Introducción

El proceso político revolucionario venezolano comienza con varios cambios institucionales por las vías de la participación ciudadana electoral, la renovación institucional y los cambios del paradigma político que reinaba hasta la fecha (democracia representativa y socialdemocracia burguesa). Para esa nueva arquitectura, implemento una estrategia basada en el discurso de Hugo ^{Chávez (1999}-2013), que pivotea entre los conceptos de Quinta República¹, revolución bolivariana, democracia participativa y poder popular.

Chávez propuso un nuevo estilo de mando, provisto de un fuerte dominio carismático fusionado con una auctoritas, entendida como la distinción y singularidad del liderazgo reafirmado en una serie de características morales, psicológicas, políticas e intelectuales que las destacan de las demás (^{Arendt, 1996}). Así, en su caso, esa auctoritas quedó afinadamente complementada con su naturaleza castrense, simbólica y existencial.

El poder de su discurso, avenido con características de mando militar, logró resultados históricos en el ecosistema electoral venezolano (trece referéndums, plebiscitos y elecciones ganadas). Sin embargo, lo más sugerente de esta dinámica fue el hecho de que, por razones carismáticas, doctrinarias y emotivas, se estableció una suerte de relación de poder subjetivo que trastocaba el curso natural de la toma de decisiones desde las instituciones para cumplir el deseo -idea o arbitrariedad- del presidente.

Uno de los núcleos de su discurso fue la reivindicación popular en los marcos históricos y sociopolíticos. La figura del “pobre”, como un sujeto histórico relevante en la historia de traiciones clasistas y de negligencias de Venezuela, fue el eje axial del discurso del chavismo, como movimiento y como ideología, en cuanto a las reclamaciones históricas por la vía política de la revolución bolivariana.

Lo anterior condujo, desde los albores de la revolución, al empoderamiento popular en la lógica de una democracia participativa, directa y transformadora. Los pobres, según esta lógica, debían tomar el control político de la vida de sus sectores -desde sus parroquias y municipios por medio de consejos comunales- a través de diferentes canales, como el llamado poder popular: cabildo abierto, la comuna y el parlamentarismo de calle. En teoría, los burócratas del Estado habrían sido impelidos por la ideología chavista a abrir sus instituciones al pueblo, y este debía reclamar la toma de esos espacios para ser protagonistas de la nueva era revolucionaria chavista a través del empoderamiento que la democracia participativa ofrecía desde el poder popular.

Desde el punto de vista semántico, Chávez le dio al vocablo popular, como rasgo distintivo de su discurso sobre lo “popular”, un énfasis particular: referido más a las condiciones materiales de existencia de los sectores pobres que a la totalidad del pueblo venezolano: “se podría argumentar de forma práctica que, en Venezuela, dado los altos niveles de pobreza, hablar de pueblo es lo mismo que hablar de pobres” (^{García, 2011}, p. 2).

Se ha empleado una metodología de análisis del discurso en un entorno de más de 6000 documentos que contienen diversas faenas discursivas de Hugo ^{Chávez entre 1999} y ²⁰¹². La fase final de estas corresponde a las del año 2012, último año en que registra comunicación política en público y alocuciones, pues cesa su actividad política, por causas extremas de salud, a partir de diciembre de ese año. La técnica de web scraping fue combinada con un análisis de procesamiento de conceptos relacionados con términos como democracia participativa, empoderamiento, poder popular, pueblo, consejos comunales, comuna, entre otros propios de su discurso.

La siguiente etapa del ciclo chavista, que corresponde a Nicolás Maduro, sucesor ideológico y administrativo del poder, es más reducida en cuanto a textos y discursos, y más abundante en cuanto a acciones y decisiones en un entorno de crisis política y de seguridad ciudadana. Estos textos se encuentran en diferentes fuentes de información, como la prensa y las intervenciones de otros actores del madurato (2013-2022), que, sin embargo, terminan complementando los objetivos de este estudio. Las circunstancias posteriores -referidas a las gobernanzas criminales-, que Nicolás Maduro potencia y, al mismo tiempo, enfrenta, son consecuencias directas de la superestructura discursiva de su antecesor.

Resulta clave analizar la dimensión del empoderamiento popular, como el eje discursivo de una agenda de poder y hegemonía electoral, pues explica el riesgo de las derivas autoritarias respaldadas por una ciudadanía y un electorado y que, por vías extralegales, acaban desconociendo los términos del Estado de derecho y de la democracia.

Como se demostrará en el artículo, ante las incapacidades administrativas que pueden presentarse en diversos proyectos políticos revolucionarios y populares -y la consecuente frustración de un electorado ideológicamente adepto-, una opción de salida, que traspasa los límites weberianos de los Estados modernos, es la transferencia del uso legítimo de la violencia a organizaciones populares; lo que deviene en gobernanzas criminales, y no en contraloría popular y en potenciación de la gestión de los recursos (que ese poder puede otorgar).

En otras palabras, el empoderamiento material prometido termina siendo sustituido por el empoderamiento criminal, como respuesta de facto a las incapacidades e imposibilidades del Estado revolucionario.

Evolución discursiva de los modelos democráticos en pugna

Existe una evolución conceptual y de intensidad semántica en el discurso de Chávez sobre la democracia representativa y la democracia participativa.

En 1999, afirmaba, en una intensidad discursiva aún baja: “[para que] rompamos el esquema clásico de la democracia liberal, [...] necesitamos un nuevo concepto de Estado, una nueva arquitectura de poder, una desconcentración de poderes, un auténtica democracia representativa, participativa y protagónica” (^{Chávez, 1999})- Unía así ambos modelos, a pesar de tratarse de una contradicción teórico-práctica.

