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Introducción
El narcotráfico se conoce como una actividad ilegal compleja y difícil que consiste en múltiples intercambios de bienes prohibidos entre productores, distribuidores y consumidores en un contexto similar al del mercado (Naylor, 2003, como se citó en Boivin, 2014). Además, se describe como una actividad delictiva prevalente en los países donde ocurre el proceso de trasporte, producción y consumo (Edwards, 2000; Goehsing, 2006; United Nations Office on Drugs and Crime [ONUDC], 2012). Asimismo, los Estados lo consideran una amenaza para las sociedades y un factor crítico para la seguridad y la estabilidad en la guerra contra las drogas cuyas opciones de política para combatir el narcotráfico parecen estar fallando.
Lo anterior plantea dos cuestiones principales para el debate sobre este fenómeno. Primero, es una actividad económica ilegal que implica una amenaza a la seguridad de los Estados, ya que el narcotráfico se expande como una actividad más compleja y sofisticada con más actores y más elementos que amenazan a los gobiernos (Cajiao et al., 2015), y limita el ejercicio de la aplicación de la ley a partir de una conceptualización weberiana (Robinson, 1998). En segundo lugar, repensar el fenómeno es fundamental, ya que las estructuras de las organizaciones sociopolíticas están cambiando en la globalización, mientras se debilita el papel del Estado en el sistema internacional y aumenta el poder de los actores no estatales (Mesa, 2008).
Esta discusión se plantea en el marco de la globalización como generadora de cambios en nuestros puntos de referencia paradigmáticos como la creciente interdependencia e integración económicas, la apertura de los mercados, la desregulación de las economías nacionales, los avances en las tecnologías de la información y la comunicación y el trasporte. Estas referencias han creado las condiciones para que las organizaciones criminales amplíen y mejoren sus redes organizativas (Edwards, 2000; Öner, 2014; Reyes y Dinar, 2015; Rodríguez Morales, 2006; Walker, 2002). Además, la globalización también proporciona algunas condiciones para el funcionamiento trasnacional del crimen organizado al aprovecharla para diversificar su portafolio de actividades (Pérez, 2007); en el caso del narcotráfico, genera la capacidad de cambiar, mutar y adaptarse a través de una multiplicidad de actores para fortalecer así sus estructuras y relaciones (Cajiao et al., 2018).
Este artículo intenta explicar el narcotráfico más allá del marco de análisis del Estado-nación, ya que está siendo socavada su lógica institucional y racionalidad en la concepción de la estructura social nacional, por lo que un enfoque trasnacional toma importancia a medida que emerge la sociedad global (Robinson, 1998). En ese sentido, tiene como primer objetivo demostrar cómo el tráfico de drogas se puede explicar más allá de las interacciones entre los Estados-nación y entre las sociedades y economías nacionales, ya que la sociedad global se caracteriza por redes, mercados, regiones, alianzas y actividades que están entrelazadas; de ahí, su carácter trasnacional. En segundo lugar, pretende brindar una descripción más amplia y completa para comprender el fenómeno mediante una revisión exhaustiva de la literatura que describe la multidimensionalidad del narcotráfico como un fenómeno con características trasnacionales complejas.
Metodología
Esta investigación lleva a cabo un estudio descriptivo con el objetivo de brindar una perspectiva integral y holística que explique el fenómeno del narcotráfico. Para esto, construye un marco descriptivo del funcionamiento multidimensional desde el nivel trasnacional en un contexto de globalización más profundo y de sus complejidades como fenómeno de crimen organizado (Murillo Zamora, 2016).
El estudio utiliza un análisis documental basado en artículos científicos y libros, así como en literatura gris, incluidos informes gubernamentales, documentos inéditos y fuentes de los medios de comunicación, para resumir las características y tendencias actuales del tráfico trasnacional de drogas. En esa medida, intenta proporcionar una perspectiva más amplia y un marco analítico para futuras investigaciones y utilizar los hallazgos para nuevos estudios sobre este tema, en particular basados en datos e información recopilada de una amplia gama de literatura académica. Para lograrlo, se lleva a cabo una fase de contextualización y se determinan los límites específicos en los que se desarrollará la investigación, los recursos documentales y los criterios de búsqueda de información propuestos (Guevara Patiño, 2016). El artículo también utiliza la fase analítica para clasificar la información recopilada.
Resultados
El narcotráfico en la globalización: de lo internacional a lo trasnacional
El estudio y el análisis del narcotráfico como fenómeno global requiere una visión pluralista, es decir, un cambio de visión centrada en el Estado a una perspectiva trasnacional, ya que opera en los Estados con las oportunidades favorables de un mercado y con múltiples redes de agentes o actores (Dudley, 2012; McFarlane, 2013; Ovalle, 2010b). Esto hace que la visión centrada en el Estado sea demasiado estrecha, como argumentan los teóricos pluralistas (Evans y Newnham, 1998; Vargas Meza, 2007). El narcotráfico se amplía y se profundiza como una manifestación de las dinámicas de globalización como la interdependencia, la interpenetración, la trasnacionalización de la producción y la lógica de superación del espacio y el tiempo, lo que lo impulsa como actor no estatal (Del Arenal, 2009, como se citó en Garzón et al., 2013; Nye y Keohane, 1971).
Este artículo subraya dos aspectos principales en relación con este cambio de perspectiva tras-nacional sobre el narcotráfico. En primer lugar, está el surgimiento de lo global y, en segundo lugar, la controvertida noción de territorialidad de los Estados-nación que limita los flujos de personas y la economía. El primer aspecto sobre la globalización se refiere a la creciente interacción entre actores internacionales ya que Del Arenal (2009, como se citó en Garzón et al., 2013) destacó la creciente interdependencia, interpenetración y lógica de superación del espacio y el tiempo, lo que crea una disyunción entre los Estados-nación y la acumulación global (Robinson, 1998). Por su parte, Nye y Keohane (1971) lo describen como la "trasnacionalización de la producción mediante la contenedorización del trasporte marítimo y la difusión de las tecnologías de la comunicación, lo que desplaza el foco al poder en condiciones de intensa interdependencia".
