Causalidad en las relaciones internacionales: de las ideas y la necesidad causal

Según David Hume (1711-1776), la causalidad se puede definir como una relación entre ideas, conceptos u objetos en un sentido y dirección determinados, que constituye el fundamento de la generación de conocimiento válido (2010). Respecto a este enunciado, postula dos percepciones: las ideas y las impresiones. Mientras que las primeras son imágenes iniciales que emergen del pensamiento y la razón, las segundas son visiones derivadas de la pasión, las sensaciones y las emociones, cuya primera aparición se da en el interior del alma humana (^{Hume, 2010}, p.1).

Por otra parte, las percepciones, que incluyen las ideas y las impresiones, pueden ser clasificadas en simples o complejas, según la cantidad de cualidades que se destacan de un concepto, y a partir de cuyo enlace se define una entidad que se puede diferenciar de otra (^{Hume, 2010}, p.1). Así mismo, Hume senala que las impresiones preceden a las ideas -y no al revés-, en una relación que él llama "conjunción constante" (^{Hume, 2010}, p.4). Al sumarse a dicha "conjunción" la memoria, como componente que preserva la posición y temporalidad de las ideas, se da forma a la relación causa-efecto, cuyo sustento fundamental es el principio de regularidad, en el sentido de que dicha relación se debe verificar constantemente en el tiempo y en numerosos casos para que pueda considerarse como válida.

Entre los conceptos enunciados por Hume, la causalidad es el más relevante, en cuanto es la relación por la cual las ideas adquieren un mayor grado de conexión. Es a partir de una idea que otras pueden emerger para formar entramados complejos, sobre la base de la existencia de un objeto o acción determinados. Este era el tipo de relación más relevante para Hume, hasta el punto de senalar que relaciones tales como la localización espacial-temporal o la identidad solo se emplean en la medida que afectan o son alteradas por la causalidad (^{Hume, 2010}, p.42).

Este es un sentido especialmente relevante, en cuanto la causalidad permitiria, para Hume, rastrear la composición y la existencia de objetos o ideas teóricamente relacionados más allá de nuestros sentidos. Para que esto sea posible, la relación senalada debe cumplir tres condiciones: contigüidad, sucesión y conexión necesaria (^{Hume, 2010}, pp.42-48). Si estas condiciones se cumplen, se sostiene que los objetos comienzan su existencia al estar vinculados causalmente (^{Hume, 2010}, pp.45-47). De no estarlo, entonces solo existen en la imaginación.

La noción de relación causal es comentada por Thomas Kuhn, quien declara que es una creencia persistente entre las comunidades científicas que los experimentos naturales (formulación de disenos y experimentos bajo una relación causal) estrechan la relación entre la teoría y la naturaleza mediante el estudio empírico constante (^{Kuhn, 1971}, pp.51-67). En consecuencia, a partir de los experimentos se generan un conjunto de saberes, leyes, teoremas y principios, a través de los cuales se adquiere un conocimiento altamente detallado y representativo de un aspecto de la naturaleza -o un conjunto acotado de facetas-, y que se convierten en la forma convencional de trabajo de una comunidad científica o en la lógica de la ciencia normal (^{Kuhn, 1971}, pp.68-90). Por ende, lo que se aleja de la sociedad pertenece a la naturaleza, a lo no humano (^{Latour, 2007}).

En el ámbito de las relaciones internacionales, en la actualidad se debate la idea de que lo examinado a partir de un esquema de relación causal semejante al de las ciencias exactas se circunscribe a la explicación de fenómenos, mientras que los estudios no causales buscan comprenderlos solamente. En este sentido, subyacen diferencias ontológicas insalvables entre lo causal y lo no causal, "aquello que se explica y lo que se comprende" (^{Hollis y Smith, 1991}). Una de las posiciones más eclécticas² en la materia la representa Alexander Wendt, quien postula que las teorías constitutivas -indagan en la composición de actores y fenómenos desde su contexto y constitución- (^{Wendt, 1998}) y las teorías causales explican (indagan en el análisis causal), a la vez que permiten comprender (explorar posibilidades de interpretación del problema) los fenómenos propios de las relaciones internacionales, ya que la descripción es considerada esencial para dilucidar la naturaleza de las relaciones entre agentes y su conocimiento es condición sine qua non para establecer una posible relación causal a nivel analítico. En esta medida, se puede afirmar que la necesidad causal no es la única que conduce a la realización de la ciencia ni a la obtención de conocimiento (^{Wendt, 1998}, p.117).

