La problemática del abuso sexual contra NNA en Colombia

El abuso sexual es una de las formas de violencia más graves contra la infancia. Se define de la siguiente manera:

Ocurre cuando un niño es utilizado para la estimulación sexual de su agresor (un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro NN o A) o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. (^{Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2017}, p. 7)

En Colombia, tan solo en 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) (2020) realizó 25 695 exámenes médico-legales por presunto delito sexual, cifra consistente con los reportes de 2018, en los cuales se reportaron 26 065 (^{INMLCF, 2019}). Así mismo, "en promedio durante este periodo se practicaron 71 valoraciones diarias, según la distribución por edades, la edad media de las víctimas fue de 12,35 años". Las valoraciones practicadas a NNA representan "el 87,45 % del total de la violencia sexual" (^{INMLCF, 2019}, p. 233). Dicha problemática se ha mantenido constante en los últimos veinte años, ya que datos del INMLCF que van desde el año 2001 hasta el 2019 revelan que el flagelo de los delitos sexuales, y particularmente el de los delitos sexuales frente a NNA, poco ha variado (véase el Anexo 1).

En la Figura 1 se registran los exámenes médico-legales por presunto delito sexual realizados por el INMLCF desde el año 2001 hasta el año 2019. Allí se evidencia que, lejos de ser un fenómeno próximo a desaparecer, en los últimos veinte años ha llegado a duplicarse el número de casos. Así mismo, se observa que, de todos los exámenes de este tipo realizados por el INMLCF, la gran mayoría son realizados a NNA.

Nota: No hay datos segmentados para el año 2002. Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{INMLCF (2002}-²⁰²⁰).

Figura 1 Número de exámenes médico-legales por presunto delito sexual (2001-2009) (expresados en miles). 

En la Figura 2 se observa que el porcentaje de exámenes realizados a los NNA del total de exámenes realizados en toda Colombia corresponde, en el menor de los casos, a 72,8 % en el año 2007 (^{INMLCF, 2008}), mientras que en el año 2010 (^{INMLCF, 2011}) se registró un alarmante 88 %>, lo que es casi equivalente a que, de cada diez casos que fueron examinados por el INMLCF, nueve de ellos corresponden a NNA.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INMLCF

Figura 2 Porcentaje de exámenes a NNA respecto del total de exámenes.  

Así mismo, desde el año 2010, el porcentaje de exámenes por presunto delito sexual a NNA respecto al total de exámenes se ha mantenido arriba del 85 %, lo que evidencia una consolidación de los NNA como principales víctimas de este flagelo. De todo lo anterior, es evidente la tendencia creciente de este fenómeno, a partir de lo cual se puede afirmar que en Colombia no solo existe y se presenta el fenómeno del abuso sexual de NNA, sino que además se encuentra en constante aumento.

El ciberespacio como escenario emergente para la delincuencia sexual contra NNA

Aunque el concepto de ciberespacio surge de la ciencia ficción en los años ochenta², tiene una aplicación práctica en la actualidad. Para los fines del presente artículo, puede entenderse como el entorno en que se realizan interacciones en el ámbito digital. El acceso a internet, una red de redes de comunicación, abre la puerta a este lugar, en el que concurren todo tipo de personas con una infinidad de propósitos; cibernautas entre los que se encuentran los NNA, tanto de la sociedad mayoritaria como los pertenecientes a las minorías étnicas reconocidas (pueblos indígenas, comunidades negras o afrodescendientes, gitanos o Rrom, entre otros), que en muchas ocasiones son las principales víctimas de los ciberdelitos (^{Tirado, 2018}; ²⁰²¹; ^{Tirado et al., 2020}).

En el año 1996, John Perry Barlow presentó en Davos, Suiza, la Declaración de independencia del ciberespacio, en la que se hace un llamado a los Gobiernos del mundo a no intervenir en el desarrollo del ciberespacio: "Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Se basan en la materia. Aquí no hay materia. Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que, a diferencia de vosotros, no podemos obtener orden por coacción física" (^{Barlow, 1996}, traducción propia). Es en esta declaración donde apareció la siguiente expresión: "Os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos en un mundo donde vosotros siempre seréis inmigrantes", a partir de la cual surgió el uso de los términos "nativos digitales" e "inmigrantes digitales", para diferenciar a los nacidos antes y después de la adopción de los medios digitales en la vida cotidiana. Al respecto, en la actualidad, una gran parte de los llamados nativos digitales son NNA.

