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Introducción
En los últimos años, sobre todo en la última década, la región amazónica presenta un crecimiento de la delincuencia organizada transnacional (DOT), lo que plantea retos para la gobernanza estatal, la seguridad humana e incluso la sostenibilidad ambiental. Esto ha hecho que la confluencia de fenómenos propios de la DOT convierta a la Amazonia en un espacio geoestratégico para disputas territoriales y otras acciones que afectan los derechos humanos. A la larga, todo esto se traduce en lo que hoy se denomina corredores estratégicos del crimen organizado transnacional (COT), con dinámicas que superan las capacidades estatales.
Este es el caso de la región brasileña, que para el período 2018-2020 reportó un aumento en su tasa de casi el 9,2 %, mientras que en el mismo período, en el resto de los municipios rurales brasileños, se registró un descenso del 6,1 % (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2020). Colombia, por su parte, reportó un incremento de la minería ilegal en esta zona, así como la presencia de rutas del narcotráfico hacia el Caribe y otros mercados globales (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, 2021). Sumado a lo anterior, no puede olvidarse otra de las grandes afectaciones que estos países tienen en común: la deforestación, los cambios en el uso del suelo, la crisis climática y, en general, los desafíos en seguridad socioambiental en este territorio.
Este artículo pretende abordar este escenario desde una perspectiva crítica de seguridad, basada en un enfoque constructivista que interactúa con un análisis de actores estatales, grupos armados y diferentes comunidades afectadas. Por supuesto, las organizaciones internacionales no se hacen esperar, pues intentan configurar los dilemas de seguridad exigiendo soluciones mucho más integradas. Aquí, obviamente, se destaca el papel del Acuerdo de Escazú, pues, al ser un instrumento clave para fortalecer la gobernanza ambiental regional, permite promover el acceso a la información, la justicia ambiental e, incluso, la participación ciudadana.
Finalmente, este trabajo analiza y reflexiona sobre los límites y posibilidades de seguir construyendo una seguridad regional amazónica que permita una articulación constante y estratégica con los derechos humanos, la protección del ambiente y un control más adecuado del crimen organizado, lo que favorece que la soberanía estatal y la participación social generen una articulación más dialógica, aunque conflictiva. De esta forma, la Amazonia, como territorio estratégico global, tiene necesidades más ambiciosas, pues requiere una gobernanza multinivel que supere las lógicas funcionales extractivas y, además, que incorpore a la naturaleza como sujeto de derechos y promueva la acción cooperativa.
Adicionalmente, la extracción de oro en estos territorios está asociada con las actividades de grupos armados no estatales que combinan la minería con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico (Bermúdez-Tapia & Sierra-Zamora, 2021). Esta última actividad puede considerarse la principal fuente de ingresos del crimen organizado en la región; de acuerdo con el análisis satelital de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se ha identificado una "clara expansión ilegal de la hoja de coca en esta zona" (UNODC, 2020). Estos fenómenos, sumados a la afectación en la seguridad de las personas, sobre todo de quienes son reconocidas como líderes sociales, terminan por definir un panorama complejo en términos de seguridad (MOE, 2024).
Luego de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016, se experimentó una transformación del conflicto armado interno debido a que surgieron actores residuales en el proceso de desmovilización, sobre todo en zonas estratégicas como el Amazonas. Estos grupos fueron creando estructuras armadas involucradas en economías ilícitas como el narcotráfico, pues se gestionaban rutas hacia Venezuela, el océano Atlántico y el Pacífico, todas ilegales.
Esto incrementó, de manera particular, la gobernanza territorial en la región, al tiempo que se gestionaba una crisis ecológica generada, entre otras causas, por la deforestación, el debilitamiento de las políticas de protección ambiental y la expansión de megaproyectos (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais [INPE], 2020; WWF, 2016). El plano jurídico y político en torno a la disputa entre modelos de seguridad nacional y seguridad ambiental, en el marco de la protección de los derechos de la naturaleza y de la ampliación de la participación democrática, hacía mucho más evidente esta desprotección.
Por ello, el presente artículo de investigación pretende resolver la siguiente pregunta: ¿Cómo se articula la noción de seguridad con el Acuerdo de Escazú para abordar desafíos de gobernanza ambiental en contextos de posacuerdo? Esta pregunta se aborda desde el enfoque constructivista, según el cual el análisis de las estructuras frente a los dilemas de seguridad, basado en una construcción social, se realiza a partir de las interacciones entre diferentes actores estatales, comunitarios e incluso subestatales, con el fin de analizar críticamente el discurso funcional de seguridad promovido por los Estados que ratifican el Acuerdo de Escazú en relación directa con la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales del Amazonas.
