Garantías generales de protección de los miembros de la Fuerza Pública como víctimas en el marco de la justicia transicional

Desde 1949, se ha contemplado una legislación internacional y de carácter convencional aplicable a conflictos armados internacionales y no internacionales. Sus orígenes se remontan a finales del siglo XIX con el Convenio de Ginebra de 1864, por medio del cual se pretendió otorgar protección a las víctimas de los conflictos y enmarcó la obligación de proporcionar cuidados, sin discriminación, a militares heridos y enfermos (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2004). En efecto, en 1899 se extendió dicha protección a las fuerzas armadas del mar, para luego incorporar a los prisioneros de guerra en 1929.

Con el fin de las hostilidades dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, se establecieron los cuatro Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales como base primordial del Derecho Internacional Humanitario, el cual se fundamenta en el respeto por la vida y la dignidad de las personas involucradas en un conflicto armado (CICR, 2009). Así, el artículo 3 común prevé que, en caso de conflicto armado, que no sea de índole internacional, la población civil -no combatiente- como los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuestos sus armas, será tratada con humanidad y sin distinción (III Convenio de Ginebra, 1949).

Adicionalmente, en el artículo 4 del Protocolo II Adicional se priorizan una serie de prohibiciones que conducen las hostilidades. Al igual que en otros instrumentos se restringe el uso de algunos medios y métodos utilizados en la guerra destinados a ocasionar graves daños desproporcionales e innecesarios. Para ^{Pejic (2011)}, esto se refiere a la necesidad de identificar la "intensidad de la violencia" en el conflicto, a partir de la duración y del tipo de armas que se utilizan.

Frente a un campo de construcción de paz por medio del establecimiento de la justicia transicional que busca poner fin a un conflicto armado interno, como es el caso colombiano, a menudo dentro del concepto de población civil, que no participa directamente en el conflicto y por ello se protege a través del Derecho Internacional Humanitario, comprende, además, a los efectivos de las Fuerzas Militares y de Policía que tienen derecho a "recibir políticas de reparación cuando en el curso de las dinámicas de la guerra contra el Estado, los grupos armados ilegales infringieron normas de DIH, ocasionando daños excesivos y sufrimientos innecesarios a sus oponentes" (^{Pastrana & Vera, 2016,} p. 22).

En este punto, es menester determinar que "los uniformados que estén participando de las hostilidades y contra quienes llegare a presentarse una acción que no respeta los principios de la conducción humanitaria de la guerra, se considerarían como víctimas en el marco del Derecho Internacional Humanitario" (^{Ayala & Abella, 2018}, p. 157). Ello se reduce a que los miembros de la Fuerza Pública en la guerra no han renunciado a sus derechos por el hecho de estar en confrontación, por el contrario, son objeto de protección como víctimas de violaciones en desarrollo del conflicto (^{Mejía, 2016}; ^{Consejo de Estado, 2018}) superando el paradigma del reconocimiento por parte de la sociedad como victimarios (^{Mejía & Marín, 2015}; ^{Vega, 2019}).

Así las cosas, desde la Constitución Política en su artículo 250 se observa el deber especial en cabeza de la Fiscalía General de la Nación de velar por la protección de las víctimas, su participación en el proceso y el derecho a su reparación integral. A nivel legislativo, el Congreso de la República ha expedido un compendio de leyes que en el marco de la justicia transicional reconocieron como víctimas del conflicto a los miembros de los Fuerzas Militares y Policiales integrando el precedente de las normas de derecho internacional humanitario (^{Florián, 2007}). En efecto, para ^{Mejía (2015)}, la inclusión de los militares como víctimas "tiene esencialmente la vocación de permitir que estas personas encuentren en los procesos judiciales (...) precisamente una verdad lo más cercana posible a la realidad, una justicia retributiva de forma especial y también en alguna medida la reparación" (p. 10).

