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Introducción
Durante el siglo XXI, la agenda global de la seguridad se ha concentrado en temas como el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos conexos al crimen organizado para trasformar sus paradigmas. La visión clásica del tema, enmarcada en la defensa de la autonomía estatal, comenzó a ser reemplazada por interpretaciones que pretenden acercarse a la cuestión desde el reconocimiento de la complejidad de actores, redes e intereses inmersos en el contexto de la seguridad. En consecuencia, las políticas estatales sobre la seguridad también han mostrado paulatinamente un cambio en su concepción y en los planes de implementación para la solución de problemas.
Otros factores asociados al nuevo contexto de la seguridad tienen que ver con los cambios en el enfoque de la seguridad pública. En este sentido, el planteamiento político de la seguridad también ha innovado en su contenido, incluidas las metodologías de aproximación a los problemas basadas en un enfoque integral que promueva la participación de sectores interesados en la configuración de las ideas de la política.
Para el caso de América Latina, este nuevo contexto puede apreciarse en el incremento significativo de las estadísticas de criminalidad e inseguridad, siendo las cifras de la región las más altas registradas en el mundo entero; este hecho ha impulsado a los gobiernos de la región a la construcción de nuevos planteamientos políticos para abordar la cuestión. En la medida en que, dentro del ámbito estatal, se estimulen planes de intervención respecto a estas políticas, la economía del sector también experimentara cambios; así la seguridad y la vigilancia registraron una tasa de crecimiento del 8 % anual como actividad durante 2017. Para el caso de Colombia, el incremento fue del 4,3 % anual (Pérez, 2018). También, el surgimiento de nuevas empresas y modelos de negocio que demandan servicios de seguridad, sumado a las variaciones de los mercados, han justificado el desarrollo de conocimientos, aplicaciones y sistemas que proporcionen una intervención novedosa de los actuales desafíos. Las condiciones que acompañan el panorama de la seguridad en el siglo XXI hacen manifiesta la necesidad de participación de diversas instituciones sociales para la definición de retos y objetivos en la materia, dado que dicha participación permite representar los intereses de las comunidades y de la sociedad en general; entre ellas se destacan las instituciones educativas por cumplir un papel de formación de ciudadanías, al igual que de formación de capacidades necesarias para el mundo del trabajo.
En Colombia, sobresale la construcción del destino político en materia de seguridad planteada en 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La denominada Política de Seguridad Democrática, que acompañó los planes políticos del país en materia de seguridad hasta el año 2010, hacía manifiesta la necesidad de un compromiso más activo de la sociedad para lograr un estadio de disminución del delito y de las amenazas al Estado por parte de los grupos al margen de la ley. El fenómeno de la violencia, el narcotráfico y la conformación de grupos armados ilegales influenció la preocupación colectiva por el problema de la seguridad. El resultado de las acciones de implementación propuestas por la política se observó en el comportamiento expansivo del sector de la seguridad que reportó para el 2009 un incremento del 12.75 % (Supervigilancia, 2010).
Para el año 2010 y hasta 2018, con el gobierno de Juan Manuel Santos, se vio un giro importante en la política con el reconocimiento del conflicto armado colombiano y una formulación integral del tema de la seguridad. Se aceptó que el problema consistía en la presencia de grupos armados de diversa índole combinado con la delincuencia común en las ciudades (Vargas, 2014).
En respuesta a estos desafíos, la política de seguridad influyó en la formación de los agentes de seguridad del Estado y de otros profesionales civiles provenientes de diversas áreas laborales. De esta manera, se expandieron los conocimientos y las prácticas que invitaban a la colaboración, al compromiso y a la elaboración de esquemas de seguridad preventiva y reactiva frente a los problemas contemporáneos de seguridad de las personas, de los territorios, de los negocios, del medioambiente y de las instituciones. A este esfuerzo se sumó la inversión de las fuerzas militares colombianas en la conformación de programas de posgrado, dedicados al fortalecimiento académico e investigativo en seguridad de acuerdo con las políticas del Estado.
Si bien los diferentes programas de educación superior en diversas áreas de la seguridad se han orientado a la gestión y a la rama de la planeación estratégica, la Maestría en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral (MADGSI) de la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana (EPFAC) emprende un proyecto académico para formar profesionales integrales preparados para gerenciar instituciones y acciones de seguridad integrales y efectivas. El presente documento, a través de la ilustración de la MADGSI, estudia el impacto que tienen las políticas de seguridad sobre el desarrollo de modelos y prácticas educativas novedosas y con alta relevancia en los tratamientos estatales, privados y mancomunados de la seguridad para proponer una posible ruta de exploración para la formación en el sector.
Metodología
Para abordar el problema se recurre, inicialmente, al método histórico-sociológico con el fin de realizar observaciones sobre la historia de las políticas públicas de seguridad en Colombia entre 2002 y 2018, correspondiente a las presidencias de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Aquí se efectúa una descripción general de las intenciones y acciones generales de estos gobiernos según las concepciones de seguridad de cada mandatario y las necesidades sociopolíticas del país. A través de este enfoque, es posible la identificación de tendencias en el acontecer político y la descripción misma de cómo la historia posibilita la emergencia de fenómenos específicos e, incluso, cómo amplios grupos humanos son susceptibles de experimentar un fenómeno político global, cada cual con sus especificidades culturales, económicas y sociales (Losada y Casas, 2008). Es clara aquí una intención de hacer una comparación general de los principios de las políticas de seguridad a través de una revisión bibliográfica sobre los proyectos de cada gobierno y sus repercusiones en la sociedad.
