Igualdad de oportunidades para la ruralidad colombiana

Una de las causas que ahondaron la desigualdad en el terreno de juego social rural ha sido el sometimiento de este sector de la población colombiana a ser partícipe de un proceso de modernidad para el cual no estaba preparado, y en cuya implementación no se tuvo en cuenta el factor cultural, único e identitario del campesinado colombiano, como tampoco sus necesidades diferenciales respecto al resto de la población. En el proceso de modernidad, el Gobierno colombiano ofreció un trato igualitario a todos los sectores socioeconómicos del país, con lo cual pasó por alto las características histórico-culturales del habitante rural.

Esta investigación evidencia no solo la situación real actual del campesinado colombiano, caracterizada por la inequidad, la desigualdad, la discriminación y la exclusión, sino las circunstancias que han dado origen a esta situación. Dichas circunstancias reflejan unas condiciones socioculturales y económicas que han fomentado el etnocentrismo, lo que ha provocado que el campesinado sea estigmatizado, descalificado y excluido del juego social. Es por ello que los campesinos ven cómo las oportunidades les resultan esquivas y sienten lacerados sus derechos.

Es importante puntualizar que, para ^{Roemer (1998)}, las oportunidades se garantizan con base en tres condiciones: un “terreno de juego social plano, una no discriminación y un alcance del mérito” (p. 71). En este sentido, si se quiere llegar a hablar de igualdad de oportunidades, bajo el contexto de la equidad, se deben cumplir estas condiciones. Y es que, de hecho, cuando se habla de igualar las oportunidades, realmente se está aludiendo a aumentar el bienestar, sea este individual o colectivo; un bienestar que va más allá de los indicadores económicos y políticos, puesto que estos tan solo son una de las referencias de medición. Se trata de una noción de bienestar que se arraiga en lo social, que respeta lo ambiental y que valora lo humano; un bienestar que perdura, que no se acaba, sino que evoluciona, garantizando siempre llegar a todos sin ningún tipo de discriminación. En esta medida, consiste en un bienestar sostenible e intergeneracional, dos aspectos clave para un verdadero desarrollo. Al estar cimentado en la sostenibilidad, el desarrollo puede realmente generar las condiciones para promover la igualdad de oportunidades.

El desarrollo sostenible se debe convertir en una estrategia territorial que, desde todas sus dimensiones -social, ambiental, económica y política-, como aduce ^{Hoyos (2014)}, genere “políticas policéntricas”, desdibuje “sistemas monocéntricos y jerárquicos”, y construya “un nuevo modelo territorial más competitivo, sostenible y equilibrado” (p. 5). Esto quiere decir que trabaje hacia la pluralidad, lo multidimensional, la dinamización de la identidad territorial, de forma que contrarreste la rigidez, la uniformidad y la jerarquía que permea con frecuencia las políticas de desarrollo. El objetivo es, por ende, hacer del campo colombiano un lugar “competitivo, sostenible y equilibrado” (^{Hoyos, 2014, p. 5}).

Precisamente, han sido la falta de flexibilidad administrativa, la existencia de políticas monocéntricas no plurales, las barreras de acceso a la competitividad y el desdibuja- miento de la identidad territorial lo que ha llevado a que, en Colombia, el terreno de juego social rural se haya desnivelado en sus factores identitario, productivo y de dignidad, lo que ha derivado, para los campesinos, en un entorno inequitativo, discriminatorio y no garante de oportunidades.

En este sentido, a continuación se analiza no solo la manera como estos desniveles han afectado a la comunidad campesina, sino que se identifican las variables que integran cada factor, para determinar cómo se generan relaciones de dependencia, independencia e intervención entre estas variables. Así, una vez aclaradas estas relaciones y su resultado, se busca proponer la forma de nivelar el terreno de juego social rural.

Factor identitario

Se debe partir de la premisa de que la realidad rural requiere contar con un factor identitario, que les garantice a los campesinos la capacidad de generar lazos de cohesión en lo social y lo cultural, y que puedan concebir una identidad propia que supere las tensiones existentes entre lo local, lo regional y lo global. Se trata de generar un espacio que exprese “las identidades individuales y colectivas de quienes lo habitan” (^{Augé, 1994}, p. 15). Esto puede considerarse como una “necesidad simbólica” (^{Salgado, 2009}, p. 122), una necesidad social, una necesidad identitaria.

