ARTÍCULOS

CONTRADICCIONES DISCURSIVAS EN PROCESOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL DIFERENCIAL A LA DIVERSIDAD ÉTNICO–RACIAL NEGRA EN PROGRAMAS SOCIALES EN COLOMBIA^*

DISCURSIVE CONTRADICTIONS IN PROCESSES OF DIFFERENTIATED SOCIAL INTERVENTION FOR BLACK DIVERSITY IN SOCIAL PROGRAMS IN COLOMBIA

CONTRADIÇÕES DISCURSIVAS NOS PROCESSOS DE INTERVENÇÃO SOCIAL DIFERENCIAL PARA A DIVERSIDADE ÉTNICA E RACIAL NEGRA NOS PROGRAMAS SOCIAIS NA COLÔMBIA

CLAUDIA MOSQUERA ROSERO–LABBɹ, RUBY ESTHER LEÓN DÍAZ²

1 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. cpmosquerar@bt.unal.edu.co

2 Pontificia Universidad Católica de São Paulo, Sau Paulo, Brasil. restherleond@gmail.com

Artículo de investigación: recibido 15/12 /12 y aprobado 08/10/13

RESUMEN

Este texto subraya las contradicciones discursivas presentes en intervinientes sociales estatales vinculados a la acción social, a la hora de referirse a personas negras o indígenas en situación de vulnerabilidad social y/o pobreza. De una parte, se realizará un análisis de los discursos de estos intervinientes frente a las propuestas de implementación de mecanismos de acceso preferencial o de exclusividad étnico–racial de beneficiarios en programas de combate a la pobreza. De otra parte, se expondrán sus resistencias epistémicas a propósito de la incorporación de la 'pertenencia racial' o el 'color de piel' en tanto criterios de selección. Se espera, de esta manera, demostrar que las instituciones sociales de bienestar necesitan transformarse, y que los servicios sociales deben adaptarse a las demandas de la diversidad cultural, adoptando tanto nuevas prácticas profesionales como renovadas estructuras de sentido que faciliten el tránsito a la nación imaginada constitucionalmente.

Palabras clave: Diversidad cultural, Estado postsocial, programas de combate a la pobreza, intervención social.

ABSTRACT

This article highlights the discursive contradictions present in state social interventions linked to social action when referring to socially vulnerable and/or impoverished Black and indigenous people. Firstly, it will analyze the discourses of those intervening about the proposals for the implementation of mechanisms of preferential access or of ethnoracial exclusivity of beneficiaries in programs to combat poverty. Secondly, it will explore their epistemic resistance to the incorporation of 'racial group' or 'skin color' as selection criteria. In doing so, the article aims to propose that institutions of social well–being need to transform and that social services should adapt to the demands of cultural diversity, adopting both new professional practices and renewed structures of meaning that facilitate the transition to nation as imagined in the Constitution.

Key words: Cultural Diversity, Post Social State, Programs to Combat Poverty, Social Intervention.

RESUMO

O documento destaca as contradições discursivas nas que incorrem os funcionários sociais estaduais da área d'ação social, para se referirem a pessoas negras ou indígenas em situação de vulnerabilidade, seja ela de tipo social e/ou pobreza. Faz–se uma análise dos discursos destes funcionários com respeito às propostas de execução de processos de acesso preferencial ou de exclusividade étnico–racial para os beneficiários de programas de ação contra a pobreza. Analisa–se logo o fato destes participantes mostrarem resistência com respeito à incorporação de 'grupo étnico' ou 'cor da pele', como critérios de seleção. O propósito é demonstrar que as instituições de assistência social precisam ser transformadas, e que os serviços sociais devem adaptar–se às exigências próprias da diversidade cultural. Nesta perspectiva, a adoção de novas práticas profissionais, bem como de renovadas estruturas de sentido, que possam facilitar a transição para a nação constitucional que imaginamos, é fundamental.

Palavras–chave: Diversidade Cultural, pós–status social, programas para combater a pobreza, a intervenção social.

Colombia es una nación cultural y étnicamente diversa y los desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional han influido en la ampliación del concepto de cultura. En el país, la diversidad cultural es algo más amplio que el reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas como parte constitutiva de la nación. En este sentido, la Constitución de 1991 des–etnizó la cultura para pluralizarla; amplió la etnicidad para abarcar a personas y a pueblos de ascendencia africana y a gitanos. Con la declaratoria de país multicultural se abrió la discusión sobre lo que íbamos a entender por 'culturas', sobre quiénes producían culturas, y cómo se interrelacionaría el Estado Social de Derecho y la gestión de la diversidad cultural. El país adoptó el multiculturalismo.

La creación de un Estado post–social¹ es un proceso complejo y contradictorio. La promoción y protección de la diversidad cultural, la cual es enfatizada en los artículos 7 y 70 de la Constitución Política de 1991, implican una re–significación y transformación de las instituciones estatales para hacer que las mismas sean capaces de atenderla. Es importante resaltar que la noción de diversidad cultural es entendida como un

Concepto que recoge los clamores de los seres humanos de ser respetados en su infinita singularidad, biológica, personal y cultural. Atender esa singularidad es el valor universal que está en los anhelos de justicia que creen lograrse con el respeto de las diferencias y sus convergencias entre los seres humanos, y en consecuencia, un indicador central en las tendencias que podrían llevar cambios esenciales en el modo de regir los destinos de los Estados Sociales de Derecho (Zambrano, 2001:157).

Desde una óptica de Estado Social de Derecho, las instituciones que prestan servicios sociales focalizados están obligadas a ofertar planes, programas y proyectos desde un enfoque diferencial, si le apuestan a que el contrato social de nación pluriétnica y multicultural de la Constitución de 1991 sea una realidad. No obstante, desde este escenario institucional surgen algunas preguntas: ¿cómo se expresan las contradicciones entre la ciudadanía abstracta y universal desde la cual el desarrollo de las identidades y subjetividades de los ciudadanos es considerado un asunto privado, frente al proyecto multicultural de creación de nuevas ciudadanías reclamadas por sujetos que poseen y reivindican, en el espacio público e institucional, adscripciones identitarias y culturales diversas?, ¿cómo se concibe desde los servicios sociales la ciudadanía de las personas, grupos, pueblos étnicos y pueblos étnico–raciales, que encarnan diversidades étnico–culturales y étnico–raciales?, de manera específica ¿qué ocurre con la diversidad étnico–racial representada por personas de pueblos negros dentro de los programas sociales focalizados o de combate a la pobreza?, ¿los funcionarios del Estado encargados de la prestación de servicios sociales a las personas negras las conciben como beneficiarias diferenciadas en los programas que combaten la pobreza y/o vulnerabilidad socioeconómica?, ¿cuáles son los argumentos expuestos por algunos funcionarios entrevistados para tener en cuenta la diversidad étnico–cultural y étnico–racial dentro de programas sociales focalizados?

A lo largo de este artículo subrayaremos las contradicciones discursivas expresadas por los funcionarios estatales frente a la forma de atender diferencialmente a la diversidad étnico–cultural, pero en especial a la diversidad étnico–racial de personas negras. Estas contradicciones configuran intervenciones que derivan en: a) la reificación de las identidades étnico–culturales y étnico–raciales; b) en una profunda resistencia epistémica a entrecruzar en la acción social del Estado los principios de igualdad y de no discriminación, por un lado, con la promoción y respeto a la diversidad cultural, por el otro, al considerarlos principios mutuamente excluyentes; c) en una fuerte negación a considerar que el color de la piel y el fenotipo negro estructuran el tipo de relaciones socio–raciales asimétricas que existen en el país, al tiempo que confieren particularidades a la experiencia de la vulnerabilidad social y a la pobreza.

