La construcción de paz desde lo local

En los estudios sobre construcción de paz existen por lo menos dos grandes formas de entender el giro local. En primer lugar, hay una versión orientada a hacer más eficientes las intervenciones derivadas de las políticas de construcción de paz a través de, entre otras medidas, mejorar la gobernanza local, fortalecer las instituciones y aumentar las capacidades administrativas (^{Ejdus, 2021}; ^{Piccolino, 2019}). Desde esta perspectiva no se cuestiona la necesidad o el tipo de política de construcción de paz, sino la manera como esta debería llegar a los entornos locales en tanto escenarios de implementación. Un aspecto central consiste en lograr legitimidad social al aumentar la participación y apropiación de las autoridades y comunidades locales frente a las políticas de paz (^{Leonardsson; Rudd, 2015}; ^{Piccolino, 2019}). Así, se necesitaría invertir más en la (re)construcción y fortalecimiento de lo local (instituciones, comunidades, actores), tomando como punto de partida la descentralización (^{Leonardsson; Rudd, 2015}).

Ahora bien, esta perspectiva encarna y reproduce las estrategias de la paz liberal (^{Richmond, 2006}). Tal enfoque ha sido cuestionado por perpetuar la agenda de paz promovida por instituciones internacionales, enfocada principalmente en la mejora de la gobernanza a través de reformas políticas, económicas e institucionales. Este acento hace que la perspectiva eficientista desatienda las necesidades de las comunidades locales a pesar de que, al menos programática y teóricamente, las ponga en el centro (^{Ejdus, 2021}; ^{Richmond, 2006}; ²⁰¹⁸). De hecho, a este enfoque se le critica que reduce lo local a un espacio de legitimación de políticas definidas y prediseñadas en otros escenarios -generalmente foráneos- (^{Leonardsson; Rudd, 2015}). Se le controvierte también la falta de claridad acerca de lo que entiende por local, pues ha facilitado la captura de las agendas de paz por actores con los capitales cultural, social y político, suficientes para posicionarse en los escenarios locales (elites o partidos políticos) o que cuentan con el saber profesional especializado para ejecutar políticas (^{Leonardsson; Rudd, 2015}; ^{Piccolino, 2019}). En este enfoque, lo local permanece en un nivel teórico o retórico, en tanto no se involucre en el diseño, planeación e implementación a los beneficiarios directos (^{Leonardsson; Rudd, 2015}).

Por el contrario, la apuesta del segundo enfoque del giro local en la construcción de paz se ancla en el reconocimiento de la agencia de las comunidades locales. Este incluye variaciones teóricas como la paz emancipatoria, la paz híbrida, la paz legítima o la paz popular, entre otras, pero, principalmente, reconoce la necesaria existencia de múltiples formas de hacer paz en lugar de limitarse a una sola práctica (^{Ejdus, 2021}; ^{Leonardsson; Rudd, 2015}; ^{Piccolino, 2019}). Lo local es visto como un conjunto de prácticas cotidianas, interacciones e iniciativas ejecutadas por individuos y comunidades, que impacta favorablemente y que conecta múltiples niveles, desde lo personal hasta lo internacional, en el esfuerzo por crear alternativas a la violencia (^{Leonardsson; Rudd, 2015}; ^{Mac-Ginty; Richmond, 2013}; ^{Piccolino, 2019}). Esta versión de la paz local enfatiza en los procesos de abajo hacia arriba, por lo que cualquier política de paz tendría que enfocarse en atender las necesidades de las comunidades y tener en cuenta su cultura y contexto específicos (^{Visoka, 2021}). El postulado fundamental consiste en afirmar que son individuos y comunidades locales quienes, en realidad, sostienen cualquier política de paz, especialmente porque, a través de sus prácticas cotidianas, ofrecen caminos que constituyen alternativas emancipatorias a la violencia (^{Leonardsson; Rudd, 2015}).

Este enfoque no ha estado exento de críticas. Se ha objetado la vaguedad y ambigüedad que persiste respecto de conceptos centrales como local y emancipación y, más importante aún, que carece de una definición clara sobre la paz sostenible a largo plazo. También se le cuestiona la tendencia a plantear relaciones dicotómicas como las diadas local vs. internacional, y procesos de arriba hacia abajo vs. procesos de abajo hacia arriba (^{Ejdus, 2021}; ^{Piccolino, 2019}; ^{Visoka, 2021}). Asumir lo internacional o externo como el factor dominante en las relaciones y lo local en el polo de la resistencia omite que, en contextos locales, también hay actores que pueden ejercer roles dominantes (^{Ejdus, 2021}), como es el caso de élites que capturan estratégicamente la implementación de políticas de paz (^{Piccolino, 2019}). Sumado a esto, se ha criticado por su romantización, pues las soluciones locales no son necesariamente buenas o mejores en sí mismas, y no siempre los agentes locales saben qué es lo mejor para ellos (^{Ejdus, 2021}).

Este artículo propone un diálogo entre las dos perspectivas e interrogarlas críticamente desde la experiencia empírica. Nos interesa analizar la intersección de ambas prácticas en torno a la construcción de paz en el norte del Cauca, con énfasis en el movimiento LGBT como actor que interactúa con el contexto social, institucional y político. Además, identificar cómo las personas y organizaciones LGBT conciben la paz, lo cual se relaciona con sus experiencias de vida en un escenario eminentemente rural y racializado en el que coexisten y persisten múltiples formas de violencia.

La perspectiva de la paz local, entendida en sus dos vertientes, nos permite prestar atención a lo institucional y su forma de entender y operacionalizar lo local, pero también a los actores que están por fuera del circuito institucional y que se organizan para reclamar sus derechos. Este enfoque posibilitará encuadrar sus articulaciones o distanciamientos con la paz como fue pactada en el Acuerdo, materializada en unos programas e instituciones, y entendida como una praxis cotidiana por construir futuros libres de todo tipo de violencias. Así, lo local o el territorio, desde ambas perspectivas, nos ofrece herramientas para analizar unas interacciones alrededor de la construcción de paz, tanto las derivadas del Acuerdo, como otras prácticas cotidianas que, enmarcadas en el reclamo de derechos y la búsqueda de la igualdad, pueden ofrecer alternativas a la violencia y consolidarse como prácticas efectivas de paz.

