Introducción

Este artículo analiza el conflicto entre Colombia y Perú en los años 1932 y 1933 en Leticia para entender el papel que jugaron las Fuerzas Armadas, así como la estrategia diplomática, en el desarrollo y la resolución de este episodio histórico. Con este fin, mediante un estado del arte se ha identificado que existen dos corrientes historiográficas acerca del incidente de Leticia. Por una parte, autores como ^{Donadío (2002}), ^{Hernández (2010}) y ^{El Tiempo (18 de octubre de 1991}), entienden el incidente como “la guerra colombo-peruana”; por otra parte, autores relevantes de la investigación, como ^{Alfonso et al. (2015}), ^{Atehortúa (2007}) y ^{González y Samacá (2012}), perciben el incidente iniciado el 1.° de septiembre de 1932 como “el conflicto colombo-peruano”. Dadas las similitudes entre la definición de ambos conceptos (guerra/conflicto), el incidente de Leticia tiene características que le permiten adherirse a cualquiera de estos términos. Por ello, queda a discreción del lector entender el incidente desde su perspectiva como guerra o conflicto, con base en la distinción conceptual empleada por los diversos autores citados a lo largo de la investigación, pues se definirá el incidente como guerra o conflicto según el enfoque de cada autor. No obstante, a pesar de sus similitudes, es importante señalar que los conflictos pueden entenderse como enfrentamientos a nivel internacional por motivaciones limítrofes, mientras que las guerras se conciben como enfrentamientos impulsados oficialmente por los gobiernos y Estados, en los cuales se diferencia entre ofensiva, defensiva y contraofensiva (^{Australian Army Research Centre, 2020}).

Según ^{Clausewitz (1989}), la guerra usa la violencia como el principal medio de coerción y como una continuación del enfrentamiento político. De este modo, es un instrumento estatal que usa medios principalmente violentos con la intención de matar, destruir y dañar. En todo caso, la guerra no es el único escenario donde la violencia es usada para ejercer coerción política; según el ^{Ejército australiano (2020}), aunque toda guerra es conflicto, no todos los conflictos son guerra. El conflicto, en este sentido, es una competencia de voluntad humana y política que puede usar medios tanto violentos como no violentos para influir en un grupo diverso de actores que buscan alcanzar un objetivo político. Así, desde nuestra perspectiva, no es del todo correcto entender el incidente de Leticia estrictamente como una guerra o como un conflicto, debido a que contiene características de cada uno. Como se mencionó, distintos autores lo han acotado al concepto que consideraban más preciso.

El conflicto colombo-peruano fue una disputa territorial en la periferia fronteriza del municipio Puerto Leguízamo y la ciudad de Leticia, que inició el 1.° de septiembre de 1932 con el desplazamiento de un grupo de 48 civiles peruanos bajo el mando de Óscar Ordóñez de La Haza, quienes invadieron y desalojaron a las autoridades de la ciudad y las desplazaron hacia Brasil, y que terminó el 24 de mayo de 1933. Esta invasión se vio influenciada por la firma del Tratado Salomón-Lozano, debido a que la población civil loretana (esto es, población asentada en el territorio peruano fronterizo¹) se opuso a la aplicación de ese tratado al tacharlo de injusto. Adicionalmente, se acusaba a Colombia de incumplir el acuerdo y afectar la economía en la región amazónica peruana al obstaculizar la navegación y el comercio de la zona (^{Atehortúa, 2007}).

Teniendo en cuenta lo descrito, se pretende analizar la participación del Ejército Nacional de Colombia, en términos geoestratégicos y geopolíticos, en este conflicto, en relación con el desarrollo de las negociaciones previas y posteriores a la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922, así como comprobar si este conflicto determinó las relaciones bilaterales entre Colombia y Perú. Con este fin, el artículo se concentra en tres puntos fundamentales: 1) el contexto histórico, 2) las operaciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y 3) el desarrollo de las relaciones diplomáticas.

