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Introducción
Durante el desarrollo del conflicto armado en Colombia, diferentes regiones del territorio nacional se han definido como “espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho, dando lugar a marginalidad social, política y económica” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 23). Una de estas es la subregión sur del Cesar, de gran valor estratégico económico y militar, dado que limita con los departamentos de Bolívar, Santander y Norte de Santander. Posee asimismo condiciones geográficas estratégicas, ya que comprende las regiones naturales de la serranía del Perijá, el complejo cenagoso de Zapatosa, el valle del río Ariguaní, y el valle del río Magdalena (Gobernación del Cesar, s. f.).
Por estas razones, en dicha subregión han hecho presencia grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las Autodefensas ilegales y, además, la delincuencia organizada (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2014; Defensoría del Pueblo, 2017). En cuanto al ELN, ha tenido presencia en la región como grupo guerrillero desde la década de 1960 hasta la actualidad, y ha generado disputas por el control territorial debido a sus condiciones geográficas próximas a la frontera con Venezuela. Las FARC llevaron a cabo acciones guerrilleras entre 1997 y 1998 con “cinco frentes (19, 20, 37, 41 y 59), pertenecientes a los Bloques Magdalena Medio y Caribe” (PNUD, 2014, p. 15); a pesar de que su accionar no fue constante, generó importantes conflictos territoriales. Por su parte, las Autodefensas hicieron presencia en la década de los ochenta mediante el control de vías, áreas urbanas y centros económicos importantes, y emprendieron una ofensiva contra los núcleos guerrilleros que operaban en la región, principalmente en el municipio de Aguachica (Melamed & Pérez, 2018). Por último, la delincuencia organizada genera disputas principalmente por el dominio de rutas del narcotráfico y el contrabando, y ejerce actividades criminales como extorsiones y secuestros (Trejos, 2020).
En este sentido, para enfrentar la presencia armada de estos grupos, el Ejército Nacional de Colombia, como institución del Estado, diseña el planeamiento estratégico militar, con el fin de implementarlo a través de su organización operacional. En esta subregión, entre otros, se encarga de esta organización operacional el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento (BITER) (Ejército Nacional de Colombia, 2016a). A la vez, desde los estudios de percepción de seguridad, bajo la perspectiva del institucionalismo (North, 2012), se favorece la construcción de políticas de seguridad (Vilalta, 2012) y el desarrollo de planes, programas y proyectos dirigidos por instituciones públicas, con el objetivo de prevenir el delito y reducir el crimen.
Por tanto, la presente investigación busca analizar la percepción de seguridad de una comunidad local a través de los soldados profesionales del Ejército Nacional de Colombia (Ejército), cuya misión es justamente proveer seguridad. De acuerdo con esto, la investigación comienza por preguntarse de qué manera la percepción de seguridad de los soldados profesionales puede contribuir en el planeamiento estratégico militar en una subregión que se considera un “espacio vacío de autoridad y Estado de derecho”. Como hipótesis, se plantea que la percepción de seguridad de los soldados profesionales, que son quienes desarrollan operaciones militares en los territorios, da una evidencia más tangible acerca de las condiciones de seguridad local y, por ende, aporta a la lógica del planeamiento estratégico militar desde una óptica inversa a la estructura jerárquica piramidal tradicional del Ejército Nacional de Colombia, ya que implica un enfoque organizacional bottom-up. Este proceso planeamiento estratégico, por lo general, se realiza de arriba a abajo (top-down) en consonancia con su estructura por rangos militares propia de una organización castrense, con una subordinación a una autoridad civil. Por lo anterior, este es un abordaje sin precedentes. Así, a partir del análisis de la percepción de quienes ejecutan dichos planes, se logra establecer un modelo de percepción del miedo al crimen que permite analizar los efectos que causa el miedo en una comunidad (Bissler, 2003).
Para el análisis de caso de la subregión sur del Cesar, hecho durante el primer semestre de 2020, se ha recurrido a una metodología de investigación cualitativa, que utiliza instrumentos como entrevistas semiestructuradas y encuestas. Mediante una muestra por conveniencia, se examinó la percepción de seguridad de 20 soldados profesionales y 3 oficiales que han realizado acciones militares en esta subregión, situados principalmente en el BITER 5, ubicado en el municipio de Aguachica, Cesar.
Este trabajo de investigación contribuye de manera original y sistemática a la construcción teórica en política pública de seguridad y defensa para regiones o zonas definidas como espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho. Se puede aplicar significativamente el modelo de percepción del miedo al crimen en dichas regiones, y este es potencialmente reproducible en otras zonas.
Marco teórico y conceptual
En el desarrollo disciplinar de la ciencia política se plantean aproximaciones teóricas que pretenden develar los fenómenos políticos y sociales mediante metodologías que permitan describir, interpretar y explicar la realidad (Losada & Casas, 2008). En particular, analizar el rol de las instituciones en entornos de conflicto armado es una tarea compleja (Larratt-Smith, 2020; Rettberg, 2020). Para comenzar, cabe señalar que las instituciones “proporcionan maneras de actuar por medio de las cuales es modelada y obligada a marchar la conducta humana, en canales que la sociedad considera los más convenientes” (Berger, 2000, citado en Rivas, 2003, p. 39).