Empero, la crítica formulada a la visión de la necesidad causal llamada "Humeniana" (^{Kurki, 2008}) proviene de la escuela inglesa de las relaciones internacionales. Los humenianos³ han presentado, de acuerdo con ^{Kurki (2008)}, un concepto de relación causal estrecho y ontológicamente plano. Para proponer una vía alternativa a la causalidad humeniana, la autora postula la idea del Estado como una unidad que ontológicamente tiene significado y está compuesto de relaciones sociales, normas, valores e ideas que son entes "no observables", en un sentido estadístico, y, por ende, han sido despreciados de los análisis de sistemas cerrados clásicos del positivismo y el neopositivismo (^{Kurki, 2008}, pp.289-310).

Una propuesta para superar este problema consiste en volver a la noción de causalidad aristotélica, aunque con un fuerte énfasis en tres aspectos esenciales para las relaciones internacionales: 1) la formulación de un contexto histórico sólido, en el sentido de que capture la complejidad de un sistema basado en entidades cuyos componentes son "no observables"; 2) superar la tensión teórica entre causalistas y constitutivistas, a partir del análisis multicausal y una perspectiva interdisciplinaria, dado que las relaciones internacionales no se apartan de la ontología de las ciencias sociales, aunque sus cultores y académicos la perciban como una disciplina intrínsecamente "dividida"; 3) aceptar la diversidad epistemológica en cuanto característica distintiva de las relaciones internacionales como disciplina (^{Jackson, 2011}; ^{Kurki, 2008}). Respecto al tercer punto, cabe senalar que aunque la diversidad epistemológica caracteriza a las relaciones internacionales como una disciplina que ha estado dividida por un largo tiempo (^{Kurki, 2008}), la posibilidad de conversar y deliberar entre distintas perspectivas para comprender, formular y construir ciencia puede realizarse siempre y cuando no se mezclen preceptos ontológicos, filosóficos y epistemológicos que son abiertamente contradictorios entre sí (^{Jackson, 2011}, pp. 207-212). En este sentido, el pluralismo metodológico no implica un relativismo metodológico, sino que está dado por la capacidad de hacer dialogar vertientes metodológicas con sus propias lógicas internas y procedimientos para crear conocimiento a través de un enfoque cuya "traducción" sea factible, teniendo en cuenta las diferencias de lógica interna y validez del conocimiento (^{Jackson, 2011}, pp.207-212).

Por otra parte, el holismo metodológico que postula James Robinson indica que debe existir una distinción clara y exhaustiva entre los elementos que componen una relación causal, sus propiedades y principios bajo la lógica de la "causa eficiente" de Aristóteles, reinterpretada por los neoaristotélicos sobre el principio del pluralismo metodológico (^{Robinson, 2011}, p.35). En efecto, las relaciones causales pueden examinarse a nivel humano, material, institucional e ideacional, es decir, los análisis bajo la lógica de la causalidad generativa -altamente específica de las causas, y que supera los criterios de condición necesaria y suficiente- podrían aplicarse tanto al mundo social como al natural (^{Robinson, 2011}, p.35). Para que esto último sea posible, resulta imprescindible considerar los aspectos constitutivos y la condicionalidad de relaciones individuales que son susceptibles de ser encadenados en secuencias espacio-temporales conducentes a resultados válidos, enfatizando en el tipo de condición que fundamente la relación causal entre determinadas entidades y las hipótesis a partir de las cuales dichas relaciones se estudian, entienden y explican (^{Mahoney, Kimball y Koivu, 2009}).

