Argentina

Este país ocupa posiciones cada vez más importantes en los esquemas transnacionales de la criminalidad organizada, abandonando el papel secundario que cupo en otros tiempos, de mero corredor de tránsito de drogas hacia sus mercados de consumo, con una incidencia marginal dentro de los circuitos de tráfico. Hoy los atractivos que presenta Argentina para la criminalidad son múltiples: la disponibilidad de precursores químicos en cantidad y calidad adecuadas, proporcionados por una industria local relativamente desarrollada; la posibilidad de legalizar activos; una legislación relativamente complaciente, de penas reducidas y fáciles excarcelaciones; y una geografía amplia y en buena medida desguarnecida, que facilita la instalación de infraestructuras dedicadas al procesamiento.

Además, respecto al consumo, ya en el año 2014 el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas (CICAD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reportó que este país ocupaba, junto con Espana, el primer lugar mundial en consumo de cocaína, en términos relativos un 2.6 % de la población de la franja etaria entre 15 y 64 años había tomado al menos una vez ese estupefaciente durante el último período anual. En valores absolutos, en tanto, evaluaciones previas de esa Oficina ya habían caracterizado a la Argentina como el segundo país de la región en número de consumidores de cocaína, con seiscientos mil, detrás de Brasil que contaba en esos momentos con novecientos mil (hoy se habla de más de dos millones) aunque su población es cinco veces mayor.

A comienzos de la presente década un reporte de la Universidad Católica de Argentina concluyó, a partir del análisis de los datos obtenidos en la llamada Encuesta de la Deuda Social Argentina, que a lo largo de todo el septenio 2004-2010 habían crecido de manera constante en el país tanto la delincuencia, como el sentimiento de inseguridad o miedo a ser víctima de un delito. El relevamiento corroboró la influencia que tienen las actividades criminales en la evolución de los problemas de seguridad, con particular énfasis en la cuestión de las drogas; casi un 30 % de los hogares entrevistados habían sido afectados por el problema del tráfico de drogas, tasa que subía al 35 % en los hogares pertenecientes al estrato socioeconómico más bajo (^{Salvia y Moreno, 2011}).

Durante la primera mitad del decenio actual, el complicado panorama del país en materia de criminalidad organizada fue denunciado por diferentes instituciones, destacándose entre las no oficiales la Conferencia Episcopal Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, la Asociación de Bancos de la Argentina y distintas entidades educativas y culturales, resaltando por su jerarquía la Academia Nacional de Educación. También fueron especialmente duras las denuncias formuladas por la Corte Suprema de Justicia y, a título personal, por su presidente. De hecho, la Corte creó en octubre del año 2015 una comisión judicial para luchar contra el crimen organizado, con participación de magistrados federales de todo el territorio nacional. No obstante, la tesitura del Poder Ejecutivo de esos momentos se caracterizó por negar la gravedad de la situación, llegando a declarar públicamente la presidente de la República que "ni la Argentina ni Chile son países productores o consumidores de drogas" (^{El liberal, 2004}, párr. 4).

El escenario descripto no puede disociarse del asentamiento de numerosas organizaciones criminales extranjeras en el territorio nacional, las que muestran perfiles claramente diferentes entre sí, rompiendo con la idea de patrones y modelos de conducta comunes y estandarizados. La profundidad y gravedad de ese tipo de incursiones fue puesta por primera vez al alcance del público internacional a partir de un meduloso informe publicado en el periódico The New York Times (^{Schmall, 2012}), en el cual su autora destacó que en épocas no muy lejanas Argentina constituía una mera vía de tránsito para los traficantes de drogas, aunque luego se había convertido en un destino final. Entre los grupos criminales de diferentes dimensiones procedentes de otros países de la región, se destacan los correspondientes a Perú, Colombia y México en relación con la cocaína, y a Paraguay respecto a la marihuana.

Aunque la importancia asignada a Argentina dentro de los esquemas del narcotráfico mexicano se detecta en la segunda mitad de la década del 90, casi un decenio más tarde esa relevancia se incrementó como plaza para la adquisición de efedrina¹, un precursor químico necesario para la elaboración de drogas de diseno (éxtasis, metanfetaminas, entre otras) que luego exportaban a Estados Unidos. Con esos objetivos las bandas aztecas comenzaron a tejer acuerdos con farmacias y droguerías locales, muchas de ellas quebradas que fueron reactivadas con una inyección de capital exógeno. La principal organización azteca vinculada con estas prácticas fue el entonces existente Cartel de Juárez, aunque el reconocido especialista Eduardo Buscaglia, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México y asesor de las Naciones Unidas sobre crimen organizado, agregó al famoso Cartel de Sinaloa de Joaquín Guzmán (alias "El Chapo"). Este grupo se había instalado en las provincias nororientales de Misiones, Formosa y Chaco, donde se habían montado laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y fabricación de drogas sintéticas (^{Bartolomé, 2013a}).

