Marco conceptual

Para comprender los impactos de la digitalización y automatización en empresas de seguridad privada y vigilancia electrónica, el artículo emplea un marco conceptual compuesto por los siguientes tres pilares. Primero, se acepta la tesis de que estas empresas son productos de la globalización neoliberal de las últimas décadas. Segundo, se propone un enfoque de seguritización modificado, a fin de comprender la manera como estas empresas hablan de seguridad. Finalmente, se utiliza ideas de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, a fin de considerar el creciente rol de redes de dispositivos electrónicos y humanos en la seguridad.

Varios autores coinciden en señalar que el factor detonante del proceso de expansión de empresas de seguridad privada es la difusión de ideas neoliberales a nivel mundial (^{Gill, 2008}; ^{Kruck, 2014}), que, como parte de una globalización timoneada por EE. UU. en un contexto de posguerra fría, redujeron la capacidad de intervención de los Estados en la economía. Una de las consecuencias de la ideología neoliberal ha sido el incremento de la desigualdad mundial, lo cual ha provocado que los ciudadanos más acaudalados crecientemente incorporen servicios y productos de estas empresas privadas de seguridad, a fin de complementar o de reemplazar los servicios de las fuerzas de seguridad públicas. Asimismo, la expansión de empresas transnacionales de seguridad es central para reducir los riesgos en los procesos de acumulación de capital de las empresas, en general, y de las transnacionales, en particular.

Si bien la relación entre empresas privadas de seguridad y los Estados tiene tanto dimensiones de complementariedad como de competencia, las áreas con capacidades estatales limitadas son las que enfrentan mayores desafíos en este vínculo. Siguiendo a ^{Bõrzel y Risse (2010}, p. 119), el concepto de área con capacidad estatal limitada alude a áreas donde las autoridades gubernamentales no tienen la habilidad de implementar ni de hacer cumplir reglas y decisiones, o donde el monopolio legítimo sobre el uso de la violencia se encuentra ausente o es restringido tanto en algunas partes de su territorio, como hacia determinados grupos sociales. Por ejemplo, en los casos donde grupos terroristas u organizaciones de crimen organizado disputan la autoridad estatal. En otras palabras, este concepto intenta caracterizar la situación contemporánea de la globalización, que creó serias limitaciones en varios Estados vis-à-vis con actores no estatales, como las empresas transnacionales. Es importante destacar que el concepto no es dicotómico, sino más bien un gradiente, que contiene en un extremo a los denominados Estados fallidos, y en el otro a Estados consolidados como EE. UU.; ahora, en el medio, abarca una variedad de países con áreas de capacidades estatales limitadas (Risse, 2011), por ejemplo, zonas controladas por guerrillas o sectores industriales donde las decisiones de política son fuertemente influenciadas por empresas. Este último caso es el de mayor interés de este artículo, ya que el sector de la seguridad privada justamente le disputa a los Estados su privilegio del monopolio de la violencia, que en los casos extremos donde los Estados no cuentan con capacidad ni recursos, dejan un vacío de gobernanza que queda bajo la autoridad íntegra de las empresas transnacionales. En cambio, los Estados consolidados, con economías fuertes, suelen ser huéspedes de las empresas transnacionales, y, por ende, cuentan con mayores capacidades regulatorias que, en parte, limitan las consecuencias más negativas de sus acciones, como la violación de distintos derechos humanos.

La principal consecuencia de la creciente influencia económica y política de las empresas transnacionales de seguridad privada y vigilancia electrónica es su mayor influencia en la agenda de lo que es un problema de seguridad. Para comprender esto, es importante considerar el concepto de seguritización de la escuela de Copenhague, que fue desarrollado tras la guerra fría para conceptualizar las nuevas amenazas a la seguridad internacional, más allá de las militares. Se trata de un enfoque posestructuralista, que entiende que la seguridad no es algo que puede ser definido de forma objetiva. Al contrario, se propone entenderla como el proceso en el cual determinados actores declaran (speechact) que algo o a alguien (objeto referencial en la literatura) está amenazado en su existencia (^{Buzan, Waever y Wilde, 1998}), y, por lo tanto, se requiere que el Estado tome medidas excepcionales y urgentes para protegerlo. Es decir que, desde tal óptica, la seguridad es una construcción intersubjetiva, y de esta forma puede abarcar las diferentes expansiones del concepto, más allá de las amenazas militares, como por ejemplo seguridad ambiental, económica, ciberseguridad, etc. Sin embargo, los autores de la escuela de Copenhague consideran que la seguritización es un proceso problemático, ya que evita que las decisiones se tomen de forma abierta y transparente a la luz de las reglas del sistema político, evadiendo las posteriores responsabilidades (Buzan, Waever y Wilde, 1998, p. 29).

