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Introducción: el crimen organizado en España
El fenómeno de la criminalidad organizada se encuentra asentado en España desde hace ya décadas. Si uno echa la vista atrás, pueden encontrarse organizaciones y grupos ya desde los años ochenta del pasado siglo en regiones como Galicia, donde estructuras unidas por lazos familiares o de amistad se dedicaron, primero, al contrabando de tabaco, para después, ya adentrados en la década de 1990, dar el salto al tráfico de drogas, fruto de los contactos de estas organizaciones y grupos con cárteles, mayoritariamente, colombianos1. Estas agrupaciones, integradas en su inmensa mayoría por ciudadanos españoles, estaban -y están- dotadas de estructuras complejas que han logrado un destacado nivel de penetración social y económica (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, p. 355). Prácticamente de forma paralela, la Costa del Sol en Andalucía ha sido testigo del asentamiento de organizaciones criminales y mafiosas de composición multinacional, cuyas actividades delictivas han ido mucho más allá del tráfico de drogas. Un ejemplo lo constituyen las mafias italianas o rusas, o bien los cárteles colombianos, que gestionan la delincuencia grave transfronteriza y que se han perpetuado en territorio español.
La delincuencia organizada presente hoy en España ha evolucionado considerablemente. Por un lado, viene mostrando un gran poder de adaptación y, por tanto, está cada vez más diversificada en su estructura y modus operandi, lo que incide en un mayor impacto de esta en la sociedad (Consejo de Seguridad Nacional, 2019). Ello se observa claramente en aspectos tales como la diversificación de las actividades criminales, la apertura de nuevas rutas y mercados, la creciente especialización de dichas actividades, así como la adopción de nuevas técnicas, métodos y procedimientos. Por otro lado, y si bien siguen proliferando los grupos y organizaciones de origen extranjero asentados en zonas como la referida Costa del Sol, en las últimas fechas se han consolidado estructuras criminales autóctonas, algunas de ellas con un trasfondo étnico común y que, como se verá a lo largo de este trabajo, presentan ciertas similitudes con los clanes familiares de origen árabe que actúan en otros países europeos, como es, por ejemplo, el caso de Alemania (Cano, 2020).
Tomando en consideración la línea de investigación desarrollada por De la Corte y Giménez-Salinas en un trabajo publicado en el año 2010, España ha experimentado en los últimos años la implantación y el afianzamiento de tres formas distintas de delincuencia organizada: 1) una criminalidad organizada autóctona fuerte, consolidada e independiente; 2) un tipo autóctono que establecería alianzas con grupos criminales no europeos; y 3) una criminalidad exclusivamente integrada por grupos extranjeros que operan por cuenta propia y desarrollan diversos negocios ilícitos en España (en algunos casos entrando y saliendo del territorio nacional, y en otros estableciendo su residencia en él). No cabe duda de que estas tres modalidades de crimen organizado siguen vigentes en la actualidad (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, p. 341).
Con base en lo anterior, este trabajo tiene como objetivo analizar los clanes familiares autóctonos asentados en España, que encuentran en la asociación criminal y, unido a ello, en los lazos étnicos y familiares una serie de ventajas para facilitar y perpetuar su actividad delincuencial. Se trata de grupos delictivos que presentan una serie de diferencias destacadas con respecto a las organizaciones clásicas como las mafias italiana y rusa, Estas diferencias se observan en aspectos como su estructura interna, su permanencia en el tiempo, sus formas de actuación o las tipologías delictivas que desarrollan; pese a lo cual, no obstante, cumplen con muchos de los requisitos asociados a la criminalidad organizada.
Respecto a la definición de criminalidad organizada, la doctrina coincide en la necesidad, como punto de partida, de diferenciar la organización o grupo criminal de una simple asociación para delinquir o codelincuencia. Esto significa que cuando se habla de criminalidad organizada se está ante algo más que una simple concertación de personas con el propósito de cometer delitos de forma esporádica. Conviene recordar que la Oficina Europea de Policía (Europol) establece un listado con los siguientes indicadores para definir un grupo u organización criminal: 1) colaboración de más de dos personas; 2) reparto específico de tareas; 3) actuación prolongada o indefinida en el tiempo; 4) uso de algún tipo de disciplina o control interno; 5) comisión de delitos graves; 6) extensión de la actividad al ámbito internacional; 7) uso de la violencia; 8) uso de estructuras económicas o comerciales; 9) implicación en el blanqueo de capitales; 10) uso de influencia o corrupción; y 11) búsqueda de beneficios o poder. Europol señala que se requieren seis de estos indicadores para ser grupo organizado: obligatoriamente los números 1, 3, 5 y 11, y al menos otros dos optativos (Consejo de la Unión Europea, 2000, pp. 12-13).
Específicamente, desde un análisis criminológico comparado, los clanes familiares objeto de estudio acá presentan una cierta afinidad con los clanes de origen árabe que desde hace unos años operan en territorio alemán, y que fueron objeto de análisis en otro trabajo reciente (Cano, 2020). Como se verá a continuación, la actividad delictiva en ambos casos viene marcada por una dimensión estrictamente económica: maximizar los beneficios y la rentabilidad.
En concreto, este estudio se compone de dos partes, la primera de las cuales constituye este artículo. En esta primera parte se analizan, en primer lugar, las características que presentan en general los clanes familiares en España. A continuación, se estudian las actividades delictivas que marcan la actuación de estos grupos. Finalmente, se indaga en las causas que han dado lugar al nacimiento y consolidación de este fenómeno en la realidad criminal española.
Por último, resulta necesario señalar que, en el caso concreto de España, los estudios criminológicos sobre la temática relativa a los clanes familiares brillan por su ausencia. Sí existe una amplia bibliografía sobre crimen organizado, pero está enfocada casi de forma exclusiva en los grupos y organizaciones tradicionales que vienen actuando en España desde hace décadas. Por ello, a la hora de realizar el siguiente trabajo, se ha acudido como fuente de información primaria tanto a artículos aparecidos en la prensa española (en relación con operaciones policiales dirigidas contra determinados clanes familiares) como, sobre todo, a la información obtenida en sendas entrevistas realizadas en julio de 2020 a dos agentes de la Policía Nacional española adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) en la zona del Campo de Gibraltar y en la ciudad de Granada, lugares con una constatada presencia de clanes familiares vinculados sobre todo con el tráfico de drogas. Dichas entrevistas han permitido obtener información novedosa de primera mano sobre las características y actividades delictivas de los clanes familiares; información que se reproduce en los epígrafes siguientes.