Las actividades de los carteles mexicanos también incluirían otras áreas de la geografía nacional, entre ellas la región donde coinciden las fronteras de las provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero, en el centro del país. En el lugar se extienden amplios salares donde aterrizan avionetas procedentes de Bolivia que trasbordan grandes cantidades de droga, que es trasladada a puntos de exportación desde donde se envía a sus mercados de consumo. Por otro lado, las actividades de estas organizaciones se diversifican para incluir también la trata de personas. En este sentido, la escritora mexicana Lydia ^{Cacho (2012)} describe y detalla en su libro Esclavas del Poder los circuitos de trata de personas y explotación sexual en la región, indicando que las referidas organizaciones criminales se dedican a esas labores ilegales en la provincia de Córdoba, enfocando sus esfuerzos en pequenas comunidades locales atravesadas por la pobreza y cuya economía está danada.

Respecto a Colombia, los antecedentes de la presencia de organizaciones criminales de esa procedencia remiten a mediados de los años 90, cuando se radicaron en Buenos Aires -con identidad adulterada- la esposa e hijo de Pablo Escobar Gaviria, mítico jefe del Cartel de Medellín, quien había sido asesinado poco antes en su país. Desde aquel momento, cada vez con mayor frecuencia, se publican análisis y notas periodísticas que insisten en las crecientes actividades de las organizaciones criminales colombianas en el país, al punto de tipificarlo como "narcoparaíso". Simultáneamente, confirmando lo indicado por esas publicaciones, se han producido en diferentes puntos del territorio nacional detenciones de importantes narcotraficantes de esa nacionalidad por parte de organismos estatales, el descubrimiento de operaciones de lavado de dinero o ejecuciones sumarias que se enmarcan en guerras entre grupos por el control de mercados.

Esos grupos criminales colombianos suelen enviar cocaína desde su país natal a Argentina, atravesando suelo peruano y boliviano, para luego traficarla en barco o avión desde Buenos Aires a Europa y América del Norte. También comercializan cocaína oriunda de Perú o Bolivia, de la que disponen en función del despliegue de sus actividades en esos países; la cocaína boliviana suele proceder del departamento de Santa Cruz, donde se concentra la mayor cantidad de laboratorios clandestinos para la producción de ese estupefaciente, fuera de Colombia. En esa área han desarrollado sus actividades el Cartel del Norte del Valle y Los Urabenos, entre otras organizaciones (^{Bartolomé, 2013a}).

Las crónicas indican que la presencia del narcotráfico peruano en Argentina es ligeramente previa a la que pueden ostentar sus pares colombianos y mexicanos. Y su principal actividad se concentró en el tráfico de cocaína procedente de su país natal. Dos características distintivas de estas acciones eran, por un lado, que geográficamente se asentaban en barrios marginales o periféricos de las ciudades; y por otro, que incluían vínculos con la organización insurgente Sendero Luminoso.

En líneas generales, la cocaína traficada accede al país a través de la porosa frontera norte, por tierra o aire. Según indicó recientemente la cartera de seguridad (^{Klipphan, 2018}), el envasado de la droga ayuda a determinar el uso o mercado al cual se derivará: las "tizas" de 10 a 15 gramos están orientadas al fraccionamiento mediante el empleo de diversas sustancias, y luego al narcomenudeo doméstico; en tanto, los "panes" de mayor peso generalmente son destinados a mercados extranjeros, por su calidad y composición.

En la zona fronteriza septentrional se registra la presencia, sea directa o a través de representantes o tercerizaciones, de organizaciones mexicanas, colombianas, peruanas y últimamente incluso brasilenas. El tráfico por vía terrestre se caracteriza por el uso intensivo de "mulas" oriundas de los países andinos, cada una de las cuales puede llegar a ingerir hasta un kilogramo de esa substancia, distribuido en un centenar de cápsulas. En el reclutamiento de las "mulas" suelen incidir el conocimiento previo (personal o a través de vínculos familiares), la falta de antecedentes penales, así como desfavorables situaciones socioeconómicas (suelen proceder de sectores carenciados) y laborales (^{Bartolomé, 2013a}). También se subcontrata a "bagayeros", ciudadanos de la zona de bajos recursos económicos dedicados habitualmente al contrabando en las ciudades de frontera, en función de sus ventajas comparativas y competitivas frente a otras organizaciones delictivas foráneas. De acuerdo a autoridades judiciales argentinas, solamente en la zona fronteriza cercana a la ciudad saltena de Orán, aproximadamente cinco mil habitantes argentinos y bolivianos ejercen funciones de bagayeros, mientras un 30 % de la población local vive del negocio del contrabando de diferentes bienes, incluidas personas (^{Clavel, 2017a}).

Por vía terrestre, una parte de la droga ingresa al territorio argentino a través de los pasos fronterizos Yacuiba, Salvador Mazza y Aguas Blancas, Bermejo (Salta), en la provincia de Salta, y Villazón, La Quiaca en la provincia de Jujuy. También se emplean numerosos pasos transfronterizos carentes de control estatal. Para poder mensurar la dimensión de este flujo ilícito, conviene recordar que hace casi un lustro, un juez federal declaró que solamente en la pequena ciudad de Orán hay al menos unos dos mil extranjeros involucrados en actividades del narcotráfico, la mayoría de ellos de origen colombiano (^{Bartolomé, 2014}). Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estos flujos ilegales transfronterizos ocurren a partir de relaciones clientelares previas que las bandas criminales han desarrollado con diversos actores locales, entre ellos funcionarios públicos y dirigentes políticos; a su turno, los flujos retroalimentan esos vínculos que, como acertadamente se indicó (^{Campero, 2016}), abaratan costos de transacción financieros, logísticos y de riesgo ligados a la ilegalidad de las actividades.

