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Introducción
América Latina es la región que más concentra delitos violentos en el mundo. Según el último reporte de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC), para el año 2019 la región no solo seguía siendo la más peligrosa, sino que además era la única en la que la tasa de homicidios había seguido creciendo. Estas cifras no se concentran de manera homogénea en el continente y son algunas ciudades las que destacan en los rankings de letalidad violenta (Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, 2019). A lo anterior se suma que la violencia urbana sigue patrones de localización en determinados barrios de la ciudad, la mayoría de ellos afectados por agudas condiciones de desigualdad territorial, precariedad urbana y concentración de niveles de pobreza urbana (Inter-American Development Bank, 2017; Luneke, 2018). En muchos casos, el tráfico de drogas, el delito y la violencia se manifiestan de manera persistente afectando la vida de quienes habitan los márgenes urbanos (Auyero; Berti, 2013).
Frente a esta problemática, distintas estrategias se han implementado para frenar el desarrollo de la criminalidad y especialmente del tráfico de drogas en los territorios. En algunas ciudades de América Latina se han implementado iniciativas de prevención y control de la criminalidad con aún escasos resultados demostrables. Existe un déficit de conocimiento científico sobre estas políticas de seguridad concentradas en los barrios urbanos populares. Si bien la literatura ha destacado que, en barrios como favelas, villas miseria o barrios informales de ciudades colombianas la presencia del Estado es fuerte bajo su faceta policial y coercitiva, existe menos acervo de conocimiento sobre aquellas iniciativas más híbridas que operan desde el control y de la prevención comunitaria de la criminalidad. En este sentido, un aspecto menos considerado por los estudios refiere a aquellas experiencias que han combinado iniciativas de prevención comunitaria con el accionar policial y sus alcances.
Este artículo se focaliza en la experiencia chilena, la que desde el año 2000 muestra una trayectoria continua de intervención en los barrios urbanos populares, mezclando iniciativas de prevención comunitaria con el involucramiento de las policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones). Estos programas han sido impulsados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en colaboración con los municipios, y han sido, hasta ahora, poco sistematizados y analizados. ¿Cuáles son las principales características, componentes y estrategias involucradas? ¿Qué ideas sobre la criminalidad y la violencia en los barrios movilizan? ¿Cómo son percibidas estas estrategias por la ciudadanía? Estas son las preguntas que guían el presente análisis y que buscan reflexionar en torno a cómo las políticas implementadas por el Estado en los barrios urbanos populares movilizan teorías sobre las causas de la criminalidad y cómo estas son percibidas por quienes habitan en ellos. Nuestro principal supuesto de investigación refiere a que existe una brecha en la forma en que las autoridades conciben el problema de la violencia y dan respuesta a ella, y la manera en que la ciudadanía las percibe.
En particular, este artículo reflexiona en torno a la respuesta comunitarista chilena frente al delito y la violencia en las poblaciones. Con base en una investigación realizada en 2019 por las autoras, en las siguientes páginas damos cuenta de las aproximaciones teóricas que analizan las políticas de seguridad en vecindarios afectados por agudos problemas de criminalidad urbana y, a partir de ellas, describimos y reflexionamos sobre la violencia que afecta a los habitantes de barrios urbanos populares y los alcances de las políticas de seguridad que se han aplicado en Chile. A modo de consideraciones finales, reflexionamos sobre los alcances que tiene la prevención comunitaria del delito en estos barrios y la percepción ciudadana sobre el desempeño de las políticas de seguridad en los territorios. Con ello, buscamos contribuir tanto al conocimiento científico asociado a la violencia y seguridad urbana como al debate de política pública en la materia.
Violencia criminal y política de seguridad en los vecindarios: aproximaciones teóricas
La violencia concentrada en determinados barrios ha sido objeto de estudio desde múltiples teorías sociales y criminológicas. Entre ellas se encuentran, por un lado, aquellas de carácter epidemiológico que estudian los factores de riesgo concentrados en territorios marginales y que explican el involucramiento criminal de los sujetos. Por otra parte, están aquellas investigaciones de la escuela ecológica que, focalizadas en las estructuras sociales del vecindario, explican la concentración delictual a partir de variables presentes en la vida comunitaria. Un tercer cuerpo de conocimiento refiere a aquellos estudios que focalizan su atención en variables de tipo macroestructural, ya sean de carácter económico o político-institucional, y explican el delito en los territorios en el marco del capitalismo tardío y la debilidad del Estado bajo el modelo neoliberal. Por último, otro conjunto de investigaciones recientes se ha concentrado en estudiar la violencia letal en estos vecindarios en los márgenes, y el rol que tiene el Estado a partir de su presencia policial y militar. Algunas de estas teorías son las que están en la base de las intervenciones públicas, muchas de ellas de prevención comunitaria, que buscan fortalecer el tejido social y los espacios públicos como solución a la criminalidad en los vecindarios.
El enfoque epidemiológico y el foco en los factores de riesgo
La gravedad de la violencia ha situado, desde hace más de dos décadas, a la seguridad como prioridad en la agenda pública. La búsqueda de explicaciones ha ido de la mano con el desarrollo de una activa agenda de políticas, con miras a dar respuesta y contener el fenómeno criminal en nuestras ciudades. Uno de los principales cambios en lo que ha sido la trayectoria de las políticas de seguridad desde los años noventa remite a la incorporación del enfoque de factores de riesgo (Welsh; Farrington, 2012) como pilar de la implementación de estrategias e iniciativas orientadas a reducir la violencia y la criminalidad urbana.
Principalmente, y desarrollado por procesos de transferencia de políticas públicas del norte al sur global (Lazreg, 2018), este enfoque comenzó a aplicarse en los años noventa como respuesta a la violencia urbana. Bajo esta perspectiva, se ha promovido la idea de que la violencia y la criminalidad son fenómenos multidimensionales sobre los cuales inciden una multiplicidad de factores y que, por consecuencia, son diferentes tanto los actores llamados a dar respuesta al fenómeno como las diversas estrategias para su prevención. Además, se destaca que solo el control por parte del Estado no basta (rol asociado al sistema de justicia criminal) y que la prevención del delito es una condición de éxito en esta tarea. Conceptos como los de corresponsabilidad, coproducción y participación ciudadana se han hecho parte del discurso público en las agendas nacionales y locales en América Latina (Blanco; Tudela, 2010).
