Introducción

Para entender el mundo digital y tecnológicamente modificado, es necesario reconocer el aumento de la densidad digital en el mundo físico, el incremento de los flujos de información desde los objetos conectados y, especialmente, el cambio en las dinámicas humanas, por el cual las personas privilegian los contactos y relaciones desde dispositivos, particularmente móviles, para sus actividades diarias y potenciar sus posibilidades y oportunidades (^{McKinsey &: Company, 2021}).

Este escenario cibernético, esto es, el entorno de interfaces digitales de comunicación y control donde ahora se desarrollan actividades de la sociedad en general, se convierte en una plataforma de desarrollo social y económico que vincula a la nación con los retos de la economía digital y, al mismo tiempo, con las tensiones que generan los riesgos cibernéticos, cuya particularidad es ser sistémicos, emergentes y disruptivos (^{Cano, 2019}).

Por lo tanto, la ciberseguridad nacional se ha convertido en el factor fundamental que articula los esfuerzos desde diferentes frentes estatales para concretar y garantizar un entorno de confianza digital donde la ciudadanía en su conjunto pueda adelantar sus actividades, motivar transformaciones y apalancar iniciativas que generen mayor prosperidad y bienestar para toda la sociedad (^{Choucri, 2012}). En consecuencia, reconocer la nueva realidad digital del país implica establecer referentes básicos de prevención, coordinación, educación, respuesta y visión, que permitan conectar los retos actuales en materia cibernética y las tendencias que se identifican hacia el futuro.

De acuerdo con lo anterior, este artículo se propone explorar las tendencias nacionales e internacionales desde el marco Pestel (política, económica, social, tecnológica, ecológica y legal) y sus impactos para la ciberseguridad nacional colombiana en el mediano y largo plazo (2030). Esto representa un ejercicio básico de análisis con el fin de establecer algunos horizontes de desarrollo e iniciativas, lo cual hará posible implementar planes de acción para avanzar en los retos y exigencias de una sociedad digital inmersa en una revolución de tecnologías emergentes y disruptivas, que exigen cada vez experiencias distintas que respondan a sus altas expectativas (^{Hines & Bishop, 2015}).

Con tal propósito, se revisaron documentos elaborados por instituciones multilaterales, informes de centros de pensamiento, artículos académicos, reportes de industria y perspectivas de líderes de opinión nacional y global, en aras de darle forma a una visión prospectiva para la ciberseguridad nacional con miras a 2030. De esa manera, se busca que los resultados de este ejercicio académico y práctico permitan a los interesados y tomadores de decisiones encontrar elementos de reflexión y orientación para configurar sus estrategias empresariales en el escenario nacional.

Finalmente, el resultado de los análisis que se presentan en este documento es susceptible de revisión y actualización conforme pase el tiempo, dado que las propuestas e indicaciones que se detallan deben ajustarse con la experiencia y la revisión de la temática en un momento particular. Así, corresponde a los lectores mantenerse atentos a los cambios acelerados que en materia de ciberseguridad nacional surjan en adelante.

Marco teórico

Desarrollar un marco prospectivo en ciberseguridad nacional implica leer la dinámica de la sociedad colombiana y sus diferentes relaciones con el contexto regional e internacional alrededor de las tensiones que genera el riesgo cibernético. En este sentido, el marco Pestel se utiliza como base para determinar las tendencias que se advierten en el horizonte sobre los retos para la ciberseguridad nacional hacia 2030.

Con ocasión de la emergencia sanitaria internacional y los confinamientos que esta requirió, la transformación digital se aceleró en diferentes sectores productivos del país, así como en las esferas del Estado (^{World Economic Forum [WEF], 2020}). Así, como resultado de esta inesperada realidad, los ciudadanos tuvieron que vincularse rápidamente con el escenario digital, lo que cambió radicalmente su manera de hacer las cosas, ahora desde una computadora o un dispositivo móvil, desde donde la vida adquiere otra dimensión y los riesgos cambian, a consecuencia de un mayor intercambio de información y exposición de las personas (^{Deloitte, 2019}).

