Introducción

El concepto de violencia, sujeto a diversas interpretaciones por cada grupo social, puede entenderse y definirse de distintas formas, lo cual lo hace subjetivo y complejo. Esto se debe a que las sociedades tienen diferencias culturales en cuanto a la noción que tienen acerca de los valores, la ética, las normas sociales, los códigos morales y lo que se entiende como daño (^{Bowes & McMurran, 2013}). Sin embargo, hay una concepción general de lo que se conoce como agresión, que claramente está relacionada con la violencia, y hace referencia a cualquier comportamiento orientado hacia otro ser humano con la intención de causar daño. Eventualmente, la víctima se defenderá del daño que se le busca infligir, lo que puede generar más violencia y posibles lesionados. Por otro lado están los perjuicios accidentales, que no se consideran agresión al no ser intencionados (^{Anderson & Bushman, 2002}). La Organización Mundial de la Salud (^{OMS, 2002}) define la violencia como:

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 3)

Asimismo, la OMS define el homicidio, a partir de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), como la “muerte debida a lesiones infligidas por otra persona con la intención de lesionar o matar, por cualquier medio” (^{OMS, 1996}, p. 5).

La violencia es vista como un fenómeno extremadamente difuso y complejo cuya definición no puede ser científicamente precisa, ya que es una cuestión de apreciación, y puede estar influenciada por la cultura y sujeta a revisión continua a medida que evolucionan los valores y normas sociales (^{Sá et al., 2020}). Estudios internacionales que investigan la asociación entre la violencia y el Estado evidencian la presencia de agentes externos al Gobierno capaces de generar grandes conflictos de violencia. Los factores preponderantes que los motivan pueden ser de tres tipos: económicos, sociales y políticos. La violencia puede ser generada por acciones criminales que repercuten en la sociedad y en el núcleo familiar. Así, el crimen organizado se asocia con la consecución de grandes capitales económicos, por el deseo de poder y de codicia, que usualmente provoca una cantidad significativa de homicidios (^{Norza et al., 2020}).

Así como existe una definición general de la agresión, a lo largo del tiempo se ha logrado constituir también una que permita describir a grandes rasgos lo que es la violencia. En este sentido, se entiende como violencia todas aquellas acciones realizadas por una o más personas que generan daños físicos o psicológicos en sí mismos o en las demás personas. La violencia tiene efectos no solo en las víctimas, sino también en la comunidad a su alrededor, por lo cual repercute en el bienestar social, emocional e incluso económico de esta (^{De Mattos et al., 2014}). Por ello, la violencia tiene repercusiones complejas en la sociedad, razón por la que se ha considerado un problema de salud pública. Cuando se habla de violencia y de las formas en que se manifiesta, el homicidio juega un papel importante y constituye una problemática social latente. La gravedad del homicidio recae en que viola la totalidad de los derechos humanos de la víctima y genera daños profundos en las comunidades que son testigos de estos actos (^{Dávila-Cervantes & Pardo-Montaño, 2015}). Es evidente que los índices de violencia son mayores cuando no existe una garantía de seguridad y calidad de vida por parte del Estado, lo que la hace relevante en el ámbito político (^{Medina & Villegas, 2019}). En este sentido, el objetivo de la investigación consiste en comparar la proporción y la tasa de homicidios entre países de Sudamérica entre 1990 y 2020, para ver si hay diferencias estadísticas en las cifras de estos países durante los últimos treinta años. La hipótesis que se intenta demostrar es que sí existen diferencias en al menos uno de estos países, en lo que se refiere a la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y la proporción de muertes violentas en dicho periodo. Esa diferencia puede estar relacionada con las condiciones sociales, políticas y económicas del país.

Marco teórico y conceptual

A comienzos de la década de los sesenta, en las naciones industrializadas de Occidente hubo un incremento de investigaciones asociadas con los homicidios y otros hechos derivados de la violencia, que tuvieron en cuenta por primera vez procesos estadísticos sólidos para garantizar unas conclusiones adecuadas. En las últimas dos décadas se han publicado cerca de doscientos artículos científicos en los que las dimensiones más importantes en relación con los homicidios se cruzan con factores culturales, políticos, demográficos, económicos, religiosos y sociales. Además, en los últimos años se han emprendido estudios trasnacionales al respecto que involucran la desigualdad de género, donde se han apreciado discrepancias sobre la incidencia del feminicidio (^{Carrasco-Jiménez, 2021}).