En este escenario, el Estado ha asumido un rol de promotor de estrategias orientadas a prevenir la criminalidad, a intervenir en aquellos factores que explican las carreras criminales (población en riesgo) y a disminuir la oportunidad de ella (prevención situacional y vigilancia policial). Este paradigma, que emerge en la escena latinoamericana de la mano con la transición democrática, apareció en la agenda del mundo anglosajón una década antes (Garland, 2005; Sozzo, 2009). Desde este enfoque, nacer y crecer en áreas deprimidas económicamente predice el comportamiento violento (Welsh; Farrington, 2012). Por tanto, las políticas de seguridad deben orientarse a disminuir los factores sociales y ambientales que estarían en la base del comportamiento individual. Muchas iniciativas públicas se inspiran en estas teorías, especialmente en aquellas de carácter psicosocial y comunitarias orientadas a interrumpir el desarrollo de carreras criminales. Factores de nivel individual como el bajo control de sí mismo, el carácter familiar (socialización en violencia en la familia), vecinal (venta de drogas) o estructural (baja calidad de empleo) explicarían determinados comportamientos violentos en los barrios, y sobre los cuales el Estado y las comunidades deben focalizar su acción.
Teorías ecológicas y comunidad como barrera frente al delito
De manera cercana a este planteamiento, pero poniendo el foco en la estructura vecinal y el nivel de organización social, diversas intervenciones públicas se fundan en los postulados de la teoría ecológica del delito, la que intenta explicar la concentración de delito en la escala barrio (Sampson, 2012; Sampson; Groves, 1989). Según estos análisis, los vecindarios con alta desconfianza interpersonal, bajo capital social, y bajos niveles de arraigo y de participación de la comunidad tienen más probabilidad de concentrar mayor cantidad de problemas delictivos, dada la baja eficacia colectiva que albergan sus comunidades. Para Sampson (2012), la eficacia colectiva es la capacidad que tienen las comunidades de ejercer el control social de manera informal en el barrio donde residen. Esta se basa en dos características: el nivel de cohesión social (densidad de vínculos sociales) y las expectativas de control del delito que comparten sus residentes. Desde esta teoría, y en miras de fortalecer el control social en los barrios, es necesario movilizar a la ciudadanía en estrategias colectivas orientadas a fortalecer el vínculo social y promover marcos normativos comunes. Asimismo, la cohesión social y el control informal son dos componentes esenciales del control social.
Desde esta perspectiva, la distribución de los delitos en el territorio y su concentración en determinados barrios urbanos populares pueden ser explicados desde variables en el nivel barrial, las que producen el desarrollo de comportamientos y conductas ilegales o violentas (Sampson, 2012; Sampson; Groves, 1989). Destaca Ruiz Tagle (2016) que esta teoría, la Teoría del efecto barrio, plantea un vínculo directo entre concentración de la pobreza y problemas sociales, y ha dado pie a múltiples intervenciones urbanas. Estos postulados indican que los vecindarios pobres, bajo ciertas circunstancias localizadas, pueden desencadenar ciclos de exclusión y anomia, y que producen subculturas delictivas y formas de socialización que deterioran el capital social comunitario, y reproducen el confinamiento y la marginalidad de una generación a otra (Ortega, 2014). Frente a ello, y como destaca Arriagada (2019), en países latinoamericanos, y en particular en Chile, ha aumentado la conciencia sobre la necesidad de incorporar la segregación como un factor importante de reformas a la educación, movilidad especial y seguridad ciudadana, la que, sin embargo, no ha podido articular políticas y programas a la altura del grado de importancia política cobrada por la segregación socioespacial en la ciudad.
En América Latina existe un conjunto de estrategias públicas de prevención comunitaria que se fundan en esta perspectiva. Todas ellas apuestan por la inversión pública a pequeña escala, en miras a fortalecer el tejido social y la organización vecinal siguiendo implícitamente la teoría de la eficacia colectiva, poniendo el foco en el mejoramiento de espacios públicos y del entorno urbano mediante proyectos comunitarios. Casos como el Programa del Estado de Morelos, en México, el programa Juntos Más Seguros, en Chile, o iniciativas bajo el modelo Comunidades que se Cuidan, implementado en varios vecindarios de América Latina, han apostado por disminuir los factores ecológicos que explican la violencia en los entornos y, al mismo tiempo, coordinar la presencia de las instituciones del Estado mediante estrategias de prevención situacional y social. El objetivo, en términos generales, ha sido generar procesos de resiliencia comunitaria y empoderamiento vecinal mediante iniciativas que generan vínculos sociales y mayor arraigo en el territorio. Estas estrategias tienen un fuerte componente participativo, que apuesta por el involucramiento y la responsabilización ciudadana en este ámbito del quehacer público. Quienes han sistematizado y analizado experiencias con inspiración en estas teorías destacan que no existen evaluaciones de impacto ni de resultados, así como tampoco evidencia respecto al rol que juega la eficacia colectiva en la explicación del delito a nivel barrial en ciudades como Bogotá, Santiago y Lima (Manzano; Mohor; Jiménez, 2020).
La teoría de la violencia en los márgenes urbanos
Desde una mirada diferente, y criticando el enfoque en los sujetos y comunidades que tienen las perspectivas anteriores, es posible identificar aquella tradición de estudios que, principalmente desde la economía política y la sociología urbana, han puesto el centro de interés en las condiciones macroestructurales para explicar los hechos violentos en vecindarios específicos. La teoría de la marginalidad avanzada (Wacquant, 2001; 2007; 2009a) ha puesto énfasis en las condiciones de exclusión y abandono institucional que produce la economía liberal de mercado y las consecuencias que ella conlleva para quienes habitan en contextos de pobreza urbana. Los procesos de exclusión y degradación económica, institucional, social y cultural que afectan a sus residentes estarían en la base de este fenómeno. En estos barrios existe un sistema institucional paralelo que es posible por el déficit de Estado social.
En diálogo con esta teoría, aunque con el foco puesto en la dimensión de vida cotidiana, en el último decenio es posible observar un conjunto de estudios que han buscado enriquecer estos postulados a partir de análisis situados sobre la violencia en los márgenes urbanos. Estas teorías ponen de relieve los significados y sentidos que se asocian al uso de la violencia y a las prácticas que esta implica (Auyero; Bourgois; Sheper-Hughes, 2015; Fassin, 2017; Moser; McIlwayne, 2009; Rodgers, 2004).
