Recibido el 15 de abril de 2014, aprobado el 28 de mayo de 2014, actualizado el 5 junio de 2014

A partir del Informe Brundtland (WCED, 1987) se extendió el concepto de desarrollo sustentable como un nuevo paradigma que alude a la satisfacción de las necesidades de la población actual y futura, en relación con el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y su conservación. Desde entonces se han realizado estudios sobre la sustentabilidad ambiental en diferentes escalas o dimensiones espaciales (Winograd, 1995; Ronchi et al., 2002). Asimismo, se han generado investigaciones para conocer la capacidad de carga de los ecosistemas, así como la viabilidad económica de las actividades productivas.

No obstante, la mayoría de las evaluaciones señalan condiciones precarias en materia de preservación y conservación del medio ambiente, por lo que los indicadores de sustentabilidad se han convertido en una útil herramienta de toma de decisiones para los gobiernos nacionales y locales, comunidades y actores sociales (Hammond et al., 1995 en González et al., 2006).

En lo que respecta a la dimensión social de la sustentabilidad como la han definido diversos autores (Azar et al., 1996; Enkerlin et al., 1997) son pocas las evaluaciones que van más allá de indicadores que describen la satisfacción de necesidades básicas, quedando pendientes o sin considerar otros aspectos del desarrollo sustentable como la equidad intra e intergeneracional, el nivel de organización social o la capacidad de gestión de una comunidad o región, la conformación de las redes sociales, el capital social y humano y la respuesta y organización de la sociedad frente a las estructuras de mercado y sus procesos de cambio.

En cuanto al tema de la equidad socioambiental, Larrain (2002) destaca la Línea de Dignidad como elaboración conceptual que pretende conciliar los objetivos de la sustentabilidad ambiental con los objetivos distributivos de la equidad social y la democracia participativa. El énfasis está puesto en la satisfacción de las necesidades humanas ampliadas, es decir, incluyendo la operativización de los derechos civiles.

Desde esta perspectiva, se ha cuestionado la inclusión del factor económico, asociado al crecimiento del PIB, como el factor estructural de la sustentabilidad. Al equiparar esta visión con las dimensiones sociales, ambientales y políticas de la sustentabilidad se le ha dado un sesgo economicista que la ha distorsionado en términos de sus componentes y ha entremezclado los objetivos macroeconómicos y los sociales, condicionando la sustentabilidad al crecimiento económico sostenido (Larrain, 2002).

De manera puntual, Villagómez (2006, p. 42) agrega que:

Las dimensiones actuales del crecimiento económico en el ámbito mundial lo han vuelto una amenaza para la conservación de los recursos naturales. Esto concierne directamente al agua, por lo que en foros internacionales se han empezado a discutir las opciones de su gestión como recurso escaso. En el terreno científico, el concepto de 'ruptura' ambiental y social expresa la necesidad de crear métodos de análisis con nuevos conceptos, articulados a las condiciones actuales que guardan los recursos no renovables.

Por su parte, Lowey (2008) señala que el valor que mejor representa a la dimensión social de la sustentabilidad es el de la equidad, en su sentido más amplio y abarcativo. En su trabajo, Lowey focaliza la atención –metodológicamente– en los sistemas productivos del campo como ejes de ruralidad y destaca que:

La equidad social (no igualdad) se puede traducir en calidad de vida –comparable– entre los miembros de una comunidad o sociedad. Por definición, debe satisfacer demandas actuales y futuras, intra e intergeneracionales. Para lograr ambos niveles debemos trabajar, entre otras cosas, en el diseño de unidades rurales que satisfagan estas demandas y su promoción en el tiempo. (Lowey, 2008, p. 4)

Para ello, propone algunos productos o resultados de una transformación rural con equidad social:

A lo que podríamos agregar que, para el logro de dicho proceso interactivo intra e ínter, en el puente de la interfase entre la equidad intrageneracional y la intergeneracional, jugará un papel clave el fortalecimiento de la identidad, la participación social y la territorialidad ejercida desde el ámbito local o comunitario.