Un escenario importante de interacción en el ciberespacio son las redes sociales, plataformas digitales que permiten interactuar a una infinidad de usuarios a través de contenido multimedia. Con su uso extendido, las redes sociales han abierto nuevas posibilidades y han vuelto "real lo virtual" (^{Tirado, 2013}, pp. 93-94). Por ejemplo, el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales se muestra

[...] como una posibilidad para ejercer de manera exponencial el derecho a la libre expresión, con un alcance masivo que no ofrecía, y aún no ofrece, el acceso restringido de los medios de comunicación tradicional. Lo anterior, en tanto a través de las nuevas tecnologías cualquier persona es una potencial comunicadora de información de cualquier tipo (noticiosa, personal, profesional, etcétera) o de opiniones con un alcance determinado por el uso que otras personas hagan de las mismas redes. Situación que marca una importante diferencia con los medios tradicionales en los que solo ciertas personas, de ordinario periodistas, ejercían la autoría del material publicado y ello solamente a través de canales especializados. (^{Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-145, 2016})

Los usuarios de estas plataformas adoptan una identidad propia dentro de la red, ya que sus interacciones son realizadas a través de perfiles que pueden representar o no su verdadera identidad. Las características como el género, la edad, la raza o la cultura son rasgos que pueden predicarse a elección. Así mismo, estos perfiles pueden ser identificables o anónimos:

Los perfiles identificables son usados por personas que tienen un amplio reconocimiento social (políticos, actores, cantantes, deportistas, entre otros), normalmente certificados por las propias plataformas, y aquellos propios de las personas que no cuentan con estas especiales características. Por su parte, el anonimato es un elemento esencial del derecho a la libertad de expresión. Es así como la posibilidad de difundir contenidos de manera anónima implica que la protección debe hacerse extensiva a las tecnologías que posibilitan esa acción, como la encriptación. La garantía de escoger la forma en la que un individuo se expresa incluye el uso de las herramientas que implementan ese derecho. (^{Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU420, 2019})

Por otra parte:

La Corte Constitucional ha referido que los intermediarios de internet no son responsables por el contenido que publican sus usuarios, ya que establecer esta responsabilidad llevaría a limitar la difusión de ideas y les daría el poder para regular el flujo de información en la red. (^{Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU420, 2019})

Así, es claro que el anonimato se ha constituido en un importante elemento del desarrollo del ciberespacio como lo conocemos actualmente. Sin embargo, este componente acarrea un riesgo inherente cuando es utilizado por delincuentes (^{Tirado, 2013}).

Ciberconductas constitutivas de delitos sexuales contra NNA

Respecto a las conductas delictivas relacionadas con el uso de las TIC, estas son denominadas "ciberdelitos" o "cibercrímenes", términos que hacen referencia a:

Un comportamiento concreto que reúne una serie de características criminológicas (también podrían ser legales) relacionadas con el ciberespacio (sentido tipológico), o para tratar de identificar un tipo penal concreto con un presupuesto y una sanción, que pretende prevenir la realización de conductas en el ciberespacio que afectan a bienes jurídicos dignos de protección (sentido normativo). (^{Miró, 2012}, pp. 39-40)

Existe una amplia variedad de modalidades de ciberdelito mediante las cuales los NNA pueden ser objeto de agresiones sexuales en el ciberespacio. A continuación se plantean los principales tipos de ciberdelitos sexuales contra NNA.

Ciberpornografía infantil

En sentido general, la ciberpornografía infantil es una modalidad de explotación sexual infantil, que se puede determinar como la ilustración por medios visuales o audiovisuales de la sexualidad de NNA con el fin de generar excitación sexual en el espectador. Unicef (2015) define esta actividad como:

toda representación de un niño, niña y/o adolescente realizando actividades sexuales explícitas, toda representación de las partes genitales de un niño con fines predominantemente sexuales, toda organización de espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en el que participaren niños, niñas y adolescentes. La pornografía puede transmitirse por cualquier medio.

Existe una delgada línea entre las representaciones artísticas de NNA y esta conducta. Por otro lado, la gravedad de estas representaciones se encuentra en su origen, ya que su producción obedece al ejercicio del abuso y la violencia sexual contra los NNA.

