Recibido el 15 de abril de 2014 , aprobado el 15 de octubre de 2014, actualizado el 1 noviembre de 2014

DOI: 10.17151/luaz.2015.40.1

Como en los viejos tiempos, el establecimiento trata de acallar la realidad del desbarajuste del sector rural acudiendo a viejas argucias para dividir el movimiento agrario. Lo hizo López Pumarejo al sancionar las leyes de tierras (200 de 1936 y 100 de 1944) diseñadas para formalizar la tenencia de la tierra, que más fue para apaciguar a los campesinos y contentar a terratenientes. Luego Lleras Restrepo promovió la creación de la ANUC, como una estrategia para acabar con las movilizaciones campesinas. Se trataba de organizar a los campesinos desde la lógica y la manipulación del Estado y no de un movimiento organizado y dirigido por los campesinos. Hoy se repite la lógica de la manipulación, el presidente Santos inventa un Pacto Agrario y negocia en La Habana con los actores armados el futuro del campo, como parte de su estrategia reeleccionista. En todos estos procesos los más interesados en el desarrollo rural no se ven reflejados. Al menos, no quienes representan una posición patriótica incluyente: las dignidades campesinas y los movimientos étnicos han venido jalonando una cumbre agraria.

¿Por qué luchan los actores rurales? es la pregunta básica. Porque el sector rural está amenazado por todos los flancos y se atenta contra la tenencia de la tierra, es la respuesta inmediata. Como siempre la tenencia de la tierra en manos de los campesinos ha sido vulnerada y el despojo ha constituido una constante: sea por desplazamiento, por fallidas reformas, por concesiones a emporios internacionales o por pérdida de rentabilidad de las actividades agropecuarias. Pero entre estos, analicemos un aspecto que es estructuralmente crítico porque atenta contra la soberanía del territorio.

En materia de política pública la constante en los últimos 20 años ha sido la desprotección del sector agropecuario, esto se ve en el desmonte de la política sectorial, del crédito de fomento, de los servicios de extensión; de la minimización de la investigación agraria, de la abolición de los precios de sustentación, de la firma de tratados de libre comercio, entre otros. Empero, la desprotección del desarrollo agropecuario nacional paradójicamente no ha desvalorizado la tierra, por el contrario, el suelo se convirtió en objeto preciado para la especulación en manos de multinacionales extranjeras. Es decir, es algo así como que se desprotege a los productores nacionales llevándolos hasta límites de la quiebra, pero a la vez se flexibiliza el mercado de tierras para beneficio de inversionistas extranjeros. Así es evidente que el auge de dólares para el sector posiblemente provenga de inversionistas extranjeros dispuestos a realizar jugosas inversiones, con pírricas ganancias para los nacionales y amplios márgenes de rendimiento derivados del derecho de explotar el suelo colombiano por décadas, amparados en una legislación que cada vez es más laxa con los inversionistas que han encontrado en la política nacional la disposición de vender el territorio por partes.

Obviamente, esto tiene raíces en los intereses de la banca internacional. De hecho, en el documento del Banco Mundial (2007) "Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidad", el tema central radica en lograr que la tierra se flexibilice. De esta manera se propician condiciones siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial sobre el uso eficiente de la tierra, según el cual se requieren condiciones que faciliten la movilidad de los derechos de propiedad, de modo que la tierra pueda utilizarse en actividades, según el Banco, más productivas y por usuarios más eficientes (Álvarez, 2012). De allí que para el Banco Mundial la prioridad sea la política de tierras resolviendo el problema de la tenencia de la tierra y su respectiva formalización de la propiedad, de ahí que la política de restitución de tierras del gobierno de Santos tiene como primer paso la formalización de los títulos.

El gobierno aspira a que entre el año 2011 y el 2015 la meta de formalización de predios rurales alcance 1,5 millones de hectáreas en terrenos baldíos (Álvarez, 2012). Sobra decir que tal formalización de predios y restitución de tierras no es distributiva, ni busca un control social de la riqueza y los factores de la producción, por el contrario, dicha medida se propone un ordenamiento productivo atado a la lógica empresarial, la reprivatización y la acumulación de capital, en función del mercado internacional (Pérez, 2012). Complementariamente, las políticas contempladas en el acápite sobre Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo del documento Bases para el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) publicado por el Departamento Nacional de Planeación (2010) confirman la intención de "revisar las restricciones asociadas con la Unidad Agrícola Familiar (UAF), buscando un balance entre la corrección de la concentración de la propiedad rural y la incorporación de tierras y pequeños propietarios al desarrollo de proyectos agroindustriales liderados por inversión privada". Tal intencionalidad había sido antes anunciada en el artículo 63, de los 106 de su Programa de Gobierno, donde precisaba promover la gran producción agropecuaria y el artículo 69 conminaba a acabar con la traba burocrática de la UAF¹, lo que en resumen significa que los baldíos del Estado. Estos tradicionalmente se habían concebido para entregárselos exclusivamente a pobres del campo, con el Plan "Prosperidad para Todos" se le traspasarán en adelante a cualquier empresa nacional o extranjera y para fomentar la conformación de Zonas de Desarrollo Empresarial en tierras baldías de la nación. A su vez, un artículo de la Ley 160, que presiona que las tierras campesinas originadas en planes del Estado continúen siendo tierras campesinas, la política ahora es que puedan terminar transfiriéndosele a magnates del agro.

