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Introducción
Diferentes estudios han explicado por qué las relaciones civiles-militares (RCM) deben ir más allá del concepto de control civil, que se basa ampliamente en la probabilidad de que se produzca un golpe de Estado. Algunos de estos estudios han incluido elementos que aumentan las oportunidades de construir democracias de buena calidad en todo el mundo. Croissant et al. (2010) y Bruneau (2011) son dos ejemplos útiles de este tipo de marcos analíticos en que se conciben e incluyen nuevos elementos en el debate sobre las RCM. Sin embargo, aunque ambas propuestas mencionan directa o indirectamente las identidades de civiles y militares, ninguno discute explícitamente cómo estas identidades moldean los comportamientos dentro de sus interacciones. De hecho, consideran las identidades como una parte del proceso de educación militar que resulta útil para construir una mentalidad democrática entre los miembros de la organización.
Así, este artículo explora el papel que desempeñan las identidades en los desafíos estructurales que experimentan las RCM en Colombia. Para ello se toma el contexto de la campaña presidencial colombiana de 2014 (noviembre de 2012 a junio de 2014) como estudio de caso y se analiza mediante una serie de entrevistas y grupos focales con 85 militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia, donde se abordaron variables relacionadas con las identidades de los militares. Con esto se busca explicar cómo las identidades militares con las que se comprometen los militares colombianos en servicio activo y retirados pueden ser tanto un activo como un pasivo para fortalecer la toma de decisiones, la autoridad y la supervisión de las Fuerzas Armadas por parte de los civiles. La investigación en psicología social cognitiva ofrece algunas pistas para responder a estas preguntas.
En una primera parte, el artículo desarrolla el marco analítico. Allí se explican los marcos teóricos de las RCM propuestos por Croissant et al. (2010), así como el propuesto por Bruneau (2011). En complemento, se presenta el modelo dinámico de identidad (Franke, 1999) y la teoría de la identidad cuasi-étnica (Daley, 1999) para desarrollar algunas ideas en materia de identidades. En la segunda parte del artículo, a partir de diferentes fuentes de información pública -principalmente periódicos y revistas-, se contextualizan los eventos más significativos durante la campaña presidencial de 2014. Más allá de lo anecdótico y particular del caso escogido, la tercera parte se concentra en el análisis de dos de los muchos aspectos que es posible dilucidar al estudiar las relaciones entre identidades y RCM. Se trata en este punto de analizar cómo el entorno político colombiano amenazó la “red central de intereses” y las identidades a las que más se adscriben los oficiales de las Fuerzas Armadas, lo que evidencia un dilema entre la “contestación informal militar” y la “contestación identitaria”. Posteriormente, se revisan aspectos de la mentalidad y las identidades en términos de la educación militar profesional (EMP), identidades, eficacia y eficiencia.
Se concluye que las identidades de los militares colombianos se conformaron durante un complejo proceso histórico, político y social en el que han convivido la democracia y el conflicto armado durante los últimos cincuenta años, lo que se destaca en las preocupaciones que tienen los militares. También se señala cómo esas identidades replican sus significados, percepciones e imaginarios, que van más allá de una simple valoración táctica o un comportamiento extraño frente al control civil. Por último, se propone seguir investigando sobre las cuestiones identitarias en su interacción con las RCM, con el propósito de construir un entendimiento entre este particular grupo social y el resto de grupos sociales civiles.
Marco teórico
El marco teórico de esta investigación se basa en modelos sobre identidades militares y en teorías sobre las RCM.
Sobre las identidades militares
La literatura sobre las identidades militares señala varios factores que pueden explicar la forma en que los miembros en servicio activo y retirados de las Fuerzas Armadas reaccionarían frente a las amenazas o desafíos a sus identidades. Según Franke (1999), una gran variedad de programas de investigación se han visto influidos por “la idea de conceptualizar la identidad social como la combinación de interacciones interindividuales y la identificación cognitiva del grupo” (p.21; traducción propia). La idea central es que los seres humanos configuran su identidad a partir de un diálogo consigo mismos (su autorrepresentación) y en su relación con el exterior (por la representación hecha por otros), mediante una interacción entre ambas (Stryker, 1980). De esta forma, la visión que tiene de sí un sujeto, en un momento y contexto determinados, forma parte de un proceso complejo y dinámico de autocategorización y comparación social, que podría concebirse como una identidad (Franke, 1999). Enmarcado en la teoría sociológica, Franke (1999) propuso un modelo dinámico de identidad en el que las identidades, los valores terminales e instrumentales, las actitudes y los comportamientos son interdependientes, y conforman y a su vez son conformados por la manera como las personas se reconocen a sí mismas (p. 32). El orden que ocupa una identidad específica para un individuo está relacionado con la importancia que este le otorga y la forma como la traslada a la vida cotidiana (Stryker, 1980). “En cualquier situación, los individuos invocarán los intereses vitales centrales que refuerzan su autoconcepto existente” (Franke, 1999, p. 32; traducción propia). En este modelo intervienen tres elementos cuando el conjunto de “intereses centrales” informan las preferencias individuales: el poder (cuán potente es la preferencia), la ubicación (cuán central es) y la valencia (qué signo va con ella).
Como se plantea en Rivera-Páez (2019) al citar a Daley (1999) sobre el proceso de socialización del soldado, es claro que se asume “como premisa que los individuos que adoptan el estilo de vida militar desarrollan una creciente identificación con el Ejército como un componente central de lo que son” (Daley, 1999, p. 56; traducción propia). De ahí que las Fuerzas Armadas podrían entenderse como una identidad étnica. Esta concepción, que puede ser controversial frente a la teoría antropológica y su concepción de etnicidad, da validez a la consideración de que “las personas que se incorporan al ejército abrazan todo el poder de su herencia”. De alguna forma, la etnicidad se relaciona con esa comunalidad que se teje a partir de lo que se hereda, lo que se vuelve costumbre y los valores que unen al grupo.
