Argentina

Argentina se ha caracterizado por ser un caso insignia que expone las diversas implicaciones de la participación militar en política. Desde el ascenso de la Generación del 43 a la presidencia, pasando por el auge del peronismo como movimiento político populista de origen militar entre los años cuarenta y cincuenta, hasta llegar a la Revolución Libertadora de 1966 y la Junta Militar de 1976, las Fuerzas Armadas de Argentina han sido un actor determinante en la evolución de los procesos políticos, económicos y sociales del país durante la segunda mitad del siglo XX. De acuerdo con Alain ^{Rouquié (1984}, p. 308), la Junta Militar de 1976 se abrió paso como resultado del creciente deterioro político del peronismo como ideología de masas, junto con la existencia de un vacío de poder y una fractura económica, que potenciaron la idea entre las diversas armas de restaurar la institucionalidad del país ante la existencia de una amenaza persistente: el comunismo.

Con la transición a la democracia que lideró Raúl Alfonsín en 1983 tras los sucesos adversos que dejó la dictadura militar en materia de protección a los derechos humanos, asumió gran protagonismo el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en el plano institucional y político. Gran parte de esa relevancia se derivó de la responsabilidad política de las Fuerzas Armadas durante la dictadura en la perpetración de violaciones flagrantes a los derechos humanos. A la luz de ^{García y Palermo (1989)}, las denuncias civiles y las organizaciones de derechos humanos fungieron como un factor clave para rearticular la sociedad política y propiciar un espacio de convergencia de las distintas corrientes partidarias que incentivó la movilización social.

Sin embargo, de acuerdo con ^{Catterberg (2005)}, los efectos de la salida de la Junta Militar en Argentina, directamente marcados por la derrota en la Guerra de las Malvinas (1981-1982), condicionaron la apertura democrática bajo un entorno de “fuerte cuestionamiento de la sociedad hacia la dirigencia”, en el que la decisión de la cúpula militar de abrir nuevos procesos electorales en 1983 cargaba con el escepticismo de su legitimidad democrática. Por ejemplo, como parte de la negociación de transición política hacia la democracia, “los militares intentaron infructuosamente que los partidos les garantizaran que no se les castigaría por la violación de los derechos humanos” (^{Torres & De Riz, 1985}, p. 138). Esta negociación política empañaba la transparencia y el reconocimiento legítimo de los liderazgos políticos de orden civil. A partir de estas condiciones de negociación se reanudaron los escenarios electorales, en los cuales el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical se configurarían como las principales agrupaciones políticas del periodo de transición democrática, dando continuidad al orden constitucional que, paradójicamente, no fue reformado a profundidad durante la dictadura.

Dentro del ordenamiento legal de la Constitución de 1853, con su actualización más reciente en la reforma de 1994 durante el decenio del justicialista Carlos Saúl Ménem (1989-1999), rige el principio de defensa nacional como elemento doctrinal rector de las Fuerzas Armadas, que, como se especifica en el artículo 2 de la ^{Ley 23554 de 1988}, “tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes”.

Partiendo del principio superior de las Fuerzas Armadas en Argentina, la participación política de las personas dentro de las instituciones competentes a este orden se rige según el artículo 5 de la Ley 24429 de 1995, el cual menciona: “el soldado deberá respetar el principio de neutralidad política de las fuerzas armadas, y se abstendrá de realizar actividades políticas o sindicales. Ejercerá el derecho al voto de acuerdo con lo que determine la Ley Nacional Electoral”. A pesar de la obligatoriedad del voto según el estamento electoral, los militares pueden acceder al voto; pero la ^{Ley 26571 de 2009}, en el artículo 15, determina lo siguiente:

[...] no podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios [...]: El personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas de la Nación en actividad o en situación de retiro, cuando hayan sido llamados a prestar servicios [...]. El personal superior y subalterno de las fuerzas de seguridad de la Nación y de las provincias, en actividad o retirados llamados a prestar servicios.

