La figuración de la guerra como un escenario emblemático de la heterosexualidad y sus repercusiones en los programas de DDR en Colombia

Colombia tiene una larga experiencia en procesos de DDR debido a las diferentes negociaciones con grupos armados ilegales, que desde los años ochenta han depuesto las armas y han apostado a los procesos de reintegración. Uno de los acontecimientos insignia de este proceso fue la desmovilización, a comienzos de los años noventa, del Movimiento 19 de abril (M-19), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), al igual que de otros grupos menores como la Corriente de Renovación Socialista (CRS) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Otro hito fue la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en los años 2005 y 2006, escenario a partir del cual se fortalecieron los programas de DDR en el país. Por último, los Acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han constituido otro parteaguas de este proceso, ampliando los enfoques de atención de las poblaciones excombatientes. Si bien estos antecedentes son los principales referentes, es importante resaltar que en las últimas décadas ha permanecido una política de promoción a la desmovilización individual y colectiva de los grupos armados, impulsada desde 1994, como una política contrainsurgente del Estado.

Los procesos de DDR en el Estado colombiano están liderados actualmente por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Siguiendo la reseña histórica de la ^{ARN (s.f.)} en su página de internet, "los orígenes de la ARN se remontan a la creación del Programa para la Reincorporación de la Vida Civil (PRVC), que funcionó entre los años 2003- 2006" y que se dirigió, principalmente, a las desmovilizaciones individuales y colectivas en el marco de una política contrainsurgente promovida por el gobierno de la época. Posteriormente, "para responder a las exigencias del proceso de desmovilización masiva de las AUC, en el 2006 se creó la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración", que, según la propia institución,

fue un hito para los programas de DDR en Colombia; porque se pasó de ser un programa de corto plazo a uno de largo plazo, con mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas y capacidad para realizar acompañamiento a los desmovilizados. (^{ARN, s.f.})

Años después, en 2011, la Alta Consejería pasó a ser la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), con esta reforma se convierte en agencia del Estado (^{Decreto 4138, 2011}), lo que "significó un avance para garantizar la continuidad y el fortalecimiento de las políticas de DDR, al tener una mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y con una estructura organizacional sólida" (^{ARN, s.f.}). Finalmente, atendiendo los Acuerdos con las FARC, "la ACR debió modificar sus funciones y su estructura para dar respuesta a los nuevos mandatos normativos y a los procesos de reincorporación de los integrantes de este grupo armado", y pasó a llamarse Agencia para la Reincorporación y la Normalización (^{Decreto 897, 2017}).

En medio de este panorama histórico y administrativo sobre los procesos de DDR en Colombia, hay un hecho para destacar: la incorporación tardía e insuficiente de la perspectiva de género; tardía en los programas de reintegración regular y reintegración especial, e insuficiente en los de reincorporación⁷. Durante los procesos de desmovilización de los años noventa, no se tuvo en cuenta una discusión sobre el tema de género, aun cuando entre 24 y 27 % de las filas de los grupos estaban constituidos por mujeres (^{CNMH, 2013}; ^{Londoño; Nieto, 2006}; ^{Meertens, 1995}). Algunas excombatientes del M-19 -que fue el grupo con más participación de mujeres- denunciaron esta situación. A pesar de estos reclamos, los posteriores procesos de DDR, como las desmovilizaciones individuales y colectivas en la década de los noventa y comienzos de los 2000, y la desmovilización masiva de las AUC, no implementaron dicha perspectiva. Fue hasta finales de los 2000 que se empezaron a vislumbrar algunos indicios dirigidos, principalmente, a la consideración de las mujeres como dinamizadoras de la política de reintegración social y económica, a través de dos vías: como mujeres desmovilizadas y como parte del núcleo familiar de un desmovilizado, en acciones orientadas a la detección y atención de la violencia intrafamiliar y de la violencia sexual (^{Documento CONPES 3554, 2008}).

Durante la década de 2010, la perspectiva de género se ha integrado de una manera más decidida en los programas de DDR, debido a los nuevos marcos normativos para la atención del conflicto armado que inscribieron, entre sus orientaciones de acción, el enfoque diferencial; principalmente a partir de la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (^{CNMH, 2013}). Sumado a lo anterior, las negociaciones de paz con las FARC también fueron un escenario que advirtió la importancia de dicho enfoque; la Subcomisión de Género de los Acuerdos de Paz e iniciativas del propio partido de las FARC, como la de feminismo insurgente, han impulsado la premisa de una reincorporación diferencial para las mujeres de los grupos armados⁸.

