Se autodenominan autodefensas, pero no lo son

Empecemos por entender por qué, aunque las AGC se autodenominan como autodefensas, difícilmente pueden ser consideradas así en términos conceptuales. Las autodefensas son grupos armados 1) con un carácter defensivo, 2) localizadas y 3) con integrantes que tienen vocaciones distintas a la militar (^{Ljodal, 2002}). Normalmente, estos grupos armados emergen bajo la idea de defender sus bienes o su seguridad ante otros grupos armados, dado que el Estado ha sido incapaz de protegerlos. En México, por ejemplo, las autodefensas buscan defenderse del crimen organizado (^{Pérez, 2015}; ^{Guerra-Manzo, 2015}). En Colombia y Perú, las autodefensas buscaban defenderse de las guerrillas (^{Barbosa, 2015}; ^{Pietraszczyk-Sękowska, 2011}). Existen legítimas discusiones sobre la posibilidad de entender a las autodefensas con estas características, dado que en ocasiones han funcionado más bien como escuadrones de la muerte (^{Mazzei, 2009}). Sin embargo, en este artículo se omiten las posibilidades de transformación de las autodefensas. Más bien, lo que se argumenta es que este término se usa usualmente con fines de propaganda, ya que permite legitimar diferentes expresiones de violencia (Lgojal, 2002).

Con base en lo anterior, las AGC no son un grupo de autodefensa porque, primero, no tienen un carácter defensivo. Por el contrario, las AGC han sostenido diversas acciones militares ofensivas tanto contra el Estado colombiano como contra otros competidores armados. Durante el primer semestre de 2021, por ejemplo, las AGC se enfrentaron en siete ocasiones contra las Fuerzas Armadas de Colombia en el Caribe colombiano (^{Trejos, Orozco et al., 2021}). En otros momentos, esta organización ha realizado emboscadas contra el Ejército en el sur de Bolívar (^{El Tiempo, 16 de mayo de 2022}; ^{El Heraldo, 11 de mayo de 2022}) y la Policía en Antioquia (^{El Colombiano, 8 de mayo de 2022}). También han puesto en marcha lo que denominan “planes pistola”, que son campañas en las cuales amenazan con asesinar a cualquier miembro de la Policía que se encuentre en las subregiones en las que actúan (^{Pares, 2021}).

Segundo, las AGC no tienen un carácter localizado o sedentario. Si bien no tienen una presencia nacional y su actuación se concentra esencialmente en algunas subregiones, también es cierto que han logrado posicionarse en gran parte de la región Caribe, el Urabá antioqueño y chocoano, y están intentando extenderse hacia el sur del Chocó y parte del Pacífico colombiano (^{ACAPS, 2021a}; ^2021b; ^{Trejos & Badillo, 2020a}). El paro armado realizado por esta organización entre el 5 y el 10 de mayo de 2022 es una señal de esa presencia extendida: se presentaron más de 120 acciones bélicas en varios departamentos, desde La Guajira, al extremo norte del país, pasando por Chocó, en el Pacífico colombiano, hasta Santander, en el Noroeste (^{Pares, 2022}; ^{Noticias RCN, 9 de mayo de 2022}).

Finalmente, aunque la información disponible sobre los miembros de las AGC es escasa, es improbable que se trate de personas con vocaciones distintas a la militar-criminal. Esta organización tiene una nómina definida con pagos entre 400 000 y 17 000 000 COP mensuales (entre 100 y 4300 USD), que dependen de la posición o rango que ocupe la persona. Los informantes reciben menos dinero, mientras que los jefes militares, logísticos y financieros reciben más (^{El Meridiano, 2 de noviembre de 2021}; ^{El Frente, 17 de mayo de 2017}). Es verdad que figuras como los colaboradores rurales, encargados de avisar a la organización en caso de que haya operativos de la fuerza pública, normalmente tienen otras vocaciones distintas a la militar. Sin embargo, otras figuras, como los urbanos (que se encargan del sicariato) o los comandantes de pueblo, de zona, militares, financieros y políticos, permanecen tiempo completo en sus funciones (^{El Meridiano, 2 de noviembre de 2021}). La evidencia sugiere que, efectivamente, los reclutamientos de las AGC implican un salario para quien ingresa al grupo armado (^{Eje21, 26 de enero de 2017}). Normalmente, el pago de un salario es una señal de que los miembros de la organización deben dedicarse exclusivamente a ella.