En primer lugar, el contexto histórico del conflicto colombo-peruano constata el desenlace de los acontecimientos ocurridos desde 1821 en la disputa territorial entre Colombia y Perú causada por la falta de delimitación de sus fronteras, lo que derivó en una afectación a las relaciones bilaterales entre las dos repúblicas. Por consiguiente, el artículo presenta la estrategia de Colombia en materia diplomática y militar, en particular cómo se preparó para el combate y cuál fue el marco en que se desarrollaron las negociaciones para dar un cese al fuego de manera diligente. Como lo afirma ^{Atehortúa (2007}), la experiencia internacional del conflicto colombo-peruano fue de vital importancia tanto para el Gobierno como para las Fuerzas Armadas, debido a que no solo se examinaron los alcances geoestratégicos y geopolíticos de la nación, sino que se vislumbraron las aspiraciones políticas de los civiles y de los partidos, lo que demostró que en Colombia todo pasaba por la política partidista.

El conflicto con el Perú llegó en una circunstancia crucial para el pueblo colombiano, pues estaba abismado en una recesión económica, producto de la baja demanda del petróleo y el café en los mercados internacionales, la reducción de los ingresos fiscales y la caída de los precios agrícolas. Adicionalmente, las confrontaciones bipartidistas complejizaron el panorama político debido a la pérdida de la supremacía del Partido Conservador ante el ascenso al poder del Partido Liberal, que asumió el mando sobre el territorio nacional (^{Atehortúa, 2007}). En este contexto, la toma de Leticia por parte del Perú hizo avivar el patriotismo de la población colombiana en defensa del territorio nacional, lo cual opacó la crisis política y económica que perjudicaba la realidad social del país (González & Samacá, 2007).

En segundo lugar, las operaciones militares llevadas a cabo durante la guerra en materia táctica y estratégica se enmarcaron bajo la implementación de políticas públicas sectoriales que terminaron subordinadas a las políticas de defensa de la soberanía y la seguridad. Esto evidencia el papel que jugó el conflicto en la construcción e historia del Ejército Nacional de Colombia (^{García, 2018}). Esta guerra no involucró el enfrentamiento de un gran número de unidades militares ni propició una gran cantidad de muertos o heridos en combate, pese a lo cual avivó el patriotismo del pueblo colombiano, lo que se reflejó en el progreso del Ejército Nacional frente a su inexperiencia en el combate terrestre, fluvial y aéreo. El Ejército comenzó a robustecer su poder bélico justificado por la defensa de la soberanía nacional, lo que también forjó el futuro de la Fuerza Aérea Colombiana (^{FAC, s.f.}).

Sin embargo, a pesar de que todo el país se encontraba enardecido por la defensa del honor perdido con la invasión de las tropas del Perú, este patriotismo se vio contrastado con la realidad que vivía el Ejército Nacional en ese momento. Como lo afirma ^{Donadío (2002}), para el año de 1932, las Fuerzas Armadas colombianas se encontraban en una situación nefasta, ya que carecían de flotas aéreas, terrestres y fluviales, y sus unidades militares eran obsoletas en materia tecnológica y funcional. Adicionalmente, no tenían hombres suficientes en la primera línea de ataque, solo un número exiguo de oficiales y suboficiales para guiar tropas en el frente de combate en el Amazonas. Además, la Fuerza Aérea Colombiana era pequeña en su estructura y composición, y la Armada no tenía la capacidad de enfrentarse a la Marina de Guerra peruana.

En tercer lugar, el conflicto entre Colombia y Perú por la soberanía de los territorios en la cuenca del Amazonas había llegado a su fin con el Tratado Salomón-Lozano, acuerdo limítrofe firmado por los ministros Alberto Salomón Osorio y Fabio Lozano Torrijos, de Perú y Colombia respectivamente, ratificado el 24 de marzo de 1922 en Bogotá. Así mismo, las negociaciones para dar fin al conflicto se llevaron a cabo de manera diligente. En este sentido, a pesar de las dificultades y la descoordinación en sus políticas fronterizas, Colombia y Perú han firmado abundantes acuerdos bilaterales, además de que pertenecen a mecanismos multilaterales con la finalidad de acrecentar la cooperación enfocada hacia la integración regional. Estos objetivos están planteados en las constituciones de ambos países, como se ve en la ^{Constitución Política de Colombia de 1991} (preámbulo, arts. 9 y 227; ^{Landa & Velazco, 2007}).