Por otro lado, el primer aspecto se refiere a la visión tradicional de la política mundial centrada en el Estado, que surgió de un período de bajo nivel de interconexión entre Estados con escasos vínculos entre territorialidad, producción, clases y poder estatal (Evans y Newnham, 1998). En estos, los grupos que ocupan ubicaciones contradictorias o inestables en un entorno trasnacional se separan de los territorios nacionales y cambian el lugar de muchas relaciones sociales en todo el mundo (Robinson, 1998). Se dan así interacciones en fronteras engañosas, bloques comerciales, fronteras más porosas e interconexiones entre diferentes grupos armados en torno a negocios ilícitos.
En consecuencia, y refiriéndose al segundo aspecto, Robinson (1998) argumenta a favor de ir más allá de los marcos de análisis del Estado-nación, el cual ha sido el locus básico de la teoría de las relaciones internacionales; por lo tanto, se problematiza en torno a los actores trasnacionales y los procesos pertinentes (cf Nye y Keohane, 1977; Gilpin, 1987, como se citó en Robinson, 1998).
Dados los cambios sociales y económicos globales actuales, Robinson (1998) primero plantea la cuestión de la existencia de sociedades antes del surgimiento del Estado-nación, que no pueden entenderse como sistemas sociales aislados, lo que implica su carácter supra o trasnacional (Robinson, 1998), de las economías nacionales de base territorial y, posteriormente, de la derivación de las identidades subjetivas de los pueblos a partir de su sentido del espacio geográfico (Robinson). Es por ello que el punto de inflexión para estas organizaciones criminales se da cuando penetran cada vez más las fronteras internacionales y aprovechan la integración económica (Murillo Zamora, 2016)
Por lo tanto, la noción trasnacional está difuminando la distinción entre lo interno y lo externo y, en esa medida, desestabiliza los conceptos relacionados con la soberanía, la territorialidad y la seguridad (Badie y Smouts, 1995). El Estado encuentra cada vez más desafíos para el monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro del territorio; por lo tanto, pierde su lógica cuando los actores económicos y sociales globales pueden superponer su poder a cualquier poder estatal "directo" (Robinson, 1998), lo cual requiere un fortalecimiento teórico, ya que
el transnacionalismo funciona como un panal de abejas, esa visión como una estructura que sostiene y da forma a las identidades de los Estados-nación, las instituciones internacionales y locales y los espacios sociales y geográficos particulares. Un panal se une, pero también contiene espacios vacíos donde las organizaciones, los individuos y las ideas pueden ser socavadas para ser reemplazadas por nuevos grupos, personas e innovaciones. (Clavin, 2005)
Multidimensionalidad del narcotráfico transnacional
Dimensión económica
El narcotráfico como Crimen Organizado Trasnacional (COT) carece de ideología política para enfocarse exclusivamente en actividades económicas que representan un tercio del valor minorista total de los delitos trasnacionales, es decir, $652 mil millones en 2014 (Channing, 2017; Contreras y Tenorio Obando, 2014). Por lo tanto, "busca múltiples beneficios y ganancias financieras dentro de las economías ilícitas" (Channing, 2017, p. 1). La globalización ha creado condiciones favorables para las organizaciones del narcotráfico (en adelante ON) a través de la integración económica y la regionalización; la desregulación y liberalización financieras; y la producción trasnacional que impulsa los flujos de bienes, servicios y capitales (McFarlane, 2013; Mesa, 2008; Viano, 2010), por lo que la globalización se asocia cada vez más con el auge del crimen organizado (Bagley, 2001; Rodríguez, 2013).
En ese contexto, las ON deben encontrar mecanismos que faciliten, oculten y, por ende, legitimen sus operaciones para rentabilizarlas y expandir el negocio mediante la reinversión y la diversificación. Su "impulso al mercado y su lógica comercial de costo-beneficio y competitividad hacen que las ON busquen nuevas fuentes de operaciones en economías desarrolladas y emergentes" (Realuyo, 2015, p. 7). Sin embargo, la criminalidad dificulta el seguimiento de las ganancias ilegales de las autoridades, ya que diversifican su cartera criminal en la economía (Rodríguez García, 2013).
Para operar, la economía ilegal y legal requiere de altos niveles de corrupción institucional (Boivin, 2014) utilizando sobornos, redes y extorsión (Calderón, 2015; Öner, 2014; Rodríguez, 2013), lo que permite que la economía criminal penetre el sistema financiero fácilmente (Piedrahíta, 2014: 126; Rodríguez García, 2013) y legitima transacciones opacas. Como resultado, se infiltra y se limita la cantidad y calidad de los datos en la economía y se desestabilizan las economías nacionales (Channing, 2017; Piedrahíta, 2014). Las ganancias de estas actividades se lavan en los centros internacionales de consumo de drogas, en paraísos fiscales o en banca offshore mediante cuentas bancarias anónimas, con políticas de confidencialidad y secreto bancario (Garzón, 2018).
Por lo tanto, las operaciones financieras son fundamentales para el éxito del narcotráfico y para financiar más actividades delictivas trasnacionales (Channing, 2017; Srikanth, 2014). Estas operaciones incluyen la creación de sociedades legales, fraudes financieros, la piratería de la propiedad intelectual, el robo de identidad, las empresas ilícitas y la compra de acciones respaldadas como inversiones (Rodríguez García, 2013). Adicionalmente, el uso de sistemas informáticos facilita las transacciones financieras ilegales (Garzón, 2008; McFarlane, 2013; Rodríguez, 2006). Otro tipo de operaciones son las reinversiones de utilidades en acciones, en cultivos agrícolas y en la trasformación de materias primas (Raffo y Segura, 2015) y las nuevas fuentes de ingresos como los negocios de contrabando de combustibles fósiles, la extracción ilegal de oro y el contrabando de bienes de consumo masivo (Garzón et al., 2013), el secuestro y los servicios de seguridad (Kostelnik y Skarbek, 2013). Esas actividades incluso están vinculadas con la financiación de actores no estatales en sus ataques terroristas trasnacionales y nacionales (Felbab-Brown, 2017; Piazza, 2011).
