¿NUEVOS HORIZONTES EN LAS RELACIONES ENTRE AMÉRICA LATINA Y LOS ESTADOS UNIDOS? ^*

Vicente Torrijos R ^**, Juan Sebastián Granada ^***

^** Profesor Titular de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. tutoriascontorrijos@yahoo.com

^*** Profesor Auxiliar de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. granadacardona@yahoo.es

Recibido: 11 de Abril de 2012 - Aceptado: 18 de Mayo de 2012

El presente artículo analiza las relaciones recientes entre América Latina y los Estados Unidos. Empieza haciendo un breve recuento histórico haciendo hincapié en los distintos sucesos que han generado un cambio en el comportamiento mutuo, luego se establecen los campos de acción y después se tratan las especificidades sobre las que están evolucionando las relaciones hemisféricas.

Palabras clave: Cooperación, intercambio, seguridad, defensa, América Latina, Estados Unidos.

This article analyzes the recent relations between Latin America and The United States. It begins with a brief historical account with emphasis on the different events that have generated a change in the mutual behavior, then sets the fields of action and finally deals with the specifics on which hemispheric relations are evolving.

Key words: cooperation, Exchange, security, defense, Latin America, United States.

Este artigo analisa as recentes relações entre a América Latina e os Estados Unidos. Ao inicio se faz uma breve revisão histórica, com ênfase nos diversos acontecimentos que levaram a uma mudança no comportamento mútuo, em seguida se estabelecem os campos de ação e depois se abordam as especificações sobre as quais estão evoluindo as relações hemisféricas.

Palavras chave: cooperação, intercâmbio, segurança, defesa, América Latina, Estados Unidos.

Los Estados Unidos han mantenido con Latinoamérica constantes relaciones a lo largo de la historia. La política exterior estadounidense, de hecho, se construyó sobre un discurso de fortalecimiento de las relaciones con el hemisferio, y durante más de un siglo el centro de su atención en materia internacional fue la construcción de una estructura hemisférica en la cual ellos serían el elemento protagónico.

No obstante, los sucesos del siglo XX ampliaron el espectro de acción de los Estados Unidos, lo que los definió ya no como potencia hemisférica, sino como potencia mundial. En esa medida, su política exterior no estaba planteada exclusivamente sobre la base de las relaciones con Latinoamérica, sino, fundamentalmente, sobre la preponderancia de su discurso liberal en todo el mundo (Fensterwald, 1958).

La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada, primordialmente, por la lógica maniquea capitalismo/socialismo que enmarcó la dinámica de la guerra fría, con el enfrentamiento EEUU/URSS.

El fin de la guerra fría y la aceleración de la globalización, con los procesos anexos de integración y regionalización, forjó una nueva vocación internacional en las relaciones entre los países, con lo cual los Estados Unidos tuvieron que apostar de nuevo a la consolidación de las relaciones directas con los países de Latinoamérica, sin que eso fuera impedimento para que su vocación de potencia global decayera.

Los sucesos del 11 de septiembre, sin embargo, han modificado apreciablemente esta nueva estructura, sin desmantelarla del todo (Trubowitz & Mellow, 2011; Boyle, 2011). Por estas razones, Estados Unidos continúa nutriendo su interés en la región en un número de temas sensibles, y a su vez, organiza una política internacional que atiende varios frentes críticos a nivel geopolítico en materia de la lucha contra el terrorismo.

El gobierno de Bush mantuvo un interés primordial en la definición del nuevo discurso antiterrorista de los Estados Unidos, razón por la cual, las relaciones de los Estados Unidos con Latinoamérica durante la primera década del siglo XX se concentraron en temáticas relacionadas principalmente con la seguridad y la lucha contra el terrorismo (Ayerbe, 2010; Prud'homme, 2009, p.245).

Con el cambio de gobierno, la administración Obama ha exhibido su interés por retomar el curso de las relaciones entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica, yendo más allá de las temáticas tratadas en la década Bush.

Dicho renovado interés revela un contexto de cambio o por lo menos de renovación en las prioridades de las relaciones de la región. ¿En qué sentido podrían cambiar y cuáles serían los efectos de ello?

En este artículo se analizarán precisamente las prioridades que, dentro del discurso político regional, marcarán los nuevos horizontes en las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos en el futuro cercano.

Las transformaciones en las relaciones regionales responden no sólo a los intereses particulares de los gobernantes, sino a factores de índole político-económico que muchas veces exceden el marco de decisiones de los actores. Identificar los grandes ejes de las relaciones resulta fundamental para comprender su estado actual y su orientación.

Partiendo de los análisis clásicos, pero todavía pertinentes de Rogers (2010), es capital revisar dichas relaciones teniendo en cuenta que, primero que todo, Estados Unidos no ha sido un observador desinteresado y su papel sigue siendo central en las dinámicas políticas y económicas de todo el continente. Y en segundo lugar, es importante reconocer que sus intereses como potencia regional están directamente relacionados con el crecimiento continuo de los países de la región, sobre todo en materia de desarrollo industrial y fortalecimiento económico (Rogers, 2010, pp.166-167)

Además de ello, no se puede dejar de considerar a Estados Unidos como un elemento fundamental para la gobernanza regional, sobre todo si se tiene en cuenta que, como lo anota adecuadamente Dexter Boniface (2010, p.52), este sigue siendo tanto el principal inversionista, como el principal socio comercial, sin contar con el hecho de que, pese a la erosión de la doctrina Monroe, no se ha dado un escenario de verdadera autonomía ni económica ni política en Latinoamérica.

De igual manera hay que puntualizar que el análisis que se realiza de las relaciones entre América latina y los Estados Unidos se encuentra enmarcado en el contexto de un descenso relativo del poder de Estados Unidos (Boniface, 2010, p.51; Nye, 2011, p.106).