En lo concerniente al ingreso por aire, una presentación efectuada en el año 2014, por el Jefe de Gabinete nacional ante el Congreso, indicó la existencia en el país de aproximadamente mil quinientas pistas de aterrizaje irregulares, que utilizarían los grupos dedicados al tráfico de drogas. Un millar estarían nominalmente declaradas ante la Administración Nacional de Aviación Civil pero no habilitadas para operar y otras quinientas serían clandestinas. La gran mayoría de las pistas se encuentra ubicada en los territorios septentrionales del país, concretamente en el centro y norte de la provincia de Santiago del Estero (^{Bartolomé, 2014}). Aeronaves más pequenas operan en las provincias de Salta, Jujuy y Tucumán (^{Sierra, 2014}). Empero, el tráfico de droga procedente de Bolivia por vía aérea no requiere necesariamente la disponibilidad de una pista de aterrizaje. En lo que se conoce como "lluvia de cocaína", "lluvia blanca" o "bombardeo de drogas", aeronaves de escasa autonomía empleadas en esa actividad suelen lanzar sus cargamentos desde el aire, a escasa velocidad y una altura no superior a quince metros. Los paquetes son arrojados en zonas de cultivo situadas en fincas privadas y cuentan con dispositivos de localización que permiten su rápida recuperación por parte de miembros de la red, que se desplazan por tierra.

Una vez en el país, nuevamente en manos de las organizaciones criminales, una parte de la carga es enviada a Córdoba, aunque la mayoría parece seguir hasta Rosario o terminar en Buenos Aires. En todo este esquema desempena un papel crucial la Ruta Nacional 34 (RN 34) que nace en la frontera con Bolivia y termina en Buenos Aires, luego de pasar por las ciudades de Córdoba y Rosario. En su trayecto por tierra santiaguena la autovía atraviesa la zona donde las avionetas cargadas de droga procedentes de Bolivia aterrizan para dejar su carga o efectúan la "lluvia blanca"; en ese sentido, rudimentarias pistas de aterrizaje se encuentran dispersas a ambos lados a lo largo de la carretera, en parajes inhóspitos. Todas estas características le confieren a la RN 34 su nombre de "Camino Blanco" (^{Sierra, 2014}).

La droga ingresada al país no solo abastece el consumo interno, también es reenviada por aire o mar a Europa, África y Asia. En este sentido, una vasta mayoría de mulas peruanas detenidas en otras partes del mundo procedían de Argentina y habían tomado sus vuelos en el aeropuerto de Ezeiza (^{Bartolomé, 2013a}). Adicionalmente, ^{Sampó (2017)} indica que la droga que llega a Córdoba, en gran parte es redistribuida hacia Mendoza y exportada a Chile, aunque también hay un porcentaje que es trasportada para consumo en la Patagonia o llega a suelo chileno a través de pasos fronterizos meridionales.

Finalmente, en relación a la marihuana, esta procede del departamento Amambay en Paraguay y suele entrar al país por múltiples puntos de ingreso en las provincias argentinas Formosa y Misiones, siendo uno de los más importantes el que forman la localidad correntina de Itatí y la paraguaya ciudad de Ayolas. Una exhaustiva investigación periodística realizada en torno al río Uruguay que separa a ambos países (^{Aldrovandi, 2018}) indica que su cruce se realiza en embarcaciones de diferente tamaño, incluyendo lanchas que transportan hasta dos toneladas de carga. Los llamados "paseros" o "canoeros" no se circunscriben a la droga, también extienden su actividad a otros rubros cuyo contrabando reporta ganancias: cigarrillos, armas, personas, soja e incluso animales vivos. Actualmente un "canoero" gana en Paraguay unos 200 dólares por cada cargamento de droga que cruza el río hacia la ribera argentina.

Ya en Argentina, la droga luego fluye hacia el sur empleando en especial la Ruta Nacional 11, procurando las ciudades de Rosario y Buenos Aires; desde estos centros se distribuye a otras zonas del territorio nacional y a Chile. En todo el trayecto, el valor de comercialización de la droga se incrementa de manera progresiva, abonándose USD 20 a un kilogramo de cánnabis en Pedro Juan Caballero; USD 90 en Itatí; USD 125 del lado argentino del río Uruguay; USD 400 en Rosario; USD 550 en Buenos Aires y hasta USD 1500 en suelo chileno (^{Graciarena, 2017}). La cartera de seguridad calcula que cada kilogramo de droga que ingresa desde Paraguay por las zonas de frontera se divide en una red de distribución minorista, que abastece entre diez y quince vendedores dedicados al narcomenudeo en las ciudades del interior (^{Santander, 2018}).

