Carolina Sampó^**

^* El presente artículo forma parte de los avances parciales del trabajo realizado en el marco del proyecto El alcance de la criminalidad y el uso de la violencia por parte del Estado en Argentina, Brasil y México (2005-2015), aprobado y financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet, Argentina). Asimismo, se incluyen fragmentos que surgen de la tesis de maestría presentada en la Universidad Torcuato Di Tella, que no se encuentra publicada.
^** Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA); magíster en Estudios Internacionales, de la Universidad Torcuato Di Tella. Licenciada en Ciencia Política de la UBA. Profesora Adjunta de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) e investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Programa de Defensa y Seguridad, Universidad Nacional de La Plata, Argentina.Correo electrónico: carosampo@gmail.com

Referencia: Sampó, C. (2017). Narcotráfico y trata de personas, una muestra de cómo el crimen organizado avanza en Argentina. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 12(2), 267-286. DOI: http://dx.doi.org/10.18359/ries.2774

Recibido: 17 de febrero de 2017
Evaluado: 1° de marzo de 2017
Aprobado: 24 de marzo de 2017

Resumen

El avance del crimen organizado en Argentina es evidente. En primer lugar, ha dejado de ser un país de tránsito de droga para convertirse en productor y consumidor. Como consecuencia, las organizaciones criminales han ganado relevancia, y han desarrollado así expresiones de criminalidad asociadas principalmente al narcotráfico, entre ellas la trata de personas.

El presente trabajo busca analizar el avance de la criminalidad relacionada al narcotráfico y a la trata de personas en Argentina. Con este objetivo, el abordaje será cuali-cuantitativo, dado que se utilizan datos duros y se realiza análisis documental. En este sentido, consideramos que el narcotráfico se ha constituido como la mayor amenaza a la seguridad pública, seguida por la trata de personas, lo que afecta esencialmente a los más jóvenes. Se trata de un fenómeno multicausal, facilitado por el emplazamiento geográfico argentino, el control de las fronteras, la debilidad del Estado y la corrupción.

Palabras clave: Argentina, corrupción, crimen organizado, narcotráfico, trata de personas.

Abstract

In Argentina, the advance of organized crime is evident. In the first place, it is no longer a country of drug trafficking and has become not only a producer but a consumer. As a consequence, criminal organizations have gained relevance, developing expressions of criminality associated mainly with drug trafficking. These includes human trafficking.

This paper seeks to analyze the progress of crime related to drug and human trafficking in Argentina.With this objective, the approach will be qualit-quantitative since we will analyze data and we will work with official documents. In this sense, we consider that drug trafficking has become the greatest threat to public security, followed by Human trafficking, both affecting essentially the youngest. This is a multicausal phenomenon facilitated by Argentinean geographical emplacement, border's control, State weakness and corruption.

Keywords: Argentina, corruption, drug traffking, human traffiking, organized crime.

Resumo

O avanço do crime organizado na Argentina é evidente. Primeiro, o país deixou de ser de trânsito de drogas para se tornar produtor e consumidor. Como resultado, as organizações criminosas ganharam destaque, desenvolvendo expressões da criminalidade associada principalmente ao tráfico de drogas. Incluindo o tráfico de seres humanos. Este artigo procura analisar o progresso da criminalidade relacionada com a droga e o tráfico de seres humanos na Argentina. Para este fim, a abordagem será quali-quantitativa considerando que os dados rígidos são utilizados e análise documental é realizada.

Nesse sentido, acreditamos que o tráfico de drogas tornou-se a maior ameaça para a segurança pública, seguido pelo tráfico de seres humanos, essencialmente, afetando aos mais jovems. Trata-se de um fenômeno multicausal, facilitada pela localização geográfica da Argentina, o controle das fronteiras, a fragilidade do Estado e a corrupção.

Palavras-chaves: Argentina, corrupção, crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos.

Introducción

Hace algunos años, Argentina parecía diferenciarse del resto de América Latina por la acotada presencia que el crimen organizado mostraba en el territorio nacional. Sin embargo, desde hace un tiempo es cada vez más evidente que la criminalidad ha penetrado a las estructuras, tanto estatales como privadas, lo que posibilita el avance de este fenómeno en sus diversas manifestaciones.¹ A punto tal que se ha convertido en el tercer mercado a escala global para productos ilegales derivados de la hoja de coca, es decir, pasta base, base de cocaína y cocaína, detrás de Estados Unidos y Brasil (Campero Núñez del Prado, 2016). Si se analiza el fenómeno en términos relativos, Argentina se encuentra en la cima del consumo mundial de cocaína, junto con España. De hecho, de acuerdo con datos del Observatorio Argentino de Drogas (2011), para 2010 se estimaba que el 2,9 % de la población, de entre 15 y 65 años, había consumido cocaína alguna vez. Este porcentaje es de los índices de consumo más altos del mundo y, de acuerdo con el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) (Salvia, 2016), ha aumentado, considerando que el registro de venta de drogas se incrementó cerca de un 50 % entre 2010 y 2014.

