro, las innumerables luchas civiles que esto provocó. Como ha señalado Armitage: "[a]parte de retrotraer la mirada a las luchas griegas en busca de respuestas a sus interrogantes sobre el conflicto interno, los romanos pudieron remontarse a la historia primitiva de su propia comunidad" (^{Armitage, 2018}, p. 58). Sin embargo, también tuvieron muy en cuenta el estado de cosas presente y el vertiginoso cambio de los acontecimientos tras las confrontaciones militares entre Sila y Mario (del 88 al 81 a. C.) y, posteriormente, entre Pompeyo y César (del 49 al 45 a. C.), cuya lógica particular sirvió a los intelectuales romanos de leitmotiv para reflexionar sobre la idea de "res publica" antes del inicio de la era cristiana³.

Mutatis mutandis, proponemos que, entre los autores de la tradición política romana, contemporáneos de las guerras civiles antes del principado de Augusto, se acudió también a una construcción racional de la idea de res publica. De hecho, su empleo en las obras de Cicerón (Sobre la república y Sobre las leyes), Salustio (Conjuración de Catilina, Guerra de Jugurta, Historias) y César (Guerra civil y Guerra de las Galias) resulta muy próximo al que realizaron previamente los filósofos griegos del vocablo politeía. Pero si los griegos distinguieron la reflexión sobre la eunomía o el buen gobierno del análisis de los distintitos modelos constitucionales aludidos con la voz politeía, los romanos no solo vieron en el concepto de res publica un instrumento conceptual para construir el modelo de un gobierno común de ciudadanos libres y virtuosos, sino que lo identificaron con el proyecto de renovar y reactivar la apelación al mos maiorum⁴. Su objetivo, entonces, era proponer una idea regulativa con miras a refrenar los estragos de la guerra civil entre los caudillos militares y el senado o entre los ciudadanos más acaudalados y la plebe romana. En otras palabras, mientras que la politeía griega tuvo un fin estrictamente especulativo en el dominio teórico, la res publica romana adoptó una función más operativa en los dominios práctico, político y militar.

Ya existen estudios previos sobre las contribuciones de los autores romanos, en cuyos textos se describe la función regulativa de la idea de res publica. En particular, Claudia Moatti ha sugerido ver en este proceso ideológico toda una "revolución epistemológica" o un verdadero "giro racional". Un movimiento que fue iniciado por los máximos representantes de la clase intelectual romana, quienes estaban motivados con la idea de perseguir la paz y la estabilidad a través de una serie de objetivos bastante concretos: "to terminate dispersion and fragmentation, to organize their subject matter, to propose objective foundations for authority and various kinds of knowledge, to argue with method, to render account of everything" (^{Moatti, 2008a}, p. 5). De hecho, tales acciones fueron emprendidas para hacer frente a los desmanes provocados en la ciudad de Roma y las regiones aledañas de Italia por casusa de la guerra civil cuyos efectos provocaron un periodo de crisis social y política intensa que arruinó el orden institucional a finales de la República (^{Moatti, 2008b/1997}, pp. 22-74). Con ello se dio luego paso a un gobierno monocrático en cabeza de los emperadores en los cinco siglos siguientes.

Por su parte, Francisco J. Andrés Santos ha dedicado sus esfuerzos al estudio de las instituciones e ideologías políticas durante la República y el Imperio. En su investigación, este autor ha logrado identificar los rodeos por los que la teoría de la constitución mixta⁵ se convirtió en uno de los máximos referentes y objeto de reflexión para el pensamiento político romano. Al respecto el autor aclara que:

Esta doctrina [de la constitución mixta (mikté politeía)], popularizada por las escuelas postsocráticas y Aristóteles, se utilizó en un primer momento para encuadrar la res publica en el marco de las formas de Estado ideales y dar cuenta de sus características esenciales que la distinguían de las poleis griegas y justificaban su éxito comparativo en el marco de las ciudades-Estado mediterráneas; pero más adelante fue presentada como un ideal regulativo capaz de aportar una vía de solución a la crisis de la República clásica causada por la quiebra de los consensos tradicionales y la irrupción de nuevos actores políticos (las masas, el ejército, las élites provinciales, la burguesía urbana) que no encontraban acomodo en los esquemas originarios surgidos al final de las luchas estamentales. La constitución mixta se ofrecía, pues, como un diseño de organización político-social ideal basado en la composición de intereses y el equilibrio de poderes. Al mismo tiempo proporcionaba una teoría de la historia y un instrumento de predicción y prevención de los problemas sociales. (^{Andrés Santos, 2015}, pp. 125 y ss.)

En los últimos años, Miguel Tudela-Fournet ha desbrozado una nueva interpretación de las teorías republicanas antiguas de la constitución y, por esa vía, ha llamado la atención sobre la paradoja política presente en las teorías actuales sobre la libertad tanto en la doctrina del liberalismo como en las propuestas del republicanismo instrumental o neo-republicanismo. En efecto, si el liberalismo considera la libertad como la condición de un sujeto que actúa sin la intervención de un poder externo (libertad negativa), el neo-republicanisno propuso, con Philip ^{Pettit (1999)}, la idea de libertad como no dominación. En ambos casos, la libertad se concibe en términos de independencia. Pero en esa visión reside un sesgo que desemboca en una sin salida, ya que,

si la libertad es entendida (...) como "la condición de no estar sujeto a la voluntad de ningún hombre" (^{Ruiz Ruiz, 2006}, p. 25 [citado por Tudela-Fournet]), no queda más remedio que hacer del imperio de la ley, y no del de los hombres, el instrumento necesario que impidiera los abusos de las partes sobre el resto, una ley que siempre se impondría a las partes. Pero si la independencia requería del imperio de la ley, el imperio de la ley, para no ser igual de tiránico, requería de la participación de todos los miembros de la sociedad en su elaboración. (^{Tudela-Fournet, 2017}, p. 41)

La solución que los neo-republicanos adoptaron para salir de esta paradoja de sacrificar la independencia propia y a la vez someterse al dictado de la ley para evitar los conflictos entre los ciudadanos fue recurrir a la vieja idea de la constitución mixta. Sin embargo, defender a toda costa la independencia individual es algo que sigue estando en total contradicción con la obligación de participar en las decisiones políticas (libertad positiva).

Frente a esta perspectiva, Tudela-Fournet defiende que este compromiso solo se adquiere en el plano social, a condición de abandonar la idea de libertad como núcleo central del republicanismo y se la cambia por la idea antigua sobre la primacía del bien común, en donde se convierten en meros medios la propia libertad civil, el gobierno mixto o el imperio de la ley (Tudela-Fournet, p. 53). Este es

un fin que, por otra parte, también puede conseguirse a través de otras formas de gobierno no por ello menos republicanas, donde otros medios, como el buen arbitrio de los pocos o el buen gobierno de los muchos o de uno, son igualmente válidos para alcanzar el bien común. (^{Tudela-Fournet, 2017}, pp. 55 y s.)

Lo que más llama la atención de esta lectura alternativa del republicanismo es que explica por qué la tradición constitucional griega y romana podía ver con buenos ojos (dejando aparte la democracia) la institución del poder de uno solo o de una aristocracia virtuosa para el gobierno de unos pocos, siempre y cuando estos regímenes consigan garantizar la paz y el bienestar general. Esto es lo que intentaremos mostrar con la lectura de dos cartas apócrifas que supuestamente envío el historiador Salustio a Julio César a finales del siglo I a. C., en el punto más álgido de la guerra civil en Roma.

Las cartas de Salustio a César: sobre res publica, concordia y guerra civil

En apariencia marginales, las dos Cartas a César viejo sobre la república [Epistulae ad Caeserem senem de re publica] (en adelante Epis. ad Caes.)⁶, atribuidas a Salustio, pueden ser consideradas en conjunto como un ejemplo breve, aunque no insignificante, de tratados compuestos para príncipes acerca del arte de gobernar en el mundo antiguo. Una tradición de pensamiento político cuyos máximos logros en la literatura latina clásica estarían ligados particularmente a obras como De officiis de Marco Tulio Cicerón y De clementia de Lucio Anneo Séneca (^{Stacey, 2007}, pp. 23-72).

