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Introducción
Los estudios en seguridad nacional tradicionalmente han explorado las lógicas estado-céntricas vinculadas a una noción conservadora del papel de los actores en materia de amenazas y problemas (Baldwin, 1997; Bilgin, 1999; Buzan et al., 1998). Tras el fin de la Guerra Fría, debido a los cambios sistémicos del orden internacional, las agendas de seguridad de los Estados comenzaron a involucrar asuntos distintos a los clásicos cánones del campo (LaFeber, 1992). A partir de dichos cambios, aumentaron las preocupaciones respecto a las tensiones domésticas que podrían traducirse en erosión institucional y fallas en la capacidad de los gobiernos para mantener el orden. Entre esas preocupaciones, se destaca lo asociado con el poder del crimen organizado.
Así, el crimen organizado se ha convertido en el centro de gravedad de las dificultades que tienen los Estados contemporáneos en materia de seguridad nacional (Erazo-Patiño et al., 2023), ya que pone a prueba la legitimidad de las instituciones y el imperio de la ley, y ha conformado una relación novedosa en las investigaciones: la cívico-criminal.
Desde finales del siglo XX ha crecido el interés en la academia por definir y estudiar los fenómenos que ocurren dentro de los Estados que suponen una cuestión de seguridad nacional no vinculada exclusivamente al clásico modelo binario de amigo-enemigo (Schmitt, 2009; 2016). De allí se desprenden dos grandes fenómenos que preocupan también a los tomadores de decisiones, científicos sociales y hacedores de política pública: las gobernanzas criminales y las soberanías compartidas. Esta investigación se concentra en el primero de estos dos problemas, que han logrado posicionarse tanto en la dimensión pública como en la privada y han tomado relevancia en los trabajos de investigación.
Las preguntas que guían esta investigación son las siguientes: ¿cómo ha sido el proceso de producción científica sobre las gobernanzas criminales? y ¿hacia dónde se dirige la agenda de investigación en dicha materia? Para responder estas cuestiones, se ha acudido a herramientas de análisis bibliométrico para identificar y analizar la producción científica en la categoría de gobernanza criminal durante las últimas tres décadas. Mediante algoritmos provistos por el paquete Bibliometrics del software R, se hizo un examen descriptivo y conceptual de los documentos hallados.
Como resultado, se encontró que la agenda de investigación está relacionada con los asuntos de seguridad en clave latinoamericana. Los estudios sugieren que las explicaciones regionales están ligadas a la debilidad estatal y al crimen organizado, más en espacios urbanos que en rurales.
Este artículo se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, se expone el marco teórico mediante el cual se elaboró una aproximación a las gobernanzas criminales y a las soberanías compartidas. En segundo lugar, se presenta la metodología: el rastreo bibliométrico, el análisis descriptivo de la bibliografía hallada, el factorial y las tendencias de producción científica y de estructura conceptual. En tercer lugar, con base en el punto anterior, se identifica un conjunto de clústeres en el que se explica la región de América Latina, la corrupción, los derechos humanos y el crimen organizado. En cuarto lugar, se muestra hacia dónde va la agenda de investigación. Y finalmente, se ofrecen las conclusiones.
Marco teórico
Las distintas formas de hacer seguridad y de configurar instituciones que administren la sociedad no son potestad exclusiva de los Estados (Weber, 2006). Hay una crisis existencial del Estado en varias dimensiones (Mitzen, 2006), que incluye la gobernanza y la soberanía, dos escenarios que se creía que eran dominados bajo el ethos convencional de la vida en sociedad. Esto ha hecho manifiesta la necesidad de ciertas redefiniciones y desenclaves sobre la seguridad nacional y su administración. Este cambio obedece también a un ajuste entre dinámicas sociales, actores no estatales y legitimidades encontradas. En otras palabras, las aproximaciones tradicionales sobre las relaciones Estado-sociedad, Estado-criminalidad y crimen-sociedad pasan por un escenario de rediseño e interpretación.
Teniendo en cuenta esas nuevas configuraciones, ha habido una relevante preocupación por ampliar la agenda de investigación en los estudios de seguridad (Gheciu & Wohlforth, 2018; Peoples & Vaughan-Williams, 2010). Esto ha permitido involucrar nuevas perspectivas y herramientas para comprender fenómenos complejos y críticos (Miller, 2001). Así, los debates alrededor de la seguridad han centrado su interés en analizar aristas menos estatales y más subnacionales (Giraudy et al., 2019; Suárez-Cao et al., 2017), incluso con una constante preocupación sobre la ausencia de consenso respecto al término de "seguridad" (Baldwin, 1997; Huysmans, 1998; Niño, 2018) y con distintos umbrales de seguridad (Cavalletti, 2010) que representan más la cotidianidad ciudadana (Huysmans, 2011; Niño, 2022) y las complejidades de actores no convencionales.