Los resultados de este artículo se sustentan en un trabajo que consistió en noventa y dos entrevistas individuales y ocho grupos focales realizados en Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira y San Andrés. Estas ciudades fueron seleccionadas por su relevancia política y administrativa (todas son capitales de departamentos) y demográfica. Cartagena y San Andrés tienen una importancia particular en términos de presencia demográfica de población y culturas Afrocolombianas y raizales. Bogotá, Medellín y Pereira son reconocidas como ciudades con prevalencia de valores andinos y culturas mestizas. Quisimos contrastar y caracterizar en estos lugares la dinámica de intervención en relación con la diversidad étnico–racial negra.

Las entrevistas individuales, de carácter semiestructurado, se realizaron entre un grupo de intervinientes compuesto, en su mayoría, por mujeres mestizas que ejercen profesiones tales como Trabajo Social, Psicología Clínica y la Psicología Social. Dentro del conjunto de personas entrevistadas se encuentran profesionales en Administración de Empresas, Antropología, Ciencia Política, Derecho, Economía, Filosofía, diversas Ingenierías, Medicina, Nutrición y Dietética, Odontología, Pedagogía, Publicidad y Sociología. Asimismo, se entrevistaron promotoras sociales institucionales y promotoras sociales comunitarias, que son generalmente líderes que prestan unos voluntariados en beneficio de ciertos grupos de población –adultos mayores, personas en condición de discapacidad y menores de edad–. Los grupos focales se realizaron en la ciudad de Bogotá y gran parte de estos grupos incluyeron personas beneficiarias de programas de bienestar, quienes en su mayoría eran personas mestizas.

Los funcionarios públicos entrevistados se encuentran vinculados a programas de combate a la pobreza;² es decir, aquellos que buscan remediar situaciones de vulnerabilidad socio–económica de ciertos grupos poblacionales como niños y niñas, adultos mayores, madres cabeza de hogar, desempleados y demás grupos que se encuentran registrados en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales–SISBEN. Estos funcionarios son agentes de primera línea; es decir, interactúan de manera directa y cotidiana con los usuarios de dichos programas. Dentro de sus funciones, se encuentran encargados de la recepción usuarios, información sobre programas de asistencia de la ciudad o departamento, remisión a programas especializados, selección de beneficiarios, capacitación, visitas domiciliarias, entrevistas, entre otras.

Debido a que nuestra intención era analizar la relación de los agentes estatales con las diversidades, nuestro análisis no se concentró en la evaluación de políticas, programas o proyectos específicos, sino en aquellos que se especializaban en lo social. El trabajo de campo de la investigación priorizó instituciones encargadas de administrar estos programas y proyectos a nivel municipal y departamental. Entre esas instituciones se encuentran las secretarías municipales y departamentales de bienestar o de asistencia social, planeación social, desarrollo social y comunitario, participación y desarrollo social, promoción comunitaria, despachos de las primeras damas, entre otros. Queremos destacar que esas instituciones dependen de la destinación de recursos económicos y autonomía designada en los planes de gobierno que rigen para periodos cuatrienales. Ello significa que la denominación de estos programas cambia con el relevo entre cada administración. No obstante, estas secretarías y despachos mantienen programas y proyectos que se encuadran en la asistencia social, tal es el caso de los comedores comunitarios, apoyo nutricional, guarderías, subsidios de transporte, clubes de adultos mayores, subsidio económico ante contingencias como desempleo y desastres naturales, entre otras.

Sin embargo, antes de entrar en la presentación de los hallazgos de la investigación referenciada, adentrémonos en las discusiones conceptuales subyacentes al tema de la necesidad de acompañar a los Fenómenos Político– Culturales Emergentes (FPcE) con el Fortalecimiento de Programas o de Servicios Sociales para objetivar el contrato social de nación pluriétnica y multicultural de la Constitución de 1991.

La transición hacia una nación pluriétnica y multicultural

Para Carlos Vladimir Zambrano, la transición hacia una nación pluriétnica y multicultural se presenta en medio de tres Fenómenos Político–Culturales Emergentes (FPcE de ahora en adelante) mutuamente imbricados, son ellos: la transición nacional pluralista, la reconfiguración de la diversidad cultural, y la génesis del campo étnico. Los FPcE son uno de los tres ejes políticos de la diversidad cultural, al lado de la gobernabilidad cultural y la globalidad alternativa. Zambrano afirma que la importancia de los FPcE radica en que permiten dar contenido conceptual y operativo a la objetividad que resulta de la diversidad y posibilitan, además, realizar interpretaciones del desarrollo particular de lo multicultural en el ámbito nacional (Zambrano, 2006: 46).

Los FPcE aún están en desarrollo; sin embargo, pese a que aún no poseen un nivel óptimo de institucionalización, son realidades que se posicionan con fuerza en medio de múltiples tensiones y luchas por su reconocimiento. Esta es la razón por la cual el reconocimiento de los FPcE guarda una estrecha relación con una mejor promoción y defensa de la diversidad cultural. En este contexto, los FPcE son entendidos como manifestación de la realidad política del país; son político–culturales porque 'obedecen a las prácticas de los sujetos que tratan de posicionarse en la sociedad para actuar en ella y generar nuevos ámbitos de representación y simbolización para legitimarse' (Zambrano, 2006: 47), y son emergentes porque se encuentran en evolución, desarrollo y profundización, siendo novedosos en el panorama de las luchas sociales y dando lugar a la emergencia de nuevos sujetos sociales, enmarcándose en la tensión entre legitimidad cultural y racionalidad política. En este documento añadimos una tercera tensión: aquella que resulta de la búsqueda de legitimidad y racionalidad frente a las instituciones que prestan servicios sociales.

En el fondo, los FPcE son las manifestaciones que se han producido en una realidad social por efecto de la liberación de fuerzas de la diversidad cultural. Este es un proceso que se ha gestado en los últimos años en la coincidencia de los esfuerzos por brindar mayor democracia, generar mayor participación política y posibilidades reales de reconocimiento de grupos o pueblos históricamente excluidos.

La transición pluralista nacional: esta abarca 'el debate acerca de la posibilidad de inclusión de la totalidad diversa con claros horizontes multiculturales en el Estado, en la nación y en la participación política' (Zambrano, 2006: 49). Para Zambrano, el país transita entre una cualidad preexistente uni–cultural a otra imaginada multicultural, a partir de tres efectos: la movilización política de la diversidad (pluralismo); la génesis y la configuración del campo étnico (objetividad) y, la diferenciación de la diversidad misma (diversidad ampliada). En esta transición de lo unicultural a multicultural se perdieron de vista tres aspectos: que la diversidad étnica y cultural también está en transición; que el Estado se sirve de la diversidad para legitimar y reproducir la hegemonía cultural sobre la diversidad, y el miedo que produce superar la tensión tradición/ modernidad en las personas que representan la diversidad. Desde lo anterior se plantea que la transición pluralista es una realidad político–cultural que considera la historia de los procesos de diferenciación de la diversidad, abordando sus cambios y su variabilidad, y reconociendo las interacciones entre la vida cotidiana y el mundo. Esta transición atiende la dimensión política de la diversidad y plantea un doble giro, es decir, una diferenciación de la sociedad y la diversidad, que supone una amenaza a la integración social, pero que a su vez implica oportunidades para una reorganización de la sociedad. Por tanto, 'es más amenazante y desintegradora una política que desconozca esas realidades diversas y en permanente variación' (Zambrano, 2006: 50).

La reconfiguración de la diversidad: para Zambrano, la configuración es una ordenación cultural de una colectividad. En ella la forma cultural se sitúa en un espacio, siendo percibida como una trama de relaciones sociales internas y externas que dan carácter y personalidad a dicha colectividad. Es una configuración procesual en tanto considera, no sólo la forma, sino también la dinámica mediante la cual se ordena. También es conflictiva, pues se enmarca en la articulación y la disgregación, entre la conjunción y la contraposición de la identificación y la diferenciación. En este sentido, las identidades son, al unísono, actos de afirmación total y de diferenciación relativa entre el nosotros y los otros. En esta misma línea, las deliberaciones identitarias se debaten en el conflicto, que en un modo estructural se resuelven procesualmente en la diacronía de dichas deliberaciones.