En el contexto descripto, la ciudad de Rosario aparece como el ejemplo más dramático en lo que hace la inseguridad pública generada por la criminalidad. Esta urbe de más de un millón de habitantes ubicada a 300 km de la capital del país constituye un ejemplo paradigmático de guerra entre bandas dedicadas al narcomenudeo que pelean por el control territorial. Allí, diferentes organizaciones delictivas libran una encarnizada lucha por el control de las zonas meridionales del casco urbano, que en los últimos años registraron un importante crecimiento demográfico a partir de flujos migratorios procedentes del norte del país. En ese contexto, en los últimos años se hizo notorio el predominio de un grupo llamado Los Monos, cuyo máximo jefe Claudio Cantero (alias "Pájaro") fue asesinado por un grupo rival en mayo de 2013, hecho que dio lugar a violentas represalias que continúan hasta el presente.

Los estudios pormenorizados que se han efectuado sobre Los Monos (^{Sierra, 2014}; ^{Lascano y De los Santos, 2017}) indican que el grupo criminal rosarino paga un monto promedio de USD 30 diarios a los llamados "soldaditos", preadolescentes y adolescentes que no estudian ni trabajan organizados en pandillas, para que distribuyan y vendan droga, o pujen con grupos antagónicos por el control de áreas de la ciudad donde desarrollar sus actividades. La venta en sí se realiza a través de más de cuatrocientos "quioscos", muchos de los cuales evolucionaron hacia los llamados "bunkers": construcciones de ladrillos con una puerta cerrada desde el exterior donde se encierran hasta diez horas diarias a menores para que atiendan el negocio.

En Rosario los capitales movilizados por el menudeo de droga superarían los USD 230 millones anuales. Por último, cabe destacar que allí la violencia criminal se plasma en la tasa de muertes violentas más alta del país, superior a 22 homicidios cada cien mil habitantes (22/00000), en buena parte por el sicariato (^{De Vries, 2018}). Esa violencia alcanzó su punto álgido el 11 de octubre del año 2013 cuando, en un hecho que no registra antecedentes similares en la historia democrática reciente, sicarios de Los Monos atacaron con armas de fuego la vivienda particular del gobernador santafecino, estando él y su esposa en el interior. Vale consignar que el titular de la cartera de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, opinando sobre ese episodio, consideró que el narcotráfico en la Argentina "ya no es un problema sino una guerra", agregando que en algunas zonas del país "el Estado ya fue reemplazado por el Estado narco" (^{Bartolomé, 2014}, p. 8).

Frente a la gravedad adquirida por el fenómeno de las drogas ilegales en Argentina, estudios recientes (^{De Vries, 2018}) apuntan que tras el cambio de Gobierno la situación registró notorias mejoras a partir de un endurecimiento de la posición oficial de cara a este fenómeno. A fines del año 2015 se declaró la Emergencia de Seguridad Pública durante un año para, en palabras del flamante titular del Poder Ejecutivo, "revertir la situación de peligro colectivo creada por el crimen organizado y el narcotráfico" (^{Klipphan, 2018}). Entre otros ejes, la emergencia buscó optimizar los niveles de incautación que, según algunos especialistas, hasta ese momento no llegaban al 10 % de la droga circulante. Ya en el año 2016, de acuerdo a los reportes del Ministerio de Seguridad ingresaron al territorio nacional 23.7 toneladas de drogas y 405 toneladas de cánnabis; de ese volumen, el Estado, secuestró el 39.6 % de cánnabis y el 35.5 % de cocaína, mientras el resto fue consumido o reexportado (Klipphan, 2018). Un año después, el decomiso de cocaína en todo el país alcanzó un récord histórico de 15 toneladas, consecuencia del aumento de los operativos contra el narcotráfico, de acuerdo a datos proporcionados por la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Resultados como estos colocaron literalmente en crisis a la ruta de drogas a Europa a través del eje Bolivia-Argentina (^{De Vries, 2018}).

Brasil

En la actualidad Brasil probablemente constituye, a partir de cierta declinación en la importancia de Colombia, el caso más relevante de criminalidad organizada en América del Sur. Contribuyen a ese estado diferentes factores, entre los que se destacan su enorme extensión geográfica; la longitud (y porosidad) de sus fronteras; el carácter selvático de buena parte de su territorio nacional y, la muy baja densidad poblacional que se registra en esas zonas. En este desfavorable escenario ha prosperado el tráfico y comercialización de drogas ilegales. En este sentido, no es un dato menor que el país limita con los tres productores mundiales de cocaína (Colombia, Perú y Bolivia) y uno de los principales productores de marihuana, Paraguay. A través de Brasil se trafica cocaína que suele tener a Europa como destino final, y que es enviada por vía marítima o aérea, en este caso utilizando "mulas". Son usuales las rutas hacia la región de África Occidental, en particular Angola y Guinea, regenteadas habitualmente por grupos criminales nigerianos (^{Olinger, 2013a}; 2013b).

El narcotráfico comenzó a tomar notoriedad en el país en la década del ochenta, a partir del incremento del consumo local de drogas ilegales como el LSD, la cocaína y el cánnabis. Este consumo se concentra geográficamente en las grandes ciudades y los territorios del este y sur, destacándose la marihuana en primer lugar, seguida por la cocaína, las anfetaminas y el opio. En la actualidad se considera a Brasil como el segundo mercado nacional de cocaína, a nivel mundial, con un consumo estimado de 92 toneladas anuales por más de dos millones de personas (^{Ramalho, 2017}); los capitales movilizados por este concepto fueron calculados hace ya una década en USD 5 mil millones anuales (^{Olinger, 2013a}; 2013b). En cuanto al cánnabis, Brasil absorbe el 80 % de la marihuana paraguaya para satisfacer la demanda de tres millones de consumidores habituales del alcaloide, según indicó un estudio realizado por la Universidad Federal de São Paulo (^{Maxx, 2017}).