El desarrollo de violencias y órdenes criminales (Schultze-Kraft, 2016), así como las contralegitimidades de actores no estatales y las rebelocracias (Arjona, 2016; Arjona et al., 2015), ponen en cuestión la arquitectura canónica de la seguridad, pero al mismo tiempo permiten una aproximación novedosa a los estudios de soberanía y gobernanza. La capacidad de ejercer control territorial y social, de crear pactos entre élites políticas y criminales, de recaudar tributos, así como de agencia exterior (Hocking, 1999; Huang, 2016), representan un interés y preocupación particular sobre dichos fenómenos para la agenda de investigación en cuestiones de seguridad nacional.
Con base en esto, el primer aspecto por abordar, que hace parte del centro de gravedad de esta investigación, es la gobernanza criminal. De acuerdo con Lessing (2021), las zonas urbanas de buena parte del mundo viven bajo alguna forma de gobierno criminal (p. 854). Para esas zonas y sus habitantes, las estructuras criminales son la autoridad y, aunque el Estado no esté ausente, desarrollan cierto carisma y construyen confianza entre la población civil (Lessing & Graham, 2019), algo que relega el orden estatal. Por ejemplo, los trabajos de Arias (2006), Lessing y Graham (2019), Blattman et al. (2021) y Niño y González (2021), entienden por gobernanza criminal una suerte de convergencias y la creación de estructuras entre funcionarios estatales, sociedad civil y actores criminales que deriva en prácticas sistemáticas para la regulación de actividades (Arias, 2006; Niño & González, 2021).
En cuanto a al factor geográfico, a pesar de que en ciudades del Norte global como Londres, Berlín, París o Nueva York también se experimentan gobernanzas criminales, ha habido mayor interés académico por explicar ciertos comportamientos en ciertas regiones del Sur, como en África y América Latina. Para resaltar algunos casos de estudio relevantes, Barnes (2022) y Arias (2006) sugieren que, en Río de Janeiro, la violencia y los patrones de gobiernos criminales subnacionales conforman instituciones que operan desde las cárceles. Asimismo, el trabajo de Duncan (2014) destaca la relación de estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico entre México y Colombia, como también sus economías paralelas. Esto permite analizar las economías ilícitas como un medio para proyectar poder en zonas centrales y periféricas de ambos países (Griffith, 2000; Norman, 2018). Dichas gobernanzas son una suerte de factorías normativas y prácticas que pueden gozar de beneplácito ante el Estado.
De la misma forma, Schulte-Bockholt (2013) se preocupa por estudiar la corrupción del expresidente Fujimori en Perú como una forma de gobernanza criminal desde el establecimiento. Por su parte, las nociones de Ferreira y Richmond (2021) permiten comprender cómo las gobernanzas criminales bloquean e impiden la construcción de paz en América Latina (Ríos & Niño, 2021), teniendo en cuenta que es una región pacífica, dado que no existen grandes tensiones o hipótesis de guerra entre sus Estados, pero al mismo tiempo es una región altamente violenta (el 40 % de las muertes violentas en el mundo suceden en Latinoamérica, donde habita tan solo el 13 % de la población global). Ferreira y Richmond (2021) sugieren que las estructuras criminales aprovechan la violencia cultural y estructural para cumplir sus objetivos políticos, sociales y económicos (p. 161), lo que muchas veces favorece el discurso de seguridad del Estado, pese a su baja capacidad de restablecer el orden y la seguridad en los territorios (Niño, 2020; Schultze-Kraft, 2016).
Asimismo, vale la pena mencionar que dichas estructuras criminales han roto las viejas visiones ortodoxas de la política pública, en el sentido de que, más allá de generar legitimidad y subsanar necesidades de las poblaciones, la visión tradicional atiende a una política exterior y, por ende, satisface intereses particulares (Niño & Palma-Álvarez, 2021). Por ejemplo, en el caso de Trinidad y Tobago con el grupo terrorista Estado Islámico, Niño y Palma-Álvarez (2021), a través de la geometría del terrorismo y la criminalidad, hallaron que la represión y desconfianza del gobierno hacia los musulmanes nativos, así como la falta de gobernabilidad en Puerto España, explican que los líderes del grupo terrorista recluten con facilidad ciudadanos trinitenses para su causa. También sugieren que la baja confianza entre instituciones y ciudadanía promueve la construcción de órdenes alternativos por parte de estructuras criminales extracontinentales.
En cuanto al concepto de gobernanzas criminales, se refiere a un repertorio de prácticas cuyo objetivo es constituir órdenes tanto superficiales (mediante relaciones y transacciones entre ciudadanía, élites políticas y actores criminales) como subterráneos (mediante diplomacia criminal e integración entre estructuras criminales distantes). Es un sistema basado en una serie de relaciones complejas que conectan el mundo legal con el criminal, pero sin que compitan entre sí, y donde la población civil es el núcleo de su funcionamiento (Niño & González, 2021). Son una apuesta criminal por la alteridad institucional en cuanto a reglas de juego, donde los incentivos trascienden la dimensión económica y se fijan en lógicas territoriales, de legitimidad y de pervivencia ontológica (Giddens, 1984).