Una de las leyes más relevantes es la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz (2005), la cual se expidió con el fin de promover la desmovilización de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y la reparación a las víctimas a través de la vía judicial especial. De forma que instituyó como víctimas del conflicto armado a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad tísica, psíquica y/o sensorial (visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley. (art. 5)

A partir de este discurso de justicia transicional, se expidió, además, la Ley 1448 de 2011, como ley marco de protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado a la atención, asistencia y reparación integral. De modo que modifica el concepto de víctima y adicionalmente en su parágrafo 1 reconoce que cuando se trate de miembros de la Fuerza Pública su reparación económica se ajustará al régimen especial aplicable. Sin embargo, tendrán derecho a medidas de restitución y rehabilitación previstas en la Ley de Víctimas, siempre que no se dispongan en su régimen especial, sin excluir el reconocimiento de medidas de satisfacción y garantías de no repetición (^{Corte Constitucional, 2016}).

Bajo este precepto, para la Corte Constitucional (2019) el artículo 3 de la Ley 1448 "contiene una definición operativa del término 'víctima', en la medida en que no define la condición fáctica de la víctima, sino que determina un ámbito de destinatarios para las medidas especiales de protección contempladas en dicho estatuto legal" (párr. 27) con el fin de garantizar un enfoque diferencial en materia de acceso a la justicia (^{Mejía & Marín, 2015}). Con ello, se dio un avance en la legislación, pero no fue efectivo. Conforme a la lectura de este artículo, se evidencia, además, que no se profundiza sobre los términos y circunstancias en las cuales pueden acceder los miembros de la Fuerza Pública a la reparación integral, por tanto, es necesario hacer hincapié en la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Así, la Sala Tercera del Consejo de Estado analizó la responsabilidad del Estado por falla del servicio por omisión en ataques o tomas guerrilleras a las bases militares "El Cerro de Patascoy" (Sentencia del 28/10/14), "Las Delicias" (Sentencia del 09/04/14) y los hechos ocurridos en la vereda "el Billar" (Sentencia del 29/08/14), siendo la primera vez que se pronuncia sobre el reconocimiento de los militares como víctimas a causa de una conducta omisiva del Estado frente a su protección, dentro del marco del conflicto armado.

Como conclusiones relevantes de esta jurisprudencia se destaca que el punto de partida de las víctimas es la universalidad, por lo que los miembros de la Fuerza Pública son sujetos de especial protección, beneficiarios de la Ley de Víctimas, por conductas activas como la infracción a normas de Derecho Internacional Humanitario tales como el secuestro, la tortura y el uso de artefactos no convencionales como el MAP/MUSE/AEI. O bien por conductas omisivas por no adoptar medidas para prevenir y proteger su vida e integridad al imputarle al Estado una falla estructural en el funcionamiento de sus Fuerzas Militares. De igual forma, se determinó que los familiares de los militares fallecidos en ataques por grupos al margen de la ley son víctimas en el marco del conflicto (^{Consejo de Estado, 2014}).

Tal como lo arguye ^{Ayala y Avella (2018)},

el Consejo de Estado se enfocó en enfatizar que, aunque este grupo de ciudadanos estén prestando servicio militar, conservarán sus derechos, pues éstos "les son inherentes e irrenunciables". Por lo tanto, ellos y sus familiares podrán acceder plenamente a lo que estableció la ley de Víctimas (ley 1448) en asuntos de atención y reparación integral. (p. 227)

Siguiendo este hilo, la ^{Corte Constitucional (1997)} en Sentencia C-456, por su parte, en aplicación del principio pro homine ya había concluido que "el miembro de la fuerza pública no termina absorbido por el aparato estatal, como lo pretende una visión deshumanizadora y contraria a la dignidad de la persona humana" (p. 37).