La corrupción, la integración regional y el regionalismo como objetos de estudio de las relaciones internacionales

Uno de los temas centrales de la corrupción como objeto de estudio de las relaciones internacionales consiste en el debilitamiento que esta produce en el vínculo entre la seguridad económica y la estabilidad institucional de los Estados y los bloques regionales. En otras palabras, debilita el conjunto de reglas del juego comunes y vinculantes para los Estados miembros que facilitan el enlace de los mercados internacionales (^{Robertson, Gilley y Crittenden, 2008}; ^{Orozco, Rodríguez y Castro, 2011}, pp.264-265), en una secuencia evolutiva cimentada en las siguientes etapas: unión aduanera, zona de libre comercio, mercado común y unión económica.

Una primera definición de corrupción consiste en "el mal uso de la función pública para beneficio privado" (^{Sandholtz y Grey, 2003}, p.761). A través de esta, se puede observar una visión utilitarista basada en el individualismo metodológico (Hodgson y Jiang, 2013, pp.61-62). Esta definición resulta incompleta por dos motivos: 1) se presume al agente económico del sector público en una relación pasiva con el privado y orientada a la ganancia personal ilícita; 2) a partir de la definición precedente se soslayan de plano los componentes institucionales de la corrupción (sistema de pesos y contrapesos, sistema de remuneraciones, marco regulatorio y barreras comerciales impuestas desde el Estado, inter alia).

Como consecuencia del fenómeno descrito anteriormente se ha construido un proceso de conceptualización de la corrupción como un fenómeno organizacional. En efecto, ^{Hodgson y Jiang (2008)} senalan que, desde una perspectiva neoinstitucionalista, la producción de bienes privados contiene un conjunto de derechos que se validan socialmente (^{Hodgson y Jiang, 2008}, p.63). Así, los sectores público y privado están entrelazados y son inseparables, es decir, en ambos sectores existen agentes activos y pasivos en el ámbito de la corrupción (^{Hodgson y Jiang, 2008}, p.64). Una definición de la corrupción organizacional es la que ^{Anand, Ashforth y Joshi (2004}, en ^{Zyglidopoulos, Fleming y Rothenberg, 2009}) proporcionan, al senalar que la corrupción se define como "el mal uso de una posición organizacional o autoridad para la ganancia personal u organizacional (o de una subunidad), donde el mal uso se refiere a una disrupción de las normas societales aceptadas" (^{Zyglidopoulos, Fleming y Rothenberg, 2009}, p.66).

Desde el punto de vista organizacional, las instituciones del sector público son espacios potencialmente susceptibles de padecer la corrupción. Empero, cabe senalar que no solo estas son afectadas, sino que influye también en el sector privado, por lo que los agentes económicos de las dos áreas pueden ejercer la corrupción, o bien ser víctimas de ella (^{Hodgson y Jiang, 2008}, pp.57-64). En consecuencia, atribuir la corrupción solo a agentes económicos del sector público, especialmente desde el punto de vista del ejercicio de acciones corruptas, además de ser un error conceptual profundamente arraigado en la academia, debilita la capacidad explicativa de los estudios producidos hasta la actualidad sobre la materia y deja fuera de cualquier consideración al sector privado, a las empresas del sector público y a países con Estados pequenos, entre otros agentes de alta relevancia dentro de esta línea de investigación (^{Hodgson y Jiang, 2008}, pp.57-75).

Otro aspecto a considerar respecto al error conceptual ya citado es que la corrupción depende fuertemente, en diversos casos, de los lazos personales entre los agentes públicos y privados, sus valores compartidos y la prevalencia de instituciones informales dentro del Estado (^{Ping, 2009}), aspecto que quedaría descartado como objeto de análisis si la corrupción solamente tuviera espacio dentro del sector público.

Entonces, la discusión sobre la materia genera la necesidad de responder una pregunta clave: éde qué modo influye la corrupción, comprendida en su sentido organizacional, sobre el crecimiento económico de un Estado? Una primera aproximación la proporcionan ^{Cooper, Krieckhaus y Lusztig (2006)}, al indicar la existencia de dos grandes posiciones sobre el vínculo entre corrupción y crecimiento económico. Estas dos posturas son las que se examinan a continuación.