Por otra parte, la soberanía es tal vez una de las nociones hegemónicas más exportadas desde los grandes poderes y más importadas desde las periferias. Es un concepto con desarrollos epistemológicos importantes desde diferentes disciplinas, así como grandes transformaciones a partir de análisis históricos. Sin embargo, se ha mantenido asociado a una lógica estadocéntrica, hasta el punto de definir la triada soberanía-seguridad-Estado como una premisa inquebrantable (Morgenthau, 1949). Bajo esa lógica se ha ido diluyendo el concepto, así como el del propio Estado (Rees, 1950), hasta concebir la soberanía como una construcción artificial, al menos en las periferias.
Con base en esto, surge otro aspecto relacionado con las soberanías compartidas. En este escenario, es menester hacer énfasis en que el concepto de soberanía está más asociado a un mito y a un ritual que a una realidad objetiva, motivo por el cual todo lo que deriva de él es en sí mismo una lógica mitológica sobre funciones o disfunciones estatales. Las discusiones teóricas sobre el concepto tienen un asidero interesante, incluso desde el mito del Estado; sin embargo, la soberanía ha sido un umbral y medida de la viabilidad del propio Estado y su lugar en el mundo (Krickel-Choi, 2022).
Una de las principales características de este concepto es que, en el Norte global, la soberanía es la piedra angular de la configuración de los Estados y de la formación de las naciones. En otras palabras, es una idea fuera de discusión, a pesar de las tensiones contemporáneas sobre aspectos de la globalización y dinámicas humanas. No obstante, en escenarios periféricos del Sur global, el proceso ha sido más complejo. Por ejemplo, no es clara la idea de soberanía en lugares donde el Estado y sus instituciones no ejercen un control efectivo del territorio, donde hay más geografía que instituciones, donde la ciudadanía reconoce a otros actores como autoridades e inclusive donde organizaciones criminales hacen las veces de Estado con el beneplácito de los gobiernos. En síntesis, podría asegurarse que hay "otras soberanías" y, por ende, que es un asunto discutible.
Para Niño y González (2022), el caso haitiano es un claro ejemplo de otro tipo de soberanías, dado que Haití en se constituyó una constelación de actores cada vez más difíciles de identificar como "no estatales", en la que las bandas criminales han logrado consolidarse como piezas fundamentales del panorama político haitiano. Gracias, entre otras cosas, a la idea romantizada de la soberanía y el eje de la república (Woody, 1968), suele verse a los Estados del Sur como inconclusos. Sin embargo, vale la pena revisar si, en efecto, el canon de soberanía corresponde a las realidades particulares de la región.
En este sentido, para McVeigh (2021), la arquitectura de la soberanía constituye una forma de autoridad y una práctica de deliberación, dominio y gobierno. Se trata en este caso de una aproximación que puede entender la soberanía como práctica y expresión de responsabilidad entre la sociedad, el territorio y las instituciones. Con base en esto, diversos casos pueden asumirse como soberanías compartidas, dada la relación entre actores estatales, criminales, cuidadanía e instituciones, que coexisten de manera armónica y no competitiva para adelantar proyectos individuales y colectivos.
Uno de los principales hallazgos de Niño y González (2022) es que las soberanías compartidas implican y requieren de mercaderes de la violencia, sistemas criminales de gobierno, protección de líderes políticos, desmantelamiento de instituciones oficiales y transacciones sociales con la ciudadanía para obtener legitimidad. De esta manera, la intersección en que surgen las gobernanzas criminales se da en la dinámica de actores irregulares con capacidades de gobierno e instituciones estatales con voluntad política de tender puentes entre los mundos legal e ilegal para configurar controles y normas sociales. Así, las soberanías compartidas se refieren al fenómeno de relacionamiento constante entre actores convencionales e irregulares, con la mezcla de métodos violentos y no violentos, la aceptación criminal de la ciudadanía y la repartición del poder territorial para conseguir beneficios mutuos, que apalanquen proyectos tanto oficiales como criminales (Niño et al., 2023).
Metodología
Análisis descriptivo bibliográfico
Para recopilar la información pertinente, se realizó una búsqueda en las bases de datos Scopus y Web of Science mediante una ecuación de búsqueda definida para cada una de las categorías vinculadas. En primer lugar, se buscó la categoría de "gobernanzas criminales", con la cual se hallaron un total de 1255 documentos, distribuidos en diferentes tipos, a lo largo de los últimos 32 años. Se utilizó una cadena de términos en inglés para la búsqueda ("criminal governance") para ubicar los artículos en el título, el resumen o las palabras clave (Tabla 1).