Esta intención metodológica es un abreboca para describir la suscripción del currículo de la MADGSI a la transición de la política pública de seguridad entre los gobiernos de Uribe y Santos, coincidentes con las políticas de lucha contraguerrilla y de seguridad ciudadana en relación con la coyuntura del proceso de paz. Es esencial tener presente que la MADGSI es un programa de la EPFAC, una institución pública perteneciente a las fuerzas militares. Con esto no se quiere afirmar que esta intención educativa de la EPFAC sea únicamente parte de una decisión institucional, sino que el trascurrir de la historia política de Colombia permite la llegada de nuevas concepciones de seguridad y, en consecuencia, de nuevas formas de abordarla desde la academia y la investigación.
Como resultado del proceso de investigación involucrado, se trabajó con la visión del gremio de los expertos, académicos y estudiantes de posgrado alrededor de temas de seguridad1 y se realizó un ejercicio complementario y necesario para indagar acerca de la profundidad de estudio de la seguridad en las universidades del país. En este trabajo de investigación acerca de la percepción sobre el currículo y las metodologías de enseñanza para la comunidad educativa de la MADGSI, se utilizó el método comparativo (Sartori, 2002) para encontrar las coincidencias y las falencias del programa curricular en relación con otros programas académicos de pregrado y posgrado en seguridad en universidades privadas y públicas. De esta manera, Sartori explica que "parangonar sirve para controlar -verificar o falsificar- si una generalización (regularidad) se corresponde con los casos a los cuales se aplica" (Sartori, 2002, p. 31). Siguiendo al autor, la comparación de los programas académicos es funcional para determinar la integralidad de la MADGSI. A su vez, Sartori afirma que dentro de lo comparable se busca esclarecer las cualidades de las entidades que son compartidas y las que no lo son; lo que hay que preguntarse es ¿en cuáles aspectos se pueden comparar? (Sartori, 2002). En este caso, se pretendió realizar la comparación de once programas universitarios en dieciséis instituciones de educación superior públicas y privadas con base en dos parámetros: modelos de gestión y tipos de seguridad abordados.
Resultados
La política de seguridad en Colombia: del conflicto al posconflicto
La noción de seguridad representa un debate clave al interior de los paradigmas de las ciencias sociales. Una visión que abarque los elementos más característicos que la componen puede describirla como un intangible que se construye en el imaginario de la sociedad, pero que se relaciona con la experiencia diaria de las personas en términos de percepción de confianza: "La seguridad es un fenómeno intangible, pero con propiedades que hacen posible que la población la perciba a fin de generar una sensación colectiva de certeza y confianza". (Morales, 2005, p. 93).
Para el caso de las políticas de seguridad que han tenido lugar en Colombia durante el siglo XXI, se plantea una influencia sobre la manera en que la toma de decisiones, unida a la formación del pensamiento en seguridad, construye los paradigmas de formación de los profesionales de la seguridad. Esta idea se fortalece con la Política de Defensa y Seguridad (PDS) planteada por el gobierno nacional en 2019 cuando se afirma que:
Hoy, se requiere una nueva visión de seguridad que amplíe el objetivo de confrontar a esos grupos armados y las economías ilícitas y de paso a adoptar una política de carácter multidimensional que atienda los intereses nacionales, consolide el Estado de derecho, fortalezca la legitimidad democrática de las instituciones, garantice el respeto de los derechos humanos y se convierta en el motor de la transformación estructural de los territorios afectados por la criminalidad y la violencia, asegurando su incorporación plena al conjunto de la nación y denegándoselos a los grupos ilegales. (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 20).
Sumado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que, durante este siglo, las políticas para la seguridad y la defensa en Colombia han afirmado el enfoque de derechos humanos, promovido por la acción política internacional desde sus fundamentos jurídicos, para garantizar la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana en nuestros territorios. Así se define en la ley 684 de 2001, artículo 8:
ARTÍCULO 8o. SEGURIDAD NACIONAL. En desarrollo de lo establecido en la Constitución Política, es deber del Estado diseñar, en el marco del respeto por los Derechos Humanos y las normas de Derecho Internacional Humanitario, las medidas necesarias, incluido el uso de la fuerza, para ofrecer a sus asociados un grado relativo de garantías para la consecución y mantenimiento de niveles aceptables de convivencia pacífica y seguridad ciudadana, que aseguren en todo tiempo y lugar, en los ámbitos nacional e internacional, la independencia, la soberanía, la autonomía, la integridad territorial y la vigencia de un orden justo, basado en la promoción de la prosperidad general. (Ley 684 de 2001).
Este contexto de interpretación permite entender que después de los sucesos históricos y de las acciones estatales con respecto a los temas de seguridad, se producen sistémicamente trasformaciones para la construcción de prácticas coherentes con una forma de concebir la seguridad y con los modos de enfrentamiento a las amenazas.
De esta forma, la educación alrededor de la seguridad ha de cambiar acorde con las necesidades planteadas desde las políticas generales de seguridad; no obstante, es importante mencionar que la investigación sobre este tema es poco explorada, en palabras de las investigadoras Martínez y Vargas, porque: "los estudios sobre seguridad no se han ocupado del mundo universitario y los estudios sobre universidad se ocupan de problemas mucho más apremiantes" (2002, p. 37). Esto demuestra que es un terreno poco explorado del conocimiento y que amerita una producción más nutrida teniendo en cuenta el contexto actual del territorio colombiano.
