Dispositivos de control

Partiendo de los estudios de Michael Foucault y Giorgio Agamben, se puede entender el dispositivo como articulador de un conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, estructuras, decisiones regulativas y leyes bajo una función estratégica. Muchas veces los dispositivos que ocupan la atención son aquellos establecidos por la normativa y las leyes, por ejemplo, la Doctrina de Seguridad Nacional. Sin embargo, los dispositivos no siempre son explícitos, también referencian a lo latente, es decir, aquello que genera temor; es aquello silencioso e invisible que coacciona y perturba el desarrollo normativo de una sociedad (^{Agamben, 2016}). De manera que los dispositivos se desarrollan en relaciones de saber-poder, donde las prácticas discursivas y no discursivas condicionan a los actores sociales en su actuar, haciendo que existan aquellos que reprimen y quienes son reprimidos.

El dispositivo está siempre inscripto en un juego de poder (...) pero también siempre ligado a uno de los bordes del saber, que nacen de él, pero, asimismo, lo condicionan. El dispositivo es esto: unas estrategias de relaciones de fuerzas soportando unos tipos de saber, y soportadas por ellos. (^{Foucault, 1984: 229})

Ahora bien, las personas, al estar bajo estado de coacción, buscan alternativas para expresar su descontento, temor o cualquier otra emoción, al punto que logran generar un equilibrio entre la coacción y la vida cotidiana. Con esto se quiere decir que mientras la década de 1980 representó un período de violencia desbordada, las personas continuaron con sus vidas asistiendo a cine, viendo fútbol, enamorándose y sobreviviendo. Esta es una particularidad del dispositivo, que permite mimetizarse en lo cotidiano al punto de ser naturalizado y, en algunos casos, ignorado.

Para ^{Agamben (2016)}, el dispositivo es aquello que permite capturar, orientar, determinar, interceptar los gestos, conductas, opiniones y los discursos de los individuos; es decir, lo que conforma una red de saber-poder. Además, estos corresponden a formaciones que tienen la función de responder a una urgencia y producen formas de subjetividad inscritas en las personas, en sus cuerpos y ontologías. La red de poder-saber que constituye el dispositivo establece determinados efectos para lograr un objetivo político. El poder dispone de un orden determinado para funcionar, así como de un conjunto de saberes que describen, explican, legitiman, aseguran o respaldan ese poder (^{Foucault, 1984}). De acuerdo con ^{Agamben (2016)}, la existencia de los dispositivos resulta fundamental para entender los procesos de subjetivación, individuación y control, especialmente porque en dicho proceso se producen identidades y, a la vez, una sujeción a un poder externo.

Múltiples estudios sociales se han interesado en aplicar la teoría del dispositivo para comprender las relaciones de poder en diversos contextos como la escuela, la virtualidad en redes sociales, la seguridad y la política. El trabajo de ^{Langer (2013)}Los dispositivos pedagógicos en las sociedades de control caracteriza los dispositivos pedagógicos atendiendo a las prácticas de resistencia de estudiantes en contextos de pobreza urbana. Siguiendo a Foucault, el autor encuentra que cada acción en el espacio escolar penetra en el cuerpo controles minuciosos de poder.

Por su parte, el estudio de ^{Beltrán (2017)}Redes sociales virtuales como dispositivos mediáticos contemporáneos, afirma, siguiendo los conceptos de dispositivo (^{Foucault, 1984}) y de sociedades de control (^{Deleuze, 1990}), que las nuevas formas interactivas surgidas en el soporte tecnológico de internet constituyen nuevos dispositivos de control. El control mantiene una presencia inseparable al poder y no solamente es ejercido por las instituciones disciplinantes. El dispositivo es un concepto que se produce en las sociedades de control porque es el conjunto heterogéneo de discursos, instituciones, decisiones reglamentarias, leyes y medidas administrativas, cuyos elementos pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho (^{Foucault, 1984}).