Por otra parte, Daley (1999) cita a Helms para argumentar que no hay relación entre lo que Stryker (1980) señala como poder y ubicación. En este sentido, la interacción con el grupo, con los grupos de referencia y con el conjunto de configuraciones identitarias son lo que le permite al individuo aceptar o rechazar ese sentido de comunalidad. Al respecto, durante el proceso de formación militar, el Curso Básico Inicial es el mecanismo por el que el soldado se ve inmerso en los estándares étnicos institucionales que plantea Daley (1999): la imagen, el autocontrol, el cuidado de los suyos, el enfoque en la misión, la continuidad del entorno y las jerarquías como convención social. Algo en lo que hace énfasis Daley es que, no porque el soldado experimente esa aculturación, asumirá la configuración identitaria de manera automática. Por ello, los grupos de referencia son importantes para el surgimiento de la identidad étnica del militar: “La coincidencia de experiencias hace que sea más fácil hablar con otros militares que con los locales”; la cantidad de amigos militares se incrementa, por lo cual los amigos civiles comienzan a parecer transitorios. De esta forma, “la constancia de los militares se convierte en el sistema central” (Daley, 1999; traducción propia).
Sobre las relaciones civiles-militares
La conceptualización y operacionalización de las RCM ayudan a explicar la complejidad de la interacción propia de estas relaciones, al tiempo que permite entender más fácilmente qué incluye el control civil y qué otros elementos diferentes a este están presentes en ellas. Como se ha dicho, Croissant et al. (2010) y Bruneau (2011) ofrecen marcos analíticos que incluyen nuevos elementos en el debate sobre las RCM, entre ellos las identidades, que consideran directa o indirectamente como parte del proceso de educación militar. Debido a la importancia de esta premisa, además de sus análisis sobre países como Colombia, en esta sección se presenta una rápida descripción de los elementos que propusieron.
En Patriotsfor profit, tras una década de perfeccionamiento y pruebas sobre el terreno, Bruneau (2011), con base en la perspectiva del nuevo institucionalismo, propone un enfoque comparativo útil para el análisis de las RMC tanto en las viejas como en las nuevas democracias. De hecho, lo utilizó para hacer análisis de las RMC en Estados Unidos (Bruneau, 2011) y en algunos países de Suramérica (Bruneau, 2013). Su propuesta metodológica es utilizar tres dimensiones: control, eficacia y eficiencia, con el fin de entender el papel de los militares y de otros instrumentos estatales de seguridad nacional, pero también comprender qué tan bien lo hacen y cuál es el costo en personal y para el presupuesto. Este análisis exhaustivo de las RCM democráticas se basa en la importancia de llevar el debate más allá del sesgo sistemático de ver las RCM simplemente como un asunto de control civil. Cada dimensión que propone tiene sus propios elementos de análisis.
Los tres principales instrumentos que utilizan los gobiernos para lograr la seguridad en un país son el ejército, la policía y los servicios de inteligencia (Bruneau, 2011, p. 35). Para asegurar el control civil democrático sobre estos instrumentos, Bruneau (2011) propone tres aspectos: “la autoridad civil sobre los mecanismos de control institucional, la supervisión normalizada y la inculcación de normas profesionales a través de la educación militar profesional” (p.31, traducción propia). Cuando se refiere a los mecanismos institucionales, habla de la existencia de instituciones como “los ministerios de defensa, las subcomisiones parlamentarias, los consejos de seguridad nacional y los procesos de promoción de oficiales” (p. 32). Al respecto, la discusión sobre el control debe atender al análisis sobre las funciones y misiones asignadas a cada uno de esos instrumentos. En este sentido, el control incluye un ejercicio regular de revisión en el que todos los instrumentos (fuerzas) siguen la dirección y orientación establecidas por esas instituciones. Las normas profesionales, como se puede deducir, se refieren a las normas que rigen la carrera de los miembros de las Fuerzas Armadas, e incluyen su institucionalización “a través de políticas legalmente aprobadas [...] de acuerdo con los objetivos de la dirección civil democráticamente elegida” (p.36).
En cuanto a la eficacia, Bruneau (2011) basa su análisis en los elementos “con los que las fuerzas de seguridad cumplen las funciones y misiones asignadas” (p.36). Como consecuencia de los cambios actuales en el entorno y las misiones en las que participan los ejércitos en todo el mundo, su propuesta incluye tres requisitos “necesarios pero no suficientes” para medir la eficacia: “una estrategia que defina los objetivos, la existencia de instituciones que coordinen los organismos o ministerios de gobierno pertinentes, y recursos suficientes en términos de personal y fondos” (p. 38). Para ello, crea seis categorías de funciones y misiones que incluyen tanto las nuevas como las tradicionales, las amenazas y los ámbitos de actuación en el ámbito internacional o nacional: 1) luchar, y estar preparados para luchar, en guerras externas; 2) luchar, y estar preparados para luchar, en guerras internas o insurgencias; 3) luchar contra el terrorismo internacional; 4) luchar contra la delincuencia; 5) proporcionar apoyo a la asistencia humanitaria y el alivio de desastres; y 6) preparar y ejecutar operaciones de apoyo a la paz (p. 34). Una vez definida la estrategia, la coordinación interinstitucional desempeña un papel fundamental en su eficacia. La necesidad de asignar recursos está en el centro de todo. Incluye tanto los recursos financieros como el capital político y el personal. Todos ellos se invierten para garantizar “equipos suficientes, fuerzas entrenadas y los demás activos necesarios para cumplir las funciones y misiones asignadas” (Bruneau, 2011, p. 38).