Aunque la autenticidad de estas dos cartas ya ha sido puesta en duda por la crítica especializada (^{Syme, 1958a}, Vol. II, pp. 722-732; ^{Ernout, 1962}, pp. 7-18; ^{Santos Yanguas, 1997}, pp. 53-61)⁷, recientemente otros investigadores han enfatizado no tanto la cuestión incierta sobre su autoría, sino la naturaleza de su contenido y el modo como en ambos textos se expone una especie de reforma monárquica para la res publica.

En este sentido, las cartas han sido objeto de una disyuntiva, esta vez, con respecto a su correcta interpretación. ¿Acaso han de leerse al margen de la estructura de su composición, con el fin de vincularlas directamente con las teorías acerca de los múltiples cambios implicados para adelantar una reforma constitucional? (^{López Barja de Quiroga, 2007}, pp. 81 y 84). O bien, ¿pueden ser consideradas como una serie de consejos para gobernar, en cuyo caso pertenecerían a una literatura dominante en la antigüedad tardía y, por tal razón, habrían sido redactadas, si no por Salustio, tal vez sí por autores homónimos que vivieron aproximadamente en la segunda mitad del siglo IV d. C.? (^{Mastrorosa, 2017}, pp. 168-172)⁸.

Sea como fuere, también podría plantearse, a manera de hipótesis, que el autor de las cartas seguiría el modelo de una correspondencia más amplia, escrita por el historiador G. Salustio Crispo a Julio César entre los años 50 y 40 del siglo I a. C. (correspondencia hoy desgraciadamente perdida). Sin embargo, no disponemos de ninguna evidencia para establecer su autenticidad y poder determinar algo concreto a este respecto. El latinista español ^{Segura Ramos (1997)} ya había desechado de plano esta posibilidad cuestionándose sobre

quién era Salustio para permitirse en el año 51, 50 o 49 (y también en el 46 o 48, según Syme) dirigirse a César con semejante desparpajo, como si fuese un importante consejero áulico, siendo así que Salustio, durante toda su vida y sobre todo a lo largo de aquellos años, no fue absolutamente nadie, a no ser un paniaguado de César. Cartas abiertas de tal nivel político hubieran resultado pasables, si acaso, en la pluma de intelectuales prestigiosos de la época (entre los cuales seguro que no se contaba Salustio), como Polión, Catón, Cicerón, Bruto, Tito Pomponio Ático, Varrón, y ello independientemente de su proclividad o enemistad con el futuro dictador. Creo que por otra parte hubiera sido un caso único que de hecho nadie se hubiese atrevido a escribir semejantes cartas a todo un César. (^{Segura Ramos, 1997}, p. 45)

Ahora bien, pese a no creer del todo en la autenticidad de las cartas (2000, p. 422), el filólogo italiano Luciano Canfora ha aceptado no solo la capacidad inventiva de nuestro autor, al examinar la reelaboración salustiana de discursos de personajes contemporáneos de la talla de un César o un Catón, sino que ha señalado de forma implícita que la redacción de las cartas tiene como fondo unas relaciones políticas constatables durante el periodo crítico de finales de la República romana. En efecto,

Salustio, que había mantenido relaciones con César al menos en algunos periodos de la guerra civil -de ahí nacería un ejercicio retórico, las llamadas Epistolae ad Caesarem senem, "ambientadas" precisamente en un momento en el que se sabía que había habido relación entre ambos-, se encontró en la misma posición privilegiada en la que, por ejemplo, había estado Tucídides respecto a los grandes políticos atenienses de su tiempo. (^{Canfora, 2000}, p. 73)

