INTRODUCCIÓN

Después de 60 años de conflicto armado en Colombia, se iniciaron dos procesos transicionales que tienen su origen desde el año 2005. Esta primera justicia transicional en Colombia fue creada mediante la Ley 975 de 2005. A partir de allí, en el año 2007, la preocupación por las decisiones de estos mecanismos se inició con al apoyo de entidades internacionales. Las mismas tendían a prestar asesoría para obtener resultados eficientes en la jurisdicción mencionada. Posteriormente, después del acuerdo de paz de 2016, se estableció otro mecanismo de justicia transicional en Colombia con el mismo propósito de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

Bajo la anterior estructura transicional, la decisión judicial todavía es insuficiente para determinar los elementos de justicia que se asocian a los derechos de las víctimas, en particular los derivados del desplazamiento forzado y el despojo de tierras. En el momento se avanza hacia el conocimiento social de estas decisiones, mediante los trabajos de la Unidad de Restitución creada en el año 2011 (Ley 1448), con sus sentencias que son objeto de estudio en la actualidad.

Pero además si bien se estudia el problema fáctico del hecho, sobre este aspecto aparece separado el concepto respecto de autores y partícipes de los hechos del despojo que todavía tienen un alcance punitivo. En tal virtud este aspecto último de justicia sigue alejado de las conductas y de las medidas de reparación que constituyen el centro específico de atención de la justicia transicional, aspecto que se desarrolla en los siguientes fundamentos.

1. LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL CONCEPTO DE RESTITUCIÓN A PARTIR DEL CONTEXTO

En concreto, hablar de tierras, despojo y campesinado en Colombia es hacer un recorrido por la inagotable fuente de causas objetivas del conflicto mismo, además de las muchas tareas pendientes de la conformación del Estado moderno colombiano, porque la guerra en Colombia en su gran mayoría se ha desarrollado o ha tenido como teatro de operaciones las zonas rurales del país, llevando a que el despojo de tierras sea una constante por diversas fracturas internas sociales. Las mismas se vienen presentando desde la primera violencia en Colombia que se puede establecer a partir de 1948; sin embargo, las causas políticas y sociales pueden ubicarse entre 1910 y 1930, en un profundo control de la propiedad por parte de los latifundios y un desamparo de los campesinos en todas sus garantías, en una situación de inequidad, estado que permanece hasta la actualidad (^{Prieto Sanjuan y Sandoval Mesa, , 2020}).

2. FUNDAMENTOS INICIALES DE LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS Y PERSECUCIÓN DE SUS AUTORES

En el proceso de restitución de tierras, se refleja a su vez el desplazamiento forzado hacia las ciudades en Colombia. Este fenómeno de violencia se caracteriza por que confluyen dos tipos de graves violaciones que residen en el despojo de tierras como son el desplazamiento forzado y todos los atentados contra la vida asociados a este fenómeno. Las conductas que se reflejan en acciones criminales afectan bienes jurídicos como la vida, la integridad personal, los derechos patrimoniales, las libertades personales y sexuales, entre otros derechos afectados.

En muchas de las denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía General de la Nación y todos los centros de observación de derechos de víctimas se analizan pérdidas de cultivos, ganaderías, actividades económicas conexas con el agro y, por supuesto, cómo ha sido el comportamiento sobre el despojo de tierras. Así mismo, las consecuencias del abandono o transferencia de tierras a título traslaticio de dominio. En los casos sometidos a examen se identifica la transferencia de tierras que son obtenidas fraudulentamente, producto de actos antecedidos por la violencia, bien por la amenaza o por la coerción que ocasionan todos los grupos creadores de violencia en Colombia como por ejemplo los grupos de autodefensas, organizaciones criminales, GAO, carteles de narcotráfico, entre otros, como se observa en decisiones judiciales que revelan este patrón sistemático de violaciones (Corte Suprema de Justicia, Sala de casación penal. 23.02.2010. M. P. Leónidas Bustos Ramírez; Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, M. P. Uldi Teresa Jiménez López, Sentencia de 29 de junio de 2010).