Estas investigaciones muestran cómo la violencia y el delito se construyen de manera diferenciada en cada territorio, tiene un carácter multifacético y omnipresente en sectores que son, en la mayoría de los casos, social, económica y urbanamente precarizados. Desde esta perspectiva, la violencia y los territorios al margen de la ciudad emergen como fenómenos ensamblados. Se trata de “distintas violencias que atraviesan de modo cotidiano la vida de los sectores populares (…). Y es que si bien, no hay una asociación necesaria entre pobreza y violencia, sí hay una experiencia imposible de desoír” (Auyero; Berti, 2013: 21). Muchas situaciones con usos cotidianos de violencia se vinculan a actividades económicas ilícitas y, al mismo tiempo, a la violencia estructural que implica el déficit del Estado en los territorios. Para Moser y Horn (2011), en estos barrios existen violencias que ocurren en procesos encadenados.
Así, quienes sufren la violencia de manera crónica, o las formas más crudas de esta, son aquellos que se encuentran en la escala de orden simbólico social más bajo y son afectados por la violencia estructural que implica la marginalidad avanzada de fin de siglo (Auyero; Berti, 2013).
Teorías sobre la represión policial en barrios
Por otra parte, es posible identificar aquellas teorías que analizan la violencia que es producida por el Estado. Estas investigaciones muestran que la política estatal en contextos de pobreza ha tenido un giro represivo, el cual se expresa tanto en altas tasas de encarcelamiento de los pobres urbanos (Wacquant, 2009a) como también en estrategias de copamiento, control policial y militar de los barrios más pobres de la ciudad. Como se reporta en muchas experiencias de la región -por ejemplo, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, el Programa Fica Vivo en Belo Horizonte, el Plan Cinturón Sur en la provincia de Buenos Aires, la Iniciativa La Legua en Chile-, la presencia policial ha convertido con frecuencia a los barrios en campos de batalla (Moe; Müller, 2017; Saborio, 2014; Wacquant, 2008). Y es que,como destaca Graham (2011), la militarización y policiamiento intensivo de vecindarios solo ha servido para traer la guerra desde la frontera al interior de la ciudad. La militarización de barrios y su control territorial con carácter represivo ha sido una constante de las ciudades segurizadas, produciendo un aumento de los niveles de violencia entre la policía y las bandas organizadas.
Desde esta perspectiva, el Estado está presente fuertemente en los barrios urbanos populares a través de su faceta coercitiva (Han, 2017). Los estudios muestran la naturaleza que tiene el Estado en estos casos, donde, al mismo tiempo que castiga y reprime, corrompe y soborna a los pobres de la ciudad (Auyero; Sobering, 2019). El hipercontrol y castigo sobre estos territorios desventajados, en ciudades de Centroamérica y América del Sur, es realizado por cuerpos militares, grupos de fuerzas especiales de las policías o paramilitares que emplean la doctrina militar, en las que aplican principios de contra insurgencia, o vigilan y controlan estos territorios usando la fuerza de manera discrecional (Graham, 2011; Moe; Müller, 2017; Saborio, 2014; 2017).
Los análisis que se han realizado evidencian que esta violencia aumenta la presencia de balaceras en los vecindarios (Abello-Colak; Guarneros-Meza, 2014). Además, sostienen que las definiciones de vulnerabilidad que usan los programas públicos no quedan claras, y que muchas de estas intervenciones siguen criterios de focalización arbitrarios y regidos más por intereses políticos y económicos que democráticos (Cano; Borges; Ribeiro, 2012). Para Pearce (2013), este tipo de presencia construye un Estado que es perverso, en tanto no solo es negligente para asegurar el acceso a derechos sociales a los pobres urbanos, sino también el acceso a los derechos civiles que fundan el orden democrático. Por su parte, Frederic (2008), en el estudio que realiza para el caso de villas miseria en Buenos Aires, evidencia la relación antidemocrática que sostiene la policía con los pobres, amenazando el principio de igualdad de derechos que la sostienen.
De esta forma, estudios muestran cómo se ha extendido la agenda de seguridad pública en las ciudades, ya sea mediante el modelo epidemiológico y las iniciativas comunitarias que se han implementado (Dammert; Salazar, 2009; Dammert; Zuñiga, 2007) o mediante las políticas de control focalizadas con aumento del uso de la fuerza y de la aplicación del castigo en determinados barrios (Pearce, 2013). Junto a la prevención comunitaria de la criminalidad que se aplica en determinados países, coexisten iniciativas de carácter represivo que se han agudizado en la última década.
Metodología
Este artículo se focaliza en la experiencia chilena como caso de estudio. Y es que, al igual que en otros países de la región, la violencia no se distribuye de manera aleatoria en el territorio. Esto quiere decir que los delitos violentos se focalizan en determinados sectores de la ciudad, los que la mayoría de las veces evidencian distintos tipos de violencia, alta presencia de bandas de tráfico de drogas (Luneke; Munizaga; Ruiz, 2009; Luneke-Reyes, 2012; Ortega, 2014) y están afectados por agudas condiciones de desigualdad socioterritorial y precariedad urbana (Atisba, 2017). Frente a esta realidad, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en colaboración con otros agentes del Estado, ha implementado de manera continua programas de seguridad e iniciativas focalizadas en estos vecindarios. Si bien su desarrollo ha sido dinámico y continuo, aún han sido escasamente analizados y existe poco conocimiento respecto a sus objetivos, enfoques y metodologías, así como sobre sus continuidades/discontinuidades como política pública. Además, tampoco ha sido analizada la percepción de los habitantes de estos barrios sobre dicha oferta pública.
Para responder a estos vacíos, el artículo se apoya en información cualitativa y cuantitativa revelada en el marco de una investigación realizada por las autoras en 20191. La fase cualitativa consistió en la sistematización y análisis de fuentes primarias y secundarias relacionadas con las iniciativas públicas implementadas en barrios urbanos populares en Chile, en materia de seguridad, desde el año 2000. Esta información fue complementada por estudios realizados en el mismo país sobre la materia y literatura especializada, siguiendo un análisis cualitativo de contenidos de carácter temático con uso de vaciamiento de rejillas (Flick, 2004). El análisis de los programas consistió en definir dimensiones, obteniendo contenido homogéneo en cada uno de ellos, a fin de ampliar la riqueza interpretativa y sentido de entendimiento de sus características particulares y compartidas.
Las fuentes primarias revisadas en esta investigación fueron:
Informes del Ministerio de Interior y Seguridad Pública asociados a los programas (2000-2019).
Iniciativas legales vinculadas a los programas (2000-2019).
Revisión, registro y sistematización de sesiones de la Comisión parlamentaria investigadora sobre la intervención pública en La Legua2.