Por ello, un tema relevante son las repercusiones del Tratado Salomón-Lozano de 1922, que se fueron acrecentando debido a que el Perú fue criticado por su firma, ya que lo consideraban excesivamente entreguista. Esto se suma a una historia prolongada de tensiones y abandono, producto de una ineficiente comunicación y negociación entre las dos repúblicas. Como lo afirman ^{Hurtado y Motta (2017}), ello contrasta con los arduos esfuerzos de ambos Estados por a) desarrollar políticas de frontera que pretendían ser cada vez más incluyentes; b) el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, y c) conseguir la proliferación de acuerdos multilaterales de cooperación en los que participaban ambos países.

Planteamiento del problema

Este artículo desarrolla las tres problemáticas planteadas, con el fin de explicar a cabalidad las actuaciones diplomáticas y militares de Colombia y Perú en el marco de dicho conflicto limítrofe. En este orden de ideas, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿en qué medida las operaciones militares realizadas por el Ejército Nacional de Colombia en la guerra colombo-peruana determinaron el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre los dos países? Así, el objetivo de la investigación es analizar las operaciones de las Fuerzas Armadas de Colombia en la guerra contra el Perú entre los años 1932 y 1933, en relación con el desarrollo de las negociaciones previas y posteriores a la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922, para comprobar si este conflicto determinó las relaciones bilaterales entre los dos países, y observar la participación del Ejército Nacional de Colombia en términos de seguridad y defensa nacional.

El enfoque propuesto es un análisis interpretativo de la geopolítica, geoestrategia, diplomacia y las acciones militares para contribuir a la explicación del conflicto fronterizo entre los dos países, en pro de brindar una mirada más a fondo de lo que se conoce de la guerra con base en discursos, fuentes primarias, artículos de prensa e investigaciones influyentes en torno al tema.

Para cumplir dicho objetivo se elabora un cuadro de análisis con información recuperada del periódico El Tiempo, que ofrece estadísticas de carácter cualitativo de los hechos ocurridos durante el conflicto limítrofe entre las dos repúblicas entre el 1.° de septiembre de 1932 y el 24 de mayo de 1933. Se tomó como referencia los periódicos emitidos los primeros cinco días de cada mes y el del 24 de mayo de 1933, día en que finalizó la guerra. Este análisis de prensa se hace con el fin de vislumbrar el magno avance de las Fuerzas Armadas de Colombia, pese a que era un Estado inerme y novato en guerras internacionales.

A su vez, se aborda el actuar diplomático del jefe de Estado colombiano frente a una democracia débil como la peruana, ya que resultaba injustificable que un Estado desatendiera los vínculos de un tratado como el Salomón-Lozano por simple voluntad unilateral para violar la soberanía colombiana. No obstante, para esta primera entrega nos concentramos en el análisis de sólo algunas noticias relevantes sabiendo que la investigación principal abarca todo el periodo comprendido entre 1932-1933.

Contexto histórico de las relaciones diplomáticas y militares de las dos repúblicas

La frontera colombo-peruana tiene una gran historia que se remonta hasta principios de 1800, donde Colombia y Perú han tenido un sinnúmero de disputas bélicas. Sin embargo, a pesar de todos los enfrentamientos, en 1822 llegó Joaquín Mosquera en calidad de ministro colombiano, con el propósito de marcar objetivos bilaterales entre los dos países que dieran cabida al reconocimiento por parte del Perú para que Guayaquil se incorporara a Colombia. De esta forma se logró la adhesión del Perú a un pacto de unión entre naciones de América (^{Porras, 1926}). Por consiguiente, al tener los objetivos diplomáticos claros, el ministro colombiano estableció un diálogo con el canciller del Perú en el que argumentaba que se debía respetar la soberanía territorial de cada país contemplando los límites virreinales de 1810, lo que significaba aceptar la adhesión de Guayaquil a Colombia (^{Porras, 1926}). No obstante, el ministro colombiano estaba desconociendo a su vez las cédulas reales de 1803 y 1807, que determinaban la reincorporación de la ciudad al Virreinato del Perú.