Los impactos de una nueva realidad digital han creado diferentes lecturas en la dinámica de la sociedad colombiana. Por un lado, el sector empresarial ha aprovechado para concretar proyectos que estaban en estudio y han creado nuevas experiencias con sus clientes que han cambiado definitivamente la manera como se relacionan con sus compradores. Por otro lado, el sector de la salud, como centro de atención actual, se ha debido ajustar igualmente para despertar a su realidad digital. Esto hace necesario avanzar rápidamente en el desarrollo y la consolidación de una cultura organizacional de seguridad de la información (^{Donaldson et al., 2015}).

Las infraestructuras críticas cibernéticas, ahora con una mayor interacción en modalidad remota, deben entender, conocer y asegurar cómo están sus relaciones con los terceros de confianza para aumentar la resiliencia de sus operaciones frente a adversarios que traten de pasar inadvertidos en medio de las interacciones y el acoplamiento de las soluciones disponibles para su operación (^{Dupuy et al., 2021}; Boyes, 2015).

El aumento de la superficie digital de interacción cambia la manera como el Estado define su relación con la ciudadanía. Debido a este cambio, los ciudadanos se apropian de su papel como participantes de una democracia donde los diferentes actores pueden opinar y generar tendencias, bien sea en sentido propositivo o con posiciones contrarias o reaccionarias (^{Soler, 2019}). En este escenario, se abre un camino de inestabilidades e incertidumbre causados por las noticias falsas, la desinformación y la malinformación, que convierte las tribunas de las redes sociales en escenarios naturales para controvertir y movilizar imaginarios mediante técnicas ya probadas para influenciar positiva o negativamente a la población (^{Ganghi et al., 2011}).

Las recientes movilizaciones en el país, las controversias sobre las noticias falsas, la propaganda política elaborada por diferentes actores y la inestabilidad reciente de los servicios de comunicaciones e internet han generado un ambiente de tensión que reafirma la polarización del público en general, aumenta el malestar social y termina con una sensación de pérdida de gobernabilidad que poco favorece la búsqueda de soluciones negociadas en el marco de la Constitución y la ley.

Metodología

La aplicación del marco Pestel es un ejercicio de consolidación y análisis de tendencias que amplía la revisión de detalles de diferentes fuentes de información. Para efectos de este ejercicio, se consultaron diferentes publicaciones académicas (artículos de investigación, libros y revistas especializadas) y reportes internacionales (centros de pensamiento, consultoras internacionales y empresas especializadas), los cuales fueron comentados y validados con entrevistas con especialistas en ciberseguridad y ciberdefensa (académicos, ejecutivos y profesionales de ciberseguridad), que permitieron confirmar las posturas que se revelan en esta investigación.

Por otro lado, para el análisis de la ciberseguridad y ciberdefensa nacional se tomaron las diferentes perspectivas de dicho marco (política, económica, social, tecnología, ecológica y legal) situando la dinámica nacional e internacional para cada una frente a las tensiones y situaciones que pueden generar inestabilidad e incertidumbre en el escenario de los riesgos y amenazas cibernéticas. A continuación se detallan algunas preguntas claves planteadas como resultado de la revisión de los documentos y las entrevistas, con el fin de identificar y consolidar el análisis acerca de cuáles fuerzas pueden influir y fortalecerse en el mediano y largo plazo frente al reto de la ciberseguridad nacional (Tabla 1).

Resultados

Luego de la aplicación del marco Pestel con base en una revisión y análisis de las preguntas orientadoras hacia la ciberseguridad y la ciberdefensa nacional, se presentan a continuación las fuerzas identificadas para cada una de las perspectivas del marco y se abordan de forma individual, soportadas con algunas evidencias que sugieren su visualización y confirmación en el entorno nacional.

Discusión

Los resultados presentados en este estudio, fundados en las revisiones hechas desde el marco Pestel para la ciberseguridad nacional, establecen un punto de partida para realizar mayores y mejores análisis sobre la evolución de las diferentes tendencias identificadas. En este sentido, los analistas y tomadores de decisiones deben permanecer atentos a la evolución del entorno actual en el país y las tensiones que se derivan de múltiples eventos a nivel internacional, como la reciente toma de control de los talibanes en Afganistán, que motivó un movimiento humanitario por parte del Gobierno colombiano para recibir al menos 4000 refugiados de este país, lo que finalmente no se dio (^{Portafolio, 20 de septiembre de 2021}).

