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Introducción
La minería ha sido vista como palanca para el desarrollo económico de las naciones, especialmente en la racionalidad capitalista, aunque no se trata de una actividad propia o exclusiva del modelo socioeconómico vigente. Desde esta lógica, diferentes países le han apostado a la explotación de grandes yacimientos minerales, por lo general con fines de exportación, como un importante sustento de su economía. La actividad formalizada y de gran escala ha sido promovida a través de estrategias como su legitimación política, expresada en flexibilidad jurídica, participación gubernamental, consecución de mano de obra vasta y barata, falta de consecuencias asociadas al deterioro medioambiental y social, y beneficios tributarios otorgados a las empresas (Gudynas, 2017; Insuasty; Grisales; Gutiérrez, 2013; Sandoval, 2012). Particularmente en Colombia, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Minero, con horizonte a 2025 (Unidad de Planeación Minero Energética [UPME], 2017), se pretende que, a través de la práctica extractiva formal, industrializada y responsable con el medio ambiente y la sociedad, se jalone el desarrollo y crecimiento de la economía del país.
En este contexto, de acuerdo con el nivel de formalización, la minería en Colombia ha sido clasificada en minería formal, realizada por empresas legalmente constituidas, que cuentan con titulación minera (acto administrativo que otorga un derecho a explorar y explotar el suelo y subsuelo de propiedad nacional), inscritas en el Registro Minero Nacional, y que cumplen con parámetros técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales de la industria, a partir de la legislación vigente; y minería informal, relacionada con unidades de explotación pequeñas y medianas, de propiedad individual y que no tienen registros contables.
Sumado a lo anterior, también existe una diferenciación relacionada con el criterio de legalidad: la minería legal es la amparada por un título minero y, por oposición, la ilegal es la que se desarrolla sin la inscripción en el Registro Minero Nacional, sin una titularidad y de manera artesanal e informal, o que, teniendo un título, se realiza por fuera del área otorgada en este (Ministerio de Minas y Energía, 2003; 2014).
A su vez, la clasificación de los tamaños o escalas de la minería en Colombia alude a minería de pequeña, mediana y gran escala, en función de criterios como el volumen del material extraído en una unidad de tiempo, la capacidad instalada, la generación de empleo y el nivel de tecnificación (Ministerio de Minas y Energía, 2014; 2016). De acuerdo con la UPME (2013), la diferencia entre la minería artesanal y la de pequeña escala es que la primera involucra personas o familias y es realizada de manera manual, mientras que la segunda es más extensa e incipientemente mecanizada; no obstante, dado que no hay una definición unificada de este tipo de práctica, la entidad plantea la existencia de criterios para su identificación, asociados con una mecanización escasa, bajo nivel de seguridad y de conocimientos técnicos en los trabajadores, falta de operadores técnicos, uso deficiente de recursos por la selectiva explotación de minerales, niveles salariales bajos, labores extractivas supeditadas a los precios de los minerales en el mercado, consideración insuficiente de los impactos ambientales derivados de la actividad, y ausencia de capital.
Dada la complejidad de la adherencia a los procesos de formalización, la pequeña minería, que en gran medida es tradicional y de subsistencia, generalmente no es reconocida como formal, lo que ha implicado, de paso, que sea vista como ilegal desde la perspectiva de la institucionalidad (Güiza, 2013).
Este tipo de minería se ha constituido en el eje central de la economía en diversas poblaciones colombianas, en la medida en que de esta dependen, directa o indirectamente, los distintos renglones generadores de trabajo e ingresos para los habitantes: comercio, famiempresas, transporte, servicios, agricultura, entre otros (Bedoya, 2017; Londoño; Bedoya; Parra, 2017; Sandoval, 2012). Pese a esta realidad, en las últimas décadas ha habido un sistemático desplazamiento de la pequeña y mediana minería en función de dar paso a la industria a gran escala, con sus consecuentes pérdidas en las zonas tradicionalmente mineras y en las no mineras (Ortiz; Martínez; González; Giraldo, 2017). Estas prácticas mineras, existentes en el país a lo largo de la historia, parecen no tener cabida en el modelo minero actual, que privilegia la actividad extractiva de gran escala, básicamente desarrollada por empresas multinacionales; asunto que ha generado importantes tensiones entre estas escalas de extracción (Arias; Galindo; Londoño, 2017; Bedoya, 2017; Güiza, 2013).
En Colombia, buena parte de la pequeña minería de oro no cuenta con titulación minera (el 88 % para 2016), aunque lleve muchos años de explotación, por lo cual podría ser considerada como minería tradicional no formalizada, realizada por mineros a quienes no se les ha concedido un título sobre los recursos que han explotado por más de una década (Güiza, 2013). En esta vía, autores como Goñi, Sabogal y Asmat (2014), han propuesto que el término minería de hecho puede reflejar mejor, que el de minería ilegal, la situación de las personas que ejercen la actividad minera con cierta antigüedad y como forma de subsistencia y que, en muchos casos, no han regularizado su actividad por dificultades para el cumplimiento de los requisitos exigidos para tal fin, así como por obstáculos tecnológicos, educativos y geográficos, en el contexto de un país en el que hay desconocimiento y desajuste de la norma frente a la realidad del minero tradicional e informal (Ortiz et al., 2017).