Es oportuno ahora analizar muy sucintamente cómo se desarrolló la política de seguridad de las últimas dos décadas en el país, las cuales corresponden a los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Entendida la política de seguridad como las acciones de gestión que determina el gobierno nacional a fin de construir un ambiente apropiado para el desarrollo humano, las contingencias políticas ocurridas dentro de este período llevaron a cambios radicales en la forma de concebir la seguridad y de actuar frente a los desafíos nacionales e internacionales.
Para comenzar, Álvaro Uribe Vélez, una vez asumió la presidencia el 7 de agosto del 2002, planteó una lucha contra la subversión, la cual se desarrolló en su Política de Seguridad Democrática, publicada por la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional en el año 2003. En ella, se señalaba como objetivo principal "garantizar el Estado de derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la actividad democrática, del libre ejercicio de la autoridad de las instituciones, del imperio de la ley y de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de interés común" (Ministerio de Defensa Nacional, 2003). Para este gobierno, la prioridad era la protección de la población civil, la infraestructura nacional, la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla, sustentada en principios democráticos que invitaban a la solidaridad, a la cooperación ciudadana, a la garantía de los derechos humanos y a la tolerancia y el respeto por la diferencia. Asimismo, la seguridad se tomó como un bien colectivo, un tema de toda la sociedad y no exclusivo del Estado y su fuerza pública. Esta política de seguridad recuperó, en buena parte del territorio nacional, especialmente en la zona rural, la paz y la tranquilidad y generó en la población en general una percepción de seguridad.
Después del fallido proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARO) en San Vicente del Caguán, entre 1998 y 2002, conjugado con el precedente mundial del ataque a las Torres Gemelas el 9 de septiembre de 2001, la presidencia de Álvaro Uribe destacó la lucha contra el terrorismo como su centro de acciones. A su vez, como legado de Pastrana, Uribe contó con los recursos y la cooperación del Plan Colombia con Estados Unidos. El objetivo de Uribe para combatir definitivamente el terrorismo provocado por las guerrillas fue apoyado financieramente por Estados Unidos, lo que resultó en el mejoramiento exponencial de las condiciones de las fuerzas militares por entrenamiento y compra de equipamiento (Mancuso, 2015).
La Política de Seguridad Democrática estaba fundamentada en un saneamiento de los conflictos del país por la vía militar con operativos contra las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o por la vía diplomática con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su fin era dar espacio a las actividades productivas y aumentar la inversión extranjera en el país. Dentro de los pilares básicos de la seguridad democrática se encontraba el control territorial, lo que implicó reclamar el territorio en posesión de las FARC. Este control territorial requería obligatoriamente de un combate frontal contra las insurgencias y "ganarse" a los pobladores rurales de los territorios en disputa. Por su parte, las FARC sufrieron altas pérdidas de efectivos y de jefes militares, como el Mono Jojoy y Raúl Reyes.
Para el gobierno de Uribe, era claro que el Estado podía derrotar militarmente a las guerrillas, especialmente por el respaldo financiero, técnico y armamentístico de los Estados Unidos. A su vez, se puso en marcha una estrategia de desmovilización y reincorporación de combatientes que prometía a los actores armados una reintegración a la vida civil. Esta estrategia desembocó en la Paz de Santa Fe de Ralito con los paramilitares a través de la Ley de Justicia y Paz, en la que se reducían a máximo ocho años las penas por los crímenes cometidos, excepto los de lesa humanidad y narcotráfico. Posteriormente, se incluyó dentro de esta posibilidad legal a otros actores armados para desarticular pacíficamente a los ejércitos irregulares. La guerra contraguerrilla se extendió hasta los límites fronterizos con Venezuela y Ecuador, a tal punto que algunas operaciones militares terminaron en el cruce de frontera y luego en tensiones diplomáticas con ambos gobiernos (Beltrán, 2013).
En un balance general, la Política de Seguridad Democrática en efecto golpeó de manera importante las capacidades militares de las FARC, especialmente gracias a las adquisiciones de aviones y helicópteros que permitieron el despliegue rápido de tropas en el territorio y el bombardeo de campamentos (Mancuso, 2015). Esta política fue resultado de una confluencia de intereses económicos y políticos nacionales e internacionales, compatible con la campaña mundial antiterrorista liderada por Estados Unidos.
En Colombia, la seguridad democrática fue la implementación unilateral de un plan de choque y de militarización justificado en la seguridad como derecho (Borbón, 2019). Incluso, la radicalidad del discurso del gobierno de Uribe llevó a la condena de defensores de derechos humanos y de partidos de oposición como colaboradores de la guerrilla y a la interceptación de sus comunicaciones privadas por medio de los servicios de inteligencia proveídos por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) (Mancuso, 2015). El lado oscuro de la seguridad democrática es explícito en el balance de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando se revisan los escándalos de "falsos positivos", ejecuciones extrajudiciales, persecuciones judiciales y el deterioro de la seguridad ciudadana (Beltrán, 2013; Borbón, 2019).