En este marco de análisis tampoco hay que olvidar que la política internacional de los Estados Unidos, según la secretaria de estado, Hillary Clinton (2011) actualmente está sustentada en la noción de "poder inteligente", el cual propone una relación dialógica entre el poder militar y poder civil el impulso al desarrollo de alto impacto, y la búsqueda de la paz partiendo de la noción de estabilidad regional (2011, p.93).

Entre los Estados Unidos y sus vecinos más cercanos en la región ha existido un grado muy alto de interdependencia demográfica y económica, la cual ha ido en aumento en la última década por cuenta de las dinámicas de mercado libre y de movilización acelerada impulsados por la globalización.

A este primer factor se suma que, en actualidad, hay varios países latinoamericanos y caribeños que son importantes para los Estados Unidos debido a la incidencia en problemas globales para los cuales la cooperación estrecha y sostenida es fundamental. Estos problemas incluyen: a) cambio climático y otras cuestiones ambientales; b) salud pública, c) narcóticos, d) crimen organizado y pandillas juveniles, e) seguridad alimenticia, f) protección del ciberespacio, g) reforma del comercio internacional y de los regímenes financieros; h) poner freno a la proliferación nuclear, i) lucha contra los movimientos terroristas internacionales (Lowenthal, 2009).

Con respecto a los temas económicos, unos países latinoamericanos son aún importantes para la economía de los Estados Unidos, por ser: a) grandes mercados para la exportación de bienes y servicios desde los Estados Unidos; b) oportunidades de inversión significativas a empresas norteamericanas; c) importantes fuentes de energía, renovable o no renovable, para alimentar la economía estadounidense (Lowenthal, 2009).

Por otra parte, entre las prioridades recurrentes en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y Latinoamérica se encuentra el tema de los valores compartidos (Aya, 2006, p.149) que los Estados Unidos, por lo menos en su discurso político internacional, ha tendido a defender. En este aspecto cobra fundamental relevancia la defensa de los derechos humanos fundamentales y la promoción de la democracia de corte liberal.

No obstante, el tratamiento de todos estos temas no ha tenido una dirección unívoca en la región. Tradicionalmente los Estados Unidos han definido sub-áreas geoestratégicas para la definición de su política exterior con los diferentes países de la región. Por cuestiones de cercanía territorial, presión demográfica y provecho comercial, Centroamérica y el Caribe han sido tratados como una sub-área distinta de Suramérica.

En cuanto a Suramérica, la preponderancia que ha alcanzado Brasil durante los últimos años lo ha convertido, junto con Colombia, en centro principal de los intereses estadounidenses a la hora de fortalecer los vínculos tanto políticos como económicos en el hemisferio; como se verá, son estos dos países los que en los años de la administración Obama han plateado nuevos desafíos puntuales en la definición de una política exterior clara con respecto a Latinoamérica.

Estas situaciones cambiantes indican que de cara al futuro cercano se perfilan nuevas prioridades en las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica; de hecho, la última gira del presidente Obama, realizada a principios de 2011 evidencia, desde ya, los cambios que, en algunos temas sensibles, tendrán las relaciones hemisféricas.

Es imprescindible, para ello, identificar cuáles han sido los principales cambios discursivos que se plantean en el encaminamiento de las relaciones, más allá de la administración Obama, pues esta información será no sólo útil para evidenciar la base de la estructura de la política exterior estadounidense y de la política mundial actual, sino, sobre todo, la reestructuración de la percepción de Latinoamérica en el contexto mundial.

En primer lugar, a) la formación aun en ciernes de nuevas alianzas regionales, b) la erosión de los Estados Unidos como superpotencia, y c) la degradación del tema ideológico, han reconfigurado la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y los países de América Latina.

La reconfiguración en las relaciones ha obedecido en parte a la focalización de algunos países de la región en el fortalecimiento de las diferentes subunidades regionales (como la UNASUR, la ALBA, el MERCOSUR) como estructura de contrapeso a la dependencia política de los mismos hacia lo que se ha conocido como el respice polum (Tussie, 2009).

No obstante, el multilateralismo latinoamericano ha tenido falencias en materia de integración y regionalismo (Legler, 2010, p.2; Tussie, 2009, p.176), tema que ha permitido la persistencia de los Estados Unidos como eje y motor agrupador en variados proyectos tanto bilaterales como multilaterales.

En segundo lugar, la naturaleza de las alianzas no ha obedecido en los últimos años a la solidaridad político-ideológica, aunque este factor sigue mediando en el nivel de fortaleza o debilidad de los vínculos de los Estados Unidos con Latinoamérica; estos vínculos, por otra parte, se vieron herrumbrados por la percepción negativa que se ha heredado desde la última administración Bush (Serbín, 2010a, p. 8; Leogrande, 2007, pp.383-384).

Lo anterior, sin embargo, no ha sido óbice para la estructuración de la política exterior en el hemisferio; de hecho, en los últimos años las alianzas entre Estados Unidos y Latinoamérica han tendido a ser más fluidas, obedeciendo a parámetros de índole comercial y económica, más que de índole política. Esto por factores decisivos tales como la apertura de nuevos espacios de concertación, la decadencia de antiguos foros como la CAN, la complejidad de la situación de EEUU después del 11-S, y, finalmente, el impacto de la globalización económica en la estructuración de las políticas de integración (Serbín, 2010a, pp.7-8).

En tercer lugar, la mencionada erosión de los Estados Unidos como superpotencia ha reubicado a este actor en una posición de interdependencia compleja con respecto a los países de la región, lo cual se evidencia en factores de relevancia actual, tales como el tratamiento de temáticas de medio ambiente, actividad económica y, principalmente, aquellas relacionadas con la seguridad interna e internacional.

