Introducción

La indudable importancia de la guerra como fenómeno social ha llevado no solamente a académicos a dedicar enormes cantidades de energía intelectual para intentar comprender mejor su naturaleza y sus causas, sino también a periodistas, gobernantes, entre otros. Hay disenso en cuanto a las causas que originan las guerras y también bajo qué enfoque se debe abordar su estudio para evaluar los efectos en el mundo contemporáneo (^{Levy y Thompson, 2011}). Las disputas por el territorio y por los recursos naturales han sido catalizadores para el inicio de guerras. Desde inicios del siglo XX diferentes estudios han reportado la relación causal que establece que tanto la disponibilidad de recursos como los cambios climáticos pueden constituir una causa para el conflicto o inestabilidad política entre sectores, dándose, por ejemplo, el caso de la alteración en el suministro de cierto recurso y los posteriores desacuerdos en su asignación. En el mismo sentido, medir de forma confiable la incidencia de los efectos adversos del cambio climático en los conflictos humanos no es sencillo, dada la complejidad inherente a los sistemas sociales (^{Hsiang et al., 2013}).

En Colombia, la reducida gobernanza sobre el medio ambiente combinada con los efectos del conflicto armado han contribuido de forma sostenida a la degradación del patrimonio natural, pasando desde la tala indiscriminada de bosques hasta la defaunación y la erosión de suelos como consecuencia de la presencia masiva de cultivos ilícitos, cuya aparición puede estar antecedida por el desplazamiento forzado interno de algunas poblaciones (^{Lastra, 2015}). También hay evidencia de que la forma en la que el conflicto civil ha sido parte de la historia de este país puede tener dinámicas que fomenten o reduzcan las presiones dadas sobre el ambiente, dependiendo en algunos casos del actor del conflicto armado (ejército o grupos armados al margen de la ley) (^{Fergusson et al., 2014}).

En la actualidad, los asuntos ligados a la gestión de recursos naturales de forma frecuente aparecen relacionados con situaciones de conflicto y seguridad, por ejemplo, el control y distribución del agua, bajo la urgencia de las predicciones de escases como consecuencia del cambio climático. Tal como lo expone ^{O’Lear (2018}), la geopolítica ambiental permite examinar y entender esta interrelación con los aspectos espaciales de riesgo y seguridad, haciendo posible enmarcarse adecuadamente en el contexto, incluyendo la observación de prácticas, narrativas, realidades de poder y lugar, y como estas se interrelacionan con esa gestión de los recursos naturales (^{O’Lear, 2018}; ^{Quiñones Torres, 2015}). De acuerdo con O’Lear (2018):

Las interacciones entre las personas y el medio ambiente tienen dimensiones espaciales que a menudo se pasan por alto. Nuestro impacto en el suministro de recursos, como los bosques, las poblaciones de peces y los diversos minerales y metales utilizados para fabricar las cosas que consumimos, se produce en lugares concretos. A menudo, el impacto medioambiental de nuestro consumo y de la generación de residuos está alejado de nosotros, y no lo experimentamos directamente, (p. 7)

Bajo este enfoque se puede visualizar la influencia que tienen la disponibilidad o escasez de los recursos naturales estratégicos sobre potenciales conflictos entre países vecinos, que usualmente terminan siendo dominados por el Estado con mayor influencia en la región (en términos de control, soberanía, cooperación y/o seguridad), esto desemboca en la consolidación de su influencia geopolítica (^{Johanning-Solís y Peña-Menjivar, 2020}).