La construcción de paz desde las perspectivas LGBT e interseccional

¿Cuáles son las contribuciones prácticas y teóricas a la construcción de paz desde una perspectiva que tenga en cuenta las orientaciones sexuales e identidades de género diversas? Para responder a esta pregunta nos apoyamos en postulados teóricos recientes acerca de lo que sería la construcción de paz desde las orientaciones sexuales e identidades de género (OSIG) diversas (^{Ritholtz; Serrano-Amaya; Hagen; Judge, 2023}), tratando de involucrarnos para aportar desde la historia situada del movimiento LGBT en Colombia y, más concretamente, desde el reciente desarrollo organizativo en el norte del Cauca. Buscamos identificar cómo las personas LGBT experimentan el conflicto violento, y cómo construyen paz (^{Hagen, 2021}). Con esto, esperamos propiciar colaboraciones con otras prácticas transfeministas que trabajan en pro de la erradicación de toda forma de violencia, y con otras agendas que buscan la equidad de género.

El punto de partida consiste en comprender que el contexto de cierre de un conflicto violento a través de una negociación política, así como las políticas y prácticas en torno a la construcción de paz, ofrecen una ventana de oportunidad para avanzar en la protección de derechos, en el reconocimiento de las diversidades (sexuales y de género), y en la erradicación de toda forma de violencia. Por las posibilidades que se abren para una mayor inclusión y protección frente a violencias basadas en las orientaciones sexuales e identidades de género, los contextos de posconflicto son propicios para tener este tipo de conversaciones sociales, aunque persista la oposición de sectores conservadores (^{Hagen; Daigle; Myrttinen, 2021}; ^{Serrano-Amaya, 2013}).

Para aprovechar al máximo esta posibilidad transformadora del cierre del conflicto, y siguiendo a ^{Ritholtz et al. (2023)}, consideramos útil entender la construcción de paz desde la perspectiva LGBT alrededor de cuatro dimensiones: lo documental, para reconstruir los caminos individuales y colectivos de los activismos de personas con OSIG diversas; la conexión entre campos, en el sentido de articular las discusiones feministas y LGBTI; la crítica epistémica LGBTI, desde la cual se orienta la comprensión de cómo la paz es vivida por personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, lo cual implica reconocer, por ejemplo, que en la zonas rurales estas personas pueden no tener una identidad diversa tan definida (^{Giraldo-Aguirre, 2018}); y reconocer el potencial transformador de la mirada LGBTI, en tanto las contribuciones de este enfoque pueden favorecer no solo a las disidencias sexuales y de género, sino también a la sociedad al preguntarse por la manera como se redistribuye el poder durante la transición (^{Ritholtz et al., 2023}).

Desde otra arista, se propone retomar la interseccionalidad como apuesta teórica y metodológica para "dar cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder" (^{Viveros-Vigoya, 2016}: 2). Este asunto ha sido extensamente desarrollado desde el feminismo afroestadounidense con autoras como bell hooks, Audre Lorde y Angela Davis, entre otras; por parte de pensadoras chicanas como Norma Alarcón, Chela Sandoval, Gloria Anzaldúa; y por latinoamericanas como María Lugones, para señalar la invisibilización de sesgos de raza y género en el sujeto mujer, planteado desde el feminismo blanco hegemónico (^{Viveros-Vigoya, 2016}).

Los análisis interseccionales son múltiples en sus perspectivas. Para los fines de este artículo se retoma lo propuesto por ^{Viveros-Vigoya (2016)} para entender las relaciones sociales como situadas en distintos órdenes y configuraciones históricas, en los que diferentes sistemas de opresión interactúan bajo las categorías de raza, clase, género y, debemos añadir, heterosexualidad obligatoria. Esta comprensión se aleja de considerar que las dominaciones se suman lineal-mente para crear mayores desigualdades, sino que tales categorías se actualizan mutuamente, se producen diferencialmente y se confieren significados variables según las posiciones individuales y colectivas. Esto remite al reconocimiento de que "nuestras identidades se construyen a través de la intersección de dimensiones múltiples" (^{Lugones, 2005}: 68). Incluir la perspectiva interseccional en el análisis permite no homogenizar la experiencia de las disidencias sexuales y de género, sino evidenciar las diversas desigualdades que experimentan en la ruralidad colombiana.

^{Lugones (2005)} le añade otra capa al concepto de interseccionalidad al proponer que estas opresiones no solo se cruzan, sino que se fusionan sin posibilidad de separación, ante lo cual enuncia la necesidad de instaurar resistencias a las opresiones múltiples. Es allí donde se pueden formar coaliciones como una apuesta política desde estas resistencias. Dicha apuesta, mediante la creación de círculos resistentes, pondría en diálogo identidades o posiciones no dominantes múltiples y situadas históricamente (^{Lugones, 2005}). La lógica de la coalición, enmarcada en la visibilización de experiencias de opresión ocultadas dentro del feminismo, permite apostar por fortalecer "alianzas y solidaridades que se deben anudar con otros movimientos sociales que defienden los intereses de los grupos minoritarios" (hooks como se citó en ^{Viveros-Vigoya, 2016}: 13) sin jerarquías ni priorizaciones.