La visión proveniente de la corriente neoinstitucionalista arguye que la corrupción produce una fuerte desviación del crecimiento de la economía desde el punto de vista de la oferta, tanto desde la lógica de un impuesto a la producción como desde las distorsiones que genera en el mercado (^{Cooper, Krieckhaus y Lusztig, 2006}, pp.122-123). Este fenómeno genera como efecto altos costos de oportunidad para invertir los recursos disipados -debido al surgimiento de un mercado de los favores y la influencia política-en la actividad productiva y, por ende, en el crecimiento económico (^{Cooper, Krieckhaus y Lusztig, 2006}, p.123). En efecto, la disminución de la inversión se explica por los altos costos de transacción que la corrupción genera, lo que es una muestra del debilitamiento de la confianza en las instituciones políticamente organizadas, si nos remitimos al concepto de corrupción organizacional enunciado anteriormente.

La segunda perspectiva del problema, defendida por los monetaristas, consiste en que la corrupción es económicamente fértil para la actividad productiva, en cuanto obliga a las firmas pequenas a ser más eficientes para poder competir en un mercado condicionado por las influencias y favores políticos. En efecto, las empresas menos eficientes son obligadas a salir de ese mercado negro (^{Cooper, Krieckhaus y Lusztig, 2006}, p.123), lo que implica que aquellas más grandes provean una base más amplia de ingresos fiscales vía impuestos y, por extensión, de gasto público; dicha base resulta generada a partir de recursos reinvertidos por el Estado (p.123). Esto lleva a considerar que la corrupción, para quienes adhieren a la escuela ya senalada, es beneficiosa a pesar de distorsionar el mercado y el crecimiento económico, pues son externalidades negativas consideradas menores respecto a aquellas que puede causar un Estado con altos niveles de transparencia, pero que tiene una burocracia demasiado grande (pp.123-124). En efecto, los monetaristas parten de la premisa de que es el tamaño del Estado per se el mayor distorsionador de la economía y, a la vez, la principal amenaza al crecimiento económico. Así, las distorsiones provocadas por la corrupción son más tolerables que una mayor intervención del Estado en la conducción de la economía, e incluso puede atraer, como en América Latina, inversión extranjera directa de corporaciones multinacionales que podrían ser generadoras de corrupción antes que víctimas de prácticas corruptas (^{Subasat y Bellos, 2013}, pp.153-155).

Si consideramos la visión institucionalista como de interés para nuestro estudio, entonces, cabe preguntarse: écómo afecta la corrupción las relaciones entre dos o más Estados? Una primera aproximación la proporcionan ^{Sandholtz y Grey (2003)}, quienes identifican un conjunto de factores internacionales que producen efectos a nivel interno de los países y, en consecuencia, vinculan los mercados externos con los internos. Entre los principales factores, los autores ya citados destacan los siguientes: las crisis económicas internacionales; la apertura de los mercados externos; los cambios relativos de los precios en los mercados internacionales; las redes transnacionales de activistas; las comunidades epistémicas internacionales, y las organizaciones internacionales y supranacionales (^{Sandholtz y Grey, 2003}, pp.763-764). Para efectos de la presente discusión, nos interesan dos de estos factores: la apertura de los mercados externos y las organizaciones internacionales y supranacionales.