En 2004, ya empieza a registrarse un incremento de ardor discursivo: “En Venezuela la democracia representativa se convirtió en una terrible trampa, una verdadera trampa, [...] una máscara detrás de la cual se instaló una horrenda tiranía de pequeños grupos, políticos, una casta política, grupos económicos, una minoría de privilegiados” (^{Chávez, 2004a}). En 2007, con una intensidad mucho más alta, sin moderación conceptual, ya consagra como hecho cumplido a la democracia participativa: “El modelo político también está amarrado, está frenado, la democracia participativa y protagónica aquí está proclamada [...]; aquí está la llave para liberar el poder popular” (^{Chávez, 2007e}).

En 2011, es un hecho: democracia participativa y empoderamiento (poder popular) irán de la mano. Y su ímpetu discursivo es todavía más alto, pues condena sin ambages al modelo de democracia representativa: “Ahora, el capitalismo y su expresión política, que es la democracia capitalista, la democracia llamada representativa, esa es la expresión política del capitalismo, porque el capitalismo, cuando ve que incluso la democracia representativa no le funciona, entonces recurre sin la más mínima vergüenza ni nada a la más cruel dictadura” (^{Chávez, 2011}).

El poder popular como precaria fórmula de empoderamiento popular

Sobrevino una alteración profunda del Estado, en 2007, al sumar más de seis victorias electorales -reelección presidencial, referéndum consultivo, elecciones legislativas y regionales-. Tras su victoria, en 2006, Chávez centró su nueva legislatura en la aceleración del proyecto socialista a través de los llamados “cinco motores constituyentes”.

El primer motor fue una ley habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, que dejó en manos del Ejecutivo la función de legislar con independencia del poder legislativo. El segundo fue la reforma de la Constitución para implementar, en definitiva, el algoritmo socialista. El tercero fue “moral y luces”, que realizaba por la vía educativa los valores ideológicos del socialismo. El cuarto fue “la nueva geometría del poder”, que modificó el ordenamiento político-territorial del país para poder establecer, junto con el quinto motor, que fueron los consejos comunales (entes de participación), la articulación e integración que, por la vía de organizaciones comunitarias, llevarían a cabo el empoderamiento de la gestión general de recursos y objetivos de toda clase: infraestructura, educación, alimentación, seguridad y defensa, entre otros.

Este proyecto de empoderamiento popular estuvo integrado en un comienzo “por un promedio de 200 a 400 familias en las áreas urbanas” (^{Banko, 2008}), como especie de células primigenias comunales: “la comunidad debe ser el núcleo indivisible del Estado en el territorio [...], la comuna es la célula, la célula territorial social”, indicaba un invicto ^{Chávez (2007a}).

Esta lógica no tuvo una dimensión preventiva del desbocamiento natural de las expectativas de mando, control y frustración populares. Es decir, aunque los canales estuvieron formalmente abiertos, el alcance de esta participación fue limitado, pues, aunque la nueva interacción de los consejos comunales subrogaba el ejercicio natural de alcaldías y gobernaciones, su lógica burocrática quedaría centralizada en el poder ejecutivo: la coordinación y evaluación de los consejos comunales estaba en manos de la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular. Así pues, si bien este mecanismo transformó la estructura del sistema político, no impidió que la propia naturaleza del empoderamiento popular se viera amputada, lo que mostró la disfuncionalidad de este modelo de gestión.

En razón de la impotencia de una década previa de fracasos en la reducción de la pobreza, Chávez optó por crear entre los consejos comunales y la Presidencia de la República una relación directa: una correspondencia vertical entre “el caudillo y el pueblo” (^{Banko, 2008}). Sin embargo, esta relación falló operacionalmente por los laberintos superpuestos del “viejo” aparato burocrático y la nueva burocracia comunal: “el poder comunal debe permitirnos incrementar la solución de los problemas donde quiera que estén, la eficiencia, la lucha contra la corrupción, contra el burocratismo”, aseguraba (^{Chávez, 2007a}).

Esto llevó a que el discurso chavista culpara de la frustración y los reclamos en el seno de la revolución a los “vicios burgueses” de las instituciones supervivientes del orden político anterior (la “Cuarta República”). De ahí que la solución radical fuera, a través del discurso revolucionario, invitar al pueblo desheredado a pasar -como consecuencia del empoderamiento- a la acción colectiva de calle para tomar espacios -patrimoniales y productivos- de la propiedad privada mediante una mezcla de participación popular, antagonismos clasistas y socialismo.

La toma colectiva, como acción revolucionaria, rápidamente evolucionó en una suerte de “control malandro” (^{Herrera & Kurmanaev, 2021}) de diversos espacios de Venezuela, en donde, por lógica, se impusieron progresivamente gobernanzas criminales de distintos niveles: desde el “colectivo cultural” y el consejo comunal para la defensa de la revolución, que invadían espacios urbanos (como edificios parcialmente desocupados, pero con propietarios), pasando por colectivos revolucionarios armados, hasta el extremo de organizaciones criminales, “grupos sindicatos” o “pranatos” (grupos de “pranes”: de “presos rematados, asesinos natos”) que controlaban minas de oro en el denominado Arco Minero del Orinoco (^{Dallmeier &: Burelli, 2021}).

El discurso como empoderamiento criminal: “¿Cómo hacemos? El que tenga hambre que robe”

En 2002, Chávez, en una locución desde el fuerte militar Tiuna, en presencia del alto mando militar, contó una situación casi anecdótica sobre una conversación que sostuvo con un padre de familia que atravesaba una situación apremiante para alimentar esa noche a sus hijos². Ante la dramática situación de precariedad de aquel sujeto y la parcial ineficacia, hasta ese momento, de la estructura revolucionaria, el presidente profirió el consejo de que quien tuviera hambre robara: “¿Cómo hacemos? El que tenga hambre que robe” (^{Gámez, 2013}, p. 27).