Dentro de las teorías que abodan este rol se encuentra el institucionalismo, que busca aproximarse a los procedimientos, estructuras u organizaciones involucradas en el sistema político y que tienen influencia sobre la estabilidad de los gobiernos y su relación con la sociedad (Rivas, 2003). Según North, las instituciones se entienden como “las reglas de juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (2012, p. 13). Una de sus vertientes es el nuevo institucionalismo, que concede a las instituciones mayor autonomía y protagonismo.
A partir de esta vertiente teórica, se encuentran dos enfoques de implementación de políticas: top-down y bottom-up. El enfoque top-down es un modelo racional donde las acciones desarrolladas para ejecutar la política pública tienen plena congruencia con los objetivos trazados en el proceso de formulación (Pressman & Wildavsky, 1998; Parsons, 2007). Bajo este panorama, las instituciones siguen directrices y decisiones tomadas por altas autoridades gubernamentales y se opera en coherencia con su estructura jerárquica. Por otra parte, el enfoque bottom-up considera que, para un adecuado proceso de implementación de las políticas, la toma de decisiones debe favorecer las perspectivas de los funcionarios de bajo nivel, quienes tienen mayor contacto con la ciudadanía y son los encargados de ejecutar la política (Pülzl & Treib, 2007; Parsons, 2007).
Así, en cuanto a la implementación de política pública en zonas afectadas por el conflicto armado o marginadas social y económicamente, coexisten incertidumbres y miedos en los implementadores de política pública, que para este caso son los soldados. Estos servidores públicos son quienes se encuentran en los territorios y pueden dar una percepción más vivencial, lo que Lipsky denomina como “burocracias a pie de calle” (1971, citado en Pülzl & Treib, 2007). Según lo anterior, la planeación estratégica militar se da desde un modelo top-down, que concuerda con en esta organización jerárquica piramidal; es decir, el Gobierno nacional la encarga a los comandantes civiles y militares. Cabe destacar que invertir este modelo y desarrollar una planeación desde un enfoque bottom-up es algo poco explorado en una institución castrense.
Dicha planeación estratégica se entiende como el “arte y ciencia de entender la situación, imaginar un estado final deseado y trazar formas efectivas para conseguirlo” (Ejército Nacional de Colombia, 2016b, p. 9), de modo que aporte al objetivo estratégico de “proteger a la población y contribuir a su bienestar” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 48). Por ende, el BITER, adonde asiste el soldado profesional para recibir instrucción y entrenamiento en la conducción de operaciones militares (Forero, 2017), que tiene presencia en diferentes zonas y jurisdicciones del Ejército, tiene un papel significativo en la percepción de seguridad, en particular por las comunidades apartadas y afectadas por el conflicto.
La violencia del conflicto armado en zonas marginadas genera percepciones de inseguridad o miedo al crimen, temas poco estudiados en Colombia (Aguirre, 2014; Stepanova, 2010). García (2019) señala que la relación de las fuerzas militares y la sociedad civil se debe gestar en un escenario de democracia con control social, en especial cuando se da en las zonas rurales y más apartadas. La percepción de seguridad es un término utilizado por la criminología para evidenciar las sensaciones del ciudadano -en este caso, de los soldados profesionales como implementadores de política pública- frente a condiciones de seguridad o inseguridad que se presentan en su entorno (Manjarrés & Baca, 2019). Con respecto a esto, las investigaciones se centran primordialmente en el escenario del conflicto (Trejos et al., 2019) y posconflicto (Larratt-Smith, 2020; Wilches & Hernández, 2016), y en cuanto a la percepción de miedo al crimen, se suelen estudiar las grandes urbes, regiones y Estados (Cook, 2009; Manjarrés & Baca, 2019). Sin embargo, no se analizan los espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho1 en zonas apartadas de Colombia.
Los estudios de percepción de seguridad o miedo al crimen se emplean para comprender la criminalidad desde un enfoque integral y multicausal, lo que permite caracterizar los delitos que se presentan en un territorio (McIlwaine & Moser, 2003). Skogan y Maxfield (1981) argumentan que el miedo al crimen se asocia con reacciones emocionales expresadas en actitudes y comportamientos. Diversos son los autores que estudian la percepción de inseguridad, lo cual conforma un amplio marco teórico para examinar los sentimientos de miedo del individuo respecto al delito. Estas diversas propuestas teóricas se pueden clasificar por su enfoque priorizado en tres factores: el individuo, el entorno y el espacio (Tabla 1).
