PARAMILITARISMO EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
CRIMEN ORGANIZADO Y MERCADOS DE VIOLENCIA*

PARAMILITARIES IN THE CITY OF BARRANQUILLA.
ORGANIZED CRIME AND VIOLENCE MARKETS

Luis Fernando Trejos Rosero**
Aura Violeta Posada Ramírez***

* Este trabajo es fruto de la investigación "Conflicto y postconflicto en la región caribe colombiana", auspiciada por la Universidad del Norte.

** Doctor en Estudios Americanos con mención en Estudios Internacionales (IDEA/USACH). Profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte (Colombia). Investigador asociado del Instituto de Altos Estudios de América Latina y el Caribe, Universidad del Norte. Miembro de los Grupos de Investigación "Agenda Internacional" y "Conflicto y postconflicto región caribe colombiana "de la Universidad del Norte. trejosl@uni-norte.edu.co

*** Licenciada en Ciencias Sociales y Filosofía, Universidad Simón Bolívar (Colombia). Magíster en Ética Social y Desarrollo Humano, Universidad Alberto Hurtado (Chile). aposadar@misena.edu.co

Fecha de recepción: febrero 2014
Fecha de aceptación: agosto 2014

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo hacer una aproximación -a partir de teorías explicativas del crimen organizado-, a los medios y fines utilizados por el paramilitarismo, más específicamente por el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia en la ciudad de Barranquilla. También se busca demostrar que la presencia del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla (Colombia) no obedeció a una estrategia contrainsurgente sino a sus estrechos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

Palabras clave: Paramilitarismo, mercados de violencia, crimen organizado, violencia, mafia.
Clasificación jel: K49.

ABSTRACT

The aim of this article is to develop an approximation from explanatory theories of the organized crime, to the ways and ends used by paramilitaries, more specifically by the Frente Jose Paul Díaz of the Northern Block of Autodefensas Unidas de Colombia in Barranquilla. Also one seeks to demonstrate that the presence of the paramilitaries in Barranquilla, did not obey to a anti-insurgency strategy but to its narrow links with drug trafficking and organized crime.

Keyword: Paramilitarism, markets of violence, organized crime, violence.
jel Codes: K49.

1. APROXIMACIONES TEÓRICAS AL FENÓMENO PARAMILITAR

En el caso colombiano se hace necesario diferenciar los conceptos de autodefensa y paramilitar, ya que estos han venido siendo utilizados indistintamente para referirse al fenómeno del paramilitarismo en Colombia. En la academia, los medios y la sociedad en general, salvo casos muy puntuales, como los de Kalyvas y Arjona (2008), Ldojal (2002) y Cubides (1999), han sido pocos los esfuerzos por lograr una conceptualización rigurosa sustentada en un marco teórico sólido.

Lgojal (2002) define a "la autodefensa" como una organización de vocación armada, aunque no todos sus miembros porten armas o participen en acciones violentas. La autodefensa es una organización de carácter eminentemente defensivo, local o regional y quienes la integran tienen una vocación distinta a la militar. Como en el caso de las autodefensas campesinas, conformadas por campesinos que se arman para defenderse de un agresor externo. Este autor le confiere cierto nivel de legitimidad a este concepto, de ahí que sostenga que distintos actores armados hagan uso de esta denominación para encuadrar a una pluralidad de formas organizativas que tienen poca relación entre sí. Para Lgojal, el concepto es usado con fines de propaganda, ya que: "con autodefensa se pretende legitimar un fenómeno, y con paramilitar, deslegitimarlo" (p. 303).

En el actual contexto colombiano es muy difícil hablar de autodefensas, ya que su carácter ofensivo y sus dinámicas de control y expansión territorial ligadas a intereses económicos particulares, materializados en la predación de los mercados ilegales y la captura de las rentas locales por medio de violencia, los asemejan más a organizaciones mafiosas o a ejércitos privados.

