Introducción

A escala global, el crimen y la violencia ocupan un lugar privilegiado entre los asuntos de interés público. Esto se explica porque, desde finales de la década de 1960, el crimen ha manifestado un aumento notable con variaciones en el espacio y el tiempo, hecho que concurre con cambios en los patrones de acumulación de capital y en la organización y funciones del Estado que resultan ambivalentes; por una parte, se apela a la reducción de sus capacidades regulatorias en distintos dominios de la vida económica y social, mientras que, por otra, se construye un aparato estatal con mayores capacidades de reacción frente al delito (^{Garland, 2005}).

Este aumento del delito, cuantitativa y cualitativamente, coincide con "un incremento del miedo ciudadano y la desconfianza a las instituciones, que ciertamente se ven ligados a este nuevo orden de las cosas, pero también al contexto de la nueva modernidad" (^{Zamorano, 2019}, p. 484). Tal situación ha llevado a respuestas ciudadanas múltiples. Por un lado, ha habido una privatización manifiesta de la seguridad pública con la contratación de guardias, servicios y dispositivos, así como la constitución de espacios privados e hipernormados entre los sectores sociales más aventajados. Por otro lado, la ciudadanía se ha organizado en distintas formas, pasando por medidas de autocuidado y protección, hasta la amenaza latente de acción directa contra el delito.

En este contexto, el escenario mexicano despierta un particular interés. Desde la década de 1990, la atención al delito ha sido una prioridad manifiesta, evidente a partir de la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, las modificaciones al artículo 21 constitucional -referente a la seguridad pública- y la creación de una fuerza policial federal. Sin embargo, la eclosión de la problemática delictiva se da ya en el nuevo milenio, paralela a la adopción de un esquema militar como estrategia, directa e indirecta, para hacerle frente a esta problemática, una estrategia promovida por las administraciones de la transición a la democracia (^{Alvarado et al., 2021}). Esto ha propiciado que la inseguridad, en los últimos cinco años, se posicione como la principal preocupación de la población, mientras que la inquietud por el narcotráfico se ubica siempre entre las primeras diez, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)¹.

Para intentar comprender y explicar la problemática criminal, sobre todo su notable aumento, se han hecho distintas consideraciones, entre las cuales priman las de escala nacional, donde se les da un peso no menor a las divisiones emanadas del conflicto entre organizaciones criminales (OC) (^{Zepeda, 2018}). No obstante, quizá entre las más formales y convincentes, también se ha señalado como rasgo central la protección del gobierno a las actividades criminales. Por ejemplo, Peter ^{Reuter (2009}) señala que las OC "compiten no por los territorios directamente, sino por los derechos a pagar a funcionarios corruptos que controlan canales específicos [control de una vía, un puerto, etc.]" (p. 277; trad. propia), y la lucha por el control de esas redes de protección deviene en conflagración violenta. Siguiendo esa línea, ^{Trejo y Ley (2020)} comentan que, precisamente, el derrumbe de las redes informales de protección gubernamental a los grupos criminales, consolidadas y vigentes durante la hegemonía priista, detonó la emergencia de las guerras criminales en el país.

Tales explicaciones tienen de fondo un supuesto: el vínculo entre el mercado ilegal de las drogas (MID) y la violencia. O más bien, la violencia pareciera ser una característica inmanente del funcionamiento de los MID a partir de la década de 1990, lo que no significa que antes no existiera². Tal asunción se hace extensiva, también, a los MID locales; sin embargo, en estos últimos, el centro de las interpretaciones apunta no a los mecanismos de protección parainstitucionales, sino a disputas por el control de puntos de venta de drogas entre las OC. Este sentido, se ha argumentado que el aumento de la violencia homicida durante la década de referencia ocurre bajo esta lógica. Es el caso de distintas ciudades en Baja California (^{Picatto, 2022}) y Ciudad Juárez, Chihuahua, caso emblemático de la barbarie de la guerra contra las drogas³, particularmente después de las estrategias de pacificación del programa Todos Somos Juárez (Sierra, 2019).

Explicaciones similares se han dado para el caso de la Ciudad de México, en especial para intentar interpretar el sustancial crecimiento del homicidio, y de la actividad criminal en general, observado durante la administración de Miguel Ángel Mancera, entre 2012 y 2018. En ese periodo, según cálculos propios, el homicidio aumentó más del 70 %, al pasar de una tasa de 8,61 por cada 100 000 habitantes a una de 15,11⁴. En cuanto a la actividad criminal, se percibió una fuerte presencia de OC operando en la Ciudad de México, reflejada en diversos hechos de violencia⁵.

Las interpretaciones de este aumento, tanto para tomadores de decisiones como para la academia, se han centrado, precisamente, en la asunción de los MID con la violencia homicida. En cuanto a los primeros, Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, descartó en 2014 que las causas de la violencia fueran por la vocación productora o traficante de drogas de la ciudad; de hecho, señaló que la causa era el control de puntos de venta de drogas (^{Pantoja, 2014}). En cuanto a la academia, se ha afirmado:

La disputa entre organizaciones criminales por hacerse con el control de puntos de venta de droga en la capital mexicana [es] el factor que más aport[a] a la explicación de por qué en el año 2018 se registraron tasas de homicidio epidémicas en ciertas demarcaciones y no en otras. (^{Hernández-Gutiérrez, 2021}, p. 149).