Por otro lado, Juan Manuel Santos estableció la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, con la que pretendía combatir las nuevas y tempranas expresiones de crimen organizado que amenazaban la seguridad y el funcionamiento del Estado. De acuerdo con la Política de Defensa y Seguridad para la Nueva Colombia 2015-2018 (Ministerio de Defensa Nacional, 2015), uno de los objetivos estratégicos del gobierno de Santos era combatir la evasión de impuestos, la corrupción, los delitos informáticos, la minería ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y el crimen organizado generalizado que amenazaban la seguridad de la sociedad y del Estado. Lo anterior implicaba capacitar a los miembros de la fuerza pública en seguridad con todas las capacidades del Estado.
Para este segundo mando, como afirma Beltrán (2013), la Política Integral de Seguridad resulta ser una profundización de la seguridad democrática con especial atención a las áreas que no fueron priorizadas por el gobierno anterior como es el caso del reconocimiento del conflicto armado, la aprobación de una ley de restitución de tierras y de víctimas del conflicto, el mejoramiento de las relaciones diplomáticas con Ecuador y Venezuela y, lo más importante, el establecimiento de diálogos de paz con las FARC y con el ELN.
Por otra parte, es clara la continuidad del objetivo central de lograr la seguridad: el aumento de la inversión privada (Beltrán, 2013). De hecho, como señala Arlene Tickner (2016), durante las negociaciones de paz con las FARC y otros avances de la presidencia de Santos, el país empezó a considerarse internacionalmente como una "historia de éxito". Colombia es visto como una nación trasformado que logró reducir sustancialmente la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, que coopera con otros países para compartir el know-how de lucha contrainsurgente y control territorial e incluso que podría convertirse en una potencia económica regional.
Después de cuatro años de negociación entre el gobierno de Santos y la guerrilla FARC, el 26 de septiembre de 2016 se firman los acuerdos de paz de La Habana con los que se dio por terminado el conflicto armado del Estado con este grupo insurgente. Como pasos siguientes, se ha procurado la efectiva desmovilización, el desarme y la reintegración de los excombatientes a la civilidad. El fin del conflicto genera nuevas exigencias en distintos niveles. Por una parte, les exige a las fuerzas militares una reestructuración que permita reajustar las acciones militares contra las amenazas restantes a la seguridad. Por otra parte, junto con las disidencias de las FARC y el ELN, las organizaciones de crimen organizado y el narcotráfico forman parte de las nuevas prioridades de las agencias de seguridad del Estado, especialmente la ilegalidad por causas económicas, no políticas.
Ahora es necesario observar cómo la política de seguridad también ha tocado el escenario de posconflicto, que se caracteriza por ser un proceso de múltiple transición, con muchas variables para tener en cuenta. Su objetivo será la recuperación del tejido social destruido en zonas apartadas del país durante más de cinco décadas de enfrentamiento armado en el que la sociedad civil estuvo en medio. De acuerdo con el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), (2002), el posconflicto se organiza en torno a áreas temáticas como seguridad, justicia, perdón, reconciliación, participación social y política de los actores del conflicto, bienestar social y económico y educación. Aquí debe encajar la planeación del Estado de las políticas públicas de seguridad para reinventarse y renovar las funciones de sus agencias de seguridad, incluso más allá de la ideal relación codependiente e instrumental entre seguridad y desarrollo. Para estos fines, es imperativo que los centros de investigación en seguridad del Estado y de las universidades coadyuven a la formación de profesionales orientados hacia la construcción de nuevas prácticas en torno a la seguridad del posconflicto; es en los espacios académicos que se propician debates de fondo sobre lo fundamental y lo necesario acorde con la coyuntura y las necesidades del país.
¿Cuáles son las necesidades y desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad para el posconflicto? Es esencial mantener presente que la firma del Acuerdo de Paz significa el inicio de un proceso transicional de un estado general de guerra hacia la estabilización pacífica de las relaciones sociales, políticas y económicas. Este proceso se traduce en un cambio radical de las dinámicas sociales de los territorios rurales del país, cada uno con sus especificidades y actores. En consecuencia, el Estado debe estar presente con su institucionalidad en todos los territorios y preparar una política pública específica para cada uno. De esta forma, se garantiza un cuidado especial de cada población a través del incremento de la gobernabilidad, incluida la presencia de las fuerzas militares donde sigue imperando el crimen organizado y el narcotráfico, en especial donde amenazan y asesinan sistemáticamente a los líderes sociales. De aquí la necesidad de demarcar los límites entre las fuerzas policiales y las militares.
Es importante desmilitarizar el país para cambiar las relaciones cívico-militares: uno de los pasos más importantes es la creación de confianza mediante el rompimiento de la lógica del "enemigo interno" y el respeto de los derechos humanos, cuando los agentes militares y policiales tengan que actuar (Morales y Tickner, 2019). De plano, se debe desplazar la operatividad de la guerra de guerrillas. Aquí es donde el agente de seguridad debe tener un tipo de educación más integral.
Ahora, se espera el paso hacia una "seguridad transicional" a través de la protección y de la restitución de los derechos de los ciudadanos. Álamos y Daza (2015) destacan que esta seguridad transicional debe estar fundada en acciones de reordenamiento de las cosas: legalización de las tierras, actualización de soportes de identificación (registros civiles, actas de matrimonio) para evitar y resolver conflictos, mediación dentro de la legalidad de los problemas de violencia y violación de derechos, equipamiento necesario para los intercambios comerciales (internet, vías, institucionalidad) como paso necesario de la conversión hacia las economías legales, regulación de precios, fiscos y relaciones laborales, y atención a las desmovilizaciones que garantice el tránsito hacia la legalidad. Este proceso complejo de transición del conflicto al posconflicto requiere de la cooperación interagencial para cubrir la complejidad de estas dinámicas de seguridad ciudadana. De lo contrario, muchos desmovilizados serían susceptibles de unirse a las disidencias y a las organizaciones criminales y delincuenciales, además de ser objeto de rechazo y estigmatización social. Para el caso colombiano, es obligatorio el cambio de concepción de una seguridad tradicional hacia una seguridad compleja, humana e integral.
