SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.10 issue2Traditional production practices and their characteristics in an African-Colombian community: the case of Bebará, middle Atrato river, Chocó provinceAnaerobic digestión: biotechnological mechanisms in waste water treatments and their application in food industry author indexsubject indexarticles search
Home Pagealphabetic serial listing  

Services on Demand

Article

Indicators

Related links

  • On index processCited by Google
  • Have no similar articlesSimilars in SciELO
  • On index processSimilars in Google

Share


Producción + Limpia

Print version ISSN 1909-0455

Rev. P+L vol.10 no.2 Caldas July/Dec. 2015

 

Prácticas ambientales éticas en el ejercicio interdisciplinario del derecho*

Ethical environmental practices in the interdisciplinary practice of law

Práticas ambientais éticas no exercício interdisciplinário do direito

Adriana Patricia Arboleda López**

* Artículo de reflexión producto de investigación posdoctoral denominada "La mediación pedagógica interdisciplinar para la Solución Alternativa de Conflictos, a través de las virtudes Aristotélicas" desarrollado en convenio marco entre la Corporación Universitaria Lasallista y el postdoctorado en Educación con Enfoque en Complejidad e Investigación Transdisciplinar de la Universidad Simón Bolívar, realizado en el año 2015, el cual es dirigido por la Pos Dra. Cecilia Correa de Molina. Financiado por el Fondo para el Desarrollo Investigativo Lasallista.
** Doctora en Derecho Procesal Contemporáneo (2013). Magíster en Derecho Procesal (2009), especialista en Derecho Administrativo (2000). Abogada conciliadora (2012), de la Universidad de Medellín. Coordinadora del Programa de Derecho de la Corporación Universitaria Lasallista, Directora del Centro de Conciliación Lasallista Juan Rafael Cárdenas Gutiérrez del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Corporación Universitaria Lasallista. Docente investigadora, Directora del grupo de investigación en derecho GRIDE de la Corporación Universitaria Lasallista. Miembro de la Red de Derecho Procesal. Caldas, Colombia

Autor correspondencia: Adriana Patricia Arboleda López, email: adarboleda@lasallista.edu.co
Artículo recibido: 18/11/2015; Artículo aprobado: 11/12/2015


Resumen

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su capítulo tercero, determinó los derechos colectivos y del ambiente, y en el artículo 79 estableció que todas las personas tienen el derecho a gozar de un ambiente sano fomentando la educación para el logro de estos fines. La Educación Ambiental se debe proponer desde las diferentes disciplinas (sociólogos, filósofos, médicos, educadores, comunicadores, contadores, economistas, abogados, entre otros). Cuidar el ambiente se convierte en una actividad interdisciplinaria fundamental en beneficio de la comunidad. Entendiendo que el ejercicio de la profesión del derecho es una de las disciplinas que genera desgaste ambiental en el excesivo consumo de papel, se propone hacer uso de los medios tecnológicos y electrónicos de comunicación que permite la ley para minimizar el consumo del papel. De hecho en el nuevo Código General del Proceso se establece el Plan de justicia digital para la formación y examen de expedientes. De igual forma el Ministerio de Justicia y Derecho estableció el procedimiento virtual para el procedimiento conciliatorio y para la aplicación del arbitraje, entre otras buenas prácticas ambientales a implementarse en el ejercicio del derecho. Existe una resistencia entre abogados a cambiar el documento físico por el documento virtual. Una buena práctica ambiental que promueve el Estado es la cultura "cero papel" en entidades públicas y privadas.

Palabras clave: prácticas ambientales, ética, interdisciplinariedad, derecho.