En el trabajo de ^{Quijano (2013)}La arqueología y genealogía de Foucault desde los dispositivos de control en el quehacer político, el concepto de dispositivo es aplicado al marco de la política desde una perspectiva histórica. La aplicación de mecanismos de control crea una sociedad normalizadora (^{Foucault, 2007}), que considera que el poder debe ser ejercido de manera constante mediante dispositivos como la empresa, la escuela, la cárcel, la sexualidad, la salud, el ecologismo, entre otros, para conseguir los fines gubernamentales. Desde una perspectiva global, la autora afirma que la internacionalización de lo gubernamental ha generado que las políticas recaigan sobre toda la humanidad; los discursos se dirigen a todo el conjunto humano y tratan de universalizarse mediante la globalización económica, los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la salud, la educación e instituciones transnacionales.

Tanatopolítica

El asesinato y la desaparición son prácticas tanatopolíticas, pues administran la muerte de los individuos dentro de la órbita del Estado. El seguimiento, el señalamiento, las amenazas y las torturas son prácticas tanatopolíticas que no necesariamente conducen a la muerte, pero que tienen un fin represivo que doblega la vita nuda; en otras palabras, extrapolan ámbitos de las prácticas privadas de la vida, como el uso del cuerpo o la sexualidad, a otros ambientes públicos o políticos. En los Estados modernos existe un engranaje mediático y burocrático para mimetizar tales acciones de terror y hacerlas pasar por procedimientos de rutina, la gran mayoría avalados por las prácticas de la DSN.

Soberana es la esfera en que se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar un sacrificio: y sagrada, es decir, expuesta a que se le dé muerte, pero insacrificable, es la vida que ha quedado prendida en esta esfera. No la simple vida natural sino la expuesta a la muerte. (^{Agamben, 1998: 19})

Para ^{Muñoz-Onofre (2015)}, la perspectiva bélica de análisis aplicada al caso colombiano en la primera década del siglo XXI no es suficiente, pues si bien existieron medidas jurídicas de excepción, se practicaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y ejecutaron detenciones arbitrarias, entre otras prácticas, pues estas no fueron la única fuerza que impulsó la radicalización, la perpetuación y la normalización de la guerra. De acuerdo con esto, la tanatopolítica podría analizarse como una tecnología de producción de muerte, destrucción y aniquilación, impidiendo reconocer las estrategias más persuasivas y de gestión del consentimiento de la población a favor de la guerra. Por su parte, ^{Criscione (2011)} utiliza el concepto de tanatopolítica para analizar las prácticas represivas que causan muerte y también las prácticas represivas que no la causan. La investigación del autor se centra en la Seguridad Democrática en Colombia, entre los años 2002 y 2010. Su hipótesis principal es que la tanatopolítica es una tecnología del poder propia de la modernidad, cuyo eje no gira solo en el hecho del aniquilamiento de grupos humanos, sino en el modo en que se lleva a cabo el proceso, en los tipos de legitimación a partir de los cuales logra consenso y obediencia, y en los efectos que produce en los grupos victimizados y la sociedad en su conjunto.

La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional propuesta por Estados Unidos para combatir la expansión de ideas comunistas en la América Latina evidencia la subordinación a un saber-poder. La aplicación de la misma conlleva una serie de normas legales e ilegales contra perfiles puntuales que consideran encarnan el enemigo interno. En países como Colombia, con un historial de violencia y alteridad negativa, como la deshumanización del otro, conlleva la maquinización de formas de matar, torturar y coaccionar desde la esfera de lo público y lo privado. A partir de los años ochenta, con los cambios en las lógicas políticas y económicas, se genera un proceso de guerra sucia, cuya particularidad es la legitimación por dictaduras y democracias mediante los estados de excepcionalidad. Este panorama conduce a una normalización de la violencia sistémica y privada; es decir, ver la represión como un acto cotidiano contra aquellos que subvierten la norma y están por fuera de lo establecido, aquellos que consideran como anormales.

El estado de sitio como norma de excepción es una medida que permite el despliegue de las prácticas tanatopolíticas a partir de distintos miedos: al otro y a las prácticas tanatopolíticas (^{Criscione, 2011}). El filósofo Estanislao ^{Zuleta (2015)} afirmó que esta violencia configura en Colombia una mentalidad de limpieza social, la cual considera que el mejor remedio para las problemáticas urbanas como la miseria, la descomposición moral, las drogas o la pérdida de los valores tradicionales consiste en matar a aquellos que amenazan la estabilidad nacional en razón a su peligrosidad política (comunistas, líderes sociales y estudiantes) o a su anormalidad social (homosexuales, travestis, habitantes de calle). Esta mentalidad está relacionada con la implementación constante de dispositivos de seguridad nacional como los estados de excepción. Recordando lo propuesto por ^{Agamben (2016)}, el dispositivo captura, orienta, determina e intercepta los gestos, conductas, opiniones y discursos de los individuos.