Así, a pesar del acceso al voto militar en Argentina tanto por miembros activos como retirados, todo miembro relacionado con las Fuerzas Armadas, independientemente de su actividad, no puede afiliarse a partidos políticos ni fungir como representante político o candidato en procesos electorales. Según el Código Electoral Nacional, el ejercicio del voto militar está permitido al no ser una inhabilidad establecida para el ejercicio de este derecho. Sin embargo, de acuerdo con la Ley Orgánica de Partidos Políticos (Ley 23298 de 1985), no pueden tener afiliación a ningún partido político (art. 24), tampoco ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios.

Por lo tanto, la participación electoral de las Fuerzas Armadas en Argentina, a pesar de preservar la posibilidad de participar de forma activa mediante el sufragio, restringe la posibilidad de incidencia mediante el sufragio pasivo de las figuras militares en el entorno civil de las decisiones políticas por su inhabilidad para ser elegidos. Recientemente, no se ha manifestado ningún tipo de reactivación política de las diferentes armas, lo cual demuestra que no existe para este caso una influencia directa del sufragio sobre la intromisión de las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones en el orden político.

Brasil

Con el golpe de Estado al presidente João Goulart en 1964, se inició un periodo de gobierno militar dictatorial que duró veinte años en Brasil. En este tiempo, cinco militares detentaron el poder en periodos presidenciales de cuatro años (Humberto de Alencar Castelo, Artur Da Costa e Silva, Emilio Garrastazu, Ernesto Geisel y João Baptista Figuereido), quienes basaron el ejercicio de su poder en dos procesos centrales de gestión política: el control legal mediante la suspensión del orden constitucional y el establecimiento de un sistema político y electoral vigilado. De acuerdo con ^{Rouquié (1984)}, la intención del golpe militar era preservar las instituciones liberales de la Constitución de 1946 y controlar la participación política de sus presuntos adversarios (dirigentes de izquierda y políticos populistas), además de intervenir la participación política bajo la tutela militar. Estos elementos fueron indispensables para el sostenimiento de un dominio político sin contrapeso real alguno.

De acuerdo con Helgio ^{Trinidade (2005)}, ante la creciente hegemonía del Partido Laborista Brasileño (PTB) en las últimas elecciones, de las cuales había surgido Goulart como presidente, el desmonte del sistema multipartidista brasileño en 1966 buscó articular de forma funcional los elementos definidos en la Constitución de 1946 con la necesidad de establecer una base electoral fuerte del conservadurismo brasileño. A pesar del establecimiento del sistema bipartidista durante este periodo, en el que predominaron la Alianza Renovadora Nacional (oficialista) y el Movimiento Democrático Brasileño (oposición), que estuvo acompañado del auge económico brasileño durante los años sesenta y setenta, las condiciones de persecución a los sectores proscritos fueron “parte de la gestión estatal justificada por el régimen militar autoritario con sus éxitos en el plan de desarrollo” (^{Noé, 1989}, p. 384).

Esta estructura política y económica tutelada por la Junta Militar perduraría hasta 1984, cuando se cristalizó el proceso de transición política a la democracia con la elección de Tancredo Neves a la presidencia, que, a pesar de su deceso justo antes de tomar posesión del cargo, llevó a la presidencia al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). A partir de entonces, la participación política de las Fuerzas Armadas en Brasil estuvo condicionada por la nueva normatividad de la transición política establecida en la nueva Constitución de 1988.

De acuerdo con lo promulgado en el artículo 142 de esta Constitución, las Fuerzas Armadas tienen como principales funciones constitucionales la defensa nacional, la garantía del orden constitucional, al igual que funciones de cooperación en el orden y la seguridad interior como causal de la prevalencia de un sistema político de corte federal. Así, con la promulgación de la Constitución de 1988, los militares fueron excluidos de la posibilidad de ser electores, conforme a lo establecido en la Ley 4737 de 1965:

[...] no son electores los miembros del ejército que están alistados siempre que sean oficiales, aspirantes a oficiales, guardias navales, tenientes o suboficiales, sargentos o estudiantes de escuelas militares de educación superior para capacitar a oficiales. Tampoco son sujetos de sufragio obligatorio.