Se habla de necesidades de este tipo por cuanto a los campesinos, al haber sido arrancados, de manera violenta, de su territorio, no solo se les quitó su espacio cultural -escindiéndole sus tradiciones, costumbres, valores y medios de producción (factores identitarios)-, sino que se les sustrajo de sus dimensiones social y ambiental. Además, con la instauración del modelo económico aperturista, el campesinado se vio obligado a enfrentar las fuerzas de la competitividad sin estar preparado para ello, lo que generó su desdibujamiento de las dimensiones política y económica del desarrollo. Esto los ha llevado a la pérdida de sus referentes simbólicos, colectivos y culturales. Con esto se profundizó la inequidad, se desniveló el campo de juego social y se llegó a la discriminación y al menosprecio del valor de ser campesino.

Al afectarse los elementos del factor identitario en la comunidad campesina, el entramado sociocultural empieza a sufrir una deconstrucción, lo que ha originado una serie de contradicciones y desigualdades que han hecho que la población campesina asuma progresivamente características de indiferencia, de apatía y de rechazo, no solo a la realidad que estaban viviendo, sino a sus propios orígenes. De esta forma se ve resquebrajada la concomitancia entre identidad y cultura, lo que afecta los lazos relacionales entre los elementos del factor identitario y las dimensiones que componen el campo cultural (Figura 1). Con ello sobreviene la ruptura de la unidad cultural, con su subsecuente sentimiento de exclusión. Esta es la principal causa de que el terreno de juego social rural se haya desnivelado en varias de sus partes. La pregunta es, entonces, ¿qué hacer para nivelarlo?

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1 Dimensiones de la cultura. 

Lo primero es comprender que la cultura (variable independiente del factor identitario), con los elementos que la componen, como se observa en la Figura 1, debe ser concebida como parte fundamental del desarrollo sostenible rural, puesto que la cultura y el desarrollo sostenible comparten el objetivo de heredar a las generaciones por venir lo que hoy disfrutan las actuales generaciones. En este sentido, la cultura debe ser entendida como “algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente” (^{Verhulst, 1994}, p. 42). Asimismo, debe verse como un factor que influye sobre las relaciones existentes en la multidimensionalidad del desarrollo sostenible y, por ende, sobre el factor identitario. En este orden de ideas, las dimensiones del desarrollo sostenible actúan como variables dependientes en la relación entre cultura y factor identitario (Figura 2).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Relación entre variables desde el factor identitario. 

Además de las relaciones que se advierten en la Figura 2, representadas por las flechas en doble sentido, que dinamizan la relación entre cultura y factor identitario, es evidente la existencia de varios tejidos invisibles, aunque palpables, de relaciones que se dan en el interior. Estas relaciones tienen como eje central a las personas (la dimensión humana de la cultura) y como ejes secundarios, relacionales entre sí, a la sustentabilidad social, la sustentabilidad cultural, la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental y la sustentabilidad política. Dado que su propósito general es organizar las actividades, dichas relaciones vienen a conformar entramados de un alto grado de complejidad: entramados de índole socioeconómica, sociocultural, socioambiental y económico-ambiental, asentados sobre bases culturales e identitarias, las cuales viabilizan el proceso. Estos complejos entramados permiten entender que “la diversidad parte de las diferencias individuales” (^{Rodríguez, 2008}, p. 496), de las características propias, de las particularidades, en aras de que no se planteen esquemas rígidos a las actividades propias de las comunidades.

En este sentido, enfocados en la ruralidad colombiana, es importante señalar que uno de los principales rasgos identitarios rurales es el trabajo agrícola. En torno a este giran los diferentes entramados, por lo cual es una actividad sobre la que se erige el tejido cultural rural. El trabajo agrícola (variable interviniente) influye en cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible, y a su vez define la cultura rural desde un perfilamiento de identidad campesina.

Trabajar la tierra se debe connotar como una actividad productiva, una profesión gracias a la cual el campesino pone a disposición de la sociedad su aprendizaje generacional, con lo cual contribuye tanto a su bienestar particular como al progreso social (Figura 3).