Por tal motivo, la escuela remarca la importancia de los procesos de deseguritización para devolver estos asuntos problemáticos a la esfera de la discusión política, de tal forma que no sean fruto de decisiones de excepción (^{Taureck, 2006}; Waever, 1995). Si bien esta perspectiva es muy productiva para extender el alcance de los análisis sobre seguridad, el concepto de seguritización es deficiente para comprender las formas en que actores no estatales, tales como las organizaciones no gubernamentales o las empresas transnacionales, hablan y actúan en términos de seguridad. Según ^{Avant (2007}, p. 144), el problema se encuentra en el concepto de lo político que la escuela de Copenhague utiliza, y que está inspirado en la perspectiva de Carl Schmitt. Este autor alemán lo definió como una relación intensa que genera una división entre amigo y enemigo, donde el Estado soberano juega un rol central para tomar las decisiones en los estados de excepción, que ocurren cuando el sistema político no puede llegar a un acuerdo. De hecho, en los escritos de la escuela de Copenhague, los actores estatales juegan el rol central en los procesos de seguritización. En cambio, con base en su investigación sobre las ONG y empresas transnacionales en África, Avant (2007) argumenta que estos actores hablan de seguridad aunque de una forma discordante con el proceso de seguritización, ya que su sustentabilidad operativa, en gran parte, depende del hecho de mantener relaciones apolíticas con diferentes tipos de actores. A pesar de esto, Avant rescata el enfoque posestructuralista, pues es útil para estudiar la forma como los actores no estatales hablan y actúan sobre lo que entienden por seguridad. Este es el enfoque utilizado en el artículo para analizar a las empresas transnacionales de seguridad privada y vigilancia electrónica.

No obstante, dado el creciente proceso de digitalización y de automatización, no es suficiente estudiar la manera como las empresas transnacionales hablan de seguridad, pues también se requiere observar cómo influyen en las prácticas de seguridad por intermedio del diseño de dispositivos electrónicos. Esto va en línea con las investigaciones de frontera de seguridad internacional, que están adaptando conceptos de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología para investigar las redes de dispositivos electrónicos (p. ej., smartphones, drones, algoritmos, etc.) y a humanos como nuevas formas delegadas de implementar la seguridad (^{Amicelle, Aradau y Jeandesboz, 2015}; ^{Balzacq y Dunn, 2016}; ^{Bueger, 2015}). Así, se intenta comprender cómo influye el diseño de artefactos y sistemas tecnológicos en las prácticas de seguridad, y cuáles son sus consecuencias, para corregir la ceguera tecnológica en los estudios de relaciones internacionales, que generalmente tratan a la tecnología como algo externo y dado (^{Mayer, Carpes y Knoblich, 2014}).

Método

El artículo se basa en un análisis tanto de los discursos de las empresas transnacionales de seguridad privada y vigilancia electrónica que operan en Argentina, como de los problemas asociados a estas prácticas. Se realizó un estudio de las empresas transnacionales de seguridad privada presentes en Argentina, por tratarse de un país donde la seguridad privada creció considerablemente en las últimas décadas como respuesta a una limitada capacidad Estatal de lidiar con los problemas de inseguridad que enfrentan los ciudadanos. Asimismo, la selección de este caso buscó comprender las implicancias de la digitalización y la automatización de las empresas transnacionales de seguridad privada en un país de América del Latina expuesto a niveles de desigualdad económica; también, buscó comprender limitaciones tecnológicas que no están presentes en las discusiones de académicos de Europa o EE. UU. Si bien hay varios tipos de actores que proveen productos y servicios de seguridad privada y vigilancia electrónica, como el Estado u organizaciones comunitarias o vecinales, el foco del artículo son las empresas transnacionales, porque en distintas regiones, tal como ocurre en la Unión Europea, se experimenta un proceso de concentración del mercado en pocas de esas empresas, que tienen un poder económico y político mayor que el resto de los actores del sector (^{Steden y Waard, 2013}).

Por ende, la hipótesis subyacente al estudio del discurso de empresas transnacionales de seguridad privada consiste en que son pocas las empresas muy influyentes en las tendencias generales del sector. Para estudiarlas, se consideraron las siguientes fuentes de información: 1) los reportes anuales de las empresas, donde se justifica su modelo de negocio, su perspectiva sobre la industria actual y a futuro; 2) información detallada de sus productos y servicios, extraída de sus páginas internacionales (generalmente en inglés), con su respectiva versión en español; 3) datos recolectados mediante la observación participante en eventos del sector y sobre la operación de estas empresas en la ciudad de Buenos Aires, y 4) artículos de periódicos en internet, foros y organizaciones relacionadas con el sector de la seguridad y la vigilancia (principalmente cámaras empresariales y sindicatos). El análisis cualitativo de los datos se realizó con el software Atlas.TI, y consistió en la asignación de códigos a las distintas empresas para sistematizar la información recabada por empresa, a fin de detectar patrones en común y diferencias entre ellas, que se analizan a lo largo del artículo.