Por ello, al no llegar a un consenso sobre los asuntos de Guayaquil, se aplazaron las discusiones acerca de los límites mediante la firma de un pacto de amistad y alianza entre Colombia y Perú el 6 de julio de 1822. En este pacto se comprometían a la mutua defensa y se concedían privilegios especiales a los ciudadanos de ambos países (^{Porras, 1926}). Adicionalmente, se acordó que la delimitación limítrofe entre los dos países se estipularía mediante un convenio particular después de que el congreso constituyente peruano facultará al Estado para solucionar dicha demarcación.

A pesar de estas negociaciones, el conflicto limítrofe entre las dos repúblicas comenzó a producir agitaciones a partir del 18 de diciembre de 1823, cuando se firmó en Lima el convenio Galdeano-Mosquera, que dictaminaba que las partes involucradas reconocían sus respectivos límites territoriales tal como los tenían en el año 1809 los antiguos virreinatos del Perú y Nueva Granada. Así mismo, se ratificó el pacto de amistad entre Colombia y Perú en el que se comprometían de manera mutua a la legítima defensa; sin embargo, nueve meses después de que el congreso peruano lo acreditara, Colombia lo desaprobó en su congreso, lo cual generó tensiones entre ambos países (^{López, 1993}).

Adicionalmente, como producto de las tensiones diplomáticas y militares entre Colombia y Perú, se produjeron distintas contiendas bélicas como la guerra grancolombo-peruana (1828-1829). A partir de este suceso militar, que data del 17 de mayo de 1828, el Congreso peruano autorizó al presidente José de La Mar para llevar a cabo medidas militares y estratégicas, declarándose así la guerra de manera oficial (^{Basadre, 2005}). A causa de esto se generaron enfrentamientos directos entre los dos ejércitos, lo cual dio comienzo a las operaciones militares en que intervino la Marina de Guerra peruana, que bloqueó la costa pacífica grancolombiana y provocó tensiones geográficas en Loja y Azuay.

Aun con los éxitos obtenidos, la guerra terminó el 27 de febrero de 1829, cuando el Ejército peruano fue derrotado en el Pórtete de Tarqui, por lo cual se firmó el Convenio de Girón el 28 de febrero del mismo año. Este convenio acordaba la desocupación de Loja y Guayaquil, en virtud de que Colombia no toleraría la celebración de un acuerdo con tropas enemigas violando la soberanía de su territorio (^{Porras, 1926}). En consecuencia, la guerra grancolombiana terminó por un asedio militar posterior, empero, a una serie de ratificados y convenios consignados hasta 1830, cuando inició la ruptura de la Confederación Colombiana, por lo cual siguió latente el conflicto fronterizo hasta las negociaciones entre el Perú y Colombia (1911-1922).

Consecuentemente, las relaciones entre Colombia y el Perú se tornaron abrumadoras, lo que se suma al hecho de que la población colombiana tenía muy presente la dura separación del canal de Panamá y temían, por ende, que pudiese suceder lo mismo con el territorio del sur. Pese a todo, las cancillerías de las dos repúblicas se empeñaban en hacer nuevos esfuerzos diplomáticos y llevar el conflicto a un arbitraje internacional. Sin embargo, los Estados no concordaban un tercero en común para la solución de este litigio. Así las cosas, en 1919 empezó un nuevo momento del conflicto encabezado por el ministro colombiano Fabio Lozano Torrijos, que presentó una propuesta que la cancillería peruana rechazó, y de igual modo sucedió con la contrapropuesta peruana, a la cual Colombia se opuso (^{Porras, 1926}).