En medio del proceso tardío y lento de la incorporación de la perspectiva de género, hay una agenda todavía más rezagada: la LGBT. Un escenario para revelar este argumento es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en cuya historia y arquitectura institucional se evidencia la escasa integración de dicha perspectiva en sus planes de acción. Algunas entrevistas con los funcionarios de la ARN confirman esta hipótesis, al revelar que la institución no ha implementado de una manera clara y decidida este enfoque. Cuando se rastrean los diferentes documentos (CONPES, decretos, leyes y resoluciones) sobresale la ausencia de términos como LGBT o diversidad sexual, pese a que en algunos casos se indica la implementación de una perspectiva de género. En algunos documentos se introducen referencias al respecto, pero son citas de textos de otras instancias del Estado o de otros organismos institucionales, como el caso del ^{Documento CONPES 3554 (2008)}, que contiene el término opción sexual, pero citando el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, o el ^{Documento CONPES 3931 (2018)} que alude a la sigla LGBT, pero citando un documento de la Mesa de Conversaciones en La Habana.

A pesar de estos precedentes, en los últimos años ha habido algunos tanteos para involucrar temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género de la población excombatiente, producto de algunas exhortaciones de los diálogos de paz con las FARC. En el ^{Documento CONPES 3931 (2018}: 75), por ejemplo, se declara:

A partir del segundo semestre del 2018, la ARN, en coordinación con el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el CNR, implementará estrategias que protejan, garanticen y eviten la vulneración de los derechos de las personas LGBTI exintegrantes de las FARC-EP. Para tal fin se actualizará la información del censo socioeconómico elaborado por la UNAL respecto a las personas LGBTI y se implementarán actividades pedagógicas orientadas al respeto por la diversidad sexual en los territorios donde se desarrolla la reincorporación.

Algunos funcionarios y funcionarias de la ARN confirmaron esta disposición y manifestaron que en algunos formatos se han incluido preguntas como:

Sin embargo, las mismas personas funcionarias siguen considerando que la implementación en la ARN es escasa.

Por más que ha habido todo un escenario de institucionalización del movimiento y de políticas públicas LGBT en el país desde comienzos de los 2000, la ARN y sus anteriores instancias parecen haber estado en una burbuja, una barrera constituida por negligencias directas del Estado, pero también por alegorías sobre la guerra y sus participantes. La guerra se ha figurado como un escenario emblemáticamente heterosexual y masculinizado, las construcciones simbólicas y materiales de su institucionalidad, tanto legales como ilegales, se erigen bajo fundamentos hetero-normados, binarios, patriarcales y machistas (^{CNMH, 2015}; ^{Hagen, 2017}), y esta premisa genera, precisamente, unos juicios sobre los y las excombatientes. ^{Franklin Gil (2013)} discute sobre las posturas morales y políticas implícitas en el accionar del Estado, y trae a colación la siguiente reflexión de Judith Butler: "el problema no es sólo qué relaciones de deseo deben ser legitimadas por el estado, sino también quién puede desear al estado, quién puede desear el deseo del estado" (^{Butler, 2004}: 13). Premisa que interpela, en este caso, la situación de los y las excombatientes.

Juan Felipe ^{Hoyos (2011)}, justamente, advierte sobre las lógicas y los marcos morales de las instituciones involucradas en el proceso de DDR -y yo lo ampliaría al aparato transicional en su conjunto-, premisas que tienen profundas repercusiones en el andamiaje institucional, como también en los propios excombatientes. Esas posturas morales, además, pareciera que no solo están instaladas en el Estado, sino, de igual forma, en otros agentes involucrados en la administración, intervención e investigación del proceso transicional, tales como los organismos internacionales, las organizaciones sociales y la propia academia. A veces pareciera que los marcos sobre género y sexualidad fueran más amplios y considerados en los escenarios del conflicto armado mismo, así fuera para victimizar, que en el propio Estado, en el andamiaje transicional y en la atención humanitaria, donde se dejan de lado muchas realidades, acontecimientos y sujetos.