Características generales de los clanes familiares
Tal y como señalan distintos informes publicados en las últimas fechas (Consejo de Seguridad Nacional, 2019; Departamento de Seguridad Nacional, 2019), en determinadas zonas del Estado español existen una serie de grupos y organizaciones que monopolizan la producción, el tráfico y el suministro de drogas ilegales, sobre todo de hachís y marihuana, y que presentan una serie de características específicas que los alejan parcialmente de las organizaciones tradicionales de crimen organizado. Es evidente que el análisis de todas estas características resulta fundamental para diseñar el conjunto de medidas (policiales, penales, judiciales y, llegado el caso, preventivas) para hacer frente al fenómeno. Por consiguiente, de cara a implementar medidas de control y prevención con garantías de éxito dirigidas a estas estructuras dinámicas pero a su vez cerradas -y por ello difíciles de entender desde el exterior-, se requiere, en primer lugar, adquirir conocimientos sólidos de las peculiaridades, estructuras y realidades de los clanes familiares vinculados al crimen organizado. Por lo demás, los descendientes de estos clanes son socializados en un entorno altamente nocivo, en el que tiende a perpetuarse el negocio criminal, con las negativas consecuencias que todo ello conlleva.
En concreto, los clanes familiares en España presentan las siguientes características:
Se trata de agrupaciones opacas, unidas en no pocos casos por lazos familiares, étnicos o nacionales. Efectivamente, en la mayoría de casos, los clanes familiares en España son de etnia gitana (Ortega & Arroyo, 2020), donde aspectos como la endogamia, el patriarcado o la existencia de normas, valores y costumbres propias de dicha etnia (que con frecuencia se contraponen abiertamente a los existentes en la sociedad española en general) juegan un papel importante no solo en el contexto de las actividades delictivas, sino también en su vida cotidiana2. Al igual que sucede con los clanes árabes de Alemania (Dienstbühl, 2020, p. 32), la familia actúa como mecanismo de protección para el sujeto individual. Se trata, por lo demás, de familias extensas, ya que en algunos casos la descendencia puede alcanzar los 8 o 10 hijos.
Presentan una jerarquía y opacidad considerables. Las decisiones se suelen tomar por parte del líder de la organización ("el patriarca"), al cual se le guarda respeto y es asistido por un selecto número de parientes dedicados también al negocio criminal. No obstante, como se verá posteriormente, estos clanes suelen mantener contactos y negocios con individuos que no pertenecen al clan (ya sean sujetos individuales, ya sean miembros de otros grupos organizados, nacionales o extranjeros). De este modo, al igual que viene sucediendo en algunos países de América del Sur (Bartolomé, 2018; Sampó & Quirós, 2018, p. 345), buena parte de la delincuencia relacionada con el tráfico de drogas en España se encuentra vinculada no a grandes cárteles, sino a grupos reducidos, con frecuencia de carácter familiar.
La actividad delictiva principal a la que se dedican estos clanes es el tráfico de drogas, fundamentalmente hachís y marihuana, y de forma secundaria la cocaína y heroína. Además de la producción, almacenamiento, transporte y distribución de estas drogas tóxicas, no pocos clanes familiares se dedican también a robar la droga a otros grupos y organizaciones (los denominados "vuelcos"). Por otro lado, dentro del espectro delictivo hay que hacer mención de otras actividades instrumentales que realizan porque son necesarias para desarrollar la actividad principal, pero cuya finalidad no es estrictamente generar un beneficio, sino más bien proteger o asegurar la continuidad de la actividad criminal. En este caso -como se verá en un epígrafe posterior- adquieren importancia los delitos violentos, la extorsión o las actividades vinculadas al blanqueo de capitales.
La violencia ocupa, ciertamente, un papel secundario en el caso de los clanes familiares españoles. Se trata en casi todos los casos de una violencia ad intra contra miembros del propio clan, o bien contra otros sujetos y grupos delincuenciales, en casos, por ejemplo, de impago de deudas, de pérdida de la mercancía o en supuestos de delación. También hay que destacar el empleo de la violencia a la hora de robar mercancía a organizaciones rivales. Por el contrario, la violencia contra las fuerzas policiales se despliega únicamente en casos excepcionales. Por consiguiente, los niveles de violencia generados por los clanes familiares en España, sin perjuicio de la gravedad que, en casos puntuales, pueden alcanzar, se encuentran muy lejos de las actividades violentas efectuadas por los grupos y organizaciones tradicionales dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado3.
Varios miembros de los clanes familiares tienen antecedentes penales no solo por delitos relacionados con el tráfico de drogas, sino también por delincuencia común. Esto se explica porque muchos de los clanes que actúan en el Campo de Gibraltar -debido fundamentalmente a su ubicación geográfica- se dedicaron en un principio al contrabando de tabaco, y posteriormente dieron el salto al tráfico de drogas. En no pocos casos, una condena previa por un delito de robo con violencia o de lesiones ha servido para que el sujeto, una vez en prisión (la "universidad", en el argot de los clanes), entrara en contacto con otros reclusos condenados por un delito de tráfico de drogas.
Contrario a lo que muestran otros estudios, la mujer juega un papel muy secundario en el contexto de la criminalidad de los clanes familiares4. Su actividad se limita a colaborar de forma esporádica en alguna de las actividades delictivas, pero sin tener un papel preponderante. Aceptan estas actividades y el papel que juegan en ellas su marido y sus hijos, y utilizan el dinero obtenido ilícitamente, a veces de forma desmedida.
Los clanes familiares presentan una marcada territorialidad. Se localizan fundamentalmente en barrios deteriorados y con bajo nivel socioeconómico, situados en localidades que resultan atractivas para la producción, el tráfico y la distribución de drogas, como suele ser el caso de las ciudades de Granada, Málaga o la zona del Campo de Gibraltar. Estos clanes se mueven casi de forma exclusiva en lo que la policía española denomina "zona de confort", lo cual no solo les permite controlar todos los movimientos del barrio, sino también defenderse frente a posibles amenazas o agresiones procedentes de otros clanes u organizaciones; igualmente, les permite sentirse en cierto modo seguros frente a una actuación policial. Resulta sorprendente observar cómo, pese a que los miembros de estos clanes disponen de ingentes recursos económicos procedentes del narcotráfico, no abandonan su barrio de residencia (ubicado, como se ha señalado, en zonas deterioradas) para trasladarse a vivir a zonas de lujo, sino que prefieren seguir habitando en el barrio, es decir, en la zona que pueden mantener bajo su control.
Los clanes que actúan en España presentan unos amplios márgenes de penetración e implantación en las zonas donde se encuentran asentados. En la mayoría de los casos, esto genera, entre otras cosas, una aceptación tácita de sus actividades, una connivencia con ellas e, incluso, una protección de los clanes por parte del resto de habitantes del barrio. Esto, a la larga, resta efectividad a las fuerzas policiales a la hora de desarticular un determinado clan. En la región de Galicia, esto es lo que ha pasado con los clanes que se dedicaban, primero, al contrabando de tabaco (en la década de 1980) y, posteriormente, al tráfico de drogas5.
