La violencia en torno al tráfico de drogas

Angélica ^{Durán Martínez (2018)} se anima a desafiar la idea de que la violencia es inherente al mercado en el que se comercializan bienes ilícitos y demuestra que existen distintos patrones de violencia más complejos, asociados a dos variables clave: la visibilidad y la frecuencia en el uso de la violencia.

En este sentido, ^{Durán Martínez (2018)} argumenta que la interacción entre dos factores críticos (la cohesión del aparato de seguridad estatal y la cantidad de competidores en el mercado de drogas ilegales) determina los incentivos y las oportunidades para que los traficantes usen más o menos frecuentemente la violencia y opten por visibilizarla o no (figura 1).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Durán Martínez, 2018}

Figura 1 Patrones de violencia: visibilidad y frecuencia 

La frecuencia aumenta a medida que el mercado se vuelve más competitivo, mientras que la visibilidad de la violencia se ve incrementada cuando el aparato de seguridad estatal no es cohesivo sino fragmentado. El Estado que es percibido o bien como capaz de proteger o bien como capaz de enjuiciar a los criminales, es considerado cohesivo. Las organizaciones criminales restringen el uso de la violencia si consideran que puede desencadenar una reacción por parte del Estado cuando reciben protección -gracias al uso de la corrupción- y temen perderla, o cuando creen que los organismos estatales son capaces de desmantelarlos.

Este modelo sugiere que la violencia se despliega estratégicamente para ganar porciones territoriales, resolver problemas e impartir disciplina o terminar con problemas de sucesión. La violencia pasa a ser de uso limitado para evitar atraer la atención de las instituciones encargadas del enforcement. Pero para entender los cambios en la violencia, se necesita evaluar la frecuencia de uso, continúa ^{Durán Martínez (2018)}.

En los mercados ilegales los criminales utilizan la violencia a fin de resolver disputas, pero también para desincentivar el surgimiento de potenciales competidores ya sea provenientes de su propia estructura o de organizaciones rivales. Cuanto más visible es la violencia, más factible es que la organización pueda trasmitir su poder y fortaleza al público. Sin embargo, si los criminales creen que el Estado es capaz de atacarlos de forma efectiva es posible que opten por esconder la violencia que utilizan, de manera tal que se minimice el riesgo de ser un bianco para la acción policial. Asimismo, los criminales pueden preferir que la violencia sea menos visible si tienen protección auspiciada por el Estado, que depende de su conducta pacífica.

En poças palabras, si los criminales consideran que el Estado los puede proteger o enjuiciar de forma efectiva y eficiente, pierden los incentivos para exponer el grado de violencia que utilizan. Al revés, si los criminales no cuentan con una protección creíble o no le temen a la eficiência dei Estado, dejan de tener los incentivos necesarios para esconder la violencia que usan. Por el contrario, puede series más redituables demostrar su poder.

Para ^{Durán Martínez (2018)}, las características dei aparato de seguridad estatal determinan la capacidad del Gobierno o bien para imponer efectivamente el império de la ley, o para proteger a los criminales. La capacidad de enforcement, a su vez, depende de la habilidad del Estado para coordinar acciones contra las organizaciones criminales y deberia verse incrementada cuando el aparato del Estado se vuelve más cohesivo.

Así como la cohesion estatal determina la visibilidad, la frecuencia en el uso de la violencia está estrechamente vinculada al número de organizaciones que compiten por el mercado ilegal o por el control territorial dentro de una ciudad determinada (^{Durán Martínez, 2018}). De esta manera, cuando el mercado es monopólico, la violencia tiende a ser menos frecuente porque los criminales no deben enfrentar grandes disputas con otras organizaciones. Sin embargo, utilizan la violencia para disciplinar a sus miembros, atacar a civiles que son percibidos como una amenaza, castigar por acciones que salen mal o ahuyentar a potenciales enemigos. Por el contrario, cuando el mercado es competitivo y hay dos o más organizaciones, los más poderosos intentan expulsar a sus competidores utilizando la fuerza contra ellos.