Por último, otro factor que ha incidido en los últimos años, y cada vez con mayor fuerza en las relaciones exteriores de los países, ha sido el del aumento e importancia de los actores no estatales en la definición de criterios para la formulación de la política exterior de los mismos. Estados Unidos y los países de Latinoamérica son cada vez menos autónomos para precisar las directrices de sus relaciones bilaterales y multilaterales en la medida en que el rol desempeñado por actores tanto subnacionales como supranacionales se ha convertido, tanto en motor, como en impedimento, para la mismas.

En este contexto que se puede catalogar como de difusión del poder¹, el gobierno de Barack Obama ha aspirado a reconfigurar las relaciones con los países del hemisferio, con miras a dar solución a un número de problemas que sobre todo en materia de seguridad y de comercio internacional, o bien han subsistido por varias décadas, o bien se han presentado como nuevos desafíos de la escena actual.

Una de las primeras aspiraciones del gobierno estadounidense actual tiene que ver con la ampliación las alianzas flexibles con Latinoamérica para fomentar la solidaridad democrática entre los países.

Con base en el supuesto de los intereses y desafíos comunes, la política actual de los Estados Unidos ha querido conformar una agenda común para apoyar el desarrollo institucional de los países latinoamericanos y proteger a su vez las libertades fundamentales que sustentan un discurso político que, desde la perspectiva de los estadounidenses, debe configurar al hemisferio.

En este sentido, una de las principales preocupaciones en este tema es el que ha sido llamado el "peligro de los populismos" que tiene como figura más representativa a Hugo Chávez.

Según este discurso político en el que sin duda se los sataniza (Carranza, 2009, p.286), la política exterior de los Estados Unidos tiene como objetivo fomentar las alianzas con miras a poner en duda la viabilidad de gobiernos que buscan consolidar su poder en la región mediante mecanismos no constitucionales, la supresión de derechos fundamentales y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Esta postura sobre la democratización tiene una estructura discursiva doble, dado que a la vez que tiende a apoyar una revaloración democrática en todo el continente, es plataforma fundamental que sustenta los intereses internos de los Estados Unidos.

La amenaza de los gobiernos cercanos a la postura chavista o castrista se materializa en dimensiones económicas, industriales y militares, y pone en riesgo tanto a las democracias de la región - sobre todo las andinas - como a los Estados Unidos.

De esta manera, el tema de seguridad cobra mayor importancia dentro del análisis de la democratización en la región, en la medida en que se parte del hecho de que mejores democracias, más cercanas al discurso liberal democrático sostenido por los Estados Unidos, disminuirían la lógica de amenaza terrorista que en el contexto actual pone en vilo la estabilidad de los Estados Unidos.

Por lo anterior, la agenda actual de los Estados Unidos, impulsada por medio de las últimas giras del presidente Obama y de su secretaria de Estado, ha promovido la conformación de proyectos de índole bilateral y multilateral que propugnen el desarrollo socioeconómico de los países de Latinoamérica.

Estos objetivos han sido definidos, en orden de prioridades como: integración económica, planes de democratización institucional, proyectos de energía y medio ambiente, asistencia y apoyo al desarrollo, y formación de grupos de seguridad colectiva.

Con respecto al tema de la integración económica, los Estados Unidos han venido adelantando tratados comerciales individuales en América latina, lo que ha representado una forma semi-exitosa de contrarrestar la integración política de la región que ha tendido a dejarlo fuera de juego.

Con el gobierno Obama se ha avanzado en el establecimiento de acuerdos de índole comercial bilateral que desde hacía varios años se encontraban dentro de la agenda regional (Prud'homme, 2009, p.249).

Los proyectos comerciales con Colombia y Panamá, por ejemplo, no son una política que ha nacido con el gobierno de Obama. Sin embargo, habiendo tenido su origen en negociaciones con administraciones anteriores, no se habían podido formalizar. Obama había declarado su interés por formalizarlos pronto para que se construyera, finalmente, un área de influencia y cooperación más concreta entre los países de Latinoamérica y los Estados Unidos.

En cuanto al TLC con Colombia los intereses de los Estados Unidos están focalizados en su puesta en marcha inmediata por dos razones. Primero, por la complementariedad de las economías en cuestión (González & Godoy, 2007), y segundo, por la urgencia del mercado interno estadounidense, que corre el riesgo de verse relegado por la pronta firma de nuevos tratados entre Colombia y otros países, lo que, eventualmente, sacarían del escenario algunos productos norteamericanos.

Esta agenda de integración económica es un principio básico de la nueva política internacional estadounidense en la medida en que el sostenimiento de su influencia en el hemisferio está ligado de manera directamente proporcional a la capacidad para establecer vínculos comerciales con los diferentes países de la región (SELA, 2011).

En ese sentido, el principal desafío de la política exterior de Obama ha sido el combatir los proyectos paralelos de alianzas económicas impulsadas por otros gobiernos, no sólo de la región, como lo han estado haciendo Brasil y Venezuela a través del Mercosur y la ALBA (Altmann, 2010, pp. 35-36), sino de otras potencias económicas mundiales como China, que en los últimos años ha logrado establecer exitosamente acuerdos comerciales con países como Chile, Perú o Costa Rica, o Brasil, principal socio comercial de China en Latinoamérica (Lechini & Giaccaglia, 2010, p.60), lo que efectivamente inclina la balanza de poder hemisférico, y supone una amenaza directa hacia los intereses de los Estados Unidos en la región.

En este punto es relevante mencionar que si bien es cierto que la influencia de China como nueva potencia en la región es una realidad que se ve reflejada en las cifras comerciales de las dos últimas décadas (ver gráfico 1), los beneficios de esto para la región deben relativizarse.

Primero, se ha tendido a identificar la inversión china con un automático crecimiento en los países de Latinoamérica, lo cual, según Jenkins, es ingenuo y demasiado optimista (2010, p.834).