Hasta ahora solo se ha podido recurrir a la identificación de paralelismos y constantes remisiones a otros tratados del corpus salustiano, tanto de corte estilístico como doctrinal (^{Chouet, 1950}, pp. 25-44, 47-57 y 79-99; ^{Syme, 1958b}, ^1964/1982, pp. 255-285; ^{Earl, 1959}; ^{Chênerie, 1977}; ^{Mcdonough, 1982}; ^{Oberhelman, 1986}). Lo cierto es que las cartas tienen como escenario la guerra civil en Roma en los años 40 del siglo I a. C. y se refieren directamente a los sucesos que precedieron y siguieron a las acciones adelantadas por el propio César para imponerse militarmente como dictador.

A nuestro juicio, el propósito de estos documentos es bastante claro: se presentan en forma de preceptos que han de permitir a un caudillo militar, tras monopolizar el imperio o el mando, continuar con el buen gobierno de la res publica. Esto a condición de haber superado la guerra entre facciones y garantizar una paz duradera para la cuidad. Al mismo tiempo, las cartas abordan algunas cuestiones constitucionales sobre el equilibrio de poderes entre las dos clases que integraban la sociedad romana de la época, según el mayor o menor grado de dominancia ejercido tanto por la aristocracia senatorial como por la plebe a través de la asamblea y sus tribunos.

La primera carta, al parecer, se refiere a la situación que siguió a los hechos que determinaron la victoria de César sobre su rival Pompeyo en la batalla de Farsalia (Syme, 1964/1982, p. 258). Desde el comienzo de la misiva, el autor opone la idea común de fortuna, entendida como una fuerza que proporciona regna atque imperia, esto es, "reinos y poderes" (Epis. ad Caes. I, 1.1,) a la consigna sapiencial, imputada al poeta Apio Claudio, de que "cada uno es el fabricante de su propia fortuna" (I, 1. 2, 5-6). De hecho, en la segunda misiva, donde el contexto se ubica en los acontecimientos previos al paso del Rubicón o de un César que está por llegar a Roma proveniente de la Galia, es esa misma fortuna la que "guía la mayoría de los acontecimientos a su capricho" (Epis. ad Caes. II, 1. 2 6-3). Quien se propone hacerse con el poder ha de saber por anticipado que esto depende de la fortuna ajena y de otras circunstancias externas a su acción. Pero una vez logre asegurar una posición a través del mando y el uso de la fuerza, será la única persona que por su mismo poder podrá ser capaz de forjar su propia fortuna.

En el caso de César, por su calidad de caudillo militar, fabricar la propia fortuna es un modo de autoafirmación sobre sus otros rivales (Epis. ad Caes. I, 1. 2, 6-7). De ahí que, adicionalmente, sea motivo de recomendación el poner especial cuidado en aquello que se ha conseguido y realizado gracias a la virtud [virtute] (I, 1. 3, 9). En la Conjuración de Catilina, Salustio pone la virtus en relación directa con la labor propia de las prácticas militares, por lo cual la virtud de los jóvenes romanos se identifica directamente con el valor (C. 7, 4; Cf. ^{Pöschl, 1940}, pp. 12 y ss.). Al mismo tiempo, Salustio vincula la virtus con las habilidades o capacidades innatas del espíritu (C. 1.2 y 3.5; Cf. ^{Stewart, 1968}, p. 299). En el proemio a la Guerra de Jugurta (I. 4, 7) y en la segunda carta a César (Epis. ad Caes. II, 7. 7) la virtus está ligada al esfuerzo de los antepasados. Como lo ha señalado Pöschl, la "virtus de Salustio se utiliza en el sentido de 'impulso', 'energía', 'valentía' casi sin excepción" (^{Pöschl, 1940}, p. 16)⁹. Por el contrario, la fortuna tendría en Salustio el sentido de un momento de oportunidad para el desarrollo de eventos históricos decisivos (^{Stewart, 1968}, p. 302) y puede abandonar o no el curso de acción seguido por personajes con virtud o sin ella (^{Tiffou, 1977}, pp. 359 y s.). En todo caso, en el escenario representado por las cartas, obsérvese que lo importante allí no es la contraposición fortuna/virtud en sí misma¹⁰, sino la caracterización presente en la tensión y mutua exclusión entre los dos conceptos. El autor de la primera epístola señala esta contraposición con el propósito de enfatizar su función política y constitucional.