Por otro lado, los eventos recientes de ataques a la infraestructura crítica norteamericana han puesto a prueba el nivel de preparación de EE. UU. frente a este tipo de eventos adversos, lo que ha revelado fragilidades inherentes en diferentes sectores críticos. Fragilidades como estas pueden terminar afectando la dinámica política, económica y social del país, lo que genera una sensación de incertidumbre que puede ser aprovechada por otros países para concretar acciones que tienden a consolidar conflictos en la zona gris. En este nuevo entorno no es posible actuar de forma individual, sino a través de alianzas internacionales y acciones conjuntas para disuadir y tratar de desescalar las acciones de adversarios que se mueven en la niebla de las mismas tensiones internacionales (^{Jordán, 2018}).

En este contexto, Colombia se encuentra en una zona de conflicto cibernético que ha vinculado a diferentes actores no estatales, quienes aprovechan las dinámicas sociales y el aumento del uso de la tecnología para capitalizar tendencias y acciones con fines adversos. Estas acciones se sirven de movimientos sociales con el fin de concretar agresiones en contra de las instituciones nacionales y la infraestructura pública. De esta forma, los resultados de este estudio confirman los recientes eventos ocurridos en el país con ocasión de la protesta social, que inicialmente se configuró como un ejercicio democrático y pacífico, pero luego terminó con manipulaciones y desinformación diseminada por agentes no estatales a través de redes sociales.

Las posibilidades de que se presente un ciberataque a cualquier nación u organización de cualquier tamaño y de cualquier sector hacen necesario aumentar la capacidad de anticipación, de demora y disuasión frente a las capacidades de acción que puedan tener los adversarios (^{Skopik & Pahi, 2020}). Es necesario reconocer al menos los movimientos naturales de los adversarios, como la inteligencia, las técnicas de engaño, la identificación de pivotes (puntos de ingreso) y el despliegue de acciones maliciosas, con el fin de concretar la brecha o inestabilidad prevista, y trabajar desde allí, para avanzar en una estrategia no estandarizada, que haga más difíciles las acciones y propósitos de un posible agresor. Esto, en últimas, significa romper con la dinámica de lo conocido en pro de crear capacidades apropiadas para enfrentar la incertidumbre.

Conclusión

Mirar al futuro es un ejercicio que debe iniciar en el presente. Es un reto que implica explorar con claridad las perspectivas y tendencias que se advierten en el entorno, no en busca de certezas, sino explorando las posibilidades que puedan darle forma a la incertidumbre. Así se podrá ver dónde ubicar la mirada para trazar rutas alternas que permitan concretar las estrategias más adecuadas frente a los retos particulares de las empresas y naciones (^{Fergnani et al., 2020}; ^{Wolfowitz et al., 2018}).

En este escenario, la ciberseguridad nacional enfrenta diferentes tensiones y fuerzas a nivel político, económico, social, tecnológico, legal y ecológico, que demandan salir de la postura tradicional de “esperar y ver”, para movilizar reflexiones y esfuerzos que permitan “delinear y actuar”. Esto es lo que hará posible adoptar decisiones estratégicas para identificar alternativas que le permitan al país situarse en una posición privilegiada, desde la cual trabaje por influenciar nuevos patrones de acción que confirmen su liderazgo nacional e internacional (^{McNulty, 2021}).

A nivel político, es importante mantener la mirada puesta en las dinámicas de la democracia, como un factor fundamental para fortalecer la institucionalidad ahora en el ciberespacio. Esto implica aprender a convivir y desarrollar las prácticas de participación ciudadana en el ciberespacio que las hagan resistentes a acciones como la desinformación, la manipulación y otras estrategias híbridas. Esto se convierte en el nuevo horizonte de la gobernabilidad del país y las empresas, más allá de las actividades tradicionales que se desarrollan en la actualidad (^{Lonergan, 2017}).