La génesis del campo étnico: debemos entender esta idea como la aparición de un espacio social para la resolución de los asuntos étnicos de la diversidad cultural. Al mismo tiempo es asumida como coincidente, empíricamente, con los espacios resultantes de las asimetrías de las relaciones entre el Estado y la diversidad étnica. Desde estas dos perspectivas, para Zambrano lo que define al campo étnico es el modo en que éste contribuye a la construcción y definición de un sujeto en el marco de la política étnica, y de cómo contribuye a la constitución de un sujeto étnico para la política. Así las cosas, el campo étnico –que en el país aún está en desarrollo– es definido por las relaciones de la diversidad étnica y sus otros entornos, y no únicamente por las formas estructuradas preexistentes. Pese a que su historia (la exclusión) aún debe ser escrita, la historia producida desde el reconocimiento y la inclusión es la de la pugna por la hegemonía cultural diversa del Estado. De lo anterior se desprende que el surgimiento del campo étnico está atravesado por la paradoja en la cual toda emancipación produce una correlativa sujeción ya que todo reconocimiento modifica las formas de dominio dotándolas de poder. En este contexto, el deber del análisis del campo étnico es el de describir las tensiones y las paradojas de esta construcción social. La génesis del campo étnico es, entonces, un FPcE que emana de las luchas que confrontan la hegemonía cultural de las formas de dominación que son imperantes en el plano nacional, generando un sistema propio de relaciones políticas e institucionalizaciones burocráticas a las cuales Zambrano denomina 'espacio multicultural en desarrollo' (Zambrano, 2006: 55).

A partir de este aparte expondremos los hallazgos cualitativos que informan los enormes retos institucionales que implica la transición hacia una nación pluriétnica y multicultural, la importancia de ubicar a los tres Fenómenos Político–Culturales Emergentes (FPcE), y la importancia del fortalecimiento de planes, programas o servicios sociales diferenciales para atender la diversidad cultural en las instituciones del Estado. Hemos ubicado estos temas en el análisis de programas de combate a la pobreza en ciudades como Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira y San Andrés Islas.

Diferenciación asimétrica de la diversidad étnica y étnica–racial: percepciones sobre vulnerabilidad en programas sociales focalizados³

Entre los funcionarios del Estado que intervienen en la primera línea de la asistencia social encontramos narrativas en las que se aprecia una tímida relación analítica entre la pertenencia étnico–racial o étnico–cultural con los fenómenos de pobreza y/o vulnerabilidad. Es así como se admite que la vulnerabilidad social ocurriría porque en algunos contextos urbanos personas indígenas y negras poseen fuertes marcadores culturales –colores de piel y fenotipos diferentes a las mayorías mestizas– que impedirían, además insertarse socialmente, sobre todo integrarse desde un punto de vista cultural a la sociedad mestiza mayoritaria. Estos marcadores dificultarían encontrar un empleo formal, restringirían el acceso a sitios de diversión, y los expondría a maltratos verbales cotidianos por medio de chistes y comentarios racistas. Se cree que cuando a estas personas se les restringen sus posibilidades de expresión cultural, también se les expone a una evidente 'vulnerabilidad cultural' que pone en riesgo prácticas, historias, memorias, relatos y saberes propios de culturas ancestrales. No obstante, aunque se afirme la existencia de algunas características compartidas en la experiencia de la vulnerabilidad social y cultural entre personas negras e indígenas, los funcionarios establecen una explicación asimétrica según prime la pertenencia étnico–racial o la étnico–cultural. Por ello expresan una consideración especial hacia la situación de las personas indígenas, quienes encarnarían al auténtico Otro de la nación (Segato, 2007). Para estos funcionarios, las culturas indígenas serían las verdaderas contra–hegemonías a las culturas mestizas mayoritarias. En contraposición, las personas negras son consideradas un Otro próximo. Se afirma que estas poblaciones poseen mejores capitales sociales, culturales y políticos. Según los funcionarios, aunque en situación de pobreza socioeconómica, los Afrodescendientes estarían en mejores condiciones que las personas indígenas a causa del mayor contacto con la cultura mestiza mayoritaria, el dominio del castellano, la fácil adaptación a las dinámicas urbanas, y porque, supuestamente, hacen parte de espacios de participación política similares a los utilizados por los ciudadanos organizados sin base étnica, a la vez que pertenecen a partidos políticos tradicionales. Las personas negras son asumidas como Otros próximos que progresivamente han sido beneficiarios tanto del proyecto de modernidad como del proyecto de ciudadanía abstracta y universal, hecho que al parecer no habría ocurrido con los miembros de los pueblos indígenas, al parecer concebidos como un Otro radical dentro de la nación.

La vulnerabilidad de las personas indígenas: hemos afirmado que algunos intervinientes estatales consideran que ser indígena genera o agrava la experiencia de la vulnerabilidad social o de la pobreza. Esta sensación se expresa en un alto nivel de desadaptación a la cultura mestiza mayoritaria, la que se revelaría en la insistencia en mantener marcadores culturales propios, como lenguas, vestuarios, pautas de higiene y alimentación. Este proceso de desadaptación cultural a lo urbano los conllevaría a la desintegración cultural. Los funcionarios conciben recurrentemente a las personas indígenas como sujetos colectivos cuya localización primordial serían las periferias olvidadas de la nación; por tanto, su vulnerabilidad se acentuaría en la ciudad al atravesar por una fuerte desvinculación de la vida colectiva tradicional. La práctica de la ciudadanía quedaría en riesgo en cuanto se considera que las personas indígenas, de manera individual, atraviesan serios obstáculos para el ejercicio de sus derechos ciudadanos y serían incapaces de proteger sus marcadores culturales propios. Desde esta óptica reificadora pareciera que sólo las organizaciones étnicas aseguran derechos, protección, y reconocimiento cultural ante el Estado en todos sus niveles.

Por otra parte, funcionarios de Bogotá y Pereira consideran que la vulnerabilidad de las personas indígenas pobres se expresa en una sistemática exclusión de la oferta de servicios sociales por la falta de cumplimiento de requisitos básicos, como sus registros en la base de datos del SISBEN, o de documentos de identificación, tales como registro civil o cédula de ciudadanía. Otra forma de expresión de la vulnerabilidad de estas personas dentro de los programas sociales para el combate a la pobreza se encontraría en la falta de adecuación cultural de la acción social. Sin embargo, los funcionarios de la ciudad de Bogotá consideran que la ciudad avanza a grandes pasos en la atención diferencial a personas indígenas. Esta afirmación se basa en que el Distrito ha puesto a su disposición algunos alimentos considerados propios de las culturas indígenas, al tiempo que se ha promovido la preparación autónoma de alimentos mediante la entrega de mercados con una minuta adaptada culturalmente.

Además del suministro de alimentos, se considera que la existencia de jardines exclusivos para niños indígenas evidencia, sin ambages, la apertura multicultural de la administración distrital capitalina a las diversidades culturales. Entre algunos funcionarios, la creación de un jardín infantil que atiende a niños del pueblo Inga es una intervención legitimada porque es el resultado de la gestión política colectiva de organizaciones indígenas. Para los agentes estatales esta experiencia garantiza la protección de la cultura indígena ya que incentiva la transmisión de marcadores culturales propios en un espacio exclusivo para niños indígenas, que a su vez los protege del racismo cultural.