Las consecuencias políticas de este supuesto, de la guerra como un escenario emblemáticamente heterosexual, no solo implican, entonces, omisiones en la arquitectura y la administración del Estado, sino que también se traducen en la eliminación de unas vidas, de las vidas de excombatientes gais, lesbianas y trans, de maricas, areperas y cacorros -o como quieran nombrarse-, que ocultaron su sexualidad en el grupo y que ahora, en la transición a la vida civil, pareciera que tienen que permanecer en ese entorno de ocultamiento. Mientras se quitan el camuflado de la guerra, no se pueden quitar el camuflaje de su sexualidad.

Desarticulaciones conceptuales, políticas y humanitarias en la gestión de la diversidad sexual y de género

Durante las entrevistas con las personas funcionarias de la ARN, hubo un hecho destacable: Después de las presentaciones personales y de conversar sobre sus trayectorias en la institución, me encargaba de introducir uno de los temas de mi interés, consultando si conocía alguna referencia sobre prácticas sexuales entre hombres o entre mujeres en los grupos armados, la consulta la formulaba así intencionalmente, de una manera general y abierta. Pese a la apertura de la pregunta, los ejercicios de recordación y los casos que mencionaron siempre estaban dirigidos a reconocer algún excombatiente gay o lesbiana, o algunas personas que habían emprendido procesos de tránsito de género durante su proceso de reincorporación. Debido a esa lógica, los casos eran pocos o, a veces, no recordaban ninguno. Para remediar esta situación -y porque cada vez que realizaba una entrevista ya me esperaba esta misma secuencia-, les planteaba otra forma de pensar la diversidad sexual y de género, un enfoque que no se redujera a buscar gais, lesbianas o trans dentro de los grupos armados, sino que también escudriñara en las prácticas sexuales, en esos escenarios en los cuales, de una u otra forma, se habían implicado sexualmente entre camaradas. Al realizar esta aclaración, las entrevistas tomaron otro rumbo, la escasez de información se fue superando y se fueron narrando una serie de situaciones y experiencias que enriquecían el espectro, circunstancias que pasaban por muchos rumbos: por la fantasía, el placer, el deseo, la estrategia, lo encubierto y la victimización.

Las historias que se narraron fueron variadas. Uno de ellos me comentó la historia de un colaborador que no era propiamente guerrillero, pero que se acogió al programa de reincorporación, que tuvo varias parejas sexuales y sentimentales en el mismo pueblo, él aprovechaba su "pequeña tienda de barrio" para "levantar" hombres y, de paso, para recibir encargos para la guerrilla o para guardar algunas municiones. Otras historias hicieron referencia a las fiestas en los campamentos guerrilleros; según los testimonios, estos escenarios se aprovechaban para tener algunas aventuras sexuales, entre ellas, homoeróticas; en medio del del licor y de "la farra", acontecían estos encuentros aludiendo a un "desfogue sexual". También, se refirieron a masturbaciones y sexo oral entre camaradas, justificándose que "no había de otra" con tantos hombres solos en el monte. Asimismo, relataron dos casos sobre combatientes que asumieron su homosexualidad dentro del grupo armado, uno del ELN y otro paramilitar, y que fueron respaldados por el comandante del grupo, precedente que les brindaba cierta protección ante el resto y que, de alguna forma, les brindaba un campo de acción para sus andanzas sexuales y sentimentales. Otras entrevistas mencionaron, incluso, casos sobre emparejamientos y conformación de familias homoparentales por parte de mujeres excombatientes que están en proceso de reincorporación.

Por otra parte, se revelaron historias de violencias sexuales al interior de las filas armadas, principalmente, de algunos comandantes sobre los más jóvenes, algunas veces, como acto de llegada o iniciación al grupo; se aprovechaban de su mando, no solo para acceder a los más novatos, sino para lograr que los y las demás se hicieran los de "la vista gorda" ante estos acontecimientos. Otros testimonios remarcaron los casos judiciales de algunos excomandantes paramilitares con procesos de pedofilia y violencia sexual, historiales dentro de los cuales también se encuentran abusos contra hombres. Finalmente, otros relatos advirtieron sobre historias de prostitución de varias excombatientes, tanto cuando estaban en armas, como ahora que se encuentran en procesos de reincorporación. Todo este compendio evidencia, entonces, un panorama múltiple, heterogéneo y complejo a la hora de considerar y analizar la sexualidad en el marco del conflicto armado y los procesos de DDR, ejercicios que no se pueden reducir a unas etiquetas identitarias o a unas prácticas concretas, sino que se diluyen en variados formatos.