El daño irremediable que genera un homicidio está relacionado con otro factor que se debe tener en cuenta: el hecho de que quien comete el crimen se siente en la potestad de hacerlo al considerar que sus derechos tienen un mayor peso que los de la víctima. A raíz de ello, ha surgido un número de estudios en diversas ramas académicas que buscan explicar la manera en que ocurre este fenómeno (^{Padrón & García, 2018}). Como se ha dicho, el homicidio no solo afecta irreparablemente a la víctima, sino que también profundiza problemas sociales que normalmente tienen su origen en hechos delictivos: corrupción, narcotráfico, el crimen organizado, impunidad, entre otros. En todo caso, también existen problemáticas que afectan particularmente al agresor y repercuten en sus relaciones interpersonales (^{González-Pérez et al., 2012}). En este sentido, las cifras de homicidios que registran periódicamente distintos organismos son uno de los mejores indicadores de violencia para los investigadores, pues, además de brindar herramientas para ayudar a las organizaciones internacionales a identificar las causas y los detonantes de estos fenómenos, y aconsejar o sugerir acciones y estrategias para que los Gobiernos protejan y velen por la seguridad de los ciudadanos más vulnerables, también permite definir acciones que impidan la acción ilícita de quienes causan los homicidios (^{Padrón & García, 2018}).

América Latina y el Caribe es la región a nivel mundial con mayores tasas de homicidios, con un incremento significativo a partir del nuevo milenio, lo que ha repercutido en factores económicos y sociales. La concentración geográfica del fenómeno en esta región se ve reflejada en la tasa de homicidios, que actualmente a nivel global es de 6,1 por 100 000 habitantes, y se clasifica por continentes así: América, 17,2; África, 13,0; Europa, 3,0; Oceanía, 2,8, y Asia, 2,3. América se puede subdividir en grandes regiones: Norteamérica, 5,1; Centroamérica, 25,9; Sudamérica, 24,2, y el Caribe, 15,1.

La mayor tasa de homicidios se presenta en el grupo de personas con bajo nivel educativo y con dificultad para acceder a fuentes de trabajo estable, lo que determina bajos ingresos económicos. Adicionalmente, en Brasil, el 75 % de las víctimas por homicidio son negras, con una tasa superior a la raza blanca, y la inmensa mayoría son hombres (^{Cano et al., 2020}). La investigación efectuada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (^{UNODC, 2019}), sobre homicidios a nivel mundial, determinó que la probabilidad de que una persona que cometa un acto de homicidio sea arrestada y condenada es de 0,53. Se encontró también que se presenta un patrón heterogéneo entre regiones. Una de las mayores dificultades se relaciona con el registro generado por las autoridades policiales o los entes de salud y sus implicaciones futuras para el sistema judicial.

Según los expertos, la mayoría de homicidios son cometidos por personas que presentan patologías individuales transitorias como, por ejemplo, trastornos de personalidad o disfunciones neurológicas o bioquímicas, o simplemente individuos que obtienen placer a partir del hecho de matar o herir a otros (^{Brookman & Jones, 2016}). A los ojos de ramas como la epidemiología y la salud pública, las muertes ocasionadas por homicidios son clasificadas dentro de la categoría de causas externas (^{Di Marco & Sy, 2020}).

Los datos de la OMS y la UNODC ratifican que América Latina es la región del mundo con la cifra más alta en homicidios, y estas tasas siguen aumentando en lugar de disminuir, a pesar de los esfuerzos de la región por mejorar las condiciones socioeconómicas (^{Concha et al., 2020}). Estos datos también indican que la mayoría de las víctimas de homicidios, e incluso los victimarios, son jóvenes en los rangos de edad de 15 a 29 años y adultos de 30 a 44 años (^{UNODC, 2013}). Asimismo, factores familiares y sociales como las malas relaciones familiares, el maltrato infantil, la falta de tiempo para crianza, los rasgos violentos de los padres o acudientes responsables de los menores y las familias numerosas, entre otros factores, han hecho que la violencia juvenil aumente considerablemente en las últimas décadas, al propiciar que los jóvenes se involucren en temas de agresiones, drogas e incluso homicidios (^{Acero et al., 2007}).