En relación al primer factor (la apertura de los mercados externos), la corrupción constituye un factor de la mayor preocupación. La instauración de reformas sistemáticas orientadas a abrir de forma progresiva los mercados con el fin de maximizar el crecimiento a través de la globalización de cadenas de valor, comercio e inversiones han tenido como principal corolario la idea de que la apertura de los mercados globaliza los beneficios también (^{Michael, 2012}) y, con ello, favorecen el crecimiento y el desempeno económico. No obstante, algunos autores sostienen, con respecto a esta idea, que la relación no solo es débil, sino que es viable el control de la corrupción con restricciones al comercio internacional (^{Torrez, 2002}, pp.399-401). Un segundo elemento relevante consiste en que, más allá de que los mercados estén abiertos o no, lo importante es conocer la cultura y la lógica con la cual se construye la confianza entre los funcionarios del sector público y los agentes económicos del sector privado (^{Li y Wu, 2010}). Si el uso de redes de actores y contactos clave es vital para la generación de relaciones económicas de cualquier tipo (confianza generalizada), entonces, los efectos de la corrupción se vuelven focalizados y, por ende, no afectan mayormente el crecimiento ni el desarrollo de la integración económica, como en el caso de China y otros países del Este Asiático (^{Li y Wu, 2010}, pp.147-150).

En relación con las instituciones supranacionales, cabe senalar que estas últimas reflejan el estado de la discusión acerca de la corrupción y la integración. Si bien es cierto que los esfuerzos estatales y no estatales por generar normas homólogas para castigar las conductas y prácticas corruptas han sido numerosos, especialmente desde inicios de la década del 90 del siglo XX, también existen déficits relevantes, tales como la ausencia de un concepto de corrupción que permita la configuración de normas comunes más efectivas para su control a partir de la Convención de Naciones Unidas para el Control de la Corrupción (^{Argandona, 2007}, p.488), tanto desde la perspectiva de la economía política internacional como desde la seguridad internacional (^{Sanahuja, 2012}). Esta última tuvo la intención inicial de que los signatarios desarrollaran toda su normativa como parte del espíritu general de la Convención, no obstante, las diferencias entre las prácticas y su asociación al concepto de corrupción llevan a que uno de los problemas esenciales en la arquitectura económica internacional sea la definición de la misma antes que la simple enumeración de sus prácticas constitutivas (^{Li y Yu, 2014}, pp.153-154).

Este problema se ha vuelto aún más complejo con la evolución de las relaciones económicas internacionales basadas en el comercio internacional y los flujos de inversión. Si bien es cierto que estas relaciones han tendido, de un modo u otro, a ser formalizadas jurídicamente mediante tratados de libre comercio o tratados regionales de comercio, cabe senalar que, contrario a lo que se ha senalado constantemente, no son los causantes de incrementar los flujos de recursos ni los retornos que se obtienen de los mismos, sino que solo confirman el desarrollo de relaciones que, en el ámbito de la economía política internacional, se han mantenido lo suficientemente estables para dar paso a la conformación de entidades que faciliten la coordinación política y doten de mayor estabilidad política y certeza jurídica a dichos flujos (^{Baier, Bergstrand, Egger y McLaughlin, 2008}, pp.492-493). Esto último aplica con gran fuerza en América del Sur, salvo en algunos aspectos del caso de Brasil (^{Dingemans y Ross, 2012}).

Por otra parte, uno de los mayores desafíos que enfrenta América Latina en materia de integración regional es el combate a la corrupción, que representa un factor clave en el deterioro de las instituciones nacionales (^{Apaza, 2009}; ^{Fredriksson y Vollebergh, 2009}; ^{Hodgson y Jiang, 2008}; ^{Leitner y Stehrer, 2013}; ^{Orozco, Rodríguez y Castro, 2010}; ^{Pandey, 2010}; ^{Valenzuela, 2011}), así como de las internacionales, por dos motivos: 1) como fenómeno organizacional, la corrupción debilita la calidad institucional de los Estados, independientemente de si el agente activo (corruptor) es del sector público o del privado; 2) al debilitarse la confianza entre los agentes económicos de los dos principales sectores de la economía (público y privado), la integración de un país con respecto a un bloque regional o subregional puede verse debilitada en razón de su incapacidad para garantizar el desenvolvimiento del mercado bajo un conjunto de reglas transparentes y competitivas.