Sus miembros suelen estar desempleados en la inmensa mayoría de ocasiones, sin mostrar interés alguno en la búsqueda de empleo. Además, muchas de estas familias son beneficiarias de ayudas sociales. Ahora bien, pese a la inexistencia de ingresos económicos debidamente justificados, los miembros de estos clanes disponen de un patrimonio importante, tanto en bienes muebles como inmuebles (Villalba, 2019).
Al igual que sucede con los clanes familiares árabes asentados en Alemania (Cano, 2020), los miembros de los clanes familiares en España hacen gala de una más que marcada ostentación, si bien, oficialmente, se trata de familias sin recursos económicos. Así, no es raro observar coches de alta gama circulando por sus barrios de residencia, o también miembros llevando a cabo compras en tiendas de lujo, pagando siempre en metálico. Esta ostentación desmedida incluso se exhibe sin ningún tapujo a través de las redes sociales.
El blanqueo de capitales constituye una herramienta para trasladar los beneficios procedentes del narcotráfico al circuito económico legal. Como se verá luego, dichas actividades de blanqueo se producen sobre todo en el mercado inmobiliario (terrenos, locales de negocio, residencias de lujo), así como en la compra de joyas y coches de alta gama.
En la mayoría de casos, estos clanes gozan de amplios márgenes de impunidad, al utilizar los mecanismos del chantaje y la extorsión contra víctimas y testigos. Esto, unido a la posibilidad de contratar a abogados defensores de prestigio, les permite salir indemnes de un eventual proceso penal.
Actividades delictivas
Tráfico de drogas
A modo de introducción, conviene señalar que, en el caso de España, el tráfico de drogas ha sido siempre la principal actividad del 60 % de los grupos de crimen organizado que actúan en el país. Además, informes tanto nacionales como internacionales atribuyen a España una posición clave en el comercio mundial de drogas, especialmente como país de tránsito para la cocaína procedente de Latinoamérica y el hachís procedente de Marruecos (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, p. 359).
Aunque el mercado de la droga está experimentando algunos cambios en cuanto las drogas convencionales coexisten con nuevas sustancias psicoactivas, cuya venta también se relaciona con el crimen organizado, lo cierto es que el cannabis sigue siendo la droga tóxica que más se trafica en España. Efectivamente, según los datos proporcionados por el Informe Anual de Seguridad Nacional correspondiente al año 2019, ese año se incautaron en España un total de 349 489 kilogramos de hachís (frente a 436 963 kilogramos incautados en 2018), 39 861 kilogramos de marihuana (frente a 37 220 kilogramos en 2018), 1 538 995 plantas de cannabis (frente a las 981 148 incautadas en 2018), 234 kilogramos de heroína (frente a 251 kilogramos en 2018) y 267 632 unidades de MDMA (éxtasis), frente a las 300 571 intervenidas en 2018 (Departamento de Seguridad Nacional, 2020, p. 45).
Al analizar la vinculación de los clanes familiares en España con el mundo del narcotráfico, primero hay que señalar que, como fiel reflejo de los anteriores datos estadísticos, estos clanes se involucran fundamentalmente en las actividades relacionadas con el tráfico del hachís y la marihuana. Por ello, como fruto de las conversaciones con agentes adscritos a las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, a continuación se describe el modus operandi de estos clanes familiares, tanto en la zona del Campo de Gibraltar (situada en el extremo sur del país, a escasos kilómetros de las costas del Reino de Marruecos) como en la ciudad de Granada.
Con respecto a los que actúan en el Campo de Gibraltar, su actividad delincuencial se limita prácticamente a transportar y custodiar el hachís procedente de Marruecos (país que, conviene señalar, sigue siendo el mayor productor de hachís del mundo). Así, por un lado se encuentran las organizaciones criminales situadas en el reino alauita; por otro, aquellas otras organizaciones criminales asentadas en el centro y norte de Europa, que son las que finalmente reciben la droga para su posterior distribución. Entre ambas se ubican los clanes familiares españoles, dedicados a introducir la droga en España y custodiarla.
Puede afirmarse que las organizaciones criminales compuestas por individuos marroquíes dominan todas las fases del tráfico de drogas a gran escala: producción, transporte y distribución al por mayor (Peláez, 2017, p. 321). Así, estas organizaciones marroquíes contactan con los clanes familiares asentados en el Campo de Gibraltar, una zona que dista apenas 15 kilómetros de la costa africana. Estos contactos se producen fundamentalmente en la zona fronteriza. Ahí, el trabajo de los clanes familiares consiste en transportar la droga desde Marruecos hasta España, empleando para ello varios sistemas. El más común es el denominado "narcotransporte" a través de lanchas rápidas y motos de agua, las cuales, debido a su gran potencia, pueden cruzar el estrecho de Gibraltar en apenas diez minutos. Una vez el cargamento de hachís (en el argot policial, "gomas") llega a las costas españolas, es descargado rápidamente por miembros del clan familiar o por personas contratadas para ello. Con frecuencia, la infraestructura para el transporte es proporcionada por los propios grupos marroquíes a los clanes familiares.
Otro sistema de transporte de la droga es a través de camiones o contenedores marítimos, que aprovechan tanto el enorme tránsito de mercancías que diariamente se produce entre el continente africano y Europa, como la infraestructura y logística con la que cuentan las organizaciones marroquíes productoras del hachís. También recurren a vehículos privados mediante el sistema de doble fondo. Por último, también se suele utilizar a personas que transportan la droga a través de la frontera, ya sea en el interior de su organismo, oculta en el equipaje o adherida al cuerpo.
Una vez recibida la droga en España, es almacenada en las denominadas "guarderías" (viviendas, almacenes o naves industriales) para su posterior envío y distribución al resto de Europa. Conviene señalar que tanto en el transporte de la droga como en su posterior almacenamiento en España suele estar presente un ciudadano marroquí miembro de la organización matriz, cuyo objetivo es evitar que se produzcan robos de droga por parte de los clanes familiares o de terceras personas. El pago de sus actividades a los clanes familiares españoles suele hacerse en metálico, si bien, en algunos casos, también se les paga mediante la entrega de cantidades determinadas de hachís, que los clanes trafican en territorio español.
A partir de esto, puede afirmarse que la forma de actuar de los clanes familiares en la zona del Campo de Gibraltar se asemeja a la de los clanes gallegos que, sobre todo en la década de 1990 y principios de los 2000, se dedicaban al "narcotransporte" de la cocaína procedente de Latinoamérica. En ese caso, los grandes cárteles colombianos se contactaban con los clanes gallegos para introducir la droga a través de las costas de Galicia. Debido a los kilómetros de costa de esta región y considerando la complicada orografía del terreno, los colombianos confiaban en la pericia de los gallegos a la hora de introducir la droga en España mediante lanchas equipadas con motores de gran potencia (narcolanchas). La misión de los clanes gallegos se limitaba, por tanto, al transporte y custodia de la droga. Los colombianos, por su parte, instalados en localidades españolas, se encargaban de la distribución y venta de la cocaína en toda Europa, en asociación con otras organizaciones criminales, principalmente italianas, inglesas y francesas (Sampó, 2016, pp. 7-8). Este modus operandi beneficiaba a ambas partes: para los clanes españoles, suponía una fuente de ingresos considerable sin tener que preocuparse de su producción ni tampoco de su distribución; para los cárteles colombianos, esto posibilitaba su acceso al mercado europeo. El cobro por las labores de transporte y almacenamiento se efectuaba normalmente en metálico, pero en ocasiones también en droga, con la cual los clanes gallegos se convertían, a su vez, en distribuidores (Peláez, 2017, p. 326).