Se ha podido constatar también que las desigualdades y diferencias de estrato y la falta de oportunidades económicas, que afectan a la población más pobre y vulnerable, inciden de manera particular en los índices de violencia reflejados en homicidios y en los porcentajes de delincuencia de una sociedad (^{Dix-Carneiro et al., 2018}). Esto es lo que se conoce como una sociedad con choques económicos. En las naciones donde existen grandes divergencias económicas entre la clase baja y alta probablemente existen tasas de homicidio mayores que en países con una brecha menor de desigualdad (^{UNODC, 2019}). Pese a ello, en la medida que se amplían los beneficios a las comunidades en donde hay actores delincuenciales, se ha detectado una reducción de los actos violentos y, por lo tanto, de homicidios y heridos (^{Machado et al., 2018}).

En el estudio efectuado por ^{Siegel y Boine (2019}), encontraron que los factores significativamente asociados con la tasa de homicidios fueron la densidad de la población, el porcentaje de hombres jóvenes, la tasa de delitos contra la propiedad privada, el consumo de alcohol per cápita, el consumo de drogas y la distribución no controlada de armas de fuego.

A comienzos de la década de los setenta, surgió el término feminicidio, empleado con el fin de resaltar los homicidios asociados con el género femenino (^{UNODC, 2019}, p. 21). En la última década, el feminicidio ha tenido un gran impacto social y político relacionado con asuntos de género, aunque dicha definición es motivo de debate actualmente entre las personas conocedoras del tema (^{Cano et al., 2020}). Al respecto, el número de homicidios de mujeres cometidos por el esposo o la pareja sentimental, aunque representan un porcentaje bajo respecto al total de homicidios en el mundo, por lo general no es aleatorio y se relaciona con factores de violencia de género, donde el hombre ejerce un poder constante sobre la mujer y en condiciones de desproporción histórica entre los sexos. Estos casos de violencia intrafamiliar suelen no ser reportados por las mujeres ante las autoridades por miedo a represalias o temor a perder el apoyo económico de sus parejas, entre otros factores (^{UNODC, 2019}).

Metodología

El estudio es descriptivo comparativo de tipo longitudinal. La información se recopiló del portal de datos de libre acceso ^{Our World in Data (s. f.)} de la Universidad de Oxford, y de la base de datos de las Naciones Unidas (^{UNODC, s. f.}). Las variables tenidas en cuenta en el proceso investigativo fueron la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y la proporción de muertes por homicidio, discriminadas por países en los últimos treinta años. Se utilizó el modelo lineal general con contraste de Tukey, con un nivel de confiabilidad del 95 %, utilizando transformación de datos con base en la familia BOX-COX para garantizar los supuestos asociados al modelo. El análisis se complementó con la técnica multivariada Biplot. Para el proceso estadístico de la información, se empleó el paquete estadístico SAS University y R (versión 3.6.1).

Resultados

Colombia, Brasil y Venezuela presentan las estadísticas más altas con relación a la tasa y proporción de homicidios en Sudamérica en las últimas tres décadas; en el último lustro, Colombia bajó de manera significativa su tasa de homicidios. Las naciones ubicadas más al sur de Sudamérica poseen las menores proporciones de homicidios. En cuanto a Venezuela, a partir de la década del 2000 presentó un incremento notorio en las cifras relacionadas con homicidios. Asimismo, Colombia presenta una diferencia estadística significativa respecto a las demás naciones del sur del continente americano (p<0,05), como se aprecia en la Tabla 1.

En la Figura 1 se puede apreciar que en Colombia hubo una disminución notoria en relación con la tasa de homicidios. Bolivia y Chile son naciones en que esta tasa ha disminuido con el tiempo, caso contrario de Venezuela, que presenta un incremento notorio a lo largo de los últimos lustros. Uruguay presenta un pequeño incremento, al contrario de Ecuador, donde se aprecia una disminución en los últimos quince años.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Evolución de la tasa de homicidios en Sudamérica por cien mil habitantes. 