En lo que respecta a la disponibilidad del recurso hídrico para consumo humano, el panorama es desalentador; la edición de 2018 del informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo afirma que casi 6 000 de los 9 800 millones de personas proyectadas para el año 2050 padecerán escasez de agua para consumo ^{(ONU, 2018}, ²⁰²²). El acceso al agua es un derecho humano fundamental. En este sentido, el recurso hídrico es innegablemente primordial para cualquier país, teniendo una importancia estratégica para el desarrollo social y económico, por lo que se debe procurar su protección para garantizar el abastecimiento de la población y dar soporte a las distintas actividades económicas (^{González, 2017}), además de ser necesario para el sostenimiento de servicios ecosistémicos. Es por esto que el agua se presenta como un asunto fácilmente securitizable, para legitimar la aplicación de medidas excepcionales (^{Guerra-Molina y Badillo-Sarmiento, 2021}). Estos procesos de securitización usualmente se gestan en la esfera política y se fortalecen en la población gracias a la influencia de los medios de comunicación, que se dedican, en medio de un conflicto, a difundir la idea de amenaza constante; se ha demostrado que particularmente con el recurso hídrico estas narrativas trascienden el nivel local, por lo que este despierta posiciones radicales en la población, ya que todo el tiempo se difunde el riesgo de dominación por parte del contrario (^{Zabala, 2019}).

Colombia tiene una oferta de agua dulce casi 100 veces mayor que la demanda (^{Cadena-Montenegro, 2006}), lo que lo convierte en uno de los países con mayor oferta hídrica a nivel mundial (^{Jiménez y Galizia, 2012}). Venezuela, del mismo modo, es uno de los países con mayor oferta hídrica y la cuarta reserva de agua dulce de Latinoamérica (CEPAL, 2009). La gran oferta del recurso hídrico y los riesgos asociados a su gestión han sido las razones por las cuales en algunos países del continente americano se han venido desarrollando procesos de securitización promovidos desde la política, y que se basan en el entendimiento de las problemáticas ambientales que suscitan una intervención desde todos los sectores (^{Zabala, 2019}).

En este contexto, este artículo tuvo como objetivo analizar la relación entre la disponibilidad del recurso hídrico y su securitización como parte de las tendencias globales y ambientales, vista como posible causa de conflictos entre países que forman parte de cuencas transnacionales. Esta exploración se realizó con énfasis en la geopolítica binacional Colombia-Venezuela, como estados fronterizos. Adicionalmente, para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión de literatura, incluyendo fuentes de información como, artículos científicos, notas de prensa y documentos gubernamentales. Este artículo está dividido en cuatro partes, además de la introducción y las conclusiones.

Nuevo factor en la geopolítica: la securitización del medio ambiente

Un aspecto fundamental que se incorpora a la geopolítica actual es el medio ambiente. Este es un tema que responde a honestas preocupaciones por la degradación ambiental y la sostenibilidad del planeta, pero también a la securitización del mismo por parte de las unidades del sistema internacional, identificándolo como un objeto hacia el cual deben apuntar los códigos geopolíticos estatales para brindar seguridad a sus naciones (^{Verdes-Montenegro Escánes, 2015}). El concepto de securitización fue desarrollado por la Escuela de Copenhague, y de acuerdo con ^{Guerra-Molina y Badillo-Sarmiento (2021}) se utiliza para referir a la presentación de un asunto como amenaza y así legitimar la aplicación de medidas excepcionales. La securitización significa que, técnicamente, cualquier asunto de política pública se convierte en un tema en el que el ejército, la inteligencia y otras fuerzas de seguridad actúan de acuerdo con los intereses manifestados por los poderes políticos de los que dependen. Todo lo anterior se difunde masivamente utilizando un lenguaje que usa un tono más grave, de modo que los políticos, los grupos de expertos y los medios de comunicación hablan de una variedad de temas utilizando términos como “amenaza” o “riesgo” para referirse a un asunto de política pública sobre este tema (^{Verdes-Montenegro Escánes, 2015}).

En 2005, el ex secretario general de la ONU, Boutros Escones Ghali, hizo una declaración en una entrevista con la BBC mencionando que la competencia por los recursos hídricos en África y el Medio Oriente podría conducir a una confrontación militar entre los estados ubicados en la cuenca del río Nilo, de los que Egipto y Etiopía han sido referentes en esta disputa (^{Thomson, 2005}). Esta declaración ha llevado a comprender la posibilidad de que existan conflictos entre naciones por el acceso al agua potable, conflictos que deben ser entendidos desde la comprensión de que los ríos no siempre se ajustan a las fronteras internacionales. Los seres humanos no estamos en riesgo solamente de amenazas con armas letales; gracias al enfoque de seguridad humana podemos establecer como situaciones de menaza todo que ponga en riesgo aspectos primordiales de la vida cotidiana, una de las áreas básicas de la seguridad humana es la seguridad ambiental y es gracias a esta que el agua como recurso se ha vuelto un objeto de interés para la securitización. Esto pone sobre la mesa la posibilidad futura de que dentro del quehacer fijo de las fuerzas armadas nacionales se ubique la protección de los recursos naturales (^{Cadena-Montenegro, 2011}).