No existen cuestionamientos por parte de estos agentes sobre la cosificación de las identidades culturales indígenas, definidas con base en estereotipos acerca de lo que es ser indígena. Tampoco existe un cuestionamiento importante a la lógica estatal que, amparada en su poder de control de poblaciones, asume la potestad de definir el conjunto de marcadores culturales que conviene atender con las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

La vulnerabilidad de personas negras: para los funcionarios, la diversidad étnicoracial representada por las personas negras es considerada poco determinante en la experiencia de la vulnerabilidad y pobreza. En Cartagena se desestima que la vulnerabilidad por pobreza se agudice por el hecho de ser experimentada por personas discriminadas racialmente de manera histórica y cotidiana. Identificamos dos características en las narrativas de los funcionarios que reconocieron la existencia de un tipo especial de vulnerabilidad padecida por personas negras: la existencia de una vulnerabilidad asociada a la condición étnica y otra a la situación socio–racial. Según algunos funcionarios de las ciudades de Bogotá, Medellín y Pereira, las personas negras padecen vulnerabilidad étnica debido a que son una minoría poblacional en el ámbito urbano, en el que se les impide recrear algunas prácticas propias de su cultura, como el consumo de ciertos alimentos, la realización de fiestas patronales, celebraciones religiosas auténticas en las que media altos consumo de licor, el baile, y la música en sus propios términos.

No obstante, la noción de vulnerabilidad cultural es utilizada de manera contundente sólo para explicar la situación de las personas raizales que viven en el departamento Archipiélago de San Andrés Islas. Se afirma entonces que hombres y mujeres raizales son vulnerados culturalmente puesto que muchas de sus prácticas tradicionales y su propia existencia física se encuentran amenazadas por la cultura mestiza continental –también llamada paña–. El fenómeno de la superpoblación ocasionado por la excesiva y desordenada presencia de inmigrantes continentales en ese departamento, es percibido como un riesgo a la pervivencia cultural como pueblo. Asimismo, se considera que son vulnerados culturalmente por la acción arbitraria del Estado al deber someterse a políticas nacionales diseñadas para otros contextos regionales, lo cual niega su historia particular, las características geográficas del territorio que habitan y, sobre todo, su diferencia cultural basada en el dominio de la lengua inglesa, el uso cotidiano de una lengua criolla y en la pertenencia a religiones protestantes. Frente a la situación de vulnerabilidad cultural de las personas raizales, se ofertan programas sociales que se pueden considerar diferenciales. Por ejemplo, la flexibilización de algunos de los criterios relacionados con el puntaje SISBEN.

En relación con la condición socio–racial de las personas negras, varios funcionarios consideran que la vulnerabilidad se acrecienta cuando se entrecruzan con variables como el género, generación, clase social, discapacidad, conflicto armado, migración económica forzada, entre otras. Se afirma que existen intersecciones que generan un tipo de vulnerabilidad que podría ser atendida por programas sociales de combate a la pobreza. En este orden de ideas, la intersección entre fenotipo, el color de piel negro y la clase social es la que repercute en varios ámbitos de la vida de las personas negras. Desde esta perspectiva, las personas negras de clase social media y alta neutralizarían los efectos del fenotipo o del color de la piel, mientras que las personas negras de clase social baja, reducirían oportunidades educativas, laborales y se acentuarían las dinámicas de segregación urbana en detrimento de su calidad de vida.

La vulnerabilidad de las personas negras pobres también es admitida con base en la intersección entre pertenencia étnico–racial, género femenino y clase social. Las mujeres negras pobres serían especialmente vulnerables porque pertenecen a culturas negras juzgadas como machistas en las cuales se les atribuiría roles culturales naturalizados de cuidado y proveeduría económica que reproducirían la opresión femenina en el ámbito de la familia extensa negra.

En los entrevistados de la muestra, las narrativas sobre las percepciones acerca de la vulnerabilidad de personas negras e indígenas ilustran los retos del proyecto multicultural. La transición pluralista nacional corre un riesgo aun no analizado lo suficiente consistente en reproducir sin cuestionamiento alguno la legitimidad cultural de autoctonía de indígenas sobre la legitimidad cultural de las personas de ascendencia africana. Por otro lado, estas percepciones muestran las enormes dificultades de comprensión de la diversidad dentro de la diversidad, y la manera como se reconfigura la diversidad cultural étnica o étnico–racial en relación a los contextos históricos, sociales, geográficos y políticos.

Diversidad étnico–racial y programas sociales focalizados de combate a la pobreza y/o vulnerabilidad

En la mayoría de las ciudades incluidas en esta investigación, las personas negras pobres prefieren acudir a sus redes familiares y de amigos antes que a la asistencia social del Estado y confían más en su capacidad de agencia individual en el mercado informal de la economía que en los programas del Estado de combate a la pobreza. Los agentes del Estado explican la inasistencia de las personas negras a programas sociales de combate a la pobreza a partir de cuatro factores: habitan sólo de forma reciente en la ciudad, como en caso de Bogotá y Pereira; no reivindican programas sociales diferenciales aduciendo su diversidad étnico–racial; no representan una población tradicionalmente demandante de asistencia social; y la mayoría de estas personas se adaptarían a las normas y valores de la cultura predominante mestiza urbana.

No obstante, encontramos narrativas que consideran que lo que explica la inasistencia de personas negras pobres se debe a la falta de adecuación cultural de la oferta estatal. La importancia de la atención diferencial es subrayada como una estrategia que permitiría que estas personas accedieran con mayor frecuencia a la asistencia social del Estado. Encontramos que la adecuación de la intervención social para la diversidad étnica–racial negra persigue profundizar y cualificar la adaptación cultural de estas hacia los marcadores culturales mestizos. En particular, se considera que mediante programas sociales se pueden inducir cambios culturales en las subjetividades de las personas negras pobres, quienes, de manera prejuiciada, se caracterizarían por ser agresivas, inclinadas a la auto–segregación, con dificultades para asumirse a sí mismas como ciudadanos y, por tanto, sujetos individuales de derechos sin que importe su color de piel. En Medellín y Pereira, en donde los funcionarios propusieron implantar atención diferencial, ellos consideran que este tipo de acciones servirían para evitar conflictos de convivencia inter–raciales asociados a la existencia de maltratos físicos o agresiones verbales racistas en algunos barrios entre personas mestizas pobres –residentes antiguas de la ciudad– y personas negras pobres –inmigrantes urbanas recientes–. Asimismo, un grupo minoritario de funcionarios considera que la asistencia social debería garantizar el suministro de algunos bienes y servicios adaptados culturalmente a algunos aspectos de lo que se considera propio en las personas negras.

La atención a la diversidad étnico–racial negra demuestra cómo, en el proyecto de transición pluralista nacional, el Estado instrumentaliza la diversidad para legitimar y reproducir la hegemonía cultural sobre la diversidad focalizada, como bien los anotaba el autor Zambrano (2006). Las respuestas de un pequeño número de intervinientes sociales en relación a la viabilidad y necesidad de una atención diferencial a personas negras que viven en barrios o que son beneficiaras de programas sociales demostraría que el campo étnico es un campo de disputa, tanto para los sujetos que lo conforman como dentro de intervinientes sociales de las mismas instituciones estatales que no ven la atención diferencial con otros fines.