En términos geográficos, la droga ingresa por vía terrestre, aérea y fluvial a través del extenso arco fronterizo que abarca desde Venezuela hasta Paraguay, fluyendo luego hacia el sur y el este del territorio nacional. En el sector septentrional del territorio nacional, por los estados Acre y Rondônia, ingresan importantes cantidades de narcóticos procedentes de Perú y Bolivia, que luego son distribuidos al resto de país por vía aérea o terrestre, en este último caso empleando la carretera BR-364. Por el estado Roraima ingresa, desde Venezuela, cocaína colombiana a través de las ciudades Bonfim y Boa Vista, que luego se traslada hacia Manaos, en el estado Amazonas, adonde también arriba directamente droga del Perú y Colombia, siendo de particular relevancia el eje binacional Tabatinga-Leticia. También en Roraima se trasiega droga colombiana hacia Guyana y Surinam, y desde estos pequenos países hacia Estados Unidos, Caribe, África y Europa. Finalmente, el estado Pará cumple un rol de importancia en el traslado de drogas desde las zonas amazónicas interiores hacia la costa atlántica, a través de su compleja red hidrográfica; en el sector costero adquiere particular relevancia la ciudad de Belem, uno de los puntos de embarque de droga hacia África (^{Ameripol, 2012}).

En el extremo sudoccidental del dilatado arco fronterizo brasileno, la droga ingresa a territorio nacional por vía aérea o terrestre, procedente de los departamentos bolivianos de Beni, Santa Cruz y Pando (^{Campero, 2014}). Desde Paraguay ingresa tanto cocaína procedente generalmente de Bolivia, que penetró el territorio guaraní por la zona noroccidental del Chaco, como cánnabis local. Un lugar de relevancia en el esquema de tráfico de drogas desde ese país es la localidad fronteriza Pedro Juan Caballero, en el departamento Amambay, donde al menos la mitad de la población viviría de esa actividad ilegal, según fuentes periodísticas. Debido a la cantidad de "narcovuelos" que registra, el pequeno aeródromo de esa ciudad fue calificado como "epicentro del crimen organizado" por el fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Paraguay (^{Clavel, 2017b}).

Estos y otros flujos, más allá de su naturaleza dinámica, conectan nodos de diferente jerarquía en el territorio brasileno. Un relevamiento efectuado hace casi un decenio identificó grandes centros de distribución interna, que además operan como plataformas de exportación hacia mercados de consumo final ubicados en el exterior; las áreas metropolitanas de Rio de Janeiro y São Paulo, Manaos y Brasilia. Otros nodos de importancia, algo menor, juegan un importante papel como distribuidores, en función de su cercanía a las principales urbes del país, a la frontera de países productores o a su proximidad con puntos férreos o viales relevantes (^{Colectivo Maloka, 2009}).

En las últimas décadas, la situación del país en términos de criminalidad organizada sufrió importantes cambios cualitativos, no solo por el ingreso al mercado de consumo local de nuevos estupefacientes y sustancias psicotrópicas, sino también por la forma que adoptó en términos organizacionales. Al contrario de lo que se observa en otros países del área, en Brasil las grandes organizaciones criminales que regentean esta actividad ilegal asumieron un perfil nítidamente urbano, concentrándose en los barrios marginales o favelas de las grandes ciudades del país, especialmente en el triángulo geográfico que reconoce como vértices a Río de Janeiro, Belo Horizonte y San Pablo (^{Varela y Bartolomé, 2011}).

Específicamente en Río de Janeiro, estos barrios marginales no se limitaron a las periferias deprimidas y proliferaron por las laderas de toda la ciudad. Suman cerca de un millar, albergan a más de dos millones de personas y su estructura no responde a ningún plan urbanístico ni arquitectónico, caracterizándose por callejones intrincados y laberínticos, donde en forma caótica y desordenada se levantan viviendas de frágil estructura, carentes de infraestructura cloacal y de agua. Capitalizando esta desfavorable coyuntura, en muchas favelas los narcotraficantes sustituyeron al Estado y se erigieron en benefactores de la población, brindando servicios como luz, gas o televisión por cable y organizando fiestas y eventos deportivos, a los que acuden fuertemente armados para exhibir su poder. Al mismo tiempo, los narcotraficantes abren sus bocas de fumo (puntos de venta de drogas) y cobran a los comerciantes un cañon en concepto de "protección".