Aunque el mencionado incremento se registró en todos los niveles socioeconómicos, parece haber sido aún más profundo, tanto en las llamadas villas (barrios de emergencia) y asentamientos urbanos, como en aquello que el observatorio define como nivel socioeconómico bajo o vulnerable. Adicionalmente, y de acuerdo con los datos vertidos en el mismo informe, el 43,7 % de los jóvenes encuestados (de entre 17 y 25 años) afirma haber consumido alguna vez algún tipo de droga y un 36 % hace uso intensivo de ellas. Aunque es la marihuana, por lejos, la que parece ser la droga más utilizada en ese estrato etario (41,7 % de los jóvenes encuestados la probaron alguna vez), la cocaína pisa fuerte detrás de ella (17 % de los jóvenes consumieron en algún momento este estupefaciente).

La situación geográfica de la Argentina es un dato significativo que ayuda a entender la dinámica que han adquirido las organizaciones criminales en los últimos años, especialmente aquellas relacionadas al tráfico de drogas. Como se puede ver en la figura 1, Argentina limita al norte con Bolivia y Paraguay, al tiempo que comparte la frontera al noreste con Brasil.

Bolivia es uno de los tres productores principales de cocaína (los otros dos son Colombia y Perú, que se encuentra a penas un poco más alejado de la Argentina, pero muy vinculado a través de flujos migratorios); además, es país de tránsito de cocaína peruana y colombiana (Troncoso, 2016). Mientras que Paraguay es el principal productor de marihuana de América del Sur. Por su parte, como ya hemos mencionado, Brasil es el segundo consumidor mundial de cocaína y funciona como ruta de tránsito en el envío de este estupefaciente a Europa.

En este contexto geográfico se despliegan además profundos lazos socioculturales que vinculan desde hace décadas a la Argentina con los tres países mencionados, y que parecen haber funcionado de facilitadores para la llegada de sustancias ilegales, especialmente en los últimos 15 años. Teniendo en cuenta la porosidad de las fronteras, los niveles de corrupción que han penetrado las estructuras públicas y privadas, y la debilidad de las instituciones que encuentran serios escollos para hacerse presentes y ser respetadas en todo el territorio nacional, es imposible no tomar nota del avance del narcotráfico en la Argentina.

En este contexto, el presente trabajo se propone analizar la situación en la que se encuentra Argentina en relación con el crimen organizado. Para ello, nos centraremos en dos de las actividades que más dinero manejan a nivel mundial y que parecen haber acelerado su desarrollo en nuestro país en los últimos tiempos: el narcotráfico y la trata de personas.

Con este objetivo, este artículo se divide en tres grandes secciones: la primera da cuenta de uno de los elementos que han permitido el avance del crimen organizado en nuestro país en la última década, la corrupción; la segunda analiza la situación particular de Argentina con foco específico en el avance del tráfico de drogas y de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, y en la tercera se reflexiona sobre la presencia de grandes organizaciones criminales transnacionales y las características particulares que parecen presentar en nuestro territorio. El trabajo tendrá un enfoque mixto, ya que se utilizan datos cuantitativos y también se realizan análisis documentales.

¿Por qué avanzó el crimen organizado en Argentina?

Los incentivos para que el crimen organizado desembarcara en la Argentina con la intención de quedarse son sin duda múltiples y complejos. Según Yates (2014), existen cuatro explicaciones principales acerca de por qué se ha incrementado la actividad en torno a las drogas en la Argentina, específicamente en Rosario.² Primero, se hace referencia a la influencia de actores externos como carteles mexicanos o colombianos y a su vínculo con las barras bravas del futbol local, encargadas del narcomenudeo y de la cooptación de los denominados ''soldaditos''.³ Segundo, se explica a partir de los altos niveles de corrupción gubernamental y de los problemas vinculados a la porosidad de las fronteras. Tercero, debido al crecimiento de la cultura de las drogas que aparece como respuesta a la criminalización de la pobreza en los barrios más marginados y, finalmente, como consecuencia del auge económico desequilibrado, que muestra bruscos contrastes y se presenta como reacción a la exclusión económica.

En este trabajo sostenemos que el fenómeno no puede ser entendido a partir de una sola de estas explicaciones, ya que el avance del crimen organizado es multicausal. Sin embargo, la existencia de algunas precondiciones ha facilitado el desarrollo de manifestaciones puntuales como el narcotráfico y la trata de personas. Estas son, como se ha mencionado, el emplazamiento territorial de nuestro país; es decir, la proximidad con los países productores de cocaína y marihuana, así como también los vínculos socioculturales y los flujos migratorios históricos provenientes de Paraguay, Bolivia y Perú, ya que, de acuerdo con lo expresado por distintos informantes claves, parecen haber facilitado el ingreso de organizaciones encargadas de traficar drogas.

La porosidad de fronteras que se extienden por miles de kilómetros (742 con Bolivia, 1699 con Paraguay, 1132 con Brasil, 5308 con Chile y 887 con Uruguay, según el Instituto Geográfico Nacional), con características geográficas complejas (ríos, ríos secos y selva) volviendo dificultoso el control de flujos provenientes de países vecinos. Es decir, las carencias en el ejercicio de lo que Krasner (2001) denomina soberanía interna; concretamente, la faltade control en los movimientos de los flujos de personas y mercancías que se producen en el interior del territorio nacional.