En cuanto a la importancia de la organización social y el capital social, Norman Uphoff ha reportado, a través de diversas investigaciones y trabajo de campo los grandes resultados y beneficios de la Acción Colectiva en sistemas de riego entre comunidades y sistemas que se enfrentan a problemáticas de escasez y de manejo del recurso hídrico.

Con base en un estudio de caso en Sri Lanka, Uphoff y Wijayaratna (2001) reconstruyeron analíticamente los componentes del capital social y la importancia de su alcance en el manejo del agua. Allí, se establecieron organizaciones campesinas en el sistema de riego de Gal Oya a principios de los años ochenta con una combinación de roles, normas y valores que respaldaron una acción colectiva mutuamente beneficiosa.

Ello produjo ventajas evidentes en el desempeño y eficiencia del sistema. En la temporada seca de 1997, luego de que los agricultores fueron informados de que no había suficiente agua en la represa para irrigar una plantación de arroz, con base en sus organizaciones lograron obtener una cosecha más que regular de 65.000 acres gracias a una distribución eficiente y equitativa de los recursos hídricos. La cooperación de las etnias quedó demostrada por el hecho de que los campesinos cingaleses, establecidos río arriba, compartieron el agua con los campesinos tamiles que vivían río abajo.

El sistema de roles y normas de organización creado por los campesinos, con la asistencia del Instituto de Investigación y Capacitación de Sri Lanka (ARTI) y la Universidad de Cornell, fue capaz de distribuir un volumen muy limitado de agua en forma tan moderada, aunque efectiva, que se obtuvo una producción superior a la normal con sólo una parte del abastecimiento de agua que se consideraba necesaria. Las normas y expectativas que fueron evocadas y reforzadas por estas organizaciones también entregaron un respaldo a la repartición equitativa de agua. Las orientaciones de valores compartidos alentaron a los campesinos de más arriba a asegurarse de que los campesinos que vivían río abajo también pudieran obtener una buena cosecha, cosa que fue aún más sorprendente porque las zonas ubicadas río arriba y río abajo son cultivadas por grupos étnicos diferentes y, a menudo, rivales. (Uphoff y Wijayaratna, 2001)

Durante las dos últimas décadas se ha producido un considerable interés sobre la temática de la acción colectiva y su relación con la administración y manejo sustentable de los recursos naturales. En este sentido, se destacan los trabajos de Ostrom (2000) y Ostrom y Ahn (2003) quienes alrededor del debate sobre la tragedia de los comunes, postulan que, en muchos casos, los bienes públicos y los recursos de uso común pueden ser gestionados de manera colectiva sin que, por este hecho, se llegue a la degradación ambiental.

Ostrom (2000, p. 26-27) ha señalado que la expresión "la tragedia de los comunes" ha simbolizado la degradación del ambiente que puede esperarse siempre que muchos individuos utilizan al mismo tiempo un recurso escaso. No obstante, nos dice Ostrom, que en diversos estudios realizados en diferentes regiones y países a través del mundo, se reconoce que el acrecentamiento del capital institucional se deriva de la acción colectiva, asimismo se sostiene que el capital social –basado en la reciprocidad, la confianza, la colaboración y la importancia de compartir un futuro común– es una plataforma sobre la cual se pueden construir acuerdos institucionales mayores y complejos. Ostrom llega a esta conclusión a partir del análisis de varios casos de organizaciones que manejan recursos de uso común, y que podrían extenderse o aplicarse al manejo del agua para riego agrícola.

Davison Mazabel
El Colegio de Veracruz

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• Enkerlin, E. et al. (1997). ¿Un nuevo paradigma? Ciencia ambiental y desarrollo sostenible. México: International Thomson.         [ Links ]

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• Hammond, A. et al. (1995). Environmental indicators: A systematic approach to measuring and reporting on environmental policy performance in the context of sustainable development. Washington, D.C.: World Resources Institute.         [ Links ]

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• Loewy, T. (2008). Indicadores sociales de las unidades productivas para el Desarrollo Rural en Argentina. Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, 9, 75-85. Red Iberoamericana de Economía. http://www.redibec.org/IVO/rev9_06.pdf (11/05/09).         [ Links ]

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