Así pues, más allá del cariz político del tomador de decisiones y de la robustez metodológica (o no) de la incipiente evidencia científica, es pertinente preguntar: ¿Existe en la Ciudad de México esta asociación entre MID y homicidio? Y en caso de existir, ¿qué tan fuerte es esa relación? ¿Es resistente a controles metodológicos? ¿Cómo se distribuye geográficamente?

El presente artículo tiene dos objetivos. El primero es mostrar si es real o no la asociación entre violencia y MID en la Ciudad de México mediante un modelo de regresión, y evaluar la fortaleza del hallazgo con base en controles estadísticos usuales en la literatura. El segundo objetivo consiste en mostrar la autocorrelación espacial entre violencia y MID. Para esto, la argumentación se divide en cuatro secciones: en la primera se discute conceptualmente si existe o no un vínculo inmanente entre violencia y MID; en la segunda se exponen los criterios para la selección de datos y las técnicas de análisis; posteriormente, se discuten los resultados; y, por último, el texto cierra con las conclusiones.

Marco teórico

A mediados de la década de 1970, la cocaína andina tuvo un aumento en su producción y consumo; pero esto se manifestó con mayor fuerza a partir de 1983, principalmente en el mercado norteamericano, en especial por la aparición del crack, ya que diversificó su uso, aumentó la disponibilidad y disminuyó el costo final (^{Blanken, 1989}). Ello creó serios problemas de salud pública, sociales y en materia de seguridad, puesto que el auge del crack estuvo asociado con un notable incremento del homicidio en la década de 1980 (^{Varano & Kuhns, 2017}).

Respecto a esta relación entre drogas y violencia, los analistas llegaron a un cierto nivel de consenso: "tanto científicos sociales como los oficiales del sistema de justicia están de acuerdo, hasta cierto grado y de alguna manera, en que las drogas y el homicidio están relacionados" (^{Brownstein et al., 1992}, p. 26; trad. propia). Esta percepción también caló en el conjunto de la población, a tal grado que "se ha atrincherado en la psique de los Estados Unidos, donde ahora es de saber común que el homicidio y los MID están indeleblemente conectados" (^{Ousey & Lee, 2002}, p. 76; trad. propia).

El asunto con esto es que la imbricación entre fenómenos sociales no es mecánica ni unidireccional. Por tanto, se generó un problema de investigación en la criminología norteamericana, donde el foco de interés es, precisamente, la relación entre drogas y violencia. Para responder a este problema, se formuló un modelo tripartita que organiza la relación en distintos dominios y niveles (^{Goldstein, 1985}), a saber: psicofarmacológico, económico y sistémico.

La orientación psicofarmacológica sitúa su interés en la relación entre consumo de drogas y violencia y tiene como unidad de análisis el individuo; se pregunta, pues, si el consumo de drogas facilita la violencia. Una parte de la evidencia acopiada deviene de estudios farmacológicos derivados de análisis forense, de la aplicación de instrumentos de recolección de datos a ofensores y de pruebas toxicológicas a víctimas y ofensores. La evidencia al respecto es mixta. A partir de una revisión de la literatura sobre el tema que incluye 3 metaanálisis, ^{Varano y Kuhns (2017)} señalan que "no se puede concluir [... ] que los resultados de las pruebas toxicológicas estén causalmente relacionados con la ofensa o victimización homicida" (p. 96; trad. propia).

La orientación económica parte del supuesto de que los usuarios de drogas, principalmente los crónicos y persistentes, se sienten obligados a cometer delitos para obtener recursos y así drogas para su consumo (^{Goldstein, 1985}). Entre los delitos que pueden llegar a cometer se encuentra precisamente el homicidio, como producto de alguna circunstancia particular (^{Varano & Kuhns, 2017}). A pesar de ser una explicación parcialmente intuitiva, puede tener varios sesgos. Por ejemplo, se asume que se roba para acceder a las drogas, aunque el robo puede ser una de las vías, mas no la única de obtener recursos; asimismo, se omiten casos como la prostitución, la extorsión, etc., en consumidores problemáticos (^{Seddo, 2000}). Por otro lado, no se tiene certeza sobre si estar inserto en dinámicas criminales aumenta la probabilidad de consumir drogas, particularmente por encontrarse involucrado con entornos ilegales, o, por el contrario, si el consumo de drogas propicia un mayor contacto con la ilegalidad y potencia carreras criminales (^{Seddo, 2000}). Además, se omite un rasgo central: el de las distintas subculturas de las drogas (^{Johnson et al., 2000}).