En el caso de Colombia, en concordancia con los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de 1991 sobre los derechos fundamentales de los niños y la especial protección de la que gozan los adolescentes, respectivamente, el principio del interés superior de los NNA es desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional³ en sus pronunciamientos, así como en múltiples instrumentos internacionales ratificados por Colombia. Este principio, además, es protegido por el Código Penal, que contiene un tipo penal específico para esta conducta. El artículo 218 señala lo siguiente:

El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, trasmita o exhiba, por cualquier medio, para uso personal o intercambio, representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de internet, con o sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima. (^{Ley 599, 2000}, art. 18)

Desde la óptica del ciberdelito, el artículo contiene tres elementos que corresponde señalar. Primero, el tipo penal contiene trece verbos rectores, de los cuales cuatro (fotografíe, filme, grabe, produzca) hacen referencia a la generación de contenido y nueve (divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba) se relacionan con la distribución o movilidad del contenido, para cuya realización internet es un medio ideal. En segundo lugar, la importancia de internet como un medio de acceso a este tipo de contenido es tal que en el año 2009 se adicionó al tipo penal la expresión: "Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de internet, con o sin fines de lucro", ya que originalmente el tipo penal solo contenía seis verbos y no se mencionaba nada relacionado con bases de datos en internet⁴. Esto es consecuente con la motivación económica detrás de esta conducta:

La Interpol reporta que la pornografía infantil mueve cerca de US$20 000 millones cada año; además, se estima que un millón de niños ingresan al comercio sexual. La red mundial de lucha contra delitos en línea INHOPE (red mundial de líneas de denuncia) estima que el 81 % del material de pornografía y abuso infantil que circula por internet son niñas, el 13 % son niños y el restante involucra ambos sexos al tiempo; esta misma organización, para el año 2014, reportó 89 758 sitios web dedicados a este delito, y notó un incremento de 63 % con respecto al año 2013. (^{INMLCF, 2019}, p. 234)

En tercer lugar, el tipo contiene una referencia a la realización de la conducta por parte de un familiar de la víctima, la cual es sancionada con mayor fuerza. Esto es consecuente con el hecho de que:

Durante el año 2018, se pudo observar que de las 24 277 personas valoradas que aportaron alguna información sobre el presunto agresor el 47,80 % equivalente a 11 605 casos, corresponde a una persona cercana como un familiar, la pareja o expareja representó el 7,41 %; 1799 casos y el 23,06 % un conocido. [...] teniendo en cuenta solo familiares cercanos en los grupos de edad de 0 a 17 años se observa que son las mujeres con 7431 valoraciones y el rango de edad entre los 10 a 13 años las más afectadas, 2637 casos donde sus principales agresores al interior de la familia son: el padrastro equivalente a 1203 casos, el padre con 498 y el tío representado en 496 valoraciones. (sic) (^{INMLCF, 2019}, p. 242)

Sin embargo,

En Colombia no se conoce la dimensión real del problema, por cuanto existen grandes diferencias en la información estadística recolectada por las entidades encargadas de administrar los registros de los hechos ocurridos; lo anterior, en razón a la metodología utilizada en la captura de la información por cada una de las entidades responsables. (^{Romero, 2016}, p. 30)

Por último, sin duda podemos considerar esta modalidad como la principal conducta de violencia sexual en contra de NNA en el ciberespacio, que no tiene fronteras (^{Tirado, 2013}).

Ciberbullying

Este anglicismo hace referencia al "daño intencional y repetido infligido por parte de un menor o grupo de menores hacia otro menor mediante el uso de medios digitales" (Guía clínica de ciberacoso para profesionales de la salud, 2015). Aunque su significado es de uso general y, por ende, su realización per se no se encuentra ligada a conductas de tipo sexual, su ocurrencia es un factor de riesgo en la realización de dichas acciones en contra de NNA. Save the Children (2013, p. 21) señala tres características inherentes de esta modalidad de acoso: 1) intencionalidad; 2) repetición, que no necesariamente consiste en agredir a un NNA varias veces, sino que basta con el hecho de subir por una sola vez una imagen no deseada o meme de la víctima en una red social para que sea vista, compartida y comentada por varias personas, y 3) desequilibrio de poder. Estas características gozan de matices propios derivados de la naturaleza de los dispositivos utilizados.