Para tal efecto, como en casi todos los fenómenos promotores de violencia en Colombia, las medidas legales crearon un sistema complejo de tipo jurídico para adelantar el proceso de restitución. Se ha pensado que un sistema seguro jurídico puede generar mejores resultados que los recursos existentes, sobre todo por la naturaleza especial del despojo de tierras que mezcla tanto factores de índole constitucional, punitivo, como de derecho administrativo y de Derecho Privado. En este sentido el alcance de las medidas destinadas al proceso de restitución de tierras fue consagrado por vez primera en Colombia mediante la Ley 1448 de 2011 y en los decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011; el Decreto 1725 de 2012; el Decreto 3011 de 2013; el Decreto 698 de 2013; el Decreto Único Reglamentario 1084 de 2015; el Decreto 1071 de 2015, y el Decreto 440 de 2016. En todas ellas se crea un sistema que permite el retorno y combatir la titulación ilegal en el escenario del conflicto armado.

Así mismo en el acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, los puntos primero (Reforma Rural Integral) y quinto (Víctimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición) contienen disposiciones referentes a garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado interno que padecieron el despojo y el abandono de tierras Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. (2016). Este aspecto todavía merece desarrollos posteriores que son necesarios para armonizar toda esta legislación con los efectos de las decisiones sobre reconocimiento de responsabilidad que en este sentido se generen en la jurisdicción especial para la paz.

En general el abandono y el despojo de tierras ha sido sintetizado en prácticas generalmente realizadas por los actores armados del conflicto, papel en el cual se cuestiona si en dichas conductas han participado empresas y personas jurídicas. Para tal efecto es preciso definir que los actores del conflicto pueden ser clasificados tanto dentro de los miembros de los grupos armados ilegales como de los agentes estatales. Pero además como la naturaleza del conflicto nacional es compleja, también es necesario adicionar a los particulares que de alguna manera participaron en el conflicto a través de las prácticas ilegales que son objeto de estudio (^{Centro Nacional de Memoria Histórica 2015}, pág. 122).

Sobre el particular, se analiza si han sido instigadores para lograr que legítimos propietarios poseedores de buena fe u ocupantes de predios enajenen, entreguen, se desplacen o sencillamente abandonen la tierra dándoles apariencia de legalidad a través de negocios jurídicos que son producto de concurso de delitos inherentes a objetos y causas ilícitas (^{Centro Nacional de Memoria Histórica 2015}, pág. 122).

En este sentido, en los casos sometidos a examen se identifica la transferencia de tierras que son obtenidas fraudulentamente, producto de actos antecedidos por la violencia, bien por la amenaza o por la coerción que ocasionan todos los grupos creadores de violencia en Colombia (autodefensas, organizaciones criminales, GAO, carteles de narcotráfico, entre otros). Por ejemplo, se puede citar el caso ocurrido en el corregimiento de Mampuján, el 10 de marzo de 2000, donde un grupo armado de paramilitares desplazaron a varias familias del lugar. El hecho tuvo lugar en la vereda San Juan Nepomuceno sobre el predio Las Brisas, y el desplazamiento y el despojo de tierras se produjeron hacia Carmen de Bolívar y Cartagena. En este caso se ordenó el retorno y la restitución a las víctimas objeto del despojo (Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de tierras, Sentencia de restitución de 27 de junio de 2013, Demanda Unidad de Restitución).

3. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE VÍCTIMAS

En lo referente a la restitución de tierras, como componente de la reparación a las víctimas (Corte Constitucional, T-679 de 2015), se ha implementado en Colombia desde el año 2011, aún sin que haya cesado el conflicto armado interno (^{Ministerio de Agricultura, 2014}, noviembre 24).

En este sentido, desde el año 2011, con la expedición del Decreto 4801 del Departamento Administrativo de la Función Pública, se estableció la estructura y las funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, UAEGRTD. Esta nueva entidad estatal fue creada en virtud del artículo 103 de la Ley 1448 de 2011 por un periodo de 10 años contados a partir de su promulgación, la cual recientemente ha sido renovada mediante la Ley 2078 de 2021 por otros 10 años. Para los fines de los acuerdos de paz de 2016 es necesario armonizar estas disposiciones para orientar los procesos de restitución que sean expuestos en este sentido, mediante sus mecanismos especiales, y de paso dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en el acuerdo.

La Unidad de Restitución de Tierras (UAEGRTD) es una entidad estatal «adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural» de Colombia (Ley 1448, 2011) con personería jurídica y autonomía administrativa. Respecto a sus funciones, estas se centran en la «conformación administración» y conservación del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, RTDAF (Decreto 4801, 2011).