Cuando un Estado acoge la securitización de un recurso como el agua puede hacerlo tanto estratégica como tácticamente. Esta es utilizada cuando se tiene una cuenca hidrográfica compartida por varios países, bajo esta perspectiva el recurso se convierte en un aspecto de seguridad nacional; por otro lado, la securitización en su forma táctica aparece cuando el recurso securitizado está ligado a asuntos de alta política ligados a la supervivencia nacional como las guerras y la tenencia de la tierra (^{Fischhendler, 2015}). Lo anterior sirve de marco para observar las dinámicas de interacción entre la cooperación internacional y el interés propio de los estados, tales dinámicas pueden verse desde dos orillas, la primera ofrece la posibilidad de colaboración de los estados como un frente unido para hacer frente al cambio climático global; la segunda, por el contrario, estaría estimulada por la competencia entre naciones por el control del acceso a recursos vitales para obtener beneficios individuales (^{Flint, 2021}).

Los asentamientos humanos siempre se han desarrollado junto a una fuente hídrica para garantizar la subsistencia, es por esta razón que también pueden ser una fuente de tensión entre los estados ribereños. Se considera que un estado ubicado aguas arriba puede detentar ventaja en las relaciones fluviales por el acceso casi ilimitado que tiene al recurso hídrico, pudiendo reducir el flujo de agua a través de proyectos de represas y uso extensivo. Por lo general, los estados río arriba tienen dominio geopolítico sobre los estados río abajo, lo que puede dar lugar a externalidades unidireccionales para el estado ubicado aguas abajo (^{Brochmann y Gleditsch, 2012}). De acuerdo con ^{Medina de Pérez (2006}), las cuencas hidrográficas internacionales se comportan como sistemas hídricos cuya dinámica responde a la naturaleza del recurso y no escapan a convertirse en objeto de acciones de cooperación conjunta entre los estados ribereños en procura de la adecuada gestión del recurso. Lamentablemente, esta gestión no está exenta de que se presenten situaciones conflictivas derivadas de una explotación y asignación desigual del recurso por parte de los Estados ribereños.

En este sentido, Colombia y Venezuela han venido desarrollando actos de cooperación conjunta para la adecuada gestión del recurso hídrico de las cuencas hidrográficas de uso común, entre ellas la del río Catatumbo y Orinoco. Estas acciones resaltan la importancia de la gestión del recurso en contraposición con conflicto que se presenta en la región, pues, según datos reportados desde 1948, se tiene registro de unos 37 incidentes conflictos, incluyendo los violentos (^{Medina de Pérez, 2006}).

La relevancia de la securitización como herramienta viene dada por su potencial de proveer una nueva perspectiva para analizar el discurso de seguridad medioambiental, de lo que se conoce como seguridad y las formas de proveerla (^{Trombetta, 2008}). Bajo este enfoque las agencias ambientales juegan un papel fundamental en la promoción de acuerdos de cooperación y resolución de conflictos o guerras por los recursos ambientales.

El agua como recurso no solo ha sido objeto del análisis académico y político sino que también ha sido incorporado en la prospectiva de los escenarios de guerra realizados por la Corporación RAND en el documento The Future of Warfare in 2030: Project Overview and Conclusions, publicado en el año 2020, año en el que los investigadores del Programa de Estrategia y Doctrina de la Fuerza Aérea (EE. UU.) del Proyecto RAND intentaron responder preguntas sobre el futuro de la guerra, específicamente aquellos conflictos que podrían impulsarla (^{Cohen et al, 2020}). Precisamente uno de los aspectos analizados es el ambiente (securitizado) y los conflictos que pudiese generar y que deben ser considerados como se presentan en la Tabla 1.