Otros mecanismos utilizados por las ON en la economía global son las remesas, las operaciones de exportación ficticias, los servicios de negocios internacionales en países extranjeros y la declaración de sumas de dinero como premios ganados en loterías o recibidos a través de herencias o seguros, utilizando negocios y empresas pantalla como cobertura, fondos de inversión y bienes raíces (Garzón, 2008; Mesa, 2008; Hill, como se citó en Reichel, 2005).
Las UN impregnan el sistema bancario de países con leyes de inversión permisivas, baja trasparencia, operaciones financieras no registradas, altos niveles de soborno y monitoreo ineficaz y de países que dependen en gran medida de su sector y servicios financieros y de la inversión extranjera (Bagley, 2001; Boivin, 2014; Garzón, 2008; McFarlane, 2013). También tienen presencia en países con "acciones en los mercados de capitales, bienes raíces en auge, centros comerciales, cadenas hoteleras, casinos, bienes públicos, privatizaciones, empresas constructoras, especialmente donde el control y las regulaciones contra el lavado de dinero son mínimos o inexistentes" (Emmers, 2003, p. 5).
Las condiciones económicas del desarrollo de un país atraen a las UCT, como el crecimiento de las inversiones, el alto empleo, el alto poder adquisitivo y el consumo (Calderón, 2015; Garzón, 2008; Garzón et al., 2013), así como la prevalencia de la economía informal y los altos niveles de contrabando en la economía (Mantilla, 2011), las altas tasas de migración por flexibilización de las restricciones de inmigración y visado (Bobea, 2009; Mantilla, 2011; Vargas Meza, 2007; Viano, 2010). Lo anterior implica países con centros comerciales y bancarios globales, puertos marítimos y aeropuertos, centros financieros, telecomunicaciones modernas y sistemas de información que permiten que los productos ilegales pasen rápido y sin ser detectados (Viano, 2010).
Los sistemas de trasporte desempeñan un papel clave en las ganancias de las UN, las cuales dependen en gran medida de los esfuerzos de aplicación de la ley a lo largo de la segmentación, interceptación e interdicción del control de rutas, lo que hace que la toma de ventajas de la innovación sea un imperativo para la adaptación y la alternancia de rutas (Bobea, 2009; Channing, 2017; Vargas Meza, 2007). Además, los comerciantes suman los costos de transacción, como la mano de obra, la logística y el almacenamiento (Channing, 2017); cuando hay incautación de activos, riesgos de prisión y violencia en el mercado de consumo o cerca de él, se reducen las ganancias del crimen (Caulkins y Reuter, 1998, como se citó en Boivin, 2014; Channing, 2017).
Dimensión institucional
La condición ilegal de las drogas aumenta los riesgos en el comercio y en las transacciones a medida que se trasladan de las áreas productoras a las consumidoras (Miron, 2003, como se citó en Boivin, 2013); por lo tanto, requieren de instituciones policiales y de control corruptas que les permitan extraer las rentas de la sociedad (Calderón, 2015; Jiménez Serrano, 2015). La aplicación de la ley a través de la policía y el ejército presionan las operaciones de las ON, lo que da lugar a mecanismos de adaptación o al efecto cucaracha "en los que las organizaciones criminales evitan ser detectadas desplazándose de un lugar a otro, en busca de lugares más seguros y autoridades estatales más débiles" (Garzón et al., 2013, p. 12).
Tal efecto es impulsado por la trasnacionalidad que limita la capacidad de respuesta al crimen organizado en y entre los países, dada la precariedad institucional y su incapacidad para cooperar internacionalmente, así como la falta de aplicación de la ley y las fallas en la legislación para combatir tal fenómeno (Jiménez, 2015). Esto puede explicar por qué en ciertos contextos los esfuerzos de aplicación de la ley han sido ineficaces para reducir el tráfico (Naylor, 2003, como se citó en Boivin, 2014; ONU-DC, 2012), lo que conduce a la inestabilidad social y política, ayuda a las actividades ilegales y alimenta conflictos en esos países (Emmers, 2003; Felbab-Brown, 2017; Garzón, 2008; Goehsing, 2006; McFarlane, 2013; Rosem, 2015).
Para que las ON amplíen sus operaciones y sus ganancias, requieren controlar la institucionalidad en Estados débiles y frágiles con el fin de socavar la gobernabilidad y explotar zonas grises (Bobea, 2009; Garzón, 2008; Öner, 2014); impulsar la corrupción para asegurar la libertad de movimiento; erosionar el estado de derecho; restringir los sistemas judiciales y sus instrumentos; explotar los sistemas de impunidad; desplazar a las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley al infiltrarse en los sectores público y privado. Todos estos factores, en última instancia, distorsionan las democracias (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017; Bobea, 2009; Walker, 2002). Por lo tanto, las ON están obligadas a crear tales condiciones para que los ciudadanos se involucren en actividades ilegales trasnacionales (Edwards, 2000; Goehsing, 2006; Kostelnik y Skarbek, 2013).