Mirada nacional: el movimiento LGBT y la construcción de paz

Lo que luego sería el movimiento LGBT surgió como movimiento de liberación homosexual en la década de 1970. Para 1980, la despenalización de la homosexualidad y la epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) fueron los parteaguas para su crecimiento, aunque aún no se articulaba nacionalmente (^{Castillo-Vargas, 2018}). Entre 1993 y 2007 se logró una serie de victorias legales para proteger los derechos de personas homosexuales discriminadas institucionalmente (^{Bueno-Hansen, 2020}; ^{Rojas, 2012}). Entre 2007 y 2016, las batallas legales se enfocaron en la igualdad de derechos para parejas del mismo sexo y el reconocimiento de los impactos diferenciados sufridos por personas LGBT en el conflicto armado (^{Bueno-Hansen, 2020}).

Entre la producción existente sobre el movimiento LGBT en Colombia enfatizamos en la experiencia de Planeta Paz, fundamental para su consolidación en el país. Este proyecto, financiado por el Gobierno noruego e implementado por ILSA entre 2000 y 2007, le apuntó a promover el aporte de sectores sociales populares al proceso de diálogo en San Vicente del Caguán para generar una agenda de paz desde la sociedad civil que alimentara las conversaciones bilaterales (^{Castillo-Vargas, 2018}). Esta experiencia es mencionada en varias investigaciones como el punto de articulación como colectivo del movimiento LGBT en Colombia (^{Bueno-Hansen, 2020}; ^{Castillo-Vargas, 2018}; ^{Giraldo-Aguirre, 2018}; ^{Serrano-Amaya, 2013}). Planeta Paz convocó a 12 sectores: afrocolombianos, indígenas, ambientalistas, campesinos, cívico-comunales, comunicaciones, culturales, jóvenes, mujeres, sindicalistas, solidarios y el, apenas por crearse, LGBT. Este último fue conformado por 63 activistas provenientes de 11 ciudades.

El primer encuentro nacional del sector se realizó en 2001, en el que, además, se adoptó el acrónimo LGBT como forma de nombrar esta alianza.

En el segundo encuentro en 2003, con representación proveniente de 16 ciudades del país, se definió la agenda de paz del movimiento bajo el lema: "El cuerpo, primer territorio de paz", acogido por todos los sectores como insignia del proyecto. Esta exploración permitió conocer la pluralidad de nociones sobre el territorio, las violencias diferenciadas y la experiencia de la guerra para personas LGBT (^{Castillo-Vargas, 2018}). Las violencias vividas sobre los cuerpos eran profundamente diferentes y, sin embargo, era común que este fuera un territorio violentado por distintos sistemas de opresión: el Estado, la familia, la guerra o la Iglesia (^{Serrano-Amaya, 2013}).

En esta línea, entender el cuerpo como territorio de paz plantea reconocer nociones amplias de paz, más allá del freno a la violencia armada. Sobre el cuerpo se ejercen violencias sutiles en lo cotidiano que tienden a pasarse por alto y normalizarse. Afirmar esta constancia es reconocer el continuo de violencias que viven las personas con OSIG diversas, y que se manifiesta desde la cotidianidad pacífica hasta la degradación de la guerra contra lo diferente.

Planeta Paz albergó las primeras discusiones sobre identidades y formas de nombrar al naciente movimiento. Su articulación permitió un alcance nacional y la integración al debate de personas bisexuales y transgeneristas, que no habían alcanzado la visibilidad de sus contrapartes, hombres gais y mujeres lesbianas (^{Castillo-Vargas, 2018}). A pesar de las tensiones internas y externas que no se hicieron esperar, esta experiencia funcionó como un laboratorio de paz en la convivencia entre los sectores populares, incluso después del rompimiento de las negociaciones en el 2002 (^{Castillo-Vargas, 2018}; ^{Serrano-Amaya, 2013}).

Después del 2007, la idea de una agenda de paz se debilitó y se priorizaron las demandas respecto a las políticas de la identidad (^{Serrano-Amaya, 2013}). Sin embargo, dicha experiencia se mantiene como un punto nodal para afirmar la íntima relación del movimiento LGBT con la construcción de paz e, incluso, como un momento decisivo para su consolidación colectiva. Desde el ámbito organizativo, se reconoce que la experiencia permitió fortalecer las capacidades de incidencia en lo regional y lo local. "En Bogotá, Medellín y Cali, este proceso de fortalecimiento sentó las bases para que, desde 2005 y hasta la actualidad, se iniciara la formulación e implementación de políticas públicas para los sectores sociales LGBT en estas ciudades" (^{Serrano-Amaya, 2013}: 62). Dichas políticas han proliferado en la última década y su desarrollo sigue vinculándose con el fortalecimiento y consolidación del movimiento LGBT a nivel nacional (^{Bueno-Hansen, 2020}).

Desde 2016 en adelante se presentan dos tendencias que parecen contrarias, pero guardan relación. Ese año, se precipitó una "reacción política y religiosa conservadora" (^{Bueno-Hansen, 2020}: 5) como consecuencia de los masivos avances previos en la representación política e igualdad de derechos para personas LGBT. El país estalló por la ideología de género, al centro de la polémica por las supuestas cartillas que "imponían en los manuales de convivencia [de los colegios] actitudes de la comunidad LGBTI" (^{Zamora, 2016}: s.p.), y que fue usada como caballo de Troya de la campaña por el "no" en el plebiscito por la paz. La defensa del orden familiar y la moral tradicional por parte de sectores de élites conservadoras resultó en la renuncia de la entonces ministra de Educación, una mujer lesbiana, y en la victoria del "no" en la refrendación popular del AFP.

Este clima político de deslegitimación de la participación política y aumento de la violencia, prejuicios y discriminación hacia activistas LGBT ha ido en aumento en Colombia y en los países vecinos, en lo que parece corresponder a una derechización de América Latina. El esfuerzo de formulación, aplicación y seguimiento a las políticas públicas LGBT que se había realizado en el Gobierno de Juan Manuel Santos, se abandonó desde 2018 en el de Iván Duque. Aún más, "el clima político actual demuestra una reacción impulsada por la élite hacia todas las poblaciones históricamente excluidas que han avanzado en sus luchas por el acceso a la ciudadanía plena" (^{Bueno-Hansen, 2020}: 5).