Esta frase tuvo resonancia en la población. Por un lado, sus seguidores comprendieron que se legitimaba una cierta zona gris de empoderamiento violento entre la comunidad más humilde del país. Por otro lado, los adversarios y opositores de Chávez vieron en aquella frase una ruptura en el discurso de legalidad del Estado como garante del monopolio legítimo de la violencia (^{Gallego, 2003}) y del sistema judicial venezolano. Al respecto, la evidencia demuestra que ha habido un incremento de la criminalidad violenta, particularmente llamativo desde los orígenes de la revolución hasta el tiempo presente.

En 1999, año del ascenso de la revolución en Venezuela, la criminalidad violenta tuvo un brusco aumento: ascendió a 25 homicidios por 100000 habitantes (en contraste con 1986, cuando fue de 8,4). Y, en 2000, presentó otro incremento, hasta alcanzar la cifra de 32. En 2011, la estadística de la violencia llegó a las más altas del mundo, con 67 homicidios por 100000 habitantes (^{Navarro & Pérez, 1991}; ^{Briceño-León et al., 2012}, p. 56). La violencia criminal, entendida como toda forma de quebrantamiento de la ley que pone en riesgo la vida mediante la amenaza con armas y la agresión física directa, abarcaría también el secuestro y la extorsión, cuyas tasas sufrieron súbitos incrementos desde 1999 (^{Pérez, 2011}).

Mediante un análisis crítico del discurso de Chávez, lingüistas han concluido que, usando ciertos recursos retóricos reiterativos (como la anfibología de la imagen histórica de Simón Bolívar), el presidente venezolano reforzó los prejuicios clasistas de abajo hacia arriba y promovió la intolerancia, la polarización y la violencia social (^{Chumaceiro, 2003}, p. 25). Todo lo cual se suma a una visión epistemológica del socialismo del siglo XXI como horizonte operacional de igualdad de clases, redistribución de la riqueza y estatización del aparato productivo privado.

Como resultado, la propiedad privada quedó en una zona jurídica gris y, en esencia, deslegitimada ante los desposeídos: “No importa nada, lo demás no importa. Tener, tener y tener: poseer. Y así termina endemoniada el alma, termina el alma endemoniándose. Ser rico es malo, por naturaleza, es malo” (^{Chávez, 2005}).

Esa combinación de factores con el discurso de motivación criminal originaron una suerte de reacción en cadena que hizo predominar la violencia criminal sobre los valores políticos y sociales históricos de Venezuela -como proyecto liberal democrático representativo entre 1961 y 1999-. De hecho, en los últimos tiempos, esta violencia criminal vigorizada con nuevas prácticas (“pranes” carcelarios y líderes delincuentes carismáticos en grandes pobladas urbanas) y con mejor tecnología (en parque de armas y comunicacionales) se ha superpuesto, de facto, a los mismos valores políticos y revolucionarios del sistema chavista, una vez que logró desafiar las estructuras de seguridad de Estado del siguiente gobierno chavista, el de Nicolás Maduro (2013-2019 y 2019-2025).

Empoderamiento popular y su aplicación real en la revolución: una contradicción desde el principio

No deja de ser llamativo que Chávez descubrió el concepto de empoderamiento en 2002, cuando, en un acto público en la ciudad de Barquisimeto, dijo: “Oye, qué palabra tan buena, vale. Además, muy criolla, darles poder, vamos a aplaudir esta palabra. [...] empo... ¿Cómo es? Empoderamiento a los pobres, a los campesinos”. Sin embargo, en 2006, en un discurso dado en el fuerte militar Tiuna, en Caracas, rechazaba el vocablo empoderamiento, mas no el concepto: “Porque el tema de la participación es el empoderamiento. Esa palabrita a mí nunca me ha gustado, pero, bueno, es la palabra, empoderamiento: darle poder a la comunidad, poder político, poder social, poder económico” (^{Chávez, 2006a}).

El empoderamiento tiene que ver con el poder, y trata de cambiar las relaciones de poder hacia quienes antes tenían escasa o nada de autoridad sobre sus propias vidas (^{Batliwala, 1993}). El empoderamiento es definido por dos dinámicas: control o dominio sobre los recursos inherentes al hecho social (materiales, intelectuales -científicos y técnicos-, económicos, e incluso el propio albedrío de la persona) y sobre las creencias, valores y actitudes (la ideología).

“Si el poder significa control, el empoderamiento, por tanto, es el proceso de ganar control” (^{Sen, 1995}). Esa fue una promesa transversal de la gobernanza revolucionaria correspondiente al nuevo modelo ideológico y político de Venezuela. El problema surge cuando el concepto es inaplicable a una realidad sociopolítica, por la naturaleza inherente del Estado chavista: rentista petrolero, profundamente centralizado y monopolizador de todas las fuerzas de la nación (^{Cohen, 2013}).

La promesa incumplida de las diferentes formas de empoderamiento popular se conjugó fatalmente con un discurso violento y con unas incapacidades operacionales para subvertir la profunda brecha económica de la sociedad venezolana.

Los atajos posibles fueron, por un lado, la polarización ideológica y, por otro, señalar a otros de ser los culpables (a Estados Unidos, a la oligarquía, a la oposición y al pasado Estado burgués), para así eximir al gobierno de Chávez de la frustración en la gestión pública hacia los más vulnerables; contradicción insoslayable para un relato revolucionario socialista que ubicaba en la primera fase de su interés a, precisamente, los pobres.