Relación de la dimensión medio ambiental con la violencia regional en Colombia

En Colombia existe una estrecha relación entre las dimensiones política, económica, militar, social y ambiental del conflicto interno. Si bien las dimensiones militar y social han sido objeto de múltiples estudios académicos y preocupaciones políticas, la dimensión ambiental ha sido descuidada tanto en los análisis académicos como en los diagnósticos políticos. Sin embargo, se han estudiado los distintos escenarios en que los recursos naturales como los minerales, petróleo, biodiversidad y agua dulce se encuentran asociados a la dinámica económica, política y militar del conflicto colombiano.

El Estado colombiano ha tenido gran parte en el avivamiento del conflicto, refiriéndose esto básicamente a decisiones y acciones tomadas para reprimir los brotes de violencia en distintas zonas del país. Estas decisiones han propiciado una brecha asimétrica en diferentes zonas percibidas como estratégicas bajo distintos preceptos. Lo anterior permite hacer un análisis geopolítico del proceder y desempeño de los grupos que han sido parte activa del conflicto armado en Colombia (^{Ríos Sierra, 2019}).

^{Lavaux (2007}) advierte que, entre otros, la complejidad geográfica y ecosistémica es favorable al establecimiento y supervivencia de grupos armados proscritos y que existe una relación directa entre la geografía de la violencia política, militar y social en el país con la geopolítica de los recursos naturales. Otros estudios se han dedicado a proveer evidencia de impactos ambientales negativos generados por el conflicto armado; en el estudio desarrollado por ^{Fergusson et al. (2014}), con el uso de herramientas satelitales se determinó la fuerte influencia que ha tenido el conflicto armado en el incremento de las tasas de deforestación durante los años 1990, 2000, 2005 y 2010 en zonas controladas por grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el Urabá Antioqueño.

^{Clerici et al. (2020}) llevaron a cabo estudios durante tres años antes y después de la firma del acuerdo de paz en de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los autores registraron un aumento drástico y muy significativo de la tasa de deforestación en la mayoría de las áreas protegidas objeto de estudio y sus zonas de amortiguación desde la firma del acuerdo de paz. Esto permitió inferir que la presencia de estos grupos armados mantenía aisladas estas áreas de potenciales actividades extractivistas.

Muchas regiones fronterizas de Colombia se encuentran diariamente en relación de saqueo, parasitaria y casi simbiótica con los actores armados ilegales y los recursos naturales. De hecho, las áreas más afectadas por el conflicto armado, adyacentes a Venezuela y Ecuador, son también las que cuentan con los mayores recursos naturales de Colombia (^{Lavaux, 2007}). Efectos como la contaminación producida por la minería se extiende en algunos casos hasta las zonas fronterizas, lo que definitivamente afecta el desarrollo de las relaciones internacionales (^{Cadena-Montenegro, 2011}).

La biodiversidad del país se ve afectada por todas las fases de producción y erradicación de drogas. El ciclo de las drogas pone en peligro la megadiversidad del país hasta el punto de generar escasez de agua e inseguridad alimentaria en varios departamentos. En consecuencia, la nueva marginación ecológica está aumentando la violencia social y los conflictos políticos (^{Lavaux, 2007}) y tiene toda la factibilidad para materializar escenarios de conflicto como los analizados por la Corporación RAND (Tabla 1).

La dimensión medio ambiental en una relación binacional

Colombia comparte dos sistemas acuíferos con Venezuela: los denominados 3S La Guajira y 2S Táchira - Pamplonita compartidos con Venezuela, de acuerdo con el Programa International Shared Aquifer Resource Management de la UNESCO-OEA. Estos ecosistemas son objeto de una presión constante debido a la explotación de los recursos naturales de manera irregular, lo cual sumado al daño ambiental secundario por la actividad delictiva de grupos armados al margen de la ley y los efectos nocivos del ciclo de cultivo de drogas ilícitas afectan no solo el territorio colombiano, sino también a países vecinos como Venezuela y Ecuador, y generan impactos ambientales significativos en las cuencas hidrográficas compartidas.