Finalmente, al darse la firma del Tratado Salomón-Lozano, la población peruana de la cuenca del Amazonas fue inundada por un sentimiento patriótico debido a la cesión de Leticia. Al perder la zona de Leticia, el Perú se opuso a la aplicación del Tratado, al tiempo que acusaba a Colombia de incumplirlo al estorbar el comercio y la navegación en la zona a través del río Putumayo y Amazonas, lo que repercutía significativamente en la economía de la región amazónica del Perú. En este sentido, para lograr una comprensión de lo acontecido en el primer mes del conflicto, en septiembre de 1932, se presenta un cuadro de análisis con tres titulares del periódico El Tiempo del mes de septiembre (Tabla 1), que ilustran los hechos ocurridos desde una perspectiva periodística y se acercan a los intereses de las Fuerzas Armadas y los gobiernos de los dos países, a la vez que refleja el sentimiento patriótico de los ciudadanos.

De acuerdo con El Tiempo, en la madrugada del 1.° de septiembre del año 1932, un grupo de aproximadamente 48 civiles peruanos pertenecientes al departamento de Leticia y bajo el mando de Óscar Ordóñez de la Haza invadieron la ciudad de Leticia sin disparar una sola bala, desalojando autoridades colombianas y a la ciudadanía de este lugar. Este incidente marcó el inicio de la guerra entre el gobierno peruano de Sánchez Cerro y el gobierno colombiano de Enrique Olaya Herrera, una guerra que tuvo la presión de la opinión pública y del sentimiento patriótico de sus ciudadanos.

Geoestrategia y geopolítica

Este apartado aborda la importancia del territorio de Loreto en términos geoestratégicos y geopolíticos, puesto que es una zona de triple frontera que limita con los territorios de Ecuador, Brasil y Perú, por lo cual tiene una gran trascendencia a nivel económico y político, e influye de manera plurilateral los intereses de la zona. Además, sus grandes afluentes hídricos, como el río Putumayo y el Amazonas, hicieron de la zona un canal de navegación vital para los tres países.

Ahora bien, cuando el Perú perdió los territorios de Leticia mediante la concesión del Tratado Salomón-Lozano, se opuso al pacto territorial y culpó a Colombia de infringir el acuerdo, obstaculizando los canales de navegación como el río Putumayo y Amazonas, lo que perjudicó de manera significativa los flujos comerciales de la región amazónica del Perú. A la vez, una vez firmado dicho tratado, Colombia se vio enfrentado directamente con su vecino Ecuador, quien rechazó las acciones de Colombia al ceder a Perú un territorio que años antes Ecuador le había reconocido como suyo, lo que sin duda representaba desventajas para este país. Como lo afirma ^{Donadío (2002}): “al variar la frontera común, entregó Colombia no solo territorios sino derechos exclusivos del Ecuador, como lo era el de libre navegación y condominio del río Putumayo, acordado también en 1916”.

Por otro lado, para entender cuál era el territorio comprometido en la disputa colombo-peruana, el mapa (Figura 1) ilustra los límites territoriales bajo las concesiones del Tratado Salomón-Lozano que fueron causantes del conflicto y que generaron un sinsabor que escaló la crisis diplomática y militar entre ambos países. La zona sombreada con líneas horizontales señala los territorios reconocidos por el Perú a Colombia, y la zona de líneas verticales, los territorios reconocidos por Colombia al Perú, según el tratado de 1922.

Figura 1 Territorios entregados conforme al Tratado Salomón-Lozano de 1922. Fuente: modificado a partir de ^{Porras (1926}) 

Adicionalmente, el pueblo peruano carecía de argumentos válidos y razones para reclamar el territorio que según ellos les había sido arrebatado por Colombia mediante el tratado de 1922, puesto que, mediante las concesiones del pacto territorial, como se observa en el mapa, Colombia reconocía de igual manera una gran parte del territorio al Perú (^{Alfonso et al., 2015}).