Con respecto al "paramilitarismo", Kalyvas y Arjona (2008) realizan una amplia revisión teórica sobre términos como: milicias, grupos de autodefensa, escuadrones de la muerte y vigilantes, y concluyen que, en algunos contextos, todos se refieren al mismo objeto, pero en otros, denominan aspectos que pueden tener alguna relación pero que se diferencian entre sí. Ponen como ejemplo el caso de Perú, donde se utiliza la denominación paramilitar para referirse a los grupos de limpieza social, los escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada y grupos de autodefensa; pero también para hablar de la represión estatal en contra de civiles opositores (Manitzas, 1991).

Es importante señalar que Kalyvas y Arjona (2008), Ldojal (2002) y Cubides (1999) coinciden en afirmar que la mayoría de estos grupos se relacionan directa o indirectamente con el Estado, especialmente en el marco de procesos contrainsurgentes. Un aspecto en el que no hay acuerdo teórico es con respecto al grado de autonomía de estos grupos frente al Estado, es decir, si hay una dependencia estructural o una independencia tolerada o supervisada.

Para el caso colombiano, dicha autonomía queda de manifiesto en la entrevista que concediera en 1991 Fidel Castaño, fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), a Alejandro Reyes; en esta entrevista, Castaño afirma:

Nunca he combatido al gobierno ni tampoco he recibido colaboraciones especiales del ejército. Sólo conseguí que me dejaran actuar tranquilo y no interfirieran en mi lucha. Cuando el gobernador de Córdoba o el alcalde de Montería me piden alguna colaboración económica o de maquinaria o el ejército un novillo para alimentar a las tropas, yo siempre les colaboro. (Reyes, 2009, p. 95)

En el mismo sentido, en 1999, Carlos Castaño (hermano menor de Fidel y su sucesor al frente de las ACCU), como vocero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en entrevista sostenida con Alejandro Reyes, sostuvo que:

A mí el secuestro de mi padre me llevó a participar, junto con otros 100 hombres, en entrenamientos que se daban en el Batallón Bomboná. Cada vez había más civiles del lado del ejército por las alianzas que este promovía (...) Hubo autodefensas ilegales cuando eran legales. Las ilegales eran toleradas por las Fuerzas Armadas si hacían actividades antisubversivas, pero cuando no lo hicieron se inventaban acciones y mataban gente inocente. Nosotros estábamos por una causa antisubversiva y al ver la degradación de las autodefensas de Henry Pérez, decidimos salirnos de la región. El padre de las autodefensas fue el Coronel Alejandro Álvarez Henao. (Reyes, 2009, p. 100).

La relación (directa o indirecta) con el Estado es un elemento constitutivo del paramilitarismo, así como también lo son: 1) la existencia de una oposición política armada o un contexto social complejo, que sea percibido como una amenaza real al orden de cosas que dicen defender; 2) limitaciones estatales en temas legales por presiones internacionales, restricción de recursos materiales para defender los intereses que defienden estas organizaciones; 3) son organizaciones con distintos grados de irregularidad en su accionar (Ldojal, 2002).

Para el desarrollo de este trabajo se entenderá como paramilitares a: "los grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal" (Kalyvas & Arjona, 2008, p. 29).

En Colombia, estas organizaciones son productoras de violencia paraestatal, ya que por su carácter ilegal y los objetivos que persiguen se establecen en forma paralela al Estado, es decir, no lo combaten, lo cooptan e instrumentalizan en función de sus intereses,¹ a diferencia de la insurgencia armada, cuya violencia contraestatal busca la destrucción de la institucionalidad estatal y su sustitución por una de tipo revolucionario.

2. DEBATE TEÓRICO EN EL MARCO DE LOS CONFLICTOS POSTGUERRA FRÍA

En este trabajo se utilizan las teorías que explican las guerras civiles post guerra fría desde variables económicas, debido a que si bien el fenómeno paramilitar tiene sus orígenes en la década de los sesenta del siglo pasado², sólo hasta 1998, con la fundación de las AUC, es cuando alcanzan sus mayores desarrollos económicos, políticos y militares y su mayor expansión territorial.