La fragilidad, debilidad y disfuncionalidad de las instituciones democráticas se evidencian dentro del sistema político a través de una compleja relación triangular con las élites políticas y económicas, el crimen y una población sumisa y dependiente, asilo que reduce el control del gobierno (Calderón, 2015; Garzón, 2008). Por lo tanto, las OCT se involucran activamente en política al patrocinar o cooptar a funcionarios gubernamentales y policías o militares que participan en empresas ilícitas (Realuyo, 2015). Otro aspecto busca la complicidad por presentar a sus propios candidatos en las elecciones al apoyar o negociar con políticos electos (Bobea, 2009; Garzón, 2008; Mesa, 2008; Murillo Zamora, 2016).
La corrupción se extiende a niveles clave, incluidas aduanas, funcionarios de migración, agentes de policía, miembros del sistema judicial y también autoridades electas que facilitan el crimen, protegen el secreto de las actividades delictivas y comprometen los recursos para hacer cumplir la ley y la trasparencia (Bobea, 2009; Channing, 2017; Garzón et al., 2013; McFarlane, 2013). De esta manera, se consolida el control formal e informal del poder y el nepotismo (Mantilla, 2011; McFarlane, 2013).
Los niveles de corrupción en instituciones de muchos países determinan los márgenes de los precios de las drogas (Boivin, 2014; Channing, 2017; Vargas Meza, 2007); allí los narcotraficantes pueden asegurar sus operaciones y cadenas de suministro y defender sus posesiones y capitales (Raffo y Segura, 2015; Realuyo, 2015). También utilizan el soborno para coaccionar a las autoridades de control como la policía, los jueces, los fiscales y los periodistas (Channing, 2017; Garzón, 2008; Kenney, 2007; McFarlane, 2013; Srikanth, 2014). Las ON aprovechan la crisis del sistema penitenciario para tener menos tasas de arrestos, incautaciones de activos y costos estimados de problemas delictivos específicos (Vidino y Brandon, 2012, como se citó en Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017; Bobea, 2009; Edwards, 2000).
Otros factores institucionales favorables para las operaciones de las UN son el estricto cumplimiento de la ley por el número de policías per cápita en los países de destino de la droga (Boivin, 2014); el grado de corrupción entre los agentes de la patrulla fronteriza; los niveles de delito; la evasión de obligaciones tributarias (Mesa, 2008); el número de trasferencias de dinero trasfronterizas; las percepciones sobre la policía y la corrupción, el nivel de corrupción de un país, el número de agentes de policía por cada mil habitantes (Boivin, 2014; Emmerich, 2015; Gastrow, 2011; Goehsing, 2006); los bajos niveles de profesionalización de los policías, estructuralmente propensos a la corrupción (Öner, 2014; Raffo y Segura, 2015), los bajos índices de investigaciones, castigos, sanciones y denuncias; la baja capacidad de respuesta de las autoridades con armas viejas y capacitación insuficiente y los bajos salarios; y las unidades policiales fragmentadas y descentralizadas en dependencias federales, locales y estatales, y con funciones específicas que operan por separado (Garzón, 2008).
Asimismo, en aquellos contextos de escasos recursos humanos, tecnológicos y materiales, el nexo político-criminal se compromete con la corrupción y la economía de la ilegalidad (Bobea, 2009; Goehsing, 2006). Además, encontramos otros factores como el clientelismo, el favoritismo y la apropiación de fondos públicos (McFarlane, 2013). De igual forma, las autoridades locales, las estructuras de justicia y los criminales buscan el apaciguamiento de un gobierno o sociedad para hacer negocios y aumentar las ganancias (Reyes y Dinar, 2015), lo que exacerba las prácticas corruptas y afianza la impunidad como incentivo para la delincuencia trasnacional. Esto crea altos niveles de impunidad, desconfianza ciudadana y percepción de inseguridad (Bobea, 2009; Garzón, 2008; Mesa, 2008).
Las UN se fortalecen gracias a su capacidad para forjar vínculos a través de las fronteras nacionales con el fin de comerciar armas (Emmers, 2003; Rosen y Zepeda, 2014). Por lo tanto, controlar múltiples puntos comerciales operativos requiere controlar a los agentes del orden (Calderón, 2015) y colaborar con la guerrilla y los grupos paramilitares para consolidar su propio control territorial sobre la producción (Bagley, 2009, como se citó en Bagley, 2013).
Dimensión organizacional
La dimensión organizativa del narcotráfico es clave para definirlo como crimen organizado, y "es fundamental para mejorar su gestión de riesgos" (Srikanth, 2014, p. 61). Las ON construyen un cuerpo de conocimiento interdisciplinario y especializado que caracteriza su capacidad para orientar la acción y optimiza su desempeño y estrategia organizacional que resulta ser una importante fuente de poder para las redes de las OCT (Ovalle, 2010a). Hay al menos tres factores que impulsan sus operaciones, incluidas las actividades planificadas y la logística, con una división jerárquica del trabajo; el uso de violencia e intimidación; y ejercer influencia sobre los funcionarios públicos (Contreras y Tenorio Obando, 2014), junto con una coalición de múltiples actores reunidos en el contexto global y local (Edwards, 2000).
La organización de la logística es un factor clave para trasladar drogas a través de las fronteras, lo que implica negociar, controlar, comerciar, fijar precios, recaudar ingresos, proteger la propiedad intelectual y los mercados de la marca (Calderón, 2015; Goehsing, 2006) y operar de forma transfronteriza con una red amplia y diversa de profesionales que apoyan las actividades delictivas (Dudley, 2012; McFarlane, 2013; Ovalle, 2010b). Para estos grupos es necesario establecer vínculos con otros actores ilegales mediante la contratación de mano de obra para realizar las acciones más "sucias", ya sea pagando o comprando el apoyo (Walker, 2002). Entre estas conexiones, la estructura de la red internacional involucra una compleja división del trabajo y alianzas estratégicas entre cárteles que incluye trasporte, intermediación, almacenamiento, protección y financiamiento, lo que desarrolla la capacidad de operar en entornos complejos (Bobea, 2009; Joba, 2015: 773; Realuyo, 2015). Por tanto, forman una estructura societaria (Duarte, 2001).