Normalmente, el ciberbullying es desarrollado a través de la creación y difusión de contenido por parte de otros menores con fines de intimidación o burla. Los NNA víctimas de este fenómeno sufren

daño psicológico debido a que la información lesiva está disponible para todo el mundo las 24 horas del día, los acosadores con frecuencia son anónimos, el proceso de victimización es continuo e inevitable, la mayoría de las veces es muy difícil eliminar el material publicado y suele estar accesible de forma pública durante largos períodos de tiempo. Los adolescentes suelen ser reticentes a hablar con los adultos sobre el abuso que están sufriendo debido al trauma emocional, a que piensen que es culpa suya, por miedo a posibles "venganzas" o por la preocupación porque se les restrinja el uso de internet o del teléfono móvil. (^{Garaigordobil, 2011}, p. 13)

Así mismo, es importante señalar que esta conducta puede ser un punto de partida para la participación en actividades de explotación social y comercial de NNA, además de ser una señal de atracción para delincuentes sexuales a través de la modalidad de gromming.

Grooming

Consiste en el uso de TIC por parte de un adulto para contactar a NNA con la finalidad de obtener material de contenido erótico o sexual, y propiciar encuentros para tener relaciones sexuales con ellos (^{Tirado, 2010}, p. 12). La traducción literal de este anglicismo, "acicalamiento", puede interpretarse como la preparación que se hace de la víctima por medio de engaños con la finalidad de obtener su confianza o crear vínculos emocionales que posteriormente permitan realizar solicitudes de tipo sexual:

Las principales dificultades para atajarlo y terminar con la conducta son el anonimato de los delincuentes, la inocencia de los menores y la facilidad de acceso a internet. A diferencia del ciberacoso, en el grooming el acosador es un adulto y existe una intención sexual. En la gran mayoría de los casos, es tratar de llevar a la realidad el mundo virtual. En el grooming se utiliza el chantaje, que puede ser empleado por mayores o menores de edad, indistintamente. (^{Tirado, 2014}, p. 59)

Sexting

Este anglicismo consiste en la difusión de contenido de tipo erótico o sexual por medios digitales, principalmente con el uso de teléfonos inteligentes (^{Tirado, 2010}, p. 15). El contenido es generado por el propio remitente y, si es producido por menores de edad, pueden llegar a considerarse como pornografía infantil. Respecto a su tipificación en Colombia, ^{Peña (2020)} refiere que "el sexting entre menores constituye el delito de pornografía infantil, por cuanto se materializan mediante su práctica los verbos rectores consagrados en la ley penal, al enviarse fotografías unos a otros" (p. 3). A su vez, señala lo siguiente:

[Hay] una inadecuada configuración del delito de pornografía infantil en la práctica del sexting, ya que la pluralidad de verbos rectores y la creación desmesurada de leyes son insuficientes para proteger efectivamente los derechos a la indemnidad y formación sexuales de los menores. En este sentido, el legislador en su afán de proteger holísticamente los bienes jurídicos de los menores desconoció el principio de proporcionalidad de la ley penal. (^{Peña, 2020}, p. 15)

Esta conducta enfrenta una problemática particular, ya que la pornografía infantil "no entiende de fronteras y límites", por lo cual representa "uno de los desafíos más grandes que hoy tienen las leyes de todo el mundo, debido a que los actuales marcos normativos fueron redactados con el propósito de proteger a personas reales" (^{Tirado, 2014}, p. 57).

Ciberexhibicionismo

Partiendo de una concepción psicológica, esta actividad "se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de la exposición de los genitales, habitualmente ante un extraño que está desprevenido" (^{Manual MSD, 2017}). Antaño, para esta actividad eran utilizados sitios públicos como parques o plazas; en la actualidad, al concebirse el ciberespacio como un espacio público, el mundo en línea se ha convertido en recurrente escenario para esta actividad, que implica igualmente un "actuar sobre estos impulsos sin el consentimiento de otra persona" (^{Manual MSD, 2017}). Esta condición siempre estará presente en caso de que se realice esta conducta hacia menores NNA, pues a ellos no se les ha otorgado la potestad de brindar consentimiento para estas prácticas de índole sexual.