Al igual que el sufragio activo, los militares brasileños tampoco pueden presentar candidaturas para elecciones ni hacer parte de partidos políticos. Sin embargo, como característica particular, en caso de que deseen, lo pueden hacer renunciando a su condición de militares activos.

Chile

Como resultado de un creciente deterioro político y económico durante la presidencia de Salvador Allende (1970-1973), el ascenso del General Augusto Pinochet a la presidencia en 1973 significó una transformación profunda y transversal del Estado chileno. Según ^{Angell (1991)}, con la suspensión de las garantías definidas en el orden constitucional de 1925 entre 1973 y 1978, cuando las Fuerzas Armadas se comprometieron a “construir una sociedad nueva en la cual las divisiones políticas serían substituidas por la acción común en pos de la grandeza nacional” (p. 296), se desarrolló un ataque frontal hacia todos los sectores políticos y, por supuesto, a la coalición de gobierno de Allende: la Unidad Popular. De acuerdo con ^{Rouquié (1984)}, el grado de brutalidad empleada respondió al hecho de que Allende “había contado precisamente con la división del Ejército para resistir al golpe de Estado”, por lo cual el gobierno militar buscó “dejar fuera de combate a los dirigentes de los partidos obreros, a fin de desmovilizar por mucho tiempo a las clases peligrosas” (p. 288). Asimismo, según ^{León (1989)}, el impacto social y político del golpe de Estado supuso un proceso drástico de contrarrevolución, en el que se detuvo un proceso de desarrollo que había tenido como característica una significativa expansión de las fuerzas productivas bajo el amparo de un Estado proteccionista y mediador.

A pesar de revertir medidas económicas mediante la liberalización y privatización de algunos sectores de la economía, marcados por sucesivas crisis económicas y situaciones de hiperinflación, el mayor legado político de la dictadura de Pinochet sería la promulgación de la Constitución Nacional de 1980. Según ^{Lechner (2005)}, uno de los efectos reales de esta Constitución se manifiesta en la autonomización de las Fuerzas Armadas, mediante la cual estas “terminan por imponer al Gobierno civil no solo la definición del interés nacional, sino también una presión corporativa particularmente eficaz sobre los recursos fiscales” (p. 90), lo que hace de gran importancia un proceso de “desmilitarización” del Estado chileno. No obstante, las condiciones propias de la Constitución de 1980, basadas en la definición de un modelo de democracia liberal representativa, generaron las condiciones propicias para deponer la dictadura a través del plebiscito de 1988, que votó en contra de una prórroga del gobierno de Pinochet por ocho años más.

Si bien la discusión del orden constitucional chileno ha sido un tema político central durante los últimos treinta años de democracia, lo cual ha supuesto diversos procesos de reforma e, incluso, el surgimiento del proceso electoral de una Asamblea Constitucional en 2020, representa hoy en día la vigencia del legado político de la dictadura en Chile. Actualmente, el sufragio activo de las Fuerzas Armadas se admite por no estar establecido dentro de alguna inhabilidad electoral. No obstante, respecto del sufragio pasivo, según la legislación electoral establecida con la Ley 18700 de 1988, ni el personal del servicio ni las personas que a cualquier título desempeñen alguna función en él podrán militar en partidos políticos ni participar en o adherir a reuniones, manifestaciones, asambleas, publicaciones u otro acto de carácter político partidista o de apoyo a candidatos a cargos de representación popular, así como tampoco podrán participar de esta forma en los actos plebiscitarios.

Por lo tanto, la participación electoral de las Fuerzas Armadas chilenas concuerda con casos como Argentina y Brasil. Aunque se preserva la posibilidad de participar mediante el voto activo, la limitación del sufragio pasivo restringe la posibilidad de incidencia de las figuras militares en los entornos de decisión política civil, dada su inhabilidad para ser elegidos.