Con base en este marco, Bruneau (2013) analiza cuatro países de Suramérica: Argentina, Brasil, Chile y Colombia, a través de un método para calificar el nivel en que se encuentran los requisitos institucionales en cada país con base en tres categorías principales: Ministerio de Defensa Nacional (MDN) robusto, reforma de la educación militar profesional y estrategia. Las calificaciones podían ser de 0 a 3, de 0 a 2 y de 0 a 3 respectivamente siguiendo unas reglas propuestas por el autor. Como resultado, califica a Colombia con 7/8 en total, con puntajes de 3/3, 2/2 y 2/3 para cada categoría.
Su calificación de 3/3 para la primera categoría se sustenta en el hecho de que Colombia tiene un MDN robusto y funcional; la Constitución de 1991 requiere un ministro de defensa civil; desde 2003 hay una estrategia de seguridad nacional que ha fortalecido el papel del MDN, al punto que hoy en día lidera la política, y el personal que trabaja allí realmente tiene un salario decente, lo cual ha permitido que personas competentes vengan a trabajar allí. El segundo elemento recibe una puntuación de 2/2 porque Colombia inició una importante reforma en su Sistema de Educación Militar, que incluye cambios en la doctrina conjunta y en la educación. Finalmente, la estrategia recibe un 2/3 porque, desde la presidencia de Alvaro Uribe (2002-2010), existe una “estrategia de defensa codificada”, lo que también incluye una gran asignación de recursos, incluyendo una alta tasa de inversión en defensa a través de los impuestos de las élites.
Por otro lado, Croissant et al. (2010) proporcionan un marco para el análisis de las RCM en los países emergentes. Su enfoque ha sido construido teniendo en cuenta que el golpismo no es la única forma que tienen los militares de “restringir la autoridad de los líderes políticos elegidos democráticamente para tomar decisiones políticas y conseguir que se apliquen” (p. 950, traducción propia). A partir de una definición del control civil en términos de la distribución del poder de decisión entre los líderes civiles y los oficiales militares, desarrollan un marco de análisis de cinco dimensiones: la seguridad interna, la política pública, la defensa externa, el reclutamiento de élites y la educación militar. También eligen cinco áreas de análisis: el reclutamiento de élites, la política pública, la seguridad interna, la defensa nacional y la organización militar.
El poder de decisión civil puede ser cuestionado de dos maneras en cualquiera de esas categorías: las prerrogativas institucionalizadas y la impugnación. Las prerrogativas institucionalizadas se entienden como los derechos formales por los que los militares pueden ejercer su influencia, mientras que la impugnación informal se refiere a las intervenciones militares informales u otros comportamientos ilegítimos: “El control civil sobre cualquier área depende de la ausencia tanto de prerrogativas formales como de contestación informal” (Croissant et al., 2010, p.956).
Cada área de análisis se divide en dimensiones y luego se evalúa según tres grados de control civil (alto, medio y bajo):
El reclutamiento de élites está relacionado con la influencia que tienen los militares en “la definición de las reglas, los criterios y los procesos de reclutamiento, selección y legitimación de los cargos políticos” (p.957). Las dos dimensiones asociadas a esto son la competencia por los cargos públicos y la participación política.
La política pública incluye el proceso de elaboración de políticas en términos de establecimiento de la agenda, formulación de políticas y adopción de políticas, así como su aplicación, en un sentido amplio, en todos los sectores y niveles.
La seguridad interna “implica todas las decisiones relativas a la preservación y el restablecimiento de la ley y el orden internos” (p.958). Sus dimensiones se sitúan en el plano de la elaboración de políticas y el control sobre los agentes de seguridad.
La defensa nacional incluye todos los aspectos relacionados con “asegurar y defender la integridad territorial contra las amenazas externas a la seguridad” (p.958). Sus dimensiones se sitúan también en el plano de la elaboración y aplicación de políticas, recordando el peso que tienen los civiles en la influencia y supervisión de esos procesos.
La organización militar comprende todos los aspectos organizativos de las instituciones militares. Lo denominan hardware y software de la organización militar. En este último es donde se incluyen aspectos de identidad corporativa.
Si el control civil es bajo, “los militares definen los límites de la autonomía militar e ignoran las directrices civiles; la cultura corporativa es distinta de la sociedad civil y los militares pretenden preservar su carácter distintivo” (p. 975). Si es media, “los militares ignoran en parte las directrices civiles y desarrollan una identidad de estado en el estado” (p.975). Si es alta, “los civiles establecen las normas de conducta, los límites de la autonomía militar y proporcionan las directrices de la ‘identidad corporativa de las fuerzas armadas” (Croissant et al., 2010, p.975, traducción propia).
Elecciones presidenciales de 2014 en Colombia: estudio de caso
En este artículo se combina un enfoque autorreflexivo con los datos recogidos en seis grupos focales y quince entrevistas individuales semiestructuradas desarrolladas durante el segundo semestre de 2014 como parte de un proyecto de investigación, y aproximadamente 246 documentos de diferentes fuentes de información pública -esencialmente periódicos y revistas- que contextualizan los eventos más significativos durante la campaña presidencial de 2014. Esto requirió reunirse con 85 militares del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia. Se trata tanto de oficiales en servicio activo como retirados (75 y 10 respectivamente), de todas las ramas (27 del Ejército, 30 de la Armada y 28 de la Fuerza Aérea), de diversos géneros (77 hombres y 8 mujeres)1 y de diferentes rangos (9 generales o almirantes, 46 oficiales superiores y 30 oficiales subalternos).