En tercer lugar, la debilidad del Estado nacional que muestra serias dificultades para hacer cumplir la ley e incluso para castigar a quienes no la cumplen, y rompen con el orden social vigente. Los mecanismos de trasparencia y control no funcionan en dichos Estados, lo cual posibilita la complicidad con organizaciones criminales, que cuentan con garantía de impunidad, debido a su relación con algunos actores estatales (Alda Mejías, 2015).

Finalmente, el elemento que creemos es determinante y ha tenido un rol central para el avance del crimen organizado en la Argentina: la corrupción.

La cuestión de la corrupción

De acuerdo con el último Índice de Percepción de la Corrupción, desarrollado por Transparencia Internacional (2016), Argentina se ubica en el puesto 95, de 176 países. Donde 100 significa ausencia de corrupción y cero, percepción de muy corrupto, Argentina detenta 36 puntos, muy lejos de los 90 de Dinamarca y Nueva Zelanda (que comparten el primer puesto entre los países con menor percepción de corrupción), cerca de El Salvador, Sri Lanka y Kosovo, por mencionar algunos. En los últimos cinco años la Argentina no ha variado significativamente su posición, y esto muestra preocupantes niveles de percepción de corrupción que impactan en nuestra vida cotidiana.

Mucho se ha discutido en el último tiempo en torno a este tema, sobre todo respecto de su vinculación con la impunidad. Menos se ha debatido alrededor del efecto que esta tiene en la gobernabilidad de los Estados y los efectos que son producidos sobre la seguridad, particularmente en lo que hace al avance de la criminalidad organizada. Si bien este no es un flagelo exclusivo de los países en desarrollo, es cierto que sus particularidades, su grado de institucionalización y su impacto sobre las estructuras estatales sí son en gran medida diferentes entre los países desarrollados y aquellos que no lo son. Es por eso que, aunque es importante acuñar una definición general, es necesario desagregar el concepto y analizarlo.

En este sentido, vale destacar lo que apunta Alda Mejías (2015): ''en la medida en que el crimen organizado se encuentra al margen de la ley y del orden y, por tanto, sus miembros no pueden recurrir a la legalidad para asegurar su existencia, es fundamental establecer estas relaciones con representantes del Estado'' (p. 72). Aunque la autora resalta que estas relaciones son de tipo clientelar, también hace hincapié en que la mayoría de ellas están basadas en la corrupción.

La corrupción ''constituye una trasgresión del sistema normativo de un país que conlleva, además de una sanción jurídica, la desaprobación social'' (Sautu, 2004, pp. 31 y 32). Es importante destacar que se habla de corrupción cuando un acto -no necesariamente ilegal- es reprobado por los valores y las normas que la sociedad civil reconoce cómo válidos. En este sentido, la búsqueda de la materialización de intereses individuales por sobre los colectivos es uno de los criterios definitorios a la hora de condenar como corruptas determinadas acciones, tanto en el ámbito público como privado. Como apunta Sautu, coexisten dos criterios para definir las prácticas corruptas:

La ley define las prácticas permitidas y no permitidas, los derechos y obligaciones y establece las sanciones legales. Se trata de estándares de conducta establecidos normativamente que definen el interés público. Por otra parte, la definición lega se apoya sobre las creencias y opiniones de la gente; no necesariamente todos los actos definidos legalmente como corruptos son así visualizados por la gente común; existen [...] situaciones que son definidas como corruptas aun cuando son normativamente legales. (Sautú, 2004, p. 32)

Por otro lado, es importante no perder de vista cuáles son los actores involucrados en los actos de corrupción, puesto que el lugar que ocupan en la sociedad está relacionado directamente con la forma como dichos actos impactan sobre las estructuras, tanto políticas como sociales. Como sostiene Rose-Ackerman (2001), el poder relativo de negociación entre los actores que pertenecen al Estado y los del sector privado es lo que determina el impacto que la corrupción tiene sobre la sociedad y la distribución de beneficios. Es entonces necesario diferenciar entre dos tipos de corrupción, que no se presentan como necesariamente excluyentes: la ''pequeña corrupción'' y la ''gran corrupción''.

La pequeña corrupción (Jain, 1998), aquella que puede ser definida como administrativa, burocrática y cotidiana, contribuye a romper con los lazos de solidaridad que vinculan a los ciudadanos entre sí y genera un fuerte grado de descreimiento sobre la política y la capacidad de alcanzar el bien común a través de la acción en la esfera pública. La apatía social y política generada -o profundizada- por la corrupción termina por fortalecer el círculo en el que esta se desarrolla y gracias al cual sobrevive. Es por eso que la brecha entre las élites políticas y la sociedad civil se ensancha y se hace cada vez más difícil de sortear.