Por su parte, el modelo sistémico se fundamenta en la relación entre MID y violencia. Los MID son, al igual que los mercados legales, un espacio de intercambio de bienes y servicios por recursos. Su principal objetivo es tanto proveer como asegurar la cadena de suministro (^{Tarkhanyan, 2014}). Por tanto, para hacer rentable la operación, se tienen que garantizar las formas de organización, los derechos de propiedad del negocio, además de vigilar que los incentivos para producir o suministrar drogas no sean drásticamente reducidos (^{Resignato, 2000}). Asimismo, se tienen que cumplir y hacer cumplir las reglas que gobiernan las transacciones de este negocio y otras actividades comerciales insertas en entornos ilegales (^{Varano et al., 2004}). El tema con estas reglas es que, básicamente, están fuera de las regulaciones contractuales que reglamentan los mercados legales:

Opera sin las protecciones usuales en contra del fraude y la violencia ofertadas por el sistema de cortes. El Estado, en vez de intentar facilitar las transacciones, tiene como objetivo interrumpirlas. Los contratos no pueden ser aplicados a través de documentación escrita y del sistema legal, los acuerdos pueden ser hechos de manera apresurada, en algunos casos en un código ambiguo y oralmente. (^{Reuter, 2009}, p. 275; trad. propia)

Esto propicia que, entre otras cosas, los vínculos y la cooperación social fundamentados en redes de relaciones de confianza sean un sustituto o "sustituto funcional" de las regulaciones estatales que deberían garantizar los derechos de propiedad, los controles de calidad o la obligación de cumplir compromisos entre partes (^{Beckert & Wehinger, 2012}). Sin embargo, estos vínculos no siempre son suficientes para garantizar el funcionamiento de los MID, de modo que cuando se ven rebasados se recurre a la violencia o a la amenaza de la violencia, a pesar de que estas no son usuales (^{Reuter, 2009}) y se tratan de evitar, en la medida de lo posible, para eludir problemas con la población y la policía (^{Beckert & Wehinger, 2012}). Este modelo se refiere, básicamente, "a los tradicionales patrones agresivos de interacción dentro del sistema de distribución y consumo de drogas" (^{Goldstein, 1985}, p. 497). Sus ofensores y víctimas son, usualmente, aquellos "que usan, venden drogas o están, de alguna manera, involucrados en algún aspecto con el negocio de las drogas" (p. 500; trad. propia).

Analíticamente, el ejercicio de la violencia puede darse dentro o fuera de las OC; independientemente de esto, ambas comparten un punto en común: es un mecanismo de resolución de disputas entre partes y de protección de activos. Hacia el interior de las OC, tiene diversas funciones. Por un lado, es un dispositivo de control de empleados y de no delación, sobre todo si se tiene en cuenta la ausencia de contratos entre empleados y un eventual contratante, además de que no se establecen puntualmente tramos de responsabilidad entre los involucrados (^{Reuter, 2009}); así, la violencia, o su amenaza, ayudan a resolver conflictos internos y reforzar códigos normativos. Por otro lado, tiene un potencial uso profiláctico, en el sentido de que las cabezas de la organización saben que sus subordinados pueden filtrar información en contra de ellos (^{Reuter, 2009}), ya sea con las autoridades o con organizaciones rivales. En cuanto a la violencia hacia el exterior de las OC, quizás su uso más marcado es como forma de resolución de problemas entre organizaciones y como mecanismo de defensa y posicionamiento, en lo que se ha llamado "guerras por el territorio" (^{Goldstein, 1985}).

Un factor adicional importante, con impactos al interior y al exterior de las OC, son las actividades de control de drogas por parte de las agencias estatales. Empíricamente se ha mostrado que los MID son sensibles y adaptables a la aplicación de la ley; de hecho, distintos eventos violentos se pueden vincular a la competencia causada por actividades intensivas de las agencias (^{Eck & Maguire, 2000}). En las OC, "el arresto de líderes en la venta de drogas inicia una competencia [...] por el mercado, mientras que los nuevos participantes se apresuran a llenar las vacantes emergentes [...]" (^{Ousey & Lee, 2007}, p. 52; trad. propia). Esto desestabiliza el mercado y potencia conflictos al generar disputas por la sucesión. De igual manera, actúa como un aliciente para las "guerras por el territorio", en la medida en que la aplicación diferencial de controles genera intermitencias en los suministros y promueve que los principales vendedores se muevan de ubicaciones, lo que propicia la disputa por controlar territorios entre diversos competidores (^{Rasmussen et al., 1993}). En síntesis, conforme al modelo propuesto por Paul ^{Goldstein (1985}, p. 497), las principales manifestaciones violentas, en un listado no exhaustivo, son las siguientes:

La manifestación más explícita de este modelo, y en general de los MID, es la violencia homicida. Asimismo, la operación de los MID impacta en distintos dominios de la vida social de las comunidades urbanas. Por ejemplo, puede tener efectos sobre los códigos de conducta de gente no involucrada al aumentar el porte de armas de fuego como medio de defensa propia o de resolución de conflictos (^{Tarkhanyan, 2014}). La evidencia indica, además, que los MID pueden generar y atraer el delito (^{Contreras & Hipp, 2020}). De hecho "los MID pueden inducir un efecto de propagación espacial en la violencia homicida" (^{Vilalta et al., 2021}, p. 11; trad. propia). En términos sociales, "los residentes están expuestos a los riesgos del uso activo de drogas, encarcelamientos y actividades ilícitas que pueden interferir con la educación y el trabajo legítimo" (^{Reuter & MacCoun, 1992}, p. 237; trad. propia), así como incrementar la desconfianza y el miedo entre la población (^{Ousey & Lee, 2007}), y minar los controles sociales por el eventual resguardo de los vecinos fuera de las calles. Igualmente, puede impulsar una disminución de "los controles públicos por la reducción de la cooperación de los residentes con la policía, lo que disuade a los oficiales de policía de investigar en el área" (^{Martínez et al., 2008}, pp. 848-849; trad. propia).