Los eventos han sido organizados en ocho categorías diferentes para entender mejor la complejidad de las RCM en Colombia durante este periodo, como se describe enseguida. La categoría de “Eventos políticos” incluye una rápida descripción de los acontecimientos más relevantes de la campaña. “Escándalos en medios de prensa” presta atención a aquellos hechos de corrupción que tuvieron importantes repercusiones en las RCM. “Militares y política” incluye los hechos que describen la intervención militar en política durante la campaña o las intenciones de otros actores que involucran a los militares en el debate político. Aunque el conflicto armado es transversal a todas las categorías, “Guerra y paz”, así como “Lucha por la memoria histórica” son el grupo de hechos que tienen una relación con los acontecimientos de violencia directa que caracterizan la guerra. Finalmente, mientras que “Altas Cortes y militares” refleja la situación crítica del sistema jurídico en Colombia; “Conscripción y organización militar” y “Seguridad nacional y relaciones internacionales” se centran en los eventos que tienen que ver con la política de defensa y la organización militar. Con base en esto, se articuló un caso donde se registraron los eventos más destacados, que influirían en el análisis posterior, como se presenta a continuación.
Eventos políticos
Aunque el calendario de la campaña presidencial de 2014 se anunció oficialmente el 10 de octubre de 2013, los acontecimientos relacionados con este proceso comenzaron en noviembre de 2012, cuando el partido político Polo Democrático Alternativo (PDA) propuso a Clara López como candidata al cargo presidencial. Fue en los últimos meses de 2013 cuando la campaña se comenzó a desarrollar de forma más dinámica. A finales de octubre de 2013, Óscar Iván Zuluaga ganó la designación como candidato del movimiento Centro Democrático, liderado por el expresidente Alvaro Uribe Vélez. Como el 25 de noviembre de 2013 era la fecha límite para que el presidente Juan Manuel Santos anunciara su intención de buscar la reelección, el 20 de noviembre el presidente declaró su intención y fue designado como candidato del movimiento Unidad Nacional. Otros candidatos anunciaron su intención durante el primer semestre de 2014 (Martha Lucía Ramírez del Partido Conservador y Enrique Peñalosa de la Alianza Verde). En mayo de 2014, el candidato Zuluaga ganó la primera vuelta con un resultado muy parejo frente a su contendor, el presidente Santos. En la segunda vuelta, y definitiva, resultó elegido el presidente Santos. Entre las dos vueltas, la retórica del debate versó sobre asuntos no sustanciales. El futuro de las conversaciones de paz en La Habana con la guerrilla de las FARC captó la atención de la opinión pública y se convirtió en el tema más importante para los votantes.
Escándalos en medios de prensa
Durante la campaña, la revista de noticias Semana reveló información sobre una oficina del Ejército que aparentemente había ejecutado una operación clandestina, que incluía escuchas telefónicas ilegales y acceso ilegal a información y correspondencia electrónica de los delegados gubernamentales a las conversaciones de La Habana, así como de políticos y periodistas. Esto se conoció como el escándalo de Andrómeda. El fiscal general ocupó el lugar, situado en un barrio residencial, e inició una investigación. Dos generales fueron suspendidos. Pocos días después, el presidente informó a la opinión pública que la oficina trabajaba “legalmente” y que toda la cadena de mando había sido informada de sus actuaciones.
Dos semanas después del primer escándalo de Andrómeda, Semana reveló otro supuesto escándalo. Publicaron grabaciones en las que un coronel procesado por violaciones a los derechos humanos hablaba con oficiales de alto rango sobre actitudes negativas de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. También revelaron otros audios en los que hablaba con contratistas civiles del Ejército y del departamento de defensa sobre la forma de llegar a contratos ilegales de defensa. Como resultado, el presidente Santos solicitó la destitución de siete generales, entre ellos el comandante conjunto de las Fuerzas Armadas, el General Leonardo Barrero, y el General Javier Rey. En mayo de 2014, el General Rey solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Militares y política
En agosto de 2013, el congresista Joaquín Camelo presentó una propuesta de acto legislativo para modificar el artículo 219 de la Constitución, que prohíbe explícitamente el voto de los militares. La página editorial de El Espectador lo consideró “una cuestión de principios”. Los editores de este periódico, uno de los de mayor influencia en el país, argumentaron que “los militares (los de Colombia, en específico] no son ciudadanos comunes y corrientes. [...]. En esencia, la promoción de la política por parte de personas armadas es un exabrupto” (El Espectador, 4 de agosto de 2013). Posteriormente, el presidente Santos realizó un inesperado cambio en la cúpula militar. Reemplazó al comandante conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los oficiales en retiro fueron muy activos durante este tiempo, a través de las asociaciones de militares en retiro, que son los espacios donde se desarrolla el debate político cercano a los militares de forma libre. La Asociación de Militares Retirados de Colombia (ACORE) fue muy crítica con las conversaciones de La Habana y con la política de defensa del presidente Santos en su momento; durante la campaña emitió más de veinte comunicados diferentes sobre temas de defensa. Asimismo, participaron activamente en el debate político. En abril de 2014, en una manifestación política pública, más de doscientos de sus miembros anunciaron su apoyo a la campaña de Zuluaga. La respuesta del presidente Santos fue inmediata. Desde La Habana, el 23 de abril, el jefe de la comisión gubernamental para los diálogos de paz, Humberto de la Calle, en conjunto con el General retirado Jorge Mora -uno de los delegados de paz-, hicieron un anuncio a los medios de comunicación en el que ratificaban tajantemente que la organización militar, la doctrina y la seguridad nacional no eran objeto de negociación en La Habana.
Al final de la campaña, el candidato a la vicepresidencia de Santos, Germán Vargas Lleras, acusó a miembros del Ejército y de la Policía de participar activamente en política. Como ejemplo, mostró imágenes de la página de Facebook de un capitán del ejército en servicio activo que se había expresado repetidamente a través de las redes sociales en contra del proceso de paz y del presidente. Además, también acusó a algunos miembros de la Policía de participar activamente en la campaña de Zuluaga, lo cual condujo a dos acciones. En primer lugar, el comandante del Ejército ordenó el cierre inmediato de todas las cuentas de militares activos en las redes sociales. En segundo lugar, el director de la Policía Nacional ordenó el despido de cinco policías por intervención en política.