En efecto, para el establecimiento por la fuerza de un gobierno monocrático o de un solo hombre se advierte que, desde el punto de vista de quienes son sometidos, "nadie cede el mando a otro voluntariamente" (Epis. ad Caes. I, 1. 4, 11). Y por más bueno (bonus) y clemente (clemens) que sea aquel que posea el supremo poder (plus potest), se le teme, porque puede -si quiere, aunque esto no lo dice el autor de la misiva- actuar mal (I, 1. 4, 12-13). Sin embargo, para sorpresa del político moderno (lector de Maquiavelo), en la carta se reprocha esta práctica del ejercicio del poder, ya que esto se aborda como un error de perspectiva en el arte de gobernar, pues su único fin debe ser el bien común. La ruindad de los gobernados demuestra la corrupción de quien gobierna despóticamente (I, 1. 6 y 3. 2). Aquel que, como César, sea bueno y arrojado [bonus atque strenuus) le convendrá mandar a los mejores [optimis] (I, 1. 6). Además, aquellos que, en general, "moderan su gobierno con bondad y clemencia todo les resulta próspero y feliz" (I, 3. 3).

¿En qué tipo de gobierno está pensando el autor de las misivas? Es claro que, mientras el proyecto político de la primera carta es el de la consecución de la paz (Epis. ad Caes. I, 1. 7-8), el objetivo de la segunda es la reforma constitucional de la res publica en su división fundamental desde el nacimiento de la ciudad tal cual esta separación fue recibida de los antepasados: el senado y la plebe (Epis. ad Caes. II, 5. 1). La idea subyacente es la de una monarquía republicana que vela por el bienestar del bien común y, a la vez, toma medidas para refrenar la codicia y la envidia en las dos facciones hace tiempo enfrentadas en la ciudad.

Desde el momento en que se hayan alcanzado estas iniciativas César ya no será un dictador que ejerce el gobierno por la fuerza, sino que, por su virtud asegurará la paz y alcanzará el estado de realeza donde los súbditos aceptarán la pérdida de sus libertades individuales en pro del bien común. Para el autor de las cartas, César deberá superar dos obstáculos que afectan a los gobiernos conquistados. Por un lado, debe hacer frente al problema de la legitimidad de la soberanía obtenida al interior de la ciudad. Por otro lado, habrá de buscar apaciguar las confrontaciones entre los ciudadanos y encontrar los medios que permitan equilibrar el poder de influencia entre los nobles ricos y el resto de los ciudadanos más pobres.

Para comprender el primer obstáculo es preciso dejar de lado las teorías políticas modernas del contrato social. La cuestión de la institución de la soberanía, previa a la constitución del Estado, se puede plantear a la luz de tres rasgos característicos: a) según el grado de monopolización dinástica del uso de la fuerza, b) de acuerdo con las formas de apropiación de la tierra y c) según los esquemas de organización social en manos de un consejo de familias nobles que, en Roma, controlaba la fiscalización de la riqueza mediante el cobro de impuestos.

La monopolización (a) está relacionada con la manera en que un gobierno monárquico como el de César puso fin a la situación de anarquía y caos social, presente en la ciudad a finales del siglo I a. C. Su pretensión fue la de imponer el orden regio sobre una serie de luchas entre varias fuerzas ejercidas por grupos que, con anterioridad a la imposición de un orden único, buscaron defender sus propios intereses tras organizarse en facciones. Sus acciones habían llevado a una crisis social generalizada y empujaron a todos a recurrir a la violencia política. Este es el escenario de guerra civil que dibuja magistralmente el autor de la primera misiva y al que César puso fin mediante la imposición de su propia virtud militar, en el cual no debe actuar como conquistador cuando obtiene la victoria en una nación extrajera:

Pero es más difícil para ti que para cualquier otro antes que tú administrar lo que has ganado por las armas, porque has llevado la guerra de forma más indulgente que otros la paz. Además, los vencedores buscan el botín, pero los vencidos son conciudadanos. Tienes que sortear todas estas dificultades y dejar fortalecida la res publica para el futuro, no solo por medio de las armas y contra enemigos externos, sino, lo que es muchísimo más arduo, con las buenas artes de la paz. (Epis. ad Caes. I, 1. 7-8)

La apropiación de la tierra (b) tiene que ver con los medios empleados por los mismos grupos dominantes y su distribución entre los dominados para que los primeros pudieran hacerse con el control de los territorios generadores de riqueza: los prestamos elevados y la confiscación de bienes por parte de los acreedores llevó al estado de esclavitud a muchos ciudadanos. Con las intenciones de César y su decisión final de pasar el Rubicón, los primeros se aliaron con Pompeyo; los segundos con aquel para buscar su protección (Epis. ad Caes. I, 2. 2-6). De ahí el señalamiento de la segunda misiva del temor suscitado entre los nobles por las propuestas de anexión de nuevos ciudadanos, reforma que haría que aquellos que perdieron su condición civil "se levantasen para conseguir su libertad, pues en unos se despertaría el deseo de mantener la libertad; en otros, el de escapar de la esclavitud" (Epis. ad Caes. II, 5. 7). Ellos incluso llegaron a oponerse y ejercer resistencia política desde el senado, cuando se enteraron de los proyectos de César antes de su arribo a Roma, con el ánimo de proteger sus propios intereses, lo cual es objeto de recriminación:

Pero no soy ignorante ni desconocedor de cuántas serán, cuando se lleve a cabo esto, la furia y las tempestades en la facción nobiliaria, que se quejará de que se está revolviendo todo desde los cimientos, de que se les está imponiendo la servidumbre a los antiguos ciudadanos, de que se está convirtiendo en definitiva en una monarquía una ciudad libre si una gran multitud alcanza la ciudadanía por concesión de una sola persona. Por mi parte, yo, en conciencia, lo veo así: el que se procura influencias a costa del perjuicio de la res pública está cometiendo un acto ignominioso; cuando el bien público les aprovecha también a los particulares considero que no atreverse a promoverlo es pura insensatez y cobardía. (Epis. ad Caes. II, 6. 1-2)

Y, precisamente, la división social (c) depende del grado alcanzado en el control y la supervisión hechos sobre los mecanismos de acumulación por parte de familias nobles en la gestión de los bienes públicos, en calidad de miembros adscritos al senado romano. Frente a esto, César ha de tomar una serie de medidas, teniendo siempre como contraejemplo de la corrupción presente el comportamiento de los antepasados que identificaron sus propios negocios privados con los que redundan en beneficio del interés general:

aquel que en una nación tiene una posición más alta e ilustre que los demás debe tener una preocupación mayor por la res publica. Porque la libertad de los demás está asegurada con que la ciudad esté a salvo (...). Así nuestros antepasados, afligidos incluso por las guerras más encarnizadas, después de perder caballos, hombres, dinero, nunca se cansaron de luchar con las armas por sus dominios: ni la escasez en el erario ni la fuerza de los enemigos ni las adversidades consiguieron doblegar su espíritu extraordinario hasta el punto de que no pudieran mantener, aún a costa de la vida, lo que habían ganado gracias a su valor. Y todo eso se alcanzó más con decisiones valientes que con combates favorables porque la nación era algo común a todos, todos se preocupaban por ella, las intrigas se destinaban a los enemigos, cada uno ejercitaba su cuerpo y su mente en provecho de la patria, no para obtener poder. En nuestros tiempos, en cambio, unos nobles cuyos espíritus están invadidos por la pasividad y la indolencia, desconocedores de trabajos, de enemigos, de milicia, encuadrados en la ciudad en una facción, controlan llenos de soberbia todas las gentes. (Epis. ad Caes. II, 10. 4-9)