En consecuencia, las conductas perpetradas en el marco de la guerra permiten evidenciar que algunas no siempre se adecuan a la reglamentación internacional atinente a conflictos armados, toda vez que en su mayoría no se ajustan a los principios básicos de derecho internacional humanitario, por ello se alude a que los miembros de la Fuerza Pública son seres humanos que, en virtud de su oficio, puede ser sujeto de vulneraciones a sus derechos y deben ser reparados (^{Pastrana, 2016}).

Dentro del marco de una justicia transicional, los derechos de las víctimas son predominantes. Uprimny (citado por ^{Quintero, 2016}) hace empeño en que

Se debe poner en el centro la protección de los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, la verdad de los hechos ocurridos y la obtención de una reparación asociada a un proceso de judicialización y adjudicación de responsabilidades de los culpables de los crímenes. (p. 46)

Bajo esta premisa, el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y sus disposiciones reglamentarias, como el Acto Legislativo 01 de 2017 condensa la creación de un Sistema Integral con un enfoque diferencial que busca satisfacer los derechos de las víctimas brindándoles garantías en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz y garantizando principios fundamentales bajo el tenor de la centralidad de las víctimas.

De igual forma, el punto 5 del Acuerdo ratifica la voluntad del Estado colombiano en fortalecer las medidas de reparación de las víctimas, en específico de los miembros de la Fuerza Pública en cuanto a la reparación material, pero hasta el momento no se han visto avances. En este entendido, las ^{Naciones Unidas (2008)} sostienen que deben vincularse las medidas de reparación con esfuerzos de justicia y búsqueda de la verdad, a su vez insta a los Estados a adoptar procedimientos judiciales y administrativos que tengan en consideración la atención psicosocial como una de las medidas de reparación (^{Naciones Unidas, 2000}).

En particular, en la Sentencia C-161, la ^{Corte Constitucional (2016)} ratifica que los militares víctimas del conflicto armado son titulares de los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Asimismo, colige que no es posible compararlos con las demás víctimas porque se encuentran en situaciones diferentes dada la misión constitucional que desempeñaron, por lo que gozan de un tratamiento especial. Sin embargo, en Sentencia C-052, la ^{Corte Constitucional (2012)} frente a su reconocimiento, preceptúa que ambos grupos reciben igualdad en el trato normativo, por lo que su participación dentro del proceso no varía frente a la víctima civil, ya que cuentan con los mismos derechos y mecanismos de acceso.

Ahora, el ^{Congreso de la República (2018)} en la Ley 1922, por medio de la cual se adoptan reglas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz reitera el enfoque diferencial señalado en el Acuerdo al establecer que en sus actuaciones, procedimientos y decisiones deben observar un enfoque especial y deberán atender a las particularidades de cada víctima o colectivo (art. 12).

En virtud de ello, frente a víctimas militares del conflicto armado en la Jurisdicción Especial para la Paz, su participación deberá concretarse con un enfoque diferencial, dada su condición de miembros de la Fuerza Pública, por lo que se debe garantizar plenamente el acceso a la justicia en todas las etapas del proceso, con medidas de protección, asistencia en las audiencias iniciales y apoyo psicológico y jurídico. En cuanto a la reparación, esta debe ser adecuada y transformadora, ya que se observa la necesidad de compensar de forma disímil sus vulneraciones a raíz del riesgo elevado que comportó su labor, atendiendo al principio pro homine (^{Consejo de Estado, 2018}). En específico, frente a las Fuerzas Militares, además, el Estado debe asegurar el bienestar moral y salud física como forma de reparación (^{Corte Constitucional, 2008}).