Tabla 1 Resumen de resultados de búsqueda: gobernanzas criminales
| Descripción | Resultados |
|---|---|
| Documentos | 1255 |
| Fuentes (journals, books, etc.) | 886 |
| Palabras claves (ID) | 0 |
| Palabras claves del autor (DE) | 2521 |
| Periodo | 1990-2022 |
| Promedio de citas por documento | 11,65 |
| Autores | 1746 |
| Apariciones de autores | 1950 |
| Autores de documentos de autor único | 716 |
| Autores de documentos con varios autores | 1030 |
| Documentos de autor único | 810 |
| Documentos por autor | 0,719 |
| Autores por documento | 1,39 |
| Coautores por documento | 1,55 |
| Índice de colaboración | 2,31 |
| Tipos de documentos | |
| Artículos | 766 |
| Libros | 116 |
| Capítulos de libro | 228 |
| Documentos de conferencia | 21 |
| Revisión de conferencia | 1 |
| Editorial | 12 |
| Erratum | 1 |
| Letter | 1 |
| Nota | 3 |
| Review | 106 |
Fuente: Elaboración propia a partir de Bibliometrics
Al revisar la producción a lo largo del tiempo, se puede observar un crecimiento exponencial en el número de artículos durante las últimas tres décadas (Figura 1). Este aumento puede estar determinado por un mayor interés académico sobre los temas de seguridad nacional y la aparición de diversos actores que han hecho mucho más complejo el estudio de este tema.
La Figura 2 presenta los veinte autores más relevantes en la divulgación académica sobre gobernanza criminal con base en el número de publicaciones en el área de estudio. Los resultados revelan que seis autores (Christensen, Jaffe, Machado, Shearing, Zanotti y Zedner) cuentan con el mayor número de documentos de su autoría (5). Sin embargo, la productividad investigativa entre estos veinte autores principales es bastante pareja y varía entre tres y cinco documentos por autor.
Análisis factorial basado en palabras clave
El análisis factorial es una representación gráfica de las palabras relacionadas con la categoría del conocimiento estudiada. Para esto se usan las palabras clave que aparecen en los documentos de la base de datos analizada. En la Figura 3 se puede observar la nube de palabras arrojada. En primer lugar, se identifica que la palabra gobernanza es la de mayor frecuencia, pero hay otras de alta frecuencia que pueden determinar el camino a recorrer en el estudio de la gobernanza criminal: corrupción, justicia criminal, seguridad y derechos humanos. Un par de palabras que llaman la atención son gobernanza corporativa y contabilidad, dado que permiten comprender que la gobernanza criminal no solo tiene que ver con el comportamiento de los Estados, sino también con el comportamiento de agentes del sector privado.
Tendencia y dirección de la producción científica
El mapa de tendencia presentado en la Figura 4 representa la frecuencia cronológica de las palabras clave usadas en los documentos analizados. También se puede observar la relación entre algunas palabras, lo que permite evidenciar que algunos términos probablemente se encuentran juntos en las publicaciones. Además, el nodo representa las palabras de las que surge el uso de las que están ubicadas en las conexiones.
Análisis de estructura conceptual
Se realizó un estudio de correspondencias múltiples a partir de las palabras clave, cuya estructura conceptual se presenta en la Figura 5. Se observa que, en un espacio de dos dimensiones, hay similitud entre las palabras clave. Aquellas palabras más cercanas al centro son las que han recibido mayor atención en los últimos años. Los resultados se interpretan, entonces, a partir de la posición relativa de cada palabra y su distribución a lo largo de las dos dimensiones. A medida que una palabra tiene una distribución más similar, más cerca se muestra en el mapa, y los recuadros de colores hacen referencia a los grupos de similitud identificados. Estos grupos se denominan como clústeres clave, y posteriormente se analizan a profundidad: América Latina, Corrupción, Derechos Humanos y Crimen Organizado.
Finalmente, en la Figura 6 se representa la red de coocurrencia de palabras claves por clústeres, donde se identifican los nodos principales (palabras más relevantes) y la distancia existente entre palabras y clústeres. Esto permite observar que, particularmente a partir de la pandemia, ha surgido un subcampo de estudio dedicado a la salud pública, el cual no ha sido aún demasiado explorado. Además, por su correlación con la pandemia, puede considerarse como transitorio y se encuentra a una amplia distancia de los demás clústeres.
Análisis del árbol de ciencia
Los documentos obtenidos fueron analizados en la plataforma Tree of Science, que usa la analogía de la savia bruta y la savia elaborada para construir indicadores y clasificar la producción científica en raíz, tronco y ramas (Figura 7). La plataforma también muestra las ramas como subcampos de un área del conocimiento y como nuevas tendencias en el estudio de la gobernanza criminal. Este análisis se desarrolló con los cien documentos más relevantes encontrados en la base Web of Science.