El recurso a la polarización consistió en aducir que había que someter los vicios históricos burgueses del pasado -aún no superados- a una violencia clasista: “el que no tenga para comer, puede robar”. En lugar de ser empoderado -o después de un intento fallido por empoderarlo-, el pueblo puede optar por el crimen.

El concepto de empoderamiento ya sufre de excesiva generalidad en la literatura especializada, de forma empírica y práctica, lo cual conlleva el riesgo inherente de convertir el término en una especie de comodín explicativo y justificador de cualquier acción con autonomía de su fundamento científico y moral (^{Sánchez, 2007}). Varios autores, al tratar el empoderamiento psicosocial, afirman que su dimensión conceptual ha dejado de lado, o postergado, la discusión sobre las dimensiones objetivas y las influencias del contexto sociopolítico en las dinámicas de empoderamiento (^{Keys et al., 2017}). Precisamente, las prácticas de empoderamiento popular durante la revolución chavista se encontraron fuertemente influidas por el contexto sociopolítico de la denominada Quinta República.

La revolución chavista buscó escarbar dentro de la psicología comunitaria (^{Riger, 1993}) para generar dos centros de interés esenciales: el empoderamiento en sí y el sentimiento de comunidad política leal a los nuevos valores del sistema revolucionario a través del denominado poder popular.

Hay una diferenciación entre dos formas de empoderamiento: el empowerment anglosajón, que resalta el papel de las estructuras sociales mediadoras entre los programas gubernamentales y el individuo; y la acepción latinoamericana -denominada también potenciación-, que remite a una “liberación colectiva” que toma el control de las instituciones, de modo que el poder que obtiene la comunidad organizada lo adquiere a través de “actores sociales constructores de su realidad y de los cambios que en ella ocurren” (^{Montero, 2003}, p. 70).

Moisés Naim describe de forma directa el proceso de empoderamiento de la experiencia chavista, cuando plantea que “tanto la concentración excesiva del poder político o económico como su dispersión en múltiples micropoderes son negativas: la primera propicia la dictadura y el monopolio; la segunda, el caos y la anarquía” (^{Naim, 2013}, citado en ^{Sánchez, 2007}, p. 156).

El Estado chavista fomentó la dispersión en múltiples micropoderes (consejos comunales, mesas técnicas, círculos bolivarianos, colectivos sociales), que derivaron en comportamientos anárquicos y entrópicos a la vista de sus metas. Esto forjó la tendencia a desconocer la autoridad weberiana del Estado y a desafiar a la sociedad civil con la enajenación de la propiedad privada en todos sus niveles. Estos actos consistieron en el uso de una violencia legitimada en unos derechos no aclarados, de los desposeídos sobre los propietarios, y, en primera instancia, fueron propiciados desde el pináculo del poder revolucionario:

Cómo es posible que uno vea aquí mismo, en Caracas, al lado del Palacio de Miraflores [...], unas casas abandonadas, derruidas. ¿De quién son? De un oligarca. [...] expropien eso, no se puede permitir que un banquero o un acaudalado señor que vive en Miami [...] tenga en pleno centro de Caracas un edificio abandonado o un terreno ocioso, donde se pudiera construir un edificio de esos pequeños [...]. Nosotros tenemos que trabajar mucho más juntos, el Gobierno nacional revolucionario, los diputados revolucionarios, los gobernadores revolucionarios, los alcaldes revolucionarios, porque también nosotros hemos fallado desde el Gobierno central. (^{Chávez, 2004b})

Aplicación real del poder popular: del empoderamiento popular al empoderamiento criminal

El empoderamiento popular, según la concepción chavista, es un laberinto de ideas que influyó en las derivas violentas y criminales del concepto y su aplicación. Chávez, en 2010, planteó una mezcla de formas que se impugnan a sí mismas:

[...] todo esto es parte de la estrategia del empoderamiento popular, político, económico, cultural. Los Bancos Comunales nacieron en esa dirección. Los Consejos Comunales, para crear el Estado Comunal. El Estado Comunal, la democracia comunal, la democracia comunera [...], la toparquía robinsoneana, como decía el Che Guevara. (^{Chávez, 2010a})

Son ideas operacionalmente imposibles en un Estado centralista y monopolizador del poder y la riqueza, como lo ha sido el chavista. El Estado comunal requiere, esencialmente, de la autogestión de recursos materiales para su sostenibilidad y gobernabilidad. Y el concepto operativo de lo comunero remarcaba, en una primera fase, el liderazgo poderosamente estatal y centralizado durante la denominada “transferencia de poder al pueblo y de empoderamiento” (^{Chávez, 2006b}).

Pero dicha segunda fase, que suponía la transferencia del poder, no sucedió. La etapa del empoderamiento suponía, primero, una agencia personal de los instrumentos otorgados para la autogestión del poder: “aquello que una persona tiene la libertad de hacer y lograr en búsqueda de las metas o valores que él o ella considere importantes” (Sen, 1985, p. 203). La agencia debe suponer autoeficacia, donde el individuo debe manejar un sistema propio para ejercer algún grado de control sobre sus acciones, sentimientos y pensamientos (^{Pick et al., 2007}).

Para ^{Kagitcibasi (2005}, p. 404), las personas en un estadio de empoderamiento deben gozar de voluntad propia, sin estar sujetos a coerción material o ideológica, o a incompatibilidad y discordancia dentro de los condicionamientos, como la que ejerció el chavismo desde un principio para obsequiar dádivas estatales a los sistemas comunitarios que proyectaba empoderar: en la revolución hubo, desde el principio hasta el final, sistemas de control social para comprobar la lealtad partidista (^{Provea, 2019}).

Otro elemento clave en el proceso de empoderamiento es la autodeterminación. La teoría de la autodeterminación (^{Deci & Ryan, 2000}) plantea que la auténtica agencia requiere que la autonomía cuente con competencias que se adquieren a través de habilidades.