Esto significa flexibilizar un mecanismo para prevenir la inequitativa distribución de la tierra y su fraccionamiento. Así, el Estado colombiano, con la formalización de la propiedad y la flexibilización de la UAF, está facilitando la inversión de grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, que tendrán seguridad en sus inversiones en tierras. Al ser eliminada la UAF, se quita lo que para empresarios resultaba una 'traba a la inversión' (Álvarez, 2012) y así podrán hacerse a vastas extensiones de tierra para establecer un modelo de agribusiness donde los campesinos podrán asociarse en una figura de servidumbre moderna. Ya el Gobierno colombiano ha sido claro en señalar que hay que separar la propiedad del suelo de lo que se pusiera sobre el suelo, con las implicaciones explicadas por Robledo (2012) sobre la insistencia del gobierno en que los campesinos sean socios de grandes inversionistas y que puedan trabajar como jornaleros en esas megainversiones. Es evidente que esto es una presentación amable de lo que en la práctica es un despojo de la propiedad campesina legitimada mediante lo que se ha denominado el derecho de superficie, así, un campesino el día de mañana podrá ser propietario de su parcela y lo que haya sobre la tierra ser de un inversionista nacional o extranjero o un banquero (Robledo, 2012). Es una forma de rentismo paupérrimo.

Desde 2009 multinacionales de distintos países se han apropiado de más de 10 millones de hectáreas de tierras rurales en África, América Latina y Asia. En Colombia, se han detectado más de 50 mil hectáreas en poder de compañías extranjeras (Robledo, 2012).

El promedio de las fincas en el fenómeno de extranjerización a nivel global es de 40 mil hectáreas. El 25% de dichas fincas superan las 200 mil hectáreas. Y como si fuera poco, los informes del Banco Mundial precisan que apenas el 20% de ellas va a producción, que el 80% se compran por el simple cálculo de la especulación inmobiliaria. Lo que se añade a un fenómeno grave que padecemos en Colombia, y es que buena parte de las tierras agrícolas ya no están destinadas a uso agrícola o ganadero, sino que se tienen como negocios de especulación inmobiliaria. La inversión extranjera puede terminar sumando en esta dirección, lo que sería de una gravedad inaudita. En el debate de la extranjerización hay que incluir el de la concentración de la tierra rural, porque no puede pensarse en extranjerización sin concentración.

Esto constituye una muestra más de la esencia perversa de una política pública en materia agraria, que propicia una concentración de la propiedad rural y crea condiciones para el surgimiento de conflictos (PNUD, 2011). De hecho, ya desde los años noventa en Colombia se evidencia una consolidación de un gran poder territorial como producto del conflicto, en el cual actores armados (narcotráfico, paramilitares y guerrilla) propiciaron un ambiente de zozobra que induce el desplazamiento de comunidades campesinas, con el consecuente abandono de más de 6 millones de hectáreas de tierras, conllevando a una concentración de la propiedad de la tierra, que hace que hoy se tenga un coeficiente de Gini de 0,88, respecto al de 0,86 del año 2000 (Álvarez, 2012). A estos males hoy se suma uno más, la extranjerización del territorio.

A manera de conclusión podemos resaltar que lo primero es la defensa del territorio; de la tierra trabajada por millones de compatriotas que han sacado frutos de este recurso y la han conservado desde tiempos inmemoriales. Sin tierra no hay desarrollo rural. Por ello, la tierra debe distribuirse entre los colombianos laboriosos y garantizar las condiciones mínimas para el aprovechamiento de las actividades agropecuarias. Esto demanda una reforma agraria democrática incluyente que favorezca a los poseedores de la pequeña propiedad, que es la base de la economía campesina; a los resguardos indígenas; a las tierras de los consejos comunitarios de las etnias afrodescendientes y también a empresarios nacionales del agro, que bien podrían manejar las tierras para generar riqueza y empleo.

No significa que se desdeñen los acuerdos con empresarios internacionales, también estos podrían participar en la generación de riqueza, siempre y cuando se impongan desde el Estado límites a propiedad en manos extranjeras y que el mayor usufructo sea para los nacionales.

Jairo Mora Delgado, Ph.D.
Universidad del Tolima.
Grupo de Investigación Sistemas Agroforestales Pecuarios.
jrmora@ut.edu.co

• Álvarez, P. (2012). Mercado de tierras en Colombia: Acaparamiento o soberanía alimentaria. Bogotá, Colombia: IMCA.         [ Links ]

• Bancó Mundial (2007). Colombia 2006-2010: una ventana de oportunidad. Notas de políticas presentadas por el Banco Mundial World Bank. Washington. 295 p.         [ Links ]

• Departamento Nacional de Planeación (2010). Bases para el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014) Prosperidad para todos. DNP. Bogotá. 591 p.         [ Links ]

• Pérez, M. (2012). Políticas agrarias en Colombia: Una mirada desde el desarrollo legislativo. Cuadernos de Semillas, 2, 8-14. Bogotá, Colombia.         [ Links ]

• PNUD. (2011). Colombia rural. Razones para la esperanza. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. Bogotá, Colombia: Autor.         [ Links ]

• Robledo, J.E. (2012, 7 de diciembre). Agro y proceso de paz en Colombia. Recuperado de http://www.moir.org.co/Agro-y-proceso-de-paz-en-Colombia.html

¹. Donde se levanta la prohibición de adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Para citar este artículo: Mora, J. (2015). Una subasta del territorio rural colombiano. Revista Luna Azul, 40, 01-04. Recuperado de http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=content&task=view&id=995