Colombia

A pesar de los avances políticos de algunos países suramericanos tras diversos y traumáticos procesos dictatoriales, el caso colombiano no se corresponde con el compás de la región. En primer lugar, el estamento militar colombiano, en sí, no ha tenido una historia marcada por la vocación de las Fuerzas Armadas como actor político. Aunque a lo largo del siglo XX ha habido algunas intervenciones militares en situaciones puntuales como la posguerra del conflicto amazónico con Perú (1932-1933) o el intento de golpe de Estado en 1944, la única dictadura de orden militar se desarrolló con el ascenso del General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) y el subsecuente gobierno de la Junta Militar de 1958. Esta experiencia de gobierno castrense fue dispar en sus dos fases, debido a que la participación de Rojas Pinilla tuvo un enfoque político que marcó una ruptura con el orden ideológico del régimen predecesor. En palabras de ^{Abel y Palacios (1991)}:

A diferencia de Gómez, reconoció que la violencia era resultado en parte de agravios sociales y económicos y puso en marcha un programa de asistencia social bajo los auspicios de la llamada Oficina de Rehabilitación y Asistencia, que proporcionaba préstamos de reasentamiento, examinaba las solicitudes de restauración de propiedades supuestamente perdidas a causa de confiscaciones ilegales y emprendió una serie de mejoras en las regiones de la violencia. Se ofreció una amnistía a los líderes de la guerrilla y varios de ellos la aceptaron. Los éxitos que al principio se apuntaron las medidas destinadas a reducir la violencia prolongaron la euforia que rodeó al golpe. (p. 205)

Sin embargo, a pesar de esta iniciativa del gobierno de Rojas Pinilla, el creciente personalismo y la represión política de su régimen, sumados al acuerdo político de los líderes exiliados en España de los partidos Conservador y Liberal expresado en la Declaración de Benidorm y en el Pacto de Sitges, como base política para el futuro Frente Nacional, generaron el ascenso de la Junta Militar de 1958, que, bajo la dirección del General Joaquín París, fue un gobierno restituyente del régimen constitucional y tuvo un carácter transicional para el retorno de la democracia.

Ahora bien, la inacción política de las Fuerzas Armadas en Colombia durante la Guerra Fría se deriva de dos elementos centrales desarrollados durante este periodo: el conflicto armado interno y la restricción constitucional a su participación política. Como efecto propio del conflicto armado en Colombia, ^{Rouquié (1984)} afirma que el mantenimiento de operaciones militares desde hace más de sesenta años como una necesidad estratégica para combatir los diversos grupos insurgentes y guerrillas dentro del territorio colombiano ha obligado al Ejército a encontrarse “disperso, atomizado, en constante patrulla de las zonas de inseguridad para limpiarlas de elementos rebeldes o insumisos”. Sin embargo, este dominio territorial y estratégico del Ejército no implica directamente una expansión del militarismo como ideología política, puesto que la misión determinante de las Fuerzas Armadas en Colombia es la recuperación del control territorial y la instauración de la autoridad legítima del Estado colombiano en las zonas de dominio guerrillero o paramilitar.

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991, Colombia se configuró como un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y la prevalencia del interés general. Asimismo, el derecho al sufragio por parte de las Fuerzas Armadas fue perdido en 1945, con el argumento de que la disciplina y la subordinación militar, propias de la institución, podrían inclinar al subordinado a votar según el criterio de su comandante. Esta tesis se fortaleció años después con las confrontaciones partidistas y la violencia política que vivía el país, y terminó de consolidarse con el artículo 219 de la Constitución de 1991, en el que se dictamina lo siguiente:

[...] la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima, ni dirigir peticiones, excepto sobre asuntos que se relacionen con el servicio y la moralidad del respectivo cuerpo y con arreglo a la ley. Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos.