Como se ha apuntado, el destino final del hachís que llega a España es el centro y norte de Europa. La razón es obvia: las organizaciones marroquíes saben que el kilogramo de hachís es más caro cuantas más fronteras atraviesa, por lo que les interesa que su distribución se realice en países como Francia, Alemania, Reino Unido o Polonia, lugares donde el kilogramo de hachís puede superar con creces los 3000 euros. Para ello, disponen de contactos con otras organizaciones criminales europeas dedicadas a la distribución en destino. El transporte de la droga desde España se suele efectuar mayoritariamente por carretera utilizando, o bien camiones que esconden la droga entre toneladas de mercancías de carácter legal, o bien coches de gran cilindrada que cruzan la península a gran velocidad, precedidos siempre por otro, un "vehículo lanzadera" que circula varios kilómetros antes y avisa en caso de existir un control policial.
Si bien los clanes familiares que actúan en el Campo de Gibraltar se dedican sobre todo a las tareas de transporte y custodia del hachís procedente de Marruecos, lo cierto es que últimamente han descubierto también el volumen de negocio que trae consigo el cultivo indoor de plantas de marihuana, por lo que dicha actividad ha aumentado en las últimas fechas de forma considerable (Ortega & Arroyo, 2020).
En el caso de los clanes familiares que habitan en la ciudad de Granada, sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas presentan ciertas similitudes con los clanes asentados en el Campo de Gibraltar, aunque también marcadas diferencias, motivadas fundamentalmente por factores de carácter ambiental. Así, al contrario de lo que sucede con los anteriores, los clanes en Granada se dedican fundamentalmente a la marihuana, pero sin realizar en sentido estricto labores relacionadas con su transporte. Su actividad principal es el cultivo indoor de plantas de cannabis, tanto en naves industriales como, sobre todo, en viviendas situadas en los barrios donde habitan estas familias, así como en casas situadas a lo largo y ancho del área metropolitana de Granada. Tal y como reflejan los datos estadísticos publicados por el Informe Anual de Seguridad Nacional 2019, se viene detectando en España, al igual que en otros puntos de Europa, un aumento considerable del cultivo de cannabis en instalaciones indoor de alto rendimiento mediante técnicas modernas de cultivo que han sido importadas, esencialmente, de los Países Bajos (Departamento de Seguridad Nacional, 2020).
Estos clanes familiares dedicados a la marihuana cada vez diversifican más las plantaciones por más pisos y casas que adquieren en alquiler o propiedad, capaces de recoger una media de cuatro o cinco cosechas por año (Ortega & Arroyo, 2020). A modo de ejemplo, un piso de 60 m2 plantado de marihuana supone 12 000 euros en una cosecha que tarda dos o tres meses en recogerse (Villalba, 2020). Además, en la mayoría de los casos, obtienen de forma ilegal la electricidad necesaria para el mantenimiento del cultivo, a través de defraudaciones del fluido eléctrico. En otros casos, estos clanes familiares suelen comprar la droga a individuos que la cultivan por su cuenta, sin pertenecer, por tanto, a un clan familiar. A propósito de esto, se ha podido observar cómo, en España, la crisis económica padecida en los últimos años ha empujado tanto a familias como a individuos jóvenes a dedicarse al cultivo de la marihuana, como una actividad con la que pueden obtener un considerable beneficio económico, de forma fácil y con poco riesgo. Por último, hay que señalar que, en no pocas ocasiones, los clanes familiares roban la droga a otros clanes utilizando para ello, si es necesario, la violencia (los denominados "vuelcos").
Una vez obtenida la droga, se envasa y almacena para su posterior venta y transporte. Para ello, los clanes familiares se contactan con organizaciones criminales del resto de Europa, a las que venden la droga para su posterior distribución. Del mismo modo que sucede con los clanes que actúan en el Campo de Gibraltar, los clanes familiares de Granada son conscientes de que la droga tiene mayor valor en el centro y norte de Europa que en territorio español. Cuando se llega a un acuerdo con una determinada organización, el pago lo reciben, o bien en metálico, o bien en especie, ya sea a través de la misma droga (u otras como la cocaína) o mediante bienes materiales como, por ejemplo, coches de lujo.
El transporte de la droga se suele realizar por carretera mediante el mismo sistema que siguen los clanes del Campo de Gibraltar (coches de alta gama y camiones de mercancías) y, generalmente, es asumido por el grupo que la ha adquirido. Al respecto, hay que señalar que la situación geográfica de Granada, que dispone de dos autovías que la conectan con el resto de la península y con la frontera con Francia, facilita este medio de transporte de la marihuana.
Por último, resulta necesario señalar que algunos de estos clanes familiares, tanto en Granada como en la zona del Campo de Gibraltar, se dedican también a actividades de menudeo de cocaína y heroína que adquieren -en pequeñas dosis- no solo de cárteles colombianos o grupos turcos o nigerianos, sino también como pago en especie del hachís y marihuana con el que trafican. Con todo, esta actividad se lleva a cabo de forma residual, ya que los miembros de los clanes, aun considerando el volumen de beneficio que trae consigo el tráfico de cocaína, son conscientes de que las penas por el tráfico y la distribución de estas dos sustancias son más graves que en el caso del cannabis.
Delitos violentos
Tal y como ha venido señalando la teoría, la violencia constituye un elemento fundamental en los grupos y organizaciones vinculados al crimen organizado (Giménez-Salinas, 2012, p. 15). Su uso tiene diversos objetivos según las víctimas a quienes va dirigida. Así, por un lado, se identifica una violencia ad intra, que usualmente cumple fines disciplinarios cuando se ejerce contra los propios miembros de la organización; por otro lado, existe una violencia ad extra, destinada a distintos colectivos. Esta última tiene fines defensivos cuando se dirige a miembros de instituciones públicas, o bien a sujetos pertenecientes a otras organizaciones. En otros casos, tiene fines comerciales o de negocio cuando los actos violentos se constituyen como acciones necesarias para desarrollar el negocio ilegal, como ocurre, por ejemplo, cuando distintas organizaciones luchan por el control de un determinado mercado. Finalmente, los grupos y organizaciones criminales aplican también una violencia ad extra de carácter instrumental, cuyo destinatario puede ser, por ejemplo, la población en general, cuando obstaculiza directa o indirectamente el desarrollo de sus actividades.