La combinación entre frecuencia y visibilidad genera cuatro patrones de violencia determinados, como puede verse en la tabla 1.

Los incentivos para hacer visible el uso de la violencia, así como también la frecuencia con la que se utiliza la misma, se modifican de acuerdo con la relación que las organizaciones criminales establecen tanto con el Estado, como con sus competidores. En consecuencia, puede que en un mismo territorio haya periodos de alta y baja visibilidad de la violencia, así como periodos de alta y baja frecuencia en el uso de esta. En consecuencia, como veremos más adelante, para el caso de Rio de Janeiro, el patrón de violencia vigente está atado a las condiciones del Estado -si es cohesivo o fragmentado- y del mercado -si es monopólico o existen competidores- y puede modificarse en un lapso de tiempo breve.

Las políticas desarrolladas desde el Estado para combatir a la criminalidad

En los últimos treinta años, Río de Janeiro se transformó en una de las ciudades más peligrosas y violentas del mundo. En este sentido, los diferentes Gobiernos federales, estaduales y municipales que se sucedieron a lo largo de estos años, aplicaron un sinfín de políticas de pacificación para el combate del crimen organizado, que involucraron desde el uso de la fuerza hasta la intervención militar. Lo cierto es que todas dieron resultados subóptimos que no lograron resolver los fenómenos relacionados con los altos índices de violencia, que, según ^{Ricotta (2017)}, son: a) la acción de grupos criminales o "facciones" dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes, b) la adquisición ilegal de armas de fuego (muchas veces con el apoyo de sectores corruptos de la policía) por parte de las facciones, c) el modus operandi reactivo, violento y represivo con el que la Policía Militar de Río de Janeiro (PMERJ) ha enfrentado este fenómeno y d) el modo en que el tráfico ilegal de sustancias se adaptó de manera funcional a la subdivisión de la ciudad en espacios urbanos (el así llamado asfalto) y a los centenares de asentamientos informales llamados favelas (^{Ricotta, 2017}, p. 65).

Para una parte de la literatura, el ingente incremento de las tasas de violencia y criminalidad que comenzaron a dispararse desde 1983¹, es una muestra del "fracaso" de los procesos de democratización iniciados en Brasil hacia mediados de los años 80 (^{Zaluar, 2007}), del deterioro socio-económico que sobrevino en la denominada "década perdida" de América Latina; que llevó a los barrios industriales del Brasil a convertirse en las actuales favelas y de su consecuente desarrollo en zonas grises, en donde el crimen organizado y la delincuencia de facciones impusieron su ley, en detrimento del poder estatal. Esto demostraría la hipótesis de que la democratización y el cambio institucional podrían potencialmente, aunque no inevitablemente, incrementar la violencia criminal (^{Duran Martínez, 2018}). Sin embargo, no lograría explicar por qué los recursos desplegados por el Estado y las políticas disenadas para combatir el fenómeno -mayoritariamente elaboradas alrededor del concepto de 'guerra' y concibiendo a las favelas como el principal problema urbano a resolver (^{Leite, 2014})-, no han logrado reducir las tasas de violencia, crimen e inseguridad de Río de Janeiro, dando como resultado el efecto contrario.

En este sentido, si desarrollamos un análisis lineal, observaremos que desde las primeras elecciones estaduales posteriores a la democratización, se estableció un patrón caracterizado por la aplicación política de 'mano dura' que reducen temporalmente la frecuencia y la visibilidad en el uso de la violencia, y un consecuente recrudecimiento y visibilización de la misma que evidencia el fracaso de la política. Es decir, que se genera una especie de espejismo, que hace que en el mediano plazo los números de la violencia vuelvan a aumentar estrepitosamente. De ahí que la problemática de inseguridad que padece Río de Janeiro pueda ser abordada desde dos perspectivas no excluyentes: la de la propia policía (^{Soares, 2009}) y la consecuente securitización urbana, y la que se enfoca en la amplia variedad de facciones criminales y milicias que operan en la región metropolitana.