Abstract

The Colombian Constitution of 1991, in its third chapter, defined the collective and environmental rights and in its article 79 it established that everybody is entitled to enjoy a healthy environment, boosting education in order to achieve these goals. Environmental education must be proposed from all of the different disciplines (sociology, philosophy, medicine, education, communication, accountancy, economy and law, among others). Taking care of the environment is then an interdisciplinary crucial activity that benefits the community. Understanding the practice of law as one of the disciplines that brings environmental wear and tear, due to the excessive consumption of paper, the proposal here is to use the technological and electronic means allowed by the law in order to minimize the use of such material. As a matter of fact, the new civil procedure code establishes a digital justice plan to make and assess files. Besides, the Colombian ministry of justice and law established virtual law for conciliations and arbitration, among other environmental practices. There is a resistance in the practice of law concerning the change from physical to virtual documents. An environmentally friendly practice boosted by the State is the "zero paper" culture in public and private organizations.

Key words: environmental practices, ethics, interdisciplinarity, law.


Resumo

A Constituição Política da Colômbia de 1991, em seu capítulo terceiro, determinou os direitos coletivos e do ambiente, e no artigo 79 estabeleceu que todas as pessoas têm o direito a desfrutar de um ambiente saudável fomentando a educação para a conquistas destes fins. A Educação Ambiental se deve propor desde as diferentes disciplinas (sociólogos, filósofos, médicos, educadores, comunicadores, contadores, economistas, advogados, entre outros). Cuidar o ambiente se converte numa atividade interdisciplinária fundamental em benefício da comunidade. Entendendo que o exercício da profissão do direito é uma das disciplinas que gera desgaste ambiental no excessivo consumo de papel, se propõe fazer uso dos meios tecnológicos e electrónicos de comunicação que permite a lei para minimizar o consumo do papel. De fato no novo Código Processual Civil se estabelece o Plano de justiça digital para a formação e exame de expedientes. De igual forma o Ministério de Justiça e Direito estabeleceu o procedimento virtual para o procedimento conciliatório e para a aplicação do arbitragem, entre outras boas práticas ambientais. Existe uma resistência no exercício do direito a cambiar o documento físico pelo documento virtual. Uma boa prática ambiental que promove o Estado é a cultura "zero papel" em entidades públicas e privadas.

Palavras chave: práticas ambientais, ética, interdisciplinaridade, direito.


Introducción

Este artículo pretende sensibilizar a los diferentes operadores jurídicos y del ejercicio de la profesión del derecho que desempeñan funciones en entidades públicas y privadas, docentes y estudiantes del derecho, en la promoción de una cultura del cuidado del medio ambiente implementando la virtualidad cuando la Ley lo permita, además de promover el uso adecuado del papel, minimizar su consumo excesivo, y tener en cuenta que la profesión del derecho es una de las disciplinas que genera mayor consumo de papel.

La evolución tecnológica aporta una mejor calidad de vida al hombre; en el ejercicio del derecho presenta ventajas de inmediatez en las consultas y notificaciones que se hacen por los canales electrónicos y que evitan desplazamientos, pérdida de tiempo y desgaste económico.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, y fomentar la educación para el logro de estos fines. Por esto, ha creado diferentes políticas que promueven la cultura para cuidar el medio ambiente mediante el mínimo consumo del papel.

Implementación de buenas prácticas ambientales en el ejercicio del derecho. Caso: algunas entidades de la Administración Pública

Plan de justicia digital

Cuando se piensa en un despacho judicial se viene a la mente un escritorio con una torre de papel que conforma el expediente judicial; en Colombia se viene adelantando el Plan de Justicia Digital, integrado por todos los procesos y herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales y ejercer el litigio en línea, según se estableció en el parágrafo primero del artículo 103 del Código General del Proceso. Los inicios de este plan se dieron en 1996, con la Ley 270, que le asignó al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) la función de propender la incorporación de la tecnología de avanzada al servicio de la Administración de Justicia, lo que incluye el trámite de procesos en medios electrónicos. Posteriormente las leyes 527 de 1999 y 594 del 2000 precisaron que un expediente electrónico debe satisfacer la garantía del origen de los documentos que lo conforman, garantizando que no exista alteración en el proceso de archivo y conservación.

Sin embargo, la tecnología, se está desarrollando a pasos muy lentos, y de nuevo se promueve, en los años 2011 y 2012, respectivamente, cuando el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), y el Código General del Proceso (CGP) idearon la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en estas áreas.