Esto se explica por el proceso de rearme de actores armados en la Amazonia, pues podría evidenciarse la debilidad del Estado colombiano para ejercer un control efectivo sobre estos territorios, motivo por el cual se generaron vacíos de poder que constituyeron la oportunidad perfecta para que las redes criminales lograran su cometido (Castillo et al., 2022). Para nadie es un secreto que la crisis ecológica está presente; en 2019, en Brasil se registraron más de 91 000 incendios, lo que afectó de manera considerable las estadísticas y supuso un aumento del 67 % respecto del año anterior (INPE, 2020).
Ahora bien, no deben dejarse de lado las reformas legislativas que han tratado de reducir las áreas protegidas en favor de la denominada expansión económica (WWF, 2016), pues, al generarse un intenso conflicto armado interno, también se produce tensión entre el desarrollo, la sostenibilidad y los derechos colectivos, lo que configura un escenario particularmente sensible y expuesto, en el que repensar la seguridad es clave para avanzar en el cumplimiento de las funciones. Esta noción de seguridad, entonces, ya no puede limitarse a la defensa territorial, sino que debe integrarse a la seguridad humana desde la dimensión ambiental y la participación ciudadana para lograr dicho desarrollo (Pérez-Salazar, 2017).
Dicha transformación debe responder a las amenazas que enfrentan, sobre todo, los pueblos indígenas y campesinos de la región; su rol se centra en la defensa estratégica del territorio, vital para sus comunidades (Sánchez, 2022). El Acuerdo de Escazú es determinante, en la medida en que la institucionalización de los derechos ecológicos resulta esencial para abordar de mejor manera las cuestiones ambientales (ONU, 2018; 1992), proceso que estuvo conformado por las declaraciones de Lima (2013), Santiago (ONU, 2014) y Escazú (2018) (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2013; 2018).
No debe olvidarse que el Acuerdo incorpora cláusulas que permiten restringir el acceso a la información cuando la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional se vean directamente afectadas (Cepal, 2018, p. 18). Sin embargo, este artículo sostiene que el discurso estatal sobre la seguridad puede convertirse en un obstáculo para la protección de estos derechos, pues, al no garantizar mecanismos más efectivos de participación, se desprotegen las garantías funcionales a las que se hace referencia (Córdova, 2024; Sierra-Zamora, 2024).
La presente investigación, de enfoque constructivista, emplea una línea de fundamentación crítica basada en la teoría de los complejos de seguridad. Este análisis pretende estudiar cómo las relaciones entre actores estatales, subestatales e internacionales generan dinámicas territoriales y socioambientales que surgen tras la firma del Acuerdo de Paz entre Colombia y las FARC-EP. Es importante resaltar que, bajo esta dinámica, las dimensiones identificadas son los vacíos de poder, la justicia y la gobernanza ambiental, los ecosistemas amazónicos y las estructuras del COT.
Siguiendo un diseño descriptivo, analítico y documental, se analizan instrumentos jurídicos relacionados con la seguridad y la gobernanza ambiental en la Amazonia. Se utilizan fuentes secundarias, tales como textos legales, literatura académica e informes. La técnica de análisis será documental y hermenéutica jurídica para interpretar los alcances de los documentos mencionados.
Para llevar a cabo el análisis de la información y su interpretación, se reflexiona específicamente sobre cómo la noción de seguridad se redefine con el fin de fortalecer la gobernanza ambiental y, de esta manera, integrar los hallazgos descriptivos en conclusiones que orienten la toma de decisiones en este tipo de contextos y, además, sirvan de guía para futuras investigaciones, garantizando el rigor, la sistematicidad y la coherencia que debe tener este estudio en el marco del fenómeno planteado.
Marco teórico
El marco teórico está conformado principalmente por la teoría de los complejos de seguridad de Barry Buzan (1981). Para aplicar este enfoque de seguridad, es necesario partir del reconocimiento de la intersubjetividad como medio para la construcción de las relaciones entre personas, asociaciones y Estados y, con ello, la consolidación de lo que se entiende por seguridad. En el enfoque crítico, "la seguridad es considerada como una condición relativa de protección en la cual se tiene la capacidad de neutralizar amenazas identificables contra la existencia de alguna cosa" (Buzan, 1981, p. 130; trad. propia).
Buzan considera, en este sentido, que la opinión pública es clave para comprender el significado de la seguridad. Por lo tanto, el enfoque constructivista sugiere que el análisis de la seguridad debe contemplar aspectos económicos, sociales y ambientales; en este sentido, hay una reinterpretación de lo que se ha considerado como asuntos de la "baja política", ámbitos que en realidad se han convertido en espacios clave para interpretar el dilema de la seguridad.
Resultados
El Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP ha propiciado la aparición de nuevos grupos armados residuales que ocupan vacíos de poder, generando nuevas redes criminales. A partir de ello, actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico e, incluso, la deforestación afectan gravemente a las comunidades locales y al medio ambiente.