Provienen del paramilitarismo, pero no son paramilitares

A pesar de que las AGC son un grupo armado que nació con la desmovilización de las AUC, difícilmente podríamos afirmar que se trata de un grupo paramilitar. Según ^{Kalyvas y Arjona (2008}), los grupos paramilitares son aquellos que “están relacionados directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales; conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal” (p. 29). Otros autores, como ^{Bóhmelt & Clayton (2018}) y ^{Carey et al. (2013}), entienden a los grupos paramilitares a partir de cuatro características: 1) están armados; 2) tienen algún grado de organización; 3) se identifican como progobierno o son financiadas por este, y 4) no son parte de las fuerzas oficiales del Estado.

Además de estas características, en el caso colombiano, el paramilitarismo ha estado anclado a una idea contrainsurgente. La paraestatalidad coincidía con una intención de reducir militar y políticamente a las guerrillas, asumidas como los mayores enemigos del Estado colombiano (^{Ramírez, 2005}; ^{Castro, 1996}; ^{Civico, 2009}; ^{CNMH, 2022}).

De estas cinco características, las AGC cumplen con tres: están armados, tienen un grado importante de organización y no son parte de las fuerzas oficiales del Estado. Sin embargo, como se explica más adelante, esta organización nunca se ha identificado como progobierno y tampoco tiene como fuente de recursos permanente al Estado colombiano. Por el contrario, como se mencionó, las AGC se han enfrentado a las Fuerzas Armadas en varias ocasiones, han establecido planes pistola con el propósito de asesinar policías y, en sus propias declaraciones, se definen en contraposición al Estado (^{Badillo & Mijares, 2021}).

El criterio contrainsurgente tampoco se cumple. En el sur de Bolívar se han aliado con el ELN (^{Badillo & Trejos, 2021a}) y en el sur de Córdoba se aliaron con las antiguas FARC-EP (^{Verdad Abierta, 17 de febrero de 2015}; ^{CNMH, 2015a}; ^2015b; ^{Codhes, 2009}), dos actores armados insurgentes. Es decir que las AGC no tienen como propósito central combatir a las guerrillas, de modo que renunciaron a la vocación contrainsurgente de las AUC.

Esto no quiere decir que las AGC no tengan ninguna continuidad con la violencia ejercida por las AUC. ^{Massé (2015}) y ^{Trejos (2020}), por ejemplo, hacen el ejercicio de trazar las rupturas y continuidades entre ambos grupos armados. Sin embargo, eso que continuó estuvo más relacionado con su capacidad operativa y los repertorios de violencia que con los elementos que constituyen a una organización paramilitar.

De la sombra de las AUC a un ideario político propio

En el 2008, este grupo armado se presentaba a las poblaciones con un carácter antisubversivo y como remplazo de las AUC (^{Verdad Abierta, 26 de octubre de 2010}). De hecho, la primera versión de sus estatutos (que no es pública) era solo una actualización de los estatutos de las AUC, según la misma organización lo cuenta en los estatutos del 2013. Así, hasta 2008, podría decirse que, al menos a nivel discursivo, las continuidades con el grupo paramilitar eran mayores que las rupturas. Sin embargo, en el 2013, transformaron los estatutos con el propósito de diferenciarse de su organización predecesora.

La visión política de las AGC para este año había cambiado radicalmente. En lugar de hablar de la defensa contra la insurgencia, los estatutos empiezan por afirmar que las AGC son “un ejército que lucha por la reivindicación social y la dignidad de nuestro pueblo”. Luego de solicitar comprensión al pueblo por retomar las armas, el estatuto arremete contra el Estado colombiano:

El incumplimiento del gobierno con las garantías jurídicas a los desmovilizados, la falta de políticas claras, el aumento de los problemas sociales generadores del conflicto, la persecución y el exterminio al que nos vimos sometidos cuando todavía nos encontrábamos cumpliendo con nuestro proceso de paz, nos llevaron a tomar esta dura decisión. (^{AGC, 25 de septiembre de 2013})

Es cierto que en el mismo preámbulo también hablan de contrarrestar “la presencia de grupos generadores de violencia” (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}). No obstante, solo se refieren a esto “en las zonas de influencia geopolítica de la organización” y, quizá más importante, dicen estar “dispuestos a interlocutar con todos los actores del conflicto social armado -legales e ilegales- en busca de una solución definitiva, que ponga fin al conflicto social interno de nuestro país” (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}). Es decir: aunque dicen estar dispuestos a combatir a los grupos armados, no manifiestan animadversión frente a ninguno en particular. Su lucha está relacionada, entonces, con el control de los territorios y no con las ideas.