Del otro lado del espectro, se logró la participación histórica de representantes de organizaciones LGBT en las negociaciones de paz, y la subsecuente inclusión de un enfoque de género y diferencial en lo acordado. Aún con los ajustes después de la victoria del "no", que eliminaron una parte importante del lenguaje inclusivo y el énfasis en población LGBTI, el Acuerdo incluyó 122 medidas sensibles al género en su texto final (^{Grupo de Género en la Paz - GPAZ, 2021}). Las tres principales entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) han incorporado no solo el enfoque de género, sino medidas especiales para discernir y reparar los impactos diferenciados que esta población ha sufrido en el conflicto armado. Varias activistas se han articulado a estas entidades como funcionarias o consultoras. A nivel nacional y local han aumentado las candidaturas y la elección de candidatos y candidatas abiertamente homosexuales, bisexuales o trans en cargos de elección popular. Más recientemente, en el estallido social de 2021, las organizaciones trans fueron importantes referentes de lucha y resistencia política desde la performatividad en el espacio público con el uso del voguing y el transformismo, lo que les costó ser víctimas de la brutalidad policial que plagó las protestas.

Según ^{Castillo-Vargas (2018}: 79), si bien Colombia cuenta con "uno de los marcos normativos más completos de la región [en temas LGBT]", es patente la brecha entre la legislación progresiva existente y la realidad que viven las personas LGBT día a día. Las investigaciones coinciden en afirmar que no se puede equiparar el avance jurídico formal con el acceso de derechos en la cotidianidad, situación especialmente crítica para personas en entornos rurales, con frecuencia racializados y empobrecidos. El movimiento LGBT continúa diversificándose y aglutinando otras agendas en las que se evidencian cada vez más las diferencias de clase, raza, etnia e identidades; las vías sociales escogidas para el cambio (lo institucional vs. la lucha cotidiana); las formas de autonomía y autogestión; y el nivel de acceso a la ciudadanía plena. Este colectivo también pide un giro hacia lo local, que pueda ver desde la interseccionalidad las diferentes opresiones que desafían diariamente a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales disidentes.

Mirada local: breve panorama en el norte del Cauca

Aunque la trayectoria del movimiento LGBT en Colombia no se puede homogenizar pues reúne experiencias distintas, es seguro afirmar que su inicio y consolidación se ubicó principalmente en entornos urbanos, y esto en parte puede explicar su reciente llegada al Cauca. Su trabajo y logros se han desarrollado principalmente en las capitales del país, con nodo en Bogotá, por lo que hay poca información disponible sobre su historia en las zonas rurales. La literatura consultada y las entrevistas realizadas han arrojado que, para este departamento, tanto en áreas rurales como urbanas, no hay registros locales sistematizados del movimiento, sino que su historia permanece dentro de las memorias de líderes y lideresas de las organizaciones. Con esa aclaración, esta sección esboza algunas relaciones entre la consolidación del movimiento LGBT en el Cauca y el desarrollo de la política institucional asociada.

Como bien lo ilustran ^{Castillo-Vargas (2018}) y ^{Bueno-Hansen (2020)} para el caso nacional, los avances en el plano jurídico e institucional han sido claves para la profundización de las luchas de los diferentes grupos de este colectivo. Sus victorias han sido producto del cabildeo, presión social y política que representantes y organizaciones LGBT han realizado. Por ejemplo, ^{Castillo-Vargas (2018)} recuerda que la experiencia de Planeta Paz -leída desde la articulación popular- llevó a la consolidación de mesas de trabajo LGBT en todo el país. Tal fortalecimiento contribuyó a que se iniciara la formulación de políticas públicas para dicha población en las principales ciudades de Colombia desde 2005. La primera de estas se promulgó en Bogotá en 2009.

Por supuesto, estos avances alcanzaron más tardíamente al Cauca, hogar de una larga tradición colonial, religiosa, abolengos familiares, linajes políticos conservadores y, al tiempo, de algunos de los movimientos sociales y procesos organizativos más fortalecidos del país. A esto se suma que no ha habido un involucramiento tan claro del movimiento LGBT de este departamento con las agendas de paz. No se niega que las organizaciones tengan un posicionamiento político frente al conflicto, por ejemplo, al comprender que existe un continuo entre las violencias cotidianas y las derivadas del contexto de guerra, sino más bien que el involucramiento con temas de paz a nivel local y nacional no hace parte, necesariamente, de sus objetivos organizativos inmediatos. En todo caso, actualmente también existen organizaciones que, de forma explícita, vienen incluyendo temas de paz en sus agendas, como los derivados del AFP, gracias, en parte, a su trabajo conjunto con organizaciones del orden nacional, como se demostrará más adelante.

En Popayán se creó en el 2014 la mesa departamental intersectorial e interinstitucional de diversidad sexual e identidades de género, conformada por instituciones gubernamentales del nivel regional (^{"En Popayán, reconocimiento y defensa de derechos para comunidad LGBTI", 2014}; ^{Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, 2016}). Esta figura mutó en 2018 para pasar a las mesas de diversidad sexual con elección democrática de sus representantes, en los niveles departamental y municipal. Su función es la "concertación, coordinación, asesoría y consolidación de las políticas concernientes a la población con OSIGD del departamento del Cauca" (^{Decreto 1739, 2022}). La elección más reciente sucedió en diciembre de 2022.