Hay que comprender que la creciente influencia china en la región es todavía un fenómeno limitado que debe competir precisamente con actores bien establecidos mediante vínculos políticos e históricos que van más allá de las coyunturas económicas (Choo, 2009, p.87)

Segundo, Jenkins precisa que también se pueden generar secuelas perjudiciales, relacionadas fundamentalmente con el incremento de la especialización latinoamericana en productos primarios, lo que reduciría su capacidad competitiva a largo plazo (2010, p.834).

De igual forma, el puntal económico de la política exterior estadounidense actual comprende otro factor muy relevante en el contexto contemporáneo: la crisis financiera. Desde su llegada al poder, Obama ha manifestado un compromiso que no ha podido materializarse con respecto a la política económica mundial y que en parte responde a la agudización de la crisis en Europa y a la actual incapacidad de los gobiernos para aplacarla de manera inmediata.

Frente a la crisis financiera de Europa, la política de Estados Unidos en la región ha buscado establecer acuerdos que protejan al hemisferio de los factores de inestabilidad (SELA, 2011) y, de esa manera, garanticen el buen curso de las dinámicas socioeconómicas entre los estados de la región. Pero es de esperarse que los efectos de la misma sean devastadores y supongan una reestructuración extensa en la economía mundial.

El refuerzo institucional de la democracia no puede desarrollarse como una política general que abarque de manera multilateral solamente el interés discursivo de los Estados Unidos por la estabilidad de la democracia en la región. Por ello, el gobierno Obama ha sostenido la importancia de mantener los apoyos directos que su gobierno dirige a los países, pero encaminándolos prioritariamente a proyectos de fortalecimiento institucional.

Este tema se ha estado cursando, también, a través de la formación de programas como Caminos, cuyo objetivo es fomentar la idea de la compatibilidad entre el desarrollo democrático y el desarrollo de mercados abiertos, y, en esa medida, la política estadounidense ha buscado apoyo del BID, la OEA y la CEPAL (Boniface, 2010, p.51), como impulsores no gubernamentales de proyectos de cooperación democrática.

Esto demuestra, una vez más, la trascendencia que en la última década han estado adquiriendo las organizaciones supranacionales en la formación y en la consolidación de la política exterior; estas organizaciones han servido de marco institucional fundamental para que los acuerdos y los proyectos de orden multilateral se fortalezcan y tengan mayor cohesión, tanto a nivel organizativo como temporal.

Como se puede ver en esta combinación entre propulsión institucional bilateral y multilateral, la política internacional estadounidense pretende mostrar un interés en reforzar a largo plazo la concurrencia de diferentes instancias políticas y económicas para diversificar y potencializar el nivel de articulación con Latinoamérica.

Este, sin embargo, ha sido un tema difícil de manejar, toda vez que la necesidad de mantener agendas paralelas y a veces contradictorias con los países de la región, muchas veces le ha restado eficacia a los objetivos que se ha trazado el gobierno actual.

Por ejemplo, en la agenda actual, el fortalecimiento institucional de la democracia con base en el impulso de proyectos e intereses de los Estados Unidos, ha debido enfrentarse a discursos herederos del Grupo de Río, el cual, por principio, se había mantenido como una opción exclusivamente latinoamericana y caribeña.

Así, la instauración de recientes organismos intergubernamentales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), demuestra el proyecto de promoción de proyectos de integración que aspiran a prescindir de los Estados Unidos en un nuevo andamiaje institucional.

Ya desde hacía unos años, los temas del Grupo de Río no sólo se relacionaban exclusivamente con los asuntos coyunturales tradicionalmente tratados, como el desarme y las drogas, la seguridad, y la intervención (García, 2002, p. 214); este grupo había empezado a impulsar en los últimos años proyectos de preservación del sistema democrático por medio de la interlocución con bloques como la Unión Europea, y la búsqueda de la concertación regional a través de la programación de proyectos de concertación y coordinación (García, 2002, p.213).

Se entiende, entonces, que esta situación ha desplazado a Estados Unidos fuera del escenario de interlocución directa con los nuevos proyectos de integración latinoamericanos; la CELAC, de hecho, ha radicalizado aun más el distanciamiento desde el año 2010, al proponerse impulsar su integración no sólo mediante la apropiación de los fundamentos del Grupo de Río y los acuerdos de la CALC, sino también a partir de la centralización de otros mecanismos y agrupaciones ya existentes en el continente (CELAC, 2010).

En ese sentido, la agenda norteamericana en la región ha debido proyectar avances que, sin reñir necesariamente con proyectos como el de la CELAC, promuevan también la institucionalización de la democracia en el continente.

No obstante, la prioridad que ha ido adquiriendo este tema en el medio oriente para la política exterior estadounidense desde el 11 de septiembre (Naji & Jawan, 2011, p. 97), ha impedido que se adelante un debate más consistente sobre las falencias que algunos países de la región tienen en materia de democratización; esto ha permitido que las propuestas de la CELAC cobren todavía mayor importancia.

Cabe anotar que, frente a los avances que se han dado en materia de institucionalización democrática, Venezuela y Cuba han sido excepciones notables y recurrentes, por constituirse, por una parte, en amenazas latentes para la estabilidad de los Estados Unidos (Hernández, 2008, p.53), y por otra, en promotores de las relaciones antidemocráticas de la región.

En la medida en que el impulso de los programas de democratización institucional durante el gobierno Obama ha estado sustentado, dentro del campo discursivo, en el fomento de valores democráticos de igualdad y libertad, el tema institucional es fundamental para los Estados Unidos, pues, como se anotó, esto implicaría avances en el tema de seguridad, que es una de las principales preocupaciones actuales de los Estados Unidos (Nau, 2010, p. 32).

Sin embargo, ha sido poca la atención directa de la Secretaría de Estado frente a problemáticas particulares en la realización de elecciones, los cambios constitucionales, la inestabilidad de los poderes, y la desvirtuación del pluralismo ideológico.