Naturaleza de la organización

Las AGC se declaran abiertamente como una organización “político militar de resistencia civil en armas” (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}). Esto marca una distancia importante frente a las AUC, que en su estatuto decían ser “una organización nacional antisubversiva en armas” (^{AUC, mayo de 1998}). Es decir, mientras las AUC decían existir para contrarrestar la subversión, las AGC dicen existir para resistirse al Estado colombiano.

La renuncia a la naturaleza antisubversiva coexiste con algunas declaraciones que cuestionan a los grupos armados por intentar transformar el Estado a través de las armas. Dicen explícitamente que “la vía armada como instrumento de transformación de la sociedad es anacrónica, impopular, criminal y autoritaria” (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}). Sin embargo, paralelamente se declaran en “oposición política y estratégica al Estado” (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}). Además, a diferencia de las AUC, que ponían el énfasis en la concertación con los estamentos militares para la construcción de un proyecto político, las AGC dicen estar dispuestas a buscar “una salida política y negociada para el logro de una paz verdadera y sostenible” con los demás grupos armados.

Hay otro elemento que permite inferir que las AGC tenían intereses importantes en desvincularse de su pasado con las AUC. El capítulo 4 de los estatutos (“De la Misión Estratégica”) mantiene las tres secciones que tenían los estatutos de las AUC (misiones en el campo militar, misiones en el campo político y misiones en el campo social). Sin embargo, hay dos cambios relevantes.

En primer lugar, la sección del campo militar se mantiene prácticamente inalterada, con excepción de dos elementos. El primero es que mientras en los estatutos de las AUC hablan de “promover la integración del movimiento antisubversivo” y “neutralizar las acciones violentas de los grupos subversivos” (^{AUC, 18 de mayo de 1998}, cap. 5), las AGC hablan de “combatir a los grupos generadores de violencia” y “minimizar o neutralizar las acciones violentas de los grupos armados contra la población civil” (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}, cap. 4). Esto podría parecer una pequeñez de no ser porque indica que las AGC no tenían ningún interés en presentarse como una organización antisubversiva, por lo cual modificaron sus estatutos para dejar claro que iban a combatir a cualquier grupo armado presente en sus zonas de influencia. Esto se relaciona con el segundo elemento de esta sección, de carácter discursivo. Las AUC llamaban a los grupos subversivos “enemigos”, mientras las AGC los enuncian solo como “grupos generadores de violencia”, lo que está relacionado con la misión última de cada grupo armado, que para las AUC era la destrucción de la subversión en Colombia y para las AGC se relaciona más con el control territorial.

En segundo lugar, las secciones del campo político y el campo social son considerablemente más largas en los estatutos de las AGC que en los de las AUC. Entre otras cosas, las AGC añaden la necesidad de capacitar a la población local para su participación política; combatir las causas estructurales de la guerra en Colombia; no criminalizar la protesta política, y erradicar la pobreza campesina (^{AGC, 25 de septiembre de 2013}, caps. 5 y 6). Para las AUC, todos estos propósitos podían más bien ser considerados problemáticos por estar cercanos a la subversión. Por tanto, es evidente un esfuerzo por transformar sus objetivos militares más allá de la antisubversión y por ampliar lo que consideran sus misiones política y social.

El resto de los estatutos están dedicados a construir un complejo entramado (posiblemente muy ignorado) de sanciones y distinciones en el interior de sus filas. Así, los estatutos terminarían funcionando no solo como una declaración abierta de principios políticos que guían su accionar, sino también como un régimen disciplinario para sus miembros y para su relación con las comunidades. Por supuesto, este es uno de los aspectos que más dista de su acción real.