Tabla 1 Teorías de percepción del miedo al crimen
| Factores que prioriza | Teorías | Principales ideas o premisas | Principales autores |
|---|---|---|---|
| Individuo | Teoría de la victimización | Una persona va a sufrir ma yores niveles de temor en la medida que experimente de manera directa o indirecta afectaciones por el crimen (Hale, 1996). | Miethe & Lee, 1984; Dull & Wint, 1997; Carcach et al., 1995; Skogan & Maxfield, 1981; Hale, 1996; Skogan, 1987 |
| Teorías de la vulnerabilidad física | Atributos sociodemográficos como el sexo o la edad pue den determinar la capacidad del individuo para defender se ante el peligro y, poste riormente, reponerse física y psicológicamente de los trau mas causados por el ataque (Skogan & Maxfield, 1981; Bissler, 2003). | Skogan & Maxfield, 1981; Bissler, 2003; Hale, 1996; Killias, 1990; Smith & Torteston, 1997; Prechathamwong & Rujiprak, 2018; Sutton & Farrall 2004 | |
| Entorno | Teoría de la incivilidad | La persistencia continua de la actividad criminal en una comunidad puede someter al individuo a peligros e incre mentar el miedo al crimen. | Hunter, 1978; Skogan, 1990; Bissler, 2003; Prechathamwong & Rujiprak 2018; Kanan & Pruitt, 2002; Wyant, 2008 |
| Teoría de las redes sociales | Las relaciones de cohesión y confianza en una comunidad permiten el desarrollo de ma yores recursos para combatir o prevenir el crimen; entonces, en comunidades más unidas, la percepción de seguridad es menor. | Bursik & Grasmick, 1993; Sampson & Groves, 1989; Bursik & Grasmick,1993; Dammert, 2014; Vilalta, 2010; Ross & Jang, 2000; Villarreal & Silva, 2006 | |
| Espacio | Teoría del espacio definido | Principalmente en la configu ración urbana, la definición te rritorial de los espacios donde los individuos prestan seguri dad puede permitir una mejor percepción de seguridad. | Jacobs, 1994; Newman, 1996; Perkins et al., 1993; Taylir et al., 1984 |
Fuente: Elaboración propia con base en Manjarrés y Baca (2019) y Paydar y Kamani-Fard (2015) .
Según esta revisión documental, la teoría más empleada es la victimización. Esta plantea que las personas que en sus experiencias se ven afectadas por una actividad criminal experimentan mayores niveles de temor. De acuerdo con las investigaciones realizadas por Friedman et al. (1982), las experiencias de ser víctima de un crimen tienen efectos directos en la percepción de seguridad y en los comportamientos individuales. Esta teoría ha sido respaldada por estudiosos como Vilalta (2012), quien evidencia que los efectos psicológicos producto de una victimización sí se pueden asociar con el desarrollo del miedo al crimen.
Por el contrario, otras investigaciones consideran que la victimización tiene una relación muy débil con el miedo al crimen (Skogan & Maxfield, 1981; Carcach et al., 1995). Según académicas como Bissler (2003), esta situación debe ser analizada con otras variables, como la capacidad que tiene el individuo de evitar o hacer frente a una situación de victimización, y el grado de proximidad y confianza que los individuos tienen con quienes comparten en su vida cotidiana. Esta teoría se utiliza en la sociología y la antropología, en estudios sobre el daño y la violencia, y en esta ocasión se aborda en relación con el modelo de miedo al crimen.
En congruencia con lo anterior, el modelo de Bissler (2003) propone evidenciar relaciones entre algunas de las teorías expuestas. Para ello, se centra en varias subcategorias como la incivilidad, la victimización, la vulnerabilidad física y la red social, que permiten explorar tanto los efectos que causa el miedo en una comunidad debido a la comisión de crímenes y la victimización, como los efectos de una red social, ya sea por empoderamiento de la comunidad o por información indirecta de victimización.
La primera subcategoría es la incivilidad, o la falta de civilidad o cultura. Según esta, en un ambiente físico compuesto por diferentes factores como el crimen, las malas prácticas y la costumbre a una cultura ilícita, el nivel de percepción de incivilidad aumenta simultáneamente con el nivel de miedo, como consecuencia de las amenazas que rodean a los sujetos. La segunda subcategoría, la victimización, se trata de los efectos psicológicos y materiales posteriores a una experiencia directa o indirecta como víctima de un crimen. Esta subcategoría supone que el miedo al crimen está relacionado con la proximidad del sujeto a una experiencia riesgosa vivida personalmente o conocida por la experiencia de otra persona cercana. Los sentimientos de victimización pueden incrementarse por características demográficas, ya que esto facilita la dispersión indirecta del miedo al crimen (Bissler, 2003).
La tercera es la vulnerabilidad física, que se centra en la capacidad que tienen los sujetos para defenderse ante el peligro y hace referencia al sentimiento particular de ser atacado o a las repercusiones relativamente severas del ataque. Esta vulnerabilidad puede ser física o social. En lo físico, puede variar con el género y la edad: entre mayor edad, mayor es el sentimiento de vulnerabilidad, y en cuanto al género se relaciona con las condiciones físicas para responder a un ataque. En lo social, la vulnerabilidad se relaciona con la subcategoría de la incivilidad, que puede variar por pertenecer a un grupo sociodemográfico determinado (Bissler, 2003).
Por último se encuentra la red social, que representa la relación del sujeto y su nivel de miedo al crimen a través de la comunidad, debido a la cohesión y los recursos disponibles. Esta subcategoría puede funcionar negativamente cuando la información de victimización se expande, lo que incrementa el miedo; pero puede también funcionar positivamente por medio de la cohesión de los integrantes de la red o del control informal del grupo social mediante acciones de cuidado comunitario (Bissler, 2003).