Desde la integración regional al regionalismo: perspectivas teóricas

La integración es uno de los pocos procesos estudiados en las relaciones internacionales cuya teoría ha sido estudiada de forma contemporánea al objeto de estudio de su mayor interés: la integración europea del siglo XX. Si bien es cierto que este ámbito de investigación cuenta con una producción académica destacable desde los trabajos de David Mitrany en los años 30 con la perspectiva funcionalista, y a partir de los 50 con el enfoque neofuncionalista, los esfuerzos por disenar una teoría de la integración fracasaron en su intento original: explicar por qué ocurrió la integración europea (^{Malamud y Schmitter, 2006}, pp. 3-8).

Más allá de los enfoques referidos, el problema central radica en entender que la integración regional es, como fue concebido por Joseph S. ^{Nye (1965}; 1968), ante todo, un proceso de interdependencia que puede variar según si se establece o no como supuesto la división entre alta y baja política (^{Nye, 1965}, pp.870-873). Así mismo, la continuidad institucional de la integración es, más bien, un supuesto basado en el nivel de centralización del poder político a nivel nacional, que luego es conducido al nivel de la decisión supranacional (^{Nye, 1965}, p.873).

Si se comprende que el proceso de integración regional es un proceso de armonización de fines, recursos, instituciones y decisiones, a nivel supranacional, entre unidades geográficamente vecinas (^{Nye, 1968}), la diferenciación entre la integración política, la integración económica y la integración social es una implicación necesaria. Entre este conjunto de diferencias esenciales, la más importante de todas radica en que, mientras la integración política apunta a la formación de una comunidad para perseguir intereses comunes (^{Nye, 1968}, p.865), la integración económica apunta a la disminución de la discriminación en las transacciones económicas entre los actores en los siguientes niveles: área de libre comercio (sin aranceles ni cuotas), unión aduanera (arancel externo común), mercado común (libre circulación de factores productivos), unión económica (armonización de políticas económicas) e integración económica total (unificación de políticas públicas e instituciones políticas) (^{Nye, 1968}, pp.860-862). En consecuencia, la integración social apunta a constituir una comunidad de seguridad basada en una identidad y una comunicación en común, que generen un sentido de obligación entre sus miembros (^{Nye, 1968}, pp.862-864).

De este modo, todas las categorías de integración de Nye apuntarían, finalmente, a la integración política como el máximo nivel de integración posible, dado que la formación de una comunidad exigiría un proceso anterior de amalgamación política (^{Puchala, 1970}, pp.753-763) a partir del análisis de transacciones entre las unidades nacionales. En este sentido, los cambios de sistema de pensamiento dentro del ámbito de las relaciones internacionales ha replanteado la necesidad de establecer sistemas de análisis de causalidad en el contexto de la revolución conductista (^{Banks, 1969}, pp.335-339; ^{Nye, 1968}).

Empero, estos modelos, que eran aplicables durante los años 60, 70 y 80, comenzaron a fracturarse. La evolución de las relaciones internacionales como disciplina, especialmente en el caso de la escuela inglesa, han dado un vuelco considerable al plantear la necesidad de comprender las relaciones internacionales como "globales" disciplinariamente (^{Acharya, 2014}). Con respecto a este punto, el autor enfatiza en la idea central de que las relaciones internacionales de enfoque eurocéntrico, así como de pensamiento occidental, tienden a comprender todos los mundos posibles en términos "europeístas" u "occidentales". En efecto, la crítica principal formulada por Acharya (2014) postula que es a través de la historia que podemos comprender que las regiones, antes que entidades burocratizadas -por medio de organizaciones internacionales-, son "mundos" diferentes dentro de un mundo regionalizado, entendido como entidades dentro de las cuales hay unidades (estatales o no) que organizan por sí mismas sus propios espacios políticos y económicos, así como su relación con las demás unidades, y que después determinan el orden global (pp.649-652).