Durante muchos años, en la historia reciente del continente, Venezuela fue una potencia reconocida regionalmente por contar con una de las mayores reservas de petróleo en el mundo. Pero esto ha cambiado debido a que este país vive en la actualidad una crisis sociopolítica sin precedentes caracterizada por cambios en sus relaciones internacionales, de acuerdo con ^{Peña-Chivatá et al. (2019}):

En el cambio radical del sistema político de Venezuela persiste un sentimiento altamente ideologizado, antihegemónico y antiamericano, que arrastra el entorno vecinal a la conformación de nuevos bloques de poder y alianzas estratégicas de carácter global, lo cual despierta viejos intereses geoestratégicos característicos de la Guerra Fría e incluso tensiones reales directas relacionadas con cambios en la Constitución de 1999 de Venezuela, (p. 775)

En este sentido la frontera colombo-venezolana ha tenido que enfrentar momentos de profunda tensión. Así, durante las últimas dos décadas la relación entre Colombia y Venezuela ha estado regida por una constante inestabilidad política que, en algunas ocasiones, ha tenido que ser mediada por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) (^{Alegría-Castellanos y Arroyo-Mina, 2010}), con el propósito de mantener el intercambio económico, político y social. Recientemente, con el cambio de gobierno en Colombia se han restablecido las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, que habían estado suspendidas por casi cuatro años, además de una frontera cerrada por siete (^{BBC, 2022}; ^{Forbes, 2022}). Lo anterior destaca la relevancia de las zonas fronterizas y de sus relaciones diplomáticas dentro del derecho internacional ya que estas constituyen un punto estratégico para el control de amenazas a la seguridad nacional y al ambiente como, por ejemplo, atentados contra oleoductos o minería ilegal (^{Peña-Chivatá et al., 2019}).

La cuenca del río Catatumbo sin duda ha adquirido un interés de índole geopolítico mediado por el factor medioambiental. Como se puede observar en la figura 1, el río Catatumbo aporta el 56,24 % del volumen de agua del lago de Maracaibo. Se ha estimado que el 81 % de los ríos contribuyentes al río Catatumbo en Venezuela pasan por las zonas de mayor concentración de cultivos de coca en la región, con las consecuencias de contaminación que el ciclo de producción de este tipo de sustancias genera en los cuerpos hídricos y la presión negativa que ejerce sobre los ecosistemas.

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía hidráulica de ^{Medina de Pérez (2006}) y cartografía de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en el 2020 (^{Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), 2021}).

Figura 1. Densidad de cultivos de coca en la región Catatumbo (2020) sobre red hidráulica, cuenca binacional del río Catatumbo (2002). 

Mediante un modelo teórico de asignación óptima de recurso hídrico en la frontera guajira colombo-venezolana, ^{Sánchez (2004}) obtuvo un escenario que permite obtener el mayor provecho del recurso hídrico y procurar su conservación. El modelo estimó un aumento en los costos de consumo no satisfecho para Colombia; adicionalmente, sugiere efectos positivos para Venezuela, si el manejo conjunto de la cuenca hidrográfica es implementado. Estudios de este tipo permiten evaluar los distintos escenarios para el uso compartido del recurso y los efectos que tiene la explotación en mayor proporción por uno de los dos estados ribereños.

Adicionalmente, vale la pena comprender el poder del Estado (en las dos unidades) construido en función del potencial geopolítico, ^{Cadena-Montenegro (2006}); el poder militar, ^{Vásquez Hincapié (2018}); el poder económico, ^{Cortés-Zambrano (2010}), las capacidades diplomáticas y la proyección de poder comunicacional, resaltando el recurso agua como componente de la dimensión ambiental en la geopolítica y señalando si Colombia cuenta con un recurso estratégico de poder y de presión frente a Venezuela. Colombia y Venezuela desde la óptica del neorrealismo están en la lucha por la supervivencia de los Estados.