A los efectos prácticos del presente trabajo, delimitaremos el análisis de las políticas de seguridad al período 2008-2018. En este sentido, la elección no resulta azarosa. En 2008, la implementación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) supuso un punto de inflexión en la gestión estatal de los territorios cooptados por la violencia. Sin embargo, diez años después, un nuevo incremento de esos índices de violencia y criminalidad llevó al gobierno de Michel Temer a intervenir militarmente Río de Janeiro, como medida extrema para combatir el flagelo y a fin de mostrar una capacidad estatal eficiente. No obstante, el recrudecimiento de la violencia a causa de la ruptura del pacto de no agresión entre el Comando Vermelho y el Primeiro Comando da Capital (PCC) en 2017 (que duró casi veinte años), terminó dejando una vez más en jaque los recursos del Estado para desafiar el problema.

En el año 2008, hubo en la región metropolitana de Río de Janeiro 2877 homicidios registrados por el Instituto de Segurança Publica². Si bien la estadística es inferior al año anterior (2007) que contabilizó 3354 muertes violentas, el clima de desborde social generado por el crimen organizado y las batallas entre facciones relacionadas al tráfico de drogas y entre estas con la policía, llevó a los tres niveles de gobierno a elaborar una estrategia conjunta para subsanar la violencia y la criminalidad en una de las ciudades más peligrosas de América Latina. El resultado fue la creación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs)³, estructuras insertas dentro de la Policía Militar del Estado de Río de Janeiro, que vinieron a reemplazar a las GPAE (Grupamento de Policiamento em Areas Especiais) y cuya misión recayó en consolidar el control estatal sobre las comunidades sometidas a la influencia de la criminalidad armada; y devolver a la comunidad local la paz y la tranquilidad publicas necesarias para el ejercicio de una ciudadanía plena que garantice el desenvolvimiento tanto social como económico.

Si bien en la práctica las UPPs se constituyen como un "proyecto experimental y pragmático" que no responden a un plan previamente disenado (^{Borges, Ribeiro y Cano, 2012}, p. 22), su implementación supuso un punto de inflexión en la trayectoria de las políticas públicas de seguridad aplicadas a Río de Janeiro. En este sentido, las UPPs se propusieron romper con la lógica del control militarizado al interior de las favelas, desterrando la "metáfora de guerra" (^{Leite, 2014}; ^{Saborio, 2017}) que caracterizaba a los barrios pobres como campos de batalla, pasibles de la aplicación de políticas de seguridad, y llevando a cabo una redefinición de las relaciones de poder entre el Estado y las áreas urbanas marginales a partir de una lógica inclusiva (^{Saborio, 2017}).

En realidad, la novedad de las UPPs se basó en la combinación de medidas de coacción, como la ocupación policial y militar, con el desarrollo de programas sociales y el establecimiento de políticas públicas de acercamiento a la comunidad a partir de la provisión de servicios básicos como seguridad, salud pública, educación, recolección de residuos y desarrollo de redes eléctricas, entre otros (^{Rodrigues, Brancoli y Kalil, 2018}).

Desde esta perspectiva, las UPPs, que como ya mencionamos vinieron a reemplazar una vieja política de invasión policial periódica al interior de las favelas, se constituyeron con personal de las antiguas GPAE a los efectos de generar una cierta familiaridad entre los policías y los moradores y facilitar el establecimiento del control social.

Sin embargo, la práctica demostró que intentar pacificar territorios bajo el control de grupos criminales dedicados al tráfico de drogas, sin el monopolio de la fuerza, no sería sustentable. De ahí que, para recuperar la soberanía del Estado en esos territorios, las UPPs pasaron de ser agentes pacificadores a convertirse en cuerpos fuertemente militarizados, en muchos casos violentos, cuya legitimidad ha sido puesta en duda al restablecer el modelo represivo como mecanismo de control de las favelas (^{Saborio, 2017}), así como el concepto de "enemigo interno" como forma de relacionamiento entre los residentes y los miembros de las fuerzas de seguridad (^{Ricotta, 2017}). En este sentido, las constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en las favelas, ha contribuido a la erosión del proyecto a partir de la de deslegitimación de su participación.