En cuanto a las empresas transnacionales de seguridad y vigilancia electrónica estudiadas, se seleccionaron aquellas con mayor presencia en Argentina, divididas en dos grupos: 1) empresas que ofrecen varios servicios de seguridad además de productos de video-vigilancia, en particular las siguientes: ADT (EE. UU.), G4S (Reino Unido), Prosegur (España) y Securitas (Suecia); y 2) empresas que se especializan en el diseño, la construcción y la comercialización de distintos productos para la vigilancia electrónica, como cámaras, software de identificación de imágenes, robots, etc., específicamente las que se mencionan a continuación: Bosch Security (Alemania), Dahua (China) y Hikvision (China). Esta división tiene que ver con los cambios que están ocurriendo en la industria, debido al proceso de digitalización y automatización, el cual permitió el crecimiento de las empresas de vigilancia electrónica. Estas amenazan el liderazgo de las empresas tradicionales de seguridad privada que operan desde hace años prestando servicios con base en recursos humanos, por ejemplo: guardias de seguridad o transporte de caudales. Asimismo, en el sector de empresas de vigilancia electrónica se observa un liderazgo de empresas chinas, como Dahua o Hikvision (A&S Magazine, 2017), que, al ofrecer productos de menor costo y con una cada vez mayor sofisticación tecnológica, desplazaron a empresas occidentales. Este hecho se tiene que entender como parte de una competencia geoeconómica y geopolítica de mayor alcance entre empresas de Occidente y China.

Empresas transnacionales de seguridad privada y vigilancia electrónica

A pesar de sus diferencias, las empresas de seguridad privada y vigilancia electrónica tienen algunas características comunes relacionadas a su discurso global, las cuales se detallan a continuación. Entre ellas, se observan las siguientes: la forma arbitraria de hablar sobre "seguridad", aunque sin caer en un proceso de seguritización; la financialización de sus operaciones, y la propuesta de soluciones tecnológicas a los problemas de inseguridad. No obstante, también hay diferencias, en particular en cuanto a sus posturas sobre el respeto a los derechos humanos.

En primer lugar, en todos los reportes de las empresas de seguridad privada se usa frecuentemente la palabra seguridad, y se posiciona a las empresas como garantes de tal concepto. Por ejemplo, la presidenta de Prosegur afirma: "La seguridad es un pilar básico para el normal desarrollo de la sociedad y nosotros jugamos un papel relevante en la consecución de un entorno más seguro y, por tanto, de más libertad" (Prosegur, 2015, p. 7). Es decir, se entiende la seguridad como un valor central, pero sin detallar sus características. El resto de las empresas que ofrecen servicios de seguridad tampoco presentan una definición precisa del concepto, pero sí suelen identificar una serie de factores que generan inseguridad, que sus productos y servicios logran prevenir. Por ejemplo, G4S (2015, p. 14) identifica el terrorismo, las migraciones masivas, la inestabilidad económica, las pandemias, el cambio climático y la ciberseguridad como motores del crecimiento de su industria. Del mismo modo, Securitas (2015, p. 2) considera que el terrorismo, los refugiados, los conflictos y la inestabilidad política son fuentes de inseguridad. En cambio, ADT (2016, p. 77) pone el foco en disparadores más bien locales, como en un aumento de la percepción y las tendencias reales del aumento del crimen, o en eventos en la vida personal que llevan al potencial consumidor a adquirir estos dispositivos (p. ej., compra de una mascota, mudanza a un nuevo hogar, cambio de trabajo, etc.).

En general, estas prioridades se corresponden con asuntos de interés en las regiones de mayor peso económico y político del mundo, como el tema de los refugiados para Europa o el terrorismo y la ciberseguridad para EE. UU. Esta observación es coherente con el hecho de que Europa y EE. UU. son los mercados más lucrativos para estas empresas. Si bien las soluciones desarrolladas para estos problemas pueden adaptarse en otros contextos, los problemas causados por la desigualdad económica, que es tal vez la mayor causa de casos de inseguridad en América Latina, no tienen la prioridad que uno esperaría. Esto es problemático, pues si entendemos a estas empresas no solo como actores económicos, sino también políticos (^{White, 2011}), su creciente influencia a nivel internacional implica que tienen mayores chances de influenciar el rumbo las agendas de las fuerzas de seguridad de países con áreas de capacidad estatal limitada hacia direcciones que no necesariamente contribuyen a la solución de los problemas locales. En cuanto a las empresas transnacionales dedicadas a la elaboración de productos de seguridad electrónica, también se emplea frecuentemente el concepto de seguridad, pero en los casos estudiados no se enumeran factores de riesgo o amenazas, ni se ofrece una definición precisa del término (Dahua, 2017; Hikvision, 2017).

En efecto, se emplea el término de seguridad en frases abiertas a interpretación, como: "Bosch te empodera para construir un mundo más seguro" (Bosch Security, 2017). Esta práctica es comprensible, pues al ofrecer solamente los productos que las empresas y otras organizaciones utilizarán, les es conveniente dejar en abstracto el concepto de seguridad para que cada usuario emplee sus equipos tecnológicos según sus necesidades, en vez de estar previamente estructurado como pasa en las empresas proveedoras de servicios de seguridad.