Es cierto que la revolución hizo un esfuerzo material y burocrático para difundir diferentes niveles formativos en los sectores populares, a través de las llamadas “misiones”, desde la educación básica para aprender leer y escribir (Misión Robinson) hasta programas de aprendizaje técnico industrial (Misión Vuelvan Caras). Aquellas prometían los recursos materiales y técnicos para que los beneficiados lograran adquirir competencias mínimas y de ahí saltar al empoderamiento popular escalado.

Si durante este proceso se hubieran cumplido los elementos anteriores -agencia y autodeterminación-, los sectores populares venezolanos, beneficiados en teoría por el discurso de empoderamiento, habrían integrado en él percepciones de agencia personal y una actitud ciertamente proactiva hacia el entorno económico y sociopolítico que les rodeaba dentro la revolución. Pero no fue así.

De ahí que, para una minoría popular, fuera sencillo escoger otras de las opciones, entre ellas el empoderamiento criminal, a través de la organización delictiva de los sectores comunitarios donde era legítimo ofrecer una cooperación militante y paramilitar al nuevo Estado revolucionario. Se organizaron así los “colectivos armados”, con el fin de proteger al nuevo statu quo, como La Piedrita, Tupamaros, el Colectivo Alexis Vive, Escudo de la Revolución, 5 de Marzo, entre otros.

Empoderamiento criminal: el pueblo en armas

Chávez invitaba a su militancia a comprometerse con la defensa de la revolución. En septiembre de 2006, decía: “El futuro aquí está. Ahora debemos hacer realidad aquellos sueños de Bolívar y del Ejército Libertador, que no fue otra cosa que el pueblo en armas contra el imperio, contra la explotación” (^{Chávez, 2006b}). Borraba así la frontera semántica entre la defensa militar profesional y el pueblo armado.

El agosto de 2007, reiteraba su idea: “Un millón, dos millones, de milicias populares: los estudiantes, los trabajadores, las mujeres, los campesinos, los indígenas, el pueblo en armas” (^{Chávez, 2007c}). El mismo año insistía en la amplitud del compromiso militar popular y del acceso a las armas: “es el pueblo en armas, todo el mundo sin distingo de edad, de sexo ni de condición” (^{Chávez, 2007d}). La amenaza exterior sirvió para impulsar el algoritmo de defensa revolucionaria del pueblo armado: “batallones de resistencia popular, recordemos que nuestra patria está amenazada permanentemente por el imperialismo, permanentemente habrá planes contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución” (^{Chávez, 2008b}).

Ese algoritmo, combinado con la idea matriz del empoderamiento popular, originó una transición hacia la “agencia criminal”, por cuanto abría un umbral para la autogestión armada sobre la base de una amenaza externa -el imperialismo estadounidense- y otra interna -la oligarquía, la oposición política y un viejo Estado burgués que se negaba a sucumbir-.

La continua idea de que ese Estado burgués de la “Cuarta República” había sido represivo contra el pueblo suponía también que esa oligarquía había instrumentalizado unas fuerzas de seguridad que defendían sus intereses de clase a través de la represión policial. Es decir, el sistema de seguridad ciudadana anterior a la revolución tenía que ser desmantelado bajo la misma fórmula del empoderamiento popular de un pueblo revolucionario pero policial:

[...] ahora no hay que estar reprimiendo al pueblo, sino uniéndonos con el pueblo, como lo ha hecho de manera tan especial [...] la Policía Comunal. Además, la policía [comunal] rinde cuentas a través de la contraloría social que ejerce el pueblo en las comunidades, contribuye al empoderamiento del pueblo en la actividad y autoridad policial, al poder del pueblo. La policía es propiedad del pueblo, no va hacer usada contra el pueblo. Eso le da poder al pueblo para defenderse del crimen, de las drogas, del hampa, de la burguesía y de las distintas manifestaciones del delito. (^{Chávez, 2010b})

De las varias ideas que esgrime Chávez en el discurso anterior, acerca del empoderamiento popular en cuestiones de seguridad y autoridad policial, es sugerente que, entre las formas de delito contra las que debe luchar el pueblo, esté tipificada la “burguesía” como un agente criminal, equiparado al tráfico de drogas y al hampa.

Esta igualación hizo posible que la “burguesía”, como poseedora de un estilo de vida, fuera definida como criminal por contrarrevolucionaria: es la clase social que ostenta, por antonomasia, las diferentes formas de propiedad privada. Se evalúa, entonces, a la propiedad privada según el principio proudhoniano, del que deviene la condición de delincuente de la burguesía, según el cual toda forma de propiedad privada es un crimen.

Dicho de otra manera: si la burguesía es delictiva, todos sus frutos son ilegítimos y, por lo tanto, el empoderamiento popular debe usar las armas como agencia en su proceso de “potenciación” en el ámbito de la revolución bolivariana.

El empoderamiento criminal socava al Estado weberiano

Entendido el Estado como la única fuente del “derecho” a la violencia, que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima (^{Weber, 2009}, pp. 83-84), en Venezuela esa demanda -legítima- fue socavada por elementos criminales empoderados, que se adjudicaron la legalidad de sus acciones mediante la potenciación de la violencia que antes le estaba reservada a la fuerza pública -policía y fuerzas armadas-. Y, en ese proceso, desconocieron el papel histórico del Estado en razón de un antitético imperativo categórico revolucionario.

En 2014, el entonces ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, observó el ascenso gradual de los “colectivos revolucionarios” con poder de fuego, los cuales, con el subterfugio ideológico y táctico de la defensa de la revolución, controlaban extensas zonas populares de la capital venezolana. Ese dominio implicaba un amplio monopolio del tráfico de estupefacientes y de actividades criminales.