El desarrollo en política pública LGBT en el Cauca, aunque tardío, ha permitido el surgimiento de articulaciones entre las organizaciones del movimiento, sobre todo en Popayán. Existen alrededor de 20 organizaciones de población LGBT, ocho de las cuales se encuentran en la capital departamental³. Algunas funcionan más como redes colectivas sin programas o, incluso, sin nombre. Otras tienen una trayectoria de trabajo consolidada, como la Fundación Eres, liderada por Érika del Río, la primera mujer abiertamente transexual en Popayán, que lleva trabajando 29 años en esta línea; o la Fundación Quilichao Diversa (Funqui Diversa) con más de 10 años en funcionamiento. Se encontró que varias de estas colectividades empezaron a visibilizarse o a consolidarse en 2018, coincidiendo con el llamado institucional que se hizo a partir de la creación de las mencionadas mesas de diversidad sexual, entre las que se aprobó en primer lugar la de Santander de Quilichao (^{"Primera mesa de diversidad sexual aprobada en el departamento del Cauca", 2018}).

El 2016 también fue un año importante para la historia local ya que se celebró la primera marcha en conmemoración del Día Internacional por la Dignidad LGBTI en Popayán. Teniendo en cuenta que la primera en el país se realizó en Bogotá en 1982, su llegada tardía al Cauca habla paralelamente de la centralización del movimiento en la capital, así como de los prejuicios y obstáculos que persisten a nivel regional, en una sociedad conservadora, para permitir que las disidencias sexuales y de género reclamen el espacio público.

No obstante, la presencia de colectividades LGBT en el departamento no ha dependido solamente de los avances institucionales. Las investigaciones del Colectivo Viraje⁴ en Villa Rica y Mercaderes dejan entrever que en lo rural ya sucedían manifestaciones colectivas de disidencias sexuales desde mucho antes, como el primer reinado municipal LGBTI celebrado en Mercaderes, al sur del Cauca. Este fue oficiado a puerta cerrada porque apenas dos años antes habían asesinado a Laisa, "la única travesti del pueblo" (^{Colectivo Viraje, 2018}: 15). En 2012 el reinado ya era intermunicipal, pero seguía buscando ocultarse "para evitar los rumores de estar promoviendo el homosexualismo" (^{Colectivo Viraje, 2018}: 15). Para 2022 se habían celebrado tres reinados y una integración LGBT (en 2018), con restricciones.

El estallido social del 2021 también marcó un hito para este movimiento en el Cauca. El paro nacional de ese año convocó diversas manifestaciones en apoyo a los reclamos de la sociedad civil que fueron reprimidos violentamente por las fuerzas policiales. El movimiento trans ocupó un lugar fundamental para protestar desde las expresiones artísticas y adquirió visibilidad a nivel nacional. La investigación de campo encontró que en Popayán se dio a conocer el trabajo de organizaciones de personas con identidades en tránsito como el Colective Trans Aliades, transfeministas como Furia Marica, y de trabajadoras sexuales trans como Mariposas Negras Colectiva.

Articulación (con lo) institucional

El proceso de fortalecimiento anterior también coincidió con la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016. Si bien no se puede afirmar que el movimiento LGBT del Cauca deba su emergencia y consolidación a las políticas derivadas de este acuerdo, sugerimos que sí se ha nutrido y beneficiado de aspectos directamente relacionados. Así se puede entender el impacto simbólico que tuvo el proceso de negociación y el Acuerdo en todo el país y, por ende, en el Cauca. En efecto, uno de los aspectos más destacados del proceso de paz es que sea el primero en el mundo en incluir de forma explícita el enfoque de género, y que se haya invitado a organizaciones sociales LGBT a la mesa de negociaciones. En este sentido, se expresó un investigador de este tema:

La inclusión de un enfoque de género no tiene precedentes, buscó fundamentalmente sí crear condiciones para mujeres, pero también a personas con identidades y orientaciones sexuales diversas. El enfoque de género se convirtió en una realidad, en un elemento transversal que estuvo incluido en todo el acuerdo. (...) El hecho de que en un acuerdo se haya incluido como un principio y con una especificidad es de reconocer que fue un logro. (Caribe Afirmativo, comunicación personal, 04.08.2022)

El movimiento LGBT, gracias a su lucha y a la de movimientos feministas, ha venido fraguando un ambiente más propicio para su participación en escenarios públicos. La apertura que dio el Acuerdo debe ser entendida a la luz de esas luchas históricas. Respecto a la construcción de paz, ya se sumaban hitos históricos como el de Planeta Paz y la inclusión en la Ley 1448 (2011) o ley de víctimas. Además, la arquitectura prevista para la implementación de dicho acuerdo a nivel territorial ha abierto escenarios de participación en políticas de paz que buscan crear un ambiente de mayor inclusión, no obstante, no han conducido a logros más concretos. Esto se debe tanto a problemas propios de su diseño, como a dinámicas institucionales que sus entidades y políticas derivadas heredan o son incapaces de transformar.

Por ejemplo, las mesas de diversidad sexual funcionan como espacios de encuentro primigenio para reconocerse entre la población diversa del Cauca y conocer sus acciones en cada municipio. Por su afiliación institucional, este espacio queda acotado a unos sentidos particulares de la política y lo político, que terminan por delimitar los matices y posibilidades de agencia de las organizaciones en la ruralidad. El Colectivo Viraje se refiere esto como una lógica paradójica: "son espacios de encuentro y también de restricción" (comunicación personal, 24.01.2023). Por su parte, las organizaciones experimentan esta inclusión dentro de la política pública como un requisito institucional que tiende a instrumentalizar su participación, a supeditarla a fechas conmemorativas o expresiones carnavalescas, y a captar identidades.

Algo similar ha venido sucediendo en políticas, planes e instituciones relacionadas con el Acuerdo. Algunas organizaciones critican que instituciones a todo nivel fomentan una participación limitada, instrumental cuando les conviene, en lugar de una participación "efectiva, real y sustancial que pueda transformar las realidades o los imaginarios colectivos que hoy hace que tengamos un acceso reducido al ejercicio de nuestra ciudadanía plena" (Caribe Afirmativo, comunicación personal, 04.08.2022). La instrumentalización se deriva de entender los compromisos del Acuerdo como algo que las instituciones deben cumplir formalmente. Se ejecutan acciones para satisfacer metas e indicadores, pero no para contribuir a garantizar los derechos de personas con OSIG diversas (Lideresa LGBT, comunicación personal, 24.08.2022; Lideresa LGBT, comunicación personal, 11.06.2022). Así, las prácticas institucionales relacionadas con la implementación del Acuerdo no se distinguen mucho de lo que viene pasando, de manera general, con la puesta en marcha de políticas públicas sobre la diversidad sexual.