En los análisis realizados sobre los conflictos armados ocurridos a partir del final de la Guerra Fría, hay una línea de investigación que ha planteado el debate sobre las variables sociales, políticas y económicas presentes en las acciones armadas. Esta corriente teórica, conocida como "economía del conflicto", dirige sus argumentos en contra de las teorías que consideran que factores como la pobreza, la injusticia y la desigualdad social de las clases menos favorecidas son determinantes en el nacimiento, desarrollo y legitimación políticomilitar de la insurgencia. Para los investigadores de las economías de los conflictos armados, la clave de la organización y permanencia temporal de los actores armados ilegales radica en su capacidad de acceso a recursos económicos (Camacho, 2002).

Desde esta óptica, la motivación de los conflictos armados es irrelevante, ya que lo único importante es la capacidad de financiamiento de la organización armada. De este modo, sin desconocer las causas sociales y políticas que originan los conflictos, lo determinante para el sostenimiento temporal de las acciones armadas radica en la capacidad de los ilegales para acceder a recursos económicos (Collier, 2004).

Dentro de esta línea de investigación, Mary Kaldor (2001), Michael Hardt y Antonio Negri (2004) establecen un marco analítico para el estudio de lo que ellos denominan una nueva forma de violencia organizada, que aparece en la década de los ochenta, especialmente en Europa del Este y África. Estas "nuevas guerras globales permanentes" o "guerras degenerativas" se desarrollan en contextos de debilidad estatal, entre otras cosas por la pérdida del monopolio legítimo de la violencia. Esta situación se presenta por la integración militar global, por la privatización de la violencia relacionada con el crimen transnacional y el paramilitarismo, y por la creciente disminución de la legitimidad política del Estado en contextos de corrupción institucional, crisis fiscales y económicas.

Es por esto, que "los esfuerzos financieros de las nuevas guerras están asociados con el aumento de la predación local, por lo que las batallas son escasas y la guerra es dirigida principalmente contra los civiles. El nuevo tipo de guerra es, en gran medida, una condición social predatoria" (Kaldor, 2001, pp. 15-16).

En Colombia se destaca el trabajo de Rubio (1999), quien sostiene que en este país no existe diferencia entre delincuentes comunes y delincuentes políticos o paramilitares, ya que todos producen los mismos efectos en la sociedad; además, el accionar militar de las organizaciones paramilitares produce innumerables afectaciones sobre la vida y la propiedad, y sus ánimos rentísticos son los que determinan las prácticas que realizan.

En el mismo sentido, Salazar y Castillo (2001) utilizan la teoría de los juegos y la teoría económica del conflicto para sostener que el conflicto armado colombiano es el triste resultado de la acción local de actores armados y no armados, que se adaptaron a la supervivencia con elevados niveles de incertidumbre, poca solidaridad y ausencia de normas que regulen las relaciones entre los individuos. Estos autores sostienen que las guerrillas y los paramilitares nacieron en contextos de injusticia y violencia, pero esconden fines primordialmente económicos, de ahí que se beneficien más de la guerra que de la paz.

Sin duda, estas caracterizaciones resultan útiles, aunque no suficientes, pues obligan a no perder de vista la complejidad de las organizaciones paramilitares, y dan elementos para plantear nuevas categorías de análisis y obtener una mayor comprensión de la realidad colombiana. Otro componente al cual los analistas le han dado poca relevancia es la incidencia de las políticas de Estado sobre el paramilitarismo, políticas que han oscilado entre la connivencia y el tratamiento político.

Las teorías anteriores podrían servir para explicar de algún modo la longevidad de los actores armados ilegales colombianos y su permanencia y ascenso post-Guerra Fría, en el sentido de que el haber generado fuentes permanentes de financiamiento les ha permitido crecer y mantener sus estructuras armadas.