Doctrina de Seguridad Nacional

A partir del desarrollo del concepto de dispositivo, se podría entender la Doctrina de Seguridad Nacional como un dispositivo diseñado por Estados Unidos y aplicado a los países del tercer mundo para imponer una agenda y contrarrestar el comunismo. Esta doctrina es producto de una tensa relación política que se remonta a la década de 1960, cuando los militares adoptaron una serie de principios orientadores para abordar los problemas sociales considerados subversivos en relación con coyunturas de índole global como la guerra de Vietnam. El dispositivo propuesto para Latinoamérica se puso en práctica en 1968 con el Plan Cóndor, el cual fue un tratado de cooperación económica, tecnológica y militar entre los países suramericanos y Estados Unidos. La asistencia iba de la mano de seguimiento y vigilancia a personajes y colectivos cercanos al comunismo. El Plan Cóndor fue uno de los primeros operativos transnacionales y concebía el uso de todas las formas de fuerza, tanto legales como ilegales, para combatir las insurgencias paramilitares y parapoliciales, por ejemplo, los escuadrones de la muerte, en Colombia; la Alianza Anticomunista Argentina; y Patria y Libertad, en Chile (^{McShery, 2012}).

Para contrarrestar estos vientos de cambio, Estados Unidos, en alianza con élites tradicionales en cada uno de los países de la región, llevó a cabo mecanismos de represión. Oficiales norteamericanos adiestraban líderes militares en la Escuela de las Américas, en Panamá. A estos equipos se les denominó mobile training teams, con operaciones y ofensivas directas de índole político y psicológico, inaugurando así una nueva escalada ofensiva bautizada como guerra sucia (^{McShery, 2012}). Las formas para atacar a este enemigo interno eran bastante ilustrativas. En 1968 se publicó el manual “Operaciones Psicológicas”, que establecía tres categorías de dichas operaciones (PSYOPS o PSYWAR): métodos naturales, técnicos, y escondidos o secretos; estos últimos incluían compulsión física o torturas de tercer grado. Según el coronel brasilero Horacio Ballester, “en la Escuela de las Américas (SOA) enseñaban a quebrar la voluntad del oponente con la tortura” (^{Meyer, 2009}).

La estrategia de la doctrina de seguridad es la guerra total y permanente contra los enemigos reales o potenciales del proyecto nacional a nivel interno y externo. Para llevarla a cabo, existen dos requisitos: 1) mantener una disciplina social y política de la unidad nacional, y 2) la existencia de una élite dirigente conductora del proyecto nacional (^{Piñeyro, 1994}). El concepto de Doctrina de Seguridad Nacional abarca aspectos psicosociales, la problemática del desarrollo y la estabilidad interna.

Enemigo interno

Con la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina se adoptó la noción de enemigo interno. Siguiendo el análisis de ^{Silva (2009)}, el enemigo tiene la característica de que es un otro extraño, distinto frente a los intereses de las élites gobernantes tradicionales, y amenazante del statu quo institucional. Cuando un país declara la presencia de un enemigo interno, este es descrito y señalado públicamente con el fin de producir polarización, de manera que sea la misma sociedad aquella que se encargue de señalar, ya sea por miedo a lo distinto o por la aceptación del carácter amenazante del enemigo para los intereses generales.

Un exhaustivo trabajo sobre este concepto, en el caso colombiano, es realizado por ^{Ahumada (2007)}, quien afirma que, en Latinoamérica, el enemigo interno surge primero con la identificación del enemigo común: el comunismo internacional, que fue interpretado como una amenaza a la seguridad colectiva de los Estados. Esta concepción tomó un importante significado en el marco de las revoluciones socialistas, como la cubana, y en la expansión del pensamiento comunista en países de Centro y Suramérica. Entonces, la categoría de enemigo interno se definió como el centro de accionar de los ejércitos a partir de la persecución sistemática contra aquellos que pensaran y se organizaran distinto.

