Listados positivos

Como quedó claro con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2018¹², sectores de la ciudadanía siguen desconociendo con qué especies les es permitido interactuar y con cuáles no, lo cual imposibilita la aplicación de sanciones penales. La base de este problema reside en que en Colombia aún se mantiene un sistema de listados negativos.

Un listado negativo es aquel en el cual se especifica con qué especies de animales no se puede interactuar. Ejemplo de ello en Colombia es el “Listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera (…)”¹³ o los ya citados en materia de especies “introducidas, exóticas o invasoras”. ¿Cuál es el problema?

Dentro de las 38 páginas de la resolución con el listado de especies silvestres amenazadas se relacionan más de 530 especies, algunas de ellas con su “nombre común” o coloquial, pero otras únicamente con el nombre científico, por ejemplo “Acropora prolifera”. Lo que es una loable herramienta de categorización técnica, no lo es como herramienta para la socialización con la ciudadanía.

Resulta bastante improbable que el/la ciudadano(a) de a pie consulte dicho voluminoso listado, identifique cuál es la “Esumilia fastigiata” y comprenda que se encuentra en estado de vulnerabilidad, como para abstenerse de interactuar con esta especie. Los listados negativos son útiles para las autoridades y el público especializado, pero no para el público lego.

La solución a este problema ya se ha implementado en otros países a través de los listados positivos. Un listado positivo es aquel que relaciona aquellas especies animales con las cuales sí se puede interactuar. Por evidentes razones, será un listado mucho más reducido que el negativo, pero, además, eliminará de tajo la problemática respecto de aquellas especies que no estén relacionadas en los listados negativos, pero con las cuales no es aconsejable la interacción.

Esta iniciativa ha sido exitosamente implementada en países como Bélgica (2009)¹⁴, Holanda (2015) y Luxemburgo (2018), además de encontrarse en proceso de implementación en países como España y ya ha sido validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea¹⁵. Estos países han reportado avances importantes en la lucha contra el tráfico de fauna y la simplificación de criterios de control sin aumento de carga burocrática.

Colombia debiese modificar su legislación e introducir el sistema de listados positivos. Ya se dio un paso al respecto en materia de animales de compañía al regularse que “Solo podrán tenerse como mascotas los animales así autorizados por la normatividad vigente”¹⁶. Aunque, con un pobre ejercicio de técnica legislativa, no se asignó la tarea a ninguna entidad y a la fecha no existe dicho listado. Pero este ejercicio no se ha de limitar a los animales de compañía, sino que debe ampliarse a todos los ámbitos en los que se interactúa o utilizan animales.

Fauna liminal

Otra problemática recurrente es determinar a qué autoridad corresponde el cuidado, atención o protección de ciertas especies en razón a su calificación normativa. Un ejemplo paradigmático ocurre con las palomas. Como ya se reseñó, las palomas son consideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como especie introducida y la especie “Columba livia” es comúnmente considerada como “Paloma Doméstica”.

Por otra parte, la normativa ambiental define a la fauna silvestre como “el conjunto de animales que no han sido objeto de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han regresado a su estado salvaje, excluidos los peces y todas las demás especies que tienen su ciclo total de vida dentro del medio acuático.”¹⁷. Articulado con la definición de fauna introducida ya presentada, se llegaría a la conclusión de que la mayoría las palomas son una especie otrora domesticada¹⁸, que fue introducida en territorio colombiano hace centenares, pero que ha regresado a estado salvaje y por ende volvió a ser, normativamente hablando, silvestre.

¿Han de ser protegidas las palomas por la autoridad ambiental al ser fauna silvestre? O ¿ha de ser controlada por la autoridad ambiental al ser especie introducida? O ¿ha de ser atendida y controlada, por haber sido domesticada, por los entes territoriales? O peor aún, ¿ha de ser intervenida por la autoridad de salud a la manera de situación de plaga cuando su aumento poblacional genere conflicto con la ciudadanía o el ecosistema?

En la literatura se ha venido abriendo paso cada vez más la noción de “fauna liminal”¹⁹ para hacer referencia a ciertas especies a las que, normativamente, es difícil caracterizarlas en uno u otro extremo de lo asilvestrado, lo domesticado y lo introducido. Piénsese otra vez en las palomas, una especie usualmente estigmatizada por ser introducida (hace cientos de años) y porque se la relaciona con situaciones de plaga o transmisión de enfermedades zoonóticas (con escasa evidencia científica).

Con la noción de fauna liminal se reconoce la dificultad de encasillar a esta y otras especies en uno u otro extremo y se aboga para que dejen de ser estigmatizadas. Las palomas son, como todos los animales, seres con expectativas propias de existencia que merecen protección y estrategias de interacción tanto respetuosas como responsables. La introducción del concepto de fauna liminal en la legislación vendría a evitar esta estigmatización y a facilitar la atribución de competencias específicas a las autoridades para que asuman sin evasivas la responsabilidad por su protección.

Adopciones controladas y albergues para especies introducidas

Una vez una especie fue introducida superando el sistema preventivo de la amenaza sancionatoria, el control policial y la conciencia ciudadana, las alternativas de solución pasan al difícil campo de la atención del ya irreversible problema.

Sabido es que la reintroducción al medio (o país) natural de un animal es casi utópica. No solo involucra el presupuesto y gestión de un Estado, sino el de varios, con lo que pocas veces tiene éxito la que sería la solución más adecuada. De ahí que deba abrirse el debate por un grupo de soluciones no óptimas, pero sí menos lesivas para el animal.

La entrega en adopción controlada, esto es, previa atención y verificación de esquemas de salud que incluya vacunación, esterilización e identificación con microchip (según el caso, claramente), además de brindarse educación respecto de los cuidados necesarios para la especie, no encuentra asidero legal claro en Colombia²⁰ y obliga a la autoridad ambiental a la erradicación del espécimen. Valdría la pena abrir el debate por la existencia de esta figura.

Otra solución, aunque polémica y costosa, pasa por la construcción específica de centros de atención para la fauna introducida²¹. Sin embargo, no ha de perderse de vista que la creación de albergues, independiente de la especie de que se trate, es sintomática del fracaso de la política y las acciones preventivas. Normalmente estos se quedan cortos y sus gastos de funcionamiento desbordan la realidad presupuestal de cualquier ente territorial y nacional, sobre todo en países en vías de desarrollo.

Pero también es cierto que no en todos los casos es viable la entrega en adopción y que la otra alternativa restante es el sacrificio. Como sociedad ha de abrirse el debate por la responsabilidad con la vida animal y por la protección de los ecosistemas que implique la inversión de recursos. Hay que dimensionar la responsabilidad frente a la explotación animal y medioambiental ejercida por la especie humana. Y, por supuesto, esto implica asumir cargas presupuestales.

No puede negarse que la prevención del tráfico y de la introducción de fauna exótica es la única solución efectiva, pero miles de animales no deberían pagar con su vida por la incapacidad de la especie humana para solucionar los problemas que ella misma crea.

Entre tanto, que alguien se atreva a responder ¿cómo juzgar a un erizo?