Teniendo en cuenta las particularidades del caso colombiano, la propuesta de establecer el sufragio de las Fuerzas Armadas se discute alrededor de dos preguntas: ¿hasta qué nivel de libertad se otorgará el ejercicio del derecho a los miembros de las instituciones castrenses? Y sobre todo, ¿cómo garantizar la indemnidad del orden jerárquico de las Fuerzas Armadas ante el orden civil si entra en contradicción con el ejercicio de este derecho? De esta forma, los procesos de construcción de paz derivados de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, a pesar de las posturas a favor o en contra de los acuerdos y con base en los principios de apertura para la participación política, pueden representar una oportunidad para reabrir este debate. A pesar de que las Fuerzas Armadas son una institución que actúa dentro del orden constitucional como un garante no deliberante, su participación política mediante el sufragio debe ser un elemento de reflexión en la construcción de paz en el país, no solo por el reconocimiento de la importancia de las Fuerzas Armadas en toda acción estatal, sino también porque el sufragio debe corresponder en el mantenimiento del orden legal del Estado.

Por supuesto, la discusión sobre el acceso a este derecho también supone el surgimiento de nuevos retos y discusiones que deben abordarse para la organización y la doctrina de las Fuerzas Armadas, pero sin suponer una vulneración a los principios constitucionales democráticos del Estado, que, ya sea en las urnas o contra todo enemigo público, debe seguir brindando las garantías mínimas para la vida en sociedad.

Perú

El caso peruano, similar a otros casos de la región (como el de Ecuador, Paraguay y parcialmente Bolivia), fundamentó sus procesos dictatoriales en la consolidación de una Junta Militar Revolucionaria entre 1968 y 1980, bajo el mando del General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) y de Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Con el derrocamiento de Fernando Belaúnde Terry en su primer mandato (1963-1968), cuyos últimos años estuvieron marcados por una creciente crisis política de la coalición de gobierno formada por el APRA y la Acción Popular, y por una creciente crisis económica, se instaló en 1968 la formación del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tuvo un carácter “autoritario, nacionalista y antioligárquico” (^{Cotler, 1991}, p. 70).

Mediante la nacionalización de sectores de hidrocarburos y mineros, la implementación de una reforma agraria radical en 1969, así como políticas de índole progresista en el marco laboral y político, la primera fase de la Junta Revolucionaria buscó un proceso de integración masiva en el aparato estatal de las clases sociales, desmarcando la sociedad peruana de entes de dominio ideológico como los partidos políticos y reprimiendo el activismo político. Sin embargo, el aumento de la oposición a las medidas de Velasco Alvarado, y en reacción a un creciente personalismo, la persecución a partidos políticos y la represión a medios de comunicación, desembocó en el crecimiento flagrante de movimientos sociales en su contra. Así, coincidiendo con una crisis diplomática con Estados Unidos, Chile y Bolivia, Velasco Alvarado fue depuesto por el General Francisco Morales Bermúdez en 1975. Durante esta segunda fase, el gobierno de Bermúdez desmontó las gestiones de la primera fase en temas económicos, lo que provocó la protesta social de sectores sindicales y de algunos partidos políticos e incentivó el ambiente para promover una mayor represión del Estado.

A raíz de este escenario, complementado con una suspensión de las garantías definidas en la Constitución Nacional de 1933, se dieron dos acontecimientos de gran importancia: el paro nacional de 1977 y la Asamblea Constituyente de 1979, caracterizada por ser de orden liberal y restituyente del sistema político democrático representativo y garantista de los derechos de la ciudadanía (^{Ballón, 2005}). Estos dos acontecimientos generaron las condiciones sociales y políticas para una transición a la democracia, en la que el surgimiento de movimientos populares confluyó con la instrumentalización de diversos malestares sociales en la lucha política de algunos sectores (^{Ballón, 1989}).