En este sentido, Echandía (2013) demuestra que la expansión paramilitar no se basó solo en lógicas contrainsurgentes, sino también en objetivos económicos principalmente ligados al control del narcotráfico. De hecho, este autor comprueba que su eje de despliegue estratégico se constituye desde las zonas de cultivo y los centros de procesamiento, pasando por los corredores que conducen hasta los puntos embarque. Más específicamente, las autodefensas buscaron consolidar una especie de línea fronteriza que separara al norte del centro del país, esto con el fin de controlar totalmente los cultivos y laboratorios ubicados entre Urabá (frontera con Panamá), Bajo Cauca, sur de Bolívar y el Catatumbo (frontera con Venezuela). Rodolfo Escobedo sintetiza lo antes expuesto:

A partir de esta franja, el Bloque Norte de las AUC manejó, hacia el norte, los corredores a la Costa Atlántica, Venezuela y Panamá, y en particular hacia el Chocó, el Urabá, Sucre, Bolívar, Atlántico, la Sierra Nevada de Santa Marta, así como la Serranía del Perijá y los límites entre Colombia y Venezuela, desde la Guajira hasta Norte de Santander, pasando por el Cesar. (Escobedo, 2011, p. 16)

Para entender las dinámicas del paramilitarismo en las ciudades, y especialmente en Barranquilla, hay que delimitar sus objetivos al control del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado³, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras. En varios casos, la infiltración de los cargos de elección popular como los concejos y las alcaldías, lo que en la práctica le proporciona grandes ganancias por efecto de la contratación pública que cooptan, impunidad judicial y la posibilidad de crear su propia red clientelar (Duncan, 2005).

En esta línea, el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla operó como una mafia (en el sentido clásico del concepto). Entendida esta como una forma superior de crimen organizado, que se basa en el cobro de un impuesto a cambio de protección a individuos u organizaciones y las actividades económicas que realizan (legales o ilegales indistintamente), es decir, son empresarios de la protección. Todo este esquema de protección se funda en la fuerza o la amenaza de su uso, en pocas palabras "quien no paga la extorsión es violentado automáticamente" (Gambetta, 2000; Serrano, 2005).

Este tipo de situaciones socio-delictuales también se conoce como "mercados de la violencia", para Elwert (2003), las sociedades de los Estados que no controlan el monopolio de la violencia tienden a fracturarse. En estos casos, la ideología se presenta como una cortina de humo, ya que la principal motivación de toda acción violenta es de tipo económico; en ese marco, toda adquisición de bienes o servicios se basa en la violencia o la amenaza de su uso. Los mercados de la violencia son muy rentables y pueden prolongarse durante largos periodos. Los actores armados, que son los ejes centrales de este sistema, actúan combinando la apropiación violenta con el intercambio pacifico. Los mercados de la violencia tienden a tener sus orígenes en el marco de conflictos con motivaciones no económicas, pero al final la violencia termina imponiéndose como un medio eficaz de maximizar ganancias.

En cuanto a su accionar político, vale la pena aclarar que en Ba-rranquilla no lograron someter o cooptar a las elites económicas ni a los barones electorales tradicionales como si sucedió en Santa Marta, Sincelejo y Valledupar (Pedraza & Olaya, 2011). En este sentido, sus dinámicas políticas en esta ciudad se encuadraron en el concepto de reconfiguración cooptada del Estado desarrollado por Garay y Salcedo (2012).

3. ANTECEDENTES

Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005), la presencia de crimen organizado en la ciudad de Barranquilla no es reciente; se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, momento en el cual operaron en la ciudad grupos dedicados a la mal llamada limpieza social. Al mismo tiempo, se conformaron organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto, y se asentaron en barrios periféricos como La Chinita, El Ferri y Rebolo. Con el tiempo, los miembros de estas bandas se dedicaron, entre otras cosas, a actividades relacionadas con el sicariato y llegaron a prestar sus servicios al narcotráfico y el paramilitarismo⁴.

El narcotráfico ha sido un elemento central de las dinámicas recientes de la violencia en Barranquilla. Es importante señalar que en los setenta, cuando la bonanza marimbera estaba en pleno desarrollo, muchos marimberos guajiros se trasladaron a Barranquilla. Para Sánchez (2003), la instalación del sicariato como práctica reiterada para el cobro de cuentas o la resolución de conflictos son una evidencia de su paso en la ciudad. De esta manera, hacia finales de los setenta e inicios de los ochenta se fue incubando toda una tradición sociocultural en torno al narcotráfico.