En cuanto al uso de la violencia por los clanes familiares en España, lo primero que hay que señalar es que esta no alcanza ni de lejos el volumen atribuible a las organizaciones tradicionales de crimen organizado. Efectivamente, en el caso de las organizaciones tradicionales dedicadas al narcotráfico en España, recientemente se ha visto un aumento de la violencia (secuestros y homicidios) especialmente "inter-grupos" (Peláez, 2017, p. 323). Concretamente, la oleada de muertes violentas en estos dos últimos años acaecidas en la Costa del Sol, especialmente en Torremolinos y Estepona, obedece a ajustes de cuentas entre grupos o bandas rivales dedicadas al narcotráfico. Así, este aumento deriva principalmente de los ajustes de cuentas que se producen en contextos tales como el impago de deudas contraídas en el narcotráfico; contextos que, ocasionalmente, han provocado como efecto colateral que la violencia se dirija también contra las fuerzas de seguridad (Machado & Lázaro, 2020). De este modo, en el caso de España, las víctimas de la violencia asociadas con el narcotráfico están en la inmensa mayoría de los casos relacionadas con el propio negocio, a diferencia de lo que sucede en otros países (Méndez, 2018, p. 263).
Pues bien, en el caso de los clanes familiares, la violencia ocupa ciertamente un papel secundario. Así, se trata en casi todos los casos de una violencia ad intra frente a otros sujetos del propio clan o frente a otros grupos delincuenciales, en casos, por ejemplo, de impago de deudas, pérdida de mercancía o en sospechas de delación. Esta violencia, prácticamente, en ningún caso ha tenido como resultado la muerte de la víctima. También hay que destacar el empleo de la violencia a la hora de robar mercancía a organizaciones rivales (los denominados "vuelcos"), actividad que ha proliferado últimamente, sobre todo en los clanes familiares que actúan en Granada. Existen también datos que indican que, en ocasiones puntuales, los miembros de los clanes han empleado la violencia para conseguir que otros sujetos o familias pongan a su disposición la vivienda para tareas de cultivo indoor de marihuana. Por el contrario, frente a lo que sucede con los clanes familiares de origen árabe asentados en Alemania, la violencia desplegada contra las fuerzas policiales es absolutamente excepcional (Cano, 2020).
Extorsión
Dentro de las actividades realizadas por estos clanes, destacan también los delitos de extorsión. En estos casos, las amenazas y coacciones se dirigen mayoritariamente contra víctimas y testigos, que son obligados a retirar la denuncia presentada o a rehusar la declaración ante la policía o el juez (Villalba, 2019); con frecuencia, esas amenazas y coacciones van acompañadas del ofrecimiento de una importante cantidad de dinero a cambio del silencio. Esto hace que no pocos miembros de los clanes familiares gocen de amplios márgenes de impunidad, ya que la falta de pruebas conduce a la absolución de los acusados. Por otro lado, también se han podido constatar actos de extorsión contra miembros tanto del propio clan como de otros clanes, cuyo origen se encuentra en el impago de deudas contraídas, o bien en el incumplimiento de determinadas obligaciones. Por último, también se dan actos de extorsión en las zonas de residencia de estos clanes, cuando, por ejemplo, un determinado clan reclama a una familia el uso de su vivienda para el cultivo de marihuana.
Por otro lado, y de nuevo en contraste con los clanes familiares que actúan en países como Alemania (Cano, 2020), todavía no se han podido constatar actos de extorsión dirigidos a individuos del mismo contexto etnocultural o geográfico, por ejemplo mediante la reclamación de una cantidad de dinero a propietarios de locales de ocio, restaurantes o joyerías a cambio de ofrecerles servicios de protección o similares.
Blanqueo de capitales
El afán de lucro de los grupos y organizaciones criminales explica por qué es fundamental el blanqueo de capitales como medio de enmascarar y reutilizar de forma legal los fondos ilegalmente obtenidos. El blanqueo de capitales, asociado con determinados delitos y, en ocasiones, concurrente con otras formas de delincuencia económica y financiera, es el instrumento básico de las organizaciones y grupos criminales para ocultar, recolocar y disponer de los beneficios ilícitos que genera su actividad delictiva.
En este ámbito también se observan diferencias entre los grupos de crimen organizado tradicionales que actúan en España y los clanes familiares objeto de estudio. Así, en el primer caso, dichos grupos vienen utilizando con maestría los circuitos por los que deben transitar sus beneficios, sirviéndose para ello de los más sofisticados mecanismos (empresas pantalla, paraísos fiscales, sociedades interpuestas, entre otros). Todas estas operaciones financieras suelen ser realizadas por profesionales y expertos (abogados, asesores y gestores, notarios, entre otros) contratados a muy alto precio por la propia organización y auxiliados por toda una red de colaboradores encargados de tareas menores, como el transporte del dinero, su custodia, su ingreso en cuentas bancarias, transferencias entre otras (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, pp. 365-366).
En contraste, las actividades de blanqueo de los clanes familiares se llevan a cabo de forma más sencilla y, por tanto, menos sofisticada, fundamentalmente mediante la adquisición de bienes -ya sean estos de naturaleza mobiliaria (coches de alta gama, joyas, inversión en oro) o, sobre todo, inmobiliaria (viviendas dedicadas a la inversión o terrenos donde construirlas)-, o bien a través de negocios (comercios, bares, restaurantes, locales de ocio, etc.). Para llevar a cabo estas actividades de blanqueo suelen contar también con el asesoramiento jurídico pertinente, si bien de forma más limitada que en el caso de las grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico. Lo que sí se suele dar aquí también es la connivencia o participación de personas o empresas que, aun conociendo el origen ilícito del dinero, no muestran reparo alguno en colaborar con el blanqueo a través de facturas falsas o el cobro en dinero negro, entre otros mecanismos. Esto sucede en el sector de la construcción, el mercado de automóviles o, incluso, en las entidades bancarias (Peláez, 2017, p. 330).
Esta capacidad de camuflar su actividad criminal en la economía legal evidencia que, para cercar estos clanes, no resulta suficiente condenar a sus dirigentes e integrantes. El bloqueo de un determinado clan pasa, sin duda, por la supresión de las ventajas patrimoniales, es decir, el ánimo de lucro. Esta supresión habrá de conseguirse, primero, mediante la adecuada incriminación del delito de blanqueo de capitales y, segundo, mediante el establecimiento de un sistema eficaz de decomiso de las ganancias del delito. A todas estas cuestiones se hará referencia en la segunda parte de este trabajo, de próxima publicación.
Factores que facilitan el fenómeno
Entorno geográfico y criminal
Resulta indudable que España goza de una situación geográfica especialmente propicia para la actuación de organizaciones dedicadas al crimen organizado. En este sentido, son tres los factores que han favorecido las oportunidades ilegales que España presenta para el crimen organizado -no solo circunscrito al tráfico de drogas-: 1) la proximidad al continente africano; 2) el amplio perímetro costero de la península ibérica, y 3) los lazos históricos que unen a España con el continente americano.