Los habitantes de las favelas no siempre reaccionaron de manera pasiva a la presencia de traficantes en sus barriadas. Ante un Estado que no brinda respuestas, han recurrido a grupos paramilitares conocidos como "milicias" -por lo general conformados por policías civiles o militares, bomberos y agentes penitenciarios, retirados o en servicio- que a cambio de un pago monetario se comprometen a desalojar a los delincuentes y evitar su retorno. Sus orígenes se remontan a los llamados "grupos de exterminio" que surgieron en San Pablo y Río de Janeiro en la década del 70, bajo el formato de "autodefensas ciudadanas", encarnando una forma extrema de violencia institucional (^{Rodrigues y Pereira, 2011}). El crecimiento de estas organizaciones ha sido notorio desde principios del corriente siglo, sobre todo en los suburbios del oeste de Río de Janeiro, dando lugar a un nuevo problema: las milicias trascienden su rol de protección para incursionar en rubros como el transporte, la televisión por cable, las conexiones cloacales clandestinas y la comercialización de gas envasado. Crónicas periodísticas recientes (^{Barbara, 2018}; ^{Phillips, 2018}) detallan cómo las milicias iniciaron su propia red de extorsión, cobran un "impuesto" a las empresas de construcción y canteras, y hasta controlan la propaganda electoral, capacidad que les ha ayudado a construir fuertes lazos con algunos políticos locales. Frente a este despliegue de actividades Souza Alves, autor de la investigación más medulosa sobre la evolución de estas organizaciones², indica que en el quehacer cotidiano las milicias pueden llegar a funcionar como un Estado paralelo (^{Seta, 2018}).

Las milicias se valen de la violencia para imponer su postura, a nivel muy superior al que se registra con los traficantes; en este sentido, se alega que estos grupos matan de forma rutinaria a aquellos que se les enfrentan, que les desobedecen o que hablan abiertamente sobre ellos. Agravando aún más este cuadro de por sí complejo, algunas milicias han entrado al negocio de las drogas, sea directamente (comercializando) o estableciendo acuerdos con las pandillas criminales, a las cuales les venden armas e incluso espacios geográficos para que desarrollen sus actividades. En la actualidad, al menos dos millones de pobladores cariocas vivirían en once municipios controlados por diferentes milicias.

Existen aspectos a destacar de los grupos que manejan el tráfico de drogas; uno de ellos enfatiza en el carácter de "familia sustituta" que los mismos llegan a tener frente a jóvenes, muchas veces migrantes internos, carentes de un núcleo familiar que los contenga. En esta línea, que guarda puntos de contacto con las "maras" centroamericanas, los grupos criminales suelen proporcionar sentido de pertenencia; autoestima (vinculada con el respeto del entorno); una fuente de ingresos y una perspectiva de futuro, en un contexto de falta de trabajo, al menos para quienes no están calificados. Pero un segundo enfoque subraya en la cuestión de la violencia, uno de los requisitos que una persona u organización debe realizar para permanecer y progresar en este negocio; ocupa un lugar destacado la capacidad para emplear la violencia como un instrumento racional de política, incluso con altas dosis de crueldad, debido a su efecto de amedrentamiento (^{Varela y Bartolomé, 2011}).

Por cierto, la mayoría de los grupos vinculados con el tráfico de drogas arribó a ese estadio luego de un proceso en el cual fueron incrementando progresivamente la gravedad de sus ilícitos, y consecuentemente sus ganancias. Un ejemplo es el Comando Vermelho (CV) que todavía regentea buena parte de los corredores de droga entre Paraguay y los mercados de consumo en la zona carioca; inició sus actividades con el jogo do bicho, una lotería clandestina para gente de escasa cultura y recursos que se jugaba en los barrios marginales cariocas. Con el paso del tiempo, los puntos de apuestas del jogo do bicho se transformaron en bocas de fumo y las redes de protección a esa actividad continuaron encubriendo el más lucrativo negocio de las drogas (^{Troncoso y Sampó, 2015}).

El CV debe su apelativo de "comando" a sus orígenes carcelarios en tiempos del Gobierno militar, en la década del 70, del siglo pasado, cuando sus miembros iniciales compartieron prisión con cuadros orgánicos de insurgencias revolucionarias; esa interacción entre insurgentes y criminales derivó en una transferencia de conocimientos de los primeros a los segundos, quienes adoptaron formatos pseudomilitares y elevaron ostensiblemente su nivel de organización y sofisticación. De la mano de su legendario líder Fernandinho Beira Mar, el CV se consolidó como el primer grupo criminal de envergadura en el país, aunque de manera paulatina esa hegemonía fue desafiada por otras organizaciones emergentes, entre ellas el Tercer Comando Puro; Comando Vermelho Joven; Familia del Norte (FDN) y Amigos de los Amigos (ADA). El más importante de este lote de grupos emergentes sería la FDN, oriunda de Manaos, que emplea la ruta del río amazónico Solimões, para traficar cocaína procedente de Perú y Colombia (^{Chaves, 2017}). En el año 2015, una operación antinarcóticos ejecutada contra la Familia en toda la región amazónica permitió confirmar sus conexiones con las todavía vigentes "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia" (Farc), con las cuales comercializaba drogas y armas.

En la actualidad, al menos una treintena de organizaciones ilegales vinculadas con el negocio de los estupefacientes pujan por espacios territoriales a lo largo y a lo ancho del país (^{Chaves, 2017}; ^{Sampó, 2018}). La tabla 1, que incluye al Primer Comando de la Capital (PCC) paulista (vide infra), ayuda a comprender la distribución espacial de estas entidades, indicando la organización preponderante en cada unidad política federal.