Finalmente, los estatutos plantean la estructura de la organización, donde se afirma que tiene un estamento político, un estamento militar y una estructura de conducción y coordinación. Sobre el estamento político, se afirma que consiste en el Movimiento Político Social Gaitanista (MSG), pero no hay ningún detalle al respecto; es probable que lo realmente político de la organización no sea un movimiento de masas, sino estrategias de adoctrinamiento dentro de sus filas. El estamento militar es lo que llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia, de modo que las asumen solamente como el instrumento militar de su lucha. Sobre la estructura de conducción y coordinación, afirman estar conformados en un esquema jerárquico compuesto por el Estado Mayor General, los Estados Mayores Regionales y las Planas Mayores. El comandante de la organización es, al tiempo, el jefe del Estado Mayor General.

Lo político en las actuaciones de las AGC

Hacer una evaluación extensa de cómo el discurso de las AGC coincide con su práctica política no es el objetivo de este artículo. Sin embargo, es razonable responder por lo menos una pregunta evidente: ¿por qué tomarse en serio el discurso de las AGC si bien pueden simplemente ignorar sus estatutos? Esta no es una pregunta irrelevante. De hecho, las AGC se comprometen en sus estatutos a respetar el DIH y no desplazar población civil, ambas cosas que han ignorado completamente en su accionar. Aun así, hay algunos elementos que pueden contribuir a responder esta cuestión, particularmente dos puntuales: la continuidad del discurso y los recursos utilizados para esa politización.

La continuidad del discurso es importante porque, como se muestra en ^{Badillo &: Mijares (2021}), parte del éxito de un proceso de politización discursiva reside en crear un discurso consistente en el tiempo, con el fin de que pueda difundirse con credibilidad tanto entre las autoridades como entre la población civil. Casos como el de Los Rastrojos, que intentaron en dos ocasiones presentarse como Rondas Campesinas Populares (RCP), son dicientes al respecto. En el 2006, este grupo armado se presentó como una “estructura de antisubversión” para “combatir a cualquier grupo armado al margen de la ley”. Sin embargo, a la vez, esta organización tenía como imagen corporativa el rostro del Che Guevara, lo que llevó a una rápida desestimación de sus pretensiones políticas (^{El País, 2009}). Luego, esta organización hizo pactos con guerrillas como el ELN y las FARC-EP, lo que también iba en detrimento de su propio discurso antisubversivo (^{El Heraldo, 25 de marzo de 2011}; ^{Buitrago, 2016}). Desde el principio, el proceso de politización fue señalado por la población de los territorios de su influencia como una farsa para obtener beneficios con el Gobierno (^{OEA, 2006}). Este caso muestra, por tanto, que la continuidad del discurso y su consistencia en el tiempo termina siendo relevante para un proceso de politización exitoso.

Por otro lado, los recursos utilizados para esa politización también son fundamentales. En términos económicos, es muy difícil determinar con exactitud cuánto destinan las organizaciones armadas al sostenimiento de su discurso. No obstante, otros elementos permiten determinar si un grupo armado está dedicando tiempo, hombres y dinero a esto o solo hace declaraciones aisladas. Por ejemplo, el Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, publicó en el 2001 el Estatuto do Primeiro Comando da Capital PCC 1533, que luego, a través de su sitio web, ha venido actualizando con cierta periodicidad, además de añadir nuevas reglas de comportamiento, un diccionario, un logo, una bandera y las penas a las que están sometidos quienes incumplan con los criterios de la organización (^{PCC, 2018}; ^{Badillo, 2020}). Esto da cuenta de la utilización de recursos (hombres, dinero, tiempo) de forma constante para preservar su discurso político.

Bajo estos dos criterios, las AGC efectivamente han hecho varias cosas que demuestran que el discurso político tiene importancia dentro de sus filas. Con respecto a la continuidad, si bien no hay registros de una actualización de los estatutos desde el 2013, el grupo armado sí ha hecho declaraciones recurrentes que muestran su interés por sostener un ideario político. El 1.° de mayo de 2021, por ejemplo, publicaron un video afirmando que las Fuerzas Militares colombianas sacaban “de sus casas a humildes campesinos e indígenas de manera violenta, obligándolos al desplazamiento forzado y a la denuncia de los atropellos de la fuerza pública”, para luego sostener que esa supuesta violencia estatal justificaba su alzamiento en armas. Con esto, decían, se convirtieron en objetivo del Estado, donde están

los verdaderos violentos [...], que de manera cobarde utilizan las armas de la nación en contra de las comunidades, acompañando sus operaciones con prácticas perversas, violatorias de los derechos humanos y del DIH como en la época de las más terribles dictaduras. (^{AGC, 1.° de mayo de 2021})