El análisis Biplot (Figura 2) permitió establecer una relación marcada entre Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Uruguay en lo relacionado con los homicidios. Paraguay y Ecuador se correlacionan, mientras Brasil, Colombia y Venezuela conforman las naciones más peligrosas en lo referente a casos de homicidio. Del año 2000 al 2015, los casos de homicidios en Sudamérica presentan un comportamiento más independiente, pues se observa mayor ángulo de relación, mientras los dos últimos lustros se correlacionan en mayor medida.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Análisis Biplot en el tiempo. 

Un bajo porcentaje de las muertes globales son causadas por homicidio a nivel mundial (0,7 %). Sin embargo, se puede apreciar que en algunas naciones se acerca al 10 %. En la Figura 3 se puede apreciar cómo esta proporción de muertes varía en todo el mundo. Existen grandes divergencias entre países y regiones: en la mayor parte de Europa occidental, menos del 0,1 % de las muertes se debieron a homicidios; en Europa del Este, África del Norte, Asia y Oceanía, fue menos del 0,5 %; en los Estados Unidos fue del 0,7 %. Sin embargo, se observa que en algunos países la proporción es muy marcada. Las cifras son particularmente altas en algunas naciones de América Latina, como Colombia, Venezuela, Brasil, Honduras, Guatemala y México.

Fuente: ^{Our World in Data}

Figura 3 Porcentaje de muertes debidas a homicidios en el mundo (2017). 

También existen grandes diferencias en las tasas de homicidio en todo el mundo, que miden el número de homicidios por cada cien mil habitantes. Estas tasas brindan un panorama preciso de las diferencias en casos de homicidios entre naciones a lo largo del tiempo. En contraste con la proporción de muertes, las tasas de homicidios no se ven afectadas estadísticamente por cómo están cambiando otras causas o factores de riesgo de muerte. En la Figura 4 se muestran las tasas de homicidio a nivel mundial. Es claro que existen grandes divergencias en las tasas de homicidios entre países: estas tasas presentan altas cifras en América Latina, en particular, en El Salvador, Venezuela, Honduras, Guatemala y México. Las tasas en dichos países son a menudo superiores a 30; en El Salvador, de más de 50. Comparando estas cifras con las tasas de homicidio en Europa occidental, Japón o el Medio Oriente, se evidencia que los homicidios fueron inferiores a 1 por cada 100 000 habitantes; esa es una diferencia de 50 veces respecto a El Salvador.

Fuente: ^{Our World in Data}

Figura 4 Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes (2017). 

En la Figura 5 se puede apreciar que en Europa la mayor tasa de homicidio por cien mil habitantes se presenta en el sexo femenino, al igual que en Australia. En Sudamérica, por el contrario, el sexo masculino presenta las mayores estadísticas.

Fuente: Unicef

Figura 5 Tasa de homicidios por sexo. 

En la Figura 6 se proyecta el número anual de muertes por homicidio por rango de edad, donde se destaca que el mayor valor se da en el rango entre 15 y 49 años. En Perú se muestra una franja relevante de adolescentes muertos por homicidio entre 1990 y el año 2005, comportamiento similar al que se presentó en Chile y Bolivia. En Uruguay se destacan los homicidios en personas mayores de setenta años de manera creciente a lo largo del tiempo.

Fuente: Elaboración propia

Figura 6 Homicidios en Sudamérica por rango de edad. 

Homicidios de niños

Según ^{Unicef (2017)}, cada siete minutos, en algún lugar del planeta, un adolescente muere a causa de un acto de violencia. La Figura 7 muestra las tasas de homicidio de niños de 0 a 19 años en los diferentes países del mundo. Como se puede apreciar, existe una gran heterogeneidad entre regiones, donde Sudamérica se destaca por tener altas estadísticas. En el año 2015, la tasa de homicidios en América Latina y el Caribe fue casi cinco veces mayor que el promedio mundial.

Fuente: ^{Unicef (2017)}

Figura 7 Tasas de homicidio infantil en el mundo por cada cien mil habitantes en 2015. 