Así, nadie puede dudar que, de no ser tan escasa la distancia que separa la península ibérica de Marruecos -primer productor mundial de hachís-, la relación de España con el tráfico de esta sustancia no sería tan estrecha. Por otro lado, las actividades de tráfico de drogas (o de personas) también han contado con las ventajas que ofrece la orografía española, con sus abundantes y extensas costas (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, pp. 368-369). Esta particularidad geográfica permite trasladar mercancías ilegales y personas por vía marítima, la cual resulta más difícil de vigilar y controlar que las rutas terrestres. Existe, por último, una tercera variable a tener en cuenta, y que incide sobre todo en el contexto del narcotráfico: las relaciones de los cárteles latinoamericanos dedicados al tráfico de cocaína con los grupos y organizaciones asentados en España. El hecho de compartir un idioma y una cultura en cierto modo común ha convertido a España, desde hace tiempo, en la puerta de entrada de la cocaína a Europa. Estos factores no solo inciden en la actividad delincuencial de los grandes grupos y organizaciones criminales, sino también en la desarrollada por los clanes familiares.
Por otro lado, el crimen organizado, en España al igual que en otros lugares, no se distribuye geográficamente al azar, sino que determinados enclaves territoriales, sobre todo urbanos, resultan mucho más propicios que otros. Además, en no pocos casos existe un entorno delincuencial previo a la aparición concreta del crimen organizado (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, pp. 238-239). Esto se vislumbra claramente si uno analiza el elemento ambiental asociado a los clanes familiares que actúan en España, cuyo lugar de asentamiento se caracteriza tradicionalmente por unos altos índices de criminalidad y por un alto deterioro urbano, lo que fomenta el desarrollo de actividades desviadas y delictivas. De este modo, ambos tipos de delincuencia (la común y la organizada) son alimentados por condiciones ambientales, económicas y sociales equivalentes. Además, los entornos caracterizados por una cierta tradición local de connivencia o tolerancia a la delincuencia común constituyen un magnífico caldo de cultivo para la génesis y consolidación de organizaciones y grupos vinculados al crimen organizado. Esto es, precisamente, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los clanes familiares asentados en la zona del Campo de Gibraltar y Granada. En ambos casos, los barrios de asentamiento de estos clanes constituyen zonas de exclusión social, donde el deterioro urbano y los altos índices de delincuencia se han mantenido a lo largo de los años.
Factores familiares
Desde hace ya décadas, la criminología se ha ocupado en indagar los factores familiares que coadyuvan a la génesis y consolidación de la actividad criminal en el seno de grupos u organizaciones unidos por lazos familiares (Ianni & Reuss-Ianni, 1972). Resulta innegable que, en general, la familia nuclear constituye un microcosmos donde se transfieren a las siguientes generaciones una serie de normas, valores y actitudes, las cuales pueden presentar un carácter prosocial o, por el contrario, tener una naturaleza desviada. Pues bien, en el caso de los clanes familiares que actúan en España se vislumbran una serie de factores familiares susceptibles de ser considerados como factores de riesgo que podrían explicar su reiterada actividad delictiva.
En primer lugar, aquellos progenitores con antecedentes penales o dedicados a actividades delictivas presentan menos habilidades o motivaciones para enseñar a sus hijos una serie de valores prosociales que ellos mismos no consideran como modelo a seguir (Farrington, 2002). Por el contrario, estos progenitores enseñan a sus hijos habilidades criminales, o por lo menos muestran de forma reiterada ciertas conductas desviadas que sus descendientes tienden a imitar. Tal y como indican Spapens y Moors (2019) en su estudio sobre la transmisión intergeneracional del crimen en una serie de familias vinculadas a la delincuencia organizada en Holanda, crecer en una familia donde la delincuencia es aceptada como forma de vida y donde las actividades delictivas contribuyen funcionalmente a la riqueza y la independencia constituye un factor educativo (de riesgo) de primer orden (p. 236). Ligado a ello, cuando un menor interioriza que el uso de la violencia es una herramienta útil para resolver problemas, la aplicará a lo largo de su vida siempre que se presente la oportunidad. Pues bien, esto es algo que se evidencia en los clanes familiares asentados en España.
En segundo lugar, la endogamia -elemento característico de aquellos clanes familiares (ciertamente la mayoría) de etnia gitana- se debe tener en cuenta como factor de riesgo, sobre todo cuando se observa el carácter cerrado y opaco de estos clanes, que se manifiesta en instituciones como el matrimonio. Efectivamente, sus miembros generalmente escogen parejas con las que incluso pueden tener lazos familiares, pero que, sobre todo, presentan una serie de ideas y comportamientos similares, por lo que aceptan de buen grado las actividades delictivas como forma de vida.
En tercer lugar, ligado precisamente a su estructura opaca y cerrada, los miembros de estos clanes familiares se distancian voluntariamente del entorno institucional, sobre todo con respecto a aquellas autoridades que pretenden ejercer una influencia positiva en su comportamiento (escuela, servicios sociales, etc.). Desde una perspectiva estrictamente criminológica, podría afirmarse sin ambages que los clanes familiares constituyen auténticas subculturas delictivas (Cohen, 1955). Esto hace que organismos como los servicios sociales desconozcan completamente la situación en la que se encuentran los menores que conviven allí, lo que impide intervenir en situaciones de riesgo. Lo mismo cabe decir con respecto a la escuela. A este aspecto se volverá a hacer referencia, desde otra perspectiva, más adelante.
En cuarto y último lugar, las madres de los clanes familiares no parecen disponer de los recursos y herramientas necesarias para criar adecuadamente a sus hijos, por lo cual son incapaces de proporcionarles la estructura educativa y emocional que necesitan. En no pocos casos, esos niños no tienen a su padre como modelo a seguir, ya sea porque ha fallecido o se encuentra en prisión. De esta forma, la madre es una figura de una importancia crucial para ellos. Por tanto, si ella también se encuentra en mayor o menor medida involucrada en actividades delictivas, o inculca a sus hijos normas y valores que justifican el crimen, a sus hijos les resultará tremendamente difícil escapar del entorno delictivo.
Estos cuatro factores familiares, que actúan como factores de riesgo, podrían explicar las dinámicas delictivas asociadas a los clanes estudiados. Sin embargo, como se apuntó al comienzo del artículo, faltan todavía los pertinentes estudios criminológicos que, llegado el caso, respalden empíricamente esas asunciones.