Conforme a lo anterior, la Corte Constitucional, al realizar un test intermedio de igualdad partiendo de la existencia de un tertium comparationis entre las víctimas civiles y militares que ocasionó el conflicto armado interno, determinó que existe un trato diferenciado, razonable y adecuado, pero no discriminatorio frente a su reparación. Parte de la idea de que ambos grupos pertenecen al "universo de víctimas" y por ende requieren de la protección y respuesta efectiva por parte del Estado (^{Corte Constitucional, 2016}). Pero frente a su indemnización, el trato diferenciado encuentra su fundamento en la necesidad de cubrir de forma diferenciada el desgaste físico y emocional al que se sometió al miembro de la Fuerza Pública o a su familia, mientras desempeñaba su labor (^{Corte Constitucional, 2011}) debido al elevado riesgo que implicó ejercer su misión institucional¹, al ser víctima potencial de una confrontación armada (^{Corte Constitucional, 2016}), evitando su revictimización.

Consecuencialmente, la ^{Corte Constitucional (2016)} reconoce que las medidas que se desprenden de la Ley 1448 de 2011 "deben armonizarse con otros mecanismos resarcitorios garantizando mayor equidad, cobertura, optimizando y racionalizando el uso de recursos disponibles para los programas de reparación a fin de hacerlos sostenibles" (p. 57). Por tanto, se evidencia que para la Corte Constitucional el trato diferenciado es constitucional toda vez que busca no desbordar la capacidad económica que tiene el Estado para resarcir económicamente conductas violatorias que se desprenden del conflicto armado.

A modo de conclusión se determina que las garantías de protección de las víctimas militares en la justicia transicional y en específico, las derivadas de la Jurisdicción Especial para la Paz se deben otorgar teniendo en cuenta un enfoque especial, diferenciado y sin discriminación para los miembros de la Fuerza Pública, tomando en consideración las funciones de alto riesgo que desempeñaron durante el conflicto, por lo que se parte de la premisa del principio de universalidad de las víctimas sujeta a una relativización que no es discriminatoria frente a los miembros de las Fuerzas Militares y Policiales. De esta forma, se debe propiciar por construir un escenario de justicia transicional con la plena participación de todas las víctimas, que abarque el esclarecimiento de los hechos ocurridos, se investiguen y sancionen a los responsables y finalmente, se reparen integralmente a las víctimas, atendiendo a cada condición particular.

En esta materia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, al integrar la normatividad internacional, han creado una tendencia en la cual reconocen al miembro activo de la Fuerza Pública como un ciudadano sujeto de derechos, lo cual tiene un impacto inmediato en la Jurisdicción Especial para la Paz y en el caso 001 (secuestro) que adelanta.

Reconocimiento y participación de las víctimas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición

El conflicto armado colombiano tiene múltiples causas y a lo largo de los más de 50 años de su trayectoria ha generado una victimización interseccional que sufrió de forma indiscriminada, directa e indirectamente las vulneraciones sistemáticas y generalizadas de sus derechos en razón o con ocasión del conflicto. De este modo, con el fin de avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera, se requirió pactar acerca de la necesidad de asegurar la satisfacción de los derechos de las víctimas y de registrar la verdad de lo sucedido durante el conflicto. Así, en el marco de las negociaciones de La Habana se celebraron foros de participación de víctimas, cuyos aportes y recomendaciones sirvieron para la reglamentación de sus derechos dentro del Acuerdo, lo cual se reconoció como el empoderamiento total de las víctimas (^{Linares & Ospina, 2017}). Incluyendo en la mesa de negociación a un representante por parte de las Fuerzas Militares.

Con fundamento en esta consideración, el artículo 66 transitorio de la Constitución Política establece que los instrumentos de justicia transicional deben facilitar la terminación del conflicto armado interno, la consolidación de la paz, ya que constituye un deber jurídico para el Estado y sus ciudadanos (^{Corte Constitucional, 2006}) y la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas (^{Corte Constitucional, 2017}).

De esta forma, el Acuerdo posibilitó, entre otras medidas, la creación de un Sistema Integral compuesto por mecanismos judiciales y extrajudiciales que trabajan de manera integral, mancomunada y simultánea con el fin de garantizar medidas de carácter restaurativo y reparador que dignifiquen a las víctimas, a través de compromisos encauzados en la promoción y el respeto de sus derechos, con un enfoque diferencial por medio de los cuales se logre investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, garantizar el esclarecimiento de la verdad, la búsqueda de personas desaparecidas y la reparación de los daños sufridos, los cuales son derechos que se conciben como elementos interrelacionados (^{Isa, 2006}).