Antes, en el 2016, habían publicado un comunicado en el que decían que los organismos de seguridad del Estado les atribuían crímenes con el fin de “ocultar y proteger a los verdaderos responsables” (^{Contagio Radio, 22 de abril de 2016}). En el 2021, durante el paro nacional, las AGC también se pronunciaron rechazando “el criminal accionar de las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente de la Policía Nacional, que ha reprimido con violencia incitada la protesta social [sic]” (^{AGC, 7 de mayo de 2021}).

El 4 de mayo de 2022, las AGC decretaron un paro armado como respuesta a la extradición de su líder Dairo Úsuga, alias Otoniel. En el comunicado, manifestaban que el gobierno del presidente Duque “y toda su maquinaria política [...] pisotean una vez más a las víctimas y a los colombianos en su derecho de esclarecimiento de la verdad” (^{Diario La Libertad, 5 de mayo de 2022}). En un comunicado emitido el 8 de mayo para dar por terminado el paro armado, este grupo dijo que lamentaba “el cese de todas las actividades sociales, económicas, educativas y culturales que fueron suspendidas [...] por la decisión del gobierno soberbio, nefasto, mezquino [sic] por presentar al comandante Otoniel como un gran criminal para justificar su extradición” (^{Infobae, 9 de mayo de 2022}). Aunque esta no es una recopilación extendida de todos los comunicados públicos de esta organización, sí es una muestra clara de que sostienen su discurso antiestatal y, casi diez años después de publicar sus estatutos, todavía se asumen como un grupo de resistencia en armas ante el Estado.

Con respecto a los recursos utilizados, es necesario mencionar que las AGC han tenido varios espacios de difusión financiados por ellos mismos. Crearon un periódico llamado El Gaitanista, donde criticaban a los “parcializados medios de comunicación del país”. En su primera edición, en el 2014, dijeron que el periódico era “un viejo anhelo de nuestra organización, tener un medio de comunicación para poder entablar un diálogo permanente con las comunidades y con nuestros hombres en toda la geografía nacional”, y manifestaron su apoyo al proceso de paz con las FARC-EP (AGC, mayo de 2014, como se citó en ^{Verdad Abierta, 17 de julio de 2014}).

Ese mismo año, la organización lanzó su sitio web, que ha funcionado intermitentemente, dado que suele ser bloqueado y relanzado en diferentes dominios. Su primer sitio web estuvo activo hasta el 2019; a partir de entonces comenzó a redirigir a otro dominio, ya que el primero había sido bloqueado. En este sitio web se encontraba análisis de coyuntura nacional, la historia de la organización, una sección de reseñas de libros, comunicados emitidos por la organización, un manual de convivencia⁶ (que decían estar actualizando aún) y una sección editorial donde planteaban sus posturas sobre el Acuerdo de Paz -paradójicamente, como una voz crítica frente a las propuestas de modificación del Centro Democrático y frente a las fallas de su implementación (como puede verse en AGC, 8 de octubre de 2018; 13 de mayo de 2019)-. Esta labor de actualización continua de un sitio web implicaba tiempo, hombres y recursos económicos, por supuesto.

Incluso si la existencia de un sitio web actualizado constantemente durante más de cinco años no resulta suficiente, es necesario señalar que la organización tiene una división político-militar, que ha ofrecido algunas pocas entrevistas a medios de comunicación. Al portal ¡Pacifista!, por ejemplo, un comandante que se identificó como parte de esta división manifestó:

No somos un grupo paramilitar porque no somos un apéndice del Estado para combatir a la insurgencia, ni ejércitos privados para estar al servicio de oscuros intereses, como los que se oponen a los legítimos derechos de a quienes se les arrebataron las tierras. (^{¡Pacifista!, 8 de julio de 2019})

En esa misma entrevista reafirman lo dicho en sus estatutos: que son “una organización de resistencia civil contra toda forma de agresión que atente contra la tranquilidad de las comunidades en las que [...] hacen presencia” (^{¡Pacifista!, 8 de julio de 2019}). Este discurso es consecuente con lo que vienen diciendo, al menos, desde sus estatutos del 2013, lo que implica que hay al menos un interés por preservarlo.