Metodología
Para este estudio se utilizó una metodología cualitativa orientada al análisis del contexto institucional, para entender la aplicación del enfoque de implementación de política pública bottom-up. Asimismo, para responder al objetivo de la investigación, se aplicó el modelo de Bissler, que por su diseño facilita el uso del método hipotético deductivo. Asimismo, se aplicaron una encuesta y una entrevista semiestructurada, cuya sistematización se hizo mediante software estadístico. Se definió y seleccionó la muestra a través de un muestreo no probabilístico y no aleatorio, mediante la técnica de muestra por conveniencia, en razón de la accesibilidad a los sujetos seleccionados.
Muestra e instrumentos
Se ha seleccionado la subregión sur del Cesar debido a su carácter de espacio vacío de autoridad y Estado de derecho, así como por ser una zona estratégica de intervención integral (ZEII) (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 2019). En relación con los sujetos de estudio, se seleccionaron soldados profesionales que se encuentran activos y pertenecen principalmente al BITER 5 “Andrés María Rosillo”, y se complementa con el Batallón n.° 14 “Antonio Ricaurte” de la jurisdicción de la Quinta Brigada y Segunda División del Ejército, ubicados ambos en el municipio de Aguachica, Cesar. En este estudio participaron 20 soldados y 3 oficiales, en la medida que se encontraban realizando labores de entrenamiento militar y la disponibilidad de tiempo era limitada.
Se diseñaron dos instrumentos de recolección. El primero, una entrevista semiestructurada individual para ahondar en la percepción de los participantes mediante el diálogo, sin presencia de superiores o personal militar para disminuir el sesgo en sus respuestas. El segundo es una encuesta para obtener datos demográficos y complementarios a la entrevista y hacer un proceso de triangulación de la información. Esto con el fin de proyectar y generar un análisis sobre los posibles escenarios que se puedan reproducir en otras zonas marginadas a nivel nacional.
La construcción de los instrumentos se realizó entrelazando las cuatro subcategorías mencionadas con las preguntas formuladas. Las preguntas para la encuesta y la entrevista semiestructurada se diseñaron para dos grupos de sujetos: los soldados profesionales y los oficiales. Para el primer grupo, la entrevista contenía diez preguntas, con el propósito de generar un diálogo centrado en su experiencia personal y sus respuestas emocionales. La encuesta comprendía diez preguntas, un 80% de respuesta de selección múltiple y un 20% dicotómicas. Esta encuesta se desarrolló en grupo con respuesta individual. Así, diferenciadas por cada subcategoría, la incivilidad comprendía 7 preguntas; la victimización, 3; la red social, 2, y la vulnerabilidad física, 8 (Tabla 2).
Tabla 2 Clasificación de instrumentos dirigidos a soldados profesionales
| Categoría | Subcategoría | Instrumento | Pregunta |
|---|---|---|---|
| Percepción de seguridad | Incivilidad | Entrevista | 1, 2, 3, 8 |
| Encuesta | 1, 3, 10 | ||
| Victimización | Entrevista | 6 | |
| Encuesta | 2, 4 | ||
| Red social | Entrevista | 9 | |
| Encuesta | 9 | ||
| Vulnerabilidad física | Entrevista | 4, 5, 7, 10 | |
| Encuesta | 5, 6, 7, 8 |
Fuente: Elaboración propia.
Dentro del proceso de triangulación de la información, se desarrolló un instrumento complementario, dado que la muestra era por conveniencia. Así, se aplicaron tres entrevistas semiestructuradas al grupo de los oficiales. Estas entrevistas comprendían diez preguntas con el ánimo de profundizar en su percepción desde la planeación estratégica en la subregión sur del Cesar. En su diseño, se mantuvo el enlace de preguntas con las subcategorías (Tabla 3).
Tabla 3 Clasificación de entrevista dirigida a oficiales
| Categoría | Subcategoría | Instrumento | Pregunta |
|---|---|---|---|
| Percepción de seguridad | Incivilidad | Entrevista | 1, 2, 7 |
| Victimización | Entrevista | 3, 8 | |
| Red social | Entrevista | 10 | |
| Vulnerabilidad física | Entrevista | 4, 5, 6, 9 |
Fuente: Elaboración propia.
Los instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto antes de su aplicación en campo. En total, se hicieron seis pruebas piloto con soldados profesionales y tres con oficiales. En las pruebas se midió la pertinencia de las preguntas, se evaluó si el vocabulario era adecuado y claro, así como su agilidad. Tras las pruebas se realizaron los ajustes y modificaciones a los pilotos para su aplicación.