En segundo lugar, la operación de las empresas transnacionales en general está bajo la influencia del creciente proceso de financialización de la economía mundial, que alude al creciente poder del sector financiero y la expansión de sus prácticas en múltiples niveles (p. ej., empresarial, gubernamental, individual) (^{French, Leyshon y Wainwright, 2011}). Entre los varios cambios que este proceso está produciendo, es importante destacar la creciente presión que los gerentes de las empresas transnacionales tienen para mostrar un continuo aumento del valor de sus acciones en las bolsas donde cotizan. Tal presión para devolverle un mayor valor a sus accionistas es algo evidente en los reportes anuales y en todos los sitios de las empresas de servicios estudiadas, donde se tiene acceso directo a información detallada de la cotización de sus acciones. En cambio, esto no se muestra en las páginas de empresas de productos, aunque sí en sus reportes anuales. Por un lado, este proceso de financialización obliga a las empresas a respetar un conjunto de prácticas, que aseguran la transparencia de sus operaciones, y a enviar señales de performance a los accionistas para que inviertan recursos de forma eficiente. Por otro lado, esta dependencia de los mercados financieros somete a las empresas a una intensa presión para reducir sus costos y diferenciarse de sus competidores, lo que, en parte, incentiva la introducción de continuas innovaciones tecnológicas para distinguirse de sus competidores (G4S, 2015, p. 13).

En tercer lugar, las empresas transnacionales de productos y servicios de seguridad privada y vigilancia electrónica convergen en la identificación de la tecnología como el factor principal que está transformando la industria y que puede ofrecer soluciones a los problemas de inseguridad que las sociedades contemporáneas enfrentan. A continuación, trazo las principales tendencias plasmadas en los reportes y las páginas web de las empresas de servicios y productos estudiadas.

La principal tecnología de las empresas de seguridad privada y vigilancia electrónica es la video-vigilancia, que explica su oferta de productos y servicios tecnológicos para ofrecerles a sus clientes la posibilidad de realizar vigilancia a distancia. De hecho, Hik-vision basa su estrategia de marketing en vender formas superiores de percepción, que permitan tomar mejores decisiones. De forma similar, empresas como Prosegur y ADT presentan la video-vigilancia como una forma de disuasión de posibles hechos delictivos. El éxito comercial de esta tecnología tanto en empresas de servicios como de productos de seguridad electrónica es indudable. En pocos años, todo tipo de organizaciones (p. ej., empresas, Estados y hogares) han incorporado productos y servicios asociados a la video-vigilancia. Una de las tendencias más recientes en servicios de vigilancia está representada por el denominado Ojo del Halcón, de Prosegur, que consiste en un tótem, con pantalla, cámara y parlantes, que le permite al guardia de una empresa controlar al mismo tiempo, desde la distancia, varias organizaciones que lo tengan instalado. De esta forma, la empresa baja los costos de operación, ya que un mismo video-guardia puede observar más de un lugar a la vez desde el centro de monitoreo de la empresa, y actuar sin presencia física en el lugar.

La vigilancia móvil es otra de las tecnologías que creció considerablemente en la oferta de las transnacionales. Esto se debe a la expansión del uso de smartphones y tablets en la población, que permiten descargar apps desarrolladas por las empresas para controlar cámaras a distancia, llevar un registro de la ubicación de personas queridas por intermedio de tecnologías de georreferenciamiento, etc. Por ejemplo, ADT ofrece la herramienta FIND U ('encontrarte'), que facilita las prácticas de sousveillance (o vigilancia desde abajo) de sus clientes, dado que pueden saber, en tiempo real, la ubicación geográfica de otras personas de su círculo cercano que usen el servicio, y en caso de emergencias pueden enviar con sus celulares señales de pánico al centro de seguridad de la empresa.

Impulsada gracias a los avances en inteligencia artificial y a la recolección masiva de datos (big data), la automatización es otra de las tendencias emergentes en algunas de estas empresas. En efecto, las empresas de productos están incursionando en el desarrollo de distintos tipos de robots para la vigilancia, tales como drones y robots móviles terrestres que puedan reemplazar a los guardias de seguridad humanos. Hay varias nuevas PyME innovando en esta área, que compiten con las transnacionales, como Knights-cope en EE. UU., que ofrece toda una gama de robots que actúan como guardias de seguridad. En general, estas empresas argumentan que los robots son más convenientes porque no sufren el desgaste que padecen los guardias de seguridad privada, y porque son de menor costo; también, suelen destacar que son complementarios al accionar de los guardias humanos. Debido a esta tendencia, no es de extrañar que las empresas de servicios de seguridad privada también estén invirtiendo de forma estratégica en robots (Securitas, 2015, p. 4), ya que su negocio está amenazado por la automatización. Por ejemplo, Prosegur (2015, p. 23) ya ofrece servicios de drones especialmente diseñados para tareas de vigilancia.

Debido a la creciente digitalización y automatización, todas las empresas de vigilancia electrónica se están especializando en la Internet de las Cosas, dado que su objetivo es ofrecer todo tipo de artefactos para la vigilancia conectados a internet. Esto explica su provisión de dispositivos de vigilancia para las denominadas ciudades inteligentes y casas inteligentes. Si bien el adjetivo 'inteligente' puede parecer hiperbólico, la reciente incorporación de técnicas de aprendizaje profundo (deep learning) (Hikvision, 2017, p. 17) están revolucionando la industria de seguridad privada, pues permiten reconocer automáticamente de forma muy eficiente y en tiempo real todo tipo de sujetos y objetos en videos. Por lo tanto, con respecto a los vehículos, cada vez es más sencillo identificar las patentes, el color, el tipo e, incluso, si el conductor está empleando o no cinturón de seguridad (Hikvision, 2017, p. 20). De igual modo, se puede individualizar a cualquier sujeto en los circuitos de cámaras de una empresa o ciudad en pocos minutos con tan solo una foto de aquel (BBC, 2017). Es evidente que estas tecnologías aumentan considerablemente las posibilidades de vigilancia de sus usuarios, y su adopción, desde el punto de vista técnico, seguramente irá en aumento.