Por su parte, la gran corrupción -llamamada también corrupción política- hace referencia a los grandes negociados que se desarrollan principalmente en la esfera pública e involucran incluso a miembros de altos estamentos del Gobierno. Los actores implicados en esta categoría son claros: ''[...] los arreglos de la Gran Corrupción forman parte de la trama del poder político y del poder económico. La participación en los grandes negocios no está disponible para actores sociales individuales'' (Sautu, 2004, p. 37). Este tipo de corrupción erosiona la legitimidad de las instituciones de gobierno al deslegitimar a los funcionarios públicos frente a la sociedad civil, ya que implica la asignación de recursos estatales, que deberían ser utilizados para alcanzar los intereses comunes de la sociedad. Estos recursos, en cambio, son utilizados para maximizar los beneficios de un pequeño sector, altamente relacionado con las grandes esferas del poder político. Una característica fundamental de este tipo de corrupción es que, en la conducta de los actores estatales, se desvanecen los límites entre los intereses públicos y los privados.

En este sentido, como resalta Alda Mejías (2015), la existencia de la corrupción política y la presencia del crimen organizado deben ser entendidas como fenómenos correlacionados. Aunque la pequeña corrupción cumple un papel central para que el engranaje general funcione de forma aceitada, es necesario centrarse en la gran corrupción o corrupción política para entender el avance de la criminalidad. En resumen, no puede decirse que el crimen organizado viva al margen del Estado, sino que necesita de él para reproducirse y sobrevivir, ya que es en complicidad con este como se le garantiza impunidad, al tiempo que puede maximizar las ganancias provenientes de actividades ilícitas.

En la Argentina, la corrupción puede ser claramente identificada en los dos niveles mencionados en el párrafo anterior. En primer lugar, la corrupción cotidiana puede ser entendida como una forma de sortear pasos considerados innecesarios, de acortar tiempos burocráticos que parecen ser eternos e incluso de poner un conflicto personal por delante del de otros. Pero también se materializa allí donde los individuos deciden no denunciar actividades ilícitas, sea por miedo, por conveniencia, por descreimiento en el funcionamiento del sistema judicial o por simple apatía, o por mirar para otro lado, allí donde creen vislumbrar casos de gran corrupción.

La gran corrupción, por su parte, se deja ver en los sobornos que reciben funcionarios claves, de manera tal que se garantiza el aceitado funcionamiento de un negocio o actividad ilegal. Estos funcionarios no necesariamente tienen que ser de alto rango; por ejemplo, un gendarme ubicado en un paso fronterizo por el que ingresan sustancias ilegales es, sin duda, sujeto de la corrupción política. Al mismo tiempo, no debe dejarse de lado la corrupción política de más alto nivel que garantiza la impunidad de los criminales, no solo a la hora de actuar, sino también de ser eximidos de toda pena en caso de ser apresados. En este sentido, el crimen organizado cuenta con un activo difícil de igualar: es capaz de conseguir toda la impunidad que sea necesaria para que su negocio prospere, gracias a su dinero o a la información que posee, con la que intimida a los funcionarios públicos.

En este contexto, es importante destacar que las estructuras sociales que sufre la corrupción poseen dos características fundamentales: el individualismo y la falta de intereses comunes o colectivos por parte de la sociedad civil que, a su vez, fomentan la existencia de este flagelo de dos maneras:

1. permiten que las prácticas corruptas se reproduzcan, ya que estas son consideradas parte del engranaje que hace efectivo el funcionamiento de las estructuras administrativas, sea en el ámbito público o en el privado, y
2. la legitimación de estas prácticas a partir de su utilización y del silencio que las protege -aun cuando se esté hablando de prácticas ilegales- genera los incentivos necesarios para que dichas prácticas sigan reproduciéndose, a sabiendas de que difícilmente sean denunciadas o penalizadas. En este sentido, no es el miedo al castigo institucional el que evita las denuncias, sino más bien la coerción ejercida desde la organización criminal que pone en jaque a quien la denuncia y también a los que lo rodean.

Ambas características son resultado de sociedades en las cuales las instituciones se encuentran deslegitimadas, donde existe descreimiento sobre el funcionamiento del sistema judicialpenal y donde el interés particular prima por sobre los lazos de solidaridad que deberían apuntar a la persecución de intereses colectivos. Eso, sin perder de vista la violencia estructural que fomenta la intimidación y la coerción de actores no estatales.

En la Argentina, es muy claro cómo los intereses individuales priman sobre los colectivos, sea en las más altas esferas del poder o en la vida cotidiana del ciudadano promedio. Es sabido que, gracias al accionar de prácticas corruptas, los intereses particulares son alcanzados no solo más rápido, sino también de forma más eficiente. La corrupción funciona entonces como acelerador de procesos y elemento maximizador de beneficios, al tiempo que garantiza la continuidad de quienes se hallan en puestos claves.

La corrupción dificulta la gobernabilidad al debilitar las estructuras estatales y profundizar la deslegitimación de las élites políticas, al tiempo que les abre la puerta a organizaciones criminales que, sea a través de la intimidación o a partir del uso del dinero como medio para acceder a lo que buscan, penetran a la sociedad en su conjunto y se enriquecen a partir del desarrollo de sus negocios ilícitos.