En dicho registro se podrán inscribir las personas que hubieren sufrido el despojo o abandono de tierras como hecho victimizante. Así mismo se registran los predios abandonados o despojados debido al conflicto armado interno desde el 1.° de enero de 1991. En este sentido la unidad especial administrativa se encarga de resolver los diferentes conflictos relacionados con el problema del despojo, pero a su vez carece de medidas coercitivas efectivas que permitan identificar a los actores principales. Tan solo se revelan los actos relacionados con los predios y si al caso el retorno del predio a su propietario; por ende, las decisiones judiciales punitivas en este sentido constituyen un refuerzo jurisdiccional para la efectividad de tales medidas.

La Unidad (UAEGRTD) adelanta el trámite administrativo de restitución de tierras, el cual termina con la inscripción o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Este registro es requisito de procedibilidad para adelantar posteriormente la etapa judicial ante los jueces especializados en restitución de tierras. Posteriormente se inicia un proceso judicial que en realidad trata de identificar los aspectos que generaron el acto de despojo, pero los mecanismos sistemáticos del asunto requieren de un análisis de contexto que por ahora solo se realiza en informes del conflicto, pero su característica es la generalidad de sus conclusiones frente al problema.

La inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas forzosamente fue analizada por la Corte Constitucional, la cual encontró que es una medida que no vulnera los derechos de las víctimas, es «adecuada, idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto, para alcanzar los fines de restitución que se propone la norma» (Corte Constitucional, C-715 de 2012). En este sentido, el requisito de procedibilidad para instaurar la solicitud de restitución, ante los jueces competentes, no vulnera el derecho al acceso a la justicia ni el debido proceso de los reclamantes de tierras. Si bien constituye el primer paso en reconocer la titularidad de los bienes perdidos, apenas es el comienzo del proceso de reclamación y retorno a los predios despojados (Corte Constitucional, C-715 de 2012).

Adicionalmente, como se mencionó, la Unidad de Restitución de Tierras (UAEGRTD) tiene la competencia para instaurar la solicitud de restitución o formalización ante los jueces especializados en restitución de tierras, representando a las víctimas del conflicto armado interno que sufrieron de despojo o abandono forzado a partir de 1991. Cabe destacar que la decisión sobre la restitución de un determinado predio corresponde al juez, quien fallará en derecho de acuerdo con las pruebas aportadas por las partes y las solicitadas de oficio, en un proceso judicial donde se garantiza el derecho de contradicción a los opositores.

Resulta relevante señalar que la restitución de tierras no se adelanta actualmente en todo el territorio nacional sino en aquellas regiones donde existen condiciones de seguridad que permitan adelantar los procesos de documentación del caso y los retornos de la población. En este caso se presenta una contingencia que afecta el reclamo y la obtención de los derechos de propiedad en zonas donde sistemáticamente continúa tanto el despojo como el conflicto armado.

Si bien esto responde al contexto de este país, esta situación lleva a que muchas solicitudes de restitución aún no puedan ser estudiadas y por lo tanto «tampoco se podrían restituir» (Álvarez, et al., 2014, pág. 115). Cabe resaltar que en virtud de la Sentencia T-679 de 2015 se ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras elaborar un plan de intervención en el que deberá incorporar los objetivos y las estrategias para restituir todos los predios despojados en el plazo de 10 años del que trata la Ley 1448 de 2011. No obstante, es preciso analizar que en este proceso no se menciona la posibilidad de articulación de dichos actos con autoridades judiciales como la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, para adelantar actuaciones conjuntas con miras a identificar el análisis de contexto del problema que revela múltiples relaciones en el caso preciso del despojo de tierras.

Lo anterior implica que el Gobierno debe coordinar las instancias que intervienen en el proceso de focalización, con el propósito de evitar cualquier tipo de desarticulación institucional (Corte Constitucional, T-679 de 2015). En el momento, el plan en este sentido sigue pendiente y debe ser objeto de desarrollo. Sin embargo, como ya se dijo, la magnitud del asunto puede rebasar la capacidad operativa de la Unidad de Restitución de Tierras.

Un factor importante son las cifras, ya que a 30 de julio de 2018, se ha logrado la restitución de 303.642 hectáreas a favor de las víctimas del conflicto armado interno; así mismo, los jueces y/o magistrados especializados en restitución de tierras han proferido 4200 sentencias (Información recabada por la UAEGRTD, 2018, julio 30). Este punto es importante, pues no se trata de un número menor de restitución, sino que el problema es la magnitud del territorio despojado, que frente a estas cifras es todavía inmenso.