Resultados
Configuración de clústeres
Con base en la figura anterior, la raíz conceptual que genera la categoría de gobernanza criminal en la literatura académica se remonta a los trabajos de Tilly (1985), Leeds (1996), Kalyvas (2006) y Arias (2017). Estos cuatro trabajos tienen una preocupación común asociada a las dinámicas económicas, el fraude, el papel del Estado en lo criminal, las guerras civiles y los mercados ilegales. Sus autores sugieren que el concepto es preciso para nombrar los fenómenos vinculados con el funcionamiento de instituciones formales e informales en la creación de incentivos perversos para la criminalidad.
Para Charles Tilly (1985), el crimen es un vector importante en la construcción del Estado, así como de las transacciones sociales. Con base en lo anterior, el Estado es producto de acciones criminales y el monopolio de la violencia es de quien pueda ejercerla (Tilly, 1985). Por su parte, Elizabeth Leeds (1996) sugiere que el Estado tiene una doble función: creador de sensaciones de peligro y protector ante estas. Esta doble función organiza la seguridad y permite o combate el crimen a escala local. Por otro lado, Stathis Kalyvas (2006) explora la violencia selectiva como determinante de las causas de violencia en guerras civiles. Según su trabajo, la violencia encuentra un marco interactivo de actores y patrones criminales que prefiguran microdinámicas de poder locales. Finalmente, Enrique Arias (2017) estudia la seguridad en tres escenarios de América Latina y el Caribe: Río de Janeiro, Brasil; Medellín, Colombia, y Kingston, Jamaica. El autor encuentra que los tres Estados se enfrentan a grupos armados subnacionales que dominan territorios y desempeñan un papel importante en la política, aun cuando contribuyen al miedo y la inseguridad.
De aquellas obras emergen nuevos estudios que vinculan las preocupaciones económicas iniciales con los fenómenos de inicios del siglo XXI. Así, el concepto de gobernanza criminal pasa de ser una cuestión propia exclusivamente de la dimensión económica a una ligada a la seguridad. Esto responde a una apertura de la agenda académica y del diálogo transdisciplinar para explicar los nuevos embates del crimen, así como los nuevos retos de las agendas estatales y de la política pública.
Clúster Latinoamérica
El uso del concepto de gobernanza para caracterizar el alcance del control e imposición de normas y restricciones por parte de grupos criminales sobre determinado territorio asume la existencia de duopolios que materializan relaciones de convivencia o incluso connivencia entre las organizaciones ilegales y el Estado (Aziani et al., 2020; Lessing, 2021). Este fenómeno es especialmente relevante en América Latina, donde varios países se enfrentan a una suerte de regímenes de soberanías compartidas entre Estado y grupos criminales (Feldmann & Luna, 2022). Específicamente, el Latinobarómetro de 2020 estima que, en la región, alrededor del 13 % de la población (más de 70 millones de personas) vive en zonas donde el control territorial es compartido entre autoridades estatales y grupos criminales (Lessing, 2021; Uribe et al., 2022)
América Latina se ha posicionado como una de las regiones más violentas del mundo, al transitar de una violencia de represión estatal en el periodo de la Guerra Fría a una violencia de orden criminal desde los años noventa, debido principalmente al auge de economías ilegales como el narcotráfico (Müller, 2018). En este sentido, trabajos pioneros como el de Arias (2006) y otros más recientes como los de Magaloni et al. (2020), Daniel (2015), Funari (2022), Barnes (2022) y Ferreira y Gonçalves (2022) muestran cómo en Brasil los delincuentes establecen redes de colaboración con la sociedad civil e incluso con las autoridades, lo que de alguna forma les permite adquirir legitimidad e insertarse en un sistema social y político más amplio.
El caso de México también ha sido objeto recurrente de estudio. En este caso, las investigaciones de Trejo y Ley (2021) demuestran cómo los narcos asumen un importante "activismo político", capturan gobiernos y logran incidencia territorial por medio de la violencia, principalmente mediante ataques selectivos a políticos locales que por su filiación partidista no gozan de una efectiva protección federal. También desde la óptica del caso mexicano, estos autores revelan que en zonas donde hacen presencia grupos indígenas con una importante tradición de movilización y organización institucional, las comunidades logran frenar la capacidad de los narcos de establecer regímenes de gobernanza criminal (Ley et al., 2019).
En el caso de Colombia, la presencia de poderosos grupos armados ilegales durante décadas, sumada al importante papel que ha jugado el narcotráfico en la vida económica, social, política y cultural de este país, convierte al país en un terreno fértil para el florecimiento de contextos de gobernanzas criminales. Así, diferentes trabajos exploran el papel de bandas criminales colombianas como determinantes en la cotidianidad de procesos sociales, al margen o en connivencia con las autoridades locales (Doyle, 2021; Mantilla, 2021; Sáenz et al., 2020).