Para el Ministerio de Minas y Energía (2014), de la pequeña minería se espera eficiencia y generación de desarrollo. En estos términos, se ha planteado una política para la formalización de la minería, que considera la condición de informalidad como imposibilitadora de la realización de la actividad minera bajo el amparo de la institucionalidad, la asociatividad, el empresarismo y la bancarización, que le permitirían acceder a recursos financieros en la búsqueda de mayor productividad en las explotaciones mineras y de un incremento en la competitividad. Así, a 2032, se espera tener una industria minera totalmente formalizada en aspectos legales, técnicos, socioambientales, económicos, tributarios y laborales.
Cabe señalar, sin embargo, que esta no es la primera tentativa de formalización propuesta y adelantada por los Gobiernos colombianos. Desde 1988 se hicieron intentos por legalizar las unidades mineras que no contaban con titulación, mediante legislación que permitía a las personas solicitar permisos de explotación de las áreas en las que venían adelantando labores mineras. A partir de esto, "han sido muchos los esfuerzos en vano que se han venido planteando para lograr impregnar al sector minero del factor formalidad" (Ortiz et al., 2017: 45).
En este escenario, algunos estudios se han ocupado de analizar el imperativo de organizarse, por parte de quienes ejercen la minería a pequeña escala y de manera tradicional y de subsistencia, para dar respuesta a los requerimientos de legalización de su actividad, que han derivado en una amenaza, tanto a la labor como a las formas de vida construidas a su alrededor (Ministerio de Minas y Energía, 2014; Ortiz et al., 2017). Otros, se han concentrado en analizar la manera en que algunas comunidades han apostado por la defensa de su entorno natural, de su vocación productiva y de los modos de vida que les resultan tradicionales (Arias et al., 2017; Delgado, 2013; Orrego, 2017; Ulloa, 2016).
La lectura de los procesos de formalización del sector minero, llevados a cabo en el país desde finales de la década del ochenta del siglo XX, también ha constituido un campo de análisis económico, político, ambiental y social. El despliegue institucional que ha pretendido organizar la labor minera nos lleva a preguntarnos qué motivaciones subyacen a dichas iniciativas y cómo se han constituido. La tesis que queremos plantear en el presente artículo es que la formalización minera es una tecnología de gobierno neoliberal. En este sentido, entendemos por gobierno el conjunto de estrategias que posibilita la conducción del comportamiento de los sujetos (Foucault, 2006; 2007), lo que significa que la gubernamentalidad dispone de un campo de posibles acciones en el que los sujetos se van a conducir, es decir, se moverá en el cenagoso terreno que implica un cambio de modelo de gobierno centrado en la disciplina, a otro que pretenda articular la libertad individual como posibilidad misma de la acción social.
Las estrategias de gobierno van a aludir inevitablemente a la libertad y esta, a su vez, a la responsabilización individual. Ese sutil movimiento es el que proporciona la efectividad de la gubernamentalidad como mecanismo de autorregulación y autogestión que, posteriormente, será explotado audazmente por la racionalidad neoliberal como fundamento del rendimiento y la ilimitación (Laval; Dardot, 2013).
Bajo este horizonte conceptual, hacemos una lectura de las políticas de formalización minera como un régimen de verdad, instituido con la finalidad de gobernar de manera determinada un ámbito particular del sector productivo y a quienes trabajan en este, lo que implica el despliegue de tecnologías que se ajusten para materializar la idea de gobierno. Este régimen veridiccional despliega heterogeneidad donde antes había homogeneidad, multiplica las series y las materialidades dispuestas en un tiempo y un espacio, estableciendo diferencias entre ellas como mecanismo para ordenar un campo de aparición de objetos y fenómenos. Es decir, un régimen de verdad introduce, inevitablemente, un mecanismo de organización concreta que determina lo que es considerado verdad y lo que no; otorga inteligibilidad. En el caso de la minería, según observamos, la distinción básica sobre la que se soporta dicho régimen es la de formalidad e informalidad, que se fundamenta en un discurso jurídico -legal que establece un principio de categorización y diferencia donde simplemente había minería de hecho. Allí emerge, entonces, un régimen de verdad que produce la formalización como un mecanismo de normalización y de institucionalización.
De esta manera, la tecnología de la formalización posibilita la reestructuración de un ámbito que históricamente había escapado a la regulación estatal. Esta tecnología articula discursos de distintos ámbitos, campos y disciplinas; así, vemos cómo, además del discurso jurídico-legal, se despliegan discursos ambientales, económicos, espaciales, sociales, entre otros, que hacen que la minería quede emplazada en el centro de una racionalidad de gobierno.
Metodología
La presente investigación se orientó bajo la guía metodológica que ofrece el enfoque cualitativo, que busca la comprensión de la realidad desde las experiencias de los sujetos que la viven (Galeano, 2004). Por esta razón, el conocimiento de la realidad se hace por la vía del acercamiento a los sujetos, preguntándose por su experiencia, los significados a partir de los cuales viven esa realidad, sus formas de expresión, emociones, afectos, interacciones y contexto en el que se construyen esos significados. Sumado a esto, partimos de la idea de que el investigador es un agente activo, copartícipe en la construcción del significado de la realidad (De la Cuesta, 2005).
Lo cualitativo de este enfoque alude a que los objetos de conocimiento a los que busca aproximarse para comprenderlos tienen un carácter subjetivo, es decir, que solo son susceptibles de conocerse a partir de la experiencia misma de los sujetos. Así, dado el interés por conocer cómo son vividos los procesos de formalización laboral a los que son sometidos los mineros tradicionales por parte del Estado colombiano, nos centramos en las narrativas que ellos hacen de su propia experiencia.