La Unidad de Restitución de Tierras despojadas en la actualidad se ha consolidado como una referente internacional para implementar este tipo de política pública a favor de las víctimas, como por ejemplo frente a casos de naciones también afectadas por esta problemática como Kenia, Argentina, Honduras, Filipinas, etc. Pese a todos estos resultados, lo conveniente es verificar no solamente que se ha producido el despojo sino las conductas que han permeado este fenómeno en Colombia. Esta labor se encuentra pendiente sobre todo porque corresponde a los mecanismos de justicia transicional que han sido implementados en Colombia.

4. EXPERIENCIAS EN MATERIA DE RESTITUCIÓN DERIVADAS DE CONFLICTOS ARMADOS Y FACTORES DE DESPLAZAMIENTO

Uno de los aportes principales de la Unidad de Tierras (UAEGRTD) consiste en apoyar los procesos de reparación integral de las víctimas, mediante las gestiones administrativa y judicial. Así mismo su participación en las actividades posfallo han sido relevante en las solicitudes de restitución de tierras. Estos actos permiten generar confianza en los campesinos que han regresado a sus tierras para cultivarlas y ayudar con el desarrollo sostenible del país. Esto es relevante toda vez que en las sentencias de restitución los jueces y/o magistrados han ordenado a esta entidad la implementación de proyectos productivos, el alivio de pasivos en impuesto predial y servicios públicos domiciliarios, la priorización de subsidios de vivienda, la asistencia técnica integral a favor de las víctimas de despojo o abandono forzado, etc. (^{UAEGRTD, 2017}, pág. 49)¹.

En el caso de experiencias en el terreno, se constataron predios restituidos en Sucre y Córdoba, así como también se tuvo un diálogo directo con las personas que han sido reparadas en el componente de restitución de tierras. Se destacaron los programas de seguridad alimentaria promovidos de manera posterior a la entrega de predios, gracias a los proyectos productivos que son otorgados en las sentencias de restitución (^{Bernal, 2016}). Es decir, a pesar de las críticas sobre sus resultados, lo anterior revela que es importante que se realicen y lleven a cabo, hasta el nivel de restitución de la tierra, los casos adelantados, que en muchos casos son derivados de masacres cometidas en Colombia.

Sobre este punto, a la visita mencionada se puede adicionar que se hizo en asocio con la Comisión Nacional de Tierras de Kenia (2014), sobre restitución de tierras y políticas públicas. En este caso se destacaron los beneficios que se otorgan a las víctimas a partir de la normativa especial en Colombia, sobre todo si se conoce que la situación puede ser similar en otros conflictos como por ejemplo los de África.

En este escenario, cambia la situación que imperaba hace unos años, en la cual eran los grupos al margen de la ley y los dueños de latifundios los que dirimían los conflictos en el campo, muchas veces por la fuerza. Esta función se trasladó a los jueces y/o magistrados especializados de restitución que tienen la posibilidad de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad de la tierra, formalizando a los poseedores y ocupantes de predios rurales. En este sentido, se pudo determinar por ejemplo en casos específicos cómo la actividad ganadera y el despojo de tierras estaban relacionados con el conflicto armado y la presencia de cultivos ilícitos en la región en un lapso entre el 2000 y 2009, situación que impidió el desarrollo económico en la región, conforme a las cifras estatales sobre el conflicto armado en el Departamento del Meta (^{Duarte Rojas y Cote Poveda, 2013}, pág. 26).

Por otra parte, es importante mencionar que existen procedimientos diferentes para adelantar los procesos de restitución a favor de los sujetos colectivos de derechos mediante el derecho fundamental de Restitución de Tierras. Esto representa la consideración de derechos humanos efectivos para las víctimas en relación con grupos vulnerables en el escenario del Conflicto Armado como un factor necesario de resolución, toda vez que la causa proviene, en estos casos, de variables que partieron de la situación frente al desplazado. Esto en la medida en que no solo este es despojado de su tierra, o de sus pertenencias, de su parcela, ganado y demás bienes, sino también despojado al ser expulsado de su entorno, de su vida tal como la conocía anteriormente para comenzar una nueva vida (^{CNMH, 2015}, pág. 20).

En tal virtud, el reconocimiento del derecho a la restitución de tierras de las víctimas «está vinculado a tres nociones básicas: al concepto de víctima del conflicto, al concepto de desplazado víctima del conflicto, y la reparación integral como derecho fundamental del que son titulares las víctimas del conflicto» (^{Quinche et al, 2015}, pág. 28).