Las situaciones de crisis en Honduras en el 2009 y en Ecuador en 2010, el conflicto diplomático entre Costa Rica y Nicaragua a partir del 2010, y las recurrentes tensiones entre Venezuela y Colombia no han contado con la participación relevante de los Estados Unidos como mediador, aun cuando todas éstas sean muestras relevantes de fisuras democráticas que han afectado la estabilidad de toda la región.

Las prioridades diplomáticas de los Estados Unidos en esta temática, como se observa, tendrían que fortalecer los vínculos multilaterales con el continente para contrarrestar los desatinos y los errores en los que han caído los otros grupos o las diversas propuestas impulsadas de manera autónoma. A pesar de ello, la tendencia actual sugiere que no se realizarán cambios relevantes en el manejo de las prioridades estadounidenses en este aspecto institucional, lo cual confirma un estancamiento regional en materia de coordinación política y a su vez una priorización sobre los intereses comerciales.

En lo que se refiere a los proyectos de energía y medio ambiente, a pesar de su novedad en la agenda, este es un tema que ha alcanzado gran significación para la región, tanto si se consideran los objetivos individuales de los países, como los intereses grupales.

Actualmente Estados Unidos depende en más del 50% de las fuentes de energía de la región, lo que convierte a ésta en objeto de sus prioridades para reconstituir un espacio de mercado energético.

En la última década, el tema energético ha sido fundamental en relación con los aspectos de desarrollo socio económico en Latinoamérica, y para los Estados Unidos se configura en una prioridad a atender, de cara al mantenimiento de su rol preponderante en la política mundial.

Las guerras afrontadas en la década, el estado de tensión permanente con los países de oriente medio y las amenazas que se han formulado en torno a la dependencia del petróleo, han sido factores cardinales para que los diferentes gobiernos, y sobre todo el estadounidense, busquen implementar nuevas fuentes energéticas que los hagan menos dependientes del petróleo.

En la última gira por Latinoamérica, el presidente Obama ha sostenido reuniones tanto con los mandatarios de los países como con miembros de la sociedad civil y el sector privado para impulsar, con mayor eficacia, un mercado regional energético en el cual participen de manera coordinada tanto los países de Centroamérica como los de Suramérica.

En este sentido, se han esbozado proyectos de cooperación de energía limpia con algunos países de Centroamérica como el Salvador, y se está estructurando una alianza de energía y clima de las Américas (ECPA), en la que participen, de nuevo con mayor importancia, no sólo los gobiernos sino las organizaciones subnacionales y supranacionales interesadas en el tema (Clinton, 2010).

Esta iniciativa se concreta en objetivos tendientes a impulsar a) la eficiencia energética y el desarrollo de energía renovable, b) el buen uso de combustibles fósiles más eficientes y menos contaminantes, c) la establecimiento y ajuste de una infraestructura energética más atinada a las necesidades actuales, con miras a mitigar la insuficiencia energética de algunas zonas de la región, y, d) estimular el uso de la tierra y silvicultura sostenibles.

Los intereses de los Estados Unidos en este sentido unifican las prioridades económicas con las políticas, puesto que este tipo de proyectos modificaría la dependencia de este país con respecto a las fuentes no renovables de energía a la vez que promovería el desarrollo de los otros países de la región.

Los planes en materia energética y medioambiental dirigidos por la administración Obama en la región han tendido a fomentar las acciones correctoras con respecto a las prácticas y políticas desarrolladas entre los países de la región. Y en ese sentido, se ha buscado la implantación de proyectos prioritarios como los mencionados anteriormente, con el objetivo de anteponer los intereses generales y la responsabilidad mundial a los intereses particulares económicos.

Si bien este tipo de programas tienen por objetivo realizar una constante revisión sobre las acciones que se han tomado en conjunto en la región con miras a fomentar proyectos de desarrollo sostenible desde los presupuestos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la inexistencia de medidas coercitivas que evalúen e impulsen avances relevantes en este tema, y el nivel de compromiso de los acuerdos realizados indica que es poco probable que se den progresos apreciables durante la administración Obama.

En cuanto al tema de la asistencia y apoyo al desarrollo, varios ejes de acción se han estado desarrollando en los últimos años, durante la administración Obama. Una de las prioridades se encuentra en la variable demográfica, habida cuenta de que muchas de las naciones latinoamericanas han sufrido de una explosión demográfica que ha minado su capacidad estatal para garantizar la estabilidad interna.

De igual forma, el tema de los derechos humanos incide en los proyectos de democratización y desarrollo, dado que el irrespeto por la cultura de la oposición interna se constituye, como se mencionó anteriormente, en una problemática grave en algunos de los países de la región. Así mismo, el tema es más complejo para los Estados Unidos, por cuenta de las diferencias culturales que distancian la cultura democrática estadounidense de la latinoamericana.

Frente a estos temas, que requieren una estrategia coordinada y de primer nivel, la política exterior estadounidense, en sus ánimos de fortalecimiento de las relaciones con la región, no ha avanzado mucho. Las políticas concretas que se han desplegado, han tendido, como se explicó, a fortalecer las alianzas flexibles de índole comercial, y a dejar, en materia de desarrollo político institucional, solamente apoyos de inyección económica, que muchas veces, como se puede evidenciar en los resultados que se obtuvieron durante los años 70, no representan beneficios a largo plazo para el desarrollo de los países latinoamericanos².

Así, entonces, más en materia económica, el nivel de apoyo de los Estados Unidos a las naciones latinoamericanas se ha concentrado en el desarrollo de proyectos de crecimiento de las economías y de sus vinculación con el mercado estadounidense, de la institucionalización del sistema económico de las mismas, y de la ampliación de los proyectos de comercio e inversión extranjera (SELA, 2011). Esto ha desfavorecido los proyectos concretos en materia de desarrollo social y capital humano, los cuales se encuentran permanentemente en las agendas de las relaciones entre los países, a pesar de que no siempre se formalizan.