Informes anuales de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Informes de seguimiento de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
En el cuadro 1 se da cuenta de las iniciativas revisadas y analizadas en este estudio. La fase cuantitativa de la investigación involucró la aplicación de una encuesta a 1510 sujetos de 14 años o más, residentes en los 33 barrios con alta incidencia de violencia urbana y que han sido priorizados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública desde 20173. El estudio siguió un tipo de muestreo aleatorio simple, con varianza máxima a un 95 % de nivel de confianza y error muestral de ±2,5 puntos.
CUADRO 1 Programas de seguridad en vecindarios con altos niveles de violencia (Chile)
| Nombre del programa | Período de vigencia |
|---|---|
| Programa Barrio Seguro (BS) | 2001-2009 |
| Plan Iniciativa La Legua (PIL) | 2011-2014 |
| Programa Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad (BAC) | 2015-2018 |
| Barrios Prioritarios (BAP) | 2019 (vigente) |
Fuente: elaboración propia.
Esta fase de la investigación tuvo como principal objetivo medir la percepción de los habitantes de los 33 barrios priorizados por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, sobre la violencia en su entorno y la respuesta de política pública.
La selección se hizo teniendo en cuenta barrios caracterizados por su vulnerabilidad Socio delictual, es decir, que presentan condiciones de violencia o una alta ocurrencia de delitos violentos como amenazas, homicidios, tráfico de drogas, delitos violentos, delitos contra la propiedad (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014: 30) y agudas condiciones de vulnerabilidad (déficit de infraestructura pública y conectividad, problemas de habitabilidad, bajo desarrollo social y comunitario, falta de presencia policial). Dicha metodología resultó plasmada en una serie de documentos oficiales e informes de seguimiento de programas de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2019), que confirman el aumento de estos delitos seleccionados en el territorio nacional. Adicionalmente, el Ministerio Público, en su Informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile, de 2017, confirma el aumento de barrios vinculados a problemas de drogas y armas y su agudización en los últimos años. El análisis de esta información es de carácter descriptivo y univariado.
Iniciativas públicas de seguridad en los márgenes urbanos en Chile: análisis de su trayectoria
En la zona sur de la ciudad de Santiago existen al menos 700 000 personas que viven en vecindarios expuestos a criminalidad organizada, a violencias cotidianas y bajo agudas condiciones de precariedad material y urbana (Atisba, 2017). De hecho, información que hemos estudiado en la investigación (Figura 1) evidencia que el tráfico de drogas, el consumo de alcohol y drogas en las calles, y las balaceras son hechos frecuentes en la vida cotidiana de quienes residen en estos territorios.
* N=1510. Se consideraron y agruparon los datos de las categorías de respuesta “al menos una vez a la semana “y “todos los días” para el porcentaje de cada situación/incivilidad indicada en el gráfico. Fuente: elaboración propia.
FIGURA 1 Problemas e incivilidades percibidas en el barrio en la última semana
Este dato es relevante en tanto la percepción sobre este tipo de problemas e incivilidades en los 33 barrios estudiados es mucho mayor a la percepción promedio reportada a nivel nacional. Y es que, según la encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana de 2018 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2019), 16 % de los sujetos entrevistados reportaron venta de drogas en sus barrios, 9,5 % reportaron escuchar balaceras o disparos y 4,3 % ha presenciado porte de armas. Es decir, porcentajes mucho menores a los que reportan quienes habitan en agudas condiciones de precariedad urbana y socioeconómica.
Esta realidad es la que ha llevado al Ministerio de Interior y Seguridad Pública a implementar el actual programa de Barrios Prioritarios, en el cual se busca dar respuesta multiagencial a los factores que están en el origen del problema. Sin embargo, y como hemos mencionado antes, esta iniciativa no es novedosa, en tanto responde a un tipo de estrategias de larga trayectoria en el país. Y es que, del año 2000 en adelante, la política de seguridad en Chile se ha focalizado en el ámbito de control y prevención del delito en los territorios urbanos populares fomentando la participación activa de la ciudadanía y su involucramiento en actividades e iniciativas de diagnóstico de problemas, recuperación de espacios públicos, conformación de sistemas de vigilancia vecinal, organización de mesas barriales de coordinación con los municipios, entre otras (Trebilcock; Luneke, 2018), y programas integrales de trabajo multiagencial que se han focalizado en aquellos barrios con mayores niveles de prevalencia socio delictual. Dentro de este último ámbito de acción, se destacan tres experiencias, que se han implementado consecutivamente en los barrios a nivel nacional y que son objeto de nuestro análisis: Barrio Seguro (2000- 2009), Plan Iniciativa Legua (2010-2014) y Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad (2015-2018).
El análisis descriptivo y comparativo de estos programas permite identificar continuidades, aunque con variaciones, en esta trayectoria. Como queda en evidencia en el cuadro que sintetiza estas iniciativas (Cuadro 2), es posible establecer que: durante los 20 años de implementación de programas de prevención del delito en los barrios urbanos populares más complejos ha sido constante la coordinación multiagenciada (incorporación de diversos agentes del Estado, de organizaciones sociales territoriales, ONG y agentes privados) en las distintas fases de las iniciativas; la selección de los barrios no se ha realizado sobre la base de diagnósticos previos con evidencia científica; el foco de las intervenciones ha sido la prevención situacional de la delincuencia con muchas acciones orientadas a mejorar los espacios públicos con participación de la comunidad; los objetivos de la oferta pública se han focalizado en la disminución de factores de riesgo sociodelictual y no en la erradicación del accionar de bandas más organizadas; y la participación policial en esta agenda se ha focalizado principalmente en la coordinación de acciones para la investigación criminal con incorporación del Ministerio Público. También se constata que todas las iniciativas han sido escasamente evaluadas y, por tanto, no existe evidencia sobre el nivel de logro y alcances de estas.
Sin embargo, el análisis también muestra que existen variaciones en su implementación a lo largo del tiempo, las que dan cuenta de que la política de seguridad en estos barrios ha transitado de un enfoque centrado en la comunidad y el fortalecimiento del tejido comunitario (premisas ecológicas) a una perspectiva urbana de mayor escala, con la incorporación de un papel cada vez más clave del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En este sentido, la trayectoria analizada muestra como punto de inflexión el año 2011, cuando se implementa el Plan Iniciativa Legua. Posteriormente, en 2015, con la implementación del programa de Barrios de Alta Complejidad se reduce la participación policial en estas iniciativas, quedando limitada a la coordinación multiagenciada respecto a la vigilancia de los territorios y el control, perdiendo relevancia las tareas de investigación criminal orientadas a desmantelar bandas delictivas organizadas. Y es que, desde dicho año, el Ministerio Público es el encargado de este tipo de estrategias en los territorios, coordinando a las policías desde un enfoque de análisis criminal.