De esta manera, instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú constituyen herramientas para fortalecer la gobernanza ambiental y permitir el acceso a la justicia ambiental, a la información y a una participación ciudadana efectiva. Sin embargo, la implementación enfrenta desafíos como la debilidad estatal y discursos de seguridad que priorizan la soberanía sobre los derechos ecológicos.
A la larga, las dinámicas transfronterizas con Brasil y Perú permiten generar cooperación multinivel para contrarrestar estas actuaciones ilícitas. No obstante, los esfuerzos son fragmentados: las políticas derivadas de la implementación del Acuerdo de Escazú no alcanzan a consolidar dichas dinámicas. En este contexto, la criminalidad organizada se convierte en un factor fundamental de inseguridad, al afectar zonas amazónicas, vulnerar derechos humanos y sobrepasar la capacidad estatal. Respuestas como el Acuerdo de Escazú resultan idealistas frente a problemas estructurales profundos, pues la lógica estatal centra sus esfuerzos en bloquear mecanismos que permitirían avances en la protección ambiental efectiva.
Así, al afectar estas zonas y superar la capacidad estatal, dado que los Estados no coordinan de manera efectiva sus esfuerzos, las redes criminales transnacionales operan con mayor agilidad y flexibilidad, generando una degradación ambiental importante en el territorio.
Como resultado de lo anterior, se puede afirmar que el Acuerdo de Escazú no es coherente, pues no genera las transformaciones necesarias que prioricen la seguridad de los Estados amazónicos. Esto exige que las nociones tradicionales de seguridad se adapten a nuevos enfoques, como la seguridad humana o la seguridad ambiental, dimensiones que integran la protección de los derechos humanos.
Complejos de seguridad y COT
Dentro del análisis de los complejos de seguridad se han abordado fenómenos contemporáneos de la criminalidad; en este punto, las estructuras del COT emergen como un fenómeno complejo cuya comprensión debe ser esquematizada y detallada (Fernández-Osorio & Lizarazo-Ospina, 2022). En esta dirección, la propuesta de complejos de seguridad plantea cinco niveles de análisis: el primer nivel corresponde al sistema internacional, en su acepción clásica en la teoría de las relaciones internacionales; el segundo nivel abarca los subsistemas regionales, referidos a los tratados, acuerdos o pactos entre vecinos; el tercer nivel corresponde a las unidades de análisis, equivalentes a Estados o naciones; el cuarto nivel comprende subunidades o grupos dentro de la unidad que tienen influencia en el rumbo de las decisiones; y el quinto y último nivel lo componen los individuos. De acuerdo con los análisis de Buzan, aplicar la teoría de los complejos de seguridad en América Latina no es sencillo, debido a que hay bastante heterogeneidad en relación con las necesidades de seguridad de cada uno de los Estados presentes en el territorio (Marcano & Chacón, 2004).
No obstante, Buzan (1981) resalta que la teoría de los complejos de seguridad, por su esfuerzo en describir los escenarios de seguridad como objeto de estudio, facilita la construcción de estructuras y predicciones respecto a los posibles cambios en dichos escenarios. Lo anterior permite ver cómo el complejo de seguridad se compone de Estados que no pueden solucionar sus controversias de seguridad de manera independiente, lo que necesariamente implica que deben buscar una solución general de forma articulada.
En este sentido, el marco de interpretación de los complejos de seguridad aporta un nivel de comprensión y claridad sobre los temas de COT presentes en la región, a la vez que permite introducir la cuestión de la sostenibilidad económica y la protección medioambiental desde la óptica de la participación de las ciudadanías (Silva-García & Bonilla, 2023).
Tipo de relaciones entre los Estados
Como se ha planteado, para el enfoque de los complejos de seguridad, la dimensión de la interdependencia resulta fundamental para el análisis. Esta puede apreciarse tanto en las dinámicas de conflicto que permanecen en el tiempo -sostenidas por una mutua percepción de amenaza- como en escenarios de no agresión que no generan expectativa de uso de la fuerza, lo que permite afirmar lo siguiente: "Cuando las relaciones de amistad son tan cercanas que el subsistema ha dejado de ser un grupo anárquico, para actuar como un todo coordinado, el complejo de seguridad ha dejado de existir para dar paso a la unidad regional" (Buzan, 1981, p. 181; trad. propia).
En este sentido, para Buzan no es posible reconocer la existencia de un complejo de seguridad cuando el Estado es tan débil o tan fuerte en su influencia sobre el subsistema que no permite un equilibrio en la interacción. En el segundo caso, el dominio es amplio. Los elementos determinantes para identificar un complejo son:
La disposición de las unidades y la diferencia entre ellas.
Los patrones de amistad y enemistad.