La cooptación de funcionarios policiales, la extorsión de autoridades, la inseguridad y la tasa del crimen en Caracas condujeron a que el ministro desplegara un plan contra estos colectivos, especialmente contra los denominados Colectivo 5 de Marzo y Escudo de la Revolución (el primero en alusión al día que falleció Chávez; el segundo, a su compromiso protector del proceso político chavista).

Uno de los momentos críticos de la estrategia del ministro Rodríguez Torres consistió en cortar el liderazgo de estas organizaciones con la captura o deceso de sus dirigentes más visibles. José Miguel Odreman, líder del colectivo criminal 5 de Marzo, fue el objetivo de una operación en 2014. El asedio que logró el ministro sobre Odreman, por medio de una de las fuerzas policiales adscritas a su despacho, llevó a la organización 5 de Marzo a amenazar por redes sociales a Rodríguez Torres: “Ciudadano Ministro del Interior y Justicia [sic], le pasa a José Odreman cualquier cosa, lo asumo y le digo [que] la responsabilidad es de usted porque usted está haciendo estos escenarios. Ya basta [de] que nos sacrifiquen más camaradas combatientes. Ya basta, camaradas” (^{Solano, 2014}).

El lenguaje ideologizado y político es evidente, y prueba la hipótesis planteada en este trabajo de un empoderamiento criminal, donde las acciones en contra de la naturaleza weberiana del Estado son legitimadas por un discurso de lucha revolucionaria que disfraza la actividad delictiva.

La operación derivó en un enfrentamiento armado entre los colectivos y la policía en el cual fueron abatidos los líderes de las organizaciones, entre ellos José Miguel Odreman. La ministra de Comunicaciones, Delcy Rodríguez, expresó públicamente que, por orden del presidente Maduro, se iba a llevar a cabo una “completa y exhaustiva investigación” sobre la acción del ministro Rodríguez Torres. El mismo Ejecutivo nacional ponía así en entredicho la estrategia de seguridad ciudadana del ministro.

Los colectivos criminales Escudo de la Revolución y 5 de Marzo llamaron a todos los colectivos del país a participar, al día siguiente, en una “gran movilización” para exigir la destitución de Rodríguez Torres por el “asesinato” de su líder. En dos días, el ministro fue destituido, y así lo celebraron en redes sociales los militantes del 5 de Marzo: “Gracias Presidente @NicolasMaduro por destituir al Min. de Interior, Justicia y Paz Ahora métalo preso por asesino!” (^{Solano, 2014}). Al día de hoy, y desde 2018, Rodríguez Torres es un preso político del gobierno de Maduro.

El discurso del empoderamiento popular de Chávez legitimó el proceso criminal, evidente en la toma por parte de estos colectivos de los espacios físicos, simbólicos, ideológicos y materiales que la misma revolución no pudo resolver. Los colectivos criminales sustituyeron unas expectativas frustradas de agencia con el poder de las armas y el sometimiento de la ciudadanía venezolana. Instauraron una gobernanza criminal que, hasta cierto punto, ha auxiliado la deriva autoritaria de la revolución.

Del empoderamiento criminal a las gobernanzas criminales

La gobernanza criminal es un fenómeno ampliamente estudiado que ocurre en lugares donde la débil presencia del Estado es sustituida por un gobierno o mando criminal cuyo objetivo es obtener beneficios económicos de una dinámica residual del poder (^{Lessing, 2020}; ^{Canter & Youngs, 2016}; ^{Müller, 2018}).

^{Asmal y Suresh (1998}) y ^{Meagher (2012}) han estudiado el fenómeno en Africa, en un contexto de explotación de minas que se da entre contiendas de tipo étnico-tribales dentro de los ecosistemas autoritarios de la región. En América Latina, entre los países que encabezan la lista de este fenómeno, destaca Venezuela: “el crimen alcanza niveles de control sobre la población, cooptación institucional y generación de reglas de juego que lo determinan como gobernanza criminal” (^{Niño, 2020}, p. 210).

En este sentido, el entorno político del chavismo incluyó a actores que se tomaron en serio las claves de ese discurso de empoderamiento criminal bajo la bandera antiimperialista y antiburguesa.

Una de las figuras políticas más representativas de la revolución ha sido Iris Varela, que fue miembro constituyente en 1999, ministra de Poder Popular para el Servicio Penitenciario (2018-2019) y diputada durante once años. Hoy es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela (desde 2021). De tono revolucionario radical, ha sido una leal militante del proyecto político de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Varela ha propuesto, junto con el actual ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, estrategias de contención paraestatal con miras a la seguridad de la revolución, entre ellas medidas tales como proveer 30 000 rifles para crear un ejército revolucionario privado, integrado por presos “leales” a ella y a la revolución (^{Faiola, 2019}). Estos encarcelados recibieron entrenamiento militar dentro de los recintos penitenciarios que su despacho administraba. Varela se percibía a sí misma como la “comandante” de esa fuerza armada de reclusos (^{Faiola, 2019}).

La liberación de criminales violentos con propósitos de choque y contención ha sido un hecho constante durante las últimas fases históricas de la revolución. Han sido liberados extrajudicialmente para controlar zonas donde el Estado venezolano se ve desbordado en sus capacidades de seguridad y supervivencia.

Un caso que llamó la atención de criminólogos y periodistas fue el de las jornadas de faena paramilitar en Santa Elena de Uairén (frontera con Brasil) desde febrero de 2019. Allí concurrieron reos liberados por el Gobierno de Venezuela para sofocar mortalmente protestas de indígenas y pobladores locales que esperaban la entrada de ayuda humanitaria proveniente de Brasil³, en uno de los momentos de mayor tensión internacional durante el gobierno de Nicolás Maduro (^{Provea, 2019}).