El método elegido fue el interaccionismo simbólico que, según Schwandt (1994), es una ruta para el conocimiento de la realidad que trata de representar y comprender el proceso de creación y asignación de significados al mundo de la realidad vivida, por esto, se interesa en los actores particulares, los lugares, situaciones y tiempos particulares. Para Blumer (1982), solo es posible entender la acción de los sujetos y sus prácticas a partir de los significados que los individuos le asignan al mundo y a sus propias prácticas. Siguiendo lo anterior, esta investigación se ocupó de comprender el significado que los mineros tradicionales le dan al proceso de formalización al que el Estado colombiano los viene sometiendo, y el impacto que tiene la relación empresa-Estado sobre sus prácticas extractivas.
Los instrumentos usados para la recolección de información fueron la entrevista semiestructurada y los grupos de discusión con mineros de hecho, tradicionales e independientes de dos zonas auríferas reconocidas en el país, en los departamentos de Caldas y Antioquia. Su elección se realizó considerando que son territorios con una importante tradición minera; y que han sido objeto de intervenciones estatales que buscan la formalización laboral de los mineros.
Considerando estas características, se realizó un muestreo teórico que posibilitara la saturación de las categorías. El análisis de la información se desarrolló mediante el proceso de microanálisis, lo que permitió llevar a cabo la codificación y la categorización, de acuerdo con la guía metodológica ofrecida por Strauss y Corbin (2002). Todo este proceso fue posibilitado por la herramienta informática ATLAS.ti, versión 7.
El proyecto de investigación fue avalado por el Comité de Ética en la Investigación del Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Antioquia. En coherencia con esto, en este reporte de resultados se omiten los nombres de los municipios y zonas mineras de estudio, así como de los participantes, que fueron cambiados por seudónimos, teniendo en cuenta consideraciones de confidencialidad acordadas con ellos.
Resultados
La invención de la informalidad como tecnología de gobierno
A partir de los relatos de los mineros entrevistados es posible evidenciar que, alrededor de la formalización minera, aparecen dos problematizaciones estatales de la actividad extractiva de hecho o informal. Una problematización de entrada, referida a la introducción de un discurso acerca de las dificultades que representa la informalidad en el sector, el cual se sirve de la idea del riesgo individual, social, ambiental y de salud pública; la amenaza a la sostenibilidad ambiental; la necesidad de productividad en áreas estratégicas de la economía y de mayores garantías laborales para quienes llevan a cabo el oficio minero no regulado. Esto, en función de legitimar su normalización como un imperativo que promete mejoramientos importantes, tanto para los mineros (ingreso básico estandarizado, acceso a salud, posibilidad de pensión, cobertura en riesgos laborales) como para el país (engranarse a las lógicas desarrollistas globales, modernizar el sector productivo minero, controlar todos los ámbitos de productividad). En este sentido, es una iniciativa promovida como necesaria y seductora, discurso que es apropiado por parte de algunos de los mineros.
Algunas personas dicen que en la Administración Municipal, que en CORANTIOQUIA, que en Secretaría de Minas, que el Ministerio de Minas, no quieren dejar trabajar al minero y no es así, sino que por cuidados del medio ambiente y por protección de nosotros mismos, ellos han creado una serie de normas que debemos cumplir para poder trabajar. (Rodrigo A., comunicación personal, 04.02.2018)
Asimismo, se presenta una problematización en el curso del proceso, que tiene que ver con un ataque por parte del Estado a la minería informal y a las condiciones en las que se realiza, lo que, consecuentemente, da lugar a la imposición de una serie de requerimientos y estándares que deben ser cumplidos por los pequeños mineros, en función de alcanzar la normalización de sus unidades de producción y un acercamiento a la figura de una empresa, asunto central en la racionalidad neoliberal. Este ataque se expresa, de acuerdo con los participantes, en obstáculos para su trabajo, como la exigencia de requisitos de difícil cumplimiento por su parte, dados los trámites solicitados; los altos costos implicados en la elaboración de los planes de manejo ambiental, de trabajo y obras; la dificultad en lo referente a la disposición del lugar de labor minera, de acuerdo con los estándares, y en la adquisición de los materiales y explosivos requeridos; la poca capacitación para el reciclaje de químicos usados en la extracción; el casi nulo apoyo para el mantenimiento de la actividad en condiciones seguras y de responsabilidad ambiental; y los impedimentos para la comercialización del oro, hoy vista como ilegal cuando se trata de un material extraído en condiciones de informalidad.
Antes, el minero se sentía orgulloso de tener oro en su bolsillo, no le bastaba y podía transitar libremente, ir a cualquier parte a vender oro; ahora eso es un delito, si usted no tiene título, que no lo puede conseguir porque no se lo dan, entonces usted es un ilegal, y si es un ilegal la policía puede llegar hasta su mina, derrumbarla, decomisar la herramienta y detener las personas que en ese momento están ahí y judicializarlas. (Gonzalo M., comunicación personal, 08.02.2020)
Años atrás, uno no tenía problemas para comprar los explosivos, digamos para los costos de la energía (...) para conseguir los obreros, para uno emplear gente era más fácil. Ahora es muy difícil, es muy difícil porque (...) se han incrementado mucho los costos. (Mario M., comunicación personal, 27.07.2019)
La obstaculización del trabajo del pequeño minero tiene como consecuencia la criminalización, tanto de la actividad informal como de los sujetos que la ejercen. Esta parece tratarse, de acuerdo con los relatos, de una manera de forzar a la formalización o, incluso, al cambio de oficio por parte de ellos. Al respecto, un participante señaló, al referirse a los procesos institucionales, que estos han llevado a "estigmatizar la pequeña minería tratando a los pequeños mineros como criminales" (José M., comunicación personal, 08.02.2020).