La distribución de poder entre las unidades principales (Marcano & Chacón, 2004).
Puede verse cómo los cambios entre los componentes pueden modificar las dinámicas del complejo; es justo aquí donde se comprenden los impactos de esas alteraciones sobre la estructura. De esta manera, varía la forma en que se ven y analizan los sectores, lo que permite identificar tipos específicos de interacción.
En esta medida, puede verse cómo el sector militar se caracteriza por relaciones fuertes de coerción. Por su parte, el sector político se basa especialmente en relaciones de autoridad y estatus gubernamental, mientras que el sector económico articula sus relaciones en torno al comercio, la producción y las finanzas. Finalmente, el sector social funda sus relaciones en la actividad humana y en la biosfera planetaria. En consecuencia, Marcano y Chacón (2004), citando a Wæver (2000), argumentan que:
[...] el no incluir los tres nuevos sectores en la agenda y confinar la seguridad al sector militar crearía una paradoja, pues habrá situaciones en las que los temas no securitizados (social, ambiental y económico) serán más urgentes que los mismos temas de seguridad político-militar. (p. 137)
Ahora, siguiendo a Buzan et al. (1998), la seguridad se entiende como supervivencia siempre que exista una amenaza existencial a un objeto determinado, lo que requiere medidas de emergencia. En esta línea, y conforme a lo argumentado por Trujillo Márquez (2012), además del Estado o la soberanía, otros objetos referentes de la seguridad pueden ser la economía nacional, el sistema bancario, el idioma, las costumbres, la biodiversidad y las especies en peligro de extinción, entre otros (p. 35).
Actores y dinámicas del COT en territorios con conflictos locales ambientales
El COT es uno de los desafíos más importantes que enfrenta América Latina, por cuanto es "una de las zonas más pacíficas del mundo desde el punto de vista de los conflictos bélicos, pero también una de las más violentas desde el punto de vista de la criminalidad y el crimen organizado transnacional" (Cañas & Rivera, 2017, p. 142). Además, es frecuente que el poder a disposición de los grupos que promueven la criminalidad transnacional sirva para imponer un estado de impunidad (Silva-García & Barreto, 2022).
Asimismo, el COT se ha diseminado por la región a lo largo del siglo XX; en los años setenta era evidente su presencia en Colombia, Perú y Bolivia debido al cultivo, la producción y la venta de estupefacientes, especialmente cocaína y marihuana (Cañas & Rivera, 2017). Actualmente, las organizaciones de COT en Latinoamérica tienen aún como foco principal de sus actividades el narcotráfico, perpetuando la interpretación del problema de la seguridad asociada a la necesidad de combatir y controlar las bandas criminales dedicadas a la producción y distribución de estupefacientes.
Si bien no se puede negar la importancia de este fenómeno, durante mucho tiempo se dejaron de lado otras conductas criminales igualmente nocivas que han minado el continente y que solo han obtenido atención por parte de los Estados en los últimos años (Cañas & Rivera, 2017). Estas conductas se relacionan con actividades como la minería ilegal, el tráfico de armas, la ganadería ilegal y el asesinato de líderes sociales, entre otras, cuyo incremento se ha registrado en la región de la Amazonia. Esta situación afecta de manera directa la seguridad ambiental y de las personas, pues acelera los efectos del cambio climático y agrava la vulnerabilidad de los habitantes de la zona.
Los conflictos ambientales en la región de la Amazonia, asociados a la participación de actores vinculados al COT, han evidenciado la necesidad de que los Estados aborden estos dilemas de seguridad desde una óptica que favorezca la democracia ambiental, respete las condiciones del entorno y promueva la defensa de los derechos humanos, dando prelación a las culturas y a los pobladores tradicionales de la zona. Esta aproximación se realiza desde la noción de justicia ambiental, cuyo fundamento es alcanzar un equilibrio distributivo del poder, la información y la toma de decisiones: "El principio de justicia ambiental implica construir un sistema que promueva un debate público racional, un financiamiento adecuado para los actores involucrados, la existencia de expertos alternativos y normas que garanticen el debido proceso" (Duran & Nalegach, 2021, p. 77).
A partir de este enfoque, el valor que promueve el Acuerdo de Escazú se relaciona con la construcción de un marco de acción política basado en la gobernanza y la participación ciudadana, que garantice la aplicación efectiva de medidas destinadas a la protección y la seguridad de las personas y del medio ambiente.