CUADRO 2 Análisis y síntesis comparativa de los programas de seguridad en barrios
| Programa Barrio Seguro 2001-2009 | Iniciativa Legua 2011-2014 | Plan Barrios de Alta Complejidad (BAC)2014-2017 | Continuidades | Discontinuidades | |
| Criterios de selección | No hubo información diagnóstica inicial como criterio de selección de los territorios. Estos se realizaron durante el proceso de implementación. | La decisión fue continuar con la estrategia anterior sin existir información científica que evidencie su uso para la toma de decisión pública. | La metodología se basó en una correlación entre frecuencia y lugares de ocurrencia de los delitos violentos. El listado de barrios siguió estos criterios de criticidad de delitos violentos y fue estimada estadísticamente. | BAC mejora Diagnóstico inicial con datos sociopoliciales y de vulnerabilidad socioterritorial | |
| Instituciones implicadas | Ministerio del Interior, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Ministerio Público, Programa Conace (prevención de drogas), Universidades, ONG locales, juntas vecinales, organizaciones sociales, Oficina Nacional para la Mujer (PRODEMU), municipalidades. | Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), ONG, organizaciones vecinales, instituciones educacionales, comités de vivienda, instituciones académicas, municipalidad, otras. | El programa se ejecutó en la Intendencia Regional con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Participaron: gobernación provincial, municipios, Carabineros de Chile, PDI, Programa Quiero Mi Barrio del MINVU, Ministerio del Deporte, Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Empleo del Ministerio del Trabajo y el Registro Civil. De parte de la comunidad, se convocó a líderes vecinales, ONG, organizaciones sociales y actores de la empresa privada. | Aumento de la multiagencialidad: se involucran más actores estatales, se trabaja con juntas de vecinos, ONG. MINVU toma cada vez mayor protagonismo. | BAC incorpora empresa privada, pero no trabaja con la policía de manera directa. MINVU adquiere mayor relevancia desde 2011 |
| Enfoque de trabajo | Prevención comunitaria y prevención situacional con fuerte foco en el control (inteligencia persecución penal de bandas y control policial en los barrios). | Enfoque socioespacial con foco en la regeneración urbana, reactivación de las economías legales y desarrollo social de las comunidades. | Enfoque situado en los factores de riesgo sociodelictual, con especial énfasis en la infraestructura pública, problemas de habitabilidad urbana y diseño de la trama urbana del barrio. | Todos focalizan en respuestas asociadas a factores ambientales y físico-sociales del delito. Fuerte componente de prevención situacional. | Se abandona el enfoque sociopolicial desde BAC y, desde 2011, se gira hacia una mayor escala de intervención urbana (regeneración urbana). |
| Objetivos | 1) Fomentar la participación de vecinos y organizaciones locales en la planificación y desarrollo de acciones preventivas. 2) Rescatar los espacios públicos y asegurar las condiciones de seguridad que permitieran su utilización. 3) Impulsar, desde el nivel central, la ejecución de acciones policiales de control de narcotráfico, crimen organizado y violencia delictiva. | 1) Recuperar la seguridad y el orden público para facilitar el desarrollo de los distintos programas sociales. 2) Fortalecer la identidad y comunidad local para apoderarse del espacio a través de una cultura de convivencia. 3) Disminuir los factores y conductas de riesgo relacionadas con la violencia en niños y jóvenes. 4) Entregar alternativas de desarrollo a sus habitantes fuera del ámbito de la ilegalidad. 5) Desarrollar espacios libres de violencia. | 1) Disminuir las condiciones de vulnerabilidad sociodelictual de barrios con alta complejidad, mediante la ejecución de planes integrales de seguridad y proyectos de prevención y seguridad pública. | Todos los programas buscan reducir la delincuencia organizada, excepto BAC que apunta principalmente a un enfoque de factores de riesgo. | |
| componentes metodología | 1) Prevención comunitaria: activación de la red local. 2) Prevención situacional: mejoramiento parques y plazas. 3) Vigilancia e investigación policial. | 1) Componente urbano: rediseño de su morfología y mejoramiento del espacio público. 2) Componente policial: recuperar el orden público en el territorio, a partir de acciones policiales concretas, de corto plazo y orientadas a desmantelar bandas de crimen organizado. 3) Componente social: prevenir o reducir el daño causado por la violencia e inseguridad mediante la implementación de programas sociales. | 1) Regeneración urbana. 2) Prevención y seguridad pública. 3) Conectividad e infraestructura pública. 4) Desarrollo social y comunitario. Estos componentes se desarrollaron a través de tres fases de trabajo en cada territorio: un diagnóstico territorial, el diseño de un plan integral de intervención y acciones de desarrollo de distintos ámbitos en cada barrio. | Casi todos comparten los mismos componentes de trabajo. | BAC no tiene componente policial, se incorporan planes maestros de trabajo de regeneración urbana. |
Fuente: elaboración propia.
Del control social a la regeneración urbana en la política de seguridad en los barrios
El análisis de las tres experiencias muestra que, desde el año 2000, la ciudadanía organizada en los territorios ha sido foco de las estrategias estatales, implicando actividades y acciones orientadas al fortalecimiento del tejido comunitario en los vecindarios (premisa ecológica). Esto queda en evidencia en los reportes y memorias elaborados por los programas públicos en los cuales la celebración de aniversarios locales, la constitución de mesas de trabajo con dirigentes sociales para el diagnóstico de problema, la ejecución de proyectos comunitarios de carácter social, el desarrollo de proyectos de recuperación de plazas y parques públicos, y la configuración de sistemas comunitarios de vigilancia vecinal constituyen actividades priorizadas por la intervención del Estado en estos barrios. Las iniciativas mencionadas se realizan de acuerdo con lo que líderes vecinales definen y a partir de los lineamientos establecidos por las instituciones públicas en materia de prevención del delito.
Para los tres casos, se observa que la participación de las juntas vecinales y otras estructuras de la política vecinal es continua, y se suman, de 2011 en adelante, comités de acceso a vivienda. Esta incorporación se asocia al giro que hace la política de seguridad desde un enfoque centrado en el fortalecimiento del tejido social mediante actividades y proyectos de carácter socio comunitario (premisa del control social y eficacia colectiva) hacia un mayor énfasis en la dimensión urbana de las causas del delito y la violencia, con foco en estrategias de mayor escala asociadas a planes de regeneración urbana de los barrios.