Recolección y análisis de datos
El BITER 5 fue seleccionado inicialmente por estar en una zona de espacio vacío de institucionalidad y con precaria institucionalidad, así por estar determinado como ZEII. Este agrupa soldados profesionales con operaciones militares recientes en la subregión del sur del Cesar. En un primer momento, se llevaron a cabo trece entrevistas con soldados profesionales, tras lo cual se reconoció que, por la organización de las actividades de entrenamiento y la poca disposición de tiempo, no se contaba con más soldados en este lugar. Se identificó entonces que cerca a esta unidad se ubica el Batallón n.° 14 “Antonio Ricaurte”, encargado de proveer seguridad a esta subregión, y allí se pudo realizar el ejercicio con siete soldados profesionales y un oficial, jefe de operaciones.
En la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, localizados en la ciudad de Bucaramanga, se encuentran los lugares de planeación estratégica militar para la subregión sur del Cesar. Allí, se realizaron las entrevistas a otros dos oficiales de alto rango, con lo cual se completó un total de veinte soldados y tres oficiales. Respecto a la codificación y sistematización de la información, se utilizó Atlas.Ti para el análisis cualitativo de las entrevistas y SPSS para los datos cuantitativos recolectados de las encuestas.
Resultados
El planeamiento estratégico militar se encuentra en el marco de la política de defensa y seguridad. Por esto, se relacionan los resultados de su adaptabilidad desde la perspectiva del contexto institucional y las percepciones de seguridad en la subregión sur del Cesar. Desde el enfoque bottom-up, se presentan los resultados con la perspectiva de los actores o implementadores de la política, principalmente soldados profesionales, y se complementa con la visión estratégica de los oficiales.
Contexto institucional
Mediante sus instituciones, y bajo las disposiciones de los gobernantes en temas de agenda, el Estado diseña políticas públicas en seguridad que se materializan en planes y proyectos, destinados a ser ajustados y adaptados para su implementación. La Constitución Política de Colombia determina que las Fuerzas Militares, en el marco del Ministerio de Defensa, tienen “como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” (Constitución, artículo 217). Esto significa que su participación es activa en los tres elementos que comprenden el Estado: población, territorio y soberanía (Constitución, títulos III y IV). Según Heller (2014), el territorio funciona como esfera de acción espacial del poder del Estado; la población se refiere al pueblo, es el lugar donde nace y reside el Estado y toda organización, y la soberanía se expresa en su capacidad real de poder supremo “en su territorio, exclusivo, irresistible y sustantivo” (p. 258). Igualmente, Jellinek (2004) considera los fundamentos filosóficos y una visión jurídica positivista del derecho, donde el Estado busca ser garante de derechos a partir de un conjunto de reglas que sirven como mecanismo de control en la esfera pública.
Estos son los fundamentos del accionar de las Fuerzas Militares, para el cual el Gobierno nacional, en cada periodo presidencial, establece la política pública de seguridad a través del Ministerio de Defensa Nacional, y alinea las instituciones para la generación de planes y programas. Actualmente está vigente la Política de Defensa y Seguridad (PDS) “Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad”, cuyo enfoque multidimensional tiene como objetivo hacer presencia en los “espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho” o “espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad” (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). Esta PDS, junto con la línea “Protección de la población y la seguridad ciudadana”, responden al pilar de “Pacto por la Legalidad” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Presidencia de la República, 2019). En este marco, la interacción entre civiles y militares se sostiene mediante la consolidación de los principios democráticos y de empoderamiento de la ciudadanía (García, 2019).
En la Doctrina Damasco, el proceso de operaciones (PRODOP) comprende los pasos que el comandante ejecuta en las operaciones militares, centrado en el planeamiento (Ejército Nacional de Colombia, 2018). Para ello, se utilizan tres metodologías: 1) metodología de diseño del Ejército (MDE), 2) proceso militar para la toma de decisiones (PMTD) y 3) procedimiento de comando (PDC). En este caso, el planeamiento estratégico militar en la subregión sur del Cesar se centró en la MDE, definida como “un sistema para aplicar el pensamiento crítico y creativo, entender, visualizar y describir los problemas desconocidos y aproximarse a la solución de ellos” (Ejército Nacional de Colombia, 2016b, p. 12).
La subregión sur del Cesar es una zona altamente afectada por la violencia y el conflicto, donde los grupos armados buscan desestabilizar la democracia y el papel de la institución, principalmente en zonas apartadas y marginadas; lo hacen, por ejemplo, con ataques a infraestructuras energéticas (Lordan-Perret et al., 2019). Por ello, esta subregión se identifica como un espacio vacío de institucionalidad, y está incluida en las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII) (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 2019). Estas zonas se caracterizan por ser estratégicas y estar ubicadas en un territorio con ausencia o “déficit de legalidad; vacíos de institucionalidad o con una precaria presencia estatal; ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente que están en alto riesgo o franjas de frontera” (Ministerio de Defensa, 2019, p. 38).
Según el informe presentado por el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) (2018), en esta subregión actúan grupos armados como el ELN, grupos armados organizados residuales y los Pelusos. Cabe señalar que la afectación departamental por el accionar narcoparamilitar es del 68%. Entre los 25 municipios del departamento, los que registran un nivel alto de afectación son Aguachica, La Gloria y Tamalameque, y con un nivel medio aparecen San Alberto y San Martín. Con excepción de Gamarra, ausente en el informe, estos municipios conforman la subregión sur del Cesar (Indepaz, 2018).