A nivel económico, es importante comprender que los datos y la información se han transformado en activos valiosos, que adquieren valor no solo por su existencia, sino por la capacidad que tienen de cambiar la realidad, transformar la experiencia de las personas, darles acceso a nuevas oportunidades o por el contrario convertirse en objetivos de acciones adversas que pueden comprometer su buen nombre, sus valores financieros o su integridad física. En este sentido, la extorsión y los robos de información sensible deben ser parte de la agenda de seguridad tanto de empresas como de Estados (^{Alcolea, 2012}; ^{Cano, 2021}).

A nivel social, el reto resulta mayor, puesto que las tensiones sociales propias de las dinámicas de los países terminan siendo parte de operaciones psicológicas y cibernéticas para crear zozobra, inestabilidad y entornos agresivos que terminan favorecieron intereses oscuros. Las redes sociales, el manejo de agentes automáticos, influencers, trollers, entre otros, deben ser temas que marquen la agenda del plan de ciberseguridad nacional, como parte del equilibrio de garantías que los Estados deben brindar tanto para el uso de estos medios sociales de forma legítima como para los usos que resulten en deterioro de la convivencia y la estabilidad nacional (^{Singer 6c Brooking, 2018}).

A nivel tecnológico, es importante mantener un panorama actualizado de las tecnologías emergentes y disruptivas, con el fin de evaluar sus potencialidades y oportunidades para ofrecer mayores y mejores productos y servicios, así como revisar, analizar y simular sus posibles usos adversos. Esto permitirá reconocer nuevos patrones y amenazas que puedan comenzar a comprometer las condiciones defensivas, de modo que se pueda actuar de forma anticipada para atender incidentes que se puedan presentar. En la actualidad, omitir el seguimiento de los nuevos desarrollos de la inteligencia artificial y sus usos adversos representa una posición temeraria para cualquier Estado o empresa, dado que podrán ser fácilmente superados con las capacidades que se advierten a la fecha y en el futuro para estas tecnologías (^{Hoffman 6c Levite, 2017}; ^{Dash et al., 2021}).

A nivel ecológico, en principio parecería que la ciberseguridad nacional no tiene aspectos que cuidar y mantener; pero nada es más distante de la realidad, pues las implementaciones tecnológicas actuales y la mayor dependencia de terceros hace al ciberespacio corresponsable de la huella de carbono global. Esto implica que el factor ambiental no puede excluirse de la ecuación cibernética, sino que debe ser un tema vinculante, dado que la “polución que genera el tratamiento de los datos” no solo hace parte del reto de los Estados y empresas en el ciberespacio, sino que es un compromiso más frente a la protección del entorno, que debe considerarse en el diseño y la puesta en operación de las iniciativas digitales actuales y futuras (^{Nogueira, 2020}).

A nivel legal, las naciones y empresas se enfrentan a la dificultad de una construcción dinámica de buenas prácticas y estándares que de forma acelerada quedan obsoletos. Por ello mismo, las iniciativas internacionales de organismos multilaterales, las tendencias alrededor de la responsabilidad digital empresarial y la exigencia de la protección de datos se convierten en el mapa base de la revisión y actualización constantes, al que se deben mantener atentas las diferentes profesiones, como un ejercicio de responsabilidad digital convergente, donde los derechos, deberes y libertades de los individuos siempre estarán en juego (^{Pricewaterhouse Coopers [PwC], 2020}).

En consecuencia, este ejercicio de prospectiva sobre la ciberseguridad nacional al 2030 deja de ser una mirada futurista y elevada de la realidad para convertirse en una manera de aterrizar los retos y realidades del país y las empresas, como protagonistas principales de las transformaciones que requiere la nación de cara a una acelerada transformación digital. Esta acelerada y constante transformación ha cambiado la manera de hacer las cosas e invita a todos los actores a sumar esfuerzos para potenciar las ventajas del ciberespacio en la dinámica de la sociedad (^{Téllez, 2016}), al tiempo que se cierran filas frente a aquellos adversarios (visibles e invisibles) que quieran aprovechar sus vulnerabilidades inherentes como vectores de desestabilización e inestabilidad (^{Buchanan, 2020}).