Una de las diferencias entre las empresas de servicios y las de productos es que las primeras apuntan a vender soluciones integrales de seguridad (G4S, 2015, p. 41), es decir, no solamente los nuevos y sofisticados equipos de vigilancia electrónica, sino que ofrecen diseños adaptados a las necesidades de los clientes, que contemplen personal de seguridad de la empresa utilizando sofisticadas tecnologías. Por ejemplo, Zacarías Erimias, consejero delegado de Securitas España, declaró:

El sector se transforma, y el vigilante evoluciona hacia un especialista de seguridad con más herramientas. Hoy lleva un smartphone con las aplicaciones de control, pronto llevará wearables, y el terminal de gestión de los drones que vigilarán espacios inaccesibles para él. Hemos desarrollado sofisticados sistemas basados en la tecnología para aumentar la seguridad, pero por sí solos no suplantarán a las personas. (^{Blázquez, 2015})

Es decir, las empresas de servicios de seguridad, como Prosegur o G4S, están progresivamente incorporando sistemas de vigilancia electrónica en su oferta, pero estos quedan bajo la administración y el control del personal de sus propias empresas. En cambio, las empresas transnacionales de productos de vigilancia electrónica, como Dahua o Bosch Security, se destacan por vender los productos y sistemas de vigilancia que pasan a ser administrados por sus propios sus clientes. El aspecto que tienen en común ambos casos es que las empresas transnacionales propician la expansión de plataformas tecnológicas de vigilancia, que son complejas redes de dispositivos electrónicos y humanos para realizar un control de forma personal, a distancia y en tiempo real, que crecen a la par de las redes estatales de vigilancia.

En último lugar, la mayoría de las multinacionales de servicios de seguridad privada y vigilancia electrónica occidentales intentan proyectar una identidad de actor sensible, transparente y responsable, que respeta los derechos humanos y contribuye de forma "positiva" a la sociedad por intermedio de diferentes mecanismos. Por ejemplo, elaboran reportes periódicos de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), donde detallan sus aportes sociales y explican los diferentes mecanismos para denunciar el comportamiento inapropiado de sus empleados; también, algunas empresas tienen sus propios códigos de conducta y de buenas prácticas.

Siguiendo a ^{Bõrzel y Risse (2010)}, estas iniciativas se pueden entender como una estrategia conveniente para estas empresas, al operar en países con áreas de capacidad estatal limitada, ya que legitiman sus operaciones tanto en sus países de origen como en el exterior, y, si son efectivamente puestas en práctica, vuelven sus negocios más sustentables en el tiempo. No obstante, este tipo de compromisos de buena conducta brillan por su ausencia en la mayoría de las empresas transnacionales que se especializan en el diseño y la comercialización de equipos de video-vigilancia, en particular las chinas.

En parte, se puede argumentar que el uso que se le dé a sus tecnologías es algo que escapa al control de las empresas de productos de vigilancia electrónica. No obstante, argumentaré en la sección siguiente que la ausencia de compromisos con el respeto de los derechos humanos es un problema.

En síntesis, la seguridad es un concepto que no tiene una esencia estable en estas empresas transnacionales, y que se construye a partir de sus declaraciones discursivas y prácticas. Estas observaciones concuerdan con ^{Avant (2007)}, ya que las empresas de seguridad transnacionales continuamente están realizando actos de habla (speechacts) sobre seguridad, definiendo qué es un problema y cómo resolverlo, pero de formas que no se ajustan completamente a la lógica de seguritización de la escuela de Copenhague. Esto se debe a que las formas de intervención no terminan en decisiones fuera de lo normal, como ocurre en el caso de seguritización, sino más bien en la adquisición de productos o servicios que pueden pasar por procesos apolíticos.

Al hablar de seguridad, el discurso de las empresas transnacionales combina un conjunto dispar de causas de la inseguridad, un interés por obtener mayores réditos económicos por intermedio de soluciones tecnológicas a los problemas percibidos de inseguridad, y, en el caso de las empresas occidentales, la promesa de actuar de forma ética, respetando los derechos humanos. Si bien hay una evidente indeterminación en términos de lo que se entiende por seguridad, que es una decisión posiblemente estratégica de las empresas transnacionales para operar en contextos variados, no hay que perder de vista que el creciente poder económico de estas empresas en varios países conlleva la intervención de aquellas en la agenda de seguridad por intermedio del diseño de servicios y productos de vigilancia humana y electrónica, que normalizan nuevas prácticas de vigilancia. Efectivamente, el creciente poder económico, político y tecnológico de estos actores puede ser problemático para los ciudadanos y las fuerzas de seguridad de países con áreas de capacidad estatal limitada, por diversos motivos que se detallan en la sección siguiente.