Asimismo, según la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana realizada en 2019 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que examina la percepción de seguridad, al indagar a las personas si se sienten seguras o inseguras en su ciudad, poblado o centro rural disperso en Colombia, “el 50,1% de las personas que habitaban en cabecera indicó sentirse inseguro(a) en su ciudad y el 23,8% de las personas que habitaban en centro poblado y rural disperso indicó sentirse inseguro en su municipio” (DANE, 2019, pp. 21-22).
Percepción de inseguridad
Los resultados que se presentan a continuación provienen de las encuestas y entrevistas semiestructuradas realizadas a 20 soldados profesionales y 3 oficiales hombres. El intervalo de edad en los primeros sujetos de estudio está entre los 21 y los 37 años, con una edad media de 30 años (σ 4,804) y una media de 9,5 años en servicio activo en la institución (Figura 1). Los tres oficiales corresponden a un oficial de operaciones del Batallón de Infantería n.° 14 y dos oficiales jefes de operaciones de la Quinta Brigada y la Segunda División del Ejército, respectivamente.
Partiendo de la caracterización de la muestra y la codificación de los datos, se generó un árbol de correlaciones entre las subcategorías (Figura 2). A continuación se muestran los resultados por cada subcategoría.
Incivilidad
La primera subcategoría evidencia los factores externos en relación con el contexto en el que los soldados desarrollan operaciones militares. Estos factores permiten identificar la condición de seguridad en la subregión. Al respecto, los soldados identificaron la presencia de actores generadores de violencia como grupos armados organizados (GAO) en la subregión (Figura 3).
Frente a estos actores, los oficiales entrevistados coinciden en que el ELN ha operado de forma continua en la subregión, principalmente en los municipios de San Martín, San Alberto, Aguachica y Gamarra. Estos municipios componen uno de los principales corredores de movilidad del ELN, que conectan con el sur de Bolívar, el Catatumbo y la serranía de Perijá.
En la subregión convergen dos de los principales ejes viales del país: la Ruta del Sol y la Vía al Mar, los cuales permiten el tráfico terrestre de mercancía y pasajeros entre el centro del país y la costa atlántica. Sin embargo, según señalan los entrevistados, estas vías tienen una vulnerabilidad manifiesta por su alto valor estratégico. Asimismo, dentro de la misión constitucional del Ejército en las regiones está proteger todos los bienes y recursos del Estado, al igual que garantizar los escenarios de seguridad para la población. Un 70% de los soldados entrevistados afirmaron que la zona con mayor presencia de flujo de economías ilegales es la zona montañosa.
Tabla 4 Distribución de inseguridad por zonas
| Zona | % | |
|---|---|---|
| Identifique la zona del sur del Cesar donde se presentan más problemas en seguridad | Aguachica | 10 |
| Cascos urbanos | 5 | |
| Fuera de la región | 5 | |
| Valle del río Magdalena | 5 | |
| Zona ganadera | 5 | |
| Zona montañosa | 70 | |
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a la percepción de cómo ha cambiado la situación de seguridad en la región, los entrevistados creen que sigue igual en un 40%; que está peor, 25%; mejoró, 25%, y un 10% no sabe. Esto revela una percepción negativa frente a su entorno.
Victimización
La victimización más común en la subregión es el secuestro a ganaderos, hacendados y agricultores, con una interacción entre la delincuencia común y los GAO. A partir de la información recolectada en las entrevistas, se pudo saber que la delincuencia común desarrolla el secuestro con fines lucrativos para solicitar una recompensa a los familiares, y en caso de no obtener esta fuente de ingreso, lo que hacen es ofrecer el secuestrado a otro actor armado. Según un entrevistado, esta práctica se conoce como outsourcing.
Frente a la pregunta de si el desarrollo de su actividad como soldados profesionales representaba algún grado de riesgo frente a su integridad física o emocional, los soldados profesionales respondieron en un rango de frecuencia: el 35% dijo que siempre; el 10%, casi siempre; el 45%, a veces, y el 10%, casi nunca. De acuerdo con esto, se concluye que la mayoría reconoce que existe un riesgo de victimización latente en el ejercicio de su profesión.
Vulnerabilidad física
La vulnerabilidad física se refiere a la capacidad que tienen los sujetos para defenderse ante el peligro, así como al sentimiento particular de ser atacado o a las repercusiones relativamente severas del ataque. En esta subregión, la comunidad se ve expuesta a las dinámicas del contrabando, el narcotráfico y el tráfico de armas, lo que los convierte en un grupo sociodemográfico vulnerable físicamente, independientemente del género y la edad. La vulnerabilidad física contra la comunidad de la región se observó a través de los soldados, quienes manifiestan que las situaciones de violencia y de criminalidad en la subregión han mutado y diversificado en el nuevo escenario de posacuerdo. Esta situación genera una percepción de incertidumbre y un incremento en la valoración negativa de vulnerabilidad, tal como lo evidencia el siguiente fragmento de entrevista:
[...] uno antes tenía objetivos trazados, una meta, que uno sabía que el factor de inseguridad era la guerrilla. Pero ahora como surgieron tantas bandas, como que se atomizaron, eso como que se congestionó más porque surge tantas bandas que uno no sabe quién es. (Soldado profesional, comunicación personal, 11 de mayo del 2020)
Los soldados reconocen que los procesos de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento cumplen una función importante en la construcción de capacidades físicas y psicológicas para afrontar el riesgo, lo cual les permite sobreponerse a situaciones de riesgo. Específicamente, el 85% de los soldados manifestó que estaba de acuerdo con esto, y el 15% dijo que estaba parcialmente de acuerdo.