Finalmente, en enero del 2022 se desmanteló una escuela de adoctrinamiento de las AGC ubicada entre Repelón y Luruaco (en el sur del departamento del Atlántico). Este lugar se llamaba Escuela de Formación del Bloque Héroes del Caribe zona norte, del frente José Manuel Gaitán. Allí, jóvenes entre 14 y 22 años se familiarizaban con los símbolos, los colores, el himno y la visión política del grupo armado. De lunes a viernes, los participantes de la escuela no podían verse con sus familiares. Los apuntes dejan ver que la “formación teórica”, como la misma organización la llama, no es otra cosa que la socialización de los estatutos publicados en el 2013 (^{El Heraldo, 9 de enero de 2022}). Este tipo de situaciones evidencian que para las AGC la política no es solamente un criterio accesorio, sino que hace parte del ethos de la organización, al punto de que todos los nuevos reclutas presumiblemente reciben alguna clase de formación política antes de entrar al entrenamiento militar.

¿Un cartel de narcotráfico?

Normalmente, este grupo armado es descrito en la prensa como el cartel más grande de Colombia (^{Schmidt & Durán, 2021}; ^{Agencia EFE, 25 de octubre de 2021}). Esta descripción tiene algo de verdad: las AGC son las responsables de aproximadamente el 60 % de toda la droga que sale del país, equivalente a cerca de veinte toneladas mensuales de cocaína, de acuerdo con informes de inteligencia (^{Infobae, 8 de mayo de 2022}). Si se considera que Colombia es el mayor productor de cocaína en el mundo (^{France24, 9 de junio de 2021}), entonces las AGC podrían considerarse efectivamente tanto el mayor cartel de narcotráfico de Colombia como uno de los mayores carteles del mundo.

Sin embargo, esta forma de definir a las AGC tiene dos problemas. El primero es que no es claro que este grupo armado sea estrictamente un cartel. Este término, como muestran ^{De la Corte y Giménez-Salinas (2010}), es una extrapolación de la situación de la década de los ochenta, cuando los grupos armados colombianos lograron tener tal preponderancia que limitaron la cantidad de cocaína producida y fijaron precios en el mercado internacional. Es decir: los carteles de narcotráfico usualmente tienden a tener un monopolio que les permite controlar y operar el comercio de la droga, sus rutas y sus precios (^{González, 2014}; ^{Vásquez, 2021}). Hoy, el narcotráfico en general tiende más a la diseminación y muy pocos grupos armados logran monopolizar el mercado (^{Astorga, 2015}). Así, no todo grupo que trafique drogas debe ser considerado un cartel si no tiene esa capacidad monopólica.

Es cierto que las AGC están involucradas notoriamente en el mercado del narcotráfico, ya que se han trasladado hacia espacios rurales y controlan gran parte del proceso de sembrado de hoja de coca, su procesamiento a través de laboratorios clandestinos y su transporte hacia las zonas costeras o puntos de exportación. No obstante, la distribución y la intermediación ya no están en manos de las AGC, sino que han pasado a manos de organizaciones mexicanas (^{BBC, 27 de octubre de 2021}). En ese sentido, este grupo armado está lejos de actuar monopólicamente y determinar precios o cantidades en la producción de drogas, dado que una buena parte de la cadena productiva del narcotráfico está fuera de su control. Si seguimos los pasos en esta cadena propuestos por ^{Trejos y Sanandrés (2016}), las AGC estarían involucradas en cuatro de las seis etapas: cultivo de la hoja de coca; su procesamiento básico; venta de base de hoja de coca a intermediarios, y procesamiento y transformación en clorhidrato de cocaína. El transporte al exterior y la distribución en otros países está fuera de su control.

Esto no quiere decir que las AGC no tengan un gran poder de decisión en lo que concierne al narcotráfico. Lo que sí implica es que han diversificado su portafolio de operaciones y que ahora consideran más rentable participar como un nodo en toda la cadena productiva que asumir los costos en términos de visibilidad y persecución que podrían sufrir si asumen el proceso de transporte y distribución a nivel internacional. Así, por ejemplo, los grupos narcotraficantes en Colombia que quieran encargarse de estos procesos deben pagarle a las AGC cerca de 150 USD por kilo de clorhidrato de cocaína exportado (^{Losada, 2018}; ^{U.S. District Court, 5 de mayo de 2022}). A las organizaciones extranjeras, en el 2017, las AGC les vendían el kilo de cocaína a 800 USD si era vendida en las zonas de procesamiento; entre 1200 y 1500 USD si era vendida en zonas costeras, y a 3000 USD si era vendida en territorio centroamericano (^{Semana, 5 de agosto de 2017}).