^{Garzón (2011)}, quien ha estudiado la conducta de estos grupos, indica que la relación entre ellos es de abierta competencia y se traduce en el empleo intensivo de la violencia. En mayor o menor grado, de acuerdo a sus recursos y capacidades, todas ellas sustentan sus actividades en una compleja red de adherentes que están en libertad; la corrupción de políticos, jueces y policías; y numerosos "soldados" armados con un poderoso arsenal.

Además, estas entidades han ido evolucionando a lo largo del tiempo, volviéndose cada vez más sofisticadas. Reclutan jóvenes a quienes financian sus estudios universitarios de abogacía, para que en un futuro defiendan a sus miembros ante la justicia, o los hacen ingresar en los institutos de formación policial o militar, ayudándolos a egresar y llevar adelante una carrera intachable. Claramente, el objetivo es doble; por un lado, educarlos en las técnicas de combate más modernas, y por otro, conocer los modos de operación de sus oponentes (^{Ramalho, 2017}). La citada evolución se ha visto acompanada por una diversificación de sus actividades, incluso hacia rubros legales, constituyendo verdaderos holdings manejados por recursos humanos cuidadosamente seleccionados y capacitados. Simultáneamente se han especializado, delegando en grupos más pequenos los negocios y mercados de consumo locales, en tanto reservan para sí el rol de "núcleos -hubs- de la red, administrando los flujos con técnicas efectivas" (^{Ramalho, 2017}, p. 129).

Como se anticipó en párrafos anteriores, las organizaciones criminales exhiben un importante poder de fuego. En este punto, en Brasil la cuestión de las drogas se encuentra permeada por el tráfico de armas, confirmando un patrón que se observa en otras partes del hemisferio, particularmente en México. Pese a que desde el punto de vista técnico esas armas tipifican como "pequenas y livianas", en la práctica alcanzan a lanzacohetes portátiles y ametralladoras antiaéreas de calibre 12.7 mm, de cuya efectividad dan fe los helicópteros policiales derribados. No es casualidad que los efectivos policiales hayan desarrollado pesados camiones blindados para entrar a los reductos del narcotráfico, ni que hayan debido pedir vehículos de combate a las Fuerzas Armadas, para cumplir con ese objetivo.

En este íntimo vínculo entre drogas y armas, estas últimas ingresan al país procedentes de naciones limítrofes, en especial Paraguay. En este sentido, los principales puntos de acceso serían las ciudades guaraníes Pedro Juan Caballero y Capitán Bado, ya mencionadas en otro pasaje de la presente sección. El gran lago formado por la represa de Itaipú, con sus innumerables caletas, también es utilizado para este tráfico. En estos y otros lugares, las organizaciones criminales brasilenas suelen trocar con sus contrapartes paraguayas esas armas por autos robados de alta gama, que luego son "blanqueados" y comercializados en suelo guaraní (^{Varela y Bartolomé, 2011})³.

En este contexto, hoy junto al CV se destaca, por su despliegue territorial, su volumen de negocios y su capacidad de ejercicio de la violencia, el ya mencionado PCC paulista, quien le ha arrebatado el predominio al anterior. También denominado en sus inicios Partido del Crimen, se originó en 1993 cuando se realizó una revuelta de presidiarios en el penal paulista Carandirú, en respuesta a presuntos excesos por parte de los guardias carcelarios. Así, el primer objetivo del grupo fue lograr un mejor trato en las cárceles brasilenas para sus seguidores, sea a través de la negociación pacífica o mediante el empleo de la violencia (^{Garzón, 2011}). Desde esos momentos el PCC extendió su presencia a establecimientos carcelarios de todo Brasil, cuya población aumentó a una tasa superior a la tolerada por la infraestructura existente, superando actualmente los setecientos mil reclusos (la cuarta población carcelaria más grande del mundo); allí promovió y lideró una gran cantidad de revueltas, que arrojaron un saldo de centenares de muertos.

Simultáneamente cultivó una red de funcionarios públicos corruptos en las diferentes ramas del Estado, a distintos niveles (^{Franklin, 2018}).

Desde hace más de una década el PCC es liderado desde prisión por Marcos Camacho (alias "Marcola"), quien cobró notoriedad en los medios periodísticos nacionales y del exterior por haber otorgado una insólita entrevista en cuyo transcurso exhibió con toda crudeza su pensamiento⁴. En detrimento de Marcola, otra lectura asegura que esta organización carece de un único comandante, agregando que el proceso de toma de decisiones en su seno se produce a través de discusiones colectivas y el logro de consensos entre las múltiples facciones que la integran (^{Olinger, 2013a}; 2013b). En la actualidad sus efectivos excederían los treinta mil esparcidos por todo el país y con ramificaciones en algunos países suramericanos, que pagan mensualidades para solventar los servicios de protección en las cárceles. Al mismo tiempo, el grupo ha extendido su presencia a los penales paraguayos y bolivianos, y hay indicios de expansión hacia Argentina y Uruguay. Originalmente, el PCC compraba cocaína al por mayor y la distribuía dentro de Brasil, pero ahora ha comenzado a hacer tratos directamente con productores de cocaína en Bolivia y Perú, y se ha convertido en parte de la cadena de suministro (^{Franklin, 2018}). También intentaría incrementar su incidencia en las rutas de cocaína procedentes de Perú y Colombia, sobre las cuales tiene clara influencia la FDN.