El crimen organizado en la Argentina: notas sobre el avance del tráfico de drogas y personas

Las drogas han llegado para quedarse, como demuestra el alto consumo de la población económicamente activa. Por otra parte, la desarrollada y poco controlada industria farmacéutica (De Simone, 2014) da cuenta de la capacidad de producción y exportación de insumos para la producción de sustancias ilícitas en otras latitudes, lo que demuestra la penetración de la criminalidad en la Argentina. Pero, ¿cómo ha avanzado el negocio de las drogas en Argentina? Para empezar, aunque no se han conformado carteles como sucedió en Colombia o México, hay pruebas de que representantes de estas grandes organizaciones trasnacionales actúan en nuestro territorio apoyados por grupos locales. Como destaca Bartolomé (2013), la presencia de carteles extranjeros puede rastrearse hasta al menos treinta años atrás; sin embargo, en los últimos tiempos su presencia se ha incrementado y sus acciones, complejizado. Organizaciones mexicanas, peruanas y colombianas así lo demuestran.

De acuerdo con Claudio Izaguirre, exsubsecretario de la lucha contra el narcotráfico de la provincia de La Pampa y presidente de la Asociación Antidrogas de Argentina, la presencia de grupos transnacionales en nuestro país se organiza de la siguiente manera: 1) el este, que comprende Rosario, San Lorenzo y Ramallo, está dominado por los colombianos; 2) el norte de Buenos Aires se encuentra en manos de los mexicanos que exportan cocaína a Europa; 3) grupos bolivianos trasportan drogas desde el norte, se encargan del control de cargamentos en Salta y operan en el barrio porteño de Liniers; 4) grupos peruanos mueven cocaína desde Jujuy hasta el Bajo Flores, en Buenos Aires, donde se asientan en villas como la 1-11-14; 5) grupos de dominicanos que venden cocaína al menudeo en la zona de Constitución, de Capital Federal, y utilizan el negocio de la explotación sexual como forma de colocar la mercadería, y 6) grupos de argentinos que se encargan de mediar en las negociaciones (Sampó, 2017).

Pero más allá del emplazamiento territorial, vale destacar que investigaciones judiciales han corroborado la presencia de los mexicanos en torno a la adquisición de precursores químicos en la Argentina (especialmente efedrina) y su tráfico por vía aérea y marítima. Sin duda, la Argentina se ha convertido en un gran proveedor de precursores necesarios para el desarrollo de drogas sintéticas, pero también en un país donde se produce este tipo de estupefacientes (aunque las incautaciones poco dicen de este fenómeno, se cree que hay centenas de laboratorios clandestinos). De acuerdo con datos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre febrero de 2013 y diciembre de 2015 se secuestraron 500 kilos y más de 40 mil litros de precursores (Sampó, 2017). Adicionalmente, las incautaciones de 2016 dan cuenta tanto del procesamiento de coca en nuestro territorio, como de la fabricación de drogas sintéticas, en algunos casos de forma casera y en otros de manera más industrializada.

Adicionalmente y de acuerdo con un estudio realizado por Edgardo Buscaglia, existen pruebas de la expansión del cártel de Sinaloa en territorio argentino, tras la instalación de laboratorios para el refinamiento de la cocaína y la producción de drogas sintéticas en las provincias del noreste, especialmente Misiones, Formosa y el Chaco. Asimismo, los Zetas parecen haber incursionado en nuestro país ya que, en 2011, uno de sus mandos medios fue detenido durante un operativo.

Por otra parte, para los colombianos, la Argentina parece ser un país receptor bastante amigable. De allí que, según afirma Bartolomé (2013), distintos miembros de carteles colombianos han accedido al estatus de refugiados, y se han radicado así en nuestro país con el fin de traer cocaína desde Colombia para exportarla hacia Europa o Estados Unidos, por vía aérea o marítima. No es casual que, de acuerdo con fuentes judiciales, en Orán (provincia de Salta, frontera con Bolivia) vivan aproximadamente 4 mil colombianos que se desempeñan en tareas relacionadas con el tráfico de drogas. Además, entre las detenciones más destacadas en la Argentina en los últimos tiempos, se encuentra la de Henry de Jesús ''Mi Sangre'' López Londoño, acusado de liderar la banda ''Los Urabeños''.

Finalmente, están las bandas de narcotraficantes peruanos que se encargan de trasportar cocaína desde Perú y dominan el narcomenudeo a nivel de la capital metropolitana. De acuerdo con diferentes informantes, su presencia más fuerte es en las denominadas villas del Bajo Flores, especialmente en la llamada 1-11-14.

Sin embargo, y a pesar de la presencia de carteles internacionales, una de las características que parece sobresalir como particularidad del fenómeno en la Argentina es la ausencia de violencia extrema y deliberada, como sí ocurre en México o Colombia. En este sentido, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Ciudadana (2015), nuestro país detenta una tasa de homicidios de 6,9 cada 100 mil habitantes para 2012, según el Ministerio de Salud; es decir, una tasa a penas por encima de la media mundial (5/100 mil), aun cuando en algunos lugares más problemáticos del conurbano bonaerense (entre 11 y 14/100 mil), Santa Fé (31,2/100 mil) Rosario (20.8/100 mil) y Gran Mendoza (14,30/100mil) esta se dispara; lejos se encuentra de la que enfrenta la mayor parte de los países latinoamericanos (figura 2).