Finalizando con los factores familiares, a modo de análisis comparativo, se puede hacer mención a la situación en Alemania (Cano, 2020). En este país, la mayor parte de los hijos menores de los clanes familiares árabes crecen sin control alguno en las mencionadas estructuras criminales. Por ello, desde edades muy tempranas, esos menores cometen también actos delictivos. En estas familias, no hay posibilidad de encontrar un apoyo y una educación de estos niños hacia su integración en la sociedad alemana. Con respecto a los miembros adultos de sexo masculino, hay una acusada disposición a ejercer la violencia, la cual despliegan también dentro de la familia, bien sea hacia los hijos, bien sea hacia la esposa u otros parientes. Así, los hijos de los clanes árabes interiorizan en su mayor parte estas pautas conductuales. Han aprendido que su actuación no está sujeta a límites, por lo que, de forma progresiva, atemorizan a prácticamente todo el entorno extrafamiliar.
Por otra parte, el hecho de ser conocidos en el barrio y en la escuela refuerza estas conductas, ya que todos saben que detrás de un menor de diez años se encuentra una conocida familia dispuesta a emplear la violencia para defender a uno de sus miembros y para imponer sus intereses sin contemplaciones (Heisig, 2010, p. 93). Esto conduce, en ocasiones, a que la actuación de la escuela o de los servicios sociales brille por su ausencia. En últimas, no cabe duda de que, para aquellos jóvenes que no se han integrado en la sociedad alemana y que presentan un bajo rendimiento educativo, la delincuencia sirve como trampolín de cara a su asentamiento en la comunidad étnica y como vía de acceso a bienes materiales que, además, les reportan un determinado estatus.
Factores políticos e institucionales
Siguiendo el estudio citado sobre crimen organizado por De la Corte y Giménez-Salinas (2010), existen factores políticos e institucionales que, en el contexto de un determinado país, pueden resultar propicios para el nacimiento y consolidación de actividades vinculadas al crimen organizado. Como se verá a continuación, estos factores pueden asimismo explicar el fenómeno de los clanes familiares y sus actividades delictivas. En concreto, se trata de los siguientes: 1) el ordenamiento jurídico, 2) el control institucional del delito y 3) la corrupción (De la Corte & Giménez-Salinas, 2010, pp. 231-234).
En cuanto al primero, la existencia de legislaciones penales que castigan de forma más laxa que otros países los delitos vinculados con el crimen organizado puede sin duda favorecer el fenómeno. Esto ocurre actualmente en España, donde los delitos de tráfico de drogas recogidos en el Código Penal (CP) presentan tipologías que, en algunos casos, acarrean una pena que resulta claramente más benigna que la prevista en otros países europeos. Al respecto, es esclarecedor lo establecido en el artículo 368 del CP, que contiene el siguiente tenor literal:
Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a las señaladas en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable.
Como lo han reiterado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúan contra el narcotráfico, estas penas tan benignas no resultan en modo alguno intimidatorias para los miembros de los clanes, puesto que asumen que, en caso de ser condenados, su estancia en prisión va a ser corta.
En cuanto al factor del control institucional del delito, independientemente de la severidad o laxitud del ordenamiento jurídico penal, el hecho de que no pueda aplicarse a la realidad criminal hace que el crimen organizado se pueda mover sin ataduras con unos amplios márgenes de impunidad. Esto ocurre en casos en los que el orden jurídico instituido no recibe el respaldo de un sistema de justicia recto y unas agencias de seguridad poderosas. Según señalan De la Corte & Giménez-Salinas (2010), estas deficiencias pueden deberse, por un lado, a la falta de medios, preparación y recursos de los organismos judiciales y cuerpos policiales; y, por otro, a la existencia de prioridades represivas que, en determinados casos, pueden relegar a un segundo plano el tratamiento del crimen organizado (p. 233). Esto se ha visto recientemente en España, donde la violencia y espectacularidad asociada a la delincuencia terrorista (que España ha sufrido directamente) se ha traducido en una inversión en esfuerzos y recursos para combatirla muy superior a los que se han invertido para perseguir el crimen organizado. No obstante, como se verá en la segunda parte de este trabajo, la actividad policial y judicial frente al crimen organizado ha mejorado sensiblemente en los últimos tiempos.
Por último, la corrupción -que, llegado el caso, puede impregnar los segmentos políticos, sociales o institucionales de un país- constituye un factor que sin duda fomenta el crimen organizado (Chabat, 2010, p. 9). En este sentido, existen investigaciones que corroboran que la delincuencia organizada es más prevalente en aquellos países que sufren una corrupción generalizada en todos los niveles, y que afecta a ciudadanos particulares, empresas, partidos políticos y funcionarios del Estado. Desde luego, España -aunque sin llegar a los niveles de corrupción de algunos países situados en Latinoamérica (Mejías, 2016, pp. 15-16)- constituye un ejemplo palmario de cómo la corrupción puede favorecer el nacimiento y pervivencia del crimen organizado, incluido el vinculado a los clanes familiares. El motivo de ello es que, como bien señalan De la Corte y Giménez-Salinas, resulta mucho más sencillo desplegar actividades de crimen organizado allí donde la corrupción constituye un hábito que se encuentra arraigado en la sociedad (2010, p. 234).
Factores sociales
Respecto a los factores de riesgo relacionados con el entorno social en el que se desenvuelven los clanes familiares, lo primero que se debe señalar es que se asemejan a los factores familiares o son consecuencia indirecta de ellos. Así, el hecho de que constituyan subculturas aisladas y cerradas, donde existen normas y valores que difieren considerablemente de los del resto de la sociedad, a la larga conduce a una estigmatización (labelling), una exclusión social y una reputación negativa (Spapens & Moors, 2019, p. 230), lo cual afrontan especialmente los menores de edad pertenecientes al clan. Así, algunos estudios indican que los hijos de familias vinculadas al crimen organizado son testigos de experiencias más traumáticas en su niñez y juventud que los hijos de otros delincuentes, como puede ser, por ejemplo, presenciar una redada policial en el domicilio a altas horas de la madrugada o el tiroteo de un familiar con miembros de otro clan (Van Dijk et al., 2018, p. 356).
Además, la mala reputación de un clan familiar puede tener efectos sociales que se proyectan en distintos contextos. Así, por un lado, víctimas y testigos que han tenido contacto con un determinado clan familiar pueden mostrar reticencias a denunciar un determinado hecho o a declarar frente a la policía o el juez, ya que precisamente la mala reputación funciona como un elemento intimidatorio (Spapens & Moors, 2019, p. 236). Como se señaló anteriormente, esta es una característica inherente a los clanes familiares asentados en España. Por otro lado, como se ha dicho, la vinculación de un clan con el crimen organizado también motiva que los servicios sociales y de protección a la juventud muestren reticencias a la hora de trabajar con esas familias, por temor a las amenazas o coacciones. Así, los trabajadores de los servicios sociales, por ejemplo, pueden decidir no interactuar con estas familias y, por tanto, no llevar a cabo intervenciones que, por otra parte, son normales en casos menos graves. Nuevamente, para ratificar todas estas asunciones se requieren los correspondientes estudios criminológicos. Así mismo, las escuelas pueden preferir no dar información a las autoridades en casos de absentismo o actos violentos o indisciplinados por parte de menores de edad pertenecientes a un clan, precisamente por miedo a las posibles represalias de los miembros adultos del clan, conocidos por su violencia. En estos casos, tal y como señalan algunos estudios, es harto probable que los niños no reciban el apoyo necesario para evitar que sigan los pasos de sus padres (Van Dijk et al., 2018, p. 358).