La gobernanza criminal: La Piedrita

“Bueno, y luego también vi a otros compatriotas de un colectivo, La Piedrita, creo que se llama. También salieron a reconocer incluso un error táctico. Un aplauso para ellos”.

Hugo ^{Chávez (2008a}), en su programa Aló Presidente

El colectivo La Piedrita tiene como objetivo la defensa de la revolución, y uno de sus principios es comprender la revolución chavista como una lucha guevarista e internacional.

Situado en una calle ciega del 23 de Enero, populosa barriada del oeste de Caracas, posee una casa mediana de varios pisos, que opera como una suerte de cuartel general donde permanece su líder, Valentín Santana, que promueve distintas actividades: desde formación ideológica de vecinos y militantes hasta el entrenamiento de guerrilla urbana para sus componentes. A la salida del recinto, se pueden ver las banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Cuba, de Venezuela y de Hezbolá. En las inmediaciones del lugar se pueden leer murales que dicen “¡Aquí manda La Piedrita y el Gobierno obedece!” (^{Granado, 2018}).

Este colectivo se distingue por ostentar públicamente su armamento militar. Tiene, desde sus inicios, comprobados lazos con la nomenclatura chavista. En los momentos críticos de la revolución, La Piedrita fue un poderoso grupo de choque para amilanar las manifestaciones opositoras, a periodistas, medios de comunicación y a líderes populares no afectos al chavismo.

Solo en 2009 el colectivo llevó a cabo atentados contra la sede de la Nunciatura Apostólica, la casa del partido político social cristiano Copei (Comité de Organización Político Electoral Independiente), el canal de noticias Globovisión -en ese momento, particularmente crítico del gobierno de Chávez-, el diario El Nuevo País, y las residencias particulares de los periodistas Marta Colomina, Leopoldo Castillo y el director de la televisora RCTV, Marcel Granier: amenazaron la vida de estos periodistas como objetivos de guerra (^{Espacio Público, 2009}).

Políticos afectos a Chávez auspiciaban a este colectivo como un importante aliado de la revolución (^{Granado, 2018}). Representaban, en esencia, el empoderamiento de la violencia revolucionaria antiburguesa, necesaria para consolidar las bases del proceso político y defender la ideología chavista de su antagonista natural: los medios de comunicación privados, la clase media, la Iglesia, los partidos políticos de oposición y todos aquellos factores que el colectivo consideraba vasos comunicantes entre Estados Unidos y la política nacional.

En ese proceso de empoderamiento, les fueron proporcionados, desde los círculos cercanos al poder, armamento y recursos para la agitación política. Desde un punto de vista maoísta, esta fase de la revolución tendría sentido en cuanto ellos representaban una especie de empoderamiento de las bases populares, en conjunción con el Estado revolucionario. Sin embargo, sus acciones empezaron a desbordarse, y Chávez comprendió que La Piedrita perjudicaba su reputación presidencial:

Mientras yo gobierne Venezuela, aquí no habrá anarquía ni de un lado ni del otro lado, de ningún lado [...]. Entonces yo le hago un llamado a los señores del llamado grupo La Piedrita. He dado instrucciones: el Estado actuará. Ellos deben asumir sus consecuencias, pero actuaremos con todo el peso de la ley. Este es un criminal, este señor es un criminal. No es ningún chavista ni es ningún revolucionario. (^{Chávez, 2009})

Esta fue la primera fisura que sufrió el empoderamiento criminal, la primera desautorización desde el pináculo de la revolución. El Gobierno venezolano empezó, tímidamente, a comprender que el ensayo de empoderar a los grupos violentos se desbordaba. En 2012, aparentemente atónito, Chávez decía: “el llamado colectivo este, La Piedrita, que sacaron unos niños con unos fusiles..., [sic] ¿cómo es eso? Eso es una actitud contrarrevolucionaria” (^{Chávez, 2012}). Esta declaración evidencia que, según su propia mirada, este tipo de organizaciones amenazaba, por paradójico que fuere, la institucionalidad revolucionaria.

La Pax mafiosa: el Koki

En 2014, ante las evidentes fallas de seguridad del Estado venezolano, el gobierno de Maduro creó las “Zonas de Paz”. Pero, tal como ocurrió en los ensayos previos de empoderamiento popular, una vez que el gobierno de Maduro confió en el presunto compromiso ideológico de estos actores para cederles la pacificación de su zona de influencia criminal, la actividad criminal se potenció (^{Parkinson, 2014}).

En 2019, la organización criminal de un líder mafioso local, Carlos Luis Revette, alias el Koki, con una mesnada de más de cien delincuentes se enfrentó a una banda adversaria y asesinó a siete de sus integrantes. Ambos colectivos se disputaban el control de una importante barriada popular caraqueña, la Cota 905.

A primera vista, se supondría que se trataba de una acción criminal de rivalidad entre grupos mafiosos por el control territorial. No obstante, la situación va más allá, y llega hasta nuestro enunciado de la mecánica de implantación de una gobernanza criminal para acordar una pax mafiosa. El asesinato de los siete integrantes de la banda contraria fue un “ajusticiamiento” con motivos político-estratégicos, pues miembros de esta organización asesinaron a un militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y a un oficial de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Este hecho fue considerado por el Koki como una violación de un código criminal que, en el momento y en aras de la pax mafiosa, prohibía el homicidio de funcionarios del Estado en la Cota 905.