En este sentido, identificamos por lo menos dos problemas que ya venían desde el Acuerdo. Primero, a las disposiciones de género les faltó mayor concreción y definición, lo que ha dejado vacíos respecto a sus implicaciones prácticas. Ejemplo de esto es que las nociones de enfoque diferencial y enfoque de género no se definieron claramente. Su interpretación ha quedado a discreción de funcionarios y funcionarias. La misma falla se reproduce en la implementación de aspectos más concretos como el diseño de las iniciativas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que aluden de forma general al enfoque de género, pero no especifican cómo los proyectos pueden realizarse para mejorar la satisfacción de los derechos de personas con OSIG diversas. Incluso, varias de las iniciativas dirigidas a esta población han tendido a guetizarse, es decir, a encasillarse en ciertos estereotipos asignados principalmente a hombres gais y mujeres trans, como reinados de belleza, festividades o actividades culturales, negocios de peluquería, consumo de drogas y trabajo sexual (Caribe Afirmativo, comunicación personal, 04.08.2022; Instituto Kroc, comunicación personal, 26.08.2022).

Un segundo problema de diseño es la falta de claridad acerca de la articulación institucional para la implementación, bien sea entre distintos niveles territoriales (nación, departamento, municipio), o incluso interinstitucional a escala territorial. Esta ausencia de coordinación y articulación institucional dificulta la implementación efectiva de las disposiciones de género al fomentar, entre otros, enfoques institucionales contradictorios, y la centralización excesiva de las acciones en la capital del país o en las capitales departamentales (Caribe Afirmativo, comunicación personal, 04.08.2022; Instituto Kroc, comunicación personal, 26.08.2022; Líder LGBT, comunicación personal, 24.08.2022).

Las disidencias sexuales y de género en el posacuerdo

La primera dificultad es la casa, luego la sociedad, las amenazas de grupos armados, conseguir estudio, conseguir trabajo, la salud. (...) El peligro de salir del closet está por todas partes. De la sociedad que nos critica. De los grupos armados ilegales. De los grupos armados empresariales, las empresas de seguridad. Y de los grupos armados legales, el Ejército. (...) El conflicto y la guerra lograron que la gente se encajonara tanto que no saliera del closet. Había miedo a que te sacaran del territorio. (Líder LGBT, comunicación personal, 12.05.2022)

Durante las entrevistas individuales y colectivas conducidas para esta investigación, los relatos de victimización y persecución armada se entrelazan con recuerdos de exclusión de las comunidades originarias, desplazamiento bajo amenazas de muerte, destierro familiar, rechazo laboral y de amistades, prohibición de entrada a instituciones estatales, denegación de atención en hospitales, encarcelamiento bajo cargos falsos, trabajo sexual forzado, y ataques solo por ocupar el espacio público en la propia piel.

Los procesos transicionales permiten la inclusión social de temas poco aceptados, como la diversidad sexual y de género (^{Serrano-Amaya, 2013}). Sin embargo, las aperturas democráticas en el posconflicto pueden endurecer los mecanismos de control social sobre la sexualidad como una manera de restaurar un orden social y moral transgredido (^{Colombia Diversa, 2020}; ^{Serrano-Amaya, 2013}). La violencia contra esta población "no empieza ni termina en la guerra, sino que hace parte de un continuum de violencias fundado en las mismas lógicas heteronormativas y sexistas" (^{Colombia Diversa, 2020}: 40). En contextos bélicos, las violencias armadas se encadenan a aquellas ejercidas por instituciones estatales, privadas, en la familia, la escuela, la Iglesia, la propia comunidad, entre tantos otros lugares.

Organizaciones LGBT caucanas como Tehiunca⁵ y Caloto Diverso han percibido la reconfiguración de la guerra en el territorio después de la salida de las FARC-EP como actor armado. La expansión de las disidencias de esta guerrilla, la llegada de nuevos actores armados en el crimen organizado, la ampliación de las economías ilegales y el aumento del reclutamiento a jóvenes de las comunidades se mencionan como factores que avivan disputas territoriales en las que la población civil queda atrapada. Líderes de estas organizaciones han recibido amenazas o han sido perseguidos por actores armados, resultando desplazados. Estas afectaciones se agudizan en las zonas rurales, donde confluyen estas dinámicas.

Por el conflicto los municipios han sido acorralados. Argelia y Balboa están muy amenazados. Los grupos estatales, el Ejército, son un riesgo para la comunidad LGBT. Ellos no se pueden desarrollar bien por ese peligro. La fuerza pública sí nos ha señalado de militantes y de guerrilleros. Todos los días nos victimizan. (Líder LGBT, comunicación personal, 12.05.2022)

El sistema de información de violencia contra personas LGBT en Colombia, consolidado por Colombia Diversa, reporta un total de 1830 hechos de violencia⁶ contra personas LGBT entre noviembre de 2016 y diciembre de 2021, de los cuales 75 se presentaron en el Cauca (^{Colombia Diversa, 2022b}). Este fue el cuarto departamento a nivel nacional con más homicidios (frecuencia neta) hacia personas con OSIG diversas, después de Antioquia, Valle y Bogotá; y el tercero con la tasa de homicidios LGBT más alta después de Arauca y Amazonas. Los contextos de conflicto armado persistentes profundizan la violencia contra esta población. Igualmente, fue el tercer departamento con mayor registro de violencia en contra de personas trans en 2021, con ataques contra cinco mujeres y cinco hombres (^{Colombia Diversa, 2022a}). La misma organización alerta sobre el subregistro de casos no denunciados y la dificultad de acceder a información de calidad, transparente y desagregada por calidad de la víctima, lo que restringió detalles en su caracterización, hechos, motivaciones y victimarios.