La política de securitización de las favelas luego de la implementación de las UPPs tiene dos momentos fáciles de identificar. El primero que va desde 2008 a 2014, en el cual se observa un amplio consenso sobre la percepción de mayor seguridad y pacificación de los habitantes de los barrios (^{Cunha y Mello, 2011}; ^{Leite, 2014}), que tiene una correlación directa con una reducción de las tasas de homicidios⁴ a nivel general (con un pico de menor letalidad en el año 2012), pero que se rompe tras las protestas masivas que tienen lugar en Río de Janeiro en el año 2013, las cuales suponen un cambio de actitud respecto de los procesos de securitización urbana (^{Saborio, 2014}). El segundo momento tiene lugar entre 2014 y 2018 y se caracteriza por un nuevo incremento de las tasas de violencia -que deja en evidencia el fracaso de las UPPs-, y por la decisión de Michel Temer de militarizar Río de Janeiro, tras la escalada criminal de 2017.

En este escenario, el desarrollo de la Copa Mundial de FIFA en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016, hizo que los distintos niveles de gobierno reforzaran las medidas de seguridad de las ciuda-des consideradas más violentas y peligrosas a los efectos de mostrar que Brasil tenía el tema bajo control. De ahí la multiplicación de agentes de las fuerzas del orden patrullando las calles como una demostración de que el Estado está presente en las zonas más calientes del país. Sin embargo, la reali-dad mostraba otra cosa.

Para entonces, medios de comunicación como O Globo desafiaban las declaraciones políticas, publicando reportes acerca de la epidemia de homicidios que asolaban las ciudades sede de los enfrentamientos deportivos⁵ y sobre las altas tasas de robo que ubicaban a Brasil como el tercer país con más robos de América Latina⁶. En este sentido y de forma coincidente con lo que ocurrió en 2017, los medios de comunicación se referían a Río de Janeiro como una ciudad presa del descon-trol y la inseguridad, lo que difería ampliamente de las promesas gubernamentales que hablaban de una ciudad segura y ordenada, tal como lo anunciaba el entonces ministro de Justicia Luis Eduardo Cardozo⁷.

Desde esta perspectiva, el inminente desarro-llo de los mega eventos deportivos en un periodo relativamente corto aceleró la posterior militari-zación de los espacios civiles y normalizó el uso de la fuerza como mecanismo para "civilizar" los espacios urbanos (^{Graham, 2009} y ^{Saborio, 2014}). Esta expansión de la urbanización conducida por la policía -que ya no se limitaba a "pacificar" favelas- trajo aparejada una gran manifestación de ciudadanos en 2013 en respuesta a la percepción de que los militares y las UPPs hacían uso excesivo de la fuerza.

Si bien las UPPs continuaron funcionando tras las protestas de junio de 2013, la desconexión entre el Gobierno federal, las fuerzas del orden y las políticas de seguridad expusieron, en el peor momento, las falencias estructurales de las Unidades de Policía Pacificadora como herramienta de paz social y combate al crimen. En este sentido, tras cinco años en funcionamiento con altos y bajos, el modelo estaba agotado.

De un lado, la carta de defunción de las UPPs sobrevino a pesar de las exitosas tomas del Complexo do Alemão y de Penha, luego de la desaparición, tortura y muerte de Amarildo Dias de Souza (tras ser detenido en julio de 2013 por la policía en la favela de Rocinha), que reavivó los fantasmas del abuso de autoridad y de la existencia de un "poder paralelo" dentro de la misma institución, que sembró dudas acerca de los límites del uso de la fuerza, razón por la cual, las UPPs comenzaron un rápido proceso de deslegitimación.