Entonces, dentro del ámbito de la corrupción y la integración regional, los flujos que se desarrollan dentro de estos espacios regionales tienen particularidades que superan considerablemente los principios de regularidad y de causalidad "humeniana". Estos planteamientos han sido recogidos por la escuela inglesa; específicamente, dichos flujos han comenzado a ser investigados a partir del concepto de sociedad internacional de Bull, aunque con importantes acotaciones de los niveles de análisis, con privilegio de los niveles regionales y subglobales (^{Pourchot y Stivachtis, 2014}, pp.68-69). Así mismo, estos nuevos niveles de análisis han instado a algunos autores a reenfocar los esfuerzos en dos áreas de interés de las relaciones internacionales: 1) comprender los aspectos que constituyen las regiones como espacios en los cuales se dan flujos económicos y políticos no burocratizados; 2) que la intensidad de estos flujos condicionan en diferentes grados el control de la corrupción, así como sus impactos en el desempeno económico de Estados que conforman sociedades internacionales de escala regional. No obstante, estos últimos planteamientos requieren de estudios de caso para verificar la existencia de "poderes causales" (^{Kurki, 2008}) que faciliten la observación del entramado causal complejo que existe dentro de una relación del tipo , así como de los elementos que componen dicha red. En este aspecto, la relación entre corrupción y desempeno económico está lejos de ser dilucidada, aunque los estudios de aspectos comunes entre los conceptos de integración regional y de regionalismo podrían proporcionar puentes para comparar casos que nos acerquen a mejores explicaciones para estos problemas, desde las relaciones internacionales en general, y la economía política internacional en particular.

Corrupción, integración y regionalismo: comprensión de sus mecanismos causales a partir de las relaciones internacionales

La corrupción y la integración regional han sido considerados como partes de un sistema causal. En el caso de la corrupción, se comprende como el principal obstáculo para el crecimiento económico en el nivel nacional, mientras que para la dimensión internacional la mayor preocupación se deposita en que los acuerdos alcanzados entre las partes favorezcan el respeto a la ley, la protección recíproca de inversiones y la gobernanza global, entendida esta última bajo un estricto individualismo metodológico, esto es, como la sumatoria de niveles de gobernanza de cada Estado participante en la sociedad internacional. Por otra parte, el segundo concepto (la integración regional) es un proceso que tiende a unificar estructuras en los Estados con la lógica de un sistema interdependiente, en el cual los problemas, así como los fenómenos que horadan la confianza entre las unidades nacionales, también pasan a ser compartidos.

Si se extrapolan las afirmaciones antes expuestas en el ámbito de las relaciones internacionales, esto es, a nivel de relaciones relevantes para la sociedad internacional, en la cual al menos uno de los actores ejerce su acción política a nivel supranacional (^{Ortiz, 2011}), entonces, el individualismo metodológico se da cuando se comprenden las variables en un esquema de separación perfecta entre dependientes e independientes, que pueden tener diferencias ontológicas sustantivas que, finalmente, no las hagan evaluables bajo una lógica causal (^{Robinson, 2011}, pp.12-13).

Lo anterior es especialmente cierto para los estudios que incluyen grandes muestras. En este sentido, el individualismo metodológico lleva a suprimir del análisis científico aquellas características o factores que hagan únicas a cada una de las entidades incluidas en el estudio, para homologarlas descartando las características morales de sus sociedades y comprender de qué forma la corrupción distorsiona los mercados y las acciones que emprenden las instituciones a nivel nacional (^{Boehm y Graff, 2009}).

La supresión total de las particularidades de las entidades estudiadas no solo conduce a un problema normativo, sino metodológico. En relación a este último, es preciso realizar dos consideraciones: 1) las grandes muestras (sobre 20 casos) implican, la mayoría de las veces, la necesidad de hacer estiramientos conceptuales de tal envergadura que los conceptos pierden por completo su significado original (^{Landmann, 2011}; ^{Sartori, 2011}); 2) a medida que se agrandan las muestras, solo se logran confirmar patrones o relaciones causales sobre aspectos de baja especificidad en relación al objeto de estudio que se desea investigar. De esta forma, son los estudios de pequenas muestras los que permiten investigar más profundamente determinados mecanismos causales (^{Landmann, 2011}). Adicionalmente, cabe senalar que la forma de establecer las muestras es decisiva respecto de este último punto, ya que, en el ámbito de las relaciones internacionales de enfoque comparado, la selección de los casos no se desarrolla bajo una lógica estadística, sino que, incluso, puede tener fundamentos lógicos que otorgan cierta arbitrariedad al proceso de selección de unidades explicativas pertinentes (^{Gerring, 2007}; ^{Landmann, 2011}; ^{Ragin, 1987}).