Sin embargo, es necesario no restarle importancia al incremento que se viene dando de forma sostenida. En este sentido, de acuerdo con la Asociación Argentina Antidrogas, cuatro de cada diez homicidios están vinculados con el narcotráfico en nuestro país, específicamente con disputas por el control territorial de la venta de drogas, así como también con venganzas y crímenes que tienen como objetivo generar miedo en sus rivales. El titular de la asociación, Izaguirre, sostiene que las bandas han comenzado a cuidar sus espacios de comercialización utilizando la violencia extrema y el miedo, amedrentando al adversario a través de las acciones impiadosas (MDZ, 2017).

Historias de traslados y comercio de cocaína

La droga ingresa a nuestro país por el norte y se mueve hacia el sur, por vía terrestre, fluvial o aérea: desde los paseros que contrabandean distintasmercancías -incluidas drogas- cruzando la frontera a pie por el cauce del rio seco o a través de la selva -de forma tal de evitar los controles de la gendarmería-, hasta las avionetas que utilizan pistas ilegales o dejan caer del cielo el cargamento en un predio de Jujuy, Tucumán, Santa Fe o Santiago del Estero, del que luego será recogido (la denominada lluvia blanca) (Sampó, 2017).

Ya en territorio, la mercancía es transferida a grupos locales que se encargan de transportarla. La cocaína ingresa por La Quiaca, Jujuy (ruta 9) o por Salvador Mazza (ruta 34) o Aguas Blancas u Orán (ruta 50), en Salta (ver figura 3). Más tarde las rutas confluyen a la altura de Santiago del Estero. Aunque parte de la carga es enviada a Córdoba, la mayoría parece seguir hasta Rosario o terminar en Buenos Aires, sea para consumo interno o para ser enviada a Europa. Adicionalmente, de acuerdo con algunos informantes claves, la droga que se llega a Córdoba, en gran parte es redistribuida hacia Mendoza y exportada a Chile, aunque también hay un porcentaje que es trasportado para consumo en nuestra Patagonia (Sampó, 2017).

La cocaína, cuyo destino final es Europa, que antes salía directamente de Colombia, pasó a triangular su salida por Argentina o Brasil, en general se dirige primero a África por vía marítima, a través de la llamada Autopista 10 (ya que es a la altura del paralelo 10) y de allí es movida por tierra e ingresa por España al viejo continente. Para acceder de forma directa a territorio europeo, se utilizan ''mulas'',⁴ que son trasladadas en vuelos comerciales y llevan pequeñas cantidades de droga (si se las compara con lo que puede trasladarse utilizando otros métodos), pero de alta pureza (Sampó, 2016).

Fleitas (2013) sostiene que hay que diferenciar entre el tráfico de drogas para consumo interno y lo que él denomina el gran tráfico internacional. En lo que hace al mercado local, la división del trabajo aparece bien marcada: los delincuentes de origen paraguayo parecen dedicarse al tráfico y la distribución de marihuana, mientras que los peruanos se centran en la cocaína. Sin embargo, ''ambos grupos dependen luego de redes de protección y del control territorial de villas, para poder llevar adelante la venta minorista'' (Fleitas, 2013, p. 29). Por su parte, los colombianos parecen dedicarse casi exclusivamente a la venta mayorista, por lo que no cuentan ni con control territorial ni con protección de base local para la distribución en nuestro país. Los mexicanos parecen dedicados mayormente a exportar precursores químicos, aunque no de forma exclusiva. Una vez que el cargamento llega a su destino final en el territorio nacional, la droga se comercializa de dos maneras: es vendida en los denominados ''Bunkers'', pequeños puntos de venta ilegal montados en construcciones de ladrillos herméticas que solo dejan una pequeña ventana a la vista; a través de esa ventana, se realiza el intercambio de dinero por droga. Los encargados de estos negocios son los soldaditos, que se organizan en dos turnos diarios y están custodiados por soldados⁵, en su mayoría armados, que se encuentran en las inmediaciones del bunker, en especial para evitar que la construcción sea atacada y la mercadería robada (De Simone, 2014); la otra forma es a través del servicio de delivery o entrega a domicilio, llevadoadelante por menores de edad que manejan motos robadas de pequeño porte que pasan por espacios estrechos y pueden escapar rápidamente de las fuerzas de seguridad, de ser necesario. Este servicio surgió cuando los búnkeres comenzaron a ser descubiertos y posteriormente destruidos por las fuerzas del Estado.

De acuerdo con Fleitas (2013), no hace mucho tiempo que la violencia comenzó a incrementarse, y se vio reflejada en enfrentamientos por el control territorial en asentamientos urbanos o villas, así como en casos de sicariato, especialmente entre extranjeros. No es casual que la proporción de victimas de homicidios de nacionalidad peruana y paraguaya sea mayor que el peso poblacional que representan sus comunidades, ni que la cantidad de asesinatos sucedidos en Buenos Aires se encuentre concentrada cerca de las villas más importantes.