La inseguridad de la vigilancia electrónica

Si bien las empresas transnacionales de seguridad privada y vigilancia electrónica se presentan como genios que resolverán los principales problemas de seguridad que sus potenciales clientes enfrentan, sus operaciones de marketing soslayan varios de los inconvenientes que aquellos enfrentan en la práctica. En esta sección examino las implicancias de la digitalización y automatización de la industria de la seguridad privada y vigilancia electrónica desde la perspectiva de países con áreas de capacidades estatales limitadas. En particular, exploro: 1) el problema de la dependencia tecnológica; 2) la oferta de falsas soluciones tecnológicas para complejos problemas sociales; 3) la susceptibilidad a fallas tecnológicas, y 4) la amenaza a los derechos humanos.

Dependencia tecnológica

La producción de tecnologías militares y de seguridad se globalizó en las últimas décadas, razón por la cual ni siquiera las grandes potencias pueden aspirar a una producción cien por ciento autónoma de tecnologías militares y de seguridad. Según ^{Brooks (2005)}, lo anterior es un factor de estabilidad en el sistema mundial, pues no se alcanza un desequilibrio en términos de estas tecnologías, aunque Brooks también advierte que los efectos de la globalización de la producción de tecnologías de seguridad son desiguales geográficamente, y esto sí puede acrecentar conflictos en países periféricos en las redes de producción de tecnologías y servicios de seguridad. De hecho, la competencia entre las transnacionales para ofrecer las mejores tecnologías que resuelvan los problemas de inseguridad las impulsa a utilizar estrategias de protección de su propiedad intelectual, por ejemplo, mediante patentes. Esto les permite demandar a sus competidores, y hacerles pagar un elevado costo si quieren entrar en su nicho tecnológico, lo cual es un riesgo, ya que "legaliza" el proceso de innovación tecnológica (ADT, 2016, p. 95) y propicia la concentración de conocimiento no solo en las empresas con mayores condiciones para desarrollar tecnologías, sino en aquellas con la estructura suficiente para mantener costosos litigios. A su vez, esta tendencia limita el desarrollo de empresas de tecnologías de seguridad en países con áreas de capacidad estatal limitada, que van a ver restringida su capacidad de competir, al menos durante el periodo que dure la patente.

De igual modo, tales Estados verán reducida su posibilidad de incidir en el diseño de las tecnologías de seguridad bajo el monopolio temporal de las empresas transnacionales. Consiguientemente, la digitalización y la automatización tienden a reforzar la concentración de capacidades tecnológicas en empresas trasnacionales, lo cual incrementa la asimetría del poder económico, político y tecnológico con respecto a los países con áreas de capacidad estatal limitada, y profundiza la influencia de las transnacionales en la agenda de las fuerzas de seguridad estatales (^{Steden y Waard, 2013}). Esto, sin duda, puede entenderse bajo el concepto de dependencia tecnológica, que emana de la literatura de dependencia latinoamericana y alude a las asimetrías entre países en el desarrollo y aplicación de tecnologías en la economía mundial (^{Castells y Laserna, 1989}). No obstante, también se puede argumentar que, gracias a sus capacidades tecnológicas y financieras, las transnacionales pueden desarrollar tecnologías adaptadas a las necesidades locales. De hecho, ya lo están haciendo, por ejemplo: la sede de Prosegur en Argentina diseñó el Ojo del Halcón, y presentó la solicitud de la patente para esta invención. Es decir, se trata de un desarrollo local, ajustado a las necesidades de bajar el costo y, a la vez, de disuadir a posibles criminales, el cual se puede expandir a todas las unidades de negocio de la empresa en otros países. En este caso, otras jurisdicciones tendrán que padecer el problema que se detecta con respecto a tecnologías generadas en el exterior. Sin embargo, esto no niega sino que confirma la existencia de un proceso de concentración tecnológica en transnacionales, así como de la redistribución del poder entre los actores dedicados a la seguridad, especialmente a favor de estas transnacionales, en desmedro de las fuerzas locales de seguridad.

Si bien la dependencia tecnológica es un problema histórico y común entre varias industrias de los países de América Latina, las mismas preocupaciones ya están presentes en el debate público de países occidentales, donde las empresas chinas lograron una alta penetración en el mercado. No obstante, hay una diferencia, pues el uso histórico del concepto en los países de América Latina se asocia con la falta de capacidades tecnológicas para el desarrollo de tecnologías, mientras que el debate en países como EE. UU. o de Europa tiene que ver más con el riesgo a su seguridad nacional causado por el uso de productos de origen chino de menor costo. Por ejemplo, la prensa británica explica que Hikvision está bajo el control del gobierno chino, algo que teóricamente le permitiría introducir puertas traseras (backdoors) en los equipos que venden en el exterior para operaciones de espionaje (^{Knowles, 2016}). Por ende, agentes del servicio secreto del Reino Unido (MI6) proponen limitar el ingreso de estos equipos a sus mercados o, al menos, realizar revisiones de seguridad más estrictas, en particular para las aplicaciones gubernamentales de los mismos.