La guerra y la paz
En julio de 2013, quince soldados murieron en combate con la guerrilla de las PARC en una zona rural del municipio de Tame (Arauca), en la frontera con Venezuela. Esto desató un gran debate sobre la verdadera voluntad de paz de las PARC, en el que incidía fuertemente la decisión del Gobierno y de la guerrilla de dialogar en medio de la guerra. Sin embargo, el asesinato de estos soldados fue eclipsado por los acontecimientos relacionados con las múltiples protestas contra las políticas sociales del presidente Santos que se produjeron en diferentes regiones del país.
El 9 de octubre, el presidente lanzó la nueva estrategia militar conocida como “Espada de Honor II”. Su objetivo era consolidar los éxitos militares conseguidos hasta esa fecha contra las FARC. Un objetivo secundario de esta estrategia era tratar de inducir la pronta firma del acuerdo en La Habana. Días después del lanzamiento de esta estrategia, cuatro soldados fueron asesinados cerca de Arauquita (Arauca).
A menudo, los delegados de la guerrilla en La Habana utilizaron los medios de comunicación para llevar mensajes a la opinión pública tratando de incluir la política de seguridad nacional y la organización militar en las conversaciones. En octubre de 2013, la declaración diaria de los delegados de la guerrilla versaba sobre el concepto de seguridad nacional que, según ellos, regía en Colombia y su imperativo de cambiarlo. Rápidamente, el presidente Santos recordó que esos elementos estructurales de las instituciones colombianas “estaban fuera de la mesa”. En abril de 2014, las milicias guerrilleras de las FARC mataron a dos policías, y en mayo de 2014, en un nuevo ataque, mataron a trece soldados en Arauca.
Lucha contra los problemas de la memoria histórica
El 24 de julio de 2013, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dio a conocer un documento elaborado por un grupo de investigadores altamente técnico y especializado. ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad es un documento “que revela la magnitud y degradación de la guerra y sus graves consecuencias e impactos en la población civil” (CNMH, 2013). En él se hacían graves acusaciones sobre masacres, asesinatos y violencia por parte de organizaciones militares y policiales, que no fueron bien recibidas entre la comunidad militar, más aún al considerar cómo se había afectado la vida de miles de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía durante el conflicto (Mejía, 2013). En febrero de 2014, se hizo pública la estrategia de los militares para enfrentar los temas de memoria histórica. El General Marco Tamayo anunció que el Ejército comenzaría a recopilar la información de todos aquellos militares que fueron heridos o muertos en combate contra los grupos armados ilegales, con el fin de crear el Registro de Militares Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. Esto también incluyó la apertura de centros de memoria histórica en las unidades militares más importantes, con el fin de preservar la memoria de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían sido víctimas de actos ejecutados por organizaciones armadas ilegales.
Las altas Cortes y los militares
El 17 de junio de 2013, el Congreso colombiano aprobó una ley que implemento cambios constitucionales en el sistema de justicia militar. La ley firmada por el presidente fue demandada por un grupo de políticos y organizaciones no gubernamentales, con el argumento de que la ley crea un grave riesgo de que los homicidios ilegítimos cometidos por los militares, conocidos como “falsos positivos”, se trasladen “de los fiscales de la justicia ordinaria al sistema de justicia militar” (Human Rights Watch, 2014, p. 71). Como resultado, en octubre de 2013, la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia C-754, 2013) anunció que esta ampliación del sistema de justicia militar era inconstitucional. Muchas opiniones entraron en el debate en reacción a esta sentencia. El ministro de Defensa consideró que el fallo era un gran problema para la moral de las tropas. Inmediatamente anunció la intención gubernamental de aprobar otro proyecto de ley para solucionar los “defectos de procedimiento” que dieron lugar al fallo de la Corte. La reforma anunciada fue aprobada por el Gobierno y por el Congreso en diciembre de 2013.
Por otro lado, el Consejo de Estado emitió la Sentencia 271 de 2013, en la que precisaba la ausencia de jurisdicción disciplinaria para las fuerzas militares. Días después, la Corte Constitucional volvió a ser noticia al dictar otra sentencia, la Sentencia T-430 (2013), que confirmaba la posibilidad de utilizar la objeción de conciencia para eludir las obligaciones del servicio militar. El tribunal dijo que “si bien no hay una regulación, se requiere que las fuerzas armadas aporten pruebas claras que apoyen el rechazo de la objeción” (Corte Constitucional, Sentencia T-430, 2013). En la opinión pública, muchos medios y analistas expresaron activamente sus consideraciones sobre estos temas.
La forma como serían tratados los militares acusados de delitos si las conversaciones de paz llegaban a un acuerdo que otorgara beneficios jurídicos a los miembros de la guerrilla también estuvo en el centro del debate. De hecho, en diciembre de 2013, en la Escuela Militar de la Fuerza Aérea, durante la ceremonia de ascenso de oficiales militares, el presidente Santos manifestó sus intenciones de que los militares pudieran beneficiarse de la justicia transicional que hacía parte de las conversaciones en La Habana.
Conscripción y organización militar
En agosto de 2013, tras los violentos disturbios en Bogotá, el alcalde de la ciudad Gustavo Petro y algunos de sus funcionarios sacaron a relucir otro tema para la organización militar. Cuestionaron abiertamente la forma en que los militares operan en la ciudad persiguiendo a los jóvenes que no se presentan al servicio militar obligatorio (lo que se denomina “conscripción”). Cuatro meses más tarde, los funcionarios de Cali -la tercera ciudad más grande del país- también entraron en la discusión revelando que el Ejército se negaba a negociar con las autoridades locales; a la vez que entraban en el debate los funcionarios de Medellín, la segunda ciudad más grande. Como se mencionó, la Corte Suprema ya había discutido sobre el servicio militar al dictar sentencias sobre dos obligaciones en materia de reclutamiento: la objeción de conciencia y la inconveniencia de llevar a cabo redadas de reclutamiento hasta tanto no se hubiera aprobado una ley que lo regulara.