En países como España, mas no es el caso de Colombia, se encuentra tipificada esta conducta, específicamente para la protección de NNA. En el artículo 185 de su Código Penal, se refiere lo siguiente:

El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses. (^{Ley Orgánica 10, 1995})

Stalking

Este anglicismo se puede traducir como "acecho o acoso predatorio". Es un sustantivo proveniente del verbo stalk:

cuyo significado tiene dos vertientes: por un lado, seguir o acechar a un animal o persona lo más cerca posible sin ser visto u oído, con el propósito de cogerlo o matarlo; por otro lado, caminar ilegalmente y de modo sigiloso y observar a alguien durante un periodo de tiempo. En la actualidad, la definición ha evolucionado desde los stalkers como perseguidores trastornados que inician una caza de personas famosas al acoso de personas por sus parejas o exparejas. (^{Zbairi, 2015}, p. 6)

Esta conducta, aun cuando no se materialice en actos de violencia física directa, conlleva a la alteración de la vida cotidiana de la víctima. En el ámbito digital, esta figura se denomina ciberacoso o cyberstalking, y se refiere -entre otras manifestaciones que pueden igualmente conllevar agresiones de orden sexual contra NNA- a lo siguiente:

envío continuo de emails o de mensajes de texto, escribir comentarios en los sitios de internet que frecuenta la víctima, empleo de los datos de la víctima para incluirlos en una página web que ofrece servicios sexuales, usurpación de la identidad de la víctima para participar en chats, crear un perfil falso en el que se comparten sus intimidades, etc. (^{Lorenzo, 2015}, p. 4)

De una revisión de la literatura sobre el tema, ^{Lorenzo (2015}, p. 7) encontró como elementos característicos de esta situación una "conducta reiterada e intencionada, de persecución obsesiva, respecto de una persona (objetivo), no deseada, creando aprensión o susceptible de provocar miedo razonablemente". La noción de esta actividad como sancionable no es algo nuevo:

su incriminación empezó a principios de los años 90 en los Estados Unidos concretamente en el Estado de California, debido principalmente a los hechos sucedidos a celebridades como por ejemplo al asesinato de la actriz Rebecca Schaeffer, lo que originó la atención de la opinión pública. En 1990, California promulgó la primera Ley de Acecho. (^{Guadaño, 2016}, p. 7)

En el año 2015, en España, se incluyó esta conducta como tipo penal mediante la Ley Orgánica 1, que adicionó al Código Penal el artículo 172 ter sobre stalking. Así mismo en Estados Unidos: "actualmente los 50 estados y el Gobierno Federal prevén disposiciones anti-stalking en sus respectivos códigos penales" (^{Lorenzo, 2015}, p. 33).

Sextorsión

Esta es una conducta que, por medio de la amenaza de exponer públicamente contenido erótico o sexual de la víctima, logra que esta realice acciones a favor del victimario. ^{Velázquez (2011)} la define como la "realización de un chantaje bajo la amenaza de publicar o enviar imágenes en las que la víctima se muestra en actitud erótica, pornográfica o manteniendo relaciones sexuales. El chantaje puede ser utilizado por mayores o menores" (p. 2).

La sextorsión ha cobrado una particular relevancia en la actualidad con la masificación del uso de las redes sociales, principalmente por las generaciones más jóvenes, los llamados "nativos digitales". Los jóvenes ven el ciberespacio como un escenario para crecer, explorar y aprender, por lo cual dan un especial valor a la imagen que muestran a los demás a través de redes sociales, que a su vez queda expuesta a ser mal utilizada por el usuario que la recibe detrás de la pantalla o el dispositivo electrónico. En España, a pesar de no existir un tipo penal específico para esta conducta, sí está activo el sitio www.sex-torsion.es, dedicado a difundir y recopilar información sobre esta conducta, y que cuenta incluso con un apartado en el cual se recopilan casos de víctimas.