Los nuevos desafíos sociopolíticos y económicos que impone el posconflicto, en el que surgen nuevos enemigos de la seguridad con diferentes fisonomías, requiere el fortalecimiento en la formación de gerentes de la seguridad que impacten con la ejecución de nuevas estrategias y la creación de nuevos modelos de seguridad. Estos gerentes deben tener capacidades para hacer investigación y resolver nuevos problemas, así como actitud para trabajar en equipo en acciones coordinadas y corresponsables con entidades del gobierno y el sector privado, para mejorar la seguridad en todas sus dimensiones.
Al llegar aquí, en este corto recuento histórico de la política de seguridad de los gobiernos Uribe y Santos, se permitió evaluar el impacto y los cambios de las políticas de seguridad que hoy desembocan en la apertura de programas académicos como la MADGSI. Desde la investigación, la MADGSI puede hacer aportes significativos a la construcción y aplicación de nuevo conocimiento en seguridad, al planteamiento de soluciones a los problemas que debe enfrentar el país, al desarrollo de una política de seguridad y a la creación de modelos de seguridad.
Configuración de currículos basados en las necesidades de la contingencia histórica
En 2016, se inaugura el programa de la MADGSI, orientado por el cumplimiento del orden constitucional, legal e institucional de los sectores educativo y de defensa como respuesta a los retos de la política de seguridad del Estado de aquella contingencia política. Asimismo, el currículo del programa está diseñado para fortalecer la cultura de la investigación y la formación de pensamiento crítico e innovador que posibilite la construcción de nuevo conocimiento. También, el programa busca el fortalecimiento de la seguridad integral, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional que direccionan el planeamiento de la gestión estratégica y establecen las bases, los criterios y las acciones alineadas con las metas del Gobierno Nacional, según el Plan de Desarrollo y la Política de Seguridad Integral y de Seguridad y Defensa para la Prosperidad del gobierno de Santos.
La política de seguridad integral del Estado, desde sus lineamientos, hace necesario crear alianzas con la academia, la sociedad civil y el sector privado para prever actuaciones que vayan más allá de la simple protección material contra posibles agresiones armadas o ataques terroristas. De esta forma, a través de la cooperación de todos los actores involucrados en la seguridad se construye la política pública del sector, su regulación, planificación y operación. En consecuencia, y dada la complejidad de la materia, su incidencia sobre la seguridad de las personas y sobre el funcionamiento de las estructuras sociales básicas, el propósito del programa es formar profesionales capaces de desempeñarse en cargos directivos o como gerentes o investigadores de procesos y sistemas de la seguridad contemporánea.
Dentro de este marco, el programa de la MADGSI tiene como objetivo principal construir un conocimiento orientado a gestionar procesos y diseñar sistemas de seguridad que requiere la coyuntura nacional mediante el fortalecimiento del proceso de toma de decisiones que responda efectivamente a las necesidades y vulnerabilidades de cada contexto. El perfil ideal del egresado se caracteriza por participar desde la interdisciplinariedad en la gestión de los riesgos; crear alternativas y estrategias de solución a los problemas de seguridad; y evaluar los procesos de seguridad que requieran una intervención específica.
En este punto, es importante indagar lo siguiente: ¿cuáles son los aportes de la MADGSI a la recuperación de la seguridad del país en tiempos de posconflicto? ¿Cómo se aborda en el currículo el proceso de formación en investigación? ¿Cómo formar un gerente de seguridad integral con conocimiento aplicable a los contextos que dirija con éxito la seguridad de una organización? ¿Cuáles son los aportes de la MADGSI al diseño de una política pública en seguridad y a la construcción de nuevo conocimiento relacionado a partir de sus líneas de investigación y su currículo académico?
De acuerdo con la naturaleza de la formación posgradual, para que la MADGSI pueda contribuir a la construcción de nuevo conocimiento en seguridad y a la elaboración de la política pública, debe partir de la investigación. Por tanto, se requiere formar un estudiante con un pensamiento crítico y sistémico a través de un tipo de enseñanza que privilegie la investigación con espacios de práctica y variadas metodologías de enseñanza. Un currículo de semejantes características debe ser dinámico en el aula de clase, en las pedagogías de enseñanza y en el fomento de la investigación.
En concordancia, es necesario remitirse a Tobón (2009), quien menciona que el diseño curricular tradicional ha tenido los siguientes problemas:
bajo grado de participación de los docentes, los estudiantes y la comunidad en la planeación educativa;
seguimiento de metodologías de diseño curricular de manera acrítica;
bajo grado de integración entre teoría y práctica (Díaz y Hernández, 2002);
ausencia de estudios sistemáticos sobre los requerimientos de formación del talento humano por parte de la comunidad, la sociedad, la cultura, las empresas, las organizaciones sociales, el mercado laboral-profesional y las propias personas interesadas; y
tendencia a realizar cambios curriculares de forma más que de fondo. No es raro encontrar instituciones educativas en las cuales la reforma curricular se reduce a cambiar unas asignaturas por otras, a modificarles el nombre, a actualizar contenidos, a cambiar objetivos por logros y, recientemente, logros por competencias (Tobón, 2009).