De forma similar, EE. UU., por miedo al espionaje de China (^{Honovich, 2016}), prohibió la compra de equipos de Hikvision para ser usados en sus embajadas. Si bien no hay pruebas de espionaje, las sospechas de los artículos no son descabelladas, pero se puede agregar que las empresas occidentales encargadas de vender productos y servicios similares de vigilancia están en las mismas condiciones de realizar tal tipo de operaciones en otros países. Sin embargo, estas preocupaciones están ausentes en el debate público de los países de América Latina, donde la dependencia con proveedores extranjeros es considerable.

Falsas soluciones tecnológicas para complejos problemas sociales

El proceso de financialización empuja a las empresas de seguridad privada y vigilancia electrónica por senderos de desarrollo tecnológico que les permita ofrecer soluciones diferenciadas con respecto a sus competidores. Ahora bien, una crítica que se puede hacer es que esta presión financiera necesita que el problema de la inseguridad continúe, pues, si no, la industria se volvería insustentable e innecesaria. Esto también explicaría por qué la industria se inclina, como tantas otras, por soluciones tecnológicas simples en respuesta a problemas sociales complejos, las cuales muchas veces son totalmente inadecuadas para resolverlos (^{Morozov, 2011}, p. 305). En efecto, si bien la cantidad de dispositivos de vigilancia electrónica está en aumento, no hay evidencia contundente sobre su capacidad de disuadir actividades criminales.

De hecho, su existencia no evita que los perpetradores puedan encontrar formas de sobrepasar estas medidas, al cubrir sus rostros durante los hechos delictivos o al atacar las cámaras de seguridad. Indudablemente, la tecnología por sí sola no resolverá el problema de la inseguridad ciudadana, que se trata de un fenómeno de múltiples causas, siendo una de las principales, en América Latina, la gran desigualdad de ingresos y oportunidades entre la población. Sin embargo, la desigualdad como causa de la inseguridad está prácticamente ausente de los reportes y sitios web de estas empresas. Por lo tanto, no es arriesgado pensar que estamos ante soluciones tecnológicas simples, que en la práctica son ineficaces por soslayar las complejas causas de los problemas de inseguridad.

Pero si esto es así, ¿por qué el mercado de empresas de seguridad privada y de tecnologías de seguridad y vigilancia continúa creciendo? Para responder a esta pregunta, sin duda se requiere de un estudio detallado de las prácticas de consumo de productos y servicios de seguridad (^{Goold, Loader y Thumala, 2010}), pero hay dos hipótesis que no pueden ser ignoradas en tal iniciativa. Primero, la creciente desigualdad económica genera un aumento de la percepción de inseguridad por parte de los sectores de mayores recursos, que son los principales consumidores de los sofisticados productos y servicios de vigilancia electrónica, a pesar de ser en muchos casos los que menos sufren los hechos de inseguridad (^{Kessler, 2013}). Segundo, las soluciones tecnológicas son funcionales para la difusión de discursos conservadores, de "mano dura" y que promueven el castigo a criminales, por parte de varios políticos y sectores de la población en la región, que, en vez de intervenir para reducir los determinantes sociales del crimen, prefieren apoyar las soluciones tecnológicas que las empresas de seguridad les ofrecen, sin cuestionar su efectividad.

Fallas tecnológicas

Las empresas de seguridad prometen que sus soluciones son eficaces para resolver la inseguridad de sus clientes, pero en la práctica estas promesas no siempre se cumplen, debido a distintos tipos de fallas que todo sistema sociotécnico puede llegar a sufrir. Por ejemplo, las alarmas de seguridad pueden y suelen fallar seguido. Por tal motivo, empresas como ADT consideran a las falsas alarmas como un riesgo para su negocio en países como EE. UU. y Canadá, porque el Estado las penaliza si envían señales falsas a los servicios de seguridad estatal. Otro argumento común a favor de la video vigilancia es que esta permite registrar los movimientos de sospechosos, tanto como forma de disuasión o como elemento de prueba para un juicio posterior. No obstante, los datos grabados no siempre son fidedignos. Ya hay casos de personas que han sido injusta y erróneamente condenadas por culpa de errores de interpretación de las imágenes grabadas por cámaras de vigilancia (^{Kofman, 2016a}), que también ponen seriamente en duda la precisión de los sistemas de identificación automática de rostros.

Finalmente, la expansión de los dispositivos de vigilancia electrónica puede reducir algunos problemas de inseguridad, pero a la vez genera nuevos en términos de ciberseguridad, ya que tales dispositivos son susceptibles de ciberataques por parte de atacantes malignos, que los pueden dañar, utilizar de forma indebida o usar para el robo de datos personales de sus usuarios. Por ejemplo, recientemente usuarios malintencionados explotaron vulnerabilidades en el software de miles de cámaras de vigilancia de Dahua para controlarlas a la distancia y así montar un ataque de denegación de servicio (DDoS) a reconocidos sitios como AirBnB, Twitter, The New York Times, entre otros; bloquearon el acceso a estas páginas por varias horas (Fox-^{Brewster, 2017}; ^{Sanger y Perlroth, 2016}), algo que causó pérdidas económicas significativas a estas empresas.