A pesar del legado constitucional de la dictadura, durante los años ochenta, con los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez (1985-1990), confluyeron un deterioro del APRA como partido político dominante y un recrudecimiento preocupante de la inflación y la crisis económica, además del surgimiento de movimientos guerrilleros de gran envergadura como Sendero Luminoso. Esto mostraba una fragilidad institucional que mantuvo un clima de inestabilidad social y de creciente riesgo de retorno de las Fuerzas Armadas al poder. Sin embargo, con el arribo de Alberto Fujimori (1989-1999) a la presidencia, el panorama constitucional del país se redefiniría tras el autogolpe realizado en 1992, que disolvió el Congreso y procedió a establecer una nueva Constitución en 1993; cambios que no fueron liderados desde el orden militar propiamente.

En cuanto al sufragio militar, se implementaron restricciones en los artículos 87 y 89 de la Constitución Nacional de 1979, donde se prohibía expresamente el voto a los miembros de las Fuerzas Armadas mientras estuvieran en servicio, con base en la obediencia que debían guardar los militares hacia el superior en su orden jerárquico, a punto de anular su propia voluntad. Sin embargo, aunque por muchos años se mantuvo esta prohibición, el régimen de la Constitución de 1993 estipuló que las Fuerzas Armadas y de policía tienen derecho al sufragio activo. Es decir, pueden votar en las elecciones, aunque no pueden postularse a cargos de elección.

De acuerdo con los artículos 30 y 31 de dicha Constitución, la regla general del sufragio indica que tienen derecho a elegir y ser elegidos los ciudadanos mayores a dieciocho años en goce de su capacidad civil, de acuerdo con el procedimiento determinado por la ley orgánica. Asimismo, el carácter del voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. En la actualidad, mediante reforma constitucional tras la promulgación de la Ley 28480 de 2005, específicamente en el artículo 34 del texto constitucional, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al sufragio activo de la siguiente manera:

Artículo 34. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.

Aunque el caso peruano mantuvo una relativa similitud con Colombia en los escenarios de delimitación política de las Fuerzas Armadas, la reforma de 2005 replica la tendencia regional de preservar el voto activo de las Fuerzas Armadas, mientas que restringe el sufragio pasivo como forma de contención de la militancia y la acción política de este estamento contra un orden jerárquico definido.

Uruguay

En la experiencia uruguaya de la dictadura que se instaló con el gobierno cívico-militar de Juan María Bordaberry, Alberto Demichelli y Aparicio Méndez entre 1973 y 1985 -figuras civiles bajo tutela constante de las Fuerzas Armadas-, se redujeron los espacios de representación democrática a través de un gobierno de facto y de persecución contra la principal amenaza al orden estatal: el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T). La creciente arremetida antiterrorista de las fuerzas de seguridad ordenada desde la presidencia de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) y el avance electoral significativo del Frente Amplio como coalición de izquierda en las elecciones de 1971 determinaron la toma gradual del poder por parte de los militares. De acuerdo con Finch (1985), el avance militar se basó en diversas acciones:

El golpe propiamente dicho se produjo en 1973, pero por etapas. En febrero fue negado el poder del presidente para nombrar ministros sin la aprobación de los militares; se creó el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), que estaba controlado por los militares y cuyo objeto era aconsejar al presidente, y Bordaberry perdió apoyo político a causa de su aquiescencia a esta infracción de la autoridad civil. En abril ciertas empresas públicas pasaron a estar administradas por militares. Luego las fuerzas armadas actuaron contra la legislatura exigiendo el derecho a presentar cargos contra uno de sus miembros. Temiendo el precedente que ello sentaría, la legislatura negó el citado derecho y fue disuelta en junio, tras lo cual la substituyó un consejo de Estado. (p. 175)

A partir de esto, ^{Sierra (2005)} señala que el punto de inflexión para la ruptura del orden democrático en el nuevo régimen dictatorial se dio con la progresiva centralización del poder político en el presidente en detrimento de la participación política del órgano legislativo, pero sin la intención de invocar la participación de las Fuerzas Armadas, aunque finalmente intervinieran. Así, a semejanza del caso argentino, se estableció un régimen de excepción de doce años en el que se suspendieron todas las garantías constitucionales de la Carta Magna de 1967. Sin embargo, similar al caso chileno, la Junta Cívico-Militar convocó un plebiscito en 1980 para la redacción y vigencia de un nuevo texto constitucional, que desembocaría en una derrota electoral del proyecto militar y, por consiguiente, en una apertura progresiva de los espacios de participación política hasta la transición completa en 1984.