Seguridad y defensa nacional de las Fuerzas Militares

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Colombia vio la necesidad de contar con una Fuerza Aérea para fortalecer las operaciones militares. Esto lo hizo a través de misiones extranjeras en las cuales enseñaban a pilotar los aviones y aeronaves ante posibles amenazas en contra del territorio nacional. Fue entonces que el presidente Marco Fidel Suárez sancionó la Ley 126 de 1919, que el 31 de diciembre dio vida a la actual Fuerza Aérea Colombiana, que lleva desde entonces el nombre del decimocuarto presidente colombiano, gestor de la aviación militar en Colombia. Así, en 1921 se realizó el primer vuelo individual de un piloto militar colombiano, en la Escuela Militar de Aviación en Flandes, Tolima, hito que permitió capacitar y entrenar al Ejército Nacional ante su inexperiencia en un conflicto internacional (^{Restrepo, 1988}).

Luego, en medio del conflicto colombo-peruano, el patriotismo despertado en cada una de las repúblicas impulsó a los gobiernos a generar acciones en términos de seguridad nacional, con el propósito de prepararse para la guerra y resguardar la soberanía del territorio de Loreto. Ante estas circunstancias, el país de Olaya Herrera se encontraba en una desventaja abismal frente al país de Sánchez Cerro. Esto obligó a Colombia a formar una Fuerza Aérea y robustecer su novata artillería, infantería y marina de guerra, lo que jugó un papel fundamental en la evolución del Ejército colombiano.

Después de la vesania generada por causa de la transgresión territorial provocada por los invasores peruanos, miles de hombres se enlistaron en las guarniciones militares para ofrecer su servicio a la defensa del país. Adicionalmente, el ministro de Hacienda impuso una cuota militar de carácter obligatorio con el propósito de financiar la guerra. Este afán de Colombia para hacer frente al Ejército peruano dio frutos, como lo reflejan también las inversiones del Gobierno para financiar la guerra (Tabla 2).

Si se analiza la situación militar en la frontera amazónica en términos estratégicos, Colombia supo manejar y dar solución al estado inerme en el que se encontraban sus Fuerzas Armadas, ya que logró en muy poco tiempo la adquisición de material bélico básico que le permitiese mantener el orden táctico y la seguridad nacional en los territorios hostiles de Loreto. Asimismo, en la Tabla 2 se aprecia la superioridad en tropas por parte del Ejército peruano, como también en presupuesto y artillería. No obstante, durante los primeros meses de conflicto, Colombia se las arregló para adquirir más de quince aviones de ataque, observación y entrenamiento, además de gestionar la formación de pilotos y oficiales para la Fuerza Armada. A su vez, logró comprar buques de guerra y de artillería para desplazarse a la zona fronteriza, igualando e incluso superando en algunos aspectos el poderío militar que ostentaba el Ejército peruano.

En efecto, ante la ausencia de vías terrestres y canales de comunicación directa con la frontera, era necesario reestructurar la Marina de Guerra colombiana y su Fuerza Aérea. Por tal motivo, el Ministerio de Guerra de Colombia, respaldado por el presidente Enrique Olaya, organizó escuadrones de aviación tripulados por pilotos de Colombia junto con aviadores alemanes de la Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos (SCADTA), en aviones de fabricación norteamericana y alemana, como los Junkers W-33 y dos Junkers F-13, dos W-34, dos Ju-52, dos Dornier Wal Do-J y un Merkur Do-K. Estos aviones se acondicionaron con el objetivo de hacerlos efectivos para expediciones militares, acciones de caza y bombardeo aéreo (^{FAC, s.f.}).