Siguiendo esta línea, los entrevistados tienen la idea de que el Estado presiona al minero para que se formalice mediante dos estrategias: una que asimila informalidad e ilegalidad, generando una sensación de temor a las sanciones en una población que, por siglos, se ha dedicado a la minería. Otra que impone una serie de exigencias de difícil cumplimiento para un minero informal. Según su interpretación, esto significa que el Estado pretende, en el fondo, desestimular la minería tradicional, eliminarla, para entregarla a las grandes empresas de explotación minera.
[El municipio] lleva quinientos años de explotación minera artesanal y ya ahora el Estado dijo que somos ilegales, porque no cumplimos con algunos requisitos, pero eso realmente es más una forma de podernos sacar de las tierras y poderles entregar la tierra a las empresas extranjeras, eso no tiene otro cuento ahí. (Juan M., comunicación personal, 27.07.2019)
En este sentido, sostenemos que la formalización busca conducir la vida y las prácticas mineras de las poblaciones que tradicionalmente se han dedicado a esta actividad, a un punto en el cual o se constituyen como empresa minera o deben renunciar a la minería -que se reconviertan, como plantea la Ley 684 (2001)-. Esto, a partir de las estrategias mencionadas que han generado un antagonismo discursivo, con efectos prácticos, entre lo formal y lo informal; y un desplazamiento, cada vez menos sutil, en el que se asimila la informalidad con la ilegalidad, introduciendo en el discurso institucional que los mineros informales son ilegales, y unas prácticas concretas de persecución a su actividad ancestral.
Para los mineros, el cuerpo normativo que rige la actividad de explotación de recursos naturales y que introduce los procesos de formalización, enmascara una serie de barreras para la actividad de hecho. Un ejemplo en el que se observa claramente esta relación, entre la obstaculización del trabajo del pequeño minero y el ordenamiento jurídico, es la adquisición de los explosivos necesarios para la labor extractiva. Dado que solo es posible obtenerlos legalmente si se cuenta con una práctica minera formalizada, los trabajadores tienen que incurrir en gastos excesivos para su consecución.
De acuerdo con los relatos, tales disposiciones normativas no pueden leerse aisladamente del rol que desempeña la gran minería en las lógicas actuales de explotación de recursos no renovables en el país, al ser vista como el ideal de formalización en materia minera, desde el punto de vista del Estado neoliberal.
No somos ilegales, somos es pobres, ¿si me entiende? Faltos de recursos. Entonces esa es la ilegalidad que nosotros tenemos ante el Estado. ¡No es otra cosa! ¿Por qué llega pues una empresa, gente que no es de aquí, y en dos o tres años ya tienen la titulación de la mina? (Jesús A., comunicación personal, 04.03.2018)
Ahora, frente a la llegada de la gran empresa minera a los territorios que han sido mineros tradicionales, pudimos apreciar dos experiencias contrarias: la de aquellos que se mantuvieron como mineros tradicionales, lo que les permitió desplegar una posición crítica respecto de la explotación minera de la gran empresa y de sus efectos, tanto para la vida de la comunidad como para el futuro de la tradicionalidad; y la de quienes vieron en ese arribo la oportunidad de emplearse de manera fija y estable, con salario constante y previsible. En nuestro estudio escuchamos el testimonio de algunos de estos últimos.
Pues viéndolo bien, y a Dios gracias, que llegaba uno a la quincenita aliviadito, y ya uno compraba el sancochito y ya le quedaba alguito, así como para seguir pa' la otra quincena (...) trabajando, pero como menos acosado, menos preocupado. (Antonio M., comunicación personal, 27.07.2019)
Con el empleo formal, se introducen en el territorio nuevos discursos que pretenden generar un ideal y una sensación de estabilidad con relación al empleo, referidos al salario, las vacaciones, la seguridad social, la pensión, los riesgos laborales y, simultáneamente, se reconoce la ausencia de estos en el trabajo minero tradicional. En esta línea, se hace necesario distinguir entre la formalización laboral y la formalización de la actividad minera, propiamente dicha. La primera alude al cumplimiento de estándares dados por disposiciones normativas en materia laboral, lo que supone responsabilidades por parte del empleador, como garantía de prestaciones sociales y beneficios prestacionales para el empleado; la segunda, se vincula con la incorporación de estándares normativos para la labor extractiva y para su regulación en aspectos legales, técnicos, socioambientales, económicos, tributarios y laborales.
Las ventajas laborales asociadas a la incursión de la gran minería en los territorios, siguiendo los relatos de los participantes, tienen un envés en el que pueden apreciarse dos aspectos negativos: por un lado, desplazan las formas de trabajo tradicional ligadas a la minería, es decir, la incursión de la gran empresa minera tiene como efecto el arrinconamiento de la minería tradicional; y por otro lado, todos los mineros entrevistados reconocen que la minería a gran escala es una actividad con impactos generalmente negativos, en términos ambientales, en las dinámicas comunitarias, en la relación con el territorio, y en los usos tradicionales del suelo.
En esta línea, los participantes de este estudio reconocen aspectos positivos de la gran minería, como los referidos a las condiciones laborales, aunque no niegan afectaciones en otros ámbitos. Uno de ellos afirmó: "Yo digo que, si nos aprietan a nosotros, también deben apretarlos a ellos, porque ellos son una empresa muy grande, ellos contaminan más que nosotros, ellos manejan químicos más venenosos que nosotros" (Diego M., comunicación personal, 27.07.2019); otro indicó que "El daño que hagamos nosotros en 80 años, ellos [la empresa] lo hacen en un año" (Jesús A., comunicación personal, 04.03.2018).