Según ^{Rouquié (1984)}, la introducción de las Fuerzas Armadas al Estado fue progresivamente destruyendo las instituciones representativas. Se proscribieron los partidos de izquierda, se suprimieron las libertades de prensa y expresión, y se institucionalizó la intervención militar en empresas e instituciones del Estado. Asimismo, ^{Landinelli (1989)} afirma que la derrota militar en el plebiscito de 1980 supuso un incremento de la participación de organizaciones estudiantiles, movimientos sindicales y asociaciones sociales y culturales como catalizadores del proceso de transición a la democracia y de resistencia antidictatorial. Esto determinó el retorno a la democracia a través del proceso electoral de 1984, el cual dio como vencedor al colorado Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000).

Ahora bien, preservando las condiciones establecidas en la Constitución de 1967, la República de Uruguay es un Estado unitario democrático, de carácter presidencialista. El poder legislativo reside en la Asamblea General, que costa de una cámara de senadores de 31 miembros y una cámara de representantes de 99 miembros. Respecto a la participación política de los miembros de las Fuerzas Armadas, el artículo 77 de la Constitución establece que todo ciudadano es miembro de la soberanía de la nación, y como tal es elector y elegible en los casos que señale la misma Constitución. El numeral cuarto de dicho artículo precisa lo siguiente:

Los magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Tribunal de Cuentas, los Directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, los militares en actividad, cualquiera sea su grado, y los funcionarios policiales de cualquier categoría, deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto [...].

Los militares que renuncien al destino y al sueldo para ingresar al cuerpo legislativo conservarán el grado, pero mientras duren sus funciones legislativas no podrán ser ascendidos, estarán exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan desempeñando funciones legislativas a los efectos de la antigüedad para el ascenso. Por lo tanto, los miembros de las Fuerzas Armadas de Uruguay tienen derecho al sufragio activo, pero están limitados en cuanto al sufragio pasivo. Más concretamente, la Ley 7812 de 1925, modificada por la Ley 17113 de 1999, en su artículo 186, precisa que el personal militar y policial puede votar uniformado, pero sin armas. A partir de lo anterior, se evidencia una tendencia a contener la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio del sufragio pasivo, pero sin perturbar el ejercicio del sufragio activo controlado.

Venezuela

A lo largo del siglo XX, las instituciones militares en Venezuela han tenido gran incidencia política en el desarrollo del país como república. En primer lugar, hubo una hegemonía militar tachirense que gobernó y capitalizó el control político del país bajo el mando castrense de Cipriano Castro (1899-1908), Juan Vicente Gómez (1908-1935), Eleazar López Contreras (1935-1941) e Isaías Medina Angarita (1941-1945). Luego, tras los sucesos del intermezzo político presidido por la Acción Democrática entre 1945 y 1948, ascendió al poder Marcos Pérez Jiménez (1948-1958), que concluiría un predominio militar en Venezuela de 55 años, durante la totalidad del siglo XX.