Fuente: Elaboración propia

Figura 3 Trabajo agrícola y sus relaciones con los entramados. 

La figura anterior muestra la importancia de la práctica agrícola como factor identitario de los campesinos. Es alrededor de ella que deben girar y correlacionarse de manera sincrónica, formando entramados, cada una de las dimensiones del desarrollo sostenible. El reconocimiento del campesino como sujeto protagónico cultural es fundamental en la construcción de la identidad campesina y, por consiguiente, en la relación entre la cultura y el factor identitario. Esto influye para que recobren valor las actividades en los diferentes entramados, lo que deriva en la generación de un desarrollo técnico-organizativo, en la adquisición de unos hábitos productivos propios y en el desarrollo de una madurez productiva de los campos.

Esto surge como producto de un proceso de construcción social impulsado por la acción social entre sus diferentes actores y por las relaciones de poder que se generan entre ellos. De esta forma, es posible hablar de una dinamización de la dimensión territorial, que viene a generar un constructo de identidad cultural, un ambiente de vida, una cultura económica propia, con la subsecuente permeabilización de la dimensión económica, que lleva a que desde esta dimensión se genere riqueza y empleo para el habitante rural. Incluso se puede hablar de un equilibrio territorial respecto a lo global, que nivele esta parte del terreno de juego. El resultado es, entonces, un aumento en el bienestar del campesino.

Así, cultura, trabajo agrícola y desarrollo sostenible son las variables que, al interrelacionarse, generan equidad en el terreno de juego rural, por lo que deben estar circunscritas a las esferas políticas, económicas, sociales y culturales del país, y se obligan, a su vez, a cumplir los principios constitucionales de dignidad humana, protección especial, no discriminación, reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural, promoción de la prosperidad general, igualdad de derechos e igualdad de oportunidades, bajo el marco de los derechos humanos y la democracia.

Factor productivo

Con la apertura económica de los años noventa, el país pasó de un modelo proteccionista a uno de libre mercado, de marcado tinte neoliberal. Este cambio de modelo económico trajo consigo una serie de retos para el productor campesino colombiano, puesto que lo llevó a seguir trabajando tras el desmonte de políticas arancelarias altamente proteccionistas, lo cual lo sumergió de forma súbita en el mundo de la competitividad y, además, lo obligó a cambiar su modo de producción, de la oferta a la demanda. Estos han sido retos para los cuales el campesinado no estaba preparado, por lo cual no ha tenido la capacidad para hacerle frente a la competencia internacional. Los campos colombianos sufrieron una importante contracción económica que afectó al campesinado en sus unidades de producción agropecuarias (más conocidas como UPA), lo que ha provocado no solo un anquilosamiento en el crecimiento agrícola, sino una marcada ausencia de mejoras en la productividad de la tierra. Estas circunstancias, desde el factor productivo, desnivelaron el terreno de juego social rural.

Uno de los principales problemas del campesino colombiano está relacionado con la tierra. Los problemas de titularidad, el desalojo forzado y la falta de garantías de restitución de tierras a sus dueños, los pequeños agricultores, han convertido la tierra en un factor productivo insuficiente, con bajos estándares de calidad y con deficiencias de ubicación. A esto se suma que, con la apertura económica, los campesinos vieron cómo sus recursos de capital se aminoraron, debido a la eliminación de los subsidios y a la burocratización en el acceso a créditos, lo que generó una limitación de su trabajo agrícola en lo referente a 1) utilización de maquinarias, 2) acceso a tecnología, 3) mejora en las instalaciones de sus UPA y 4) acceso al trabajo con animales. Esta situación vició las relaciones dadas entre los factores de producción (tierra, capital y trabajo), lo que originó un ambiente de incertidumbre y de discriminación para los campesinos, al no poder participar de los canales de comercialización que la globalización había traído, al enfrentar limitaciones en las estrategias de mercadeo y al no poder ampliar sus fronteras, factor sine qua non del modelo aperturista.

Tierra, capital y trabajo son las variables (independientes) que engranan y viabilizan el factor productivo, por lo cual, al viciarse sus relaciones, limitan al habitante rural de la competitividad (variable dependiente) y lo sumen en la pobreza (Figura 4). Para que el campesino acceda a la competitividad de forma amplia y en igualdad de oportunidades, se requiere que existan unas sanas relaciones entre los factores de producción.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4 Relación entre variables independientes y dependientes. 