A partir de esto, concluimos que la manera como la gran empresa minera incursiona en los territorios que realizan minería tradicional produce, bajo el amparo estatal, unos profundos niveles de desigualdad -que favorecen a los grandes monopolios mineros que, generalmente, son transnacionales-, ya que las exigencias legales, técnicas, administrativas, ambientales, financieras, tributarias y laborales que se les hacen a las grandes empresas y a los pequeños mineros por igual, resultan en favor de aquellas, pues los mineros tradicionales no tienen ni los recursos ni la experticia para cumplir con los requerimientos que el Estado les impone, lo que implica que la estandarización de los requisitos termina excluyéndolos y dejándolos solos.
Esto se hace más visible en el municipio del departamento de Antioquia -caracterizado por poseer mucho oro, pero bastante profundo, lo que lo hace menos accesible para el minero tradicional-, en la que los mineros entrevistados no encontraron consecuencias positivas en la eventual presencia de la gran empresa minera en su territorio, ni siquiera en términos del empleo que pudiese generar, pues en esta comunidad no cuentan con la formación y experiencia necesaria para trabajar en una empresa de ese tipo. Uno de los mineros señaló:
El día que esta empresa llegue, si llega a hacer una explotación aquí, los que han trabajado con ellos no van a servir allá, porque es que van a traer un personal calificado que maneje las maquinarias que ellos tienen. (Jesús A., comunicación personal, 04.03.2018)
A partir de lo anterior, consideramos fundamental aproximarnos a la manera en que la llegada de la minería a gran escala y la implementación de los procesos de formalización minera modificaron la vida de las comunidades y de las personas que, históricamente, ganaban su sustento haciendo minería tradicional. En este sentido, es esencial comprender cómo el Estado colombiano, con sus disposiciones normativas y gubernamentales, transformó sustantivamente la práctica minera a partir de la década del ochenta del siglo xx; y cómo este cambio estuvo inmerso en la neoliberalización estatal, acontecida desde principios de la década del noventa del mismo siglo en nuestro país.
El privilegio de la gran minería por parte del Estado
En los relatos de los participantes se aprecia una fuerte conciencia de que los procesos de formalización minera tienen una motivación no dicha por parte del Estado, asociada con la intención de transformar la actividad hacia una que cumpla con las regulaciones o estándares impuestos desde fuera por los grandes monopolios mineros transnacionales. Por tanto, dichas iniciativas regulatorias son leídas como promotoras de la gran minería, en detrimento de la desarrollada a pequeña escala.
Desafortunadamente, si usted ve la legislación minera en Colombia, no está dada para las pequeñas minerías. La legislación colombiana está dada para los grandes monopolios, grandes empresas trasnacionales, porque ya las empresas nacionales son muy pocas. Entonces nosotros no vemos una legislación que diga: "para el pequeño minero esto", entonces eso es lo que nosotros hemos llamado como la puerta giratoria, porque desafortunadamente el que legisla en Colombia lo vemos después administrando empresas trasnacionales o ejecutando cargos en empresas privadas. (Guillermo M., comunicación personal, 27.07.2019)
Otros mineros participantes del estudio coinciden con denunciar esta práctica denominada puerta giratoria, que evidencia cómo estas empresas multinacionales hacen uso de estrategias que orientan el actuar del Gobierno nacional respecto de los usos de los territorios y de la política minera en el país, que terminan afectando a los pequeños mineros. En este sentido, los participantes reconocen una importante tensión entre la gran minería y la minería tradicional realizada en las dos zonas estudiadas. La queja recurrente por su parte, en relación con las dificultades para adelantar la formalización, puede resultar sintomática de la manera como esta pretende realizarse; y la idea de un potencial vínculo entre el Estado y el sector privado, mediado por intereses económicos, es lo que parece estar en la base de este continuo reclamo. Un participante manifestó, a propósito de esto, que "Las estrategias que ellos han utilizado es votar al Gobierno para que legisle a favor de ellos, así no más, porque nosotros no estamos atacando la multinacional, estamos acusando al Gobierno, que viene acosando contra la minería nacional" (José M., comunicación personal, 08.02.2020).
El impacto negativo de lo anterior sobre las formas de producción tradicionales se evidencia en que el proceso de extracción del oro a pequeña escala se ve comprometido por regulaciones y disposiciones gubernamentales, que modifican unas formas de producción arraigadas cultural y socialmente, imponiendo estándares que desatienden los modos tradicionales de trabajar en minería, y la relación que las comunidades mineras tienen con la mina, el territorio y sus vínculos comunitarios.
Para allanar el camino a la entrada de las grandes empresas mineras al territorio, el Estado se vale de mecanismos normativos, uno de ellos es el asociado a la formalización como principio de homogenización y regulación de diversas formas de trabajo. Los requerimientos para la formalización resultan costosos para los pequeños mineros y funcionan, en algunos casos, como obstáculos para la realización de la labor minera, lo que desestimula, paradójicamente, el mismo proceso de formalización que, desde el discurso oficial, está dibujado como ventajoso para quienes lo lleven a cabo.