En esta dirección, las interpretaciones que abordan los problemas de seguridad desde un enfoque holístico alcanzan mayor efectividad en la construcción de políticas y decisiones públicas. Un ejemplo es el enfoque de seguridad multidimensional promulgado en 2002 por la Organización de los Estados Americanos, que empezó a operar en 2012 en la formulación de los dilemas de seguridad en Brasil, cuando se incluyó el medio ambiente como prioridad en su libro blanco de la defensa. En el caso de Colombia, solo hasta 2020 el Ministerio de Defensa creó una estructura dentro de las Fuerzas Armadas para combatir el COT, denominada Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales, perteneciente al Ejército Nacional. Desde el marco de acción del Acuerdo de Escazú, se espera que estos cambios en la interpretación clásica de la seguridad tengan mayor dinamismo y efecto en la toma de decisiones públicas.
Las dinámicas criminales en la Amazonia y en las fronteras tras el Acuerdo de Paz de 2016
El Acuerdo de Paz de La Habana supuso una apuesta ambiciosa para Colombia, no solo por gestar un estado de paz sin agresiones ni hostilidades, sino por promover la restauración de derechos vulnerados mediante la reparación como eje de una justicia restaurativa (Silva-García & Tinoco, 2024), acompañada de procesos de verdad y de no repetición. No obstante, los modelos ideales chocan con distintos obstáculos y con variables de difícil predicción, además de las limitaciones materiales que impiden ejecutar estos modelos teóricos de forma ideal ante dificultades estructurales.
Entre los aspectos estructurales que ocupan los dilemas de seguridad en Latinoamérica se encuentra el tema de las fronteras, que ha sido abordado históricamente a partir del reconocimiento de actores bélicos en zonas que, por las condiciones del territorio, suplantan el poder estatal, estableciendo influencia y coerción sobre los pobladores (Peña-Chivatá et al., 2019). Tradicionalmente, estos problemas se han relacionado con la necesidad de establecer límites y controlar la capacidad autónoma de la seguridad en pro de la seguridad colectiva; sin embargo, desde el ámbito de acción de la gobernanza que promueve el Acuerdo de Escazú, comienzan a transformarse los planteamientos sobre el tema de fronteras y el concepto de soberanía:
La configuración de alianzas militares permanentes, al estilo del Pacto de Varsovia y de la propia OTAN, conllevó desde mediados del siglo XX compromisos entre Estados que cedieron soberanía al acordar limitaciones a la capacidad autónoma de decisión en un sector de tan alta jerarquía como el de la seguridad. Contemporáneamente, la construcción de acuerdos y consensos en materia de seguridad internacional, que se han movido de la concepción de la seguridad colectiva a los de seguridad cooperativa, humana y democrática, ha también significado un replanteamiento de la seguridad, no para preservar la soberanía del Estado, sino -cada vez más- la de los ciudadanos. (Cardozo, 2007, p. 182)
Con la firma del Acuerdo de Paz (2016), el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC asumieron compromisos asociados al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones, dando prioridad al área rural, al reconocer la inmensa brecha en Colombia entre el campo y la ciudad (p. 21).
De acuerdo con la planificación, es importante resaltar que la implementación de estos acuerdos, una vez superada la fase comunitaria, daría lugar a las fases municipales y subregionales, que pretenden llegar a la construcción de 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), a 10 años, los cuales constituyen la materialización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como instrumentos de gestión pública para la planificación del territorio, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Renovación del Territorio (s.f.).
Los PDET son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria y con mayor celeridad los planes sectoriales y los programas de la Reforma Rural Integral (RRI) que establece el Acuerdo Final en su punto 1, en articulación con los planes territoriales, en 16 subregiones del país que agrupan 170 municipios y 11 000 veredas (priorizadas por: 1) grado de afectación del conflicto armado, 2) presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales, 3) pobreza y 4) debilidad institucional), y así asegurar su transformación integral. (Transformemos Paz, s.f.)
Con acciones como estas, el Gobierno busca identificar los problemas que apremian en los territorios; a través de dichas políticas públicas se procura la erradicación o la mitigación de los efectos de la pobreza extrema y la exclusión social que atraviesan miles de colombianos a diario. Es una estrategia para intervenir en las situaciones de divergencia social (Silva-García & Pérez-Salazar, 2024; Llano, 2023; Quiroz, 2023), con la aspiración de tratar de modo eficiente las razones que incuban los conflictos sociales, proveyendo respuestas justas, pacíficas, democráticas e incluyentes (Dávila, 2023; Carvajal & Trujillo, 2023; González-Monguí, 2023).
Según el Decreto 893 de 2017, "Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET", como uno de los planes fundamentales para el cumplimiento del Acuerdo de 2016, se definieron las zonas del país en las cuales serían implementados estos planes como un instrumento de planificación y gestión en función de la implementación de los acuerdos; estas zonas, según el Decreto 893, corresponden a los espacios geográficos donde se concentró el conflicto armado. En el caso de la Amazonía, la identificación de las zonas en el decreto se corresponde con el departamento del Caquetá y la subregión de la Cuenca del Caguán y el Piedemonte llanero; el departamento del Guaviare y la subregión de Macarena-Guaviare; y el departamento del Putumayo.