Del otro lado, los motivos del fracaso de las Unidades de Policía Pacificadora se encontrarían en su estructura y funcionamiento. Como proyecto piloto lanzado para resolver problemas de (in)seguridad ciudadana frente a los acontecimientos deportivos de 2014 y 2016, las UPPs pasaron de ser un plan de seguridad pública a una fuerza de ocupación, con personal poco preparado, sin planificación y con recursos escasos⁸. Y si bien habían sido consideradas desde el principio una buena iniciativa para el objetivo que se proponían cumplir -lo cual se reflejó inicialmente en el decrecimiento de los homicidios y las tasas de violencia criminallos constantes cambios de dirección (de policía de confrontación a policía de proximidad) sumados a un mayor enfrentamiento con las facciones criminales durante los últimos años, habrían resultado cruciales para su agotamiento.

El 2017 se convirtió en un año difícil tanto para la región metropolitana de Río de Janeiro como para el Estado en general. Según datos provistos por el Instituto de Segurança Publica (ISP), el Estado de Río de Janeiro alcanzó en 2017 la mayor tasa de muertes violentas desde 2009 (40 muertes cada 100 mil habitantes), a lo que debió sumársele un aumento de los homicidios ocurridos durante intervención policial⁹. En este contexto, los medios de comunicación comenzaron a referirse a Río de Janeiro como una "explosión de crímenes", una "sensación de descontrol" y de "desborde de inseguridad", razón por la cual el gobierno de Michel Temer decide enviar la propuesta de intervención militar de la localidad carioca al Congreso.

Hasta la militarización -que fue aprobada por el Senado el 20 de febrero de 2018-, las Fuerzas Armadas habían tenido un rol de acompanamiento a la policía. Sin embargo, tras la militarización, las FFAA se concibieron como los "garantes de la ley y el orden", algo que, de acuerdo con distintas fuentes consultadas, tampoco funcionó. Como destaca ^{Sampó (2018)} "la militarización, lejos de solucionar el problema que subyace al incremento de la violencia y el avance de la criminalidad, apunta a dar respuestas rápidas a las demandas de la sociedad civil" (párr. 6). En este sentido, la incorporación de las Fuerzas Armadas a las tareas de pacificación y combate a la "Guerra Urbana" mantenida entre las facciones criminales y las milicias, tiene más un significado electoral y político, que real.

En los últimos dos años, el nuevo incremento de la violencia y la criminalidad en Río de Janeiro buscó responsables en un Estado provincial quebrado, incapaz de cubrir los requerimientos económicos de operativos y de personal especializado. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia real que sugiera que el aumento de las tasas de violencia estén relacionadas con un mayor o menor despliegue policial¹⁰. Por el contrario, el incremento de UPPs desde su creación en 2008, ha demostrado tener un efecto reductor a corto plazo, que se ha revertido recientemente.

En el mismo contexto, si bien la correlación entre el creciente número de homicidios y el tráfico de drogas es rebatida por algunos autores, la evidencia abonaría la hipótesis sostenida hace algunos años por el ex secretario de Seguridad Publica, Luis Eduardo Soares¹¹, que relaciona los periodos de paz social en Río de Janeiro con el buen funcionamiento del narcotráfico, donde no hay competencia por territorios o mercados. En este sentido, si algo afecta a esa operación comercial, el caos estalla, dando lugar a una mayor virulencia de la violencia y a una mayor visibilización de la criminalidad.

En los últimos diez años, las políticas de seguridad implementadas por el Estado federal, los gobiernos estaduales y los municipios han demostrado ser ineficaces para combatir el crimen y la violencia en Río de Janeiro. De acuerdo con las distintas fuentes consultadas, este fracaso se debe, entre otras razones, al bajo nivel de cooperación entre los distintos niveles de gobierno y a la escasa o nula articulación entre las fuerzas de seguridad. Sumado a esto, la corrupción policial, la no integración de la policía a los procesos de pacificación y, a su vez, el paternalismo establecido entre las redes de narcotráfico con una parte de la población (^{Mazo y Paniagua, 2009}), también fueron responsables de que las políticas de seguridad, de por sí sesgadas, no funcionaran.