Preferencia y exclusividad: propuestas con resistencias para la atención a la diversidad étnico–racial en los programas de combate a la pobreza

Un pequeño grupo de funcionarios en Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira y San Andrés manifestó la necesidad del reconocimiento diferencial de personas negras en los programas sociales de combate a la pobreza. Para ellos sería imperativo garantizar el principio de simetría étnica, es decir, un tratamiento proporcional al que se le brinda a otros grupos históricamente discriminados, en particular a personas de pueblos indígenas. Afirman que tanto los pueblos indígenas como los pueblos negros se encuentran amparados por una normatividad especial producida por la Corte Constitucional en consonancia con el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. Opinan que la atención diferencial puede hacerse mediante el acceso preferencial o prioritario a programas sociales focalizados o por medio de programas exclusivos para personas negras pobres. Ambas estrategias son aceptadas en el plano discursivo, pero de manera simultánea y contradictoria se desarrolla una serie de críticas que se centran en el impacto negativo que tendrían en los procesos administrativos de las instituciones encargadas de suministrar asistencia social a personas pobres o vulnerables. Es así como la atención diferencial no permitiría la maximización de recursos públicos por cuanto habría que garantizar un mínimo de personas negras vulnerables asistentes a los programas en barrios cuando la ubicación de estas personas en las ciudades es dispersa. En segundo lugar, el criterio de acceso por vulnerabilidad o pobreza se tornaría irrelevante y se sustituiría por rasgos fenotípicos y de color de piel, lo cual podría estructurar relaciones interraciales conflictivas. En tercer lugar, estimularía a que personas de otras diversidades culturales tramitaran sus demandas de reconocimiento cultural ante el Estado. Lo que según los funcionarios podría desestructurar a las instituciones debido a que esto volvería compleja la acción del estado, en términos de protocolos y principios; todo esto en un contexto de recursos públicos escasos. Estas narrativas expuestas nos indicarían hasta qué punto la consolidación de los Fenómenos Político– Culturales Emergentes (FPcE) están lejos de la consolidación de un Estado postsocial que otorgue 'centralidad al reconocimiento de la diversidad cultural y que haga de ella el factor indispensable para la cohesión del Estado, de la sociedad, generando narrativas nacionales, y locales que incorporen la diversidad en el horizonte mental de sus ciudadanos' (Zambrano, 2001: 161–162).

Críticas a otorgar un lugar prioritario del fenotipo y al color de la piel en los programas sociales de combate a la pobreza

La estrategia de acceso preferencial o prioritario se utiliza en algunos programas sociales y consiste en ofrecer atención inmediata a la demanda de una persona que presenta condiciones agravadas de pobreza o vulnerabilidad. La mayoría de funcionarios consideran que no habría ningún tipo de sustento ético para jerarquizar la experiencia de la pobreza tomando com criterio el fenotipo o el color de piel. Las personas entrevistadas en la ciudad de Bogotá afirman que otorgar al color de la piel o al fenotipo el estatus de criterio para lograr el acceso a programas sociales focalizados, puede revictimizar y subvalorar socialmente a las personas negras como ''incapaces'' en razón de su pertenencia racial. Por estas razones, consideran irrelevantes los argumentos asociados al fenómeno de la racialización para la implementación de programas sociales. Además, debido a la asignación insuficiente de recursos para atender la demanda de asistencia social, la prioridad en el acceso debe instituirse de acuerdo con la intersección de vulnerabilidades, pero entre estas no se considera la pertenencia étnico–racial.

[...] por qué yo voy a darle, por ejemplo, a un negro la prioridad si también un moreno, un blanco o un mestizo están por igual; una mujer negra es igual que una mujer mestiza, [...] también están iguales ambas, y yo les doy la prioridad a ambas [...]. Para mí lo más importante no es la raza, sino más que todo el estrato uno y dos porque ese [es] el plan de desarrollo que nosotros llevamos aquí en el Distrito (Keyla Rojas. Cartagena, 2007).

Los argumentos ético–políticos relacionados con la reparación histórica por la prolongada exclusión histórica que han padecido las personas negras desde su esclavización en la Colonia, que se refleja en las estructurales y desiguales condiciones de vida de los pueblos negros, así como en el padecimiento de los racismos y en la masiva precarización por la escasa o nula presencia estatal en las zonas de mayorías negras, no son aceptados como justificación para establecer algún tipo de prioridad en el acceso a programas sociales. En particular, funcionarios de la ciudad de Bogotá rechazan de manera enfática este argumento como justificación del trato preferencial o al acceso prioritario. Afirman que las personas negras harían parte de uno de los demás grupos sociales a los cuales se les debe resarcir derechos históricamente vulnerados. Para ellos, las víctimas del conflicto armado colombiano, los pueblos indígenas, y las mujeres también están en espera de reparación.

Nosotros tenemos deudas con muchos pueblos poblacionales, también por crímenes de lesa humanidad para no ir más allá toda esta comedia que está ocurriendo con las personas que han sido despojadas de su tierra. Tenemos muchas deudas con muchas personas y es necesario saldarlas todas. Yo pienso que sobre muchos procesos es necesario que haya justicia, se conozca la verdad y que haya reparación (Alejandro García. Bogotá, 2007).

En general, el acceso preferente o prioritario a programas sociales focalizados se considera una estrategia arriesgada porque podría fomentar prácticas racistas y conflictos interétnicos e intra–institucionales. En lo que respecta al racismo institucional, si bien muchos funcionarios reconocen que a nivel cotidiano operan algunas actitudes de este tipo por medio de chistes, burlas, y prácticas explícitas de discriminación racial, la mayoría expresaron de manera enfática la inexistencia de dicho fenómeno en lo institucional. En particular, argumentan que los programas sociales focalizados de combate a la pobreza y las instituciones que suministran servicios sociales se encuentran libres de racismo. Asimismo, indican que la atención brindada a las personas pobres y vulnerables se sustenta en los principios de igualdad y de no discriminación, sea esta por creencias religiosas, opciones sexuales, filiaciones políticas, pertenencia étnico–racial o étnico–cultural. Lo que aquí se afirma es que la presencia de la retórica de la ciudadanía liberal hace que, por encanto, el racismo institucional no tenga cabida. Pese a ello, investigaciones empíricas realizadas en varios servicios sociales de atención a personas negras desplazadas informan la presencia de prejuicios raciales e incomprensiones culturales sustentadas en el racismo institucional (Mosquera Rosero–Labbé, 2010: 285–328).

La estrategia de priorizar el acceso es sugerida como inconveniente por los intervinientes sociales estatales. La mayoría de los funcionarios plantean que los tratos preferenciales o prioritarios introducen divisiones jerárquicas en el género humano. El trato preferente o prioritario retrasaría la adaptación cultural de personas negras pobres al contexto urbano habitado por mayorías mestizas. Finalmente, funcionarios de las ciudades de Bogotá, Cartagena y Pereira consideran que reconocer de manera especial a las personas negras como población prioritaria de los programas sociales focalizados puede hacerles creer que se encuentran en una jerarquía social superior frente a los demás sujetos de derecho, en especial, frente a las personas mestizas.

Tan solo algunos agentes del Estado aceptarían dar preferencia o prioridad a las personas negras pobres, sólo si se demuestra que existe una relación directa entre la pertenencia étnico–racial, la pobreza, y dificultad en el acceso a derechos fundamentales. No obstante, la priorización de personas negras pobres sería adoptada si se tratara de promover el ingreso a inmigrantes víctimas recientes del conflicto armado que se desplazan hacia ciudades como Bogotá, Medellín y Pereira.

Cuando se les están vulnerando todos sus derechos [por ejemplo] en salud, obviamente en ese momento [...] deben tener prioridad. Pero [...] cuando han nacido en un ambiente [...] como el de la ciudad, que tienen acceso a todos los servicios y posiblemente a un empleo pues no tendría [sic] [...] prioridad. Tendría que mirarse realmente de dónde vienen o cómo es la problemática, porque si los van a sacar de un medio y los desplazan y llegan a Bogotá [...], aparte del desplazamiento tienen una condición especial; [...] obviamente hay que darles [...] prioridad (Ivon Carrera. Bogotá, 2007).