Con esto último, entramos en los detalles que caracterizan al segundo obstáculo. A lo largo de su historia, el núcleo organizativo fundamental de la sociedad romana consistió en el poder ejercido por una serie de familias que representaban una oligarquía de ascendencia aristocrática que se había hecho con el control de la ciudad de Roma. Estatus y riqueza representaron para sus miembros la condición sine qua non que garantizaba, bajo la forma de cuerpos colegiados, el acceso a la administración y el ejercicio de los negocios públicos, tanto en época republicana como durante la posterior fase imperial. El acceso al poder en el senado y, sobre todo, por el hecho de haber sido elegidos cónsules durante varias generaciones, confirió a las familias ricas una serie de prerrogativas para formar parte de la nobilitas con funciones soberanas y militares, tras la extirpación de la monarquía etrusca mediante la designación de cónsules en la ciudad de Roma y el envío de procónsules a las provincias (^{Syme, 1989}/1939, pp. 28-31). Junto a este poder de las familias, de orden tradicional, otro tipo de poder era mantenido por los clientes de cada grupo nobiliario. Si los miembros de las grandes familias desarrollaron su actividad en la vida política, la ayuda y asistencia de cada una de sus clientelas buscaba la protección de intereses particulares desde lo administrativo con injerencia en los dominios económico, social y cultural (^{Barceló, 2001}, pp. 170-173; ^{Barceló & Hernández de la Fuente, 2017}, pp. 158-161). De modo que la violencia política entre familias arrastró consigo a toda la estructura social y económica en época republicana (Cf. Epis. ad Caes. II, 11. 3-4). Dentro este contexto, el pueblo quedaba al margen y fue perdiendo cada vez más su libertad. Esto es lo que se denuncia en la segunda misiva.

Pero cuando [los ciudadanos], expulsados poco a poco de sus tierras, la inactividad y la pobreza los constriñeron a no tener casa fija, empezaron a pretender los bienes ajenos, a poner en venta su propia libertad junto con la de la patria. Así, poco a poco, el pueblo, que era dueño, gobernaba a todas las naciones, perdió su unidad y, en vez de un gobierno común, cada ciudadano buscó para sí mismo la esclavitud en privado. Consiguientemente, esta multitud, corrompida en primer lugar por las malas costumbres, disgregada después en diferentes oficios y géneros de vida, sin cohesión interna ninguna, no me parece muy capaz de tomar las riendas de la res publica. (Epis. ad Caes. II, 5. 4-6)

Conclusiones

En el presente artículo, se ha intentado mostrar el núcleo histórico de las condiciones que desembocaron en una teoría sobre la constitución en el pensamiento griego y romano. En efecto, semejante reflexión nació de una coyuntura histórica específica: las guerras civiles como factor destructivo de las instituciones sociales, que puso constantemente en peligro la estabilidad de las sociedades antiguas en el campo de influencia cultural de ambas civilizaciones. También se pasó revista de algunas de las teorías constitucionales y los motivos que, en cada contexto, permitieron la construcción, por una parte, del concepto griego de politeía y, por otra, la formación del concepto romano de res publica. El examen de esta tradición permitió ratificar la nueva interpretación del republicanismo sugerida por Tudela-Fournet, con la excusa de abordar unas cartas poco conocidas dentro del canon de textos que se toman como referente en la tradición clásica republicana. Las cartas atribuidas a Salustio sirvieron de pretexto para sopesar la idea de "monarquía republicana" y ver en estos documentos no solo un ejemplo antiguo digno de consideración -que dio forma a la tradición de tratados para príncipes sobre el arte de gobernar-, sino la posibilidad de ampliar la comprensión sobre las condiciones por las que ha de regirse una "monarquía constitucional" para que no degenere en mera tiranía, si se busca la consecución de la paz y la prevención de las disensiones internas bajo este tipo de gobierno.