Por último, es importante anotar el avance de los estudios comparados en el área, entre los que destacan los adelantados por Adorno y Alvarado (2022) sobre los casos de México y Río de Janeiro; Briceño-León et al. (2022) y su estudio sobre la ciudad de Fortaleza en Brasil y Caracas en Venezuela; Arias (2019) y su comparación de la respuesta social a las gobernanzas criminales en Medellín, Belo Horizonte, Kingston y Río de Janeiro, y también los trabajos de Cruz (2021) y Rosen y Cruz (2022) alusivos al caso centroamericano.
Clúster Corrupción
Asimismo, el poder de las estructuras criminales y los alcances de la corrupción en un país están condicionados por la fortaleza de los mecanismos de control que ejercen el Estado y la sociedad civil (Buscaglia, 2006; Van Duyne, 1996; Rincón, 2022). Si bien no existen amplios estudios empíricos que den cuenta específica y sistemática del vínculo entre crimen organizado y corrupción, sí existen pruebas puntuales de la connivencia entre criminalidad organizada y funcionarios en todos los niveles del gobierno en diferentes países. Estudios como el de Van Dijk (2007) y Rose-Ackerman & Palifka (2016) revelan resultados que intuitivamente ya eran previsibles: la delincuencia organizada es más fuerte y extendida en países que exhiben menor calidad en las instituciones encargadas de preservar el Estado de derecho (servicios policiales, sistema judicial, control aduanero, entre otras). En tanto, el crimen organizado y la corrupción se plantean como fenómenos interdependientes, interconectados y que se nutren mutuamente (Popov et al., 2020).
Por lo tanto, la relación entre crimen organizado y corrupción pública depende de diferentes factores, como el nivel de visibilidad social de las actividades ilegales, la cohesión de las élites políticas y la fortaleza de los grupos ilegales (Von Lampe, 2015). Así, cuando las estructuras criminales son poderosas frente a élites políticas fragmentadas y débiles, la influencia criminal en el gobierno puede llegar a hacerse omnipresente (Von Lampe, 2015), llegando incluso a establecer gobernanzas criminales y soberanías compartidas en el territorio. Incluso, investigaciones como las desarrolladas por Holmes (2010) y Shelley (2014) dan un paso adicional y muestran cómo la relación entre crimen organizado y corrupción incide recurrentemente en la promoción del terrorismo.
En esta línea, varios estudios abordan el impacto del crimen organizado en la legitimidad y transparencia de los regímenes políticos. Lessing (2015) muestra, desde los casos de México, Colombia y Brasil, la capacidad de los grupos ilegales de ejercer corrupción violenta para obtener beneficios o posicionar políticos "convenientes". En el caso mexicano, son especialmente llamativos los aportes de Lupsha (1991) y Morris (2012) sobre la influencia de los narcos en la política. En cuanto al caso colombiano, Thoumi (2012) muestra cómo las bandas paraestatales ligadas al negocio del narcotráfico lograron penetrar las estructuras políticas y gubernamentales en extensas regiones del país.
Por otra parte, estudios como el de Jesperson (2019) sobre África Occidental revelan que casos como el de Guinea-Bissau hacen prever la expansión de "narcoestados" en la región; sin embargo, mediante el ejemplo de Sierra Leona, analiza los mecanismos que impidieron este posibilidad de captura del Estado. En el continente asiático, el caso de Afganistán resulta paradigmático. En este sentido, son de gran relevancia los trabajos de Singh (2014; 2015; 2016), que evidencian las lógicas de captura del Estado afgano por parte del crimen organizado en diferentes dimensiones y niveles.
Clúster Crimen Organizado
Tilly (1985) resalta que la interdependencia entre hacer la guerra (war making) y hacer Estado (state making) plantea una analogía bastante preocupante en nuestros días, puesto que estos procesos se desarrollan dentro del marco de lo legítimo, pero al mismo tiempo se desarrollan igualmente en el crimen organizado. Sin embargo, estas actividades de la violencia organizada, cuando son a menor escala y menos exitosos, se pueden denominar crimen organizado. Es así como existe una elástica línea entre lo que es violencia legítima y violencia ilegítima dentro de la violencia organizada. Por lo tanto, tanto el bandolerismo y la rivalidad entre pandillas como el mantenimiento del orden hacen parte del proceso de "hacer Estado", puesto que tienden a monopolizar los medios de violencia (Tilly, 1985; Leeds, 1996).