Si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano ni la sede de un cartel poderoso, sí ha sido un espacio utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país, por su privilegiada condición de puerto marítimo y desembocadura del río Magdalena. Precisamente, esta ubicación geográfica ha hecho de Barranquilla un punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos. Esto en un contexto social de alta tolerancia frente al contrabando y el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.

A mediados de los ochenta, se conforma el Cartel de la Costa, con centro de operaciones en Barranquilla y Santa Marta. En la segunda mitad de los noventa este cartel fue debilitado entre otros factores por el accionar de las autoridades y por la llegada a la región de nuevos agentes ilegales, entre los que se destacan representantes de los narcotraficantes del norte del Valle, quienes coparon los espacios dejados por el Cartel de la Costa; junto a ellos se hacen fuertes los contrabandistas y narcotraficantes de La Guajira (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

Hacia fines de los noventa, el control del crimen en la ciudad lo ejercía la banda de "Dino Meza", que según el diario El Tiempo: "era la dueña de las calles de Barranquilla, recogía por seguridad y extorsiones más de 10 millones de pesos diarios" (eltiempo.com, 2007). En 1999, llegaron a Barranquilla los primeros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enviados por Jorge 40; para ese momento, Dino Meza ya controlaba todas las actividades susceptibles de extorsión. Por esto 'Yair', el primer jefe paramilitar que operó en la ciudad, citó a Meza para que se uniera a las AUC y en dicha reunión este último fue asesinado. Desde ese momento en Barranquilla y el Atlántico hicieron presencia activa dos estructuras del Bloque Norte de las AUC⁵, más precisamente el "Grupo Atlántico" entre los años 2000 y 2003, y el Frente José Pablo Díaz (en adelante FJPD) entre los años 2003 y 2006⁶.

La importancia de Barranquilla en el despliegue de las AUC en el Norte de Colombia quedó en evidencia en la versión libre ante la fiscal de Justicia y Paz, del segundo hombre de las AUC en el norte de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), en la cual afirmó que el objetivo central de todas las acciones político-militares del Bloque Norte de las AUC era la captura de Barranquilla. Según Tovar Pupo, "meterse en el departamento del Atlántico era una obsesión de la casa Castaño" (Pedraza & Olaya, 2011, p. 191). Es necesario aclarar que en Barranquilla la presencia de los paramilitares no obedeció a un objetivo contrainsurgente, ya que las organizaciones guerrilleras nunca han tenido una presencia activa en la capital del departamento⁷, sino que, por el contrario, su expansión está ligada a las raíces históricas que los unen con el narcotráfico y al crimen organizado.

4. EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN

El proceso de expansión y consolidación del FJPD de las AUC se presenta entre los años 2003 y 2006 (año de su desmovilización). En este lapso, la estructura paramilitar del departamento del Atlántico estuvo bajo el mando de Edgar Ignacio Fierro, alias "Don Antonio"⁸.

Fierro siguió la misma estrategia de control social y expansión territorial usada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU); esta estrategia consistía en ganar el apoyo de la fuerza pública y las instituciones del Estado, establecer alianzas con políticos locales, instalar candidatos propios en corporaciones públicas y hacer ciertas inversiones económicas con el fin de construir bases sociales (Arcanos, 2007); el orden social que buscaba instalar el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla se dirigía hacia tres áreas específicas:

• La económica-social: busca ordenar y controlar las actividades económicas legales e ilegales, jerarquizando unas sobre otras y regulando las relaciones sociales que nacen de este ordenamiento.

• La política institucional: se centra en la eliminación de las fuerzas políticas opositoras, en la creación de nuevos actores y referentes sociales, políticos y organizativos, y en la implementación de mecanismos de control y coerción que regulen la convivencia social.

• La burocrática-administrativa: reglamenta las funciones y alcances de las instituciones públicas con respecto a sus intereses particulares y la gestión de los mismos (Sanguino, 2004).