En la Tabla 2 se puede comprobar que Venezuela, Brasil y Colombia tienen la mayor tasa de homicidio infantil en Sudamérica. Chile, Perú y Uruguay son las naciones con una cifra menor.

Tabla 2 Tasas de homicidio infantil en Sudamérica en menores de 20 años 

País	Tasa	País	Tasa
Argentina	3	Ecuador	6
Bolivia	7	Paraguay	7
Brasil	17	Perú	2
Chile	2	Uruguay	2
Colombia	13	Venezuela	20

Fuente: Elaboración propia con base en información de ^{Our World in Data}

Discusión

Hacer seguimiento a las estadísticas de homicidio en una región permite no solo establecer el alcance de las acciones violentas, sino también tener claridad de las acciones a seguir. Asimismo, facilita que los organismos internacionales conozcan la realidad de una región para plantear acciones y estrategias que le faciliten a los gobernantes menguar el impacto de la violencia y proteger a quienes estén en riesgo, así como atender a quienes por sus condiciones puedan dedicarse más fácilmente a delinquir (^{Padrón & García, 2018}).

Conocer las estadísticas de mortalidad generada por hechos violentos es también una manera clara de entender la realidad y comprender cómo la inequidad, la injusticia y las luchas por defender los intereses particulares son detonantes de esta problemática (^{Jiménez, 2017}). De acuerdo con los estudios, las muertas violentas entre 1980 y 2000 se asocian con las políticas neoliberales que fueron semilla de mayores índices de pobreza. Para procurar mantener la armonía social y tener un mayor control en el comportamiento de quienes integran una sociedad, es necesario la implementación de normas y leyes que marquen la pauta de un debido actuar entre las comunidades (^{Briceño-León, 2012}).

Desde la Conquista, la historia latinoamericana ha estado colmada de procesos de transformación social en los que la violencia y la corrupción han sido protagonistas. Así sucedió en la época de la Conquista y en otros momentos históricos, con la esclavitud, la apropiación de tierras, entre otros eventos. Esta situación ha permanecido en el tiempo y se evidencia en la violencia urbana, en los altos índices de delincuencia y en las acciones de grupos armados y al margen de la ley tanto en cascos urbanos como en zonas rurales.

Ello está estrechamente ligado a las diferentes etapas de violencia política en la región: desde las luchas contra las guerrillas de países como Perú, México y Colombia, la violencia policial en Brasil y las tragedias cometidas por los paramilitares en Colombia, especialmente en la región del Urabá, hasta las dictaduras que tuvieron lugar en Centroamérica y el Cono Sur. Esta realidad se refleja de igual manera en el uso de la violencia por parte de los gobiernos y de algunos ciudadanos con la finalidad de lograr objetivos políticos (^{Briceño-León, 2012}). La correlación entre la violencia, los procesos de democratización y liberalización económica son el factor más frecuente en la investigación sobre la violencia en América Latina (^{Vilalta, 2020}).

La información recopilada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que, en la última década, las tasas de homicidio han aumentado constantemente en algunos países de América Latina, lo que además de convertirla en la región más insegura y peligrosa del mundo, refleja un bajo desempeño de los gobiernos a la hora de frenar los homicidios, cuyas víctimas son en su gran mayoría hombres. Además, se estima que, de cada cien mil jóvenes, 70 son víctimas de homicidio, lo que convierte a este grupo poblacional en el más afectado por esta problemática (^{Medina & Villegas, 2019}). Esta situación ha hecho que las lesiones intencionales se conviertan en una de las principales causas de mortalidad en la región, agravando e intensificando la problemática violenta que, en definitiva, vulnera los derechos fundamentales de los habitantes (^{Rodríguez, 2008}).