Si bien estas vulnerabilidades explican parcialmente el creciente interés e inversión en el área de "ciberseguridad" por parte de las empresas transnacionales de seguridad y vigilancia electrónica -tanto en términos de oferta de servicios para otras empresas como para garantizar la seguridad de la operación de sus artefactos y servicios- no deja de ser evidente que la creciente digitalización y automatización de sus productos y servicios son susceptibles de ser víctimas de diversas fallas tecnológicas que aumentan su inseguridad.

Violación de derechos humanos

La digitalización de las empresas de seguridad privada, dedicadas tanto a servicios de vigilancia electrónica como a proveer de productos para estas actividades, propician nuevas prácticas que ponen en riesgo los derechos humanos, principalmente el derecho a la privacidad. En efecto, los servicios de las empresas transnacionales de seguridad dependen de la colección masiva de datos, como de videos o información sobre geoposicionamiento, que se resguardan y analizan en sus centros de datos en tiempo real. Sin duda toda esta información es muy sensible, ya que revela patrones confidenciales e íntimos de los perfiles de los clientes de estas empresas. De hecho, empresas como ADT (2016, p. 90) reconocen que es un riesgo para su negocio no poder asegurar tales datos ante ataques informáticos.

Pero no solo sus clientes se exponen a estos nuevos riesgos, sino también todos aquellos que por diversos motivos quedan en algún momento bajo observación de los sistemas de vigilancia de estas empresas, y que pueden sufrir de las decisiones poco transparentes de estas. Este tipo de preguntas son de suma importancia, dada la velocidad de la innovación tecnológica en el área de reconocimiento facial y sonoro, que está revolucionando los sistemas de vigilancia privados y estatales. No se trata de dudas meramente teóricas; al contrario, en EE. UU., varias organizaciones que defienden los derechos civiles exigieron información a la policía sobre cómo aplican la tecnología de reconocimiento facial para identificar sospechosos, ya que se teme que la usan de forma indiscriminada, sin ningún tipo de procedimiento legal, y sin sopesar las discriminaciones en el sistema que padecen los afroamericanos y otras comunidades étnicas (^{Kofman, 2016b}).

En cuanto a las empresas proveedoras de equipos de vigilancia electrónica, el problema radica en que el creciente control del mercado de estas empresas les permite popularizar diseños de sistemas tecnológicos que no necesariamente respetan los derechos humanos. En particular, la cobertura en los diarios occidentales muestra preocupación por la ventaja que tomó China en esta área, dado que sus menores restricciones legales para la recolección y análisis de los datos de los ciudadanos le permite a sus empresas innovar en sus sistemas de vigilancia en una forma en que las empresas occidentales no lo pueden hacer. Como se mencionó previamente, el uso de cámaras de seguridad con tecnología de inteligencia artificial incorporada ya es la norma en China, donde es fácil reconocer personas y estimar atributos, como género, edad, con gran precisión. Efectivamente, las autoridades afirman que pueden reconocer y estudiar los patrones de interacción social de las personas simplemente con base en un documento de identidad (Human Rights Watch, 2017) y, a su vez, se sospecha que estas buscan extender considerablemente sus capacidades de identificación de sujetos mediante técnicas de identificación de voz.

Por supuesto, la expansión de este tipo de tecnologías biométricas en China genera crítica y oposición por parte de organismos que defienden los derechos políticos y civiles en Occidente, ya que tales tecnologías pueden ser fácilmente utilizadas para acallar a las voces críticas del gobierno. Si bien la descripción de los periodistas que critican a China puede ser precisa, no hay que olvidar que las empresas occidentales hacen algo similar en donde operan, pero con las capacidades de vigilancia concentradas en empresas transnacionales, que, tal como divulgaron las revelaciones de Snowden, bajo presión suelen colaborar con los Estados donde tienen su casa matriz para operaciones de espionaje y vigilancia.

Asimismo, la creciente automatización de las actividades de seguridad privada, debido tanto al uso de robots físicos como de sofisticados algoritmos que reemplazan las tareas de vigilancia visuales, posiblemente tendrá un impacto negativo en términos de derechos laborales. Ya son múltiples los conflictos sindicales en el sector, debido a las precarias condiciones de trabajo actuales, en empresas nacionales y transnacionales y, por ende, no es exagerado estimar que la automatización los exacerbará. Si bien es cierto que estas innovaciones tecnológicas crearán nuevos puestos, estos probablemente serán para personal técnicamente calificado, mientras que el personal sin el entrenamiento adecuado quedará desempleado. Por lo tanto, hay un riesgo de que se incremente la conflictividad en el sector en términos laborales.

En fin, como las transnacionales probablemente estarán a la vanguardia en el uso y la venta de tecnologías de seguridad privada y de vigilancia electrónica en países con escasas o medianas capacidades de desarrollo tecnológico autóctono, cabe preguntarse si aquellas tendrán recaudos en estos países donde la sociedad civil no está tan informada sobre estas nuevas formas digitales de violar los derechos humanos, y donde la legislación al respecto suele estar rezagada o ser inexistente (Cejas y González, 2014).