Las dos unidades tienen la necesidad y el deseo de seguridad, lo que ha conducido en diferente medida a la acumulación de poder (^{Waltz, 1990}), factor que se considera en primer lugar en el balance de recursos, población y territorio, dando origen al potencial geopolítico como factor de la comprensión del poder del Estado, tal como se observa en la Tabla 2, en la que se presenta el potencial de recursos, población y territorio que poseen Colombia y Venezuela.

En el potencial geopolítico de estas naciones se destaca la capacidad de recursos que tiene Venezuela, en lo que a generación de energía y a reservas probadas de petróleo se refiere, aunque las cifras reportadas para Colombia son superiores; se ubica dentro de los 10 países del mundo con mayores reservas de agua dulce, superando por mucho las disponibles en Venezuela (^{Vallee et al., 2003}), y en este caso se puede observar que esto también tiene relación con el porcentaje de la población que no tiene acceso al agua potable, cuya cifra dobla la colombiana.

Hay que introducir un matiz con respecto a la generación de energía y el origen del agua en Venezuela. Este último, por ubicación geográfica, tiene una posición “rio abajo”. De acuerdo con ^{Burgos-Gonzáles y Velandia-Gómez (2007}); el 85 % del escurrimiento total de las aguas superficiales nacionales se encuentran en cuencas hidrográficas internacionales. La caracterización hidráulica de esta condición física se evidencia por la dependencia hídrica con respecto a Colombia, ya que por ejemplo el 60 % de las aguas del Orinoco y el 56,24 % del volumen total del lago Maracaibo proviene de territorio colombiano (^{Burgos-Gonzáles y Velandia-Gómez, 2007}).

Así pues, ríos como el Orinoco y el Catatumbo, y por ende sus cuencas, representan un valor geopolítico y estratégico para Colombia, como lo menciona ^{Gutiérrez-Baquero (2009}):

ya que al cortar los abastecimientos del Orinoco a las ciudades fronterizas se afectaría la represa de Gruñí que suministra el 90 % del potencial hidroeléctrico de Venezuela y también afectará la principal industria siderúrgica de Sudamérica ubicada en la misma zona de influencia de la cuenca. Y el segundo río vierte el 56 % de sus aguas al lago Maracaibo, por lo que se convierte en gran importancia geoestratégica para Colombia, al tener una vía de acceso de gran importancia expedita a la principal área económica de Venezuela y en caso dado poder controlar el cause importante del río. (p. 39-40)

Lo anterior da cuenta de la relevancia que tiene la evaluación de la gestión del recurso hídrico en las cuencas transnacionales, la dependencia y/o vulnerabilidad que puede tener un Estado ribereño frente a otro, por lo que la implementación de marcos cooperativos internacionales es imperante.

Colombia y Venezuela en función de capacidades militares

Para determinar las implicaciones estratégicas del poder del Estado se deben explorar sus propiedades como conjunto institucional para la selectividad estratégica (^{Jessop, 2014}). En el análisis del poder del Estado, en la Tabla 3, se observan algunas variables significativas para cuantificar y establecer el poder militar de Colombia comparado con Venezuela. Aunque como lo muestra el índice de poder de fuego global, Colombia tiene una mejor ubicación en el ranking, cuando se analizan aspectos como el poder aéreo y el poder terrestre la capacidad militar venezolana es mucho mayor, destacándose Colombia solamente en el presupuesto de defensa y en su poder naval, lo que vale la pena tener en cuenta debido a la relación directa que puede tener con respecto a la capacidad de control de cuerpos fluviales.

Como siguiente componente del poder del Estado se presentan en la Tabla 4 las variables que cuantifican el poder económico de los dos países en cuestión, encontrando que Colombia está muy por encima no solo en el valor agregado generado y en el crecimiento interanual del PIB, sino también en las reservas, que son muy superiores a las venezolanas. Además, la inflación en Colombia está controlada, en comparación con la venezolana. Según el Banco Central de Venezuela, el país en 2021 cerró con una inflación acumulada anual de 686,4 %.