Y es que, con el Plan Iniciativa Legua en 2011, y con base en estudios y diagnósticos previos, se revela la importancia de los factores urbanísticos en el desarrollo del delito organizado en la población. El cambio de la trama urbana y la apertura de pasajes cerrados y laberínticos emerge como eje de la estrategia gubernamental de lucha contra el crimen organizado y se pone en ejecución el diseño de un plan maestro que contempla la construcción de viviendas en sector aledaño para el traslado de familias. La información muestra que esta intervención implicó la apertura de pasajes cerrados, demoliendo muros que constituían los cule de sacs propicios para el ocultamiento de traficantes de drogas y enfrentamientos con la policía, y abriendo una gran avenida. Las casas fueron demolidas con este fin y muchos pobladores se trasladaron a nuevas viviendas. Esta intervención urbana se ejecutó entre 2011 y 2017 (bajo Iniciativa Legua y Barrios de Alta Complejidad).
Este giro implicó también que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo asumiera un rol cada vez más central en la política de seguridad y, a través del Servicio de Vivienda y Construcción, se hiciera cargo de la ejecución del plan maestro de regeneración urbana del barrio La Legua. Pero este giro no solo se observa en esta población, sino también en Parinacota, El Castillo y Bajos de Mena (intervenidos por BAC), en las cuales, desde entonces, el mismo ministerio ha implementado como política de vivienda y ciudad grandes planes de regeneración urbana de condominios sociales.
De la persecución de bandas ilegales a la vigilancia policial en los vecindarios
Otro de los ámbitos de acción que evidencia un giro en la trayectoria de la política de seguridad refiere al papel que juega la policía en estas estrategias. Y es que si bien, durante la primera década y bajo el Programa Barrio Seguro, el componente policial, de control y persecución de las bandas fue un eje central de trabajo, a partir de la implementación del programa Barrios de Alta Complejidad su relevancia no es evidente. El análisis de las fuentes primarias muestra cómo desde 2015 el foco en la persecución de las bandas queda fuera del ámbito del equipo a cargo de la intervención y se relega a una unidad especializada del Ministerio Público. Junto con ello, la participación de las policías (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones) queda circunscrita a instancias de coordinación multiagenciada, cuyo principal objetivo es intercambiar información orientada a dar mayor vigilancia a los territorios intervenidos y gestionar acciones, aunque el compromiso y grado de participación de la policía queda circunscrita a la voluntad y criterio de cada jefe policial en los territorios.
Esto ocurre al mismo tiempo que se establece la Comisión Investigadora desde la Cámara de Diputados, la que, preocupada por los escasos logros de la intervención pública en la población La Legua y frente al aumento de enfrentamientos violentos entre bandas, revisa los contenidos de todas las intervenciones públicas allí implementadas desde el año 2000. La revisión de los documentos estudiados en esta comisión nos muestra cómo la policía preventiva no tuvo una estrategia policial definida y la presencia permanente vía copamiento policial y cierres perimetrales fue acompañada del ejercicio excesivo de control de identidad a residentes. Estas tácticas policiales se mantuvieron por más de 14 años sin evaluación de sus alcances y resultados, al mismo tiempo que se presentaron denuncias por abuso policial y vigilancia intrusiva por vecinos al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Para el caso de la Policía de Investigaciones, la información analizada muestra falta de coordinación y claridad respecto a allanamientos en los domicilios y poco control del microtráfico en la población (principal problema demandado por los residentes). De hecho, a partir de 2015, se pone en ejecución un plan especializado de trabajo en este ámbito, bajo la creación del Programa Microtráfico 0 de la Policía de Investigaciones de Chile.
Ambos casos muestran cómo el componente policial pierde relevancia a lo largo del tiempo y dejan en evidencia la autonomía y falta de control civil que adquieren las estrategias policiales aplicadas en estos sectores.
Es así como la revisión de la trayectoria de los programas de seguridad en territorios urbanos populares complejos da cuenta de continuidad en varios de sus componentes (participación comunitaria, multiagencialidad, enfoque de factores de riesgo y premisas ecológicas, falta de seguimiento y evaluaciones de logro y resultados), pero también evidencia un cambio de dirección en el enfoque de las estrategias. Desde 2011, se transita hacia un enfoque que prioriza la dimensión urbana de la implementación de los programas de seguridad sobre el desarrollo y fortalecimiento del tejido social orientado al control social en los vecindarios. Al mismo tiempo, se desactiva la coordinación directa con las policías y la fiscalía para la persecución de las bandas de drogas
Percepción ciudadana sobre la acción del Estado en los barrios de los márgenes urbanos
Uno de los aspectos que las teorías de la marginalidad urbana han estudiado como elemento estructurante de la vida en los barrios urbanos populares y el arraigo de organizaciones criminales se asocia al débil grado de penetración que tiene el Estado en los territorios (Wacquant, 2009b). La literatura muestra que este déficit es reemplazado por instituciones y organizaciones que funcionan al margen de la legalidad, que siguen leyes propias y proveen bienestar económico y social a las comunidades en las cuales se arraigan (Abello-Colak; Guarneros-Meza, 2014; Arias, 2004; 2006; 2017). En distintos territorios y vecindarios, el Estado es reemplazado por servicios que realizan las bandas del narcotráfico, que tienen por objetivo cooptar a los vecinos y comprar su silencio (Arias, 2006, 2017). Al mismo tiempo, el tráfico de drogas y las bandas se arraigan en dichos territorios, los habitantes están a la espera (Auyero, 2012) de las prestaciones que el Estado entrega de manera subsidiada e intermitente mediante sus políticas públicas. Es vasta la literatura que muestra que la violencia se expande en aquellos territorios donde el Estado es débil y la presencia de los servicios privados es discontinua o inexistente.
La información de la fase cuantitativa de nuestro estudio coincide en parte con estas teorías, en tanto da cuenta de cómo la percepción del Estado de quienes habitan en estos barrios se asocia a bajos niveles de conocimiento de la oferta pública y a una mala evaluación de los programas existentes.