Trata de personas en la Argentina

La trata de personas no solo genera ganancias extraordinarias para las organizaciones criminales, sino que además es una actividad considerada de bajo riesgo (Della Penna, 2014). Es por eso que muchas veces se constituye en una de las manifestaciones del crimen organizado, que complementa otras actividades como el narcotráfico. Las ganancias extraordinarias que genera están vinculadas a la posibilidad de vender a una persona más de una vez, con diferentes fines; hecho con el cual la despojan de toda su humanidad y la convierten en una mera mercancía.

De esta manera, aquel que en un primer momento había sido engañada o engañado para ser involucrado en una red de trata con fines de explotación sexual de alto nivel puede luego ser vendido a una red de más bajos recursos y exigencias (para prostitución en clubes, pubs o departamentos privados), para luego convertirse en un trabajador forzado, ya fuera de la explotación sexual. Ese trabajo puede involucrar desde el tráfico de drogas, hasta la esclavitud en talleres de costura clandestinos, pasando por trabajo agrícola, que en muchos casos hace uso de niños y niñas. Todo dependerá de las necesidades y la voluntad de sus dueños. El círculo puede cerrarse incluso con la venta del individuo para traficar sus órganos.

La trata está vinculada a engaños con los que se suele seducir a las víctimas, que en general provienen de países y regiones pobres, con pocas posibilidades de progreso (aunque el secuestro es utilizado, se lo usa en mucha menor medida porque implica más riesgos y es mucho más costoso). Las falsas promesas de trabajos muy bien remunerados, que permitirían ayudar a toda la familia de la víctima, son la puerta de entrada a un infierno que no tiene fin. Por empezar, quienes ingresan en una red de trata pierden totalmente su libertad. Lo primero que hacen los tratantes es secuestrar documentos, lo que dificulta la movilidad en caso de escape, y amenazar con asesinar a los familiares y amigos de la víctima, en caso de intentar huir. Además, el victimario se encarga de multiplicar supuestas deudas generadas, tanto por el traslado de las víctimas de su lugar de residencia al lugar de trabajo, como por su manutención.

De acuerdo con Della Penna (2014), existen cuatro fases de la trata como proceso. La primera fase, la de captación, se desarrolla en el lugar de origen de la víctima y muchas veces es llevada a cabo por conocidos. Los reclutadores seducen a las víctimas ofreciéndoles una vida mejor, la posibilidad de ascender socioeconómicamente y de ayudar a la familia a mejorar su posición. La segunda fase, la de traslado y acogida, se inicia cuando la víctima ya fue reclutada y debe ser trasladada hasta el lugar donde será explotada. En esta etapa, puede que la víctima pase por distintos hogares transitorios, se le retienen los documentos y se deja en el destino final. La tercera fase consiste en el momento cuando se llega al destino final, que puede ser dentro o fuera del país, habiéndose movido con la propia identidad o con identificaciones falsas. En esta etapa se descubre la finalidad que tendrá la explotación y cómo se desarrollará la actividad. Finalmente, en la cuarta etapa, aunque la victima ya no está involucrada, es el momento cuando se logra blanquear el dinero proveniente de la venta de las víctimas.

La trata de personas se da con fines de explotación sexual o de explotación laboral, en su mayoría, aunque hay casos que culminan con tráfico de órganos también. En el caso de la explotación sexual, y de acuerdo con los datos presentados por la Subsecretaría de Estadística Criminal (2015) del Ministerio de Seguridad de la Nación, el 97 % de las víctimas son mujeres, mientras que en lo que hace a la explotación laboral, la distribución de genero está más balanceada, aunque el número de hombres es ligeramente mayor (52 %).

Entre las personas tratadas con fines sexuales, el 65 % de quienes fueron liberados durante 2015 eran de nacionalidad argentina, aunque habían sido alejadas de su lugar de nacimiento y residencia habitual. Muchas de ellas habían sido destinadas a centros urbanos, principalmente a Buenos Aires, viniendo de la misma provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta, Córdoba y Tucumán, entre otras. Dentro del 35 % restante, el 24 % de las víctimas eran paraguayas, el 6 % bolivianas y el 5 % dominicanas (Subsecretaria de Estadística Criminal, 2015).

La explotación laboral, en cambio, muestra una realidad distinta, ya que el 67 % de los rescatados era de nacionalidad boliviana; el 25 %, argentina; un 4 %, peruana, y otro 4 %, paraguaya. Estos datos surgen de las 1058 víctimas que fueron rescatadas durante 2015 y aunque sin duda se trata de una muestra imperfecta, al menos permite acercarnos tímidamente a la problemática. En general, la explotación laboral está relacionada con el trabajo en talleres clandestinos de costura, aunque también hay trabajos agrícolas forzados que muchas veces involucran a niños (De Simone, 2014).

Vale la pena decir que es importante no perder de vista que algunas de las personas cooptadas por estas redes muchas veces son enviadas al exterior del país, lo que profundiza la situación de fragilidad en la que viven. Allí además de estar indocumentadas y solas, ni siquiera tienen la esperanza de que alguien las encuentre. De esa forma, muchas veces son vendidas por una organización a otra, y su destino depende de la suerte. En este sentido, la demanda adquiere un rol aún más importante a la hora de definir el futuro e incluso la vida y la muerte de los tratados, porque es en la demanda como se sostiene este negocio.