Del mismo modo, en el transcurso del conflicto, ambas repúblicas comenzaron a hacer efectivas algunas adquisiciones de material militar del exterior, con el fin de ampliar sus componentes bélicos. El Cuerpo de Aviación del Perú implemento hidroaviones, bombarderos y aviones caza, entre otros; mientras tanto, entre sus principales adquisiciones, Colombia se reforzó con dieciséis aviones: tres Fledgling J-2 de entrenamiento, ocho Wild X de observación y ataque, cuatro Osprey C-14 de entrenamiento y un Falcón 0-1 de combate (^{FAC, s.f.}).

Por otra parte, después de la organización de las vías, la artillería y la flota aérea, el General Alfredo Vásquez Cobo, militar y político colombiano, adquirió de Europa algunos barcos antiguos para la composición de su flotilla naval, que en principio contaba con tres buques: el Córdoba, Mosquera y Bogotá, y los destructores MC Antioquia y MC Caldas. Por el lado peruano, la Marina de Guerra era en comparación a la colombiana mucho mayor en cuanto a su alcance y poderío, pues ostentaba submarinos de tipo BAP Casma (R-2) y BAP Pacocha (R-3), que hacían parte de la comitiva compuesta por los cruceros Almirante Grau y Coronel Bolognesi, además de otros submarinos tipo R-4 (^{Marina de Guerra del Perú, s.f}).

Adicionalmente, luego de las adquisiciones bélicas de ambos gobiernos y de las distintas tensiones presentadas entre 1932 y 1933, el presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado el 30 de abril de 1933. Asumió como su sucesor el General Oscar Benavides, amigo del electo presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, con quien se reunió quince días después de la muerte de Cerro en Lima. En esta reunión, Perú aceptó entregar Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones, comisión que duró un año estudiando posibles alternativas para dar fin al conflicto. De modo consecuente, Colombia entregó al Perú la isla Chavaco y la guarnición de Güepí treinta días después de la firma del cese de hostilidades, además de entregar a todos los prisioneros de guerra peruanos (^{El Tiempo, 18 de octubre de 1991}).

Tras esta primera experiencia internacional, se realizaron varias misiones aéreas que expandieron poco a poco la capacidad del poder aéreo. Por ello, la guerra colombo-peruana fue el escenario perfecto para que la incipiente Fuerza Aérea Colombiana de ese momento pudiera establecerse con mayor fuerza ante la necesidad de defender la soberanía del país. Durante el periodo del incidente de Leticia, la Fuerza Aérea Colombiana pasó de tener una sola base aérea -que en ese momento funcionaba en la base aérea de Madrid, Cundinamarca, donde actualmente funciona el comando de mantenimiento CAMAN- a ampliar enormemente su infraestructura (^{Canal Institucional, 2019}). Además, finalizando el conflicto, la Fuerza Aérea Colombiana continuó creciendo con la construcción de escuelas militares, bases aéreas y bases auxiliares en el territorio nacional. Así, este conflicto reprentó un hito para la historia del Ejército Nacional de Colombia.

Conclusiones

Al analizar las operaciones de las Fuerzas Armadas de Colombia en la guerra contra el Perú entre los años 1932 y 1933, así como el desarrollo de las negociaciones previas y posteriores a la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922, se puede concluir que el conflicto fronterizo entre Colombia y Perú determinó de manera significativa las relaciones bilaterales de la época entre los dos países vecinos.

Para Colombia, era de vital importancia reestructurar desde sus cimientos a las Fuerzas Armadas del país, puesto que, al inicio del conflicto, era un Estado que carecía de material bélico, hombres y máquinas de guerra. Así, gracias a las tácticas militares y a las estrategias del Gobierno, el país pudo no solo crear unas Fuerzas Armadas sobresalientes, sino además aprovechar el entusiasmo de su población para cobrar un impuesto a la guerra y con ello subsanar el déficit financiero en este campo.