Dado el modelo económico de libre mercado que rige a Colombia, la economía nacional funciona bajo el esquema de oferta y demanda. La premisa de este es que el mercado se ajuste libremente para conseguir el tan anhelado crecimiento económico. Con este modelo funciona la actividad agrícola en el país, por lo cual se encuentra bajo la influencia de la globalización y, por ende, de sus requerimientos, lo que favorece la inversión extranjera sobre la producción nacional, que homogeniza “el mundo alrededor de una cultura de masas” (^{Contreras et al., 2007}, p. 35).

El campesino no tiene oportunidades en el juego de la competitividad, toda vez que no dispone de las capacidades tecnológicas, físicas ni humanas que le garanticen su entrada en el mercado bajo parámetros de igualdad en la libre competencia. Por esta razón, como se muestra en la Figura 4, en la relación de los factores de producción (variables independientes) trabajo-tierra, tierra-capital y capital-trabajo, se obtiene una minimización de la producción, con la subsecuente maximización de los costos, lo que conduce a la ineficiencia productiva y la ineficacia económica. Además, resulta incomprensible, como lo manifiestan ^{Lugo y Avendaño (2001)}, el hecho de que,

en tanto la globalización se extiende y profundiza, surgen regionalismos que tienden a constituirse en bloques de comercio a fin de dominar una parte del mercado mundial. En esos mercados se imponen medidas proteccionistas cuando se trata de importar y se habla de libre mercado cuando se trata de exportar. (p. 221)

Precisamente, esto es lo que sucede con el sector agrícola colombiano, un sector debilitado que no puede hacerle frente a los bloques de comercio institucionalizados desde los mismos tratados de libre comercio (TLC), ni mucho menos a los efectos de la desregulación económica, por causa de la cual el mercado se constituyó en el ente rector de la política económica nacional. En este sentido, cabe hablar de la existencia de barreras político-económicas en el sector agrícola colombiano, que precarizan el trabajo de los campesinos.

Al no entrar en el juego de la competitividad, es muy poco probable que se pueda mejorar el bienestar de la población rural, que, como se ha dicho, debe ser sostenible e intergeneracional. El bienestar rural está en relación directa con la productividad y, por ende, con los medios de producción. Asimismo, la competitividad se convierte en el eje de “las transformaciones en la organización industrial, como la base de los nuevos enfoques de la empresa y de los nuevos modelos de comercio internacional” (^{Moreno, 1997}, p. 5). Esto constituye las bases de la competitividad global, cimentadas sobre un tejido en el que las ventajas comparativas, la innovación, la productividad, el desarrollo social, la cualificación, la inclusión, la negociación, los complejos productivos y la competencia son cada vez menos producto de “las dotaciones originales de recursos naturales, de la abundancia de capital o de mano de obra, y cada vez más de las innovaciones tecnológicas y la nueva organización de las empresas aplicadas en áreas específicas de la producción” (^{Moreno, 1997}, p. 5).

La evolución surtida en los tradicionales factores de producción, en términos de su conceptualización y alcance, es un hecho axiomático. Cuando se habla de tierra, capital y trabajo, el concepto va más allá de la noción clásica del proceso de producción de bienes y servicios. Aunque el objetivo de la rentabilidad no carece de importancia, los factores de producción lo trascienden para tocar las fibras de la sostenibilidad. Solo de esta forma se asegura no solo un desarrollo sostenido productivo, sino también un desarrollo social sostenible. De nuevo, la sostenibilidad aparece en escena y, con ella, los factores que se relacionan con ella, como los recursos naturales, los recursos humanos, la investigación y el desarrollo, la empresa, la industria, el mercado, la población y la infraestructura. Todos estos factores están en franca correspondencia con la competitividad regional y con los diferentes entramados complejos que se encuentran en el campo de juego de esta¹.