Resistencias a los programas sociales exclusivos para personas negras pobres

En este punto, nuevamente, se puede notar las contradicciones y dificultades para tornar compatibles los principios de igualdad y de reconocimiento a la diversidad cultural de forma simultánea y complementaria. Los funcionarios afirman que la atención exclusiva conllevaría a obliterar los principios de la intervención social de igualdad y no discriminación. Por ello, este tipo de atención no podría conllevar al establecimiento de espacios exclusivos para la atención de personas negras; en vez ello, se sugiere la transversalización como el mecanismo para la inclusión de la perspectiva diferencial étnico–racial en la intervención social. Esto obligaría a visibilizar a las personas negras pobres en todas las intervenciones y posicionarlas como un grupo a focalizar. La transversalización sería una alternativa al establecimiento de programas sociales exclusivos considerados como estrategias segregacionistas que atentarían en contra de relaciones interculturales para la convivencia barrial y la paz social.

La transversalización, finalmente, se da a partir del reconocimiento de ese diagnóstico, de esas carencias; [es] empezar a promover [...] el asunto de cupos, por ejemplo, pero no per se [...]. Creo que la transversalización es la capacidad de tomar consciencia del diagnóstico del estado de esta población y empezar a hacer énfasis en cada programa, cada proyecto y cada mínimo de desarrollo que deban cumplir esas personas y esos hogares, abrir los espacios para que efectivamente lo puedan cumplir (Teresa Vélez. Medellín, 2007).

De acuerdo con funcionarios de la ciudad de Bogotá, los programas sociales exclusivos para personas negras estimularían la conformación de guetos negros. A diferencia de la existencia de indígenas y sus resguardos en sus territorios ancestrales, la existencia de concentraciones de personas negras pobres en las ciudades no tendría ninguna justificación de tipo cultural. Por el contrario, podría tornarse peligrosa para la convivencia social urbana. Estas narrativas, que se contraponen a la creación de programas de atención diferencial exclusivos, contrastan con las de funcionarios de Pereira, quienes señalan como positiva la concentración de personas negras en zonas específicas de la ciudad para implementar programas sociales focalizados exclusivos.

Con base en una experiencia poco exitosa de reasentamiento en viviendas de interés social de personas pobres que pertenecían a distintos pueblos étnicoraciales y regiones del país, afirman que, en ciertos casos, la mejor alternativa de intervención social sobre grupos culturalmente diversos es concentrar a las personas que compartan ciertas prácticas culturales. Ello evitaría problemas de convivencia dentro de los barrios y facilitaría la implementación de tratos especiales en la intervención social, al tiempo que resultaría favorable para el Estado en términos administrativos.

Para mí, el barrio Tokio ha sido lo más nefasto que ha hecho la Administración porque fue incluir cinco culturas sin ninguna clase de acompañamiento [...], sin nada [...], los negros tienen una cultura, los indios tienen otra, los antioqueños tienen otra, los tolimenses tienen otra, los costeños tienen otra, entonces eso allá es una locura, allá están todos. [...] usted va allá y se encuentra todos los problemas del mundo (Lucy Fernández. Pereira, 2007).

La creación de programas sociales exclusivos para personas negras pobres representa una posible opción diferencial, pero es asumida con mucho recelo. Los funcionarios de las ciudades de Bogotá y Medellín afirman que es imperativo contar con información demográfica y socioeconómica oficial de calidad sobre la presencia y condiciones de vida de estas personas, de tal manera que se facilite la toma de decisiones públicas frente a programas de atención diferencial exclusivos. Igualmente, se considera que este tipo de decisión debe basarse en otras experiencias existentes y lideradas por organizaciones negras para que se produzca un diálogo de saberes. De acuerdo con ellos, esta acción consistiría en identificar perfiles culturales en sus demandas de atención para crear protocolos de atención diferenciales en la intervención a la pobreza y/o vulnerabilidad.

En las ciudades de Bogotá, Cartagena, Medellín y San Andrés, la implementación de atención exclusiva sólo sería aceptada si es precedida por un proceso de empoderamiento político grupal,⁴ visible en la participación pública de líderes y representantes de organizaciones en la negociación política con el Estado local. De nuevo, los funcionarios proponen este condicionante siguiendo el modelo indígena que se supone permitió la introducción de intervenciones diferenciales en algunos programas sociales en Bogotá. En esa lógica, la existencia de organizaciones representativas, cohesionadas, articuladas, y la presencia de fuertes liderazgos negros, con una amplia legitimidad comunitaria, junto a la disposición o voluntad política del gobierno local o distrital serían requisitos indispensables para la implementación de los tratos exclusivos para personas negras pobres.

[...] puede haber un acuerdo con indígenas, con negritudes, con lgtb [lesbianas, gays, bisexuales y transexuales], pero en el grupo pueden haber personas que rebasen los criterios. Entonces, no podemos meter a todas como en el mismo molde [...]; hay que ver bien cómo se estipulan los acuerdos, porque después [de] pactarlos ya no hay nada que hacer. A uno, un acuerdo lo puede llevar a cometer una cantidad de inequidades (Bertha González. Bogotá, 2007).

La puesta en marcha de programas sociales exclusivos para personas negras, según funcionarios de las ciudades de Bogotá y San Andrés, plantea un entrenamiento especial por parte de los profesionales de la intervención social. En las ciudades de Medellín y Pereira, también se considera importante la vinculación de personas negras como promotores comunitarios y profesionales en los equipos de trabajo, ya que algunas experiencias profesionales demuestran que ello facilita la interlocución.

Algunos discursos presentan opiniones matizadas frente al tema de la exclusividad en ámbitos distintos a la intervención social sobre la pobreza y vulnerabilidad socioeconómica. Consideran que la exclusividad debería implementarse sólo en ámbitos educativos escolares pues las demandas de las personas que pertenecen a estos pueblos étnico–raciales se resuelven con la promoción de las culturas negras del país, entendida como la afirmación del conjunto de expresiones dancísticas, musicales, folklóricas y gastronómicas. Ello sugiere que la verdadera atención diferencial debería desarrollarse en ámbitos que permitan su performancia cultural. Para los funcionarios, el reconocimiento a la diversidad por parte del Estado debería favorecer la recreación y expresión cultural artística dancística de las personas negras en contextos urbanos; ese tipo de expresión es considerado como el espacio legítimo y característico de estas personas en tanto muchas de las personas de este grupo étnico–racial, al parecer, es lo que más demandan del Estado. Estos agentes estiman que la exclusividad así entendida no generaría discriminaciones raciales y, en cambio, se sustenta en principios de protección a la diversidad cultural declarados por la Constitución de 1991.

La cultura, a mi parecer, lo que hace precisamente es hacerlos visibles realmente en su particularidad y no hacerlos visibles [...] en su historia de pobreza, que es lo que me parece más discriminante. O sea, el hacerlos visibles como los pobrecitos me parece más discriminante que hacerlos visibles por realmente el valor que tienen para nosotros desde su diferencia y desde lo que podemos aprender de su diferencia. Eso es más de cómo podemos pordebajearlos [sic] supuestamente porque son más vulnerables que una cultura occidental y europea que se vino a establecer acá (Daniel Cano. Bogotá, 2007).

La reducción de la diversidad étnico–racial a la expresión cultural artística dancística de personas negras, en nuestro análisis, refleja una fuerte tendencia la negación de un fenómeno de la racialización de personas negras.

La opción de la creación de programas sociales exclusivos para personas negras fue defendida por los funcionarios del Estado que se auto–reconocieron como raizales. Ellos comparten la idea de que el Estado nacional ha ejercido de manera histórica una práctica violenta de colombianización de la cultural raizal. La institucionalización de una perspectiva raizal de la intervención social requiere la creación de instituciones especializadas y exclusivas que velen por el enfoque diferencial de todas las intervenciones del Estado. En lugar de transversalizar, sería necesario crear una institución sólida y sensible hacia la cultura raizal que contrarreste la homogenización cultural de la intervención social estatal. Lo anterior, además de garantizar un trato diferencial respetuoso e incluyente, evitaría la duplicidad y dispersión de actuaciones institucionales, a la vez que permitiría trazar planes de salvaguarda respecto al espinoso tema de 'la raizalidad'.