Según la evidencia acumulada, la presencia de MID se puede reproducir en el tiempo, mediante transmisión intergeneracional, dado que "la familia, el vecindario y los vecinos juegan un rol crítico en la reproducción del ciclo y en la introducción de nuevos individuos en el 'negocio' del uso y la venta de drogas" (^{Dunlap et al., 2010}, p. 122). De este modo:

[...] niños que crecen entre usuarios y vendedores de drogas ilícitas empiezan a ver el uso y venta de drogas como normal y aceptado a una temprana edad y como un medio viable por el cual puede adquirirse dinero y capital social. (^{Dunlap et al., 2010}, p. 121; trad. propia)

En cuanto al análisis, de acuerdo con el objeto de investigación, el modelo sistémico se sustenta en la relación entre MID y violencia. Idealmente, la investigación empírica debería orientarse en diferenciar por tipos de manifestación violenta (^{Goldstein, 1985}); no obstante, y conforme a la evidencia acumulada en la literatura norteamericana, hay dificultades en discernir, incluso, las acciones homicidas relacionadas con los MID: no es posible evaluar puntualmente "los homicidios relacionados con drogas, las dificultades para asignar los motivos precisos de algunos homicidios y la confusión e inconsistencia de considerar lo que constituye un homicidio relacionado con drogas" (^{Varano & Kuhns, 2017}, p. 99; trad. propia).

Para intentar solventar estas limitaciones, la investigación se ha orientado en unidades de análisis a nivel de evento o área. En el primer caso, se analiza la información de eventos violentos; sin embargo, la gran limitante es la información, puesto que depende de datos acopiados de instituciones forenses y de salud (^{Messner et al., 2007}). En el segundo caso, se asume que espacialmente concurren los MID, en concreto, los puntos de venta de droga (^{Varano et al., 2004}), puesto que uno de los hallazgos de la investigación empírica es que parte importante de los eventos criminales concurren en locaciones próximas a comunidades que se caracterizan por alojar puntos de venta (^{Brownstein et al., 1992}):

Una razón para esperar violencia en los MID al menudeo es que tienen especificidad geográfica. La competencia puede ser una lucha, literalmente, por el territorio, incluso cuando solamente es lucrativa una esquina. Los violadores de los acuerdos territoriales pueden ser amonestados porque, por razones de eficiencia, las ventas se hacen en lugares y tiempos predecibles. (^{Reuter, 2009}, p. 277; trad. propia)

Bajo esta segunda estrategia metodológica, lo que se observa, tal cual, es el modelo sistémico según el cual la actividad de los MID, rastreada mediante puntos de venta de droga, se correlaciona con la violencia, en especial con la violencia homicida. En términos de factibilidad empírica, es un método más asequible, dado que existe una mayor disponibilidad de información a nivel de área y de registros administrativos.

No existe investigación que aborde específicamente el objeto de interés en el caso de la Ciudad de México. El único artículo que interpreta la disputa por el control de la venta de drogas como factor explicativo del incremento de los homicidios no desarrolla la discusión conceptual ni tiene un diseño metodológico para captar la relación entre MID y violencia (^{Hernández-Gutiérrez, 2021}). En esencia, la investigación sobre el tema es territorio yermo, sobre todo si se tiene en cuenta que los análisis se han orientado hacia el homicidio o los MID, pero no se ha estudiado su relación. Así, considerando este vacío en la literatura y que esta asociación funge de comodín argumental, surge la pregunta de si, en efecto, existe esa relación y cómo se distribuye geográficamente. Para responderla, a continuación se presenta un diseño de investigación y un conjunto de técnicas que posibilitan el análisis empírico.

Metodología

Los estudios a nivel de área enfrentan varias dificultades. Una de ellas es un desfase entre ricas deliberaciones teórico-conceptuales, pero con una lábil operacionalización, lo que puede resultar en investigaciones orientadas, en mayor medida, por estructuras de datos asequibles más que por la prueba expresa de argumentos teóricos específicos (^{Weisburd, 2009}). De hecho, esto puede ser más grave en Latinoamérica, donde la información disponible en registros administrativos y judiciales puede ser local y parcial (^{Rojido & Cano, 2018}). Empero, las características en sí de los datos no impiden la investigación empírica, siempre y cuando se definan correctamente los criterios para la recolección sistemática de datos, la unidad de análisis adecuada al problema planteado y los controles metodológicos pertinentes, así como la selección de una técnica acorde para garantizar el menor sesgo posible.

Para dar respuesta al problema de investigación y garantizar la menor cantidad de sesgos, las fuentes de información son múltiples. En el caso de la información delictiva, se tomaron dos decisiones. La primera fue recurrir a estadísticas judiciales, debido a que "tienden a ser más fiables que las policiales, ya que mientras una denuncia podría o no vincularse a un delito real, un procesamiento o una condena se basan en decisiones más cuidadosas e informadas por parte de las autoridades" (^{Rojido & Cano, 2018}, p. 74).