Pues para la minería legal, dice el Gobierno, que hay que tener un ingeniero o geólogo, un contador, un asesor jurídico, ingeniero ambientalista, un poco de requisitos que un pobre minero que saque de la mina el mineral en una carreta, de pronto con dos de sus hijos, qué va a ser capaz con todos esos requisitos. (Gonzalo M., comunicación personal, 08.02.2020)
Entonces con la empresa que tenemos es mejor tener la mina informal que formal... esa cantidad de cosas que hay que hacer... los requerimientos. [Hace] por ahí mes y medio, vinieron de la Agencia Nacional Minera... vea y una cuestión así de requerimientos pa' contestar, que usted necesita un contador, que usted necesita un ingeniero ambiental, necesita un geólogo, necesita no, no, no hasta abogado y todo necesita. (José M., comunicación personal, 08.02.2020)
Para algunos de los mineros entrevistados, el problema no consiste tanto en la llegada de la gran empresa, sino en la aparente equidad que el Estado promulga al exigirle a esta y a los pequeños mineros tradicionales los mismos requisitos para el proceso de formalización del empleo y de la actividad extractiva, asunto que resulta engañoso puesto que, como ya se mencionó, estos últimos no tienen la capacidad económica ni técnica para responder a tales requerimientos. Por eso, algunos consideran que lo justo sería un trato diferencial en las exigencias para la formalización.
Discusión
Formalizar: entre la seducción y la violencia
Nuestro estudio ha arrojado que, en lo referente al proceso de formalización, el Estado ha querido gobernar al minero tradicional y a su labor de extracción aurífera independiente, mediante la entronización de un discurso que condena la informalidad, y de una serie de prácticas persecutorias respecto de esta, que también ha sido evidenciada en otros estudios (Bedoya, 2017; Ortiz et al., 2017). No podemos sostener que la preocupación por la formalización laboral sea algo exclusivo de la racionalidad neoliberal, pero lo que sí hemos de señalar es que algo ha cambiado: mientras que el Estado social, propio de la racionalidad liberal, asumía gran parte de la responsabilidad por la provisión de empleos estables y formales; el Estado neoliberal se desprendió de esta y le impuso al individuo la carga económica y técnica de su formalización. En otras palabras, es el sujeto mismo quien asume la responsabilidad por su empleabilidad y, por tanto, por su formalización.
Aunque Laval y Dardot (2013), Brown (2016) y Lorey (2016) aluden a la manera como el sujeto neoliberal es conminado a que se haga cargo de su empleabilidad, estos autores no resaltan el problema de la lucha neoliberal contra la informalidad, ni debaten cuáles podrían ser los fines que esta forma de gobierno busca cuando, por un lado, hace a cada individuo una empresa y, por otro, lo obliga a formalizarse.
En el caso de la pequeña minería en Colombia, resulta bastante claro que las políticas estatales promueven lo que en esta investigación llamamos problematización de entrada. En este sentido, hallamos que el Estado y, en general, el gobierno neoliberal, introduce discursos seductores frente a la formalización, que la presentan como una necesidad, y se configuran como regímenes de verdad, en términos foucaultianos. La formalización es una estrategia de control sobre las formas de producción, por eso, el Estado hace aparecer al minero de hecho como un agente empresarial que puede encargarse de la maximización del beneficio, la eficacia de la producción, la regulación laboral y la tributación.
Además, el Estado también hace una problematización de proceso, a partir de la cual se ataca de manera violenta al minero tradicional, informal e independiente, tratándolo como ilegal. Así que el análisis que hace Brown (2016; 2020), tanto en El pueblo sin atributos como en Las ruinas del neoliberalismo, resulta acertado a la hora de comprender lo que sucede con los pequeños mineros colombianos. Efectivamente, esta autora muestra que el neoliberalismo no fue introducido, como algunos autores lo sostienen, de manera seductora y pacífica; sino que el sur global ha sido objeto de una violencia desmesurada con el fin de imponer las políticas neoliberales -pri-vatizadoras, de debilitamiento del Estado, oligopólicas, de autorresponsabilización del ciudadano, de autogestión laboral, etc.-. Byung-Chul Han (2014; 2016) también resalta el aspecto de la violencia de la positividad que trae consigo el neoliberalismo. Sin embargo, la identifica como una violencia que, en un sentido, es elegida por el sujeto que decide adherirse al seductor dispositivo de positividad neoliberal.
Como hemos señalado, para el caso de la pequeña y mediana minería en Colombia, en muchas ocasiones los mineros no han regularizado el ejercicio de su labor por dificultades para el cumplimiento de los requisitos exigidos (Goñi et al., 2014), cuya onerosidad y altas exigencias técnicas resultan ser excesivas y desbordadas frente a sus capacidades reales, tornándose en barreras que los excluyen de su ejercicio, a lo que se suma la ausencia de políticas para hacerlo factible (Arias et al., 2017; Ortiz et al., 2017).
Así, hay un desconocimiento y desajuste de la norma frente a la realidad del minero de hecho en el país (Ortiz et al., 2017), con lo cual se terminan imponiendo violentamente las lógicas de la formalización, en un escenario en el que la minería tradicional ha tenido un lugar histórico y se ha constituido en la principal fuente de subsistencia de miles de familias colombianas (Goñi et al., 2014; Güiza, 2013). En la producción académica sobre el contexto del país, vemos cómo la informalidad se ha asociado a las trabas institucionales para la formalización (Salcedo-Pérez; Moscoso-Durán; Ramírez-Salazar, 2020); y que las iniciativas formalizadoras, que han emergido sistemáticamente, no han logrado resolver dicho problema (Farné, 2015; 2020).