El accionar violento del paramilitarismo en la capital del Atlántico se dirigió en contra de todas las personas, grupos u organizaciones que se opusieran o entorpecieran la construcción de este orden social. En la práctica, esto se tradujo en una significativa reconfiguración del escenario social, delincuencial y en menor medida el espectro político de esta ciudad.

El impacto social causado por la expansión y consolidación del FJPD en la ciudad de Barranquilla produjo un dramático aumento de la criminalidad y la violación de los derechos humanos en la capital del Atlántico, según verdadabierta.com (2011). Entre los años 2004 y 2006, esta estructura paramilitar cometió 1.664 homicidios. Con la llegada del FJPD, el desplazamiento forzado en Barranquilla pasó de 966 personas en 1999 a 6.297 en el 2000 y a 10.778 personas en el 2001.

Hay que resaltar que en estas cifras no se tienen en cuenta muchos homicidios cometidos por el FJPD y que fueron registrados como muertes comunes o no ligadas a la acción paramilitar, esta afirmación se desprende de declaraciones realizadas por don Antonio, en una diligencia judicial:

Don Antonio le contó a la fiscal que mensualmente se reunía en Cartagena o Santa Marta con los comandantes militares de las AUC de diferentes zonas. En esos encuentros, narró, cada comandante entregaba una relación de las bajas de sus respectivas zonas. Don Antonio dijo que la única regla que tenían que cumplir los paramilitares bajo su mando era la de no asesinar a más de tres personas a la vez, para evitar presión de los medios y las autoridades. (semana.com, 2007a)

5. MEDIOS Y FINES

La violencia paramilitar ejercida con el fin de lograr el control social, político y económico de Barranquilla se edificó sobre tres políticas específicas que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2011), denominó:

1. Discurso contrainsurgente. Para legitimar su accionar violento contra la sociedad civil de Barranquilla, los paramilitares instalaron un discurso anti-subversivo que sirvió como falso imaginario ideológico para perseguir a aquellas personas o grupos que en el desarrollo de sus actividades se dedicaban a la reivindicación de derechos sociales, económicos y culturales. Esta política, de homicidios selectivos o de violencia discriminada, era fruto de falsos, arbitrarios y descriteriados señalamientos realizados por miembros de la estructura paramilitar dedicados a labores de inteligencia.

Cabe destacar que el FJPD, en el marco de su actividad "contrainsurgente", desplegó una táctica ofensiva que consistió en amenazar, desplazar y asesinar a defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes, políticos de izquierda, sindicalistas, líderes comunitarios, miembros de las comunidades LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). Según verdadabierta.com (2012), sólo durante el año 2003 la persecución paramilitar contra los miembros de los sindicatos llegó a tal punto que amenazaron a 63 sindicalistas afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Anthoc, Sintrahoincol, Sintraimargra, Sintranaviera, Sutimac, Sintrabancol, Sinthol, Sintrainal Barranquilla, Sindicato de Galapa, Sintracarne, Sintraelecol, Atlco, Sintraelecol Corelca, Sutimac, Sintracolechera, Sintraagricola, Sintrago y Fecode.

2. Limpieza social. Este eufemismo se utilizó para justificar una serie de asesinatos que tenían como objetivo generar una percepción de seguridad en los sectores de la ciudad que eran extorsionados por el FJPD. Bajo esta política:

(...) el derrotero ideológico deja de inscribirse en el estadio de lo político para radicarse en lo ético moral manipulando estándares de normalidad y anormalidad dentro del conglomerado social. A diferencia de la política de homicidios selectivos, donde el enemigo se ubica en cabeza de aquellos señalados como auxiliares de la subversión, en la política de limpieza social el enemigo en sentido abstracto deja de ser político y se tiene por este a aquel que, supuestamente, ha cometido delitos comunes, consume estupefacientes o simplemente genera sospecha a la organización. (Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 2011., p. 151).