Por último, hay que hacer referencia a las privaciones, reales o percibidas, de los clanes familiares asentados en España. Al igual que ocurre con otras estructuras familiares vinculadas al crimen organizado en países como Alemania u Holanda, no puede partirse de la existencia de situaciones de marginación socioeconómica en sentido estricto (Cano, 2020; Van Dijk et al., 2018). Efectivamente, la mayoría de los hijos que pertenecen a los clanes familiares en España no crecen en situaciones de pobreza, así que esta no puede ser un detonante para que den el salto a la delincuencia. Ahora bien, aunque las privaciones en términos de pobreza o estándares socioeconómicos no apliquen a este tipo de familias, existen otros tipos de privación (por ejemplo, social, moral) que sí pueden constituir la base de la continuación intergeneracional de la conducta delictiva. Por ejemplo, la teoría de la tensión (Merton, 1938) establece que no solo los factores socioeconómicos pueden considerarse factores de riesgo para la conducta delictiva, sino que otros factores (es decir, "tensiones") como la mala reputación de la familia pueden tener una asociación positiva con comportamientos delictivos en las sucesivas generaciones de estos clanes.
El factor oportunidad
De una u otra manera, el factor oportunidad se trata de un factor ligado al ambiente en que se desarrollan las actividades delictivas. Es decir, no se encuentra en el individuo o el grupo social al que este pertenece, sino más bien en el entorno físico, el cual provoca o facilita el hecho delictivo. En el caso de los clanes familiares que actúan en España, su relación con el crimen no se origina en el tráfico de drogas; por el contrario, se trata más bien de individuos y familias que, a lo largo de los años y en sucesivas generaciones, se han relacionado con actividades delictivas6. En su momento, por las razones que se explican a continuación, estas familias decidieron dar el salto al crimen organizado debido a los amplios márgenes de beneficio en comparación con las benevolentes penas previstas para esas conductas.
En primer lugar, al igual que ha sucedido en países como Holanda (Spapens & Moors, 2019, p. 238), la posibilidad de poder cultivar plantas de marihuana en viviendas o naves industriales les ha permitido a estos clanes producir ellos mismos la droga con unos costos muy bajos (como se indicó anteriormente, el mantenimiento de los cultivos se hace mediante enganches ilegales de energía eléctrica) y unos amplios márgenes de beneficio. En otros casos, compran la droga cultivada por centenares de individuos que habitan en lugares cercanos a la "zona de confort" del clan. Con respecto a los clanes familiares que actúan en el Campo de Gibraltar, hay que recordar la proximidad de la zona en que habitan con Marruecos, primer productor mundial de hachís.
En segundo lugar, la fuerte demanda de cannabis, tanto en España como en el resto de Europa, anima a los clanes a continuar con este floreciente negocio (Ortega & Arroyo, 2020). En tercer y último lugar, las penas previstas para sus actividades delictivas no tienen efecto inhibitorio alguno; por un lado, porque, teniendo en cuenta los amplios márgenes de impunidad con que cuentan, es muy poco probable que lleguen a prisión, y, por otro, porque, en caso de tener que cumplir una pena privativa de libertad, su corta duración asegura que, durante ese tiempo de inactividad, el negocio pueda ser mantenido por otros miembros del clan familiar.
Todos estos aspectos, asociados al factor oportunidad, explican que, a pesar del aumento de la actividad policial, los clanes familiares puedan seguir actuando en distintas localizaciones, conscientes de que los beneficios que obtienen a través del tráfico de drogas compensan con creces los eventuales reveses originados por la actividad del Estado.
Conclusiones
Tal y como señalan distintos informes policiales, en determinadas zonas de España existen desde hace unos años grupos y organizaciones que monopolizan la producción, el tráfico y el suministro de drogas ilegales, y que presentan muchas de las características asociadas a los clanes familiares en el contexto de la criminalidad organizada. Así, se trata de estructuras opacas unidas en no pocos casos por lazos familiares, étnicos o nacionales que, junto con delitos contra la salud pública, cometen también otros delitos violentos en el contexto de su actividad. Se trata, además, de sujetos que gozan con frecuencia de amplios márgenes de impunidad, al utilizar los mecanismos del chantaje y la extorsión contra víctimas y testigos, lo que -unido a la posibilidad de contratar a abogados defensores de prestigio- les permite salir indemnes de un eventual proceso penal. Por último, el blanqueo de capitales constituye una herramienta con la que estos clanes trasladan al circuito económico legal los beneficios procedentes del narcotráfico. Así, estos clanes familiares asentados en España se están convirtiendo en una de las preocupaciones más acuciantes para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque, entre otras razones, a pesar del aumento de las operaciones policiales contra estas estructuras, siguen actuando con unos destacados márgenes de impunidad. Con el transcurso de los años, estas estructuras criminales se han consolidado, aumentando su presencia y, sobre todo, su poder en aquellas zonas en las que se encuentran asentadas.
Además de un análisis de las características y las actividades delictivas asociadas a la criminalidad de clanes, este artículo ha abordado, desde una perspectiva criminológica, los factores de riesgo que se considera que han posibilitado el nacimiento y consolidación de estas estructuras familiares de carácter delincuencial. Con todo, se trata de hipótesis que, en el caso de España, necesitan todavía del correspondiente respaldo empírico por parte de la criminología. Llegados a este punto, la pregunta que cabe plantear es qué medidas de carácter policial, penal y judicial deben ponerse sobre la mesa para poder actuar en España de la forma más efectiva posible contra este fenómeno.
A partir de lo explicado, la primera conclusión que se extrae es que la lucha contra este creciente problema social debe abordarse desde distintos niveles institucionales, y no solo a través de la persecución policial, puesto que esta actuación y una estrategia de tolerancia cero, aun siendo medidas necesarias, no resultan suficientes por sí solas. Por otro lado, las penas actualmente previstas para las actividades de narcotráfico vinculadas a estos clanes en algunos casos no son lo suficientemente disuasorias. En consecuencia, junto con una efectiva labor policial y judicial, debe producirse también no solo una actuación por parte del legislador penal, sino también un trabajo preventivo que, en el caso de España, está aún por desarrollar. Lógicamente, este trabajo preventivo no debe ser competencia exclusiva de la policía.
Así, este artículo será completado en una segunda parte de la investigación, que se espera publicar en esta misma revista, donde se analizarán las medidas policiales, penales, judiciales, así como otras propias de una estrategia preventiva, impulsadas -o que se deben impulsar- para hacer frente al fenómeno de la criminalidad de estos clanes en España.