Tanto nuestro estudio como los de Brown (2016; 2020), muestran que la violencia con la que son atacados los mineros tradicionales proviene de afuera (del Estado, las instituciones y la gran empresa minera), que ellos no la eligen, y que es usada como medio de presión para que abandonen la tradicionalidad y se dediquen a otro oficio o a ser empleados de la empresa minera. Adicionalmente, para este caso, vemos surgir una suerte de violencia del requisito, asociada con una serie de exigencias impuestas por el Estado, de tipo legal, técnico y administrativo, para forzar la formalización del pequeño minero, pero, como hemos señalado con insistencia, difícilmente este puede cumplir (Goñi et al., 2014; Ortiz et al., 2017), así que es forzado a abandonar su oficio, con las consecuencias de precarización de la vida que ello trae.
La formalización neoliberal
Como lo hemos afirmado, el neoliberalismo usa la formalización como estrategia de gobierno, en el sentido en que, mediante un régimen de discursos, prácticas y violencias, fuerza a los sujetos a formalizarse, en nuestro caso a los pequeños mineros, que tienen que asumir los costos y consecuencias de hacerlo o, en su defecto, abandonar la actividad extractiva independiente, es decir, existe lo que podemos denominar formalización neoliberal -diferente a la formalización liberal en la que los asume el Estado-.
Ahora, podemos identificar otra ruptura entre estas dos formas de gobierno: en la liberal, el trabajo estable traía consigo la formalización laboral. Efectivamente, antes de la década del ochenta del siglo pasado, periodo de emergencia y auge de los discursos neoliberales, ya existían estos procesos, pero con otras características. La imagen ideal para entender el trabajo formal es la producción fordista con su pretensión de infinita calculabilidad, que se convirtió en paradigma y modelo de la producción en Occidente. Bajo los principios del fordismo se materializó una serie de garantías para el trabajador (horarios definidos, descanso, vacaciones, cubrimiento en salud, etc.), fruto de las conquistas que habían configurado un campo de lucha y reivindicación desde el siglo XIX (Arango; Bedoya; Muñoz-Duque, 2021; Castel, 1997; 2013; Rancière, 2017).
Sin embargo, para el caso de la minería de hecho en Colombia, que ha sido históricamente independiente, el esquema fordista de empleabilidad no resulta adecuado, sino que consideramos que ha sido objeto de lo que denominamos formalización neoliberal, puesto que se circunscribe en los principios básicos de la gubernamentalidad neoliberal: que el sujeto organice su vida bajo el modelo empresarial (sintiéndose una empresa), que el empresario de sí mismo opere cotidianamente bajo la norma de la competencia, que haga de su vida capital humano y que, por tanto, asuma los costos de existir como empresa (Bedoya, 2018; Brown, 2016; Laval; Dardot, 2013).
En este contexto, se entiende que las políticas estatales quieran que el minero tradicional se conduzca como empresario minero y, con ello, asuma el costo de empresarializar su actividad extractiva. Sin embargo, al exigirle el cumplimiento de un conjunto de requisitos administrativos, técnicos y económicos de difícil cumplimiento, el minero empresario de sí termina siendo excluido, empobrecido y precarizado. Así, el Estado desestimula formas de producción local, introduciendo el discurso de la informalidad-formalidad como la matriz a partir de la que emergen nuevas posibilidades económicas que benefician a las grandes empresas, y que le permiten problematizar las formas tradicionales de producción minera.
Por esto, sostenemos que, para el caso de la minería de hecho, el proceso de formalización, tanto de la actividad minera como del empleo minero, produce precarización de la vida, en la medida en que obliga al minero a dejar de serlo, ya sea porque se reconvierte (abandona la minería para dedicarse a otra actividad ajena para él), o porque deja de ser independiente y se hace empleado para la empresa minera.
Nuestros hallazgos al respecto encuentran una fuerte resonancia con la idea elaborada por Lorey (2016) y Butler (2006; 2010; 2017a; 2017b), respecto a que el neo-liberalismo precariza al sujeto para gobernarlo, y conducirlo a asumir el imperativo de convertirse en empresario de sí mismo y los costos totales por el aseguramiento ontológico. Gobernar al ciudadano manteniéndolo en una incesante sensación de inseguridad es la estrategia central del neoliberalismo. La precarización del pequeño minero produce su exclusión del sistema productivo aurífero.
El problema de la equidad y la igualdad
Lo expresado hasta ahora nos introduce en otro problema que nuestro estudio pudo evidenciar: el de la equidad y la igualdad en el régimen neoliberal. Como lo han mostrado autores que hacen una analítica de nuestro presente (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2007; Laval; Dardot, 2013; 2017; Lorey, 2016), el neoliberalismo hace una denodada transformación terminológica que tiene intenciones prácticas al desterrar la noción de justicia social y encumbrar la de equidad. Esta última es entendida como "la garantía de que todos los ciudadanos tienen derecho a jugar desde un 'punto de partida mínimo'" (Castro-Gómez, 2010: 189). Así entendida, conceptos como igualdad y justicia son modificados en su naturaleza. De hecho, el neoliberalismo no combate la desigualdad, pues la considera necesaria en cuanto despliega en el sujeto la creatividad y lo impulsa a adoptar o asumir una actitud de competencia, lo que significa también que, solo manteniendo las condiciones de desigualdad, la economía puede mantenerse firme.