Particularmente, el punto 5.2 del Acuerdo Final y el Acto Legislativo 01 de 2017 consolidan estos mecanismos fundamentales como parte del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas reconocidas como ciudadanos con derechos universales, indivisibles e interdependientes dentro del proceso (Acuerdo Final, 2016). Por tanto, los anteriores mecanismos gozan de igual jerarquía y se conectan a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia (Acuerdo Final, 2016), garantizando en lo posible el registro de la verdad de lo ocurrido y el deber de reparación de las víctimas.

A la luz del Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, de la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición (2013), la participación de las víctimas dentro del marco de la justicia transicional se hace efectiva a través de 4 mecanismos: la búsqueda de la verdad, la persecución penal, las reparaciones y las garantías de no repetición.

En este sentido, el eje trasversal de participación de las víctimas dentro del proceso de transición será amplio, pluralista y equilibrado (Acuerdo de paz, 2016), bajo la figura del interviniente especial en apego a los estándares nacionales e internacionales, sujeta a una tutela judicial efectiva del goce de sus derechos (^{Márquez, 2006}; ^{Corte Constitucional, 2016}). Por su parte, "en un sistema de justicia restaurativa la víctima (...) será la gran protagonista que va a participar activamente en la solución del conflicto" (^{Márquez, 2005}, p. 100) "sin la cual no se puede adelantar una causa que tenga por objeto investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario" (^{López, 2011}, p. 13).

De hecho, la ^{Corte Constitucional (2018)} sostiene que "el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto conlleva la obligación de proteger su participación dentro de los procesos penales en el marco de la justicia transicional" (p. 347). Así, resaltó que la protección que el Estado debe brindar a las víctimas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz se debe otorgar en conexidad con el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, como piedras angulares de los demás derechos. Como precedente de lo anterior se destaca la Sentencia T-1267 de 2001 en donde la Corte Constitucional resalta que los derechos de las víctimas se garantizan a través de la participación efectiva dentro de los procesos.

Con su participación, se trata, en definitiva, de expresar su conformidad frente a lo acordado producto de una negociación de paz y que ya fue consultado con toda la sociedad, incluyendo a las víctimas (^{López, 2011}). En este sentido, la justicia transicional actúa como un "mecanismo que persigue la construcción democrática y duradera de la paz (…) estableciendo la necesidad de satisfacer y garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición de las víctimas" (^{Muñoz, 2013}, p. 35), intrínsecamente ligados a su dignidad humana (^{Corte Constitucional, 2002}), con el fin de lograr la garantía de sus derechos, amparado en el artículo segundo de la Constitución Política colombiana.

Bajo este pilar, el Acto Legislativo 01 de 2017 establece que la Comisión para el Establecimiento de la Verdad, Convivencia y no Repetición y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas promueven el reconocimiento de las víctimas como sujetos políticos de importancia para la transformación del país, garantizándoles su participación en las audiencias públicas y en las acciones de búsqueda.

Ahora bien, en desarrollo del componente de justicia, se creó una Jurisdicción Especial para la Paz. De acuerdo con el artículo 5 transitorio preceptuado en el Acto Legislativo 01 de 2017, esta nueva jurisdicción contempla un sistema adversarial que tiene como objetivos principales la protección y garantía de los derechos de las víctimas a través de la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones y la reparación de los daños. De esta manera, la ^{Corte Constitucional (2017)} en Sentencia C-674 de 2017 arguye que