Política criminal jurídica para afrontar el ciberdelito sexual con NNA

La política criminal surge para enfrentar la ocurrencia de conductas que atentan contra los bienes jurídicamente tutelados de la población, incluidos los NNA. Esta política criminal es entendida como:

El conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. (^{Corte Constitucional de Colombia, 2001})

En este conjunto de respuestas de diversa índole está incluida la respuesta jurídica, que corresponde básicamente a la expedición de leyes, en su mayoría penales. En Colombia, la explotación sexual comercial de NNA es una acción delictiva que se encuentra contemplada en la promoción de una política criminal jurídica, al incluirse en el ordenamiento penal bajo los siguientes artículos de la Ley 599 de 2000:

213. Inducción a la prostitución; 213A. Proxenetismo con menor de edad; 214. Constreñimiento a la prostitución; 215. Trata de personas; 216. Constreñimiento a la prostitución (circunstancias de agravación), Inducción a la prostitución (circunstancias de agravación); 217. Estímulo a la prostitución de menores; 217A. Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad; 218. Pornografía con menores; 219. Turismo sexual, y 219A. Utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores. (^{Romero, 2016}, p. 35)

De estas conductas, para el año 2015 fueron reportadas ante las autoridades 463 denuncias por el delito de pornografía con menores y 42 denuncias por el delito de utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexuales de menores (^{Romero, 2016}, p. 37). Respecto a alguna de las otras conductas, para el año 2016 se recibieron los reportes contabilizados en la Tabla 1.

Dogmáticamente, se puede inferir que los ciberdelitos en ocasiones parecen no contener los elementos necesarios para su sanción penal, en comparación con sus homólogos en el mundo físico (^{Gómez & Gaxiola, 2014}). No obstante, la ^{Corte Suprema de Justicia (2019)} ha fijado algunos criterios generales que se pueden englobar con los delitos sexuales cometidos en el ciberespacio. Ha señalado, por ejemplo, que:

es posible cometer agresiones sexuales diferentes al acceso carnal sin necesidad de tocar a la víctima del acto sexual violento. Este delito puede materializarse en eventos en los cuales el contacto es a través de medios virtuales como internet y redes sociales, cuando el agresor obliga con amenazas a su interlocutor a dejarse fotografiar o grabar en videos de índole pornográfica.

Otros criterios de índole general aplicables a los ciberdelitos sexuales sobre NNA pueden ser:

Por explotación sexual contra mayores, deberá entenderse todo acto de inducción o constreñimiento al ejercicio de la prostitución.

Por explotación sexual contra menores de 18 años de edad, deberá entenderse todo acto que implique el ejercicio de la prostitución infantil, turismo sexual, industria pornográfica con menores o presentación de espectáculos sexuales en vivo con menores de edad. El consentimiento del menor de 18 años en estos eventos siempre será irrelevante.

Cuando no hay un contexto de explotación sexual, toda acción de realizar propuestas de connotaciones sexuales a menores de catorce (14) años constituye la conducta de actos sexuales con menor de catorce (14) años de que trata el artículo 209 de la Ley 599 de 2000, en la variante de "inducir a prácticas sexuales".

Cuando no hay un entorno de explotación sexual y el menor tiene más de catorce (14) años, la acción de pedirle relaciones sexuales o actividades de índole semejante es atípica, ya sea realizada en forma directa o bien por medios de comunicación. En otras palabras, la sexualidad (ejercida por personas capaces y no expuestas a explotación) es un bien jurídico disponible.

La conducta punible del artículo 219-A la realiza el que se vale del "correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación" para ofrecerle a un menor de edad u obtener de él la prestación de servicios sexuales (esto es, de prostitución infantil, turismo sexual, pornografía con menores o, en general, de explotación sexual). (^{Corte Suprema de Justicia, 2019})

Al respecto, es de indicar que el principio de legalidad no se encuentra vulnerado al integrar elementos de los delitos sexuales tradicionales a los ciberdelitos, dado que los delincuentes simplemente han encontrado en el ciberespacio un nuevo entorno para realizar las mismas conductas clásicamente tipificadas. Estas consagraciones expresan hipotéticos generales, mas no situaciones particulares con victimarios o medios de ejecución específicos. Al contrario, contemplan la comisión de una conducta punible que, con independencia de los canales que cada delincuente pueda usar, conllevan un reproche y una sanción por la afectación de los derechos sexuales de una población altamente vulnerable como los NNA.

Ahora, frente al aumento progresivo de los ciberdelitos sexuales sobre menores de edad, la política criminal colombiana para hacer frente a esta nueva modalidad de delincuencia digital parece fundamentarse de la misma manera que para los delitos sexuales cometidos en el mundo físico: normas jurídicas que crean o extienden los tipos penales y aumentan progresivamente las penas a imponer sin ningún tipo de distinción ni análisis. Esta tendencia encaja con el sentir popular del castigo, para el cual la única solución viable es la maximización de las penas hasta la perpetuidad, como ocurrió con la aprobación del Acto Legislativo n.° 1 de 2020, "por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable" para sancionar el homicidio doloso y los delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños, niñas o adolescentes. Esta norma se declaró inexequible en la Sentencia C-294 de 2021, al encontrarse, entre otras razones jurídicas, "que acoger una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas".