En la construcción de una “otredad negativa”, concurren tanto prácticas de orden discursivo como de orden material. El desarrollo discursivo tiene como momento fundacional el miedo al otro. Éste se constituye a partir de la espectacularización de alguna conducta considerada peligrosa para el orden social y para la vida de los ciudadanos; provocando miedo se genera una reacción esperada por parte de la población. (^{Criscione, 2011: 34})

De este modo, suprimir al enemigo interno fue asumido como un acto de patriotismo que legitimaba la guerra contra la insurgencia, criminalizando a diferentes individuos y organizaciones sociales, las cuales, en un marco de legalidad, representaban a las voces disidentes del establecimiento. En Colombia, la década de 1980 se caracterizó por la lucha contrainsurgente y la concepción del enemigo interno estigmatizado en grupos guerrilleros, o personas y grupos sociales simpatizantes de las ideas de izquierda.

Violencia sistémica y violencia privada

La violencia tiene múltiples tipologías que complejizan su análisis. Con factores como el momento histórico, el drama que la rodea o incluso el peligro de trabajar sobre acontecimientos que aún tienen repercusiones, acercar la violencia al diálogo ontológico y el constructo social es una alternativa que permite categorizar y ampliar lo que se considera como violento. Ahora bien, la violencia se puede dividir en dos tipologías: la negativa (aquella que se aplica hacia otro distinto) y la positiva (aquella que afecta al sí mismo por la necesidad de cumplir estándares de vida y consumo). La primera es aquella en la cual se centra esta discusión, pues configura la búsqueda de agredir al otro con el fin de protegerse a sí mismo; en este tipo de violencia se inscriben la tortura, los atentados, los asesinatos, las desapariciones, las amenazas, las violaciones sexuales, entre otras. Dentro de las violencias negativas sobresale la violencia sistémica, implícita en gobiernos con democracias e instituciones débiles.

Las estructuras establecidas en el sistema social se ocupan de la persistencia de las condiciones de injusticia. Fijan las relaciones de poder injustas y, en consecuencia, la diferencia de oportunidades en la vida, sin manifestarse como tales. Su invisibilidad hace que las víctimas de la violencia no tomen conciencia directa de la relación de dominación. Ahí reside su eficiencia. (^{Han, 2017: 217})

La violencia sistémica va mucho más allá de la tensión existente entre la injusticia y el establishment. Slavoj ^{Zizek (2008: 18)}, en su análisis sobre la violencia en la sociedad rusa a principios del siglo XX, señala que la violencia sistémica es aquella que “incluye las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y explotación”. En Colombia, en la década de 1980, la violencia radicaba en la regularización y cotidianización de la barbarie. De este modo, la coacción es parte constitutiva del accionar institucional para controlar a comunistas, sindicalistas, estudiantes y manifestantes. Sin embargo, dicha violencia se desbordó cuando las instituciones militares perdieron el aval del Estatuto de Seguridad para aplicar métodos represivos contra todo aquel considerado enemigo interno.

La suspensión del Estatuto de Seguridad, en 1982, junto a las iniciativas de paz por parte del presidente Belisario Betancur con los distintos grupos armados al margen de la ley, configuraron el escenario para que iniciara una guerra sucia o mejor definida por Estanislao ^{Zuleta (2015)} como violencia privada, dentro de la cual no solo estaban involucrados algunos policías, militares y funcionarios de seguridad del Estado, sino también grupos paramilitares y narcotraficantes, los cuales fueron definidos posteriormente como agentes intrasistémicos¹. La hipótesis de Zuleta es que la debilidad y desinstitucionalización del Estado, a causa de los estados de excepción, incuba una forma de violencia compleja que tiene el objetivo de liquidar la oposición política desde cualquier medio.