A finales de mayo de 2014, la campaña del presidente Santos lanzó un anuncio político muy controvertido en la televisión, en el cual el presidente, en calidad de candidato, preguntaba a los ciudadanos comunes si estarían “dispuestos a prestar a sus hijos para la guerra”. El contenido del mensaje suscitó una respuesta contundente por parte de varios miembros del estamento militar. Oficiales retirados emitieron declaraciones que cuestionaban la postura del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En las redes sociales, muchos miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas afirmaron que eran voluntarios, que servían a su país con lealtad y honor. A raíz de esa reacción, el presidente Santos tuvo que acudir a los medios de comunicación para explicar que su mensaje pretendía demostrar que el servicio militar en Colombia lo prestan jóvenes de clases sociales desfavorecidas y con mayores necesidades en el ámbito social y económico. De hecho, el informe de la Defensoría del Pueblo (2014) sobre servicio militar obligatorio mencionaba que aproximadamente el 97,72 % de los soldados regulares provienen de familias de estratos 1, 2, y 3. Sin embargo, esa fue otra declaración desaprobada tanto por el estamento militar como por muchos civiles.
Seguridad nacional y relaciones internacionales
El contexto regional e internacional también juega un papel importante en la forma en que los militares y los civiles interactúan en un país (Bhimaya, 1997). Desde noviembre de 2012, cuando el fallo de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia dio una extensión de las aguas jurisdiccionales colombianas a Nicaragua, el mar Caribe se convirtió en un tema particular en las relaciones internacionales y la seguridad nacional. Entre octubre y noviembre de 2013, aviones de combate rusos sobrevolaron el territorio colombiano, sin autorización del país, en vuelos entre Caracas (Venezuela) y Managua (Nicaragua). Esto trajo cierta tensión a las deterioradas relaciones internacionales entre Bogotá y Managua.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también hizo algunas declaraciones sobre los problemas de seguridad en la frontera entre Venezuela y Colombia. Expresó su preocupación por el comercio ilegal que afectaba los intereses de Venezuela, frente a lo cual propuso militarizar toda la frontera. En buena medida, esta era la continuación de los debates internacionales que habían puesto en tela de juicio la actuación del Estado colombiano al lanzar el ataque contra Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, así como la disputa por la instalación de bases militares en la región, e incluso la iniciativa de Colombia para ser reconocida por la OTAN como socio global. Todo esto contribuyó para la escalada verbal y la tensión en materia de seguridad en la región.
Discusión
Aunque, en principio, el conjunto de acontecimientos ocurridos durante la campaña presidencial de 2014 podría parecer meramente anecdótico, refleja elementos estructurales que configuran la interacción entre civiles y militares en Colombia. En 1990, al describir algunos aspectos relevantes para las Fuerzas Armadas y la sociedad en Colombia, Borrero señaló lo siguiente:
Una reflexión sobre los militares colombianos no podía estar al margen de la crisis que actualmente vive el Estado. Los procesos de desinstitucionalización que se viven, especialmente en las ramas legislativa y judicial del gobierno, seguramente redefinirán el papel de las Fuerzas Armadas en el futuro próximo. (1990, p. 81)
Treinta años después, esta crisis persiste y las RCM siguen experimentando inconsistencias. Sin embargo, las conversaciones de paz de La Habana y otros elementos económicos y sociales relevantes han promovido cambios. Esos cambios impulsan el primer elemento de análisis, la relación entre identidades y RCM. Se trata de la comprensión de la “contestación informal militar” en contraste con la “contestación identitaria”, y sus implicaciones en el control y la eficacia civil.
Rivera-Páez (2019) evidencia que, de las entrevistas y los grupos focales que se ejecutaron durante el segundo semestre de 2014, se puede inferir que los militares colombianos tenían una especial afiliación con dos identidades: la identidad del rol familiar y la identidad de rol militar. Esto es consistente con otras encuestas, como la encuesta II sobre identidad nacional, desarrollada por el International Social Survey Programme (ISSP, 2012), que consultó a 45993 personas de 36 países de diferentes regiones del mundo sobre la conciencia nacional y la identidad nacional. En dicha encuesta, más de un tercio de los encuestados suscribía que el grupo de referencia más importante era la familia y el segundo grupo se daba por la ocupación laboral. En este sentido, la encuesta del ISSP muestra que estas conexiones posiblemente no dependen de la condición de militar de una persona, sino de otros factores.
Sin embargo, lo importante en este punto es que precisamente esas dos identidades mencionadas, como parte de la “red central de intereses” de los militares, estuvieron en el centro del debate que vivió Colombia durante la campaña presidencial de 2014. Cuando el presidente Santos, en medio del debate, anunció la eliminación del servicio militar obligatorio como estrategia electoral, o cuando la publicidad en televisión preguntaba sobre el servicio militar y la guerra, o cuando algunas personas con columnas en medios de prensa se pronunciaron sobre el futuro de las Fuerzas Armadas y el futuro de la política de defensa, o aún más cuando la Corte Suprema y la Corte Constitucional se pronunciaron sobre el servicio militar, la justicia militar, entre otros temas, los oficiales militares interpretaron estos acontecimientos como una amenaza a sus identidades principales. En el caso de la propuesta de eliminar o cambiar el modelo de servicio militar obligatorio, esta generaba incertidumbre por cuanto se interpretaba como una medida para reducir el tamaño de la Fuerza y, por ende, debilitar su capacidad operacional.