A partir de esta situación, se revela que la perspectiva LGBT implementada en los diferentes organismos transicionales se han concentrado en la orientación sexual y la identidad de género, dejando de lado otras categorías que están implícitas en este campo de estudios: las expresiones de género y las prácticas sexuales. Esta focalización tiene profundas repercusiones para el análisis y las políticas de atención de las poblaciones involucradas. Respecto a las expresiones de género, por ejemplo, diferentes informes del ^{CNMH (2015}; ²⁰¹⁷; ²⁰¹⁸; ²⁰¹⁹) han señalado cómo algunos vestuarios o apuestas estéticas como el pelo largo o los aretes en los hombres eran estigmatizados por los grupos paramilitares y se convertían en causas en victimización. En cuanto a las prácticas sexuales, esos mismos informes han relatado que, en los territorios en guerra, así como en los grupos armados, se presentan distintas prácticas sexuales homosexuales, algunas de ellas con objetivos militares -como la violencia sexual-, otras como parte de ritos grupales y otras con fines de placer. En medio de estas prácticas, las personas involucradas no se identifican, necesariamente, con una orientación sexual o identidad de género por fuera del marco heterosexual.

Estas anotaciones evidencian, entonces, que los asuntos sobre diversidad sexual y de género, en el marco del conflicto armado, no se limitan simplemente a fenómenos relacionados con la orientación sexual o la identidad de género; si bien son elementos más categóricos para emprender un accionar político de victimización, de reconocimiento y de atención, no son las únicas piezas articuladas en el aparato de la guerra. Esta focalización podría reducir el espectro de análisis y limitaría la comprensión de los sentidos bajo los cuales el género y la sexualidad se han articulado en el trámite del conflicto armado. Esta aclaración no es solo un capricho academicista con un fin estrictamente analítico, sino que también tiene repercusiones políticas, pues -como se citó renglones atrás- las expresiones de género y las prácticas sexuales también producen victimización y, por tanto, merecen un reconocimiento, un acercamiento puntual y un tratamiento por parte de los organismos de atención del Estado y, de paso, de los organismos internacionales, las organizaciones sociales y los partidos políticos.

Otro enfoque implementado en los diferentes organismos transicionales del Estado colombiano que tiene repercusiones para el análisis y para las políticas de atención de las poblaciones involucradas es la noción de políticas de la identidad, implícita en la perspectiva LGBT. El Estado, de la mano de organismos internacionales y algunas organizaciones sociales, ha constituido y consolidado en el país un carácter liberal, amparado en el espectro de los derechos y el mercado, para la gestión política de la diversidad sexual y de género, que, además, implementa un encuadre definido y cerrado centrado en las identidades (^{Esguerra; Bello, 2014}). Un claro ejemplo de ello es el hecho de que las personas funcionarias de la ARN, en un principio, solo aludieran a excombatientes gais o lesbianas.

Los instrumentos de transición, siguiendo a ^{Hoyos (2011)}, han devenido en una política trasnacional. En palabras del autor:

Esta globalización está relacionada con la cada vez mayor participación de agencias multilaterales de mediación, financiación y ejecución de los programas, así como de la aparición de estándares promovidos por la ONU, asegurando el paso a un orden social democrático, y ligando estrechamente sus procedimientos a la implantación del modelo de desarrollo liberal. Hacen parte de esos estándares las comisiones de la verdad, memoria y de reparación, así como los programas de DDR (de dejación de las armas, desmovilización y reintegración) (ONU 2006). Completan el espectro las cortes internacionales, los ejércitos de paz y un sinnúmero de organizaciones de cooperación internacional, ONG y empresas privadas, sumado a todo un campo académico de reflexión que se ha abierto alrededor (Stahn, 2005). (^{Hoyos, 2011}: 10)

En medio de esta globalización y trasnacionalización del aparato transicional, se involucran los asuntos de género y sexualidad, amparados -como se dijo renglones atrás- por perspectivas liberales del Norte global, nociones que muchas veces no se articulan a las realidades de otras regiones o de otros contextos culturales y políticos (^{Miranda; Anctil; Hankivsky, 2020}). Por tal motivo, la intervención internacional -y, de paso, nacional- incurre en actuaciones imperialistas sobre asuntos de género y sexualidad (^{Puar, 2017}), a la hora de nombrar, clasificar, asumir, enmarcar e intervenir en asuntos de género y sexualidad.