Históricamente, la visibilización que conllevan los papeles de liderazgo ha traído mayor riesgo para la población LGBT (Caribe Afirmativo, comunicación personal, 04.08.2022). Como compartió una lideresa de Santander de Quilichao: "[el liderazgo] hace que empiecen a conocernos. Eso nos pone en riesgo a [mí y a mi pareja]. Nosotras no nos acostamos tranquilas. Escuchamos cómo nos jalan la puerta" (comunicación personal, 24.08.2022).

La violencia contra activistas y liderazgos LGBT tiene profundos impactos psicosociales, físicos, socioeconómicos, comunitarios y sociopolíticos (^{Comisión de la Verdad, 2022}). En la dimensión colectiva afectaron el fortalecimiento de sus procesos organizativos y la conformación de redes de apoyo internas y externas (^{Caribe Afirmativo, 2019}). En el posacuerdo, también "han fomentado un clima de miedo y una disminución del activismo" (^{Bueno-Hansen, 2020}: 33). Estos efectos han aparecido recurrentemente durante la investigación en las trayectorias individuales y colectivas.

El conflicto armado también tuvo muchos impactos en desarticular procesos. De hecho (…) a nivel nacional fracturó procesos identitarios personales y colectivos. Fracturó por ejemplo de que ya no se realizaran ciertas actividades en algunos territorios que lideraban personas LGBTI, y si tú fracturas esos procesos, fracturas una conformación colectiva. (Caribe Afirmativo, comunicación personal, 04.08.2022)

[Mi compañera] fue autoridad indígena. Nosotras estamos siendo un referente no solamente hacia afuera sino hacia adentro, porque muchos indígenas que son población [LGBT] no han podido salir. O quienes han salido se han tenido que ir a vivir a Cali para poder ser quienes son. (Lideresa LGBT, comunicación personal, 24.08.2022)

Las personas entrevistadas refirieron la desarticulación de procesos organizativos, proyectos individuales truncados, proyectos colectivos pausados o ralentizados. La persistencia del conflicto armado y el escalamiento de violencias en el posacuerdo son variables adicionales que permiten encuadrar la consolidación, relativamente reciente, del movimiento LGBT en el Cauca, además de las aperturas institucionales ya propuestas con la política pública LGBT y el Acuerdo. No es fortuito que el desplazamiento de los lugares de origen, generalmente hacia cabeceras municipales, aún se vea como la única opción en lo rural para poder vivir libremente la sexualidad y el deseo. Pero hay signos de cambio. Según otra lideresa LGBT de Santander de Quilichao:

desde la perspectiva de la construcción de paz se ha posibilitado esa libertad de expresión en los espacios rurales, es algo paulatino por las barreras culturales, pero ya no hay tantos miedos de tener que salir del territorio para proteger la vida. (comunicación personal, 31.01.2023)

Permanecer es también una decisión política.

"Los invisibles son los que no se cuentan": la interseccionalidad en la ruralidad

El enfoque diferencial al llevarlo a la realidad es difícil. No hay una identificación de la población [LGBT], no se sabe cuántas personas hay. Es difícil incluirlas sin conocer quiénes son. Nosotros decimos que están los invisibles, que son los que no se cuentan, los que no se sabe quiénes son. La comunidad LGBT más grande está en lo rural, son invisibles. No asisten a las reuniones, no participan, no salen. (Líder LGBT, comunicación personal, 12.05.2022)

Los invisibles están sin estar. Existen, pero sus existencias parecen irrelevantes para el Estado. No hacen parte de las estadísticas, no son contados. Las historias de las personas LGBT se han comprendido desde las políticas del no-saber, también llamadas de invisibilidad, que "consisten en ignorar a las personas más maltratadas y a las instituciones y personas que se benefician de explotarlas" (Nordstrom como se citó en ^{Colombia Diversa, 2020}: 20). Su invisibilización imposibilita conocerles y articularles al debate público. Impide escuchar sus voces, recontar sus experiencias, incluirles en la toma de decisiones.

Si las historias de las personas LGBT habitan el reino de la invisibilidad, sus expresiones en lo rural parecen aún más inaccesibles. Como pudimos constatar en la investigación, poco se habla sobre las organizaciones LGBT rurales del Cauca. Esto responde, en parte, a que el movimiento inició y se consolidó fuertemente en entornos urbanos, mestizos, cisgénero y con trayectorias educativas universitarias. Su agenda inicial estaba orientada, principalmente, desde la experiencia citadina y avanzó hacia victorias como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Sin embargo, estas conquistas no tienen eco en los territorios rurales, donde urge el acceso a otros derechos, como la cultura, la educación, el trabajo para asegurar la subsistencia, y el reconocimiento como parte de la comunidad. Ser LGBT en lo rural pasa por atender tales necesidades, oscurecidas por el descuido estatal, la marginalización y la estigmatización de estos territorios (^{Bueno-Hansen, 2020}; ^{Caribe Afirmativo; Colombia Diversa, 2019})