Para ^{Cáceres (2018}, p. 237), la política criminal jurídica y vigente del Estado colombiano en materia de delitos sexuales con NNA se fundamenta en el paradigma "populista punitivista". Este concepto fue acuñado por ^{Bottoms (1995)}, en referencia a las respuestas populares de maximización punitiva como estrategia para combatir los delitos. Resulta muy preocupante que la política criminal jurídica que se utiliza en el país para hacer frente a los ciberdelitos sexuales en perjuicio de los NNA sea exactamente igual a la que se usa para combatir los delitos en el espacio físico. Esta última corriente es peligrosa en el manejo de esta tipología de delitos, toda vez que cimenta en el paradigma "populista punitivista", lo que hace que "la lucha jurídica vigente contra el fenómeno social de abuso sexual de menores no se haga bajo el respeto íntegro de los valores, principios constitucionales y derechos fundamentales que conllevan el modelo de Estado Social de Derecho" (^{Cáceres, 2018}, p. 208).

Un ejemplo claro de la tendencia "populista punitivista" dirigida hacia el ciberdelito sexual contra NNA lo encontramos en la promoción de proyectos de ley como el 050 (2017) (ley contra crímenes cibernéticos), que fue archivado por tránsito de legislatura. En dicho proyecto se buscaba tipificar de forma amplia todas las conductas descritas anteriormente, en una clara ambición de cumplir con el paradigma punitivista. Este tipo de proyectos de ley, más allá de tener fines eminentemente constitucionales y legales de protección de los derechos sexuales de los menores, tiene un claro objetivo populista y punitivista, ya que buscan crear un nuevo enemigo en común, ahora en el ciberespacio, que, como ocurre con la conducta en el mundo físico, se asume que necesita ser penado fuertemente a toda costa. Pero la poca efectividad de estos discursos y proyectos se evidencia en cifras como las ya presentadas, que evidencian un aumento en la comisión del delito sin importar las altas penas que ya están establecidas. Por ello, se debe hacer un llamado a las autoridades legislativas para que replanteen las estrategias de política criminal que se están diseñando con el objeto de hacer frente al emergente delito sexual contra NNA en el ciberespacio.

En contraste, un ejemplo de abordaje adecuado, en la medida en que no recurre directamente y primera ratio al derecho penal para combatir la cibercriminalidad (^{Hassemer & Muñoz, 2012}), se encuentra en la elaboración y promoción del documento CONPES 3854 de 2016, que implementa la Política Nacional de Seguridad Digital. Este documento de política pública y social, mas no penal, procura minimizar las amenazas o ataques cibernéticos que pudiesen llegar a afectar la integridad de los ciudadanos, incluidos, claro está, los NNA. Para ello tiene un amplio enfoque de ciberseguridad y ciberdefensa desde un punto de vista preventivo y no represivo, y se concentra en contrarrestar el incremento de las amenazas cibernéticas según los postulados de defensa del país y de lucha contra el cibercrimen, bajo el entendido de que el incremento en el uso de las TIC ha traído consigo nuevas y más sofisticadas formas de afectar los derechos de la población y el desarrollo normal de las interacciones, especialmente las de los menores, en el entorno digital.

Sin duda, el empleo de políticas públicas de corte económico y social enfocadas en esta problemática permite comenzar por actuar preventivamente y atacar la raíz de la problemática del abuso sexual de NNA en el ciberespacio, sin tener que acudir a las políticas públicas de corte penal para su control, que -no está de más recordar- son de ultima ratio. Esto es relevante si se tiene en cuenta que el mundo digital, como se sabe, es especialmente peligroso para los NNA. Adicionalmente, este tipo de políticas preventivas aleja los discursos populistas y punitivistas como fundamentos de política criminal, y en su lugar permite ejercer una lucha contra el ciberdelito en el marco del modelo de Estado social y constitucional de derecho establecido por la Constitución de 1991, donde se privilegia la prevención social sobre la represión penal, sin que se dé un uso utilitarista y poco eficiente del derecho penal.