En solo pocos meses, en un tiempo récord, Colombia formalizó una Fuerza Aérea y una Marina de Guerra inexistentes, y, a pesar de su inexperiencia en un combate internacional, entrenó y preparó a un gran cuerpo de hombres de primera línea, oficiales y suboficiales, dispuestos a salvaguardar la soberanía del Estado, ante el problema que debía asumir el Ministerio de Guerra por la falta de personal, bases y guarniciones que estuvieran estratégicamente ubicadas. De este modo, para el Gobierno nacional primaba la creación de bases auxiliares, hospitales militares y una infraestructura vial competente que le permitiera brindar suministros a las guarniciones desplazadas en la frontera. Algunas de las bases estratégicas, de acuerdo con la ^{FAC (s.f.}), estaban situadas en inmediaciones de las grandes concentraciones de tropas, como Flandes, seguida por la de Caucayá por las vertientes del río Putumayo, otra en Igaraparaná cerca de las orillas del Puerto Arica, otra en el río Caquetá cerca al río Curiplaya, denominada Puerto Boy por el Gobierno Nacional en homenaje a su gestor el Coronel Herbert Boy.

No obstante, este enfrentamiento no implicó el desplazamiento armado y directo de cuantiosas unidades militares, y tampoco significó un gran número de heridos en combate para ninguno de los dos Ejércitos; pero, aun así, denota un rol esencial en el nacionalismo del pueblo colombiano, que se plasmó en la evolución y el progreso de las Fuerzas Armadas frente a la poca experiencia en enfrentamientos terrestres, fluviales y aéreos (^{García, 2018}).

El fascinante resultado de este conflicto forjó el futuro de la Fuerza Aérea Colombiana al evidenciar la necesidad para el Estado de tener una fuerza militar sólida para la defensa del territorio. La victoria no solo trajo consigo la protección de sus territorios, sino también este avance aeronáutico, marino y terrestre con campos operacionales, técnicos y logísticos, altamente calificados, que mostró a Colombia como un país militarmente fuerte ante la comunidad internacional, lo cual le dio una posición privilegiada en Latinoamérica (^{FAC, s.f.}).

Del mismo modo, el conflicto colombo-peruano determinó el desarrollo de las relaciones diplomáticas entre ambos países, especialmente con el apoyo de actores de la comunidad internacional, a los cuales se les debe el logro de finalizar con las hostilidades, que habrían podido desencadenar un conflicto mucho mayor. Al respecto se destaca de manera positiva la estrategia diplomática del plenipotenciario de Colombia Enrique Olaya Herrera y el delegado ante la Sociedad de Naciones Eduardo Santos. De hecho, a raíz del actuar colombiano, la comunidad internacional felicitó diplomáticamente al presidente de la República de Colombia por su gestión en el conflicto fronterizo con el Perú. En uno de sus comunicados, se manifiesta que el pueblo y el Gobierno de Ecuador guardan especiales sentimientos de simpatía para Colombia, pues confiaban en que este resultado aceleraría aún más el progreso ecuatoriano en un ambiente de paz. Por otra parte, es de resaltar la inteligencia y generosidad de la orientación internacional que impidió la guerra, ya que sirvió como ejemplo para la solución amistosa de los problemas limítrofes.

El conflicto llegó a su fin cuando las tropas peruanas se retiraron de Leticia el 25 de junio de 1933 y se entregaron a la delegación de la Liga de Naciones, gracias a las directrices pacíficas del General Alfredo Vásquez Cobo y del ministro de Guerra. Perú y Colombia se reunieron finalmente en Brasil, donde se firmó el Protocolo de Río de Janeiro (1934) para pactar la paz. Este protocolo reafirmó el Tratado Salomón-Lozano, vigente en la actualidad y aceptado por ambas partes. Esto confirma que las exitosas operaciones militares del Ejército colombiano en la guerra colombo-peruana, junto con las estrategias diplomáticas en pro de salvaguardar la soberanía colombiana, sí determinaron el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Este análisis interpretativo de la geoestrategia, la geopolítica, la diplomacia y las acciones militares contribuye a la explicación de este conflicto fronterizo. Por consiguiente, dando continuidad a la investigación, posteriormente se presentarán los aportes académicos respecto a un desarrollo más completo del conflicto colombo-peruano, con base en la información recopilada y presentada en este artículo.