Así, está claro que el negocio del narcotráfico para este grupo armado consiste, principalmente, en vender el clorhidrato de cocaína para que otra organización se encargue de distribuirla. Con esto, sigue siendo un negocio altamente lucrativo, al tiempo que descargan su responsabilidad hacia los distribuidores y no corren riesgos en caso de decomisos (^{El Heraldo, 3 de marzo de 2021}). Durante los decomisos, incluso, no es claro que las AGC sean dueñas de toda la droga decomisada. Es posible que ellos se encarguen de algunos cargamentos, pero en general la multiplicidad de marcas en la cocaína que proviene de las zonas de influencia de la organización da cuenta de que funcionan más como un Courier: se encargan de acopiar la droga de diferentes narcotraficantes para exportarla hasta un destino pactado (^{Quotidiano Nazionale, 7 de junio de 2022}; ^{CBS News, 7 de junio de 2022}). Si el producto llega al destino, cobran un porcentaje de la ganancia, y si es decomisada no asumen ninguna responsabilidad. En ese sentido, no funcionan como un cartel.

El segundo problema de definir a las AGC como un cartel de drogas radica en que, aunque el narcotráfico es posiblemente el principal negocio de la organización, está lejos de ser el único. En el 2018, se estimaba que el narcotráfico representaba para las AGC cerca del 44 % del total de sus ingresos, mientras otros negocios como la minería ilegal y la extorsión suplían el restante de los costos de operación del grupo armado (^{Semana, 26 de febrero de 2018}). Es cierto que esas estimaciones siempre tienen un alto margen de error y, por tanto, no deben asumirse como una evaluación sistemática de las finanzas de las AGC. En todo caso, una revisión de las actividades de la organización da cuenta de que sus ingresos están bastante diversificados.

Por un lado, la minería ilegal es un negocio considerablemente lucrativo. Aunque no hay estimaciones recientes de cuánto representan para las AGC, hay minas que pueden representar mensualmente ganancias de cerca de 4600 millones de pesos (^{Ospina, 2020}). No se trata, entonces, de un negocio marginal.

Por otro lado, la extorsión es otra de las fuentes de dinero de la organización. Aunque tampoco hay datos sistemáticos, la evidencia disponible apunta a pensar que también es un negocio lucrativo. A algunos comerciantes ganaderos o agrícolas les cobran cerca de 2 millones de pesos colombianos al mes (cerca de 500 USD); cobran el 5% de los contratos realizados a las empresas que están en su zona de influencia, y en algunos departamentos incluso extorsionan a contratistas públicos. Se tiene registro de que un miembro de la organización lograba recaudar hasta 900 millones de pesos mensuales por extorsión (alrededor de 215000 USD) (^{El Tiempo, 2 de junio de 2022}; ^{Infobae, 16 de junio de 2021}). En Colombia, en el 2013, se estimó que la extorsión podría generar más de 1000 millones de dólares al año para los grupos armados (^{Wallace, 2013}). La extorsión y el microtráfico, por ejemplo, llevaron a las AGC a sostener una guerra en la ciudad de Barranquilla durante el 2021, lo que da cuenta de la importancia de estos mercados para sus finanzas (^{Badillo & Trejos, 2021b}).

Además de la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico y el microtráfico (posiblemente los delitos más visibles), las AGC tienen también toda una estructura de lavado de activos, compra y venta de tierras, ganadería, contrabando y aportes de empresarios locales que sostienen a la organización (^{El Tiempo, 18 de enero de 2022}; ^{Infolaft, 11 de octubre de 2017}). Antes de ser extraditado, Otoniel denunció que algunas empresas le pagaban a la organización a cambio de seguridad para sus instalaciones (^{Infobae, 5 de junio de 2022}). Sobre todos estos elementos todavía hay poca información para un análisis sistemático. Aun así, es posible afirmar que el narcotráfico es parte importante de la organización, pero que definirla exclusivamente por esta actividad sería desconocer una parte importante de la estructura de las AGC.