Entre los países que registran mayores cifras de homicidios y los que registran menores cifras, hay diferencias evidentes en el índice de desigualdad (^{Jaitman & Machin, 2015}). Esto se identifica claramente al sur del continente latinoamericano, donde países como Uruguay, Argentina y Chile reportan bajas tasas de homicidio, similares a las existentes en Europa (^{UNODC, 2013}), mientras que en América Central y la parte norte de Sudamérica las cifras de hombres entre los 15 y 29 años que han sido víctimas de homicidio casi cuatriplican la media global para este grupo específico (^{Otamendi, 2019a}). De hecho, de las casi cien mil personas que murieron a causa de las armas de fuego en el año 2014 en la región, el 84 % fue por agresiones, a comparación de un 3 % por suicidios, 2 % por accidentes, 1 % por intervención legal y 10 % por causas no identificadas (^{Otamendi, 2019b}). En todo caso, la evolución histórica y el análisis comparativo del número de homicidios no se pueden sustentar solamente por factores de desigualdad social, ya que estos siempre han de estar presentes.

Así, al evaluar la dinámica de comportamiento de Europa se observa una tendencia descendente, asociada fundamentalmente a la confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones gubernamentales; caso contrario a EE. UU., donde la solidaridad social y la confianza ciudadana en el Gobierno presentan estadísticas bajas. En Japón, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de homicidios decreció de manera significativa, especialmente en jóvenes pertenecientes al sexo masculino. En Rusia disminuyó el número de homicidios gracias a las restricciones del gobierno de Gorbachov, quien impuso una restricción a la producción del alcohol, que pasó a ser monopolio del Estado.

En Brasil, a finales de la década de los ochenta se presentaban altas tasas de homicidios, asociadas con luchas de clases y factores políticos. Sin embargo, a partir del nuevo milenio se ha observado una caída significativa: São Paulo pasó de una tasa de 52,5 homicidios en 1999 a 11,5 por cada cien mil habitantes en 2008; allí se destaca la actuación de la policía para disminuir dichas cifras. Colombia presenta un historial alto en homicidios debido a los conflictos internos y la presencia del narcotráfico. En Venezuela se han incrementado los homicidios principalmente debido a la situación política impuesta por el régimen, lo que ha aumentado la brecha social y ha repercutido en la inestabilidad laboral y financiera (^{Goertzel et al., 2013}).

El estudio adelantado por ^{Chainey et al. (2021}), en el cual se empleó un tamaño de muestra representativo a nivel mundial, determinó una correlación significativa entre el nivel de corrupción, la efectividad con la que actúa el gobierno y la tasa de homicidios. Esto permitió determinar que, en las naciones que presentaban altas estadísticas de homicidios, había baja efectividad gubernamental, lo que incidió en la ineficacia para controlar la corrupción. Esto se dio especialmente en Latinoamérica. En Venezuela se ha incrementado la tasa de homicidios en la última década, caso contrario al de Chile, Colombia, Bolivia y Perú. La investigación plantea que por cada aumento de 0,1 % en el control de la corrupción, la tasa de homicidios se puede reducir en aproximadamente un 3 %.

También se ha encontrado que la tasa de impunidad por homicidios en América Latina es alta y va a la par con el incremento de las muertes por este concepto. Esto se explica porque los recursos de la justicia penal y la capacidad de las autoridades para impartir justicia y controlar esa violencia son escasos y a veces casi nulos (^{UNODC, 2013}). A esta problemática se suma el incremento del uso de armas de fuego entre los grupos poblacionales en las dos últimas décadas, por factores como la libertad para comercializar armas en algunos países, el uso de armas por parte de la delincuencia común que antes estaban en poder de la guerrilla y la distribución de armas provenientes del narcotráfico. Todo ello ha hecho que parte de la población considere la posibilidad de armarse para su defensa propia (^{Briceño-León, 2002}).

Las causas y los factores directamente relacionados con el aumento de los niveles de homicidios han sido objeto de estudio para un gran número de investigadores. En este proceso se ha determinado que la inequidad y la desigualdad en la distribución de los recursos económicos, y la falta de oportunidades para muchos, que generan pobreza y frenan el desarrollo de diversos grupos poblacionales, son un detonante de estas situaciones violentas que desembocan finalmente en homicidios (^{Dávila-Cervantes & Pardo- Montaño, 2015}).