Esto indica que los programas académicos deben propender por configurar espacios de aprendizaje que les permitan a los estudiantes conectarse directa y críticamente con la realidad. El currículo debe, entonces, servirle al estudiante para desempeñarse en el lugar donde interactúe; por ello, la insistencia en una mirada sistémica y fundamentada en la praxis. En consecuencia, el programa curricular debe ser lo suficientemente flexible, y a su vez firme, para adaptarse a las contingencias históricas como las expuestas en el apartado anterior. Igualmente, se debe asegurar la pertinencia de sus contenidos temáticos con el fin de mantenerlo actualizado y congruente con los requerimientos de la profesión y el desarrollo de competencias de los futuros profesionales en seguridad integral.
La MADGSI reúne diferentes características de la seguridad, presentes en programas académicos de otras instituciones de educación superior; con lo cual, esta propende por aprehender la seguridad de forma más integral y compleja. Esto se debe también a que su reciente apertura coincide con las concepciones contemporáneas de la seguridad, con los paradigmas posmodernos del Estado y de la sociedad, con la globalización económica y tecnológica y, en últimas, con las novedosas nociones de amenaza y riesgo. La inclusión de amenazas no convencionales como las medioambientales o las económicas dentro de un programa académico de procedencia militar resulta ser un ejercicio comprometido y temerario por comprender las dinámicas actuales de la seguridad. Dicho esto, no se puede afirmar que la MADGSI sea una panacea; tiene sus limitaciones en las prácticas pedagógicas, teóricas y conceptuales. Podría lograr preparar profesionales con alto nivel de dirección, planeación y reacción, pero todavía debe dar el giro curricular y pedagógico necesario.
De ahí, la importancia de que la seguridad se fundamente desde el currículo y la práctica en la solución de problemas y en la formación en investigación. Para esto, se necesita que el desarrollo de los módulos de la maestría en su proceso de enseñanza no sea tradicional. Así las cosas, se abordará muy sucintamente la pregunta "¿qué es el currículo?" desde diversos autores y su relación en la práctica con el tipo de currículo que se debe abordar en la MADGSI.
Al llegar a este punto, se quiere destacar que el currículo en un programa académico está dirigido a la construcción conjunta del conocimiento entre los participantes activos, docentes, estudiantes y administrativos, en el que la acción, la reflexión, la teoría y la práctica se unifiquen en un proceso dialéctico. "El currículum es un intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede abierto al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica" (Stenhouse, 1987, p. 29).
Por otra parte, Tobón (2009), respecto a la definición de currículo señala que "el currículo es una selección cultural que se compone de procesos (capacidades y valores), contenidos (formas de saber) y métodos/procedimientos (formas de hacer) que demanda la sociedad en un momento determinado" (p. 108). Asimismo, teóricos como Aguerrondo (2001) y Stenhouse (1996) coinciden en que el currículo como propuesta educativa es el resultado del análisis crítico y de la reflexión sobre las características del contexto, el educando, los recursos; la definición de fines y objetivos educativos; y la especificación de medios y procedimientos propuestos para asignar racionalmente los recursos humanos y materiales temporales y organizativos, de manera que se logren los fines propuestos y pueda trasladarse efectivamente a la práctica.
Así, el currículo es pensado desde un contexto que se construye continuamente. Este propicia unos escenarios en donde el estudiante es el centro; se trata de ofrecerle oportunidades para tomar decisiones y asumir responsabilidades como resultado del deseo por aprender. El currículo es derivación de una selección temática después de una observación de la cultura en las prácticas y las relaciones sociales. Por tanto, debe ser resultado de una mirada histórica y debe estar emplazado dentro de un proyecto abierto de impacto social. Para la MADGSI, como parte de un proceso transicional de conflicto a paz, debe tener, dentro de su origen militar, el aporte cognitivo y normativo a los profesionales de la seguridad. Como proceso de construcción dialéctico, el currículo debe ser capaz de absorber no solo las necesidades contextuales, sino las experiencias de los involucrados, de las clases y de los procesos investigativos.
En complemento, Gimeno y Pérez (1999) sostienen que el currículo es un ámbito de interacción donde se entrecruzan procesos y agentes diversos que dan real significado a un entorno social complejo. Desde esta perspectiva, vale la pena destacar la importancia de los contextos; el currículo que en la realidad incide en los estudiantes depende, en gran medida, de las condiciones del ambiente académico. Por lo tanto, el currículo es un campo privilegiado para apreciar las contradicciones entre intenciones y práctica.
Por su parte, Flórez (1994) plantea que el currículo debe propender por la formación integral, entendida como un proceso que facilita el pleno desarrollo de cada ser humano en sus dimensiones intelectuales y axiológicas. Para facilitar la formación integral, el currículo debe ser pertinente, flexible, tener orientación investigativa y posibilitar la relación entre teoría y práctica, y la interrelación entre las disciplinas. Así mismo, las necesidades del mundo actual exigen que la institución de educación superior, la EPFAC, forme personas competentes para el desempeño en el campo profesional, en este caso, la seguridad integral. La problemática central se fundamenta en que la capacidad actual del Estado para enfrentar las amenazas generadas por el terrorismo, las bandas organizadas, el narcotráfico o el hurto callejero es bastante limitada material e institucionalmente; actualmente, no existe una estrategia efectiva nacional al respecto. Entonces, como estrategia de respuesta desde la academia, se deben establecer las múltiples causas y efectos de la seguridad integral y de sus amenazas para proponer, a través del currículo y de la investigación del programa de la MADGSI, las líneas de gestión, los modelos de seguridad y las estrategias de protección.