Apoyaría las voces de aquellos que exigen una oficina para el tema étnico raizal o una oficina que se dedique al tema de 'la raizalidad', como lo llaman algunos. Esta oficina debería estar encargada de armonizar los esfuerzos que viene haciendo la Secretaría de Educación, los esfuerzos que se vienen haciendo en la Secretaría de Salud, los esfuerzos que se vienen haciendo en todas las dependencias locales, incluso las [acciones] de Casa de Justicia, para aunar esfuerzos y tener un mejor resultado (Víctor Huffington. San Andrés, 2007).

Asimismo, estos funcionarios proponen descentralizar la formulación de la política social dirigida al combate a la pobreza porque consideran que los lineamientos de corte nacional resultan inoperantes al momento de atender a personas raizales pobres.

A todos nos meten en el mismo cajoncito, [nos dicen] ''tiene que ser así; si no es así, que pena con ustedes, les quito los cupos''. [...] nosotros no estamos diciendo que la gente no tiene necesidades nutricionales, sino que hay que darle al departamento la posibilidad de manejar o de jugar con eso porque nosotros somos los que conocemos las necesidades de las personas (Ellen Willson. San Andrés, 2007).

Todas las narrativas que se oponen al acceso preferencial de personas racializadas a programas de combate a la pobreza o que se oponen a la existencia de programas o servicios sociales exclusivos para persona negras parten de un profundo desconocimiento de la forma como el racismo y la discriminación racial opera en la vida de los beneficiarios marcados por la historia de la esclavización en el país. También pone en evidencia discusiones no zanjadas sobre el reconocimiento y promoción de la diversidad cultural para personas, familias y pueblos en los cuales la pertenencia racial y la pertenencia étnica se yuxtaponen.

Raza y etnicidad: comunidad de significaciones

En el apartado anterior, las narrativas analizadas nos recuerdan que el uso teórico del concepto raza, al igual que su empleo cotidiano, es problemático. Ello se debe, no tanto a sus significados explícitos o implícitos, sino porque adquiere características particulares según el tiempo y el espacio; por lo que raza es un concepto camaleónico. Sabemos que, actualmente, la cuestión racial no puede plantearse en términos abstractos sin tener en cuenta los espacios socio–históricos que le dan sentido, aunque pueden presentarse algunas características nucleares compartidas. Para el caso colombiano es muy importante unir las reflexiones sobre ''raza'' e ideología del mestizaje triétnico. Esta última, andamiaje estructurante del proyecto republicano del siglo XIX, hizo difuso el orden socio–racial, distanciándose discursivamente de las jerarquías de la sociedad de castas de la Colonia. Prohibió, por intermedio de dispositivos públicos de poder como la Iglesia, la escuela, las universidades y los partidos políticos, que los nuevos ciudadanos se refirieran a la ''raza'', al tiempo que favorecía cierta movilidad social de quienes se mezclaran biológicamente hasta borrar toda huella de la 'desgracia genealógica africana' y adoptaran las normas y valores de la sociedad blanca–mestiza guardiana de la blancura, 'entendida no como el color de la piel sino como símbolo hegemónico de cultura, de belleza, de razón, de felicidad, de ser' (Dos Santos, 2004: 33–35).

Como categoría con anclaje en la historia, la 'raza' atraviesa diversos tiempos, espacios y eventos. En la América hispana y colonial, arranca con la limpieza de sangre y la obsesión genealógica. En el resto del mundo se la ha aplicado en la heterofobia hacia el judío y el moro; en el nazismo; en el sistema de castas hindú; en la esclavización de africanos; en las empresas imperiales y coloniales; en el apartheid sudafricano; y, en el siglo XXI, en los neo–racismos que han aparecido con el llamado 'racismo cultural', en las derivaciones de la medicina genética y de la investigación genómica –que se desarrollan de manera exponencial (Parizeau, 2006: 6)–, y en los ecocidios de la globalización económica. Desde el siglo XIX hasta hoy, la 'raza' ha sido 'productora de conductas y de cualidades específicas inscritas en la carne y la sangre' (Guillaumin, 1992).

Algunos estudiosos –sobre todo del campo de la Antropología–, dado el carácter ideológico y político de las doctrinas y discriminaciones racistas, han sustituido 'raza' por 'grupo étnico' o 'etnicidad', conceptos avalados por la Unesco. Sin embargo, observamos en la experiencia cotidiana y los estudios empíricos que los efectos de la 'raza' y del racismo no se erradican purgando el lenguaje. Pese las transformaciones socioculturales, el concepto puede ser vaciado de su sentido mientras que los efectos derivados de su carácter estructural y de su praxis quedan intactos. Lo cierto es que esta sustitución no transforma la realidad ni la manera de percibirla: se vuelve un idealismo lingüístico según el cual sólo existe aquello de lo que se habla.

La sustitución del concepto de raza por el de grupo étnico tiene dos consecuencias: la primera es que minimiza o elude el fenómeno de los racismos existentes; la segunda, que reifica el concepto raza, que debe permanecer en el reino de la ''naturaleza'', en contraste con la etnicidad, entendida como fenómeno cultural. La atribución unívoca de legitimidad cultural autóctona a los indígenas sobre las personas de ascendencia africana es una de las evidencias de la substitución de raza por grupo étnico.

No obstante, el concepto de etnicidad ha recibido fuertes críticas, tanto de parte de la academia como de los movimientos sociales. Por un lado, se convierte en una definición circular al equiparla a la de grupo étnico. El criterio etnicista se presta para un enfoque liberal y laxista del racismo, pues tiende a negarlo o minimizarlo como un sistema de dominación de importancia estructural, histórico–mundial, clave para entender una serie de instituciones o procesos, desde las desigualdades de la economía –mundo capitalista– hasta las formas modernas de Estado y las valoraciones existentes sobre cultura, conocimiento e identidad. Por otra parte, la etnicidad no es un concepto sustantivo e independiente de la clase social, sino que forma parte del sistema de dominación y de las estructuras jerarquizantes asociados a significados simbólicos reales y materiales de subyugación, subalternidad y exclusión; por lo tanto, debe analizarse tal cual en esos contextos.

Si la etnicidad se refiere a rasgos culturales compartidos y tiende a ser ''naturalizada'', estos rasgos terminan identificándose con el concepto de raza, entendido como producto de un proceso socio–histórico, cultural y político, teniendo en cuenta que lo político arrastra lo económico. Cuando se 'naturalizan' rasgos culturales o se mezclan con la apariencia física (particularmente el color de la piel), que en ocasiones se asocian a lugares geográficos, se confunden y yuxtaponen criterios culturales y criterios de la 'naturaleza'. Esto se explica por la bipolaridad entre el ámbito 'natural' y el 'cultural', que se perciben incidiendo de manera distinta en la existencia humana. Por lo tanto, la etnicidad no ayuda plenamente a explicar la lógica de los racismos, ya que suele invitar a disertar sobre 'racismos sin raza'. Es aquí donde la 'raza' surge como un criterio específico de diferenciación humana y como una potente herramienta de análisis. Vemos así que el concepto de etnicidad tiende a 'naturalizarse' o a racializarse, mientras que el concepto de 'raza' contiene elementos culturales o conductuales, lo que demuestra la comunidad de significaciones entre ambas nociones, al tiempo que revela la lógica racial que sirve de sustrato tanto a la categoría raza como a la de etnicidad (Mosquera Rosero– Labbé, 2010).