Si bien la institucionalización del movimiento y de políticas públicas LGBT es resultado de un proceso arduo de luchas por parte de organizaciones y movimientos sociales en el país, la noción LGBT debe ser puesta en cuestión, aún más cuando es tomada e incorporada por el accionar del Estado -y de los organismos internacionales-. La perspectiva liberal del género y la sexualidad implícita en lo LGBT, concentrada en unas políticas de la identidad y en unas orientaciones sexuales e identidades de género específicas, pero, además, reproductora de enfoques urbanos -para el caso de Colombia, andinocéntricos- y de mercado, tal vez no sea la perspectiva más propicia para pensar y atender las disidencias sexuales y de género de las víctimas y de los miembros de los grupos armados en Colombia, que, en su mayoría, provienen de contextos rurales.

En lo rural, en los territorios azotados por el conflicto y en cada grupo armado se configuran -o se configuraron- unas políticas de género y sexuales particulares, en las cuales las cuestiones sobre identidades de género, orientaciones y prácticas sexuales sobrepasan las fronteras contenidas en la noción LGBT. Reproducir mecánicamente los derroteros contenidos en ella podría generar silencios, exclusiones y ansiedades para algunos y algunas excombatientes, como también para algunas víctimas. En vez de generar empatías, que es lo que supuestamente pretende el Estado, genera omisiones y revictimizaciones.

Consecuencias del enfoque de victimización de la agenda LGBT implementada en el proceso transicional colombiano

Desde finales de la década de los 2000, el Estado colombiano comenzó a integrar la perspectiva LGBT para la atención del conflicto armado. Esta disposición es producto, a grandes rasgos, del proceso de institucionalización del movimiento y de políticas públicas LGBT que se registró en el país durante esa época y, en específico, por la denuncia de la victimización diferencial a estas poblaciones en el marco del conflicto por parte de las nacientes organizaciones sociales. Con este antecedente de fondo, la arquitectura del Estado, en su conjunto, comenzó a incorporar una agenda política LGBT de una manera más amplia. En cuanto a temas relacionados con el conflicto armado, transicionalidad y construcción de paz, se sumó el género y la orientación sexual al enfoque diferencial que se integraba en los marcos normativos insignia de estos procesos, como lo fue la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (^{Ley 1448, 2011}) y, posteriormente, los diálogos y acuerdos de paz con las FARC.

A partir de estos antecedentes, se han creado una arquitectura y una mecánica estatal para administrar y atender una agenda LGBT. Sin embargo, en este procedimiento sobresale una cuestión: mientras los organismos dirigidos a las víctimas integraron, desde sus inicios y de manera más integral, la perspectiva LGBT, la institución que se concentra en los combatientes lo hizo una década después de su creación y lo ha realizado superficialmente. Mientras entidades como el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas, la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz (JEP) han integrado este enfoque en sus planes de acción, la ARN lo incorporó hace poco -apenas después del Acuerdo de Paz- y de una manera insuficiente. Esta circunstancia no es irrelevante, todo lo contrario, es un indicio de las formas como se piensa y se administra la perspectiva LGBT desde la gestión del Estado. En este caso, en particular, se evidencia un enfoque de victimización de la agenda LGBT implementada en el proceso transicional colombiano. Y, en mi interés específico, una perspectiva abstraída en la victimización obstruye el acercamiento a los y las excombatientes, pues su posición de victimarios los excluye, supuestamente, de cualquier indicio de infracción a la norma heterosexual.