Por otro lado, la eliminación de la delincuencia común posibilita la regulación de la criminalidad en todos los niveles y la construcción del monopolio sobre ciertos delitos que producen un alto valor operativo, tales como: el sicariato, el secuestro, la extorsión, el robo de valores y el transporte y acopio de drogas y el lavado de activos. En este sentido, Duncan (2013) afirma que toda protección del narcotráfico implica una amenaza, ya que solo es posible ofertar protección cuando se está en real capacidad de amenazar. Una organización ilegal como la paramilitar, solo puede ofrecer una protección creíble cuando demuestra que tiene la suficiente fuerza para someter a otras organizaciones armadas.

3. Homicidio! retributivo!. En este caso, la muerte se asume como la consecuencia natural por el no pago de los tributos que el grupo paramilitar exige para sostener su actividad ilegal. En este punto cabe señalar que el eje central sobre el cual giró la dinámica paramilitar en esta ciudad fue la consecución de recursos económicos para el Bloque Norte.

Es por eso que según Pedraza y Olaya (2011), Don Antonio junto a Gregorio Mangones (Carlos Tijeras), conformaron "La Empresa", una estructura económica de tipo mafioso que tenía como fin la creación de un presupuesto estable que permitiera una operatividad continua del proyecto paramilitar por medio de la monopolización de mercados legales e ilegales a escala regional.

En el caso de Barranquilla, la extorsión a comerciantes se convirtió en una práctica común, según verdadabierta.com (2011), Oswaldo Calvano era el encargado del cobro del "impuesto" en el mercado público de la ciudad, del cual obtenían un aproximado de 50 millones de pesos mensuales. Otro gremio afectado directamente por la actividad extorsiva del paramilitarismo en Barranquilla fue el de los tenderos, quienes durante el año 2005 pagaron 3000 millones de pesos en extorsiones⁹ (eltiempo.com, 2005).

Pero la mayor fuente de ingresos de esta estructura paramilitar la constituyó el monopolio que ejercieron sobre la protección, transporte, acopio y control de puntos de exportación de cocaína. El encargado de las actividades relacionadas con el narcotráfico fue Miguel Villa-rreal Archila (Salomón), un subintendente retirado de la policía. En su versión libre, alias 'Salomón' confesó que, en asocio con miembros de la policía, entre los años 2003 y 2006 los narcotraficantes exportaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de cocaína. También afirmó que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto de entre 50 y 75 dólares. Según Salomón, por este concepto el FJPD recaudó más de dos millones de dólares anuales (verdadabierta, 2011b).

La revista Semana (2003) registró un hecho que dejó en evidencia la anterior información. En agosto de 2003, miembros de la Policía Nacional del departamento del Atlántico decomisaron 2 toneladas y media de cocaína que luego fueron devueltas a narcos del norte del Valle, previo pago de un soborno gestionado por el Bloque Norte de las AUC que era el encargado de la protección y transporte de la droga. En este departamento fue tal la colaboración de la Policía Nacional con el Bloque Norte de las AUC, que el diario El Tiempo en su edición digital del 4 de febrero de 2007, señaló que:

En Barranquilla empezó a decirse que la coca de los 'paras' se movía libremente por la ciudad. De hecho, el retiro de cinco oficiales de alto rango de la Policía Atlántico en los últimos tres años y la detención de 20 miembros de la institución están relacionados con escándalos como la devolución de tres toneladas de cocaína que habían sido descubiertas en un retén (eltiempo.com, 2007).

La actividad criminal desplegada por el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla fue favorecida por la complicidad de agentes estatales que, por simpatía, coerción o cooptación, facilitaron su expansión y consolidación. En esta ciudad se produjo una Reconfiguración Cooptada del Estado que, según Garay y Salcedo (2012), ocurre en contextos de corrupción avanzada, y presenta las siguientes características: 1) Participan individuos y grupos sociales legales e ilegales. 2) Los beneficios que persiguen no son solo económicos sino también de tipo penal y de legitimación social. 3) Por medio de la fuerza o la amenaza real de su uso establecen alianzas políticas que complementan o reemplazan la extorsión. 4) Afecta de distintas maneras todos los niveles de la administración pública.