La competitividad regional se mueve entre “la dotación de recursos productivos, la actuación de los agentes económicos y la posición de la economía nacional frente al resto del mundo” (^{Moreno, 1997}, p. 6). Por ello mismo, genera la necesidad no solo de tener unas condiciones básicas de infraestructura, de tecnología y unos inclusivos sistemas de financiación, sino de contar con lo siguiente:

Esta visión integral de competitividad regional sugiere una serie de vinculaciones internas en cada dimensión que permiten identificar las relaciones factoriales necesarias para obtener no solo un planteamiento de estrategias económicas, sociales y ambientales, sino también evaluar posibles cuellos de botella que puedan estar desnivelando el terreno de juego social rural, lo que genera barreras de acceso a la competitividad. Las dimensiones de las que se habla son las correspondientes a lo social, lo ambiental y lo económico, todas ellas conectadas con el desarrollo sostenible. Estas dimensiones afectan, ya sea positiva o negativamente, los factores de producción (variable independiente) y, por ende, la competitividad (variable dependiente). Es así como se convierten en las variables intervinientes desde la relación entre factores de producción y competitividad (Figura 5).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5 Relación entre variables de factores de producción. 

En dicha figura se muestran las interrelaciones dadas entre las diferentes variables. Allí queda claro que la capacidad competitiva regional depende de la correlación de las fuerzas generadas entre los factores de producción y de estos con su entorno -dimensiones social, económica y ambiental-, lo que genera rivalidad en el campo de juego. Estas son las fuerzas relacionadas con el desarrollo, que “actúan sobre un territorio determinado y lo conminan a cambiar; entonces los recursos y capacidades locales que no han sido totalmente aprovechados pueden ser impulsados a modificar el sistema productivo local” (^{Pérez, 2008}, p. 13).

Cada uno de los factores de producción -tierra, capital y trabajo-, en lo que respecta a su adecuada articulación, se encuentran interferidos, influenciados y afectados por las dimensiones del desarrollo sostenible. Cada una de estas dimensiones interviene en uno o más factores de producción, lo que hace que estos generen, o bien una intensa competencia nacional que estimule el desarrollo de factores especializados (que, para Porter², se circunscriben en la educación, la infraestructura y la investigación), lo cual contribuiría a la creación de ventajas competitivas; o bien, por el contrario, estimule una fuerte intervención del Estado, lo que limitaría la rivalidad y llevaría a una marcada regulación de la competencia y a un comercio manejado. Esto excluye de la competitividad a los menos aventajados, debido al debilitamiento de su poder de negociación, y deja el terreno para aquellos que cuentan con el capital, las influencias y el poder, que les garantizan un sólido poder de negociación. Esto precisamente es lo que sucede en los campos colombianos, de ahí el desnivel del terreno de juego rural, con la subsecuente inequidad. Los interrogantes en este punto son: ¿qué ocasiona uno u otro resultado?; ¿qué hace que el poder de negociación sea ventajoso para unos y lacerante para otros?

Según lo hallado en esta investigación, el centro del problema se encuentra en la carencia de estrategias con énfasis rural que conduzcan a que la producción agrícola, más allá de aumentar, responda a los requerimientos de un entorno exigente, que trabaja con indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y rentabilidad. Bajo la influencia de las dimensiones del desarrollo sostenible, las demandas tradicionales de este entorno han pasado poco a poco del mero suministro de alimentos a exigir una agricultura competitiva sostenible que sepa cómo reaccionar a la creciente presión social en torno al tema ambiental, que sea un factor de equidad y que garantice, para esta y para las generaciones por venir, la seguridad alimentaria.

Las estrategias con énfasis rural deben ser producto de un compromiso gubernamental, de un consenso político y de la responsabilidad del Estado. En este sentido, deben igualmente tener claridad en que lo que se busca a través de ellas es estimular el desarrollo económico y social sostenible por medio del crecimiento del sector rural y el empoderamiento de la industria agrícola. Para esto es necesario, como se observa en la Figura 5, que las dimensiones del desarrollo sostenible se relacionen de manera sincrónica con los factores de producción, lo que fortalecerá, simultáneamente, no solo las relaciones del trabajo agrícola -circunscrito a los factores de producción- con la industria, las empresas y el sector rural, sino los vínculos entre la agricultura y la investigación y el desarrollo -en términos de tecnología-, los recursos naturales, la infraestructura, el mercado y el recurso humano. De esta manera, se posibilitará mejorar las condiciones de vida de la población.