Si bien es cierto que hay estudios que enfatizan en el uso de correlaciones de grandes muestras en rasgos generales asociados a la integración económica internacional de los actores, o su nivel de adscripción a organizaciones internacionales (^{Sandholtz y Grey, 2003}, p.779-786; ^{Sandholtz y Koetzle, 2000}), estos no implican lógicamente causalidad, dado que la explicación y la predicción no constituyen elementos suficientes para dilucidarla, por no ser capaces por sí mismos de develar mecanismos causales robustos (^{Robinson, 2011}). En efecto, se puede afirmar que la mayoría de los estudios de corrupción, bien sea desde la ciencia política o desde las relaciones internacionales, se focalizan en el análisis estadístico cuantitativo -ya sean formulados bajo la lógica de la inferencia causal o de la inferencia descriptiva (^{Wendt, 1998})-, antes que en incorporar consideraciones históricas o de otro orden por ser concebidos como precientíficos (^{Wendt, 1998}). De este modo, los procesos de integración poseen indicadores más atingentes al concepto por centrarse en el análisis de transacciones entre las unidades nacionales. Empero, la corrupción como objeto de estudio enfrenta un problema que ha sido considerado relevante para numerosos autores: al recopilarse las percepciones, tanto de expertos como de individuos, no hay forma de medir directamente la relación en que este concepto esté involucrado, por lo que no se puede evaluar consistentemente (^{Lin y Yu, 2014}; ^{Sandholtz y Grey, 2003}; ^{Sandholtz y Koetzle, 2000}; ^{Torrez, 2002}). Esto llevaría a que solo fuera posible la descripción causal a nivel estadístico de los datos, y no el análisis causal.

De esta forma, salvo los avances de la escuela neoinstitucionalista de la economía política (^{Hodgson y Jiang, 2008}; ^{Boehm y Graff, 2009}), y del realismo crítico en las relaciones internacionales (^{Robinson, 2011}), se puede observar el desarrollo de una ciencia normal, centrada en construir o pulir modelos estadísticos o econométricos que miden la corrupción en torno al nivel de crecimiento y desarrollo económico de las entidades consideradas (^{Collins, Uhlenbruck y Rodríguez, 2009}; ^{Cooper, Krieckhaus y Lusztig, 2006}; ^{Dutt, 2009}; ^{Leitner y Stehrer, 2013}; ^{Sandholtz y Gray, 2003}; ^{Sandholtz y Koetzle, 2000}). Así, el neoinstitucionalismo y el realismo crítico refuerzan sus estudios en el análisis de casos, el cual se observa una mayor propensión por los estudios cualitativos (^{Nye, 1967}; ^{Hodgson y Jiang, 2008}; ^{Ping, 2009}), y que suelen destacar rasgos de carácter organizacional o individual sobre la corrupción. Sin embargo, dichos estudios de caso son de un solo país, lo cual debilita considerablemente el valor de sus datos, por no ser concebidos para lograr una eventual generalización de los resultados de los estudios comentados (^{Landmann, 2011}). Además, se desarrollan a nivel de los procesos de integración cuando se examinan bloques, pues, aunque aumente la cantidad de países en el análisis, son las regiones las que constituyen casos, antes que las unidades nacionales, desde la perspectiva de las relaciones internacionales. El problema de la selección de pocos casos obliga a una mayor acumulación de datos, a aumentar la cantidad de variables, o bien, a examinar los países como caso de forma complementaria al examen de las regiones solamente.

No obstante, la salida alternativa más plausible es la utilización del concepto de regionalismo. Esto último permite dar solidez a la comparación de casos, prescindiendo de un concepto de integración que tiene en su centro la conformación de instituciones políticas que han sido logradas, en gran parte por la Unión Europea, y en parte por algunos estados de América del Sur mediante el Mercosur, aunque con resultados altamente dispares.