Por ello, teniendo en cuenta el problema de investigación, se trabaja con las carpetas de investigación de homicidio doloso y -como proxy de actividades de los MID- de narcomenudeo con fines de venta⁶. La segunda consiste en colapsar, para cada una de las variables delictivas, los últimos tres años completos de la administración de Miguel Ángel Mancera (2016-2018), como una forma de control ante variaciones y pareamiento de datos entre años, fuentes de error, exceso de ceros y bajas frecuencias, además de ser un criterio recurrente en la criminología a nivel de área (^{Messner et al., 1999}; ^{Escobar, 2012}). El origen de la información proviene de las carpetas reportadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en el portal de datos abiertos del gobierno capitalino (^{Gobierno de la Ciudad de México, 2023}).

Los controles estadísticos se seleccionaron siguiendo un criterio teórico. Se consideraron regresores consistentes que están presentes en la tradición criminológica de estudios de homicidio a nivel de área (^{Land et al., 1990}). El propósito es evaluar si la correlación entre el homicidio y los MID pierde relevancia, cambia de dirección o modifica su magnitud. Se incluye una variable de privación económica, operacionalizada mediante el Índice de Marginación Urbana (IMU) del Consejo Nacional de Población (un indicador de pobreza urbana que refleja, en su mayoría, privación en vivienda). En cuanto a estabilidad residencial (población que ha residido en la entidad durante el último quinquenio), disrupción familiar (hogares con jefatura femenina), cohorte (15-29 años) y razón de género, se utilizan variables del XII Censo de Población y Vivienda del INEGI (2012). Finalmente, se introduce una variable que representa puntos de venta de alcohol (tasa de bares) por su potencial como facilitador de la violencia; estos datos provienen del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI.

La unidad de análisis se definió como el áreageoestadística básica (AGEB) del INEGI, similar al census tract norteamericano, unidad común para el estudio de distribución del delito dentro de las ciudades (^{Weisburd, 2009}). Su uso permite, por un lado, tener la información censal sin ningún problema; por otro lado, habilita asociar registros administrativos que tengan como unidad la AGEB, como es el caso del IMU. Adicionalmente, posibilita colegir datos de fuentes diversas, siempre y cuando tengan coordenadas (x,y), ya que mediante una unión por localización se puede asociar a la AGEB correspondiente, como es el caso de las variables delictivas y de venta de alcohol. Una ventaja adicional es la suficiente cantidad de observaciones (n = 2432); sin embargo, no se trabaja con tal universo, puesto que, conforme a los controles metodológicos aceptados en la bibliografía, se suprimen las unidades con baja población, en este caso >200, (^{Escobar, 2012}; ^{Kubrin & Weitzer, 2003}: ^{Messner et al., 1999}), para estabilizar el conjunto de datos, además porque usualmente en tales locaciones se encuentran hospitales, parques y equipamiento público diverso. Los datos se relativizan poblacionalmente a tasas por 1000 habitantes, salvo el IMU (Tabla 1).

Como paso inicial, y sobre todo como recurso heurístico, se presenta en la Figura 1 un mapa temático, donde se representan las variables delictivas de interés. Su interpretación es intuitiva: la relación entre el homicidio y la actividad de los MID es mayor en aquellos lugares donde los círculos son amplios y exhiben una mayor coloración. Así, se tienen resultados interesantes, en primer lugar, porque muestran una distribución diferencial de la relación por distintas zonas de la ciudad, y, en segundo lugar, porque el mapa revela que esta relación es particularmente fuerte en zonas históricamente marginadas y con problemas de criminalidad: al centro, el perímetro B del Centro Histórico, el área Morelos-Tepito, la colonia Obrera y Doctores; en la zona oriente, los alrededores de la Central de Abastos, las inmediaciones del Reclusorio Oriente y Teotongo; al sur se exhibe la Ciudad Universitaria, Santo Domingo y los Culhuacanes; al norte se destaca Cuautepec, la zona escolar y San Felipe de Jesús, y al poniente, Tacuba y Tacubaya.

Fuente: Elaboración propia

Figura 1 Total de homicidios vs. total de incidentes de narcomenudeo 

Los resultados llevan a pensar que, en efecto, en la Ciudad de México existe la relación clásica entre homicidios y actividad de los MID. Para formalizar este análisis, se han hecho cuatro correlaciones de Pearson entre ambas variables, tres de las cuales corresponden a cada año del periodo 2016-2018, y la última representa la suma total de los delitos durante esos años. Los resultados son los siguientes: 2016: .2262; 2017: .2476; 2018: .3101; y para el periodo 2016-2018: .4167. Dado que la correlación de Pearson se interpreta en el rango [-1, 1] (donde -1 indica una correlación negativa, 0 indica la ausencia de correlación y 1, una correlación perfecta entre las variables), los datos revelan correlaciones estadísticamente significativas que se intensifican con el tiempo. No obstante, estas correlaciones no alcanzan la magnitud que algunos analistas anticipaban, excepto la correlación acumulada para todo el periodo.