Este último tipo de proyectos, que por lo general son de asistencia técnica, buscan fomentar organismos intermedios que preparen a las naciones latinoamericanas para la competencia en los escenarios de la globalización, maduren los recursos económicos y humanos del desarrollo sostenible, e impulsen, finalmente, la estabilidad de las economías latinoamericanas. El sistema de apoyo norteamericano hacia las democracias de la región sostiene que bajo estos parámetros se garantiza una democracia saludable con tendencia al desarrollo socioeconómico de su población.

La disparidad, por lo tanto, entre la implementación de los proyectos de crecimiento de las economías y la proposición muchas veces desaprovechada de aquellos de desarrollo social y capital humano ha obstaculizado el perfeccionamiento de los planes de desarrollo cooperativo en Latinoamérica.

No obstante, durante la administración Obama se ha querido impulsar proyectos de cooperación para la asistencia y el apoyo al desarrollo a nivel gubernamental, lo que ha significado a) la búsqueda de la cohesión interna en algunos países de Latinoamérica, b) la disminución de los factores de inestabilidad, y c) el incremento de la credibilidad y buena imagen del gobierno estadounidense con sus socios latinoamericanos. De hecho, en este último aspecto se ha generado una buena respuesta por parte de la población, y según el latinobarómetro, la confianza en Obama es mucho mayor que la que se tenía en gobiernos anteriores (Corporación Latinobarómetro, 2010).

El discurso contemporáneo sobre el desarrollo, sin embargo, hace énfasis en la concurrencia de factores no sólo económicos para que éste sea apreciable. Los fallos en las políticas medioambientales, analizadas en otro apartado de este artículo, y la incapacidad de muchos líderes regionales para concretar políticas internas con miras a lograr la equidad social en sus propios países, le restan viabilidad a los programas de desarrollo que se están implantando actualmente.

La presión de la administración Obama para que los gobiernos de los países latinoamericanos muestren resultados positivos en estos aspectos no ha sido suficiente, y, de hecho, muchas veces, ha sido mal recibida por parte de los países.

Los programas de desarrollo, por lo tanto, han carecido del enfoque holístico que se requiere para obtener buenos resultados a largo plazo, o han sido organizados por medio de proyectos inconexos que pretenden fomentar el desarrollo latinoamericano sin contar con el soporte de los Estados Unidos.

El desafío de la seguridad tiene que ver con un contexto común de amenazas compartidas (Salinas, 2010), y un problema común de sistemas inadecuados de seguridad a nivel individual y colectivo.

Compartiendo áreas geoestratégicas sensibles en todo el continente, una de las prioridades de la administración Obama ha sido fomentar los cambios requeridos para afrontar las amenazas por medio de la formación de grupos de seguridad colectiva que respondan a las necesidades de todos los países y a los intereses mutuos.

En primer lugar, por cuenta de la cercanía geográfica, México y Centroamérica han sido objeto de singular análisis y atención durante la administración Obama. La continuación y fortalecimiento de la Iniciativa Mérida es el principal elemento para fomentar los debates en torno al tema de la seguridad.

En esta primera área geográfica, los temas del narcotráfico y el crimen organizado han escalado hasta convertirse en una materia urgente en la política de seguridad compartida por ser precisamente estos los temas que constituyen los principales riesgos y vulnerabilidades para el sistema de seguridad en esta área (Tokatlian, 2009; Salinas, 2010). Por ello, Estados Unidos ha aumentado su inversión económica con el objetivo de sostener la iniciativa Mérida y disminuir, a través de ella, los problemas de crimen, corrupción, tráfico de drogas, entre otros.

Por otra parte, se ha establecido una nueva iniciativa llamada Iniciativa de Seguridad Regional de América Central (CARSI), cuyo objetivo es hacer sostenible la lucha contra la delincuencia, la formación de pandillas y el tráfico de drogas en varios países de Centroamérica mediante la creación de ambientes ciudadanos seguros, el desmantelamiento de redes ilegales, el fortalecimiento de los proyectos de desarrollo en los países de la región, la reapropiación de las comunidades en riesgo por parte del Estado, y la coordinación entre los aparatos estatales y regionales en la proposición de soluciones a los problemas afrontados (Department of State, 2010)

Además, existe la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), cuyo propósito es coordinar, con las otras iniciativas, una asociación para limitar los alcances del crimen transnacional en la región.

Como se puede observar en esta dinámica, esta área es de importancia capital para los Estados Unidos, y el establecimiento de una región más segura se ha convertido en una política primordial para el gobierno actual (Ayerbe, 2010; Carranza, 2009). Esto, sobre todo, porque la acentuación de dichas amenazas incide directamente en diversos factores de índole económica, política y cultural que son, por supuesto, pilares de la estabilidad del hemisferio.

Cabe destacar que la formación de estos proyectos tiene que ver con otra variable relevante en este país: la migración constante de ciudadanos mexicanos y centroamericanos hacia los Estados Unidos (Carranza, 2009, p.288).

La otra área de relevancia para la formación de una política exterior en el tema de la seguridad es la andina. La presencia de grupos terroristas y de apoyos gubernamentales a los mismos se ha convertido en una fuente de amenaza constante, tanto para los países latinoamericanos, como para los Estados Unidos.

La continuación del Plan Colombia entre Estados Unidos y Colombia es un tema que constantemente es debatido, tanto a nivel bilateral, como a nivel colectivo, puesto que, como se ha visto en los últimos años, no es un problema que afecte exclusivamente a estos dos países, sino que tiene efectos negativos en otros países cercanos, llegando incluso a relacionarse con el tema de la ola criminal y de narcotráfico que se vive en México.