En principio, el currículo de la MADGSI está conformado por tres núcleos: el primero es de fundamentación, donde se tratan modelos generales de gestión, organización y legislación de la seguridad, relacionados directamente con la gerencia de proyectos y la dirección de organizaciones; el módulo de profundización trata los modelos de seguridad, el análisis de sistemas, la protección de activos e infraestructuras y la gestión de amenazas y riesgos; y en la parte de investigación, desarrollo tecnológico e innovación se busca que el estudiante emprenda un proyecto de grado de investigación aplicada, en correspondencia con los enfoques de "dirección y gestión de la seguridad integral, sistemas de seguridad integral, activos vitales e infraestructuras críticas y estratégicas, riesgos de la seguridad integral, e investigación, desarrollo e innovación" (EPFAC, 2015, pp. 59-60).
En la generalidad, sobresale la intención de la MADGSI por tratar preventiva y reactivamente, desde la institucionalidad, los problemas a la seguridad. Sin embargo, en una aproximación institucionalista de la seguridad, no dejan de ser las instituciones encargadas de la seguridad, en especial las estatales, las que concentran las acciones correspondientes. Con lo cual, la MADGSI no sale de una forma tradicional y estatista de estudiar y abordar prácticamente la seguridad, y el concepto "seguridad integral" se podría quedar como un intento por incluir las nuevas concepciones de la seguridad sin la complejidad debida de estudio. Por otra parte, la formación de los estudiantes de la MADGSI se enfoca en la respuesta acertada de los tomadores de decisiones a partir de valoraciones materiales de los proyectos, de las organizaciones y de los planes de acción. ¿Es suficiente con conocer la legislación, los límites institucionales, las características de las amenazas, las capacidades materiales y de acción para ser un buen director o gerente de la seguridad?
Para clarificar las oportunidades y necesidades del currículo de la MADGSI, se debe tener en cuenta otras aproximaciones académicas a la seguridad en Colombia. En el anexo 1, se evidencia la distancia que hay entre la MADGSI y otras propuestas curriculares de diversas instituciones educativas en dos ejes fundamentales: los modelos de gestión y los abordajes de la seguridad.
En cuanto a los modelos de gestión, casi todos los programas comparados contienen el componente administrativo de la seguridad en su respectiva área especializada. De los once programas revisados, siete tratan la salud y seguridad laboral, uno es sobre la seguridad y la defensa y tres abarcan la seguridad en general. Estos últimos cuatro programas, tienen estrecha y directa relación con las instituciones militares, por una parte, la EPFAC, y por otra, la Universidad Militar Nueva Granada; la relación entre el origen militar de estos programas académicos con un tratamiento amplio de la seguridad es importante para comprender la intención de innovar los currículos académicos.
Los modelos de gestión de la mayoría de los programas persiguen la creación de proyectos y la gestión de riesgos/crisis, y, debido a que la mayoría de los programas tratan principalmente temáticas de seguridad en el trabajo, los modelos de gestión se centran en los protocolos para la gestión de riesgos específicos de la industria, del medioambiente y de los espacios laborales. En este sentido, el modelo de gestión tratado por la MADGSI no sobresale al enfocarse en la construcción, gestión y evaluación de proyectos estratégicos.
Por otra parte, en lo que respecta a los abordajes de la seguridad se encuentra una mayor distancia de los programas de la EPFAC y de la Universidad Militar frente al resto. En la mayoría de los programas, la prioridad temática de la seguridad tiene alta relación con la protección de activos y de la infraestructura, con especial referencia a la seguridad ocupacional; en los programas de la EPFAC y de la Universidad Militar se explaya el abordaje hacia otros rubros de la seguridad. La diferencia radica en que los programas ofrecidos por la EPFAC mantienen un carácter administrativo y gerencial de la seguridad, mientras que los programas de la Universidad Militar son más comprehensivos de los conceptos y fenómenos de la seguridad. En perspectiva, puede haber un aprendizaje entre los currículos de ambas instituciones educativas considerando la cercanía por el origen militar.
Si bien las ambiciones del currículo de la MADGSI son el tratamiento integral de la seguridad de acuerdo con las condiciones históricas bajo las que fue inaugurada, se mantiene una aproximación bastante tradicional y gerencial a problemas que requieren una apertura y renovación teórica y práctica. En la autorreflexión y en referencia a los otros programas académicos, se podría fortalecer este proyecto posgradual con alto potencial de investigación y aporte para las políticas públicas y las prácticas actuales de seguridad y defensa.
Asimismo, bajo ese panorama, el diseño curricular de la MADGSI requiere de unos docentes comprometidos con construir nuevo conocimiento y llevar a los estudiantes por el camino de la investigación. A partir de lo dicho, surge la necesidad de que el docente desarrolle unas capacidades y competencias para la selección de contenidos y el diseño de su propio proyecto de aula ajustado a las líneas de investigación del programa. Ahora bien, no basta con que el profesor se responsabilice de establecer la mejor estrategia para enseñar seguridad integral, sino que se requiere hoy un docente con competencias para establecer cuáles son las ideas previas de los estudiantes y los obstáculos didácticos y con criterios claros para seleccionar contenidos que le permitan al futuro profesional resolver problemas de seguridad a nivel local, regional y mundial.