En segundo lugar, en cuanto al uso de la violencia y la intimidación, las organizaciones tienen la capacidad de reclutar talentos y reorganizar especialmente a los aspirantes más jóvenes, erráticos y deseosos de demostrar capacidad para la violencia (ONUDC, 2012; Realuyo, 2015). También se requiere tecnología humana para estructurar redes trasnacionales y multinacionales para que las ON se movilicen dentro de mercados abiertos y redes de distribución, ejecutar actividades y recursos en áreas más amplias, ganar influencia y volverse más competitivas (Goehsing, 2006; Raffo y Segura, 2015; Walker, 2002).
En tercer lugar, para controlar e influir en los territorios y los mercados, las ON utilizan la violencia para alienar a las comunidades locales y evitar que cooperen con las agencias gubernamentales; sin la tolerancia de las comunidades, las ON operan con menos eficacia. La gobernanza es clave para resolver los problemas organizativos y estratégicos de la cooperación interna y externa (Akerlof y Yellen, 1994, como se citó en Kostelnik y Skarbek, 2013). Algunas ON utilizan mecanismos para la cooperación social como la devoción y el adoctrinamiento religioso, la rehabilitación de drogas, la provisión de bienes públicos, el apoyo a las escuelas locales y la protección de los ciudadanos para inculcar lealtad (Kostelnik y Skarbek, 2013).
Las redes y estructuras del tráfico de drogas son jerárquicas y coordinan grupos de familias pequeñas o líneas étnicas con códigos de honor, componentes y células, que operan de diversas formas para reproducir la economía ilícita (Channing, 2017; Kenney, 2007). La estructura de las ON está encabezada por un consejo ejecutivo y los narcotraficantes; los mandos intermedios coordinan las órdenes del consejo ejecutivo y dirigen las células de distribución extranjera, así como las células regionales y municipales con tareas que incluyen extorsión y asesinato (Kostelnik y Skarbek, 2013). El reclutamiento fuera de comunidades unidas y el desarrollo de fuerzas armadas sofisticadas, que se volvieron independientes con autonomía operativa y financiera, son elementos clave de su funcionamiento (Dudley, 2012; Morselli, 2009, como se citó en Joba, 2015; Kenney, 2007).
La protección del crimen organizado es importante para los miembros y sus familias y se logra a través de una compensación monetaria y la promesa de que los jóvenes abandonados superen la pobreza y la drogadicción para formar parte de la sociedad; el ascenso de rango, un estricto código de conducta y duros castigos por su infracción; la donación una parte de sus ingresos a proyectos sociales e iglesias; y el otorgamiento de préstamos a los miembros de la comunidad a tasas de interés más bajas que los bancos locales (Kostelnik y Skarbek, 2013; Rodríguez Morales, 2006). Para ello, los políticos juegan un papel clave en las estructuras a través de la corrupción de entidades institucionales que garantizan la supervivencia de la producción y operación de la red, Aquí, las UN brindan incentivos financieros para conseguir su cooperación (Kostelnik y Skarbek, 2013; Raffo y Segura, 2015).
Dimensión social
Los espacios sociales son un "sistema de vínculos, interacciones, intercambio y movilidad" (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017, pp. 78-79), más allá de las fronteras físicas, lo que refleja el carácter trasnacional de las relaciones sociales. El crimen organizado socava las bases de la sociedad para controlar efectivamente las actividades sociales (Rodríguez García, 2013) e influir y determinar ciertos cambios sociales en los ámbitos público y privado (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017).
El impacto del narcotráfico en el tejido social descifra la forma en que se entrelaza culturalmente para abordar la influencia y el poder social, crear recursos ilegales y reproducir dinámicas relacionadas con la violencia y la ilegalidad (Mantilla, 2011; Ovalle, 2010a; Rodríguez, 2013), especialmente en ausencia del Estado en áreas grises (Mesa, 2008). La estructura del narcotráfico opera como una red de vínculos sociales para realizar transacciones, intercambios y articulaciones, vitales en la conexión de puntos en el tráfico, y obtener resultados efectivos (Raffo y Segura, 2015). Esto lo hacen sesgando el control estatal, socavando la gobernabilidad, especialmente en Estados débiles con un estado de derecho precario, y creando así "vacíos de poder" (Mantilla, 2011; Mesa, 2008).
Las estructuras de las redes trasnacionales tienen como objetivo facilitar sus operaciones no solo en sistemas sociales fluidos donde las redes de intercambio flexible se expanden y se retraen (Kenney, 2007), sino en espacios sociales para obtener disposiciones, complicidad, apoyo y efectividad. Esto permite la legitimación tácita de sus acciones en la sociedad, a través de la confianza, el miedo o la coacción, y el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017; Raffo y Segura, 2015).
La debilidad de los Estados y sus conflictos sociales se refuerzan entre sí y permiten altos niveles de redes criminales trasnacionales (Bagley, 2001; Goehsing, 2006; Kostelnik y Skarbek, 2013; Raffo y Segura, 2015). Las condiciones sociales han conformado un orden social permisivo con las prácticas ilegales (Garzón, 2008) al impulsar el poder social en contextos caracterizados por la desigualdad socioeconómica, la exclusión, la pobreza, la ausencia del Estado, los controles débiles y el desempleo, lo que finalmente socava la cohesión social (Bagley, 2001; Bobea, 2009; Goehsing, 2006; Mantilla, 2011; McFarlane, 2013; Ovalle, 2010a; Rodríguez, 2006). De ahí, se fortalece y se legitima como red de seguridad para aquellos sectores desfavorecidos (Mantilla, 2011; Murillo Zamora, 2016).