La visibilidad y la frecuencia del uso de la violencia por parte de organizaciones criminales en Río de Janeiro

El crimen organizado se vale de dos herramientas básicas para garantizar su supervivencia y reproducción. Por un lado, utiliza a la corrupción para flexibilizar los controles generados desde el Estado, pero también para obtener protección que evite que sus miembros sean perseguidos, capturados, juzgados y condenados. Por el otro lado, las organizaciones criminales se valen del uso de la violencia, directa e indirecta, es decir, a partir del uso de amenazas, del cobro de "peajes", de los desplazamientos forzados, de los heridos y de la cantidad de homicidios intencionales, a fin de mantener a sus competidores fuera de sus mercados, a sus integrantes subordinados y al Estado, lo más alejado posible del territorio que controlan.

En este contexto es que ^{Durán Martínez (2018)} sostiene que la frecuencia en el uso de la violencia y su visibilidad, están vinculadas a la cohesión o fragmentación por parte del Estado. Para operacionalizar la variable visibilidad utilizaremos el tipo de víctimas involucradas: si son criminales (baja visibilidad), civiles y miembros de las organizaciones criminales (media visibilidad) o si se trata de periodistas, activistas de derechos humanos, policías o militares encargados del enforcement (alta visibilidad), y los métodos: uso de armas de fuego, armas blancas, estrangulación (BV); combate en las calles en conjunto, desapariciones forzadas y explosiones (MV); cuerpos con mensajes en espacios públicos, explosiones, coche bombas y exposición en espacios públicos (AV). Para analizar la frecuencia, utilizaremos las tasas de homicidios oficiales.

En el caso de Brasil, es claro que el Estado es débil institucionalmente (^{Waldmann, 2003}). De allí que la capacidad de enforcement de la policía y las Fuerzas Armadas -desde la intervención-sea limitada. Sin embargo, el grado de cohesión está estrechamente relacionado con la impunidad garantizada a partir de los altos grados de corrupción¹². Pero, los cambios en los actores involucrados -con la intervención federal, la policía dejo de ser el actor más importante para negociar en el terreno- pueden haber fomentado la visibilización de la violencia a fin de marcar posiciones y demostrar quienes controlan el territorio.

Antes de la instauración de las UPP, en el año 2007, la tasa de homicidios en Río de Janeiro era de 53.4 cada 100 mil habitantes de acuerdo con los datos oficiales. Entre los años 2008 y 2014, esa tasa disminuyó significativamente hasta 24 cada 100 mil habitantes, pero a partir de ese año comenzó a subir nuevamente hasta alcanzar los 32.5/100 000 del año 2017, como se puede ver en la tabla 2 (^{Governo do Río de Janeiro, 2018}).

Tabla 2 Tasa de mortalidad violenta de Río de Janeiro 

Fuente: Gobierno de Rio de Janeiro, 2018.

En 2012, Río de Janeiro cerró una fase de disminución consistente de las tasas de homicidios, algo que venía sucediendo desde 2003. A partir de 2012, se observó una oscilación en los indicadores de letalidad violenta, siendo que en 2016 hubo un fuerte crecimiento en los índices. Se puede decir que el 2016 marcó el final de un periodo positivo para el Estado y la capital, con grandes eventos internacionales. El final de las Olimpiadas demarcó esta transición, cuando el quiebre económico y político dieron la tónica al nuevo escenario (^{Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2018}).