En efecto, desde la Sentencia T-025 de 2004 se protegió los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, se declaró el estado de cosas inconstitucional, debido a la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de la población desplazada. Sobre este punto, es importante destacar que además de este proceso, al mismo tiempo, se trata de seguir los principios del migrante forzado y su derecho al restablecimiento. (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}).

Lo anterior resulta pertinente en la medida en que la construcción del derecho al establecimiento del desplazado, más allá de la tenencia de un lugar para vivir o una posesión de tierras, implica su protección y prevención; de allí las medidas que se requieren en el momento del desplazamiento y luego al final, cuando se produce el regreso, reasentamiento o reintegración (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}). Por tal razón, las medidas de restitución resultan pertinentes si tienen la potencialidad de lograr estos momentos de protección y restablecimiento.

Frente a estos puntos, se contrapone la falta de expedición de leyes, medidas administrativas, presupuestales, para garantizar la asistencia, la atención y la reparación a los desplazados (Corte Constitucional, T-025 de 2004); constituye uno de los puntos frágiles que surgen de esta problemática, pero en materia de restitución, permite adicionar este punto todavía pendiente para la protección y el establecimiento de la población desplazada (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}). Sin embargo, la situación en la relación de desplazamiento forzado y restitución tiene la controversia en torno a la necesidad de restituir al desplazado; pero también en muchos casos la víctima ha tenido arraigo en otro lugar. Esta variable todavía es difícil de consensuar en este diálogo (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}).

Por esta razón, la sentencia anterior permite dar los lineamientos referentes a la asistencia, la atención y la reparación a las víctimas de desplazamiento. Se constató que el Estado no había diseñado un sistema para registrar los predios despojados o abandonados con ocasión del conflicto armado interno y tampoco existían programas que garantizaran el retorno a los desplazados. Todo ello por cuanto en esta materia, las acciones penales de persecución de este delito no se encuentran armonizadas con las medidas de reparación y restitución. Al parecer estos dos pilares transicionales se encuentran separados por jurisdicciones diferentes dada la naturaleza penal de un lado y la mixta civil y administrativa del otro (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}, pág. 76).

La Corte Constitucional en esta sentencia ordenó adelantar acciones para garantizar el goce efectivo de los derechos de la población desplazada, crear programas de estabilización socioeconómica, otorgar ayudas humanitarias, atención en salud, acceso al sistema educativo a favor de las víctimas de desplazamiento. Se trata de un argumento de justicia social para las víctimas que en últimas representa beneficios para todos. (^{Kaufmann, 2001}, pág. 34). A su vez, la Corte Constitucional ordenó a la Procuraduría hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia (Corte Constitucional, T-025 de 2004). Este precepto obedece a las garantías establecidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que regulan los derechos de las personas víctimas de la migración forzada (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}, pág. 17).

No obstante, es indudable que se plantean ideales de justicia esenciales para estos aspectos, pero de allí a su implementación solo aparece la normativa de restitución de tierras que alrededor de estos aspectos constituye un inicio en el cumplimiento y la realización de este tipo de derechos fundamentales, como son el derecho a la igualdad y garantía de protección de grupos vulnerables, el derecho a la paz y el derecho a la libertad, en términos de libre circulación por el territorio nacional, junto con los demás derechos que realizan la vida, la libertad y el bienestar de la persona en este sentido (Constitución Política de Colombia, arts. 13, 22 y 24; ^{Younes Moreno, 2021}, págs. 104 a -120).

Posteriormente en la Sentencia T-821 de 2007 la Corte Constitucional estableció que las personas que han sido despojadas u obligadas a abandonar su tierra tienen el derecho fundamental a que el Estado «conserve su derecho a la propiedad o posesión y les restablezca el uso, goce y libre disposición de esta» (Corte Constitucional, T-821 de 2007).

Igualmente, esta sentencia recordó los instrumentos jurídicos internacionales y las normas de soft law que consagran la protección de la propiedad o la posesión de las víctimas del conflicto. Así por ejemplo los Convenios de Ginebra de 1949, los Principios «Pinheiro, Principios Deng», etc. En efecto, la normativa procedente tanto de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario implica que una vez cese la amenaza o el peligro para la persona en su territorio, ella debe ser retornada a su lugar de procedencia. En el derecho internacional humanitario, este desplazamiento se debe únicamente si la necesidad militar y la exigencia de protección se requieren en el caso particular, con el compromiso en igual sentido de las fuerzas militares del retorno de los civiles a su domicilio (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}). En muchos de los casos de desplazamiento en Colombia esta preceptiva no se cumple y, por el contrario, lo que genera es fenómenos de migración forzada.