Las motivaciones no económicas también permiten la representación del narcotráfico a través de ideas que lo sustentan, que se internalizan en los agentes sociales y tienden a reproducir el fenómeno (Ovalle, 2010a). En este sentido, las UN necesitan proporcionar un sentido de pertenencia y mecanismos de inclusión y ser examinadas en términos de los lugares específicos habitados por fraternidades, alianzas, empresas y redes familiares/de parentesco delictivas, la educación, la experiencia, los intereses y los valores individuales (Edwards, 2000; Ovalle, 2010a). Las UN crean una noción de colectividad a través de la internalización de la hermandad o comunidad, la responsabilidad hacia la estructura y un orden establecido de funciones, acciones, tareas, poderes y relaciones de dominación (Lyman y Potter, 2007 como se citó en Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017). Además, cuentan con mecanismos de regulación social a través del usufructo y la proyección de la autoridad; preservan la generación de identidad; proporcionan seguridad; y financian causas consideradas moralmente superiores (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017).
Lograr eso requiere un orden local con estructuras paraestatales como producción ilegal de bienes y servicios, impuestos (extorsión), comercio internacional (tráfico), esquemas de seguridad, mecanismos de control y vigilancia, justicia sumaria y maquinaria contable y electoral (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017; Rosem, 2015). Asimismo, se necesita la profesionalización y especialización de las redes, categorizadas en conocimiento tecnológico y científico para maximizar el negocio (Ovalle, 2010a). Paralelamente, una representación sociocultural material y simbólica legitima su actividad ilegal al brindar empleo, protección social u ocupación involucrando a personas de diferentes estratos sociales y profesiones (Ovalle, 2010a; Rodríguez Morales, 2006).
Las ON finalmente se convierten en una fuente de ingresos al definir la ocupación, otorgar reconocimiento y promoción social y satisfacer la necesidad de acceso a bienes y artículos de lujo (Garzón, 2008; Mesa, 2008). También brindan esparcimiento y recreación; oportunidad de viajar y conocer otros lugares; acceso a los diferentes bienes de consumo; apoyo de una red de complicidades con el poder social; y protección dentro de la organización (Ovalle, 2010a).
Dimensión tecnológica
Los avances tecnológicos han contribuido a crear "nuevos dispositivos de comunicación e información y una densa red de relaciones que unen grupos y culturas particulares" (Mesa, 2008, p. 47). La tecnología también es fundamental para mejorar la gestión de riesgos del narcotráfico, útil para evadir la justicia y adaptarse al contexto espacial y situacional (Raffo y Segura, 2015; Srikanth, 2014).
Los sistemas modernos de telecomunicaciones e información sustentan la actividad comercial legítima en el acelerado mercado global actual y son fácilmente utilizados por las redes delictivas. Los equipos de comunicaciones de última generación, disponibles comercialmente y en constante mejora, facilitan enormemente las transacciones delictivas internacionales, lo que incluye la realización de tratos y la coordinación del gran volumen del comercio ilícito. Además de la confiabilidad y rapidez de las comunicaciones, la tecnología en constante evolución y mejora hace que las actividades ilegales sean más operativas para cometer delitos a distancia, ahorrar y ocultar las ganancias de sus negocios (Emmers, 2003; Rodríguez García, 2013; Viano, 2010). Los avances de la revolución de las TIC como el ciberespionaje y el lento cambio del campo de batalla de la tierra, el aire y el mar al ciberespacio impulsan la actividad delictiva del tráfico de drogas (Srikanth, 2014).
La evidencia muestra que Internet beneficia a las ON con nueve oportunidades principales: comunicativas, informativas, técnicas, gerenciales, organizacionales, promocionales, persuasivas, de mercadeo, de fomento de la lealtad y de oportunidades de contramedidas. Además, las favorece en tránsito (paso a través de intermediarios locales o internacionales, redes criminales y minoristas locales) y distribución (al usuario final) (Lavorgna, 2016). En esa medida, adoptan rápidamente nuevas tecnologías para mover las operaciones en línea o utilizan moneda digital anónima, lo que les permite aumentar las ganancias y adelantarse a la aplicación de la ley (Channing, 2017).
Además, a través de la World Wide Web y la tecnología relacionada, pueden utilizar las capacidades interactivas de las computadoras y los sistemas de telecomunicaciones avanzados para trazar estrategias de mercadeo para las drogas, las rutas y los métodos más rápidos y eficientes para el contrabando y el movimiento de dinero en el sistema financiero, y para crear pistas falsas para engañar a las fuerzas del orden público o la seguridad bancaria. Los delincuentes internacionales también se aprovechan de la rapidez y magnitud de las transacciones financieras que tienen pocas salvaguardias y escaso escrutinio (Garzón, 2008; Viano, 2010).
El anonimato dentro de Internet ha ampliado las posibilidades de suministro y tráfico de drogas y también ha reconfigurado las relaciones entre proveedores, intermediarios y compradores. En ese sentido, Europol (2013, como se citó en Lavorgna, 2016), en su "Evaluación de la amenaza del crimen organizado", afirma que Internet "ha facilitado la interacción entre clientes y proveedores y ha permitido la creación de una subcultura virtual" (p. 85).
Entre los últimos desarrollos, el ciberdominio ayuda a proporcionar un nuevo entorno operativo para expandir aún más sus actividades delictivas (Realuyo, 2015). Por lo tanto, "los criptomercados representan un cambio radical en la innovación criminal, ya que ofrecen las mismas oportunidades para establecer contactos y realizar transacciones comerciales en un entorno mucho más seguro" (Aldridge y Décary-Hétu, 2014, como se citó en Lavorgna, 2016) y la evidencia sugiere que pueden estar expandiéndose. Los proveedores de criptomercados tienen cada vez más acceso a un mercado más grande de compradores, lo que tiene importantes implicaciones para los efectos potenciales de los criptomercados de drogas en los mercados de drogas locales y globales.