Dispositivos de control y prácticas tanatopolíticas en Bucaramanga

Bucaramanga es una ciudad intermedia y capital del departamento de Santander. A inicios de 1980 no sobrepasaba los 300 000 habitantes; sin embargo, se encontraba en un proceso de crecimiento demográfico acelerado debido al desplazamiento forzado del Magdalena Medio, reflejado en asentamientos urbanos en la periferia y desigualdad social evidenciada en la prostitución, la drogadicción y un alto índice de criminalidad (^{Rojas, 1981}). Estos problemas eran manejados con mano dura. La escasa eficiencia de la justicia hizo que esta misma se privatizara. Según la base de datos del proyecto Vidas Silenciadas, durante los años ochenta se registraron cerca de 2000 casos de asesinatos y desapariciones forzadas en Santander, y 200 casos en Bucaramanga. Esto, sin tener en cuenta la latencia del subregistro. La mayoría de estos hechos fueron responsabilidad de grupos de limpieza social, como la Mano Negra, el Escuadrón de la muerte; grupos paramilitares como Muerte a Expendedores de Bazuco (MEB), Muerte a Secuestradores (MAS), Toxicol 90, los Magníficos; y agentes del Estado como F-2, B-2, organismos de inteligencia, Ejército en alianza con paramilitares, DAS, Grupo de Operaciones Especiales del Ejército (GOES), y Comando Antiextorsión y Secuestro del Ejército (CAES). De acuerdo con la Figura 2, la dinámica de violencia en el departamento de Santander coincide con el de la ciudad de Bucaramanga, la cual registró en el año 1988 la cantidad más alta de hechos victimizantes.

Fuente: elaboración propia con información de la base de datos Vidas Silenciadas (^{Colombia Nunca Más, 1999})

FIGURA 2 Asesinatos y desapariciones forzadas en la década de 1980 en Bucaramanga 

Al ser tantos los casos, se encuentran perfiles y modus operandi característicos de las formas de coaccionar bajo la violencia privada. Los grupos de limpieza social se valieron de las desigualdades y la marginalidad de los jóvenes que llegaban a vivir en asentamientos en la periferia de la ciudad para vincularlos a la criminalidad como una forma de vida donde lo único necesario era saber matar; el uso de motocicletas de alto cilindraje, pero de rápida aceleración, y de armas semiautomáticas se vinculó a esta labor. Los paramilitares, por su parte, legitimados por algunos sectores sociales de tendencia política tradicional, y fundamentados en la idea de la seguridad nacional, actuaron indiscriminadamente durante los años ochenta en Bucaramanga. En el caso del Ejército, presuntamente en alianza con grupos paramilitares, también jugó un papel muy importante en la implantación del orden social. Muchos de los testimonios de detenciones y torturas encontrados en la prensa hacen referencia a actores con características muy claras de pertenencia a las Fuerzas Militares, ya sea por la vestimenta, la forma de hablar o el peinado, quienes bajo la idea de la seguridad nacional como principal deber institucional, se valían del poder que representaban para establecer control.

Las prácticas tanatopolíticas fueron medidas represivas para administrar la vida y la muerte de los individuos, así, las detenciones, torturas, asesinatos, desapariciones y amenazas se convirtieron en parte de la vida cotidiana, causando miedo entre la ciudadanía. Un caso particular es el sucedido al trabajador de Ecopetrol, Manuel Salvador Guerrero Angulo, quien fue detenido, interrogado, torturado y posteriormente dejado en libertad:

Con las señales de heridas causadas por las botas militares y los lazos con los cuales fue amarrado, Manuel Salvador Guerrero Angulo denunció las torturas de que fue objeto por parte de personal del Batallón Nueva Granada. El siete de marzo a las once de la mañana, dos hombres vestidos de civil llegaron hasta la casa de Manuel Guerrero para solicitarle que se sirviera acompañarlos al Batallón Nueva Granada para que el coronel le hiciera unas preguntas. Poco después, le quitaron la billetera con los documentos y lo pasaron al calabozo para que esperara allí el interrogatorio. [Al día siguiente] lo llevaron ante el medico del Batallón, quien lo examino y le pregunto si había sido torturado, Manuel Guerrero respondió que no y acepto firmar el papel que certificaba “buen trato” porque él, a pesar de que no lo dejaron dormir con las preguntas y que no le dieron comida, no había recibido golpe alguno. Después de la visita médica lo llevaron a un taller donde un oficial le tapo la cara con una toalla, colocándole por encima un hilo para amarrársela. Luego tomaron sus manos y las amarraron atrás del cuerpo con otro hilo que parecía nylon y le dieron varias vueltas. “Entre dos personas me cogieron y me metieron de cabeza en una caneca con agua. En tres oportunidades me metieron en esa caneca, hasta que perdí el conocimiento” afirmo Manuel Guerrero. Cuando despertó, sintió que alguien caminaba por sus piernas, con botas que herían su piel. Le colocaban las botas en el estómago para que le saliera el agua y luego lo volvieron a meter a la caneca. (^{Correa, 1985})