Ese dominio estable no se debió solo a una construcción de diversos sistemas constitucionales favorables al dominio férreo del ejecutivo sobre el resto del Estado, plasmado en los textos constitucionales de 1901, 1906, 1909, 1922, 1925, 1928, 1931, 1936 y 1953. También estuvo directamente influido por el crecimiento inusitado de los réditos petroleros a lo largo de la primera mitad del siglo, lo cual permitió un margen de acción mucho más amplio para el dominio político de los militares. Tras el acuerdo político logrado entre la Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), materializado en el Pacto de Puntofijo de 1958, se estableció la Cuarta República Venezolana con la promulgación de la Constitución Política de 1961, de corte democrático liberal. De acuerdo con Judith ^{Ewell (1991)}, dicho orden constitucional se caracterizó por lo siguiente:

Garantizaba la libertad política, los derechos laborales y civiles y obligaba al gobierno a tomar medidas para promover el desarrollo económico y el bienestar social. Conservaba un elemento de federalismo, toda vez que se dejaron poderes residuales a los estados, pero los nuevos poderes del gobierno central reducían generalmente los estados a la condición de divisiones administrativas con poca autonomía. El preámbulo de la Constitución afirmaba que Venezuela sería gobernada por un sistema democrático. Por primera vez los votantes podían elegir al presidente y a los miembros de las dos cámaras del Congreso por medio del sufragio directo y universal. (p. 315)

A pesar del establecimiento de un nueva sistema democrático y estable, que se conjugó con un incremento excepcional de las rentas petroleras entre 1973 y 1979 (al punto de que este periodo se denominó como la “Venezuela Saudita”), el desacierto institucional en el manejo del gasto público y de los empréstitos extranjeros, junto con serios problemas de desfalco y corrupción en el Estado, llevaron a un deterioro del orden democrático del cual dio una señal inequívoca el Caracazo de 1989 y el intento fallido de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez en 1992.

Rigoberto ^{Lanz (2005}, p. 225) aduce que el escenario político venezolano estuvo marcado por la combinación de un orden de profunda influencia de los partidos políticos en las diversas dimensiones de la sociedad, junto con la aplicación de prácticas de orden autoritario. En la misma línea, ^{De la Cruz (1989)} afirma que, tras la reversión masiva del gasto público debido a la devaluación del bolívar en 1983, la condición autoritaria del sistema democrático se tradujo en la cooptación y acaparamiento de la riqueza petrolera por parte de la burguesía y del funcionariado del Estado, lo que abrió un espacio de posible aprovechamiento para los sectores políticos radicales que buscaban transformar el orden democrático.

Por otra parte, respecto a la reacción militar ante el deterioro político, ^{Rouquié (1984)} señala que inicialmente, tras la nacionalización de los sectores sensibles de la economía como el petróleo y el hierro, la integración del Ejército venezolano a los centros de poder de decisión le dio mayor peso institucional y a la vez redujo su incentivo de intervención política. Esto supone una línea ideológica desarrollista y progresista de la oficialidad militar venezolana como resultado del auge económico.

Con la confluencia de estos factores, el arribo de Hugo Chávez a la presidencia en 1998 representó la materialización de los diversos elementos contextuales y políticos de las Fuerzas Armadas en Venezuela frente a su incursión en el orden político. Con la instalación de la Constitución de 1999, que dio inicio a la Quinta República Venezolana, la vocación política de las Fuerzas Armadas adquirió un nuevo peso de orden directo, ya que entre los artículos 63 y 70 no hay restricciones explícitas sobre la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas en el voto como derecho. Asimismo, con los artículos 236 (numeral 6), 328 y 331, se estableció que el sistema de ascensos militares sería competencia directa del presidente, sin ningún tipo de control por parte de la rama legislativa.

Esto supone la permisividad completa del ejercicio del voto activo y pasivo por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas en Venezuela, que también son vulnerables a ser condicionados por la voluntad presidencial, por acción u omisión, al determinar directamente los ascensos. Esta situación fue predicha por ^{Rouquié (1984)}, p. 224) cuando, ante la participación del Ejército en la administración de PDVSA durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez (1974-1979), planteaba esta pregunta: “¿Es este un medio para aprovechar su capacidad profesional, o de mantenerlos bajo control?”. Hoy en día, con la incertidumbre política suscitada por el régimen de Nicolás Maduro, y con la presencia de 10 oficiales dentro de los 33 ministerios, la pregunta de Rouquié puede tener una respuesta más allá de las que propuso en su obra.