Más allá de las fronteras: lo transnacional en las AGC

Las AGC son parte de un entramado de criminalidad transnacional que difícilmente se reduce a su presencia en Colombia. En primer lugar, hay un asunto más o menos evidente: el narcotráfico es una actividad per se transnacional. La cocaína procesada por las AGC se distribuye en 28 países de América, Europa, Asia y Oceanía. Además, la organización, hasta finales del 2021, sostenía alianzas con cinco grupos armados de México (los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa⁷), de Europa (las mafias calabresa y siciliana) y los Balcanes (redes de narcotráfico encargadas de distribuir la droga en Europa, Irán y Emiratos Arabes Unidos). Las AGC se han reunido con miembros de estas organizaciones en Colombia y Brasil (^{Policía Nacional de Colombia, 2021}; ^{El Espectador & Balkan Investigative Reporting Network, 5 de diciembre de 2021}). Asimismo, miembros de las AGC han sido capturados en Brasil, Argentina y Perú (^{Semana, 26 de febrero de 2018}).

Este elemento, que pareciera anecdótico, es fundamental para entender tanto la organización como la estrategia de combate que se debe asumir contra ella. Durante el 2018, cuando las AGC anunciaron que se someterían a la justicia colombiana como resultado de una ley propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, en el sur de Córdoba varios miembros de la organización anunciaron que no participarían del proceso, dado que debían responder como proveedores confiables a otros grupos armados internacionales (^{Defensoría del Pueblo, 2018}; ²⁰¹⁹). En este contexto, las redes transnacionales de las AGC no solo importan porque les proveen dinero, sino porque desincentivan procesos de negociación con el Estado. De igual modo, ante la ausencia de las AGC, estas redes buscarían o crearían nuevos proveedores y reiniciarían los ciclos de violencia.

En segundo lugar, las AGC han logrado establecer acuerdos de colaboración con funcionarios en otros países. En Panamá, por ejemplo, fueron capturados 14 funcionarios del Estado panameño encargados de lavar dinero para la organización. Antes de eso, 9 funcionarios de las fuerzas de seguridad panameñas fueron capturados por “recibir, custodiar y ocultar grandes cantidades de drogas que ingresan en lanchas rápidas al territorio nacional por las Costas del Atlántico” (^{El Colombiano, 26 de enero de 2022}). Asimismo, en la casa de un cabecilla de las AGC ubicada en Panamá, las autoridades de ese país incautaron 9,9 millones de dólares (^{Deutsche Welle, 3 de diciembre de 2021}). Las capturas de miembros del grupo armado en otros países podrían indicar que este tipo de redes transnacionales para el transporte de droga o el lavado de activos pueden estar más extendidas de lo esperado y que la estructura del grupo armado está lejos de reducirse a Colombia.

Para terminar en este punto, vale la pena mencionar también que las AGC están envueltas en actividades transfronterizas, como el tráfico y contrabando de migrantes. Las AGC tienen una “línea de migrantes”, que recibe en las zonas fronterizas del Urabá antioqueño y chocoano a migrantes provenientes, principalmente, de Cuba y Haití (^{Ministerio de Defensa Nacional, 2016b}). Estos migrantes llegan desde otros países de la región, como Brasil, Guyana, Ecuador y Perú, y son trasladados hacia el Urabá, zona de frontera entre Colombia y Panamá (^{Badillo & Bravo, 2020}). Las AGC cobran a los coyotes un impuesto por realizar su actividad, esconden a los migrantes en casas de miembros de la organización y los obligan a cargar droga para pagar por su viaje.

En el 2018, cuando la migración en esta región todavía no alcanzaba los elevados niveles evidenciados durante los últimos dos años, las AGC percibían cerca de 50000 dólares mensuales por esta actividad (^{Mata & Herrera, 2019}; ^{Noticias Caracol, 28 de febrero de 2018}). Al tiempo, son ellos quienes determinan si los coyotes están autorizados para atender a los migrantes (^{RCN Radio, 21 de febrero de 2022}; ^{Badillo & Bravo, 2020}). De igual modo, gracias a sus órdenes, que en algunos casos han sido prohibir la migración durante ciertos momentos, ha habido hacinamientos en el Darién (^{Mata & Herrera, 2019}).