Además de ello los instrumentos que protegen a las víctimas del desplazamiento forzado, como el Estatuto de Roma, reprimen esta conducta que se encuentra regulada en el derecho interno tanto cuando opere una situación de conflicto como en tiempos de violencia sistemática y generalizada. Generalmente estas dos situaciones confluyen en el fenómeno analizado y revelan la acción tanto en los actores subversivos como en los grupos de delincuencia organizada. Para desmovilizar población se requiere de una estructura armada de poder que tenga diversas funciones y rangos de acción para generar el temor necesario para el despojo en materia penal, tal y como se observa de manera coincidente en las decisiones de justicia y paz que regulan la condena punitiva para este tipo de organizaciones (^{Sandoval Mesa y Ubajoa Fierro, 2020}; ^{Sandoval Mesa, 2019}, págs. 82 y 121).

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que dado el carácter fundamental del derecho a la restitución de tierras, se impone una serie de obligaciones por parte de las entidades del Estado con el objetivo de garantizar la reparación a las víctimas del conflicto armado interno (Corte Constitucional, C-330 de 2016). Sin embargo, en muchas ocasiones aparece el llamado en las sentencias de la Corte Constitucional al Estado para el cumplimiento de los efectos de justiciabilidad de los derechos involucrados, sobre todo en la parte resolutiva de la decisión. No obstante, las acciones emprendidas no colman las aspiraciones de justicia mencionadas.

Al final tales esfuerzos constituyen el desarrollo más representativo de efectividad de los derechos, pese a las múltiples dificultades que enfrenta el aspecto preciso de la restitución y la protección posterior de las víctimas. En este campo, los insumos que se han mencionado pueden servir de base para que, en el escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz, se puedan armonizar las medidas de restitución y las medidas punitivas del Estado.

CONCLUSIONES

Es necesario analizar que la dinámica del conflicto en Colombia tiene una vinculación necesaria a la cuestión agraria que generó un contexto en el que se identificó una conducta sistemática de violencia por temor, que mantuvo sus organizaciones criminales hasta la actualidad. Este patrón asociado a la tierra mantiene una estructura criminal de grandes estructuras que permanecen vinculadas a factores de poder especial para incidir no solo en los actos violentos de grupos armados sino también en el despojo de tierras, tal y como se muestra en precedentes asociados a estos comportamientos.

El despojo de tierras, así como fue objeto motivado por los actos de múltiples violaciones y crímenes de derechos humanos, entre ellos el desplazamiento forzado, tiene como base elementos que dieron lugar a la legislación especial de restitución que ofrece un proceso contencioso que permite a las víctimas una posibilidad de retorno a sus lugares de origen y a sus actividades perdidas por el despojo de sus bienes. La protección constitucional en este caso ha permitido la permanencia de la ley para que la vía de restitución pueda suplir los mecanismos de restauración que no bastan desde el fundamento penal, toda vez que en su competencia basta la persecución de la conducta.

En este sentido, el proceso posterior cumplido bajo parámetros de temporalidad de la norma desde hace 10 años de existencia de la unidad especial de restitución ha permitido un saldo favorable de hectáreas entregadas a las víctimas que fueron despojadas; sin embargo, su procedencia todavía se encuentra motivada por las zonas que ofrezcan seguridad para el retorno de las víctimas. En este caso, los aspectos que han permitido la renovación de la normatividad de restitución posibilitan un proyecto continuo de retorno de víctimas despojadas que en múltiples casos han sido objeto de desplazamiento forzado, aspecto que permite plantear una de las causas de superación del conflicto y el desarrollo sostenible de la sociedad.

Las acciones de restitución y los procesos contenciosos implementados en tal virtud, junto con las acciones penales, determinan que el retorno de las víctimas a sus tierras despojadas posea una mayor reparación frente a las víctimas, dadas las garantías de entrega de predios y demás proyectos complementarios. De paso, identifica los actores del conflicto involucrados en las acciones; otro elemento necesario para desvelar las estructuras que ocasionaron la conducta. Los efectos de tales acciones judiciales se comienzan a revelar en zonas que ofrecen seguridad de retorno a las víctimas; sin embargo, todavía se cuestiona que puede ser formal y se desea que se convierta en material; de lo contrario, entramos en el cúmulo de decisiones de la Corte Constitucional, con mandatos incumplidos, que en este campo se orienta hacia las acciones de la Unidad de Restitución.