Como dijeron alrededor del 27 % de los oficiales durante las entrevistas o los grupos focales al referirse explícitamente a las conversaciones de paz, el asunto no era si se dialogaba o no; los militares tienen conciencia sobre la forma como se logra terminar con los conflictos políticos (Rivera-Páez, 2019). El asunto en este caso era la incertidumbre a la que se podían ver enfrentados los militares y sus familias si las conversaciones tenían éxito o fracasaban. Esto se explica porque los cambios presentes o esperados, desde la perspectiva de quien los afronta, transforman la percepción sobre sí mismo. Este cambio de autoconcepto incluye tres elementos comunes que se producen durante el proceso: 1) el elemento de recompensa, 2) el elemento de comparación y 3) el elemento de accesibilidad cognitiva (Gore & Cross, 2014). En ninguno de estos tres elementos había incentivos para que los militares cambiaran su autoconcepto y actuaran de forma diferente dentro de las RCM.
Según las encuestas de opinión, las Fuerzas Armadas colombianas eran en ese momento (y lo siguen siendo) una de las instituciones públicas con mayor confianza entre la población (Gallup, 2014). En el primer trimestre de 2014, Transparencia Internacional reconoció a la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército entre las instituciones más transparentes a nivel nacional. Asimismo, como resultado del éxito de las operaciones militares contra los Grupos Armados Organizados (GAO), la sociedad colombiana mostró cambios en su percepción sobre la situación del país, al pasar del tema de la inseguridad al del desempleo y otros temas económicos (Zechmeister, 2016). Así, la opinión pública mostraba de muchas maneras su confianza y reconocimiento a los soldados como héroes. Por lo tanto, hay suficiente evidencia para decir que el autoconcepto de muchos oficiales ya era alto debido a su trabajo, de modo que se sentían orgullosos de ello; en este sentido, por qué necesitarían cambiar su autoconcepto. No había incentivos evidentes para ello.
Sin embargo, los militares entendían que se podían presentar cambios en sus vidas, o bien porque las conversaciones tuvieran éxito y generaran cambios en las Fuerzas Armadas, o bien porque fracasaran y la guerra tuviera otro capítulo -como, en todo caso, evidentemente ha ocurrido-. Los aspectos administrativos y personales derivados de esto hicieron que se presentaran múltiples cuestionamientos durante los encuentros (Rivera-Páez, 2019). Además, muchas de las preguntas eran políticas, así que sus opiniones podían entenderse como una intervención militar en política, o algo peor: contestación militar informal.
Otro aspecto importante del contexto político juega un papel relevante allí. Mientras que en el caso de los civiles todos esos asuntos pueden ser impugnados a través de la participación electoral, en el caso de los militares, como se expuso, la Constitución Política no permite que puedan votar. Según lo argumentado por el diario El Espectador durante la campaña, los militares en Colombia son ciudadanos especiales porque usan armas, lo cual es una idea equivocada sobre lo que significa la ciudadanía, ya que esta no puede perderse o alterarse por ese motivo2. El punto es que, desde esta perspectiva, para los militares no hay posibilidad de impugnación política como ciudadanos. Ante esto surgió otra pregunta razonable en los oficiales militares: “¿somos ciudadanos?”. Solo 5 de los 85 oficiales afirmaron su identidad como ciudadanos, lo que puede reflejar algo que necesita más investigación.
Llegados a este punto, es importante introducir una definición de “identidad colectiva” en términos de impugnación. Las identidades personales y colectivas son construcciones diferentes. Mientras que la identidad personal se refiere al establecimiento de una subjetividad ético-política, las identidades colectivas pueden entenderse como la forma en que una persona interactúa con diferentes grupos sociales en términos del contenido de sus comunalidades y la impugnación en torno a ese contenido (Abdelal, 2009).
De esta forma, la impugnación se convierte en un elemento importante del debate sobre la identidad. A través del proceso de impugnación social, “los individuos proponen y dan forma continuamente a los significados de los grupos a los que pertenecen”, y la interpretación del significado de una identidad puede ser más o menos compartida por los miembros del grupo (Abdelal, 2009). En otras palabras, “puede ser más o menos impugnada”. Si en un grupo hay muchas diferencias en las interpretaciones de los miembros sobre alguno de los contenidos de la identidad, la impugnación será alta, lo que generará dificultades para comprender “cuáles deben ser los propósitos o relaciones del grupo” (Abdelal, 2009, traducción propia). Es ahí donde puede haber una importante oportunidad para las RCM en las democracias emergentes o en países como Colombia. Se trata, entonces, de pensar el problema de las RCM con la perspectiva de la distribución del poder, pero también con un enfoque de “identidad ciudadana”, esto es, una identidad que ayuda a integrar en un propósito común o en un censo común tanto a civiles como a militares, en un entendimiento más amplio. Mediante esto se puede lograr una identidad que aporte suficientes incentivos o recompensas a todos los grupos, y que brinde los elementos de comparación para promover cambios o evolución en el autoconcepto de los individuos.
Como señalan González et al. (2003), en Colombia el problema no es el reconocimiento o la adscripción a la idea de nación, sino la corta comprensión del significado de ser ciudadano. Y la posibilidad de impugnar en el terreno de la identidad ciudadana es muy diferente a la de impugnar en el terreno de las RCM, pues mientras el primer tipo de impugnación consiste en construir significados y puntos comunes, el segundo genera rupturas y se opone a la evolución. La memoria histórica puede ser un buen ejemplo. Al tratarse de una iniciativa oficial cuyo propósito es contribuir a la reparación integral y al derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado colombiano, así como de la sociedad en general, la creación de espacios de diálogo sobre la memoria histórica puede ayudar a reducir la impugnación.