La técnica que aborda el primer objetivo de investigación es un modelo de regresión, ya que permite discernir el grado de relación entre ambas variables y evaluar si la introducción de controles estadísticos altera la magnitud, la dirección o la significancia de la relación observada. Dado que la variable dependiente es el homicidio, un evento infrecuente y con una alta proporción de valores cero, no es recomendable utilizar un modelo basado en una distribución gaussiana, ya que no cumpliría con los supuestos estadísticos. En este contexto, la literatura criminológica ha recurrido a modelos pertenecientes a la familia Poisson (^{MacDonald & Lattimore, 2010}), particularmente al modelo de regresión binomial negativa, que es adecuado para manejar problemas de sobredispersión y de alta presencia de ceros (^{Osgood, 2000}; ^{Osgood & Chambers, 2000}). Además, este modelo permite un ajuste para visualizar los datos como tasas, considerando un criterio de exposición al riesgo poblacional (^{Hilbe, 2014}), lo cual es ideal para estudios a nivel de área. Los resultados pueden presentarse en términos de riesgos relativos, con lo cual se facilita la interpretación de los coeficientes. La ecuación del modelo es la siguiente:

Donde:

α: intercepto,

x': variables de x¹... x ⁿ ,

D ² : Parámetro de control por sobredispersión.

A la izquierda de la igualdad se muestra la distribución en su forma de logaritmo y con una base poblacional.

La estrategia de análisis consistió en ajustar cuatro modelos. El primero es un modelo de regresión simple. En el segundo se ajusta con tres regresores adicionales como variables de control: privación económica, disrupción familiar y estabilidad residencial. En el tercero, a las variables ya enunciadas se agrega un regresor más: venta de alcohol. Por último, se adicionan dos últimos regresores: cohorte y razón de sexo, como controles de composición sociodemográfica usual. Para todos los modelos se evalúa que cumplan el supuesto de sobredispersión, es decir, que su parámetro de desviación siempre sea cercano a 1 (^{Hilbe, 2014}), con lo cual se garantiza un ajuste efectivo del modelo.

Los resultados se encuentran en el Anexo 1 y se expresan en riesgos relativos (>1 significa una correlación positiva y <1, una correlación negativa). De manera general, se destaca que la variable de actividades de MID siempre es significativa en todos los modelos; no modifica sustancialmente su magnitud y en ningún caso se altera su direccionalidad. Así pues, la relación es inmanente, aunque endeble, porque la magnitud de los respectivos coeficientes no tiene la fuerza supuesta por la incipiente investigación; de hecho, tiene un mayor peso la variable de privación económica, que en todos los casos siempre fue significativa y notablemente mayor a MDI. De manera similar se comporta la venta de alcohol.

Por otro lado, llama la atención el coeficiente de disrupción familiar, puesto que en ninguno de los modelos manifiesta significancia; así mismo, la variable de estabilidad residencial es significativa, pero con una direccionalidad opuesta a los resultados usuales de esta variable (^{Land et al., 1990}), aunque con una magnitud baja. Esto lleva a suponer que los homicidios y las actividades de los MDI tienen correlación en zonas con privación económica, con población residente de larga data y con presencia de venta de alcohol. Por último, de las variables de composición, solo fue significativa la razón de sexo. En la siguiente sección se profundiza en la interpretación de cada coeficiente.

Con respecto al segundo objetivo, se recurre a un conjunto de técnicas de análisis espacial. El mapa de la Figura 1 sirvió para mostrar que, en efecto, existe relación entre las variables y cómo esta se distribuye diferencialmente en la Ciudad de México. Sin embargo, bajo tal procedimiento no se pueden generar inferencias estadísticas sobre ambas variables. Para hacerlo, se hace uso de un conjunto de técnicas que tienen por fundamento la noción de autocorrelación espacial. La autocorrelación considera que los valores de las observaciones, en este caso de las AGEB, muestran dependencia de sus vecinos. Es decir, si los valores de A se relacionan con las observaciones de sus áreas vecinas, se confirmaría una distribución no aleatoria (según la hipótesis de no aleatoriedad) de las variables de interés (^{MorenofF et al., 2001}). Las técnicas de autocorrelación pueden ser univariadas o bivariadas, y en este caso se opta por la segunda opción.

Previamente se tiene que declarar una matriz de pesos geográficos que ostente las vecindades entre unidades. Para este caso se definió una matriz reina, en similitud a los movimientos de la pieza de ajedrez, de primer orden. Luego de ello, el primer paso del análisis es correr una I de Moran bivariada, autocorrelación global, con resultado de ,229⁷. Posteriormente, una vez confirmada la agrupación no aleatoria de los valores de las variables, se aplica una LISA, es decir, una prueba local que permite observar en el espacio agrupamientos no aleatorios de homicidio y actividades de los MID. Los hallazgos se muestran en la Figura 2.

Fuente: Elaboración propia

Figura 2 Agrupamientos no aleatorios de homicidios y actividades de MID.  

Las áreas de color rojo intenso son especialmente relevantes, ya que representan agrupaciones no aleatorias de valores altos en ambas variables observadas. En ese sentido, se destaca el centro de la Ciudad de México, excepto el polígono A central, incluyendo la zona de Tepito, lo que afecta toda la zona de la Merced y el sector Congreso, es decir, la parte poniente de la alcaldía Venustiano Carranza. También se observan polígonos en la colonia Obrera. Hacia el norte, tres agrupaciones son notables: la zona alrededor del Reclusorio Norte, las áreas cercanas a la Basílica de Guadalupe y Martín Carrera, y la frontera con Ecatepec, especialmente las colonias San Felipe de Jesús y 25 de Julio. Al este, en la alcaldía Iztapalapa, destacan tres zonas: la Central de Abastos, el área circundante al Reclusorio Oriente y el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla. Al sur, se resalta el Pedregal de Santo Domingo, próximo al núcleo central de la Ciudad Universitaria, y el área del Reclusorio Sur. Al poniente, sobresale la zona industrial de Vallejo. Estos resultados indican una distribución diferenciada entre el homicidio y las actividades de los MID, y sugieren un ecosistema particular alrededor de los centros penitenciarios.