La amenaza de grupos como las FARC ponen en entredicho la estabilidad de la región y la viabilidad de los proyectos comunes que se han organizados en los últimos años (Ayerbe, 2010). Ni el rol de seguimiento de la OEA, ni los propósitos establecidos en la UNASUR, ni los planes de cooperación de corto plazo han logrado minar las dinámicas internacionales de este grupo, en gran medida por factores como 1) la persistencia de la crisis en la definición de un sistema de defensa suramericano (Serbín, 2010a, p. 10), 2) la continuidad en las ambiciones nacionalistas, 3) la superposición institucional, y 4) la falta de herramientas políticas para establecer sistemas de seguridad y defensa adecuados (Feinberg, 2010, p. 16).

El Plan Colombia ha demostrado ser exitoso en algunos aspectos, sobre todo cuando ha sido puesto en marcha en coordinación con políticas de seguridad y defensa claras como las de los dos gobiernos de Uribe.

No obstante, la falta de cooperación e interés de los Estados vecinos y la flexibilidad que las FARC han adquirido en la última década no han permitido que se establezca, con éxito, un área estable de seguridad en la región andina (Tokatlian, 2009; González & Godoy, 2007)

Tales elementos son preocupantes para los Estados Unidos toda vez que la vitalidad de las FARC y su nueva estrategia internacional han aumentado su capacidad de acción internacional. Esto, por supuesto, hace de las FARC el grupo terrorista más preocupante del continente.

Otro factor relevante es la red de relaciones que este grupo mantiene, gracias al apoyo de algunos gobiernos, con otros grupos terroristas como la ETA, Hezbolá, Hamás, y con Estados canalla como Libia, Irán o Siria.

Otra de las áreas relevantes para la política de los Estados Unidos es el Brasil. Durante años, los sistemas de cooperación entre Brasil y los Estados Unidos se han ido fortaleciendo; por otra parte, los temas de seguridad alimentaria, energía limpia y superación de la desigualdad han adquirido mayor importancia en las relaciones entre los dos países durante el gobierno Obama.

El avance de Brasil como potencia regional convierte a este país, además, en un tema prioritario para los Estados Unidos, en la medida en que Brasil es actualmente la economía más grande de América Latina y su influencia sobre los vecinos latinoamericanos ha aumentado en los últimos años (Lechini & Giaccaglia, 2010, p. 63; Bethell, 2010, pp. 483-484) convirtiéndolo, a la vez que en un socio preponderante, en motivo de preocupación; esto sobre todo porque su influencia ha minado la relevancia de los Estados Unidos, tanto a nivel político como a nivel económico durante los últimos años (Hakim, 2011, p. 14).

La preponderancia del Brasil está relacionada con su rol protagónico tanto a nivel político en tanto organizador de la transformación de la Comunidad Suramericana de Naciones en la UNASUR (Lechini & Giaccaglia, 2010, p. 67; Oyarzún, 2010, p. 44), como a nivel económico con la formulación del Área de Libre Comercio de Suramérica (ALCSA) y la propulsión del Mercosur.

La promoción de estos proyectos en la última década han convertido al Brasil en un actor geopolítico de primera relevancia en el continente, sobre todo en lo relacionado con el macroproyecto de la integración suramericana.

En ese sentido, la política exterior de los Estados Unidos con Brasil gira en torno a esas dos temáticas, política y económica, para afianzar una dupla coordinada que permita a ambos establecer su agenda de intereses internacionales, sin que de esto resulte un perjuicio para ninguno de ellos.

El gobierno Obama ha buscado, por ello, promover sistemas de cooperación en el tema energético, en el cual Brasil es uno de los líderes mundiales; se han establecido convenios que promuevan el desarrollo de energía hidroeléctrica, beneficiosa para ambos países (Ayerbe, 2010).

A pesar de los intereses compartidos, un punto de incompatibilidad relevante tiene que ver con el establecimiento de las prioridades en los planes de seguridad colectiva en la región (Hakim, 2011, p.15). A través de la UNASUR el Brasil, con el apoyo de Venezuela y Ecuador, han querido establecer ciertos principios dentro del consejo de defensa de la UNASUR que, a todas luces, son incompatibles con los principios que defienden los Estados Unidos y su principal aliado en la región: Colombia.

Este factor ha minado la noción de la seguridad compartida que serviría como basamento para la estructuración de políticas claras y comunes entre Estados Unidos y Latinoamérica. Aun así, Brasil, como potencia regional incuestionable en la región, ha logrado atenuar las tensiones en ese sentido, impulsando nuevas dinámicas de seguridad en la región que promuevan la colaboración entre los países, la interoperatividad y la confianza mutua.

En ese sentido, la llegada de Rousseff a la presidencia ha servido para hacer énfasis en las temáticas de desarrollo y respeto a los derechos humanos, que son base para la construcción de las relaciones multilaterales entre Estados Unidos y Latinoamérica. Esto responde asimismo a una pretensión discursiva clara por parte de los diferentes gobiernos de la región para promover en el hemisferio, espacios claros para fomentar proyectos de regionalización y globalización política y económica.

La presencia de Clinton en la posesión de Rousseff ha sido leída, por ejemplo, como un gesto valioso sobre el deseo de profundizar las alianzas entre los países, y la visita de Obama, durante su última gira por Latinoamérica, confirma la importancia que ha adquirido el Brasil, como eje de las relaciones latinoamericanas, en los últimos años (Hakim, 2011, p.20).

De hecho, el liderazgo regional de Brasil y su rol como actor global requiere de una buena relación con EE.UU, para que, por una parte, a nivel internacional su liderazgo sea percibido de manera positiva y, por otra, sus actuaciones como moderador primordial de la regionalización tenga un desarrollo complejo que supere las posturas antagónicas sur/sur, sur/norte. Esto, básicamente, por cuenta del desafío que supone el liderazgo chavista en la región, el cual concibe la globalización y el sistema internacional en su actual arquitectura como amenazas para Latinoamérica (Serbín, 2010b).