Así, las estrategias con énfasis rural deben ser, desde el momento mismo de su creación, instrumentos de política sectorial que generen la reactivación de mecanismos de financiamiento para los pequeños productores, para robustecer el factor productivo capital. Asimismo, deben fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico a partir de la investigación, sin dejar de lado la experiencia local, en total congruencia con la realidad social, económica y ambiental, para robustecer así el factor productivo tierra. Además, debe apostarle a una cualificación respetuosa con la realidad geográfica, histórica y cultural del campesinado colombiano, en busca de generar más y mejores opciones de trabajo para ellos. Para que esto sea una realidad, es necesario que sector, empresa e industria, factores de la dimensión económica, establezcan relaciones que intervengan con el adecuado funcionamiento del factor productivo trabajo, con el fin de generar economías de escala, sistemas de distribución eficientes, costos conjuntos y subsidios gubernamentales.

De igual manera se requiere que el recurso humano, los recursos naturales y la investigación y desarrollo, factores que hacen parte de la dimensión social, intervengan con el factor de producción tierra, con el propósito de ayudar a mejorar tanto el acceso como las condiciones de los denominados activos críticos, vinculantes con la gestión del agua, con las redes de distribución de alimentos y con el manejo y producción de la tierra. Esto favorecerá la actividad de la agricultura colombiana, por cuanto el campesino verá cómo puede tener acceso a la asistencia técnica, a los servicios financieros, así como a participar en las organizaciones locales. Además, es necesario que los factores de infraestructura, mercado y población (dimensión ambiental), completamente relacionados con el Gobierno, tengan una vinculación positiva con el capital como factor de producción, lo que facilitará el desempeño del sector rural en el mercado, el posicionamiento de los productos agrícolas y, por ende, una aceleración en el crecimiento de la economía y una mejor calidad de vida de la población.

Es, entonces, la relación interviniente positiva entre las dimensiones del desarrollo sostenible y los factores de producción lo que garantiza la existencia de la rivalidad en el terreno de juego rural. Una rivalidad que genera una lucha leal que beneficia a las personas y a la comunidad; que mejora el camino hacia las negociaciones y acuerdos, tanto de productos como de servicios, bajo estándares de calidad, utilidad y rentabilidad. Una rivalidad que genera en sus actores las habilidades y destrezas necesarias para afrontar el entorno, adentrarse en el mercado e incentivar la economía. Solo se requiere, como ya se había anotado en párrafos anteriores, de un compromiso gubernamental, un consenso político y la responsabilidad del Estado.

Factor de dignidad

La Constitución Política de 1991, en su artículo 1, proclama lo siguiente:

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

Este artículo deja entrever que la Constitución asume una posición antropocéntrica, mediante la cual se pretende garantizar la tan anhelada justicia social por medio de una serie de valores (normas morales) tales como la autonomía, la democracia y la participación. Estos valores buscan mejorar las condiciones de vida de la población. Pero también hay una serie de principios (normas jurídicas) -el pluralismo, el respeto de la dignidad humana y la solidaridad entre ellos- cuya finalidad es el logro de los valores enunciados. La dignidad, factor a trabajar en este apartado, se muestra como el principio rector del Estado social de derecho por el simple hecho de estar en directa relación con la vida. De ahí que se haga el vínculo relacional entre dignidad y ser vivo, o, si se quiere ser más explícito, entre dignidad y ser humano.

Es así como se reconoce el mérito de dignidad al ser humano. Desde la Antigua Grecia, el hombre era considerado merecedor de un trato acorde con su naturaleza humana. Una naturaleza, que, desde el misticismo, había trascendido de lo divino, desde lo digno. Es así como al ser humano se le adjudicaban unas cualidades divinas que lo hacían acreedor de dignidad. Dichas cualidades tenían que ver con su superioridad sobre los animales, su racionalidad, su autonomía, su poder de conciencia y su trascendencia. Con esto se comenzaron a entretejer los hilos de la denominada dignidad humana, que desde la modernidad es pilar de los derechos humanos. ^{Humboldt (2004, p. 59)} consideró esta dignidad como un “valor interior”, un “criterio universal” y un “sello de la humanidad”. Como arguye ^{Ansuátegui (1990)}, la dignidad humana es el “núcleo radical del que surge toda la construcción filosófica de los derechos fundamentales” (p. 9).