En el caso de Brasil, la debilidad de las instituciones públicas a la hora de velar por la seguridad de los ciudadanos y contener situaciones violentas, así como la desigualdad en la distribución de la riqueza, la carencia de bienes y servicios básicos para una gran parte de la población y el deterioro de los cascos urbanos, son factores que pueden propiciar un crecimiento de los homicidios en la última década, lo cual es una problemática latente no solo en las principales ciudades del país, sino también en los sectores rurales y en el interior (^{De Mattos et al., 2014}). Esto se refleja, por ejemplo, en ciudades como Rio de Janeiro, donde tanto adolescentes como hombres de corta edad fuertemente armados, la mayoría de las veces con armamento entregado por el narcotráfico para que defiendan esos territorios de la presencia del Estado y las autoridades legales, patrullan los barrios populares de la ciudad, conocidos como chabolas. Su misión es defender esos territorios en nombre de narcotraficantes y criminales que buscan posicionarse como figuras de poder. La complejidad de ello se evidencia en los más de mil homicidios por año que se presentan en este país (^{Hauck & Peterke, 2010}).

En Argentina, el homicidio es considerado la cuarta causa de muerte, de acuerdo con los estudios presentados por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, con una tasa bruta de 44,73 por cien mil habitantes en 2016 (^{Di Marco & Sy, 2020}). Por su parte, en Montevideo, Uruguay, los índices de homicidios interpersonales son superiores a los homicidios relacionados con hechos delictivos, mientras que en Quito, Ecuador, las proporciones de homicidios interpersonales y por delito son casi idénticas (^{UNODC, 2013}).

Los homicidios en Perú entre 2011 y 2015 tuvieron un incremento en 1,8 víctimas por cada cien mil habitantes; el aumento fue de 0,7 entre las mujeres y de 2,7 en hombres (^{Nuñovero, 2017}). El gobierno chileno se dedicó, por su parte, a impulsar campañas enfocadas en la violencia de género. Sin embargo, estas se centran más en hacer referencia al victimario que a las causas socioculturales del feminicidio, raíz central de esta problemática, por lo cual esta situación se sigue presentando (^{Cáceres, 2016}).

En Venezuela, desde que Hugo Chávez alcanzó el poder de manera abrumadora en 1999, resultado del descontento de la población y la desconfianza en los partidos políticos tradicionales, la tasa de homicidios subió 5 puntos y al año siguiente 8 más, pese a los cambios institucionales que el Gobierno introdujo para implementar un nuevo sistema político. Esta situación convirtió a Venezuela en uno de los más violentos del mundo, con las mayores tasas de homicidio. Esto llegó al punto de que en 2015, pese al silencio estatal, la Fiscalía General reconoció la gravedad de esta problemática al afirmar que la tasa alcanzó los 58 homicidios por cien mil habitantes. En parte, esta situación se ve influenciada por la política de seguridad y los órganos armados del Estado, el no respeto de los derechos humanos y la falta de protección de la población, así como el incremento de los operativos dirigidos por órganos militares sin control ni vigilancia de las entidades defensoras de derechos humanos, lo que incidió en el incremento de los homicidios (^{Ávila, 2017}).

Bolivia ha sido víctima del narcotráfico internacional que, en manos de extranjeros, ha echado raíces en el país para controlar y coordinar las acciones de organizaciones menores integradas por bolivianos dedicados a la distribución interna y a seguir órdenes de los carteles internacionales. Estas organizaciones, con toda la logística y el poder económico que les permite moverse fácilmente, han alcanzado sectores formales de la economía y han aprovechado igualmente el abandono del Estado en gran parte del territorio. Esto les ha permitido influenciar todo tipo de organizaciones, desde sindicatos, gremios hasta grupos campesinos para tratar de legitimar sus operaciones. Las redes internacionales del narcotráfico son capaces de retar al Estado y han sido responsables en gran medida del incremento en las tasas de homicidios en Bolivia (^{Campero, 2012}).

Como en otros países de América Latina, Paraguay también es víctima de los altos índices de inseguridad, lo que ha llevado a los organismos de control a buscar estrategias de prevención e implementar medidas duras para combatir la delincuencia común y organizada. Aunque se cree que en este país las tasas de homicidios generados por actos violentos y premeditados son pocas, los datos precisos indican que en el 55 % del territorio las tasas de homicidios son epidémicas según la OMS, pues superan las 10 muertes violentas por cada cien mil habitantes, como sucede en departamentos con cifras alarmantes, como Caazapá (65,1), Canindeyú (30,71), Alto Paraguay (27,13) y Caaguazú (23,9) (^{Solís et al., 2019}).