Para el caso de la subregión oriental de la Amazonia colombiana, compuesta por los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas, y limítrofe con Brasil, estos territorios no fueron reconocidos como zonas de implementación del acuerdo de paz, lo que abrió el camino para promover actividades económicas en la zona, principalmente relacionadas con la demanda internacional de recursos naturales clasificados como estratégicos y explotados mediante figuras de ordenamiento y concesiones mineras, de manera legal e ilegal. Ello ocurrió a pesar de que, como señala Guio (s.f.), "la Corte Suprema de Justicia tuteló los derechos a la Consulta Previa al territorio, a la diversidad étnica y a la participación ciudadana de todas las comunidades indígenas y afrodescendientes que resultaron afectadas directamente por esta figura minera". Además, la sentencia de la Corte Constitucional T-766 de 2015 "dejó sin valor y efecto a las Áreas Estratégicas Mineras sobre más de 20 millones de hectáreas del territorio nacional, especialmente en la Amazonia Oriental" (p. 46).
Como resultado de esta situación, en el marco del posacuerdo colombiano (Cubides-Cárdenas et al., 2018), en la subregión oriental amazónica se observa un incremento de las actividades de economías extractivas ilícitas (como el oro y el coltán), lo que provoca graves afectaciones tanto a las comunidades indígenas como al ecosistema.
De igual manera, es posible apreciar cambios en los esquemas del narcotráfico, más acordes con las dinámicas y características del COT. Considerando, además, la forma en que se han desarrollado las economías ilegales en el contexto de la globalización, se aprecian cambios sustantivos en la estructura del negocio del narcotráfico y en la normatividad de los propios Estados (Sierra-Zamora & Fonseca-Ortiz, 2022; Silva-García & Pérez-Salazar, 2024).
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) esquematiza la evolución de los actores y su participación en el negocio del narcotráfico: desde una etapa inicial en la que solo algunos carteles tenían el control total del negocio, hasta una segunda etapa en la que el cambio estratégico en las fuentes de financiación de la guerrilla derivó en la disputa de los carteles con los grupos armados presentes en las zonas de conflicto en Colombia -guerrillas y paramilitares- por el control del negocio.
Finalmente, en el panorama actual se contempla una etapa de atomización y fragmentación del negocio, al integrarse en redes criminales multinivel y multipropósito, cuya dedicación no está ligada exclusivamente al narcotráfico y que, por tanto, incluye una variedad importante de grupos asociados, los cuales operan también como resultado de las transformaciones de los grupos armados en el marco de la firma del acuerdo de paz de 2016. Entre los grupos reconocidos en esta nueva etapa se encuentran distintas agrupaciones: bandas criminales (Bacrim), disidencias de las antiguas FARC y grupos narcotraficantes.
En la medida en que el narcotráfico se consolida como el eslabón más importante de la cadena de ilícitos en la zona y otras actividades con fines de lucro empiezan a integrarse a dicha cadena, se retoman actividades asociadas a la economía extractiva como un esfuerzo por alcanzar los auges de las épocas del caucho en la Amazonia. Los análisis sobre la situación de la Amazonia en relación con los desafíos de la seguridad reconocen que existe un grupo variado de actividades ilegales que se complementan, junto con las acciones estatales para contrarrestarlas, en especial en el caso del narcotráfico, como ocurre con las fumigaciones aéreas:
La dinámica y dispersión de los cultivos de coca, la guerra con los grupos armados ilegales, el narcotráfico y la corrupción administrativa, las fumigaciones aéreas para combatir cultivos y grupos de guerrilla, constituyen un conjunto intrincado de problemáticas de difícil solución, que afectan gravemente todos los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas, los colonos y la calidad de vida de todos los habitantes de la región amazónica, que históricamente presenta los niveles más bajos de todo el territorio. (Observatorio DESC Amazonia, 2007)
Como explica la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, se han identificado varias formas de explotación minera basadas en la existencia de oro, carbón, minerales preciosos y minerales metálicos en esta región:
I) Áreas con manifestaciones de oro aluvial, [...] localizadas a lo largo de diferentes tramos de los ríos Caquetá y Caguán. II) Áreas con manifestaciones de carbón, localizadas con especial ímpetu en el trapecio amazónico. III) Áreas con minerales preciosos metálicos y no metálicos, ubicadas en la vertiente oriental de la cordillera Oriental. IV) Áreas con minerales metálicos, localizadas hacia el centro y centro-oriente entre los departamentos del Amazonas y el Caquetá, y a su vez [con] una importante incidencia en los departamentos de Vaupés y Guaviare. (Bustos, 2018)
Para 2015, se calculó que en las áreas dedicadas a la actividad minera a gran escala participaban al menos 5000 mineros ilegales (Pérez, 2016), lo que confirma que la mayoría de las actividades económicas de la población del Amazonas están ligadas a las economías ilegales.