La jurisdicción Especial para la Paz responde a un particular entendimiento y a una particular sensibilidad acerca del conflicto armado, de sus causas, de las dinámicas que lo atravesaron, y de las fórmulas para su terminación, este sistema respondió a la necesidad de garantizar a un mismo tiempo la terminación del conflicto armado, la reparación a las víctimas y el sometimiento a la justicia. (p. 412)

En cuanto a la participación efectiva de las víctimas, el artículo 14 de la Ley 1957 de 2019 establece que esta será coordinada, organizada, colectiva y en observancia del principio de la colaboración armónica instituido en el artículo 113 de la Constitución Política. Con base a este principio, se debe garantizar a través de una estructura institucional especializada por medio de la Procuraduría General de la Nación, en coadyuvancia de la Unidad de Víctimas y bajo la coordinación de la dependencia de la participación de víctimas adscrita a la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz² (^{Corte Constitucional, 2018}).

Igualmente, el artículo 15 de la Ley Estatutaria (2019), declarado constitucional mediante Sentencia C-080 de 2018, garantiza el acceso a una justicia pronta, cumplida y eficiente, por lo que enuncia los derechos garantizados a las víctimas en conexidad con el acceso a la justicia:

En virtud de lo anterior, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz ha avanzado en la satisfacción de los derechos de las víctimas. Mediante el comunicado 082, estableció que el Auto 080 de 2019 admite la presencia de los representantes judiciales de las víctimas en las versiones libres que rindan los comparecientes del caso 003, así como dispuso la creación de una sala de audiencias especial para que las víctimas puedan ver en tiempo real la mencionada audiencia. La anterior garantía se espera sea priorizada en los demás casos que adelanta la jurisdicción, incluyendo el caso 001 referido a militares víctimas del conflicto.

Es así como, para ^{Ospina et al. (2017)} "las obligaciones del Estado frente los derechos de las víctimas son irrenunciables, incluso en la aplicación de instrumentos jurídicos de justicia transicional, como es el caso de la JEP" (p. 19) y una limitación o restricción a su reconocimiento y participación dentro de las audiencias que se adelanten en las distintas Salas supondría el estudio irrestricto de un juicio de proporcionalidad.

En esta misma línea, se plantea que "participar implica hacerlo dignamente y en forma efectiva; implica estar en capacidad de acceder a la justicia sin discriminación y de forma segura, ser oído en el proceso y ser capaz de intervenir procesal y probatoriamente" (^{Ospina, 2017}, p. 20). A la luz de lo anterior, las víctimas, sean civiles o militares, pueden acudir ante la Jurisdicción Especial para la Paz o ante el Sistema en general, mediante un mecanismo sencillo, por sí mismas o a través de informes colectivos, para alcanzar la verdad de los hechos ocurridos, la justicia, reparación con las garantías de no repetición y sus derechos en el proceso serán garantizados en igual forma.

Finalmente, en cuanto a las medidas de reparación, desde el Acuerdo de Paz se establece la existencia de una visión compartida entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional frente al compromiso de respetar y garantizar los derechos de las víctimas, por ello, el Acto Legislativo 01 de 2017 condensa una reparación integral que atiende a los componentes de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición, con el ánimo de armonizar las medidas de reparación y que será garantizada de forma articulada por las instituciones del Estado, a cabalidad, ya que el Acuerdo Final no creó una nueva instancia que se encargue de la reparación de las víctimas por lo que su competencia continúa en cabeza de la Unidad de Víctimas y Restitución de Tierras y los regímenes especiales para el caso de las Fuerzas Militares.

Al respecto, la ^{Corte Constitucional (2018)} concluye que la materialización de las medidas de reparación dependen del "deber autónomo del Estado de reparar a las víctimas de forma integral, así como en la existencia de integralidad entre los distintos componentes del sistema transicional e incorporando a las penas un componente restaurativo" (p. 460) como respuesta a la sociedad, destacando el reconocimiento, la confianza y la solidaridad social (^{Corte Constitucional, 2017}).