Se le atribuye a Marcola la intención de llevar la organización a su cargo a un grado mayor de expansión territorial, con un virtual monopolio de las redes sudamericanas de tráfico de drogas y su fusión en una plataforma unificada, que él mismo habría denominado alegóricamente "Narcosur" (^{Ramalho, 2017} y ^{Chaves, 2017}). Los primeros pasos dados por el PCC en la constitución de ese nuevo esquema de trasiego de dimensiones subcontinentales tuvieron lugar en el año 2016 y consistieron en la consolidación de su dominio sobre los territorios septentrionales del país y las zonas fronterizas con Paraguay; para alcanzar el primer objetivo libró fuertes enfrentamientos con la FDN y otros grupos locales en los establecimientos carcelarios de Amazonas, Roraima y Rio Grande do Norte; la segunda meta se obtuvo al eliminar al traficante más poderoso de la zona, Jorge Rafaat Toumani, en un enfrentamiento armado que por su intensidad llamó la atención de la prensa internacional.

El PCC encarna un caso paradigmático de "insurgencia criminal", caracterizado por una confluencia entre insurgencia y criminalidad en sentido inverso a la tradicional mutación hacia la criminalidad de organizaciones insurgentes latinoamericanas, que da lugar al híbrido fenómeno de narcoterrorismo. Un cuadro que se agravaría a partir de la interacción de dos factores: por un lado la incorporación al grupo de guerrilleros farianos reacios a deponer las armas y plegarse al proceso de desmovilización vigente en Colombia (^{Jelmayer, Vyas y Pearson, 2017} y ^{Bartolomé, 2017}); por otro, la incorporación de moderno armamento adquirido a través de diferentes vías entre ellas el tráfico desde Estados Unidos, la sustracción de depósitos fiscales o su contrabando desde Venezuela (^{Unidad de Investigación de Venezuela, 2018}). Como hemos consignado en trabajos anteriores, en la insurgencia criminal se soslaya la naturaleza política de las metas de quienes la protagonizan, relativizando así su encuadre dentro de la esfera de la violencia política, y se enfatiza en su efecto de debilitamiento o impedimento del adecuado ejercicio de las funciones de un gobierno, en especial su control efectivo sobre todo el territorio nacional (^{Bartolomé, 2013b}).

No puede concluirse una revisión de Brasil sin subrayar que la mencionada proclividad de los grupos criminales a usar la violencia en sus disputas, sumada a la disposición de recursos humanos capacitados y abundante y adecuado armamento, ayuda a comprender el incremento exponencial de la violencia en el país, que parece obedecer mucho más a estas cuestiones que a otras tales como la pobreza o las disparidades de ingresos. El Foro Brasileno de Seguridad Pública ha indicado que en Brasil las muertes violentas intencionales rondan los 29.7 casos cada cien mil habitantes (29.7/00000), porcentaje más de cuatro veces superior al promedio mundial y que equivale a más de sesenta y un mil episodios anuales, o siete homicidios por hora. Desagregados por regiones, los niveles de violencia son particularmente altos en el norte del país, con tasas superiores a 56/00000 en Alagoas y Rio Grande do Norte y picos de casi 65/00000 en Sergipe (^{Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2017}). Por otro lado, en base a los cálculos de la prestigiosa ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, siete de las veinte ciudades más violentas del mundo se encuentran en Brasil (^{Sampó, 2018}).

Es precisamente a partir de ese cuadro de situación que en el último lustro ha comenzado a incrementarse, de manera lenta pero constante, el nivel de involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. La lógica subyacente es que las instituciones castrenses pueden lograr en este campo, actuando de manera autónoma o en forma combinada con fuerzas policiales, mayores niveles de eficiencia que los alcanzados por éstas últimas. Pese a que los peores guarismos relativos a violencia se registran en los estados nordestinos, como ya se indicó, el empleo del instrumento militar se intensificó en la ciudad de Río de Janeiro, donde dirimen su primacía el CV, PCC, entidades criminales menores y milicias.

El despliegue militar se precipitó tras la elección de la ciudad carioca como principal sede del Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de Río de 2016. El titular del Poder Ejecutivo, a través del llamado decreto de Garantía de la Ley y el Orden (GLO), autorizó la actuación de tropas de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, teniendo como principal meta la desarticulación de bastiones de la criminalidad organizada en las llamadas favelas. Un análisis del marco normativo vigente (^{Bartolomé y Sampó, 2017}) indica que, más allá de las controversias en torno a su conveniencia u oportunidad, no existe una prohibición explícita del uso de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. La Constitución sostiene en su artículo 142, que las instituciones militares deben defender a la nación, garantizar las facultades constitucionales y, en virtud de ellas, assegurar el orden y cumplimiento de las leyes. Y la Ley Complementaria número 97 de 1999 establece que les corresponde a las instituciones militares -como atribución subsidiaria general- cooperar con el desarrollo nacional y la defensa civil si el presidente de la República lo dispone.

El involucramiento se intensificó en febrero de 2018, cuando el presidente de la República colocó al Ejército a cargo de la seguridad de Río de Janeiro mediante un decreto que le otorga a esa institución amplia autoridad para "restaurar el orden" en esa urbe; las operaciones desatadas tras la firma de ese decreto se hallan en pleno desarrollo al momento de la redacción del presente trabajo.