Resultados

Los controles estadísticos del modelo 2 representan variables de estructura usuales en los estudios de homicidio, y crimen en general, a nivel de área (^{Land et al., 1990}). La dirección de la privación económica es coherente con la evidencia acumulada, sobre todo tomando en cuenta que "es más probable que sea más intensa la competencia por el mercado en ambientes con extrema desventaja, donde las actividades de generación de ingreso son limitadas" (^{Ousey & Lee, 2002}, p. 96; trad. propia).

El caso de disrupción familiar, teóricamente, supone una correlación positiva, pues a mayor disrupción, mayor cantidad de homicidios, bajo la consideración de que en tales vecindarios se cuenta con débiles capacidades de control y supervisión de niños y jóvenes, lo que impacta en un menor control social y, por ende, en mayores tasas de delito (^{Sampson, 1987}). Sin embargo, en los modelos 2, 3 y 4, la variable no fue significativa, lo que pareciera dar nota de una situación un poco más generalizada en materia de disrup-ción familiar para la Ciudad de México que la supuesta por la teoría, además de, posiblemente, mostrar un indicador subóptimo.

La variable observada de estabilidad residencial supone que donde hay mayor tiempo de residencia hay habitantes con mayor nivel de involucramiento en la vida comunitaria, lo que ayudaría a resolver problemas comunitarios como el delito (^{Sampson & Groves, 1989}). Los modelos señalan que la variable es significativa, pero de dirección inversa a la supuesta; sin embargo, la fuerza del coeficiente es muy pequeña. En términos generales, se esperaría una mayor cantidad de homicidios con presencia de actividades de los MID en locaciones con privaciones económicas y con población residente de mayor tiempo.

Cuando se añade la variable de venta de alcohol, se mantienen los resultados de los modelos previos. Conceptualmente, se supondría que el alcohol es un facilitador de la violencia; además, la seguridad de los puntos de venta dependería ya no de la capacidad de supervisión de los habitantes, sino de agentes privados y de las agencias estatales. Los resultados empatan con la evidencia acumulada (^{Escobar, 2012}). En relación con las variables de composición del modelo 4, se da una mayor concentración de homicidios en hombres jóvenes, debido a que estos son más proclives a involucrarse en conductas violentas y de riesgo (^{Land et al., 1990}). El hallazgo señala que, en efecto, en hombres se da esta relación, no así para el grupo etario (15-29). Quizá la falta de significancia de la cohorte sea un llamado a calibrar mejor el rango de edades para la Ciudad de México.

Los controles estadísticos de los modelos referidos no alteraron la significancia, la dirección ni la magnitud de las actividades de los MID. A pesar de ello, la fuerza no es tan robusta como se sugiere en análisis previos y en declaraciones públicas, probablemente por muchas razones. En primer lugar, las actividades relacionadas con las drogas pueden invocar un lado abiertamente fantasioso; de hecho, desde la década de los noventa lo señalaban ^{Reuter y MacCoun (1992)}: las "imágenes de los medios sobre los vendedores de drogas transportando miles de dólares por una noche de trabajo son claramente exageradas o al menos no representativas de experiencias típicas" (p. 233; trad. propia). Además, en ellas se encarnan los pánicos morales de la época, como ha mostrado Ben ^{Smith (2021}) en su historia de las drogas. Forman, pues, un subterfugio argumentativo cargado de supuestos y percepciones arraigadas en el tiempo.

En segundo lugar, teniendo en cuenta los cambios en los mercados ilegales en México durante los últimos veinte años, cabe decir que el de las drogas es tan solo uno de estos mercados, y no necesariamente el de mayores rendimientos. Uno de los fenómenos de mayor interés para los analistas es, precisamente, la emergencia de mercados ilegales diversos hacia finales de la primera década del XXI (^{Smith, 2021}), como la venta de protección privada; la extracción, almacenamiento y venta de hidrocarburos, y la extorsión, entre muchos más. Afirmar que la explicación del aumento de los homicidios en la Ciudad de México es exclusivamente por las actividades de los MID es negar que existen otros mercados ilegales. Es, pues, un comodín argumental.

En tercer lugar, y a manera de apunte, la administración de Miguel Ángel Mancera siempre negó la existencia de OC en la ciudad. En el gobierno de Claudia Sheinbaum (2018-2024), en cambio, se reconoció su presencia (^{Díaz, 2022}) y se actuó en consecuencia. Entre los cambios para hacerle frente se encuentra la Ley del sistema de seguridad ciudadana de la Ciudad de México en 2019, que dota a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de capacidades de investigación, además de reorganizar el servicio policial y apuntalar las actividades de coordinación e inteligencia. Así mismo se crearon grupos táctico-operativos especializados en el combate a OC. Pudiera ser que las actividades de las agencias de gobierno hayan alterado los MID. A nivel empírico, y de manera exploratoria, se generaron correlaciones de Pearson entre homicidio y actividades de MID para cada uno de los años de 2019-2021 y para la sumatoria total por variable: 2019: .3290; 2020: .3735; 2021: .3398, y total: .5492. Si se toman en cuenta los resultados de las correlaciones de Pearson del parágrafo previo, se tiene que la magnitud de las correlaciones aumenta año por año (salvo en 2021, seguramente a raíz de los cierres por la pandemia) y que las de esta administración son sustancialmente mayores. Esto último podría ser indicio de la aplicación de actividades de control policial cada vez más intensas:

Los niveles de violencia sistémica asociada con los mercados de drogas se relacionan con la estabilidad del mercado. En términos del mercado de las drogas, la estabilidad se refiere a un nivel de control centralizado de las redes de distribución de drogas que continúan relativamente no desafiadas. Niveles asociados de violencia podrían estar vinculados con mercados más estables porque los participantes entienden las reglas del juego y pocos individuos están dispuestos a ejercer violencia para ganar control en el tráfico local de droga (^{Varano et al., 2004}, p. 385).

Lo interesante del tema es que, precisamente, estas posibles acciones intensivas lanzan un mensaje de eficiencia que se acompasa con un descenso sistemático de los indicadores delictivos a lo largo de 2022 y reflejado en el Cuarto Informe de Gobierno (^{Gobierno de la Ciudad de México, 2022}), donde se destaca una caída del 52,3 % en delitos de alto impacto, además de un récord histórico en relación con el homicidio, la tasa más baja en la Ciudad de México desde 2007. Indagar sobre esta relación entre homicidios y actividades de MID en contextos de descenso del delito supera los objetivos de esta investigación; no obstante, puede ser un llamado a problematizar en futuras investigaciones con base en evidencia empírica.

Por último, resaltan los resultados de la autocorrelación espacial bivariada. Sobre todo porque muestran una distribución diferencial de las variables en la ciudad. Los hallazgos pueden ser de interés para las autoridades, en especial si se toma en cuenta que desvelan un agrupamiento no aleatorio en torno a polígonos específicos en diversas alcaldías. Además, y como un elemento llamativo, se destaca el tema de las áreas que circundan los centros penitenciarios de la ciudad, pues sugieren un ecosistema particular donde se agrupa la correlación entre homicidio y las actividades de los MID.

Conclusión

Los análisis sobre distribución del delito en la Ciudad de México han estudiado el homicidio o los MID de manera separada, no su relación, lo que se evidencia cuando en investigaciones previas o posturas oficiales se señala que el incremento del homicidio es consecuencia de disputas por el control de los MID. Para brindar claridad sobre esta relación se ha apelado a la evidencia acumulada por la criminología norteamericana, en particular a los análisis de los MID de crack durante las décadas de 1980 y 1990, y su relación con la violencia homicida. De esa discusión se retoma el modelo tripartita de Paul Goldstein, que apunta a una relación inmanente y sistémica entre el funcionamiento y las actividades de los MID y la violencia, sobre todo porque, al estar fuera de la normativa legal, la violencia funge como un mecanismo de resolución de conflictos y disputas, acatamiento de códigos y normas dentro de las OC, además de reforzar el código de valores como un elemento central en la disputa de territorios.

En cuanto al análisis presentado, se ha puesto a prueba el modelo con una serie de controles estadísticos propios de la literatura sobre homicidio. Los resultados indican que, en efecto, la relación es inmanente, pues en los cuatro modelos ajustados no se modificó la significancia; sin embargo, y a pesar de no sufrir cambios sustanciales en su magnitud, la relación entre ambas variables parece débil, sobre todo respecto al peso que se le ha dado en la discusión pública a dicha relación. Por otro lado, mediante una LISA bivariada, se pudo concluir que la distribución es no aleatoria y se agrupa en zonas con alta incidencia delictiva y alrededor de los centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Si bien es cierto que los resultados son consistentes estadísticamente, y en su mayoría lo son con la literatura, es oportuno señalar limitaciones en materia de información. Los datos usados, específicamente los relacionados con delito, son una muestra de apertura de datos por parte del gobierno capitalino; investigaciones futuras podrían recolectar insumos más refinados si, en un ejercicio de transparencia, se abrieran repositorios relacionados con análisis forenses y los datos de homicidio tuvieran un mayor nivel de desagregación. Por otro lado, el financiamiento de investigación que implique el levantamiento de datos ayudaría a consolidar una línea de generación del conocimiento susceptible de poner a prueba los hallazgos de la evidencia acumulada. Esto permitiría corroborar, o no, con instrumentos de información mejor calibrados, la generalización de la relación entre la actividad de los MID y la violencia.

Por último, los resultados muestran que los efectos, dinámicas y fenómenos sociales suscitados por la guerra contra las drogas no se restringen a las entidades de la frontera norte y de la Costa del Pacífico. Antes bien, dichos resultados son un llamado a no omitir esa realidad en la ciudad, pues, si bien es cierto que en la Ciudad de México no se desplegaron las acciones de los Operativos Conjuntos ni de las Bases de Operación Mixtas con la magnificencia y el carácter portentoso de su despliegue en la frontera norte, las actividades de los MID y las acciones antidrogas sí han generado impactos en la población citadina y merecen, pues, un lugar en los espacios de análisis y en la orientación de la política pública basada en evidencia, para tener un ciudad más pacífica en la que se garantice el derecho a la seguridad.