La FIP, en su informe de 2017, demostró que guerrilleros colombianos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las FARC operaban en la zona del Amazonas, así como en el sur y oeste del departamento de Bolívar desde 2013. Su presencia no está orientada únicamente a las actividades del narcotráfico, sino que ahora pretende acceder y controlar los yacimientos de coltán, oro y diamantes que se encuentran en la región:
[...] cuando este informe fue publicado, la disidencia del Frente Acacio Medina ingresaba a Amazonas por el paso fronterizo de San Fernando de Atabapo, pasando por el río Ventuari, hacia el Parque Nacional Yapacana, donde se encuentran enormes minas de oro aunque la minería está prohibida en Amazonas, de acuerdo con el Decreto 269 de 1989. (FIP, 2017)
En este contexto, las poblaciones de la región se ven constantemente amenazadas por los diferentes actores que participan en actividades ilegales con fines lucrativos. Entre estas víctimas, la población más afectada es la de los grupos indígenas que, tras ser explotados y esclavizados históricamente, en esta etapa reciente se han visto forzados al desplazamiento o, en muchas ocasiones, deben asumir la defensa de los territorios, como informó Amazonia Socioambiental: "Dos caciques generales y más de 37 capitanes indígenas denuncian que las disidencias del grupo guerrillero colombiano han tomado control de los recursos y el territorio indígena".
La explotación de la minería ilegal en las fronteras colombianas ha ampliado el área de influencia, pues la actividad del narcotráfico se ha concentrado en el espacio geográfico del trapecio amazónico, mientras que las actividades de minería ilegal se desarrollan en su mayoría en la Amazonia venezolana, generando un espectro en el nuevo orden mundial que especifica nuevas amenazas (Sierra-Zamora & Castaño-Bedoya, 2022).
Como indicó un líder indígena, según reportó Portafolio en 2013: "La presencia de 'garimpeiros' y guerrilleros en territorio venezolano es evidente". Se calcula que aproximadamente 4000 mineros ilegales "actúan en las entrañas del estado venezolano de Amazonas, enclavado entre Colombia y Brasil. Y según el gobernador Liborio Guarulla, lo hacen protegidos por miles de combatientes de las Farc que se esconden del lado venezolano de la frontera de 2219 kilómetros de selva" (Portafolio, 8 de diciembre de 2013).
Como resultado de los conflictos y de la participación de diversos actores en las redes de crimen transnacional, en la región fronteriza entre Brasil, Colombia y Perú, "la vida cotidiana de los indígenas Ticuna muestra una interacción transfronteriza constante en el ámbito de las prácticas socioculturales características de este grupo" (López, 2002, p. 44).
En la región de la triple frontera, las poblaciones de Leticia, Manaos, Iquitos y Tabatinga representan los mayores polos de integración económica, así como puntos de referencia para la movilización de poblaciones. La migración proviene, la mayoría de las veces, del lado peruano del trapecio amazónico, siendo Leticia un lugar de tránsito hacia Tabatinga y Benjamín Constant, ciudades brasileñas que representan oportunidades de ocupación económica para los migrantes (Londoño, 2015).
Al relacionar los factores descritos en este apartado con la investigación sobre COT, se han identificado al menos cuatro variables relacionadas con el establecimiento, la construcción y el funcionamiento de estas redes: 1) el contexto sociopolítico y económico, 2) la debilidad estatal en términos de justicia, 3) la migración y 4) la existencia de estructuras criminales en los territorios (Cajiao et al., 2018).
En relación con el contexto sociopolítico y económico, se argumenta que, cuando un Estado no puede proveer bienes y servicios, la economía presenta un gran sector informal y hay poco control territorial, las organizaciones criminales copan estos vacíos, volviéndose proveedoras de la población, que las legitima (Maselli, 2011; Bermejo, 2009). En esta línea, Resa (2005) afirma que los grupos de crimen organizado prefieren establecerse en zonas inestables donde el control estatal sea mínimo, dado que esto facilita su operación.
En últimas, el tema abordado aquí representa uno de los dilemas más complejos que se vive en América Latina, pues la interacción del COT, la seguridad y la gobernanza ambiental en la Amazonia hace que las dinámicas criminales en contextos de posacuerdo no solo desafíen la capacidad de los Estados, sino también la eficacia de los instrumentos internacionales creados para contrarrestarlas, como el Acuerdo de Escazú, lo que, a la larga, pone a prueba los modelos de seguridad que priorizan la defensa territorial por encima de los derechos humanos y los derechos ecológicos.