En 2016, la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes en jóvenes, para Río de Janeiro, trepó hasta 87.7 (cifra superior a la media país de 65.5) y, si se observa el perfil -jóvenes de sexo masculino- los datos ascienden drásticamente a 166.7 por cada 100 mil habitantes para Río de Janeiro. Valor, nuevamente mayor a la media nacional de 122.6. Asimismo, es necesario destacar la concentración de homicidios en la población negra como signo específico de desigualdad social en Brasil. Los hombres jóvenes negros son el perfil predominante tanto en la población de las cárceles, como en los homicidios nacionales y cariocas. Para hombres negros, en el año 2008, la tasa era de 49.9 cada 100 mil habitantes, en el año 2014 de 45.9 y en el 2016 de 47.6 (Atlas da violencia, 2018).

De acuerdo con el Anuario de Seguridad Pública (2018) si se toma el año 2014 como referencia, las victimas mortales intencionales se incrementaron en un 16.2 % para el año 2017 en el Estado de Río de Janeiro, alcanzando una tasa de 40.4 cada 100 mil habitantes. De esta forma, la ciudad carioca (32.5 homicidios cada 100 mil habitantes) se posiciona no solo entre las más violentas de la región, sino también entre las ciudades más violentas del mundo. De acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (^{CCSPJP, 2018}) que publica anualmente el listado de las 50 ciudades más violentas del mundo, la última del listado de 2017 fue Cúcuta, en Colombia, que alcanzó 34.78 asesinatos cada 100 mil habitantes, tasa muy poco distante de la de Río.

Sin embargo, y a pesar de lo alarmantes que son los datos, las amenazas y los asesinatos a periodistas parecen poco frecuentes en Río de Janeiro. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, que lleva adelante una iniciativa a nivel mundial sobre lesiones, secuestros y asesinatos a personal de prensa, entre 2008 y 2010 no se registraron casos en Río de Janeiro¹³. En 2011, la Organización no gubernamental (ONG) apuntó tres casos en el país, de los cuáles uno sucedió en la ciudad carioca. Se trata de Gelson Domingos, quien falleció en un fuego cruzado mientras cubría una intervención policial en una favela de la zona oeste de la ciudad¹⁴. Por su parte, entre 2012 y 2016, en Brasil murieron 22 periodistas cumpliendo su deber mientras que en lo que va del 2018 ya se registraron 4 casos. La mayoría de los ataques a la prensa se produjeron en el norte del país, pero durante este periodo se destacan tres casos en la zona de Río.

En marzo de 2013, Mafaldo Bezerra Goes, periodista radiofónico, fue asesinado a balazos cuando iba de camino a su trabajo en FM Rio Jaguaribe. En su programa eran frecuentes las denuncias hacia narcotraficantes (Unesco, 2013). Por su parte, en junio de ese mismo año, el crimen de José Roberto Ornelas de Lemos causó gran estupor y captó la atención mediática internacional. El director del diario Hora H falleció tras recibir 41 tiros en el pecho mientras se encontraba sentado en un bar en las afueras de la ciudad¹⁵. Finalmente, en 2014, el periodista, Pedro Palma, fue asesinado a sangre fría frente a su casa en los suburbios de Río de Janeiro. Los ataques a la prensa en la ciudad carioca han sido, en general, selectivos y no indiscriminados. Por otro lado, en un análisis de la información periodística disponible, no ha existido un reconocimiento explícito por parte de los autores de los hechos.

De acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional (2018), los defensores de Derechos Humanos han sido objeto de amenazas, agresiones y homicidios, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, el asesinato de Marielle Franco, a principios de 2018, en pleno centro de Río de Janeiro rompió los patrones existentes poniendo de manifiesto un nivel de violencia hasta ese momento desconocido. Sin embargo, no solo no es claro quién es el responsable por el crimen de la activista, sino que gran parte de las conjeturas mediáticas apuntan a la policía y el poder político, más que a las facciones criminales.