La dignidad humana y los derechos humanos destacan la vinculación que debe existir entre la ética, la moral y la norma. A partir de este supuesto, la dignidad humana, en su manifestación jurídica, determina la protección necesaria para que las personas, sin distinción alguna, puedan participar de una vida en comunidad fundada en derechos iguales para todos, sobre las bases del respeto, la libre expresión y la no discriminación. Esta es la razón por la que la dignidad humana es considerada el principio rector normativo de todo país que se autoproclama como un Estado social de derecho, pues la persona se convierte en un fin en sí mismo. La relación entre derechos humanos y dignidad humana no solo comparte el enfoque del desarrollo humano en cuanto promueve la libertad y el bienestar de las personas, factores sine qua non de la igualdad, sino que “amplía la mirada ocupándose de la mejora de instituciones, políticas y procesos” (^{Sahuí, 2014}, p. 112). Esto persigue el fin de garantizar, como lo señala la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006), “un espacio protegido en el que los grupos favorecidos no puedan monopolizar los procesos, las políticas y los programas de desarrollo” (p. 7). Esto significa que el propósito relacional entre los derechos humanos y la dignidad humana debe estar circunscrito a eliminar todas aquellas prácticas discriminatorias a las que se ven enfrentadas las personas que hacen parte de la denominada población vulnerable, como es el caso de los campesinos.

Esto no solo garantiza las libertades individuales, sino las oportunidades colectivas necesarias para el bienestar intergeneracional, la sostenibilidad y el desarrollo. Con esto se entra en el ámbito del desarrollo sostenible, una vez más, como en los dos apartados anteriores. Pero esta vez el desarrollo sostenible se engrana con la dignidad humana y los derechos humanos, lo que lo ubica y, por qué no decirlo, lo desafía a enfrentarse a una perspectiva ética que trasciende del campo económico, sin invisibilizarlo. Por lo tanto, el reto al cual se enfrenta el Gobierno, las instituciones y la sociedad

radica en analizar cómo los actores involucrados [en un desarrollo con sustentabilidad] procuran un diálogo donde se establezcan, bajo bases éticas, principios que les permitan afrontar en un balance las contradicciones y beneficios que este desarrollo ha generado en el entorno socioambiental, sin eludir las complicaciones que atañen a las eventualidades que esencialmente le han circundado. (^{Ferrer et al., 2004}, p. 4)

La ética es el estandarte sobre el cual se debe erigir el desarrollo, con el propósito de que, desde las relaciones de sus dimensiones ambiental, social y económica, se instituyan las bases de los valores productivo, territorial e identitario, sin los cuales no es posible hablar de libertades ni, por ende, de oportunidades. Estos valores conducen a apreciar la dignidad y la justicia social, factores sobre los cuales deben fundarse las políticas públicas, las reformas estructurales y las decisiones de la agenda pública. El desarrollo no se trata de supervivencia, ni mucho menos de subsistencia; se trata de bienestar, de dignidad, de respeto hacia todas las personas, incluyendo las más inermes, entre ellas la población campesina.

La dignidad, al formar parte del ser humano, se convierte, en palabras de ^{Cantú (2015, p. 136)}, “en un valor absoluto que involucra un proceso para su obtención”. Esto significa que es el principio y el fin del proceso del desarrollo, y para su realización depende de la voluntad política, del respeto a los derechos humanos y del desarrollo de las potencialidades del individuo, a través de las libertades individuales. Esto lleva a identificar la dignidad, en nuestro modelo relacional de variables, como la variable dependiente; los derechos humanos como la variable independiente, y el desarrollo sostenible y la justicia social como las variables intervinientes (Figura 6). Entre sí, estas variables generan sinergias que llevan a nivelar el terreno de juego social rural desde una perspectiva del factor de dignidad.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6 Relación entre variables y factor dignidad. 