El Koki actuó como un garante de este nuevo modelo híbrido de seguridad: un compromiso cooperativo en el que el Estado le permitía toda actividad criminal a su organización siempre y cuando sus mesnadas respetaran -e hicieran respetar entre las otras bandas- la seguridad e integridad física de la fuerza pública, GNB y policías nacionales (^{InSight Crime, 2019}).

El ensayo duró tanto como los experimentos anteriores de empoderamiento. Ya no se trataba del mero hecho simbólico de obsequiarles a las organizaciones criminales, dentro de cualquiera de sus formas ideológico-operativas, la defensa clasista de la revolución. Ahora había fracasado dicho intento de seguridad híbrida -Estado y gobernanza criminal-, y la banda del Koki comenzó entonces una etapa de búsqueda y obtención del apoyo de la población civil para reducir la legitimidad de la acción policial estatal (^{Badillo & Mijares, 2021}). La vieja consigna revolucionaria chavista del pueblo en armas y la supuesta bondad de los delincuentes debida a su sacramento ideológico se erosionaría así entre 2021 y 2022.

Con armas militares y fusiles mejorados -selectores, caballetes, miras telescópicas, infrarrojos-, los miembros de la organización criminal del Koki empezaron a responder a las acciones policiales del Estado tras la ruptura del acuerdo de pax mafiosa. Disparaban desde puntos tácticos de la barriada Cota 905 a cualquier unidad patrullera o militar, ninguna clase de vehículo oficial del Estado podía transitar en las cercanías de la barriada.

El Koki se valió de la mermada popularidad del presidente Maduro para atacar, desde 2021, objetivos simbólicos del poder establecido: en junio de 2021, su colectivo disparó varias ráfagas con dos ametralladoras al Palacio de Miraflores (^{VinogradofF, 2021}). Este ataque representaba la posibilidad de desafiar al presidente y mostrarlo vulnerable ante las nuevas formas criminales de gobernanza.

El ataque ocurrió después de que Maduro escribió en las redes sociales que iría tras el líder criminal. Ante este hecho, sectores de la opinión pública venezolana, polarizada y radicalizada por un lado u otro, empezaron a mostrar apoyo al delincuente, como una suerte de actor que llenaba el vacío de poder opositor en la compungida sociedad venezolana. Con la etiqueta “Todos somos el #Koki”, se hizo tendencia en la red social Twitter la suerte del prófugo Carlos Luis Revette. Usuarios de la red social apoyaban al criminal como aquel capaz de disputar el poder de Maduro. Entre julio y septiembre era habitual leer en Twitter trinos como “Koki pana mío porque no vas e invaden la casona o Miraflores yo te apoyo... Saca a los mayores delincuentes que ha tenido el país [sic]” (^{Griman, 2021}).

Por su parte, el Estado dispuso a sus cuerpos de élite, como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), para liderar la toma militar de la barriada Cota 905 en julio de 2021. La operación duró aproximadamente veinte días, y logró allanamientos estratégicos y cerca de treinta miembros de la banda abatidos, salvo sus cabecillas.

La contundencia de la operación ha puesto en tela de juicio el respeto a la vida de civiles inocentes (^{Nederr &: Luna, 2021}; ^{InSight Crime, 2021}; ^{Ávila, 2022}). La politización de este evento, que en teoría se limitaba a una cuestión de seguridad pública, derivó en que actores opositores fueron perseguidos y arrestados en el contexto de la toma de la barriada, debido a la misma naturaleza política que la revolución le otorgó al empoderamiento de los colectivos armados.

En 2022, fue capturado y abatido Carlos Luis Revette, el Koki, en un Estado aledaño a Caracas. Esta modesta victoria del Gobierno venezolano fue aprovechada por el presidente para acusar temerariamente -sin pruebas, apenas motivaciones políticas- al Gobierno de Colombia de haber auspiciado la ofensiva del Koki. Paradójicamente, es Miraflores el que ha cooperado con las guerrillas colombianas desde el temprano año de 2004 hasta la fecha (Ebus, 2021).

Conclusión

El empoderamiento popular, que deriva en una potenciación criminal a la que sobreviene la gobernanza criminal, pareciera demostrar un ciclo: el Estado, ante una situación de politización e ideologización criminal -promovida por él mismo-, comprende, tardíamente, que surge una situación de competencia por el poder entre las bandas criminales, las cuales se proponen reducir la legitimidad de la acción militar estatal usando estrategias retóricas provenientes de la politización de su lucha criminal que les permiten escarbar una suerte de apoyo entre la población y entre otros colectivos armados afines a la revolución.

Este ciclo de empoderamiento popular resulta en una potenciación del pueblo en armas que rápidamente deriva en una gobernanza criminal que procede del profundo sentido de apropiación de la iniciativa armada por parte del Estado en aras de promover una supuesta defensa militar de la revolución en los espacios populares y fuera de ellos. Las malas prácticas administrativas del gobierno, el nepotismo del poder y el tráfico de influencias impusieron un paradigma ilegal que justificaba ciertos medios con los fines políticos en un ámbito clasista de las luchas populares.

Si unimos la casuística analizada, se concluye que el algoritmo del empoderamiento popular, como fórmula administrativa e ideológica revolucionaria, originó en poco tiempo, por las fallas inherentes a la misma revolución chavista, una suerte de modelo de gobernanza que aspira a sustituir al Estado en sus atribuciones histórico-legales y operacionales del uso legítimo de la violencia.

El obstáculo en este ciclo es que el Estado chavista no desea compartir el poder de la revolución, de modo que, una vez que este modelo híbrido de seguridad afecta el liderazgo del mando político, debe ser exterminado. A ello se añade un problema de seguridad ciudadana que merma los niveles de apoyo popular al orden establecido, disminuye el prestigio del Estado y reduce sus capacidades burocráticas y estratégicas de respuesta en diversos niveles sociales.