En este sentido, un primer aspecto que llama la atención de las respuestas recogidas refiere al bajo nivel de conocimiento sobre los programas públicos. En la Figura 2 se observa que existe un desconocimiento generalizado de iniciativas y servicios públicos que se ejecutan en estos barrios y que, a pesar de ser zonas declaradas como prioritarios para el Estado, los altos porcentajes de personas que dicen no conocer los programas podría evidenciar su baja cobertura. El análisis más detallado de esta información da cuenta de que los programas orientados al mejoramiento del barrio y los de tercera edad son los que alcanzan mayor nivel de conocimiento; esto puede ser atribuido a dos factores: la alta visibilidad que alcanzan las obras de infraestructura y mejoramiento urbano en los vecindarios, y porque en el país son los adultos mayores quienes más participan en las estructuras vecinales que trabajan con el Estado a nivel local (Hermann; Van Klaveren, 2016).
Fuente: elaboración propia. * Se excluyó la categoría “No sabe/No responde”.
FIGURA 2 Nivel de conocimiento de iniciativas y servicios públicos en su barrio
Asociado a lo anterior, cuando se consulta sobre la evaluación (escala de 1 a 7, siendo 1 el peor y 7 el máximo puntaje) que ellos realizan para los casos que conocen, se observa que los programas mejor evaluados son los de mejoramiento de barrios y los programas de tercera edad. Este resultado puede estar directamente vinculado al nivel de conocimiento declarado anteriormente.
Ahora bien, con respecto a la cantidad y utilidad de los programas orientados a la prevención comunitaria del delito, mejoramiento de barrios y programas culturales/ deportivos en el barrio, los resultados de la encuesta revelan que 31,8 % de los encuestados opina que es poca la cantidad y poco útil, seguido de 24,6 % que evalúa como poca cantidad, pero útil (Figura 3). Por lo tanto, en coherencia con el gráfico anterior, existe consenso entre los residentes respecto a que la cobertura de la oferta pública es baja y poco útil de cara a sus problemas. También confirma lo que Ruiz-Flores (2012) y Labbé (2018) analizan para contextos de pobreza urbana, destacando que en estos existe una débil presencia del Estado y de servicios sociales. Esta información coincide con los análisis que Sherman et al. (1997) han realizado para el mundo anglosajón, en tanto existe poca evidencia de que los programas de prevención comunitaria tengan efecto sobre el delito y la violencia.
Fuente: elaboración propia. * Se excluyó la categoría “No sabe/No responde”.
FIGURA 3 Valoración de cantidad y utilidad de programas públicos de prevención comunitaria
Con respecto a los programas de prevención de consumo de drogas y de atención a la violencia intrafamiliar, es llamativo que casi el 80 % de los encuestados dice desconocerlos, pese a que son problemáticas percibidas como graves por los entrevistados. Junto a ello, y con respecto a la evaluación de aquellos que los vecinos sí conocen, las diferencias entre los rangos de notas no son estadísticamente significativas, por tanto, la valoración de ambos programas no logra ser concluyente (Figura 4).
Fuente: elaboración propia * Se excluyó la categoría “No sabe/No responde”.
FIGURA 4 Evaluación de programas de prevención consumo de drogas y atención de violencia intrafamiliar
Con respecto a la percepción de los programas públicos orientados al control policial de la delincuencia en el barrio, 34,2 % de los encuestados opina que es poca la cantidad y poco útil, seguido de 25 % que afirma que es poca la cantidad, pero muy útil. Entonces, al igual que la oferta pública de programas comunitarios, la opinión de los encuestados con respecto a los programas de control policial de la delincuencia apunta mayoritariamente a su baja cobertura (Figura 5).
Fuente: elaboración propia. * Se excluyó la categoría “No sabe/No responde”.
FIGURA 5 Valoración de cantidad y utilidad de programas públicos orientados al control policial
De igual forma, y con relación a la percepción del tiempo de respuesta de Carabineros ante una emergencia, 45,8 % de los encuestados señala que llegan, pero tarde, mientras que 35,8 % opina que llegan a tiempo. En cambio, quienes creen que no llegan ante una emergencia son el 10,9 %, y 2,3 % piensa que solo llegan de día al barrio (Figura 6). Estos porcentajes coinciden también con lo percibido por la población chilena en general, según un estudio realizado por Dammert (2020) que destaca que 37 % de los chilenos cree que la policía realiza de manera adecuada sus tareas en situaciones de emergencia.
Fuente: elaboración propia. * Se excluyó la categoría “No sabe/No responde”.
FIGURA 6 Valoración del tiempo de respuesta de asistencia policial
Esta información coincide con datos a nivel nacional, que muestran que la ciudadanía evalúa mal a la policía en general y en particular en ámbitos que preocupan especialmente a quienes habitan en este tipo de barrios. Así, por ejemplo, un estudio realizado por Dammert en 2020 da cuenta de que solo 23,7 % de los chilenos cree que Carabineros realiza de manera adecuada tareas asociadas al control de armas, y 27 % lo cree para el caso de control del narcotráfico. Esto coincide con lo que plantea Roché (2019) para los casos francés y europeo, destacando que la policía en general recibe una mala evaluación por grupos sociales desventajados en los márgenes urbanos.
Los datos anteriores son de especial relevancia si se consideran dos aspectos. Por un lado, en Chile el impacto de la delincuencia afecta de manera muy desigual a la ciudadanía, siendo los pobres urbanos más victimizados que los grupos sociales más ricos. Al respecto, el último índice de Paz Ciudadana (centro de estudios especializados en la criminalidad y la violencia en el país) muestra que frente a la pregunta “¿Fue víctima de un robo o intento de robo en el último año?”, en el nivel socioeconómico más bajo la respuesta afirmativa es de 39,12 % mientras que en el grupo socioeconómico alto solo alcanza el 19 % (Fundación Paz Ciudadana, 2020).
Pero también la percepción negativa respecto al desempeño policial en estos barrios es preocupante, en tanto las personas siguen pensando que la policía es la principal institución de protección frente a la vulneración de derechos. Como muestra la Figura 6, 46 % de los encuestados en nuestro estudio reporta que recurriría a Carabineros si sus derechos fueran vulnerados.
Dada la mala evaluación que hoy recibe la policía de Carabineros a nivel nacional, y la falta de legitimidad social con que ella cuenta, es difícil interpretar este dato como fuente de confianza. Más bien, lo que debe preocupar es que para las personas la policía sigue simbolizando un espacio de protección frente a amenazas o daños, especialmente cuando se habita en barrios de alta vulnerabilidad sociodelictual.
Conclusiones
A la luz de los antecedentes analizados, los tres programas de prevención del delito presentan características comunes. Si bien es cierto que la trayectoria de los programas ofrece una evolución en el acervo de información y experiencia estatal en intervención de territorios con alta presencia de delitos violentos y mercados de drogas, ninguno de estos programas ha presentado evaluación de resultados o de impacto que demuestren cambios significativos en las condiciones de violencia y criminalidad. Así, la escasez de evaluaciones y de efectividad de resultados cruza toda la gestión pública en la materia.