De conformidad con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA), y según lo dispuesto por el artículo 56 referido a la notificación electrónica de actos administrativos, en concordancia con el numeral 1 del artículo 67 del mismo código, se autorizan las notificaciones por esta vía electrónica para ahorrar tiempo, papel y costos en la realización de estas diligencias. En este caso el procedimiento será a través del envío de copia íntegra y auténtica del acto a notificar en la dirección electrónica que el servidor haya autorizado expresamente, indicando los términos, recursos, manera de interponerlos y funcionarios ante los cuales ha de presentarse, para el ejercicio del derecho de contradicción. La notificación se entenderá surtida a partir del día siguiente al recibo del correo electrónico por parte del respetivo funcionario, y a partir de allí correrán los términos para presentar los recursos. Justamente, referido anteriormente el CPACA dio un plazo de cinco años a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que implemente el expediente judicial electrónico, esto es, el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro del proceso.

Por su parte, el Código General del Proceso (CGP) permite que esos actos se realicen a través de mensajes de datos, la gestión de expedientes digitales y el litigio en línea, lo cual deberá implementarse y ponerse en práctica de forma gradual, en el Plan de Justicia Digital.

Por otro lado, la Ley 1709 del 2014, que reformó el Código Penitenciario y Carcelario, establece que los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad lleven el registro de sus actuaciones en un expediente digitalizado y usen medios electrónicos en la realización y conservación de las audiencias y diligencias.

Efectivamente, en Colombia ya se tiene el primer fallo de una sentencia en un expediente digital donde: en el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Ibagué se profirió una sentencia tramitada totalmente por medios electrónicos, adoptada en un proceso radicado el 23 de septiembre del 2013. Según el Consejo Superior de la Judicatura este fallo marca el inicio del litigio en línea y representa un avance significativo en la transformación cultural, el incremento de la eficiencia y eficacia de las decisiones judiciales, y el fortalecimiento de la capacidad institucional.

Igualmente en algunos países ya se esta implementando la virtualidad, tales como:

  • Panamá (L. 15/08): permite el uso de medios electrónicos en el trámite y la sustanciación de los procesos judiciales.
  • Paraguay (L. 4017/10): reconoce la validez jurídica de la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico y regula su utilización.
  • España (L. 18/11): fija las condiciones para realizar la íntegra y obligatoria tramitación electrónica de los procedimientos. Así, determina el foliado, copiado y archivo de los documentos electrónicos, la firma digital, la sede judicial electrónica y demás aspectos de esta gestión. Incluso recientemente la reforma a la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla la obligación de que los juzgados trabajen exclusivamente a través de medios electrónicos a partir del 1 enero de 2016 dejando el soporte papel en un formato subsidiario.
  • Costa Rica (Circ. 139/11): establece el procesamiento de las acciones judiciales cero papel, por medio de autos digitales, el empleo de Internet y el acceso a través redes internas y externas (Ámbito Jurídico.com, 2015).

Formación de una cultura de ahorro en papel para los ministerios

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en concordancia con la estrategia de eficiencia Administrativa del Gobierno Nacional, genera estrategias de "cero papel" a partir de algunas recomendaciones de Gobierno en Línea, que se exponen a continuación:

  • Se genera una estrategia que permita racionalizar el uso de papel, el reciclaje e implementación del archivo electrónico, creando así unos hábitos sencillos para el correcto uso del papel.
  • Existen importantes oportunidades para lograr reducciones en el consumo de papel en la Administración Pública mediante campañas de tipo cultural asociadas con la formación de buenos hábitos de la optimización del papel, que en organizaciones privadas y públicas han proveído ahorros importantes en insumos y espacios de almacenamiento, favoreciendo mejoras en la productividad.
  • Las evidencias de las actividades realizadas por la Administración Pública son registradas en documentos de archivo tales como: memorandos internos, actas, resoluciones, órdenes administrativas, circulares, oficios y demás documentos de apoyo. En un alto porcentaje estos documentos tienen como soporte físico el papel, desde su creación y/o recibo y en los procesos de distribución generalmente se exigen copias adicionales e innecesarias de los mismos. En las etapas previas a la producción final de un documento es frecuente la impresión de dos y hasta tres borradores para su revisión y en la mayoría de los casos solo utiliza una cara de la hoja y no se aprovechan eficazmente las herramientas existentes tales como el correo electrónico, la red interna, los sitios web internos, repositorios de documentos entre otros, que constituirían potenciales alternativas a la utilización del papel. Si bien la estrategia de Cero Papel en la Administración Pública tiene un componente de gestión documental y tecnológica importante, se pueden alcanzar reducciones significativas con los recursos que actualmente disponen las entidades. La formación de una cultura de ahorro en papel, que usa racionalmente los recursos, redundará en una mejor y más fácil adaptación a los cambios relacionados con la gestión documental y, por ende, la utilización de documentos electrónicos de archivo.
  • El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción sistemática del uso del papel mediante la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y medios electrónicos. Es una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La oficina Cero Papel no concibe la eliminación radical de los documentos en papel (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013).

La ética en las buenas prácticas ambientales

Entendiendo que las buenas prácticas ambientales son instrumentos para la mejora medioambiental de la sociedad, encontramos que cuando un conjunto de acciones sencillas implica un cambio de actitud y de comportamiento en nuestras actividades diarias, promoviendo una relación amigable, cordial y respetuosa con el ambiente, se presenta un componente ético del "cuidado de sí" y del otro.

Hablando sobre las virtudes éticas, se entiende la virtud como el hábito que hace el bien en las acciones de los seres humanos y que requiere de la prudencia para desarrollar los actos justos (Garcés y Giraldo, 2013a, 165). De la misma manera, Rumoroso (2014, 198) habla sobre el sentimiento ético y moral como disposición de los sujetos y su relación con la virtud del ciudadano excelente como lo debe ser el ciudadano que cuida del medio ambiente, en el entendido de la virtud, de acuerdo con el pensamiento aristotélico, como el término medio, regulado por la recta razón (Garcés y Giraldo, 2013b, 181). En este sentido la responsabilidad también es con la sociedad, dada su función de promotor de las buenas prácticas ambientales.

La ética en las buenas prácticas ambientales se refleja en el ejercicio de las diferentes disciplinas cuando se es cuidadoso con el medio ambiente, cuando se es responsable y mesurado con el consumo del papel.

En el sentido práctico se tiene ética cuando en una oficina de trabajo, sea de una entidad pública o de una privada, se controla el uso del papel como aporte al cuidado del medio ambiente; así por ejemplo,

    […] se realiza impresiones a doble cara, se reduce el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar, se reduce del tamaño de letra y fuentes al imprimir, se realiza la lectura y corrección en pantalla antes de imprimir, se hace un uso correcto de impresoras y fotocopiadoras, se reciclaje de papel, se usa la intranet, se usa el correo electrónico para evitar impresiones injustificadas, se hace la fotocopia a doble cara, se hace la configuración correcta de los documentos antes de imprimir, se evita copias e impresiones innecesarias, se reutiliza el papel usado por una cara".(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2013)

La interdisciplinariedad en las buenas prácticas ambientales

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de evitar el uso del papel, la Judicatura y diferentes entidades de la Administración Pública conformaron un grupo interdisciplinario integrado por magistrados, jueces, abogados, sociólogos, psicólogos e ingenieros de sistemas de diferentes instituciones, para diseñar e implementar procedimientos que lograran la integración e interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades para la recepción de la demanda y el trámite judicial a través de correos electrónicos, con las medidas de seguridad que permitan la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, además de los beneficios para el medio ambiente como son el ahorro de papel y la reducción de los residuos; igualmente, la disminución del consumo de recursos naturales empleados en la fabricación del papel, de la contaminación producida por los materiales con los que se blanquea el papel, de la energía empleada en imprimir y fotocopiar y de los residuos contaminantes como el tóner y los cartuchos de tinta.