Un autor como Carlos Vladimir Zambrano afirma que la transición hacia una nación pluriétnica y multicultural se presenta en medio de tres Fenómenos Político– Culturales Emergentes (FPcE): la transición nacional pluralista; la reconfiguración de la diversidad cultural, y la génesis del campo étnico. Estos tres fenómenos pueden concretarse empíricamente en los servicios de bienestar social, sobre todo en los programas de combate a la pobreza, precisamente el terreno en el cual se sustentaron los hallazgos empíricos que sustentan este artículo.

En este texto se presentaron las contradictorias narrativas que tenían los funcionarios responsables de la dirección y ejecución directa de estos programas respecto al por qué atender la diversidad étnico–cultural y étnicoracial, y los argumentos para resistirse a la implementación de programas de atención diferencial a través de las propuestas del acceso prioritario y de exclusividad de programas sociales dirigidos hacia personas negras pobres en cinco ciudades del país.

Los funcionarios estatales expusieron narrativas ambiguas frente al valor que se le debe otorgar a la pertenencia étnico–racial negra como factor importante dentro de la intervención social en contra de la pobreza y/o vulnerabilidad. Ante los temores que generan las propuestas de atención exclusiva y/o prioritaria, en sus discursos optan por una práctica de resistencia epistémica frente al reconocimiento del color de piel y del fenotipo negro como marcadores raciales construidos social e históricamente, y estructurantes de las desigualdades sociales en el país. También escogen minimizar el impacto de la racialización de las personas negras en la experiencia de la vulnerabilidad socioeconómica y la pobreza, y maximizan la posesión de marcadores culturales que serían incompatibles con la cultura mestiza mayoritaria como explicación estructural que resulta útil al mantenimiento de los principios de igualdad y de no discriminación en el acceso a los servicios sociales del Estado, sin tener en cuenta que estos principios deben ser cuestionados y adaptados cuando se aplican a pueblos históricamente discriminados que poco acceden a la oferta del Estado y que se sienten violentados simbólicamente ante la hegemonía cultural del Estado. Las narrativas de los funcionarios del Estado indican que los marcadores étnicos y culturales reificados les impide analizar qué otros aspectos de las diversidades étnico–culturales de las personas indígenas y de las diversidades étnico–raciales de personas negras deberían ser tenidos en cuenta en los procesos de atención diferencial. Por último, anotamos que la discusión de la atención diferencial a la diversidad cultural debe abrirse hacia discusiones sobre racismo, discriminación, raza y etnicidad. De lo contrario, las personas y pueblos negros no serán comprendidos en su especificidad histórica, a la par que sus procesos de reconfiguración identitaria serán sospechosos, y el campo étnico estará dominado por la forma como se piensa la diversidad que encarnan los pueblos indígenas.

NOTAS

^* En este artículo presentamos los resultados de una investigación ya finalizada denominada Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada. Esta la realizamos en varias ciudades colombianas entre los años 2007- 2009, la misma fue financiada por la Fundación Ford, Área Andina y Cono Sur. Las reflexiones que en este escrito planteamos se sustentan en noventa y dos entrevistas individuales y ocho grupos focales realizados en Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira y San Andrés Isla.

¹ Se entiende por Estado post–social 'aquél que considera la noción de cultura como sustituta de lo social, siempre y cuando la noción cultural incorpore las conquistas del Estado Social de Derecho con la intención de reducir, en materia de servicios sociales, la estandarización estadística, con la finalidad de especializar y particularizar el servicio en función de las necesidades sociales específicas (culturales) de los ciudadanos' (Porras, 2004; Zambrano, 2011).

² En Colombia no existe una ley orgánica de política social que establezca parámetros de intervención social en áreas como salud, asistencia social y pensiones. Sin embargo, desde la reforma constitucional de 1991, el Gobierno (nacional, departamental y municipal) debe destinar recursos para asistir a grupos de población en términos socio–económicos mediante programas y proyectos amparados por leyes (i.e. leyes que reglamentan los planes de desarrollo, ley 100/1993, entre otras).

³ Los pueblos étnicos y étnico–raciales que se identificaron como vulnerables fueron los negros e indígenas. El pueblo rom o gitano y los migrantes extranjeros no fueron asociados a la condición de vulnerabilidad.

⁴ El empoderamiento de personas negras es entendido por los funcionarios como la capacidad de negociación con administraciones distritales o municipales, también incluye la capacidad para conformar organizaciones y superar la relación de ayuda con el Estado. Comprende la autogestión de alternativas económicas para atender su pobreza o vulnerabilidad. El empoderamiento es una condición necesaria para evitar relaciones de dependencia y utilitarismo amparadas en el trato especial, similares a las que, según los agentes estatales, se han generado con las personas en situación de desplazamiento.

REFERENCIAS

Dos Santos, G. A. (2004). Mulher Negra, Homen Branco. Río de Janeiro, Brasil: Pallas.         [ Links ]

Lorente Molina, B. (Ed.). (2011). Transformaciones del Estado Social. Perspectivas sobre la intervención social en Iberoamérica. Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila Editores.         [ Links ]

Guillaumin, C. (1992). Une société en ordre. De quelques unes des formes de l'idéologie raciste. Sociologie et Société, 24 (2), 13–23.         [ Links ]

Mosquera Rosero–Labbé, C. y León Díaz, R. E. (2009). Entre ciudadanía abstracta y universal y ciudadanía diferenciada étnico–racial negra. Escenarios posibles para su reconocimiento. En C. Mosquera Rosero–Labbé y R. E. León Díaz (Eds.), Acciones Afirmativas y ciudadanía diferenciada étnico–racial negra, afrocolombiana, palenquera y raizal. Entre Bicentenarios de las Independencias y Constitución de 1991. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.         [ Links ]

Mosquera Rosero–Labbé, C. (2010). La persistencia de los efectos de la 'raza', de los racismos y de la discriminación racial: obstáculos para la ciudadanía de personas y pueblos negros. En C. Mosquera Rosero–Labbé, A. Laó– Montes y C. Garavito Rodríguez (Eds.), Debates sobre ciudadanía y políticas raciales en las Américas Negras (pp. 17–108). Bogotá, Colombia: Universidad del Valle, Universidad Nacional de Colombia.         [ Links ]

Mosquera Rosero–Labbé, C. (2010). Prejuicios, incomprensiones culturales y aperturas cognoscitivas en la atención psicosocial a personas negras y afrocolombianas desterradas por el conflicto armado interno colombiano. En C. Mosquera Rosero–Labbé, B. Lorente Molina y M. J. Martínez (Eds.), Intervención social, cultura y ética: un debate interdisciplinario (pp. 285–328). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.         [ Links ]

Parizeau, M. H. y Kash, S. (2006a). Introduction. En Parizeau y Kash. (2006b). Néoracisme et dérives génétiques''. Les Presses de l'Université Laval.         [ Links ]

Porras, A. J. (1988). Introducción a una teoría del Estado Postsocial. Barcelona, España: PPU.         [ Links ]

Segato, R. L. (2007). La Nación y sus Otros. Raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de Política de la Identidad. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.         [ Links ]

Taylor, C. (1994). La ética de la autenticidad. Barcelona, España: Paidós Ibérica.         [ Links ]

Taylor, C. (2005.). La libertad de los modernos. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.         [ Links ]

Zambrano, C. V. (2006). Ejes políticos de la diversidad cultural. Bogotá, Colombia: Siglo De Hombre Editores, Universidad Nacional.         [ Links ]

Zambrano, C. V. (2011). Fenómenos políticos culturales emergentes y fortalecimiento de servicios sociales. En B. Lorente Molina (Ed.), Transformaciones del Estado Social. Perspectivas sobre la intervención social en Iberoamérica (pp. 141–167). Buenos Aires, Argentina: Miño y Dávila Editores.         [ Links ]