Otro tanto sucede con la noción de justicia. El neoliberalismo la desdibuja al reconducirla hacia la meritocracia y la igualdad de beneficios, supeditándola al logro personal, al éxito y al rendimiento, en otros términos, es una conquista del emprendedor, no un derecho que le asiste al ciudadano (Laval; Dardot, 2013). Además, esta gubernamentalidad, como lo sostiene Brown (2016), traduce la justicia a una terminología económica, lo que significa que es individualizada y economizada e, ineludiblemente, produce fuertes desigualdades sociales y precarización de la vida de los sujetos. Como lo afirma Lorey (2016: 75):
El arte de gobernar consiste en la actualidad en tender a un máximo de precarización (que probablemente no puede ser calculado con exactitud) correlativo a un mínimo de aseguramiento, y en hacer que el mínimo no caiga por debajo de ese umbral. El proceso de normalización de la precarización no significa en modo alguno la igualdad en la inseguridad. Dentro del marco de la gubernamentalidad neoliberal, no hay ninguna necesidad de terminar con las desigualdades, ni siquiera de instaurar una igualdad en la inseguridad. La lógica neoliberal tiene buenos motivos para no querer ninguna reducción, ningún fin de la desigualdad, porque juega con esas diferencias y se apoya en ellas para gobernar.
Este esquema que, mediante la individualización y la economización de la justicia y la igualdad, instaura el régimen de equidad, puede apreciarse en el caso de la minería de hecho. Efectivamente, como lo mencionamos en nuestros resultados, el Estado colombiano, al establecer una serie de requisitos de casi imposible cumplimiento para la extracción aurífera de estos mineros (Bedoya, 2017; Goñi et al., 2014; Ortiz et al., 2017), impone un claro sistema de jerarquización que beneficia a las grandes empresas y termina precarizándolos a ellos, a sus familias y comunidad.
Esto se ve lejano del ideal moderno liberal de justicia e igualdad para los ciudadanos, en el que las instituciones se pusieron al frente en la labor del "cuidado de las vidas precarias y de las subyugadas" (Butler, 2017a: 53). Proteger a los pequeños mineros no significa, necesariamente, minimizar las exigencias legales, técnicas, administrativas, ambientales, financieras, tributarias y laborales que se imponen a la minería en Colombia; pero el Estado tendría que reconocer, por un lado, que la política minera, particularmente en el caso de la formalización, produce desigualdad y precarización; y, por otro, que su labor es proteger a aquellos que resultan afectados con tal política, proveyendo la asistencia económica, técnica y educativa que reduzca la desigualdad producida.
Conclusiones
La primera conclusión que extraemos de la presente investigación es que la formalización no es vista como negativa en sí misma, lo que puede afirmarse a partir de las experiencias relatadas por los mineros tradicionales. Tampoco parece que el discurso en el que se sostiene la formalización carezca de amplia aceptación en la comunidad minera, en otras palabras, los mineros participantes consideran apropiadas las razones con las que se justifica el proceso de formalizar tanto su actividad extractiva como el empleo minero.
Sin embargo, a partir de los relatos escuchados, podemos identificar dos problemas referidos a la política de formalización, que se localizan en el corazón mismo del neoliberalismo contemporáneo. El primero alude a que se descarga sobre los hombros del minero el peso económico, técnico, administrativo de esta. Se lo deja solo y desprotegido. Así, el discurso seductor de la formalización es catapultado mediante una costosa práctica de autorresponsabilización, con un carácter coercitivo y violento: o se asumen los costos de formalizarse individualmente o se pierde el trabajo. El segundo es que la formalización, aunque supone un conjunto de exigencias similares para las grandes empresas y para los pequeños mineros, introduce una notoria desigualdad entre unas y otros, puesto que estos últimos no logran responder a dichas exigencias de manera satisfactoria. Entonces, bajo la vulgata neoliberal de la equidad, se esconde una práctica denodada de generación de desigualdad e injusticia en contra de los mineros de hecho y de sus comunidades.
Sumado a esto, se identificó que la llegada de la gran empresa a los territorios mineros tampoco es vista negativamente. Esto no obsta para que los mineros entrevistados logren identificar dos serias amenazas en su incursión y en el proceso de formalización. De un lado, la desigualdad que las políticas mineras colombianas introducen pues, mientras que las exigencias técnicas, económicas y administrativas son cumplidas por las empresas mineras, que generalmente son multinacionales y verdaderos oligopolios, los mineros tradicionales no logran hacerlo, lo que los condena a ser tratados como ilegales, y a perder el oficio conocido y su fuente de ingresos. La consecuencia de esto es la precarización de su vida, de sus dependientes y de la comunidad. De otro lado, el reconocimiento de que la empresa no es un verdadero motor de desarrollo para las regiones en las cuales se asienta.
En esta línea, los mineros entrevistados sienten que, tras ese discurso, y mediante los requerimientos que la política de formalización impone, hay una intencionalidad clara: beneficiar a las grandes empresas y desestimular, cuando no destruir, la minería tradicional.
Finalmente, afirmamos que, aunque los mineros participantes tienen en la minería su fuente independiente de ingresos, ellos no pueden ser vistos, y menos tratados, como empresarios (emprendedores o empresarios de sí mismos, según el modo de subjetivación propio del neoliberalismo). En la selva de la competencia que esta forma de gobierno impone, los pequeños mineros siempre estarán en desventaja respecto de la gran empresa minera multinacional que lo que quiere -y que poco a poco logra con el favorecimiento de las políticas mineras colombianas-, es hacerse como única extractora del oro de nuestra nación, a expensas de las condiciones de vida de los mineros tradicionales y sus comunidades.
De acuerdo con esto, tal y como está diseñado el proceso de formalización de la actividad mineras y del empleo minero, la política estatal empobrece y precariza a los sujetos dedicados ancestralmente a la extracción aurífera y a sus comunidades.