En consecuencia, estamos en condiciones de asegurar que la violencia en Río de Janeiro no es de alta visibilidad, considerando que el asesinato de periodistas y activistas ha sido muy puntual y no puede ser vinculado directamente al accionar de las organizaciones criminales. De igual forma, de acuerdo con las estadísticas del Fórum de Segurança Pública¹⁶, la cantidad de policías (de la policía civil y militar) fallecidos en servicio en 2013 fue de 20, mientras que en 2016 ese número se duplicó. De igual forma, los policías asesinados en los años 2016 y 2017 apenas superan los 100 efectivos en el año, y en la mayor parte de los casos han tenido lugar durante operativos dentro de las favelas.

De acuerdo con los datos a los que hemos tenido acceso, la mayor parte de las muertes se concentra en criminales, miembros de organizaciones criminales y civiles que quedan en medio de la contienda entre los delincuentes y las fuerzas del Estado, generalmente dentro de las favelas.

En cuanto a los métodos utilizados, Antonio ^{Rangel Bandeira (2009)} precisa que, a diferencia de lo que ocurre en São Paulo, las organizaciones criminales en Río de Janeiro están dispersas y fragmentadas, lo que provoca que las distintas facciones se disputen el control del territorio, específicamente dentro de las favelas. En este sentido, el autor agrega: "El control de esas favelas es disputado en conflictos sangrientos, con muchas muertes de bandidos e inocentes, involucrando armamento de guerra, como metralletas y granadas" (p. 9). Asimismo, otro motivo de disputa son las operaciones policiales dentro de las favelas que, como ya vimos, tuvieron distintas modalidades desde la implementación de las UPPs hasta la militarización. Ante esta posibilidad, ciertas organizaciones criminales, como Amigos Dos Amigos que tiene el control Rocinha (una de las favelas más populosas) intentan mantener el conflicto en un nivel muy bajo para evitar este tipo de accionar represivo por parte de la policía. Esto se desprende de las declaraciones de Antônio Bonfim Lopes, conocido como "Nem", quien fue el líder máximo de la organización desde 2004 hasta su arresto en 2011. En diálogo con el periodista Gil ^{Alessi (2018)} para El País, "Nem" reconoció que su liderazgo se sedimentaba manteniendo al mínimo las disputas para evitar la atención de las fuerzas de seguridad y del pago de importantes sobornos a políticos y policías considerando que lo más usual son los combates en las calles, las desapariciones y el uso de armas blancas y de fuego, podemos afirmar que la violencia en Río de Janeiro es de visibilidad media.

En resumen, si se tienen en cuenta los datos oficiales, resulta claro que la frecuencia en el uso de la violencia era alta cuando se implementaron las UPPs y se redujo durante su auge a casi la mitad. Sin embargo, desde el año 2014 la frecuencia ha vuelto a crecer superando la media del país y acercándose a las tasas de las ciudades más violentas del mundo. Ahora, la visibilidad de la violencia parece haber fluctuado entre media y baja. Media, cuando se establecieron las UPPs y después del 2014, cuando comenzó su decadencia, y baja mientras la política de pacificación dio resultado.

En consecuencia, creemos que en Río de Janeiro se han reproducido dos patrones de violencia: uno, casi guerra, que tuvo lugar entre los años 2008 y 2014, desde la implementación de las UPPs y hasta el inicio de su decadencia, debido a que la frecuencia en el uso de la violencia era alta y la visibilidad baja y dos, lo que podría denominarse "Guerra Urbana", donde la frecuencia en el uso de la violencia es alta y la visibilidad media, considerando que tiene lugar en ámbitos urbanos e involucra a población civil. Este patrón de violencia -no tipificado por Durán Martínez- desdibuja los límites entre la guerra y la paz e involucra a agentes externos al conflicto, especialmente a aquellos de más bajos recursos que suelen estar ubicados en territorios dominados por las organizaciones criminales. De acuerdo con lo antes expuesto, esta "Guerra Urbana" tuvo lugar en Río de Janeiro antes de la creación de las UPPs y se ha vuelto a desencadenar desde el año 2014 hasta la actualidad.