El ejercicio de focalizarse en la victimización para pensar y atender la agenda LGBT, en el marco del conflicto armado y el proceso transicional, trae varias consecuencias con profundas repercusiones en el ámbito gubernamental. El aparato administrativo de la justicia transicional está configurado para la palabra, para el testimonio y para los hechos, asuntos que son contrarios al circuito de ocultación y de silencio en los cuales se encuentran enmarañados la sexualidad y el homoerostismo tramitados en el marco del conflicto armado. En Colombia, la JEP, la Comisión de la Verdad y la ARN son un ejemplo de ello. La arquitectura institucional de la justicia transicional está fuertemente construida a partir de una lógica jurídica, un escenario en el cual se privilegian los hechos y los testimonios como fundamentos probatorios de una realidad material, un enfoque que deja en un segundo plano o simplemente ignora otras perspectivas de la realidad como lo simbólico, los imaginarios, las representaciones, lo onírico, la fantasía, lo traumático, el deseo; realidades en las cuales, justamente, está imbricada la sexualidad. Fuera de ello, existe una tensión entre qué merece ser testimoniado y qué no, qué se documenta y qué no; en este juego hay temas que siguen instalados en los intersticios de la evasión y del ocultamiento.

Esa tensión se constituye a partir de preguntarse qué es legítimo para la justicia transicional y qué es legítimo para los procesos de DDR. Hasta ahora, pareciera que el carácter de legitimación sobre temas relacionados con la homosexualidad lo otorgara un enfoque de victimización, concentrado en la figura de la víctima, postura que deja de lado otros escenarios del conflicto armado, entre ellos, a los grupos armados o a la población (ex)combatiente. Por ello, desde ahora, desde los primeros años de puesta en marcha del accidentado proceso transicional colombiano, debemos considerar los límites -intencionados o no- de este proceso, aún más con asuntos relacionados con la (homo)sexualidad y con los (ex)combatientes.

Otra repercusión, ahora de orden analítico, es que la reducción de la perspectiva LGBT a un asunto estrictamente victimizante cierra la posibilidad a otros ángulos de análisis, como la resistencia, la sobrevivencia y la agencia. Asumir una mirada victimizante es reducir, implícitamente, la diversidad sexual y de género a una noción de pasividad, de violencia y de dominación, olvidando el carácter relacional propio del poder; los estudios queer, precisamente, se han encargado, desde diferentes frentes (historia, antropología, sociología, arte, literatura), de demostrar esa capacidad de resistencia de las disidencias sexuales y de género (^{Falconi; Castellanos; Viteri, 2014}; ^{Halberstan, 2011}). Si bien la victimización se constituye en un mecanismo que le otorga a un fenómeno social o a una población una legitimidad política y un reconocimiento por parte del Estado -y de la sociedad en general- (situación que, además, es producto de las luchas políticas de los movimientos sociales LGBTQ+), no se puede convertir en la única arista sobre la cual se piensen y se administren esas realidades. En términos políticos, el enfoque de victimización -como se mencionó al comienzo de este apartado- genera un conjunto de iniciativas y programas que integran y propagan dicha perspectiva en el aparato institucional del Estado. Mientras los organismos dirigidos a las víctimas han incluido desde sus inicios y de manera más integral la perspectiva LGBT, la institución que se concentra en los combatientes lo ha realizado de manera tardía e insuficiente.

Una situación que también demuestra cómo la mecánica del Estado está enfocada en una mirada victimizante, está relacionada con un ejercicio de registro y cuantificación. Sobre el tema, una de las funcionarias de la ARN, precisamente, insinuaba que el poco acercamiento a temas de diversidad sexual y de género por parte de la institución se debía a los pocos y pocas excombatientes LGBTQ+. Ella aludía a este argumento a partir de su experiencia en la institución, pero no porque existiera un registro o un censo al respecto. Al igual que ella, los demás funcionarios manifestaron la misma situación: "en los años que llevo en la institución" o "de la cantidad de excombatientes que he acompañado en su proceso" solo recuerdo uno, dos o máximo tres casos; ninguno o ninguna llevaba menos de 5 años en la institución ni habían atendido a menos de 300 personas cada uno. Al escuchar el número de casos, al comienzo, me impacientaba, pero después me fui dando cuenta de que la suma iba aumentando, pues de uno en uno, o de dos en dos, se iba conformando un conglomerado de excombatientes considerable con tan solo 8 funcionarios entre vistados. Ese registro vago de excombatientes LGBTQ+ era tan solo una muestra o, si se quiere, un indicio de una población que hasta ahora ha sido borrada, que está por fuera del espectro de las políticas LGBT y de la protección del Estado.