Conclusiones

En los últimos años, la Argentina ha pasado de ser solo un país de tránsito a ser también un país productor, consumidor y exportador de drogas. Este proceso ha sido paulatino, pero se ha acelerado recientemente debido al incremento del consumo de estupefacientes, en conjunto con el desembarco de carteles transnacionales de drogas y su asociación tanto con redes locales, como con funcionarios del Estado. En este sentido, es importante decir que más allá de la porosidad de las fronteras y de las dificultades tanto para controlar los flujos que las traspasan, como para aquellos que se mueven dentro del territorio nacional, la corrupción adquiere un rol central. Sin la complicidad de funcionarios públicos, los facilitadores estructurales del crimen organizado, como el emplazamiento geográfico, los vínculos socioculturales desarrollados con los países vecinos y la debilidad del Estado, no serían suficientes para el desarrollo de negocios como el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero.

La corrupción, amparada en los altos niveles de impunidad y en la incapacidad del Estado de sostener el imperio de la ley, logra que funcione el andamiaje necesario para que las organizaciones criminales se asienten y desarrollen sus negocios. En este sentido, es importante destacar dos cuestiones: en primer lugar, que la corrupción encuentra explicación en una sociedad eminentemente individualista, donde no se han podido construir intereses colectivos y el bien común no es más que un slogan; en segundo lugar, que la criminalidad organizada necesita de la complicidad del Estado para ''blanquear'' los activos generados en sus actividades ilícitas. Sin la posibilidad de blanquear el dinero obtenido, las actividades dejan de tener sentido, ya que el fin último del crimen organizado, que es la ganancia económica, se ve truncado.

Adicionalmente, cabe destacar que en el caso de la Argentina los niveles de violencia se han incrementado en los últimos tiempos, hecho que se refleja especialmente en un aumento de los homicidios dolosos, especialmente en zonas marginales de áreas urbanas como las villas, pero también en la aparición de casos que involucran a sicarios en plena vía pública. Sin embargo, el mercado parece estar bien sectorizado, de forma tal que no se ven actos de crueldad y violencia extrema, como sí ocurre sobre todo en México cuando los carteles se disputan el control territorial y del mercado. El incremento de la violencia parece obedecer a la necesidad de reforzar la idea de que quien maneja un territorio o un mercado es su dueño. Asimismo, busca desestimar la competencia a partir de la proliferación del miedo.

En lo que hace al desarrollo específico de manifestaciones del crimen organizado como el tráfico de drogas y la trata de personas, la demanda de estos servicios es central para su desarrollo. Siempre se hace hincapié en que sin clientes no hay trata, pensando específicamente en la prostitución, argumento también extensivo al narcotráfico, pues sin adictos no hay drogas. Vale entonces pensar si la prohibición de la producción y comercialización de estupefacientes no fomenta el negocio del crimen organizado, más de lo que lo desalienta. Está claro que el camino no es fácil y que no es lo mismo legalizar el consumo de marihuana que el de cocaína, debido a las implicancias de salud pública que pueden tener estas decisiones. Sin embargo, es momento de empezar a desarrollar alternativas al combate directo de los carteles de forma exclusiva, en vistas de que la guerra contra las drogas ya se ha perdido. En este sentido, es necesario atacar el problema también desde otras aristas, buscando reducir los beneficios obtenidos a través del tráfico de sustancias ilegales.

Lo mismo sucede en torno a la trata. En lo que hace a la explotación laboral, es necesario reforzar los controles, no solo basándose en denuncias de trabajo esclavo, sino también controlando las cadenas de producción local, obligando a los empresarios a cumplir con sus deberes con el Estado y con los trabajadores, que deberían tener los mismos derechos que cualquier otro; igual que en el caso de las redes de prostitución. Está claro que no es que los funcionarios públicos no sepan de su existencia, sino que deciden no intervenir porque reciben réditos de la actividad. De esta forma, es necesario desarrollar políticas de Estado que apunten a hacer desaparecen la prostitución como negocio ilegal y busquen controlar su existencia, para así cuidar a los trabajadores y otorgarles los mismos beneficios que reporta cualquier otra actividad.

Notas

¹ Aunque no es un listado exhaustivo ni excluyente, las expresiones más comunes en nuestra región son el narcotráfico, la trata y el tráfico de personas, el contrabando, las falsificaciones, el lavado de activos (que atraviesa y acompaña a todas las otras actividades), la minería ilegal, el tráfico de armas pequeñas y livianas, y tráfico de flora y fauna. Volver

² Rosario, Santa Fe, es una ciudad portuaria del interior del país; la segunda del país en términos poblacionales y de actividad económica. Volver

³ Son los encargados de realizar las ventas en pequeños puntos de expendio ilegal; tienen menos de 16 años, ya que de esa forma son inimputables (De Simone, 2014). Volver

⁴ Personas que trasladan la droga dentro de su cuerpo, y de esa manera la esconden de los controles tradicionales. Volver

⁵ Se hace referencia a jóvenes, aunque, a diferencia de los soldaditos, son mayores de 16 años y están armados. Se encargan de cuidar los búnkeres, y evitan que sean atacados y asaltados por organizaciones contrarias.Volver

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