Este testimonio es una muestra de cómo la detención de decenas de personas se dio en medio de procesos irregulares, ingresándolas a los calabozos con nombres falsos para ser interrogadas y torturadas. En muchas ocasiones, las prácticas tanatopolíticas fueron llevadas al extremo con la muerte. La tortura fue un mecanismo de intimidación sobre el otro, señalado en ocasiones sin las pruebas suficientes. Los actores armados reprodujeron relaciones de poder y dominación que se imponían en el cuerpo de las personas expresando una barbarie que desconocía la humanidad del otro. La subordinación implica someter al otro mediante una directa relación de poder, lo cual se traduce como el propósito de ejercer una acción disciplinaria (^{Foucault, 1984}).

Con llamadas telefónicas intimidatorias, seguimientos a los domicilios y la aparición de panfletos amenazantes, inició una serie de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos. Uno de los hechos más recordados del sicariato en Bucaramanga fue el asesinato del médico Carlos Toledo Plata. El 10 de agosto de 1984, paramilitares del MAS lo abordaron cuando subía a su Renault 12 para dirigirse al Hospital San Juan de Dios: una motocicleta con dos hombres a bordo se acercó al vehículo, el parrillero descendió y le disparó con un revólver calibre 38 (^{Colombia Nunca Más, 1999}). Días después, los perpetradores publicaron un comunicado donde daban la razón de la muerte y amenazaban a aquellos con tendencias políticas similares a Toledo Plata. Un rasgo de la matanza social es el anonimato que encubre a quienes la ejecutan; actúan y desaparecen, dejando huella de su presencia nada más que en los cadáveres exánimes tirados en la calle (^{Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH], 2015}). Con el asesinato de Toledo Plata, los colectivos y partidos de izquierda iniciaron acciones conjuntas con plantones y marchas en rechazo a la ola de violencia.

Si bien, según las estadísticas, los años más violentos de los ochenta fueron 1984, 1988 y 1989, para Bucaramanga la preocupación ciudadana fue constante desde el momento en que el Estatuto de Seguridad creó las condiciones necesarias para que la ciudad se convirtiera en un lugar de miedo y terror. Por ejemplo, la periodista Leonor ^{Uribe, en un artículo de El Espectador publicado el 1.º de septiembre de 1979}, hacía una reflexión sobre la situación de miedo para la época y afirmaba que:

por acción, por omisión, por cualquier causa, podemos ser señalados como actores o cómplices de grupos subversivos, los cuales, con tanto aspaviento, no desaparecerán, sino que se harán más fuertes (…) como vamos, vamos muy mal. Una sociedad acosada por el miedo no puede realizar nada constructivo (…) nos vemos acosados por el miedo a los hampones, los raponeros, los secuestradores (…) y es muy grave también que tengamos miedo a quienes deben defendernos de los malhechores. (^{Uribe, 1979})

Dispositivos de seguridad como los estados de excepción fueron, en un momento dado, una medida del Estado para responder a una urgencia, pero en su utilización, tal como propone ^{Agamben (2016)}, produjeron subjetividades que determinaron la forma de pensar, actuar y la razón de ser de las Fuerzas Militares, las cuales, incluso cuando no tenían permiso para ajusticiar civiles, lo siguieron haciendo, complejizando el conflicto nacional. Como afirmaba un columnista en El Espectador, a finales de la década de 1970: “Gobierno y Fuerzas Armadas han subvertido el orden en cuyo nombre dicen actuar. La Nación está maldita, sumida en cruel guerra casera” (^{Mendoza, 1979}). A pesar de que la función principal de las Fuerzas Armadas no era combatir al enemigo interno, la permanente excepcionalidad constitucional y el entrenamiento constante de militares en la Doctrina de Seguridad Nacional hizo que estas labores fueran asumidas como inherentes a la institución militar.