En este orden de ideas, y lejos de consolidarse un ambiente de cultura de paz sostenible, se configura un fenómeno de atomización del crimen, pues los grupos residuales ocupan vacíos de poder en territorios estratégicos, lo que dispersa las actividades ilícitas mencionadas a lo largo de este artículo, generando impactos importantes en las comunidades locales y en el propio ecosistema.
En este punto, la teoría de los complejos de seguridad resulta pertinente, pues la seguridad no puede entenderse únicamente desde su prisma militar, sino que incorpora necesariamente otras dimensiones, como las económicas, sociales y ambientales aquí abordadas y destacadas. Así, los complejos de seguridad regionales no pueden verse de manera aislada, y la Amazonia es un caso elocuente: redes criminales, cooperación multinivel y acciones estatales conjuntas. Si bien existen marcos como el Acuerdo de Escazú, su implementación resulta insuficiente porque enfrenta otros desafíos derivados de la persistencia del discurso de seguridad soberana, que relega a segundo plano los derechos humanos y los derechos ecológicos.
Finalmente, la discusión no se reduce al binomio crimen y seguridad, sino que implica la necesidad de sustentar un modelo de desarrollo; esto no significa abordar a los COT únicamente con estrategias represivas o de control territorial, sino generar una transformación en la visión de las estructuras económicas que, a la larga, sostienen las redes criminales. Ello permitirá superar de manera más estratégica las lógicas extractivas y fortalecer las capacidades estatales de los países amazónicos, generando respuestas multidimensionales para contrarrestar las estructuras del COT.
Conclusiones
Este artículo mostró las dinámicas de las organizaciones criminales en la Amazonia, especialmente en la zona de frontera entre Colombia y Brasil. En línea con Corcione-Nieto et al. (2021), la implementación del proceso de paz con las FARC y el desarrollo de las condiciones que deja el conflicto armado en Colombia no se han integrado a las lógicas de la economía y las políticas nacionales, siempre caracterizadas por su centralización tanto territorial como en la articulación de intereses nacionales, sin eliminar las dinámicas de violencia en la Amazonia y generando, por otro lado, vacíos de poder que resultan en nuevos actores armados ilegales.
A partir de ese reconocimiento, las estructuras criminales en la Amazonia colombiana se configuran de manera violenta mediante vías de dominación sobre las poblaciones. Ello evidencia que, dadas las condiciones geográficas y la falta de entendimiento político, el abandono estatal y el uso de la fuerza en estos territorios, son constantes los vacíos de poder, lo que facilita prácticas de patronazgo sobre los pobladores y genera otras consecuencias para ellos.
Además, tras la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, la interacción del Estado con los pobladores fue casi nula, lo que evidencia la debilidad de los organismos públicos y, por lo tanto, su incapacidad para ejercer control sobre estos grupos. Esto trajo como consecuencia que excombatientes de las FARC fueran ocupando esos espacios con apoyo de otras organizaciones criminales, cooptando acciones y procesos relacionados con el tráfico de armas, de personas y de drogas, entre otras actividades, y generando un mayor aprovechamiento de estas, conectando rutas y grupos ilícitos y promoviendo actividades de COT mucho más fuertes y poderosas.
Por estas y otras razones ya expuestas, la región de la Amazonía y la zona fronteriza mencionada han presenciado la fragmentación de las guerrillas, cuyos remanentes se aprovechan de los antiguos combatientes de las FARC para integrar nuevas estructuras y nodos de criminalidad, con el propósito de expandir economías ilícitas y nuevas formas de delito. Esto evidencia que la implementación de políticas públicas de paz no ha hecho parte de las zonas priorizadas, lo que expone aún más el territorio y redunda en la ausencia de control efectivo sobre los grupos armados.
Ahora, es importante destacar que la implementación de las políticas de paz para la Amazonia forma parte del sector prioritario de los planes; sin embargo, en el curso de su ejecución se ha establecido que la región requiere ajustes prioritarios ante situaciones no previstas, que motivaron justamente esta investigación.
Como consecuencia de lo anterior, las formas de vida tradicionales vuelven a ser trastocadas por la globalización criminal, por lo que la seguridad ambiental continúa gravemente afectada por estas actividades. Esta problemática, en última instancia, propicia planes de destrucción de selva de gran extensión con fines ganaderos o para complejos turísticos, lo que relega al olvido las políticas y planes para la Amazonia.
Finalmente, aunque el Acuerdo de Escazú fortalece la gobernanza ambiental regional, su implementación genera mayores desafíos debido a la superación de las capacidades estatales y a la persistencia de discursos de seguridad que privilegian la soberanía territorial por encima de transformaciones estructurales de carácter económico. Esto exige repensar los enfoques: no deben ser solo militares o estatales, sino que requieren mayores incorporaciones y mecanismos de cooperación regional.