En resumen, las prioridades en relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica atraviesan una gama que parte de las preocupaciones comunes que han persistido históricamente, como el fortalecimiento institucional de la democracia, hasta los nuevos desafíos que suponen modificaciones estructurales en la política internacional de los países de la región.

Como se ha podido ver, todavía deben corregirse ciertos desaciertos que persisten tanto en las agendas, como en los proyectos que se han realizado a nivel bilateral y multilateral. En el panorama actual de las relaciones entre Latinoamérica y los Estados Unidos hay, por lo tanto, elementos significativos que, como lineamientos o directrices, rehuirán a las modificaciones coyunturales que supone el agitado contexto político actual.

Así, de mantenerse el estado actual de la estrategia de integración, los esfuerzos de los países de la región en materia económica implicarán una agilización en la firma de los tratados comerciales propuestos, dado que por medio de esto no sólo los Estados Unidos podrán competir con los proyectos paralelos de alianzas de índole económico que se han mencionado, limitando también la nueva influencia de China, sino que además se sostendrá el sistema de cooperación que mantienen varios de los países latinoamericanos con Estados Unidos, como socio comercial.

Asimismo, vale la pena recordar que en el escenario internacional contemporáneo se mantienen los factores de inestabilidad económica tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, tema que implica la existencia de un riesgo a futuro que se debe mitigar por medio del establecimiento de nuevos campos de vinculación comercial con socios estables en la Unión Europea y Asia, tal como lo está haciendo actualmente Estados Unidos (Sutter, 2010).

Esta búsqueda de nuevos núcleos de desarrollo comercial no se realizará de modo acelerado. Las exploraciones de nuevos mercados, realizadas tanto por los Estados Unidos, como por varios países latinoamericanos, no suponen un enfriamiento inmediato de las relaciones comerciales regionales, las cuales simplemente expandirán sus intereses más allá de su zona geográfica cercana y confirmarán así la tendencia de dispersión de la última década.

Por otra parte, el éxito de las relaciones entre los países de la región requiere del dinamismo de las organizaciones supranacionales, que son las únicas que pueden ofrecer mayor cohesión en los discursos políticos y las agendas internacionales de los países. En esa medida, dichas organizaciones cobrarán cada día mayor importancia y deberán ser propulsadas para evitar la existencia de agendas paralelas y contradictorias en las relaciones Estados Unidos/Latinoamérica, al mismo tiempo que para promover la institucionalización de la democracia en el continente.

Análogamente, en las relaciones regionales es muy importante el control de los factores de riesgo con respecto a los gobiernos de Venezuela y Cuba, los cuales representan amenazas directas para la consecución de una organización estructurada y congruente con los principios democráticos tradicionalmente defendidos de manera colectiva. En el futuro cercano los desacuerdos frente a este tema se podrían convertir en elementos críticos en las relaciones entre el Brasil y los Estados Unidos (Hakim, 2011, p.16).

No obstante, el eventual fortalecimiento de las alianzas regionales suramericanas permitirá, como se enuncio anteriormente, una reestructuración en las dinámicas del multilateralismo norte-sur. Asimismo, los cambios mencionados con respecto al rol de Estados Unidos como superpotencia producirán una revitalización del discurso a favor de la simetría en las relaciones regionales.

En materia medioambiental, como se analizó, mientras no existan medidas coercitivas ni compromiso real con respecto a los acuerdos proyectados entre los gobiernos, los progresos no serán apreciables en la región; este aspecto seguirá manteniendo a los países latinoamericanos, junto con Estados Unidos, lejos de los estándares medioambientales establecidos internacionalmente, lo cual evidencia la contradicción entre los discursos institucionales y la puesta en marcha de los proyectos.

Los desafíos en seguridad en la región necesariamente implican la profundización de una relectura de las amenazas y los riesgos que se deben afrontar, y, por lo tanto, se encuentran en relación con factores tanto internos como externos.

Por lo tanto, las relaciones entre los Estados Unidos y Latinoamérica tendrán que profundizar los sistemas de cooperación, de confianza y de democratización, que son pilares de la construcción de un proyecto orgánico de seguridad colectiva para el mundo contemporáneo. Esta política regional de cooperación tenderá a afianzarse y podría convertirse en la primera preocupación de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica.

De cualquier forma, el rol del Brasil, como se anotó, es fundamental para construir en el futuro relaciones regionales sanas en el continente. El trabajo cooperativo entre los Estados Unidos y el Brasil será la punta de lanza de la dinamización de las relaciones, y, sobre todo, de la institucionalización de las mismas.

Lo anterior presupone, sin duda, cambios en ciertos elementos de las relaciones, pero significa también que contrario a la supuesta degradación en las relaciones regionales, las alianzas promovidas por los países suramericanos y la reubicación de los Estados Unidos en el marco de una interdependencia, fomentarán un mejoramiento en los sistemas de cooperación y relacionamiento entre los países de la región.

¹ Tal como sucede con la aceleración de los flujos de información tanto a nivel tecnológico como económico en la era de la globalización (Al-Katatsheh, & Al-Rawashdeh, 2011, p.111), el contexto político actual se podría catalogar como de power spreading o de difusión de poder, por el número de actores que participan y por las nuevas dinámicas que se desarrollan de manera paralela en la arena internacional.

² Para profundizar en los estudios sobre el tema de cooperación y desarrollo entre Latinoamérica y los Estados Unidos vale la pena remitirse a las obras de Russell Crandall, Michael Kryzanek, Thomas O’Brien y Fred Rosen quienes en la última década se han dedicado a analizar de manera detallada el tema y tienen sendas publicaciones al respecto (2008; 2010).

Gráfico 1. Jankins, R. (2010). Chinas global expansión and Latin America. Journal of Latin American Studies, 4, No. 42, p. 813. Página 11.        [ Links ]

BIBLIOGRAFÍA