Como se evidencia en esta figura, los derechos humanos (variable independiente) aparecen en medio de la dignidad (variable dependiente) y de las libertades (centro de las dimensiones y de los factores condicionantes del desarrollo sostenible). Posiblemente como articulador entre ambas, o tal vez mediador entre ellas y el desarrollo, o, por qué no, como garante ético. Sin importar su papel posicional desde el factor de dignidad, es claro que los derechos humanos contribuyen a garantizar la dignidad humana y a impulsar el desarrollo individual, lo cual implica la universalidad, lo multidisciplinario y lo indivisible de cada individuo. Sin la garantía inalienable de los derechos humanos, lo único que existe es pobreza, inequidad, discriminación y exclusión, lo que conduce a que se considere el campesino como un “ente” de valor social, económico y político inferior. Así, se le sustrae valor al habitante rural en una clara vulneración a su dignidad. De ahí que sea invisibilizado, apartado y segregado de los canales de participación ciudadanos, de la vida en comunidad, de hacer parte activa y productiva de la sociedad; en una palabra, los campesinos dejan de ser tratados como ciudadanos, en un sentido moral y jurídico.

Por tanto, se puede hablar de dignidad únicamente en un escenario donde los derechos humanos son respetados, garantizados y no vulnerados. Los derechos humanos, indistintamente de que sean de primera, segunda o tercera generación, brindan a la persona la garantía de vivir en un ambiente saludable, donde pueda ejercer sus derechos -el derecho a la opinión, a la reunión, a la asociación, a la participación; a tener un trabajo satisfactorio, una vivienda adecuada, una alimentación balanceada, un apropiado acceso a los servicios de salud y educación; a ser respetado en su cultura, a ser parte del desarrollo sostenible y a vivir en paz- en un entorno parcipativo, digno y democrático. Para que esto sea una realidad, es necesario que el Estado colombiano reconozca la igualdad de todos los habitantes del país, respetando y haciendo respetar, sin discriminación alguna, los derechos humanos de los que habla la Constitución. Solo así se puede llegar a hablar de dignidad. No obstante:

es palpable que muchos preceptos están todavía ausentes de los mecanismos mundiales de gobierno [Colombia no es la excepción] así como del orden social; es decir, persisten aún faltas de respeto a la dignidad de las personas, transgresión a los derechos humanos y falta de cumplimiento de las libertades fundamentales, que las ausentan de los beneficios del desarrollo. (^{Cantú, 2015, p. 137})

Lo anterior plantea un punto álgido en el análisis del factor relacional dignidad-derechos humanos, esto es, el tema de “los beneficios del desarrollo”. Todas las personas tienen derecho a estos beneficios, que están en relación directa con el estímulo del respeto a los derechos humanos y la garantía de las libertades individuales. Estos beneficios son producto de las dinámicas que confluyen dentro de las dimensiones del desarrollo y que fomentan la creación de riqueza y de empleo, el equilibrio territorial y la cohesión social mediante la promoción de la producción ecológica y ecoeficiente (valor territorial), la cultura creativa (valor identitario) y el desarrollo económico y territorial (valor productivo). Al interrelacionarse, estos valores generan sinergias entre cada una de las dimensiones del desarrollo, lo que abona el terreno para que se den las denominadas libertades (Figura 6).

En este sentido, se habla de la necesidad de generar un nuevo paradigma de desarrollo que supere el pensamiento racional económico, propio de la escuela económica clásica, y que, en su lugar, trabaje hacia lo que ^{Jiménez (2003)} denomina “la lógica compleja del sistema global” (p. 15), es decir, la articulación de la dinámica propia de la persona (desde un contexto individual) y de la comunidad (desde un contexto territorial) al engranaje que se da en las dimensiones del desarrollo (desde un contexto global). Este nuevo paradigma de desarrollo, en el cual, de manera sincrónica, converge lo individual, lo territorial y lo global, aboga por un sistema equitativo, donde todos, sin ninguna discriminación, tengamos derecho a ser partícipes de los beneficios del desarrollo. Se trata de un desarrollo que debe ser intergeneracional, inclusivo, envolvente y respetuoso; un desarrollo que debe propugnar por la justicia social y la sostenibilidad, y que -por ello- es considerado un derecho humano inalienable.

Es claro el hecho de que el desarrollo sostenible, la justicia social, los derechos humanos y la dignidad son variables imprescindibles para alcanzar el bienestar individual. Esto quiere decir que, si el propósito es equilibrar el terreno de juego social, se debe trabajar en 1) políticas públicas incluyentes e identitarias, 2) participación democrática y 3) desarrollo ético.