Una de las condiciones para el surgimiento del crimen organizado son las crisis económicas y la tensión social combinadas con altos niveles de pobreza, lo cual, sumado a los territorios desprotegidos por el Estado, propicia la oportunidad de lucrarse con diversas actividades criminales como el narcotráfico, tráfico de armas, robos, tráfico de personas, tráfico de migrantes y la explotación sexual (Schelling, 1971; Leeds, 1996; Von Lampe, 2015; Kleemans, 2007). En general, el crimen organizado requiere controlar y producir cualquier bien, mercancía o servicio dado ilegalmente que permita maximizar las ganancias de una organización (Ferreira & Gonçalves, 2022), así como el uso de violencia o su amenaza y corrupción en contra de la comunidad (Fiorentini, 1995; Kalyvas, 2006), y la protección del gobierno y acuerdos de cooperación ilegal con la policía que faciliten su accionar criminal (Leeds, 1996; Trejo & Ley, 2021).
De esta manera, las organizaciones de crimen organizado estructuran diferentes sistemas de gobernanza que generan variadas circunstancias de seguridad y peligro para las comunidades, así como unas redes criminales que controlan las economías locales (Arias, 2017; Von Lampe, 2015; Kleemans, 2007). Así, más allá de la violencia resultante por su actividad criminal, en el crimen organizado se puede identificar un orden social, establecido a través de la represión, que provee servicios públicos e incide en la implementación de políticas públicas. Esto se produce por dinámicas de gobernabilidad que alejan el Estado de la ciudadanía, vacío que aprovechan las organizaciones criminales para reproducir violencia cultural y estructural (Arias, 2006; 2017; Lessing, 2021; Ferreira & Richmond, 2021). En este sentido, Magaloni et al. (2020) afirman que las intervenciones estatales exacerban la violencia.
Clúster Derechos Humanos
Kalyvas (2006) sostiene que la difusión en contra de las violaciones de los derechos humanos a nivel global ha hecho que el uso de la violencia indiscriminada por parte de los Estados sea menos deseable, pues buscan evitar los altos costos políticos internacionales y la intervención de diversos actores internacionales en las dinámicas internas a causa de tales violaciones. En este sentido, Anderson (2004) y Greenhill (2003) afirman que los retadores débiles de los Estados (entre ellos el crimen organizado, las guerrillas, etc.) ahora tienen un enorme incentivo para provocar el uso estatal de la violencia indiscriminada, con el fin de aprovechar la consecuente atención internacional para debilitar al Estado.
Por su parte, Gallagher (2001) afirma que la implementación de la convención contra el crimen organizado por parte de las Naciones Unidas (Convención de Palermo) constituye el primer intento de la comunidad internacional de usar el derecho internacional como arma en contra del crimen organizado transnacional. Para ello, ha otorgado medidas a los Estados para brindar asistencia a las víctimas y una mayor protección de los derechos humanos a través de sus tres protocolos sobre trata de personas (Gallagher & Holmes, 2008), tráfico ilícito de migrantes (Içduygu & Toktas, 2002) y tráfico de armas (Rothe & Collins, 2011).
Por otro lado, aunque la gobernanza criminal detenta algunos atributos de soberanía y gobernanza del contrato social en los territorios, no tiene el peso normativo y contractual del concepto clásico de soberanía (Ferreira & Richmond, 2021). También se genera una reconfiguración del acceso a derechos de todo tipo para la ciudadanía. Por lo tanto, deshacer los pactos ilícitos que se tejen en regímenes simbióticos o depredadores probablemente mejorará la seguridad local y el respeto por los derechos humanos (Feldmann & Luna, 2022; Magaloni et al., 2020).
La distinción entre guerra, crimen organizado y violación de los derechos humanos es borrosa en contextos en que estos fenómenos concurren, razón por la cual el concepto de violencia toma muchas formas (Ferreira & Richmond, 2021; Kalyvas, 2006). Por ejemplo, para el caso de Colombia (Abello-Colak & Guarneros-Meza, 2014; Doyle, 2021; Fernández-Osorio & Lizarazo-Ospina, 2022) y para el caso de Brasil (Ferreira & Gonçalves, 2022; Funari, 2022; Arias, 2006), el crimen organizado funciona a través de pequeños ejércitos de comerciantes ilícitos y criminales de guerra que se alimentan de la corrupción política y gubernamental y de la violación de derechos humanos para lograr objetivos criminales.
En Colombia, el crimen organizado y el conflicto armado se encuentran estrechamente relacionados (Fernández-Osorio & Lizarazo-Ospina, 2022), pues las guerrillas y los paramilitares sobrevivieron durante la lucha armada con el desarrollo de actividades criminales como el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, especialmente en territorios cooptados por el crimen organizado y de poca presencia estatal (Ferreira & Richmond, 2021). Otro asunto a resaltar es que las intervenciones militares con apoyo de grupos paramilitares en ciudades como Medellín, aunque lograron derrotar milicias urbanas y mejorar los índices de homicidios, lo hicieron a costa de un alto grado de violación de derechos humanos (Abello-Colak & Guarneros-Meza, 2014; Doyle, 2021).