Las prácticas tanatopolíticas respondieron al fenómeno del anticomunismo y a la concepción del enemigo interno, dos fenómenos que influenciaron la forma de pensar de la sociedad y que animaron la conformación de grupos de violencia privada (paramilitares y de limpieza social), los cuales actuaron muchas veces en alianza con la fuerza pública, con el objetivo común de restablecer el orden, generando no solo en Bucaramanga, sino en todo el país, la sensación de estar viviendo ante una amenaza constante de muerte. La privatización de la justicia por medio de un fenómeno conocido como limpieza social era efectuado por grupos ilegales conformados por agentes intrasistémicos, cuyo objetivo consistía en eliminar de manera expedita personas en situación de vulnerabilidad debido a problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Asimismo, fueron centro de ataques personas con posiciones políticas distintas al establishment, por ser consideradas un peligro para la estabilidad del país. La particularidad de esta práctica tanatopolítica reside en el pretexto de ser perpetrada como una alternativa para devolver el orden social.

El 19 de abril de 1986 aparecieron los primeros móviles de grupos autodenominados de limpieza social en Bucaramanga. El primer caso documentado por la base de datos Vidas Silenciadas ocurrió en La Cemento, al norte de la ciudad. Este sitio fue en un espacio estratégico para arrojar cadáveres durante toda la década de los ochenta. En 1987, las autoridades le atribuyeron cerca de 80 muertes a la Mano Negra. Asimismo, entre 1988 y 1992 fueron ejecutados cuatro ataques masivos en los que cayeron aproximadamente 40 personas (^{Santos, 2016}). La forma de actuar de los grupos estaba determinada por buscar a sus víctimas en barrios populares. Por ejemplo, el 3 de junio de 1986 fueron asesinados tres jóvenes en el barrio La Cumbre; los cuerpos presentaban impactos de bala de distinto calibre entre pistolas y fusiles. Semanas después, el 25 de junio, en una zona de tolerancia de la ciudad de Bucaramanga, un grupo movilizado en motocicletas asesinó de veintidós disparos a María y Zenaida, dos mujeres transgénero del sector (^{Colombia Nunca Más, 1999}).

La limpieza social es el síntoma de una violencia en la que se fusiona la represión ejecutada por miembros intrasistémicos, el auge del paramilitarismo y el narcotráfico, hasta conducir a una degradación de lo que se considera la justicia y el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado (^{Ortiz, 1991}). La polarización creada a partir de la idea de enemigo interno hizo que la limpieza social ganara aceptación con el fin de protegerse a sí mismo del otro distinto y amenazante. Como evidencia el informe Limpieza social: una violencia mal nombrada, del ^{Centro Nacional de Memoria Histórica (2015)}, no solo fue terror lo que causó la limpieza social, también fue el consentimiento. Aunque no se puede generalizar esta actitud ciudadana, pues en Bucaramanga diversas organizaciones como los sindicatos y el movimiento estudiantil rechazaron las violaciones a los derechos humanos, otra parte de la población veía la limpieza social con buenos ojos, como una medida expedita para resolver los problemas de delincuencia e inseguridad. Un ejemplo es la nota periodística de Vanguardia Liberal del año 2016, en la cual se habla del clamor de la ciudadanía bumanguesa por el regreso de la Mano Negra, como si, a pesar del temor, el fenómeno de los años ochenta hubiese tenido aceptación social (^{Santos, 2016}).

Esta actitud no solo era visible en la población. La institucionalidad no mostró una mínima voluntad encaminada a contener la reproducción de las prácticas tanatopolíticas como la limpieza social. Pese a la ocurrencia de un alto número de casos, el Estado se abstuvo de lanzar una política pública dirigida a detener su desborde. En lugar de reconocer la problemática, se omite, no aparece en los programas de Gobierno, no forma parte de las campañas políticas, el Congreso no las incorpora en sus leyes, salvo un debate a finales de la década de los ochenta cuando el entonces ministro de Gobierno, César Gaviria, denunció la existencia de 128 grupos repartidos entre paramilitares y escuadrones de exterminio (^{CNMH, 2015}). Hasta el momento, ninguna entidad del Estado se ha ocupado de rastrear ni registrar la limpieza social de los años ochenta. El silencio estatal juega un papel trascendental en el consentimiento social de una violencia privada agenciada por grupos ilegales que se muestran ante la sociedad como los restablecedores del orden y la seguridad.

La historia de la violencia de los años ochenta en Bucaramanga da la razón a Estanislao ^{Zuleta (2015)}, cuando afirmaba que la mentalidad de limpieza social era considerada por el establishment como el mejor remedio para males de las ciudades como la miseria, la descomposición moral, las drogas o la pérdida de los valores tradicionales.