En esta misma línea de consideraciones, Gimeno y Pérez (1999) consideran que el diseño curricular establece lineamientos que orientan el proceso para alcanzar las metas formativas propuestas; por tanto, diseñar el currículo significa intervenir la práctica guiada por cierta intención. Todo esto demuestra que el currículo se forja en la praxis. En el caso de la MADGSI, cada unidad que se desarrolla en los respectivos módulos debe plantear problemas reales y actuales de la seguridad integral. Esta manera de desarrollar las clases conduce a que se haga investigación en todos los módulos y se realicen proyectos integrados por semestre y un gran proyecto de investigación como fase final de cada cohorte de la maestría. Bajo estas consideraciones, sería apropiado para sus propósitos misionales que la MADGSI avanzara hacia la renovación conceptual y pedagógica y que pasara de un tratamiento tradicionalmente institucionalizado y gerencial de la seguridad a modos más complejos y cercanos a la realidad social, económica y cultural de los territorios.
Conclusiones y recomendaciones
En el trascurrir de la política de seguridad en Colombia en el periodo 2002-2018, pasando de la intensidad del conflicto armado a la búsqueda de la paz con las FARC, se ha hecho necesaria una revaloración interna del Estado y de la academia interesada en la seguridad que necesita el país. Entonces, se releva la seguridad nacional que lucha contra las insurgencias a la consideración de otros riesgos y amenazas para la seguridad nacional y societal como la pobreza o los desastres naturales. En este periodo de transición, dentro de la EPFAC sucede la apertura de la MADGSI, con una intención fuerte de complejizar el manejo de la seguridad actual, pero, a su vez, con serias limitaciones para superar los modelos tradicionales de estudio de la seguridad.
Los egresados del programa al ser gerentes de seguridad estarían en capacidad de diseñar, implantar y mantener una serie de iniciativas y procedimientos de seguridad, pero también de crear una cultura organizacional para la seguridad, de tal manera que se puedan establecer procesos estratégicos en las organizaciones. Igualmente, estos podrían generar la integración de entidades públicas y privadas responsables de activos vitales e infraestructuras críticas y estratégicas a través de organismos de coordinación interagencial. Sin embargo, el currículo de la MADGSI, al estar orientado específicamente hacia la seguridad física, no logra aprehender la complejidad de la seguridad en los sistemas sociales como en el ámbito económico y de protección social.
Ahora bien, los lineamientos curriculares establecidos por el Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana (SEFAC) disponen que la formación integral se concibe a partir del desarrollo de las dimensiones y potencialidades del ser, con capacidades intelectuales, metodológicas e investigativas. En este sentido, el propósito de la maestría es dar respuesta a las necesidades propias del sector de la seguridad y contribuir a la solución de dificultades institucionales, regionales y nacionales. Para esto, al interior de la maestría, se debe impulsar la investigación en campo y aumentar la interacción con los contextos locales y regionales con el fin de incorporar de manera más explícita las implicaciones psicológicas, culturales y sociológicas en las consideraciones prácticas y cotidianas de la seguridad. Igualmente, para autores como Stenhouse "la investigación es una indagación sistemática y autocrítica. Como indagación, se halla basada en la curiosidad y en un deseo de comprender; pero se trata de una curiosidad estable, no fugaz, sistemática en el sentido de hallarse respaldada por una estrategia" (Stenhouse, 2004, p. 28).
Lo anterior implica que los procesos de enseñanza-aprendizaje y la investigación en la MADGSI se tengan que articular más; se evidencia la necesidad de plantear desde el currículo estrategias pedagógicas y metodológicas en las que estudiantes y docentes sean partícipes del desarrollo de situaciones significativas de aprendizaje que involucren experiencias en procesos de investigación. Es necesario, entonces, abandonar parcialmente la construcción de modelos de seguridad basados en las dinámicas y capacidades institucionales para abrir las posibilidades de concebir y trabajar la seguridad de cerca con la ciudadanía y los grupos sociales.
Ahora bien, la educación tradicional impide interpretar la realidad en su complejidad y relacionarla con diferentes disciplinas del conocimiento, por lo que se desaprovecha la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinar en los procesos de enseñanza. Lo anterior lleva a pensar que el currículo deberá abordar la investigación con un enfoque que permita mejorar la seguridad y que contribuya a mejorar el desarrollo social en una nueva relación entre fuerza pública, sociedad civil y empresas privadas. Estos actores pueden aportar toda su infraestructura y operatividad en beneficio de la seguridad del país en esta etapa histórica de posconflicto. De esta manera, será posible abordar aspectos no tradicionales y altamente urgentes de la seguridad actual del país.
Se recomienda que cada línea de investigación de la maestría cuente con investigador de tiempo completo, con amplia experiencia en investigación para ampliar las actividades relacionadas directamente con la sociedad. De esta misma forma, junto con la práctica, se podrá reforzar el ejercicio comparado y el aprendizaje de experiencias. Por último, se invita a que el programa comience a prestar los servicios de consultoría en seguridad a entidades públicas o privadas para que los estudiantes se entrenen en el análisis de situaciones problemáticas de seguridad y en la forma en que se presenta un informe de consultoría.