Conclusiones y recomendaciones

Colombia presenta una diferencia estadística significativa respecto a las demás naciones de Sudamérica en lo referente a la tasa de homicidios por cien mil habitantes y en la proporción de muertes por esta causa (p < 0,05). Ello se debe a que en el país ha habido grupos al margen de la ley como paramilitares, guerrilla y narcotraficantes, que reclutan jóvenes para integrar sus filas. En este sentido, se presentan muchas muertes asociadas a los enfrentamientos entre estos grupos por el control de territorios.

Por otro lado, desde que asumió el régimen chavista en Venezuela, la tasa de homicidios se ha incrementado, principalmente por la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales y la creación de grupos bolivarianos. De igual modo, en las grandes ciudades se presenta una alta inseguridad. El incremento en la tasa de homicidios pasó de 15,4 en el año 1990 a 47,9 en el 2020.

En varios municipios de São Paulo, Brasil, ha habido una caída significativa en la tasa de homicidios, pasando de 33,1 a comienzos del nuevo milenio a 6,4 en 2018, con una dinámica similar en la capital del estado (^{Muggah et al., 2019}). Los jóvenes del sexo masculino entre 15 y 24 años en condición de pobreza extrema fueron el grupo más favorecido por esta reducción de la tasa de homicidios (^{Freire, 2018}). En el pasado, la mayoría de homicidios se debía principalmente a la presencia de drogas y alcohol (44,2 %), donde el 88,6 % de los casos reportados eran cometidos con armas de fuego. Gracias a las estrategias policiales de control de uso de armas y distribución de drogas, la tasa de homicidios se ha reducido de manera notoria (^{Goertzel & Kahn, 2009}).

Los países que están más al sur de Sudamérica presentan las estadísticas más bajas en relación con las tasas de homicidios. En el caso de Uruguay (6,0) y Chile (4,3), son países que han tenido regímenes políticos estables en las últimas décadas, lo que favorece la seguridad de sus naciones. En Sudamérica se observa que entre los 15 y 49 años se da la mayor tasa de homicidios, y este rango de edad se asocia con la mayor población laboral. Por otro lado, en Argentina y Uruguay se dan cifras significativas de homicidios en personas mayores de setenta años de edad.

En las últimas décadas, Sudámerica presenta cambios notorios en los regímenes gubernamentales, lo que ha incidido en el incremento de la tasa de homicidios, en gran medida por la inequidad que se da en la población civil. Esto, a su vez, provoca un gran flujo de migraciones, lo que conduce a que las personas se expongan a mayores peligros en busca de mejorar su calidad de vida. Por ello, los Gobiernos de la región deben velar por garantizar la seguridad para la población tanto nacional como extranjera que habite en el territorio.

Muchos homicidios se pueden prevenir al diseñar campañas pedagógicas relacionadas con el valor por la vida. Para ello se debe instaurar una cátedra de civismo a nivel escolar, que permita a los adolescentes tener mayor sentido de patria y vida. De igual manera, se debe mejorar el nivel de vida de los habitantes, lo que permitirá que la población tenga mejores oportunidades de empleo, educación, salud, para reducir la probabilidad de que se presenten casos de homicidios. Se puede concluir que el homicidio es un problema con particularidades propias en cada país, ya que son muchos los factores que influyen en que las tasas de homicidio sean muy bajas en unos países, mientras en otros son altas.

El homicidio trae consecuencias graves de tipo emocional para el núcleo familiar de la víctima y su círculo de amistades, y también impacta la economía de una nación, lo que se refleja en los años perdidos asociados a la esperanza de vida de las personas. Establecer la causa que da origen a un homicidio representa un elemento importante para las autoridades, no solo para resolver un caso en particular, sino también para establecer la forma en que los casos son investigados. Al respecto, un porcentaje muy bajo de los casos de homicidios son resueltos sin conocer el motivo que condujo a ello. Este tema también es de gran interés para los entes de salud pública, con el fin de diseñar estrategias que permitan reducir estos eventos.