Por otra parte, en los tres programas, habiendo incluido en sus diseños la participación comunitaria como componente central, la oferta pública de programas y servicios sigue teniendo problemas de cobertura y falta de participación efectiva, como se pudo observar en los resultados de la fase cuantitativa de la investigación. Y es que el nivel de conocimiento que los residentes de los barrios manifiestan sobre la oferta pública, en general, y en seguridad, en particular, es muy bajo. Junto a ello, la evaluación que se hace de esta oferta es negativa. Los resultados permiten confirmar lo que diferentes autores han planteado respecto al bajo grado de intervención del Estado en áreas marginales. A la luz de la literatura analizada, en los barrios con alta incidencia de violencia y organización criminal en Chile, existen condiciones estructurales de carencia y desventaja que explican su persistencia. Desde esta perspectiva, la violencia criminal e interpersonal esta encadenada con aquella violencia de carácter más estructural (Auyero; Berti, 2013; Moser; Horn 2011) y que se vincula directamente al papel que tiene el Estado en la producción de la marginalidad avanzada (Wacquant, 2009a; Wacquant; Slater; Borges, 2014).
Con relación a ello, el estudio evidencia que ninguno de los programas analizados incorpora objetivos que apunten a reducir desventajas estructurales presentes en los barrios, como el desempleo, la deserción escolar, entre otros; aunque sí han focalizado en la dimensión urbana a modo de mitigación de los efectos de la segregación socioespacial. En este sentido, la revisión realizada muestra que las iniciativas del primer momento (primer decenio) en general apuntan a factores ecológicos que explican la criminalidad y tienen un fuerte componente de prevención comunitaria y situacional. Y es que, inspiradas en teorías que apuestan por el fortalecimiento del capital social y la eficacia de las comunidades en el control social del delito, estas experiencias pusieron el foco en estrategias de recuperación de espacios públicos, de mejoramiento de calles, sedes vecinales, entornos barriales y fortalecimiento del tejido comunitario.
La información anterior coincide con análisis realizados por distintos estudios en el país, los que relevan el rol que ha jugado la perspectiva ecológica de la criminalidad en la agenda de seguridad ciudadana (Arriagada-Luco, 2019; Frühling; Gallardo, 2012; Larenas-Salas; Fuster-Farfán; Gómez-León, 2018; Manzano, 2009; Tocornal; Tapia; Carvajal, 2014; Trebilcock; Luneke, 2018). Estos análisis destacan los límites que han tenido dichos enfoques en el mejoramiento de la calidad de vida urbana en barrios como los analizados en el presente estudio, en parte porque estos esquemas dejan fuera a quienes no participan directamente de las estructuras formales del poder en los vecindarios. Muchos habitantes, especialmente jóvenes, quedan excluidos.
Tal como analizaron Dammert y Luneke, para el año 2004, los jóvenes no han sido llamados a involucrarse en estas iniciativas y esto coincide también con el análisis que realiza Letelier (2019) respecto a los límites que tiene la noción comunitarista que está en la base de la agenda neoecológica, convirtiendo a las estructuras y organizaciones de participación vecinal en extensiones políticas del Estado en los territorios. Vommaro y Quirós (2011), y Auyero (2012) arguyen que esta forma de hacer política pública fortalece las redes clientelares de los partidos políticos de turno, excluyendo a parte importante de la población de los beneficios del Estado asistencial. Desde estas perspectivas, los limitados alcances sociales de las políticas de seguridad neoecológicas se hacen evidentes (Letelier, 2019), pues no logran traspasar la frontera social de sus grupos de apoyo y de poder. Ello puede explicar, en parte, el bajo desconocimiento de la oferta de seguridad en los territorios chilenos.
Este estudio también muestra que la política de seguridad en los márgenes urbanos ha transitado a un tipo de enfoque que pone especial atención en la dimensión urbanística de los barrios como factor explicativo de la violencia criminal. La acción pública, desde 2011, ha priorizado intervenciones orientadas a la regeneración urbana de los barrios. Tanto el Plan Iniciativa Legua como el Programa de Barrios de Alta Complejidad toman esta dimensión como eje central del trabajo, incorporando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo como un actor clave. Este cambio de énfasis es percibido por los habitantes, pues, como queda en evidencia, son los planes de mejoramiento urbano los más conocidos. Sin embargo, y pese a la visibilidad de este tipo de intervenciones (dada la mayor escala espacial que asume la respuesta), la percepción ciudadana sobre la respuesta del Estado en esta materia sigue siendo deficitaria (el nivel de conocimiento sigue siendo bajo).
Desde esta perspectiva, es esperable que los alcances de las iniciativas sean limitados respecto a disminuir las causas que están en el origen del crimen y la violencia en los vecindarios. Como destacan diversos estudios, para abordar este tipo de violencia en necesario hacerse cargo del conflicto social que implica la violencia asociada a la desigualdad en la ciudad neoliberal y a las agudas condiciones de segregación socioespacial de una ciudad determinada (Moser; Horn, 2011).
Por último, el estudio muestra que el trabajo de vigilancia y asistencia policial es mal evaluado por los vecinos de estos barrios, al mismo tiempo que los informes y estudios sobre derechos humanos en Chile muestran que la policía se presenta en ellos de manera abusiva (Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2015). En este sentido, diversos análisis han dado cuenta de la urgente necesidad de que la policía chilena rinda cuentas sobre su accionar a las autoridades y a la ciudadanía. Los resultados de la investigación sugieren el papel relevante que tiene el estado policial en la producción o reproducción de la violencia en los territorios.
La percepción ciudadana hacia la policía en estos barrios coincide con el grave problema de credibilidad y confianza hacia la policía preventiva que existe hoy en el país, y que se ha exacerbado a la luz de lo acontecido en el llamado octubre chileno (sistemáticas violaciones a los derechos humanos en contextos de protesta nacional). Sin embargo, es necesario que la perspectiva crítica con que se ha abordado el caso de Carabineros con relación a su rol en el orden público sea extendida al papel que se les asigna en materia de vigilancia y resguardo de los habitantes en los barrios más desventajados. Como muestran estudios recientes sobre la policía en los márgenes (Jensen; Warburg, 2020), hoy es necesario analizar críticamente el rol que tiene la policía en la producción de la desigualdad territorial.