El trabajo de investigación y activismo del Colectivo Viraje es quizás el que más le ha apostado a visibilizar las experiencias de las disidencias sexuales y de género en entornos rurales del departamento del Cauca. Se refieren a "las ruralidades maricas, apelando a las diferencias étnico-raciales, las posiciones de clase y las jerarquías generacionales, dando cuenta que las preguntas por el sistema sexo-género son simultáneamente preguntas por los variados lugares que ocupamos en el mundo" (^{Colectivo Viraje, 2019}: 47). Al respecto plantean que:

pareciera que [ser lesbiana, gay, bisexual, trans] solamente fuera posible en lo urbano. (...) La visibilidad para muchas personas siempre ha estado marcada por la violencia, en algunos casos también por la migración. Hay mucha gente que se va en algún momento por la estigmatización o por el rechazo que vive en los lugares donde vive y generalmente la ciudad se piensa como un lugar donde son posibles estas experiencias. Pero también ha habido mucha gente muy fuerte que ha asumido este reto de ser marica, de ser travesti, de ser lesbiana en el pueblo. Eso también ha permitido que haya gente más joven actualmente con una posibilidad de ser visible y se esté parando desde allí para hablar y para organizarse comunitariamente, ya sea en el cabildo, en el consejo comunitario o en la junta de acción comunal. (Colectivo Viraje, comunicación personal, 24.01.2023)

Como se pudo constatar en esta investigación, hablar de diversidades sexuales y de género en comunidades indígenas, afro y campesinas conlleva mucha estigmatización, por razones diferentes y apelando a estereotipos particulares asociados a la sexualidad, el racismo y la homofobia. Dada la información a la que fue posible acceder en el trabajo de campo, nos referiremos aquí puntualmente al caso de las comunidades indígenas en el norte del Cauca, sin buscar homogenizar su experiencia con las de otros procesos sociales en el departamento. Este tema ha sido explorado previamente en este territorio por investigaciones como las de ^{Granados (2016)} y ^{Colorado y Sinisterra (2014)}, las cuales sugieren que las identidades que tensionan la cisheteronormatividad parecen ser más transgresoras cuando las enuncian personas con identidades étnicas y raciales. Ambos estudios muestran con datos cualitativos las relaciones de desigualdad a las que se enfrentan grupos sociales subordinados, como los indígenas y los afrodescendientes, entrecruzadas con la homosexualidad como fuente paralela de exclusión (^{Colorado; Sinisterra, 2014}; ^{Granados, 2016}).

Desde el movimiento juvenil Álvaro Ulcué, parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), se ha dicho que reconocerse como persona con OSIG diversas ha obstaculizado su participación comunitaria dentro del movimiento indígena (Colectivo Viraje, comunicación personal, 24.01.2023; ^{Granados, 2016}). Sumado a esto, en algunas cosmovisiones indígenas colombianas, las sexualidades disidentes son vistas como una enfermedad o un castigo, que pide curarse con medicina tradicional o aplicar penas como el destierro (^{Colorado; Sinisterra, 2014}; ^{Gomajoa; Calambás; Sánchez-Anacona; Serna, 2023}; ^{Orejuela-Mesa; Collazos-Cayapú, 2022}). A veces este destierro es autoimpuesto, como en el caso de uno de los líderes de una organización LGBT de Caloto, quien decidió salir de su territorio para poder expresar su sexualidad libremente (comunicación personal, 12.05.2022).

En respuesta a estas desigualdades, se ha gestado una mirada disidente que retoma elementos de la cosmogonía indígena para reclamar su cabida tanto simbólica como práctica en la participación de los procesos organizativos comunitarios. Algunos jóvenes nasa y misak están resignificando la lectura de la diversidad sexual, usando los mitos fundacionales y los instrumentos de autoridad.

Isxkwe Sxlapun sintió tristeza en su corazón y la preocupación llegó a su mente. Sintió sueño y durmió profundamente. En su sueño se le apareció Ksxa'w, quien entregándole dos piedras le aconsejó que las tragara. Al despertar lo invadía una gran felicidad. Buscó las piedras y las tragó. Entonces sintió como en su vientre palpitaba la vida y su barriga empezó a crecer. Sxlapun se había embarazado. Él se pudo embarazar porque era ser masculino (sxla: hombre) y femenino (pun: mujer). (^{Orejuela-Mesa; Collazos-Cayapú, 2022})

Este relato de la creación nasa, narra la creación de vida en un cuerpo donde cohabitan lo femenino y lo masculino. Similarmente, el taita Miguel Tróchez, misak, recuerda que ni el bastón de mando, ni la espiral que guía la cosmovisión de su pueblo, tienen género. Al contrario, concluye que "la pelea que se tiene que dar dentro de las comunidades es para que nos entiendan y nos acepten, que sepan que nosotros existimos (...) y que hacemos parte de las comunidades" (^{Gomajoa et al., 2023}: s.p.).

Transversalmente, las ruralidades maricas trastocan las formas rígidas y más o menos fijas de pensar las diversidades sexuales y de género instaladas desde lo urbano.

En la ruralidad uno conoce gente que hace minería, gente que cosecha café, gente que también ha tenido su descendencia. Se piensa en unas formas muy concretas de las disidencias sexuales y de género y la ruralidad lo que hace es romper [esto]. No es cumplir el mandato de la heterosexualidad, sino que muchas personas toman la decisión de construir una familia. Muchas mujeres lesbianas que en su momento tuvieron hijos o muchos hombres gais que trabajan, no sé, raspando coca. (Colectivo Viraje, comunicación personal, 24.01.2023)

La "norma implícita", como identificó Viraje en su paso por Mercaderes, es que "maricas, locas, machorras, cacorritos o cacorritas, como los denominan, son aceptables en tanto no perturben el orden, no traspasen los límites de lo posible y lo visible, y asuman lugares que no tensionen las dinámicas del pueblo" (^{Colectivo Viraje, 2018}: 17). En otras palabras, que sigan siendo invisibles. Las organizaciones de disidencias sexuales y de género en el Cauca desafían cada vez más esa invisibilidad, con todos los riesgos asociados. Para resaltar sus aportes al movimiento desde lo rural, y en un contexto marcadamente interétnico, se necesita una mirada interseccional. Esta debe permitir reconocer tanto las diversas opresiones paralelas que aprietan sus cuerpos en veredas y pueblos, acallándoles y, en ocasiones, forzándoles a buscar libertad en las ciudades, como sus esfuerzos por abrir espacios para vivir en paz y reclamar sus derechos desde lo local.