La utilización de las tecnologías de trasporte es clave para los ON. Entre estas se encuentran barcos rápidos, contenedores de envío, barcos de pesca, uso de pistas de aterrizaje sigilosas, drones, embarcaciones autopropulsadas semiautomáticas y totalmente sumergibles, aeronaves no comerciales, aerolíneas comerciales, servicios de entrega de correo global y trasporte terrestre privado y comercial (Bagley, 2001; Goehsing, 2006; Rosem, 2015). Los métodos para cruzar desde ciertos países (Goehsing, 2006), los sistemas de trasporte, el tráfico y el comercio modernos brindan a los delincuentes internacionales enormes oportunidades para contrabandear y organizar itinerarios que minimicen el riesgo como controles fronterizos dentro de muchos bloques económicos regionales (Emmerich, 2015; Viano, 2010).
Dimensión geopolítica
La dimensión geopolítica enmarcada en la globalización hace anacrónica la concepción de espacio geográfico como una barrera (Keohane, 2002). "El alcance geográfico de las operaciones criminales se ha ampliado significativamente de local a global, a medida que obtienen acceso a nuevos mercados y se benefician de las habilidades criminales de sus aliados" (Hill, como se citó en Reichel, 2005, p. 47).
El acceso en el mercado de consumo se esparce en países con gran extensión geográfica y en áreas aisladas de difícil acceso, dada la incapacidad gubernamental para controlarlas (Emmerich, 2015).
La brecha global norte-sur crea una dependencia geopolítica propicia para el tráfico de drogas. En el sur, la pobreza, la desigualdad de ingresos y la falta de alternativas rentables facilitan el crecimiento de redes criminales trasnacionales, mientras que, en el norte, la demanda de bienes y servicios ilegales las consolida aún más (Goehsing, 2006).
Otro aspecto de la dimensión geográfica adquiere relevancia cuando la ubicación y la distancia se asocian con riesgos de ser detectados y con precios más altos (Farrell et al., 1996; Reuter y Kleiman, 1986, como se citó en Boivin, 2014). La aplicación del análisis de redes, utilizando el "flujo intermedio" como indicador de la centralidad de un país en una cadena de suministro del tráfico de drogas, indica su ubicación en muchas rutas entre países, el número de consumidores potenciales, la medición de mercados y compradores potenciales, el número de usuarios en países conectados a países de destino y los países como centros de almacenamiento y logística (Boivin, 2014; UNUDC, 2012).
Un mayor conocimiento sobre las rutas de flujo clave debe tener en cuenta el "efecto globo" geográfico, por el cual el control del flujo a través de una ruta da como resultado el surgimiento o fortalecimiento de una ruta alternativa (Goehsing, 2006; Joba, 2015). Además, la ubicación de un país dentro de los mercados globales surge como un indicador que afecta los precios al por mayor de las materias primas ilegales (Boivin, 2014), ya que el comercio desde los países periféricos hacia el núcleo de la economía mundial conduce a un aumento de los precios (Boivin, 2014; Joba, 2015).
La dimensión geopolítica del narcotráfico también es impulsada por la circulación e interpenetración de personas e ideas. Asimismo, permite el intercambio de tácticas, métodos y motivaciones a través de las fronteras estatales, las cuales se han entrelazado cada vez más, se han intensificado y se han facilitado gracias a la globalización (Reyes y Dinar, 2015). La geopolítica trasnacional emergente de estas redes brinda ventajas comparativas a los flujos y grupos del narcotráfico que buscan el control territorial para incrementar el poder y la seguridad, fortalecer las alianzas globales y consolidar acuerdos y un equilibrio de poder (Calderón, 2015; ONUDC, 2012; Vargas Meza, 2007).
Factores como la proximidad y el intercambio de fronteras con los países consumidores; los altos niveles de comercio minorista; los altos niveles de comercio, turismo y migración; los bajos niveles de industria y trasporte; la compartición de fronteras entre productores; los países con mayor infraestructura industrial y trasporte; el trasporte masivo; los altos niveles de flujos comerciales entre los mercados de consumo (TLC); y la inserción en las redes de la economía global ayudan a indicar la amplitud y facilidad de la dinámica actual del narcotráfico (Channing, 2017; Emmerich, 2015). Las redes ilícitas configuran "una relación simbiótica entre actividades ilícitas y lícitas se está convirtiendo en característica de la logística del crimen organizado transnacional" (Bobea, 2009, p. 9), donde "se utilizan diferentes destinos como puntos de tránsito para abastecer los mercados nacionales e internacionales, y colaboran con otras organizaciones criminales transnacionales para distribuir drogas ilícitas en todo el mundo" (Emmers, 2003, p. 4).
Las rutas de tránsito y el mercado global del tráfico de drogas se adaptan a la geopolítica cambiante y se ajustan rápidamente en áreas geográficas accesibles con medidas de aplicación de la ley más duras (Dudley, 2012; ONUDC, 2012) y en países que requieren permeabilidad a través de fronteras porosas y un control fronterizo débil (Bobea, 2009; Öner, 2014). Las geoestrategias de adaptación apuntan a desplazar rutas a través de mercados de tamaño significativo, litoral y con condición insular, ríos, rutas oceánicas y corredores terrestres (Bagley, 2001; Bobea, 2009; Mantilla, 2011).
Otras características propicias para las ON se observan en países con fragmentación territorial, inestabilidad política, conflictos y revueltas sociales (Mantilla, 2011); con sistemas políticos y económicos abiertos, es más fácil infiltrarse en redes criminales trasnacionales. En segundo lugar, la adhesión de las democracias liberales al estado de derecho limita su alcance en términos legales (Goehsing, 2006), así como la fuerte regionalización de la criminalidad y la incidencia en la gobernabilidad y la democracia (Vargas Meza, 2007). Los escenarios geopolíticos de las actividades delictivas trasnacionales suelen coincidir con cambios importantes en el panorama político (Kostelnik y Skarbek, 2013) que favorecen el statu quo al incapacitar aquellos aspectos del sistema político que suponen obstáculos para sus agendas económicas (Farer, 1999, como se citó en Goehsing, 2006). Por lo tanto, las preferencias por las áreas desreguladas contribuyen a acentuar su carácter cada vez más desterritorializado (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017).