En Brasil se destaca el caso del Primeiro Comando da Capital, que implementó mecanismos de violencia sofisticada contra sus rivales en las cárceles. También hay evidencia del uso de armamento pesado y tácticas insurgentes aprobadas con la complicidad de agentes estatales (Ferreira & Gonçalves, 2022). Otro caso relevante es el de los fallidos intentos por crear relaciones benignas ente la policía y las favelas en el gobierno de Brizola (1983-1987) a través de un plan para reducir la violación de derechos humanos e integrar a la comunidad en el ejercicio pleno de sus derechos.
Discusión
Partiendo de la tendencia y dirección de la producción científica identificada, se encontraron como temas en auge la gobernanza criminal, la guerra y los espacios públicos. Ferreira y Gonçalves (2022) sugieren el desarrollo de investigaciones más profundas sobre casos particulares en Latinoamérica. Proponen igualmente analizar nuevos casos de estudio sobre el incremento de la violencia pandillera regulada por la gobernanza criminal en territorios donde no existe el monopolio de la fuerza. De esa manera, hacen un especial énfasis en la importancia de estudiar los ascensos criminales en las estructuras sociales y la elaboración de reglas de juego por estos actores, compartidas con la sociedad y las instituciones oficiales. El caso de estudio que toman estos autores es Río de Janeiro, en Brasil, con sus particularidades en el fortalecimiento de actores criminales.
Por su parte, Feldmann y Luna (2022) sugieren que la agenda de investigación sobre las gobernanzas criminales en América Latina tiende a estar asociada con la debilidad estatal y la proliferación de la delincuencia, lo cual rompe con las nociones más ortodoxas de soberanía y seguridad nacional. Finalmente, Mantilla y Feldmann (2021) llaman la atención sobre el hecho de que la mayoría de literatura se ha concentrado en espacios urbanos y ha dejado de lado las aproximaciones rurales. Allí existe un espacio de desarrollo científico en el que es importante la emergencia de trabajos en áreas de género, raza, clase, derechos humanos y asuntos medioambientales (Mantilla & Feldmann, 2021).
Asimismo, algo que llama la atención es que las cuestiones puntuales de África y Asia, como región, no aparecen en los estudios encontrados, si se tiene en cuenta las dinámicas y complejidades de dichas zonas en materia criminal y de seguridad. También se encuentra una preocupación original en las cuestiones de finanzas públicas y corrupción ligadas al tema de gobernanzas criminales, pero es notable que la evolución del concepto ha ido transformándose para atender asuntos de seguridad nacional en clave de control territorial, erosión de la soberanía tradicional (soberanías compartidas) y la construcción de instituciones subterráneas por grupos irregulares.
Conclusión
Los trabajos sobre gobernanzas criminales han entrado recientemente en la agenda de investigación de los estudios de seguridad nacional, al menos en los análisis indexados en las bases de datos de mayor relevancia en la ciencia. Las preocupaciones contemporáneas en estos temas pasan por involucrar dimensiones que alteran las agendas domésticas y exteriores de los Estados. Los estudios identificados, en general, señalan cuestiones críticas sobre fenómenos de crimen, violencia e inseguridad que trastocan las políticas públicas nacionales y locales. Así aparecen nuevas formas de organización criminal, "otras soberanías", soberanías compartidas y actores polivalentes, que obligan a hacer cambios estructurales en las agendas de seguridad pública de los Estados. Esto promete igualmente nuevas líneas de investigación en la materia.
En este estudio se encontró que la evolución de la producción científica tuvo momentos clave asociados con las finanzas públicas y dimensiones económicas ligadas al campo de la corrupción. Sin embargo, en los últimos años ha habido una construcción de estudios relevantes sobre gobernanzas criminales aplicados a fenómenos territoriales, de conflictos armados y de seguridad pública. Por eso, la agenda de investigación se encuentra dirigida a explorar dichas relaciones y conexiones que amplían las visiones ortodoxas de la gobernanza, la seguridad y la soberanía. De ahí que se haga especial énfasis en la categoría de soberanías compartidas.
Finalmente, es importante señalar que estas conclusiones deben comprenderse desde los alcances y limitaciones de esta investigación. Por una parte, si bien el uso de las bases de datos Web of Science y Scopus para adelantar el rastreo de la información permite recoger la mayor parte del universo bibliográfico sobre esta categoría conceptual, impide incorporar publicaciones que no hacen parte de estos índices. Por lo tanto, resulta pertinente tener en cuenta nuevos trabajos bibliométricos que apliquen en su rastreo otros índices y bases de datos. Lo mismo ocurre con otras técnicas y métodos de rastreo bibliométrico, cuya aplicación podría arrojar resultados que permitan complementar los resultados obtenidos aquí.