También puede considerarse dentro de la estimación de las capacidades de las unidades un factor importante la asociación de Estados aliados que pueden dar soporte en materia de seguridad, en caso de que sea necesario la neutralización de amenazas o riesgos identificados en contra de la seguridad nacional, lo que en consecuencia aumentaría las capacidades de respuesta ante un posible conflicto bélico de cada una de las unidades (^{Peña-Chivatá et al., 2019}).

Como se logra identificar, Venezuela tiene dos aspectos fundamentales en los cuales es muy superior a Colombia: su capacidad militar y el volumen de reservas probadas de petróleo en su territorio. En este análisis se introduce como “igualador” del campo de juego el recurso hídrico que, como se mencionó anteriormente, genera amplias repercusiones geopolíticas y geoestratégicas, puesto que el manejo de los ecosistemas fronterizos da lugar tanto al trabajo conjunto de ambos países como a potenciales conflictos (^{Medina, 2008}). Diferentes estudios han identificado los desafíos que enfrenta la cuenca del río Catatumbo por ser transnacional, como son: el tráfico ilegal de madera desde Colombia, destrucción en el oleoducto, la deforestación de la Orinoquia, el ciclo de la droga en la zona y la contaminación proveniente de las poblaciones colombianas aledañas al río (^{Medina, 2008}).

Menciona ^{Gutiérrez-Baquero (2009}) que:

Colombia tiene sobre las cuencas como objetivos el mejoramiento de la calidad y cantidad de agua y el uso racional y equitativo del recurso. Venezuela por su parte, aunque comparte totalmente dichos objetivos, hace énfasis en su posición de aguas abajo, pues ve en estas cuencas una importancia estratégica y geopolítica, y una alta vulnerabilidad y dependencia; razón por la cual su mayor objetivo consiste en lograr acuerdos equilibrados que le garanticen el manejo racional por parte de Colombia, de las cabeceras y cuencas altas, (p. 18)

Conclusión

Se ha demostrado que los estados que hacen parte de cuencas transnacionales con una configuración de países ubicados aguas arriba y aguas abajo tienen un riesgo mayor de entrar en conflicto. Así las cosas, el nexo entre el uso y distribución del recurso hídrico y los conflictos en el territorio, derivados del manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas compartidas, han dado lugar a una comprensión más profunda sobre cómo las agencias internacionales deben incidir para que se fomenten acuerdos de cooperación sobre los recursos hídricos. Esto mediado por las agendas medioambientales y sostenibles que busquen promover la paz entre los estados, abogando por una geopolítica de cuencas hidrográficas colaborativas y considerando el enfoque multidimensional de la seguridad ambiental.

La frontera colombo-venezolana ha sido un territorio que, como resultado de la constante inestabilidad política entre las dos naciones, ha estado marginada a la acción directa de las fuerzas armadas de ambas naciones, haciendo que la preservación del agua como recurso pase a un segundo plano por la urgencia aparente de las relaciones diplomáticas. Es importante que se tenga en cuenta como factor fundamental en esta relación binacional la influencia de la asignación y uso del recurso hídrico de las cuencas compartidas, por el indiscutible potencial que tiene como catalizador de conflictos futuros, y que se promocionen acuerdos para la adecuada gestión de este recurso y la prevención de amenazas.

Como se puso en evidencia en esta reflexión, el aspecto medioambiental en la geopolítica casi termina concediendo atributos tan importantes como el poder militar o de otros recursos. Una vez activado el enfoque de securitización del recurso natural, la posibilidad de negociación se cierra, porque está determinada por una comunidad política y regulada por sus intereses. Así que en lo que respecta a las opciones de participación para el manejo de espacios fronterizos, se hace énfasis en que se deben propiciar iniciativas para la articulación de intereses y el desarrollo de proyectos colectivos de gestión del agua desde las instituciones del orden nacional. Además, se busca potenciar el trabajo de ambos países con miras a la reducción de efectos adversos ligados a las repercusiones geopolíticas a las que da lugar el manejo de los ecosistemas y la reducción de potenciales conflictos.