De hecho, para las diferentes entidades de la Administración Pública desde el 3 de abril de 2012 hay una directiva presidencial en la que se ordena "sustituir, en lo posible, el uso de papel por documentos y canales electrónicos". De esta forma, la Rama Judicial empieza a cumplir con esta meta que, se espera, beneficie a los usuarios de uno de los sistemas judiciales más lentos del mundo.

La interdisciplinariedad en las buenas prácticas ambientales se presenta en el aporte de las diferentes disciplinas que operan la Administración Pública en el ejercicio de derecho; así, se puede observar que la gran mayoría de entidades se están transformando, por ejemplo: en las notarías todo se maneja con huella digital;en la Contraloría todos son documentos digitales; con el Consejo Superior de la Judicatura se tiene un plan en desarrollo para hacer el expediente judicial electrónico; se tiene una política de 'cero papel' en el Estado,que debe ser operada por ingenieros de sistemas, economistas, abogados, entre otros. Esta estrategia, además de los impactos en favor del ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia administrativa.

Con el fin de avanzar en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública, los organismos y entidades deberán identificar, racionalizar, simplificar y automatizar los trámites y los procesos, procedimientos y servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión de las entidades (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, s.f.).

Conclusiones

Aunque se cuenta con un gran número de normas aplicables a la implementación de la virtualidad, como buenas prácticas ambientales, falta sensibilizar, socializar y divulgar entre los operadores jurídicos.

Tampoco se cuenta, en el caso de la Administración Pública, con una estructura tecnológica que permita la implementación de estas buenas prácticas ambientales.

Persiste la falta de capacitación de los funcionarios y ciudadanos en la que se promueva la cultura de las buenas prácticas ambientales en el ejercicio del derecho.

No se cuentan con los recursos económicos ni materiales, y algunos jueces, empleados públicos y privados, y abogados se resisten al cambio electrónico.


Referencias bibliográficas

Ámbito jurídico.com. (2015). Expediente electrónico, ¿se quedará en el papel?. Recuperado de: http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-14021309expediente_electronicose_quedara_en_el_papel/noti-140213-09expediente_electronicose_quedara_en_el_papel.asp?Miga=1.         [ Links ]

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Asamblea.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (1970). Decreto 1400 Del 06 de agosto de 1970 "por el cual se expide el Código de Procedimiento Civil". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (1996). Ley 270 del 07 de marzo de 1999 "estatutaria de la Administración de Justicia". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (1999). Ley 527 del 18 de agosto de 1999 "por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 594 del 14 de julio de 200 "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1437 del 18 de enero de 2011 "por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1564 del 12 de julio de 2012 "por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Congreso de la República de Colombia. (2014). Ley 1709 del 20 de enero de 2014 "por medio de la cual se reforman algunos artículos de la Ley 65 de 1993,de la Ley 599 de 2000, de la Ley 55 de 1985 y se dictan otras disposiciones". Bogotá: Congreso.         [ Links ]

Garcés, Luis F. y Giraldo, Conrado. (2013a). La virtud: la recta razón en el profesional que experimenta con animales. Civilizar. Revista Lasallista de Investigación. 12 (23), 181-192.         [ Links ]

Garcés, Luis F. y Giraldo, Conrado. (2013b). La responsabilidad profesional y ética en la experimentación con animales: Una mirada desde la prudencia como virtud. Revista Lasallista de Investigación. 10 (1), 164-173.         [ Links ]

Hernández, Antonio. (1978). Constitución española del 27 de diciembre de 1978. España.         [ Links ]

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (s.f). Cero papel en la administración pública. Buenas Prácticas para reducir el consumo de papel. Cómo reducir el consumo de papel mediante la formación de nuevos hábitos en los servidores públicos. Bogotá: Mintransporte.         [ Links ]

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (2013). Informe cero papel documento buenas prácticas. Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bogotá: Minvivienda.         [ Links ]

Rumoroso, José A. (2014). La imparcialidad y el código Iberoamericano de ética Judicial. Logos: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Salle. A. C. N.° 22 (189-206).         [ Links ]