Por otro lado, la calificación dada por Bruneau (2013) a las RCM colombianas puede causar sorpresa pensando en dos aspectos vinculados a este análisis en términos de impugnación. El primero es una debilidad, que afecta, en términos de Bruneau, la dimensión de la robustez del Ministerio de Defensa para ejecutar un buen control civil. Al respecto, el Ministerio de Defensa colombiano es hoy un buen ejemplo de “aprendizaje continuo”; sin embargo, en términos de control civil debe mejorar mucho, pues la cantidad no es igual a la calidad.
Desafortunadamente, a propósito de las principales áreas donde el conocimiento, la orientación y el liderazgo del civil juegan un papel importante, algunos oficiales entrevistados señalaban que en el Ministerio había un número considerable de funcionarios sin las competencias o la experiencia adecuada para abordar los temas de seguridad o defensa. Esto, que puede dar tema para otra investigación, lo plantea Bruneau (2013) en otras palabras: en Colombia, la defensa produce votos. Esto es algo excepcional, pues la norma suele ser lo contrario. Al comparar los casos de Colombia y Chile, donde el presidente fue elegido después de haber sido el ministro de Defensa, Bruneau (2013) señala esa excepcionalidad en estos términos: “En otros lugares, el Ministerio de Defensa no es un trampolín para el ascenso político, sino más bien una piedra de molino que perpetúa la irrelevancia política”. Como resultado, surge desconfianza entre los grupos sociales de los militares y los civiles. Nuevamente, al no haber una identidad común, no hay una impugnación en términos de interpretaciones de significado. En consecuencia, la identidad de rol de cada grupo ocupa un nivel superior en su jerarquía de identidades, lo que dificulta el control.
El segundo aspecto es que el sector de la defensa en Colombia, en varios sentidos, vive bajo muchas presiones y visiones complejas, lo que repercute en casi todos los aspectos de la organización militar, afectada por la vía del control civil. Se puede coincidir con Bruneau en que la reforma propuesta al sistema de educación profesional colombiano fue realmente ambiciosa. Sin embargo, el contenido de la reforma fue perdiendo fuerza a través de los años, y sus logros resultaron siendo marginales. Aunque las estructuras están bien diseñadas, las personas que trabajan en el sistema no siempre saben mucho de asuntos educativos. Como ejemplo, el cargo de jefe de Educación y Doctrina, que es el de mayor nivel en cada rama, es uno de los menos apreciados por los generales y almirantes porque sus recompensas son menores. En lugar de esto, la proyección de la carrera de los oficiales se hace por sus logros operacionales (que ofrecen una mayor recompensa).
Así, la especialización en educación se considera una falta de identidad militar, por lo cual los oficiales prefieren salir rápidamente del sistema educativo. Las repercusiones de esto en la eficacia y la eficiencia son grandes y evidentes. En este aspecto, es importante lo que señala Croissant et al. (2010) al hablar sobre la importancia del “software” y la educación específica para el control civil. Una forma de producir cambios en la organización militar es a través de una buena educación para sus miembros. Sin embargo, es posible afirmar que el esfuerzo debe ser impulsado para construir incentivos de cambio en el autoconcepto y por la vía de las identidades, en lugar de liberar directrices esperando que los oficiales reclamen automáticamente las identidades propuestas.
Sigue existiendo un riesgo en el hecho de que el Gobierno debe asumir la imposición de directrices educativas para una identidad corporativa (Croissant et al., 2010), el cual radica en el significado que las élites civiles dan al propio concepto de democracia. Al respecto, en muchas democracias nuevas o recién formadas, las élites civiles han impuesto un sesgo sistemático en esa definición. Aunque las élites políticas avalan que Colombia es una democracia consolidada, está bien documentado por qué Colombia puede definirse como una democracia de baja calidad (Avilés, 2006).
Conclusiones
El contenido y el alcance de las representaciones de sí mismos y de los demás que tienen los militares y sus identidades producen efectos personales e institucionales en la relación de los dirigentes militares con su profesión y, por tanto, en las relaciones entre los civiles y los militares. Esas representaciones e imaginarios se fundamentan en un complejo proceso de autoconcepción y autocategorización, que en determinados momentos de cambio se reajusta y reordena la jerarquía de las identidades. En ese proceso, la contestación desempeña un papel importante en la comprensión de los significados y en la creación de cohesión dentro de un grupo, así como en la promoción de determinados tipos de comportamiento en relación con otros grupos sociales. En ese contexto, entender la “contestación de la identidad” como una forma que contrasta con la “contestación informal militar” puede ayudar a buscar una identidad específica que ayude a integrar ambos grupos, el civil y el militar, en el proceso de construcción de un nuevo conjunto de elementos comunes. Dado que la identidad ciudadana es una de las menos reivindicadas por los oficiales, pero tiene grandes efectos en el proceso democrático, puede ser una identidad interesante para trabajar en democracias emergentes o en países que enfrentan un conflicto armado, como es el caso de Colombia.
Por último, hay otros elementos que van más allá de la construcción militar de las RMC. Como señala Bunbongkarn (citado en Chambers & Croissant, 2010), “hay una serie de cuestiones relacionadas con la democracia y las relaciones civiles-militares que merecen atención. Por ejemplo, hasta qué punto ayudan los militares a desarrollar la democracia; qué tipo de democracia preferirían los militares, etc.” (p. vii, traducción propia). Es ingenuo creer que los militares están totalmente cohesionados, puesto que el colectivo militar es heterogéneo y diverso. Cuanto más se reduzca la diferencia con respecto a los civiles, más emergerán otras identidades en la jerarquía de identidades del soldado. Como dice Schirmer (1999), se trata de una cuestión de conocimiento. Por lo tanto, tal vez sea el momento de incluir en este debate cuánto deben saber los civiles sobre defensa y seguridad nacional, y cuánto deben saber los militares sobre política.