Red social
La red social se define como la relación del sujeto y su nivel de miedo al crimen a través de la comunidad, que puede aumentar o disminuir de acuerdo con la cohesión y los recursos de la comunidad por evitar el crimen. En este sentido, el BITER se convierte en uno de los mecanismos de la comunidad para disminuir el nivel de miedo al crimen en la subregión. En los resultados de esta subcategoría, la mayoría de los soldados describe que la relación entre el Ejército y la sociedad civil es excelente. Esta relación se caracteriza por el grado de confianza y cooperación entre las partes, tal como se expresa en el siguiente fragmento de entrevista:
Excelente, existe un alto grado de confianza en la Institución. Como lo decía yo anteriormente, el gremio ganadero, agricultor respaldan mucho el trabajo de la Institución y ellos de por sí se sienten muy seguros con la presencia del Ejército. (Oficial de operaciones, comunicación personal)
Cabe señalar que los soldados están de acuerdo con la percepción de que el BITER contribuye a generar lazos de confianza entre el Ejército y la población, lo que corresponde a un 81,3% de los entrevistados que consideran que esto es correcto. Esto evidencia que la institución tiene un alto grado de legitimidad en la subregión (Figura 4, Tabla 5).
Fuente: Elaboración propia.
Figura 4 Redes neuronales en la percepción de seguridad del BITER en la subregión. Confianza 1: de acuerdo; Confianza 2: parcialmente de acuerdo; Confianza 4: en desacuerdo.
Tabla 5 Clasificación del pronóstico de percepción de seguridad del BITER
| Ejemplo | Observado | Pronosticado | |||
|---|---|---|---|---|---|
| De acuerdo | Parcialmente de acuerdo | En desacuerdo | Porcentaje correcto | ||
| Entrenamiento | De acuerdo | 13 | 0 | 0 | 100,0% |
| Parcialmente de acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| En desacuerdo | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Porcentaje global | 100% | 0 % | 0% | 81,3% | |
| Pruebas | De acuerdo | 1 | 0 | 0 | 100,0% |
| Parcialmente de acuerdo | 2 | 0 | 0 | 0,0% | |
| En desacuerdo | 1 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Porcentaje global | 100% | 0 % | 0% | 25,0% | |
| Variable dependiente: el BITER ayuda a generar confianza con la sociedad civil. | |||||
Fuente: Elaboración propia.
Sin embargo, cabe mencionar que las acciones para disminuir el nivel de miedo al crimen, como el control de área, retenes, puestos de control y requisas, son desarrolladas por el Batallón n.° 14 “Antonio Ricaurte”. Estos son elementos esenciales para mantener la seguridad y prevenir los crímenes, lo cual se refleja en el porcentaje de desacuerdo (20%).
Discusión
En concordancia con los planteamientos teóricos desarrollados, se puede evidenciar que el modelo Bissler permite una comprensión amplia, precisa y multicausal de los factores que afectan la percepción de seguridad en los individuos. Igualmente, contribuye al análisis del enfoque bottom-up en la planeación estratégica del Ejército en los espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho o de poca institucionalidad del territorio nacional. También se da respuesta a la pregunta de investigación postulada, ya que los soldados, al ser los encargados de desarrollar y ejecutar la política pública de defensa en la subregión, tienen un contacto cotidiano con la institucionalidad local y los ciudadanos, lo que hace que conozcan los efectos que tienen algunas prácticas institucionales en la consolidación territorial. Esto se evidencia en las variables de vulnerabilidad física y red social.
Por otra parte, la proximidad de los soldados profesionales a los territorios favorece una visión más actualizada de los retos a la seguridad en el sur del Cesar, como se evidencia en la variable de incivilidad. Allí se identificaron tres amenazas: actores generadores de violencia, activos estratégicos y presencia de economías ilegales. Los primeros están definidos por la política pública de seguridad y defensa como grupos armados que generan inestabilidad en los territorios (Ministerio de Defensa Nacional, 2019). En cuanto a los activos estratégicos, se trata de los recursos cuya protección es de relevancia especial para la Nación y, en esta medida, para el Ejército, y consisten en la infraestructura física, que, dada su funcionalidad o su servicio público, se considera un recurso nacional esencial (Ejército Nacional de Colombia, 2018; Lordan-Perret et al., 2019). En cuanto a la presencia y surgimiento de economías ilegales en la subregión, son una amenaza debido a que se utilizan para el financiamiento de la mayoría de los GAO que operan en el país.