En efecto, para la Corte Constitucional y la Ley 1820 de 2016, la obligación de reparación integral se garantiza a través del programa de reparación administrativa de la Ley 1448 de 2011. No obstante, el Acuerdo incorpora medidas especiales de reparación de forma adecuada, diferencial y bajo criterios de equidad (^{Corte Constitucional, 2012}, 2018). De este modo se establece en el Acuerdo (2016) que esta obligación surge sobre la base de los hechos que sean objeto de decisión por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por lo cual, este órgano es competente para ordenar las reparaciones introducidas en el Acuerdo, como medidas restaurativas propias que contiene el Sistema. En los cuales deberá tener en cuenta las medidas especiales de reparaciones para los miembros de la Fuerza Pública, como las acciones institucionales que se enmarcan en la rehabilitación y satisfacción, por tanto, necesariamente debe adecuarse al presente contexto e incorporar a las instituciones que desde la Fuerza Pública brindan el acceso al programa de reparaciones.

Ahora bien, cabe agregar que, en cuanto al factor de indemnización, bajo los postulados del Acuerdo, las FARC-EP tienen el deber de entregar sus bienes para cumplir con la obligación de indemnizar a las víctimas, situación que aún es incierta debido a la necesidad de un mecanismo efectivo de administración y distribución de dichos recursos. En igual forma, la Ley 1448 de 2011, aunque establece el deber del Estado de indemnizar a las víctimas, dicho elemento se encuentra limitado para los militares víctimas del conflicto debido a que tanto ley como la Corte Constitucional equiparan el régimen especial prestacional como una equivalencia a la indemnización en el marco de la reparación integral. En otras palabras, se podría plantear la existencia de una denegación del acceso a la justicia para recibir la reparación a los daños materiales y morales ocasionados a las militares víctimas del conflicto armado.

Planteamiento que se encuentra soportado adicionalmente, por la orden expresa de la ^{Corte Constitucional (2018)} a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la prohibición de ordenar medidas de carácter económico, lo que limita aún más la posibilidad de encontrar un órgano que se las reconozca. Obligando al militar víctima a recibir la compensación del régimen prestacional como factor equivalente a su indemnización, situación que genera debate debido a que esta disposición no se estructuró en el marco de una justicia transicional, ni siquiera se adoptó sobre la contextualización de un escenario de Conflicto Armado no Internacional (^{Mejía & Marín, 2015}).

En suma, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición aborda la participación de las víctimas como eje trasversal del Acuerdo Final y como un interviniente especial dentro del proceso, a partir de un enfoque diferenciado e interseccional que garantiza sus derechos a conocer la verdad y a obtener la reparación por los daños sufridos a través del efectivo acceso a la justicia sin impunidad. En específico, su reconocimiento y participación se reduce a garantías sustanciales, procesales y probatorias encaminadas a efectivizar un juicio justo y equitativo en el que se provean medidas para ser oídas, de publicidad de los expedientes y audiencias, asistencia judicial y psicológica, notificación, recurrir pruebas y presentar un recurso judicial adecuado y efectivo en un ambiente de dignidad y respeto.

En efecto, este Sistema se creó con el fin de ser la máxima garantía de sus derechos en la justicia transicional a partir de la integralidad de los mecanismos que la componen. Así, su reconocimiento, participación y garantía se ve reflejada en cada uno de sus componentes y se materializará en los avances en cuanto a reparación individual y colectiva conforme a las medidas de reparación que se desglosan del Acuerdo y sus normas reglamentarias. A la luz de lo anterior, si bien el debate frente a las medidas de reparación que puede ordenar la Jurisdicción no se ha discutido, pues no se conoce la primer sentencia, se espera que esta jurisdicción articule sus esfuerzos con las instituciones del Estado para garantizar el enfoque diferencial en las medidas de reparación para los miembros de las Fuerzas Militares que sufrieron daños en el marco del conflicto.