Mientras existe una inscripción de la población LGBT en el Registro Único de Víctimas (RUV), no existe un balance al respecto con la población excombatiente. El RUV, obedeciendo al enfoque diferencial integrado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (^{Ley 1448, 2011}), integró una casilla LGBT en el apartado de género, aunque esa misma operación no se añadió en el Registro Nacional de Reincorporación. Mientras el Estado registra las víctimas LGBT, no registra los excombatientes LGBT. A abril de 2022, se han inscrito 4155 víctimas LGBT, pero no podemos saber una cifra al respecto con la población excombatiente. Si bien el tema de la cuantificación como recurso de reconocimiento de una población se ha problematizado, no podemos negar la importancia que tiene este ejercicio para la puesta en marcha de mecanismos gubernamentales y humanitarios para la atención de un grupo poblacional. Además, el registro brinda una radiografía de esa población, no solo para saber la cantidad, sino que se puede conocer detalladamente su composición: pertenencia étnica, edad, origen geográfico, condiciones de discapacidad, entre otros datos, información que es fundamental para emprender las políticas de atención. Mientras hay todo un aparato institucional y transicional para las víctimas LGBT, para esclarecer sus violencias, para ser reconocidas como sujetos de derechos y para promover la reconciliación, ¿qué ocurre cuando pensamos en los excombatientes? ¿Dónde quedan todas estas plataformas institucionales?

Justamente, uno de los fundamentos políticos del enfoque diferencial argumenta que las cifras o la cantidad de población no son una razón fundamental para el reconocimiento político y su posterior atención estatal; la justificación de este enfoque reposa en la afectación de dicha población en un escenario social determinado, donde lo que importa son sus condiciones de vulnerabilidad y de acceso a derechos (^{Esguerra; Bello, 2014}). Sin embargo, bajo la lógica gubernamental de las políticas públicas, la cantidad de población que va a ser cobijada por una iniciativa es un dato valioso para su curso burocrático, pues entre mayor sea la población, mayor aval político recibirá el proyecto. En este choque de trenes, en últimas, se favorece la segunda posición. Se constituyen, entonces, el registro y la cantidad como premisas para legitimar la existencia de una población o de un fenómeno social digno de ser atendido por el Estado.

Sin embargo, existe otra cara de la moneda de los ejercicios de cuantificación, de estadísticas y de registro. Veena ^{Das y Deborah Poole (2008)}, en sus planteamientos sobre "las márgenes del Estado", plantean cómo estos ejercicios, si bien conllevan procesos de reconocimiento legales, también implican, implícitamente, mecanismos de control. En sus propias palabras:

Reconocemos que las prácticas de relevamiento documental y estadístico del Estado están al servicio de la consolidación del control estatal sobre los sujetos, las poblaciones, los territorios y las vidas (...). De hecho, varios académicos han argumentado que es a través de estas prácticas de documentación que el estado hace legible para sí a la población generando lo que se conoce como el efecto de legibilidad (Scott, 1998). Troulliot (2001), por ejemplo, sugiere que el efecto de legibilidad es tanto la "producción de un lenguaje y de un conocimiento para gobernar, como de herramientas teóricas y empíricas para clasificar y regular a las colectividades. (^{Das; Poole, 2008}: 31)

De manera que asistimos a una paradoja: por un lado, la escasez de plataformas de reconocimiento por parte del Estado; y, por otro, las implicaciones de estar reconocido por el Estado. A pesar de que se advierta o se reclame cierto reconocimiento para la perspectiva LGBT en los procesos de DDR, se deben considerar, también, las implicaciones políticas que ello conlleva, tanto para los y las excombatientes que pudiesen reconocerse a partir de estas nociones como para las políticas sexuales y morales implementadas por la ARN y por el aparato transicional en su conjunto. El hecho de ser legible para el Estado, en este caso, inscribirse en sus políticas sexuales y morales, tal vez, sea un proceso en el cual se pierda el extravío o lo borroso de la sexualidad de aquellos y aquellas excombatientes; entrar a las arenas del Estado es instituirse una serie de etiquetas, de identidades y, de paso, de derechos, que pueden generar extrañamientos o repudios, como también identificaciones y regocijos.