Asimismo, ha habido una transformación en las dinámicas de la violencia en la región, dada la proliferación de la delincuencia común, que es actualmente la mayor responsable de los focos de inseguridad y de violencia cotidiana, materializada en secuestros, extorsiones, hurtos y homicidios. Esto conlleva efectos en la variable de victimización, que presenta datos importantes sobre los patrones de violencia en el territorio. Esta información respalda la construcción de una planeación más enfocada a garantizar la protección de la población que tiene un grado de vulnerabilidad superior.
Igualmente, se encuentra que, entre más actores generadores de violencia y cercanía de la población con el BITER, más vulnerabilidad física hay tanto para los soldados como para la población civil. Si bien ningún soldado manifestó alguna afectación física, esta variable se enfocó en la relación del entrenamiento militar con esa probabilidad de vulnerabilidad física. Los soldados identifican que los recursos humanos, técnicos y tecnológicos -entendidos como capacidad militar- con los que cuenta el Ejército para desarrollar su misión constitucional son coherentes y adecuados para las características de la zona y son favorables para combatir la amenaza con una valoración favorable del riesgo.
Si bien el propósito de los BITER es entrenar y reentrenar al personal militar, se identificó que el batallón sí tiene incidencia en la percepción de seguridad por los siguientes aspectos: su presencia en el territorio como referente de la institución y el Estado; el batallón sirve de plataforma para el lanzamiento de operaciones militares en todo el Magdalena medio; y la constante movilización y rotación de personal militar impacta la percepción sobre el pie de fuerza y la capacidad militar en la región. Dentro de los mecanismos de control informal del grupo social, las acciones de cuidado comunitario son relevantes en cuanto al nivel de confianza con el soldado profesional. Así, se logra tener un efecto disuasivo sobre el miedo al crimen y, por ende, se incrementa la confianza entre el Ejército y la población civil.
Los soldados reconocen, también, los efectos positivos de los procesos de formación institucional, ya que la instrucción promovida favorece el desarrollo de capacidades necesarias para mitigar el riesgo en las operaciones, así como promueve la profesionalización de los soldados, creando marcos de referencia, un lenguaje común y una visión más coherente de la guerra, en un contexto donde la amenaza es fluctuante y cambiante.
Entre los hallazgos inesperados, está el hecho de que, por las dinámicas de campo, se desarrolló en más lugares de los proyectados; sin embargo, se buscó que correspondieran a la jurisdicción de la Quinta Brigada, específicamente a la Segunda División con sede en Bucaramanga y la subregión sur del Cesar. Esto enriqueció aún más la investigación, debido a que complementó la percepción e ideas de los soldados con oficiales de la institución que, por su rango y formación, poseen información y capacitación estratégicas. Se puede identificar que los soldados profesionales brindan aportes locales y focalizados sobre el territorio, mientras los oficiales brindan aportes más amplios y generales de la subregión. De esta manera, se condujo a una mirada extensa sobre las condiciones de seguridad del territorio.
Conclusiones
El abordaje de la percepción de seguridad desde un enfoque bottom-up es la principal propuesta de esta investigación, que resulta novedosa al aplicarse dentro de una institución militar como el Ejército Nacional de Colombia. Desde una perspectiva institucional, el Estado se materializa en el Ejército, específicamente en sus batallones, dado que brinda visibilidad mediante su presencia y aporta seguridad en espacios vacíos del territorio colombiano, con lo cual cumple la misión constitucional de proteger los elementos del Estado como el territorio, la población y la soberanía.
El aporte más significativo, en opinión nuestra, ha sido acudir a las percepciones de los soldados profesionales, que, sin ningún precedente, tuvieron voz sobre factores que se deben tener en cuenta en el planeamiento estratégico militar. Dicho aporte se debe dar mediante una contribución más detallada, dinámica, focalizada y multicausal, con diferentes matices en las condiciones en que se desarrollan las operaciones y también en términos de los recursos físicos, tecnológicos y de personal necesarios para mejorar ese proceso de planeación.
Se han mencionado, mas no se han correlacionado, las nuevas amenazas identificadas, como los actores ilegales, los activos estratégicos y las economías ilegales. En este sentido, se evidencian nuevas percepciones que parten de un escenario de posacuerdo, tanto en el interior de la institución como en la población civil de estos territorios. Es destacable la complejidad de factores que afectan dicha percepción.
Por su parte, la aplicación del modelo de Bissler evidencia la necesidad de un enfoque bottom-up en la planeación estratégica militar en zonas altamente afectadas por el conflicto, o espacios vacíos de autoridad y Estado de derecho. La percepción positiva de seguridad del soldado profesional en las relaciones de mutuo reconocimiento entre la sociedad civil y el Ejército construye relaciones de confianza y favorece acciones colectivas mutuamente beneficiosas. Igualmente, el apoyo de la sociedad civil a las instituciones del Estado, en este caso del Ejército, permite el ejercicio pleno del poder político y favorece la consolidación territorial.
Esta investigación abre un escenario para nuevas investigaciones dentro de instituciones castrenses, al exaltar la potencialidad de este enfoque de abajo hacia arriba y al demostrar cómo los soldados profesionales pueden aportar al planeamiento estratégico en los territorios más complejos de Colombia.