Otros factores geopolíticos que impulsan a las ON son el control militar de territorios; la menor integración y penetración interna en el territorio; la marginación histórica de los cultivadores de coca; una geografía que divide a las poblaciones y causa procesos políticos nacionales fragmentados (Emmerich, 2015); el grado de inversión que se hace en los países; la baja inserción en la economía mundial; la economía basada en materias primas; la presión internacional para la intervención militar; la falta de infraestructura comercial para apoyar programas de sustitución de cultivos; la insurgencia como intermediarios entre narcos y campesinos (Channing, 2017; Emmerich, 2015); y el control territorial a través de altos niveles de delincuencia depredadora (Boivin, 2014).
Dimensión cultural
Las interrelaciones entre el narcotráfico, la sociedad y la cultura son una dimensión clave para comprender el fenómeno. El narcotráfico se naturaliza y se convierte en una expresión cotidiana y mediada en los espacios donde se dan las redes trasnacionales del narcotráfico (Ovalle, 2010a). En esa medida, se van formando referentes culturales de los narcos para normalizar e incluso potenciar el narcotráfico en el imaginario colectivo; también las similitudes culturales entre países y regiones, por ejemplo, las rutas de la cocaína y el éxtasis, están determinadas por lazos lingüísticos y coloniales (Goehsing, 2006). En cierta medida, el interés apunta a generar, alimentar, preservar o contribuir a la generación de la identidad, que se suscribe a una serie de ideas, valores, códigos de conducta, lealtades y prescripciones que, de hecho, profundizan la creación de subcultu-ras criminales (Badrán y Plata, 2017).
La necesidad de lucro económico se une a una creciente necesidad de regulación social, a las construcciones simbólicas de poder y a las creaciones de subculturas identitarias. Esto abre la puerta a un análisis del crimen organizado como un objeto racionalmente deseable y elegible por los actores sociales, más allá de los aspectos económicos tradicionalmente abordados (Badrán Robayo y Palma Gutiérrez, 2017). El imaginario colectivo de las estructuras sociales en las que operan se ve influenciado, entre otros, por la alta carga simbólica y estética que produce el mundo criminal, el estilo de vida y las necesidades comerciales del cine y la televisión, lo que consolida su lugar en la cultura popular. Los medios de comunicación son, entonces, un elemento replicador de la delincuencia y el terrorismo (Badrán y Plata, 2017). Asimismo, los narcorreferentes, entre estos los narcocorridos, las narconovelas y el narcolíder, hacen parte de esa carga cultural; por lo tanto, es necesario tener en cuenta las construcciones identitarias y los mensajes, especialmente de los medios que las afectan (Murillo Zamora, 2016).
Conclusiones
El artículo demuestra que el éxito y la complejidad que caracteriza al fenómeno del narcotráfico se debe a su carácter trasnacional y multidimensional impulsado por la globalización que amplía la difusión de poder como el crimen organizado. Los rápidos cambios en la geopolítica, la economía, la sociedad, la tecnología y los valores culturales han contribuido a estas actividades delictivas y, por lo tanto, a un cambio de paradigma basado en lo tras-nacional para comprender fenómenos crecientes y emergentes. A medida que se identifiquen más impulsores o factores en cada dimensión, mayor será el papel que desempeñen en la ampliación de las operaciones trasnacionales que lleva a cabo el narcotráfico organizado y más se distanciarán de los marcos epistemológicos y conceptuales provistos por el sistema y las estructuras del Estado-nación para explicar hasta el momento este fenómeno social generalizado y en aumento. Asimismo, el espacio territorial delimitado, con sus normas organizativas, institucionales y sociales dentro del conglomerado nacional, es cada vez más irrelevante para las actividades ilícitas de actores no estatales como el narcotráfico, cuya dinámica transfronteriza se evidencia cada vez más. En consecuencia, las fronteras o la geografía del Estado-nación no definen completamente las dinámicas sociales, económicas, tecnológicas y culturales articuladas con este fenómeno.
El artículo corrobora no solo la trasnacionalidad del narcotráfico, sino también su multidimensionalidad, por lo que sus impactos críticos dificultan su abordaje a nivel institucional y político. La expansión de la corrupción; el deterioro de los sistemas de justicia y los derechos humanos; y la inhibición de los procesos de reformas institucionales, especialmente en la aplicación de la ley, hace que sea más complejo abordar este fenómeno. Además, el trabajo también subraya las interacciones desdibujadas o borrosas entre los mercados lícitos e ilícitos y las actividades económicas e incluso, más evidente, alterando las intermediaciones, las instituciones, las estructuras de poder y los intereses establecidos. Por tanto, el tráfico de drogas plantea la cuestión de la validez metodológica a la hora de abordarlo, ya que las complejidades y los contextos cambian rápidamente.
Lo anterior nos lleva a pensar que la vieja geopolítica estatal basada en las relaciones interestatales se ve debilitada por la perspectiva emergente del análisis de las dinámicas trasnacionales de fenómenos globales cada vez más prevalentes. Por lo tanto, los enfoques nacionales gubernamentales para combatir el narcotráfico deben enfocarse en la seguridad regional mediante un enfoque multilateral, multisectorial y multidimensional (Goehsing, 2006). Las investigaciones en este sentido requieren examinar los cambiantes y rápidos procesos globales que implican problemas de seguridad relacionados con el crimen organizado e identificar y describir más a fondo fenómenos como el narcotráfico con el fin de tener un análisis integral y específico que facilite la comprensión en los ámbitos académicos, legislativos y profesionales que combatan el narcotráfico.