Con estas características, la Reconfiguración Cooptada del Estado puede definirse como: "La acción de agentes sociales legales e ilegales, que mediante prácticas ilegales o legales pero ilegítimas, buscan sistemáticamente modificar desde dentro el régimen e influir en la formulación, modificación, interpretación y aplicación de las reglas de juego social y de las políticas públicas" (Garay & Salcedo, 2012, p. 36). Estas acciones son desarrolladas con el fin de materializar sus objetivos en el largo plazo y lograr la legitimación política y social de sus intereses, aunque dichos intereses no busquen el bien común.

Las interacciones desarrolladas por la comandancia del FJPD de las AUC y distintos agentes estatales escenifican un proceso de Reconfiguración Cooptada del Estado en la ciudad de Barranquilla. Con respecto a esto, Don Antonio ha reconocido en varias declaraciones públicas que tuvo estrechos vínculos con Gabriel Turizo, quien fuera director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en los departamentos de Atlántico y La Guajira. Don Antonio le pagó a Turizo 20 millones de pesos cuando este funcionario le informó que había varios operativos en su contra y era inminente su captura. Esta información posibilitó el escape del comandante paramilitar. En la misma línea, Don Antonio confesó que, con la ayuda de funcionarios de la Registraduría Nacional, sustrajo las fichas con sus huellas dactilares y toda la información que había sobre él en esa entidad. Así mismo, contó también que recibió ayuda del excongresista Pedro Peñalosa, suplente del también excongresista Jorge Luis Caballero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo. Don Antonio ha sostenido que el entonces congresista Peñalosa le había prestado su vehículo blindado oficial y que, además, le entregó carné para que sus hombres se hicieran pasar por guardaespaldas del parlamentario (semana.com, 2007a).

Estos hechos, ponen de relieve la debilidad de las instituciones estatales en el plano local, lo que permite la instrumentalización por parte de agentes ilegales, precisamente de aquellas instituciones cuya función primordial es el combate al crimen organizado (Arévalo & Ortega, 2013). Los hechos antes referenciados muestran como el FJPD logró que varias instituciones públicas de la ciudad de Barranquilla y del departamento del Atlántico estuvieran a su servicio.

6. EL ESQUIVO PODER POLÍTICO

Es importante destacar que si bien el paramilitarismo logró permear instituciones públicas en Barranquilla y cooptar por distintos medios a varios agentes estatales, en esta ciudad no lograron penetrar las estructuras políticas, ya que los barones electorales locales¹⁰, se resistieron a las alianzas con el paramilitarismo y no compartieron la administración pública con actores ilegales a diferencia de ciudades como Montería, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar en las que el Bloque Norte de las AUC se apoderó del poder político-administrativo¹¹.

Esta especie de pacto de "no agresión" tácito entre las elites políticas tradicionales de Barranquilla y el FJPD podría explicarse desde el planteamiento de Peter Waldman (1997), quien sostiene que muchas veces las elites no realizan los esfuerzos necesarios para terminar con la actividad criminal, ya que al superar el shock producido por la disputa y pérdida del control político y militar sobre una parte del territorio, se adaptan rápidamente a esta nueva situación y comparten la soberanía, especialmente cuando el porcentaje de recursos económicos y densidad demográfica presentes en el territorio "perdido" no afecta o amenaza su posición dominante y mantiene hacia el exterior una percepción de aparente legitimidad. Este tipo de situaciones es definida por Mauricio Romero (2007) como un "desorden duradero", es decir, "circunstancias en las cuales los gobiernos (en este caso locales) no son capaces de abordar la raíz de los problemas, pero tampoco dejan colapsar el sistema" (p. 453).

Pero el hecho de no haber logrado el control político de la ciudad no quiere decir que no lo intentaron. Curiosamente, la única fuerza política que tranzó con el FJPD fue el Movimiento Ciudadano, un movimiento de centro-izquierda, conformado por la convergencia de movimientos políticos como la Alianza Democrática M-19 y otros movimientos sociales de izquierda, que se agrupan en torno a la candidatura a la alcaldía de Barranquilla de Bernardo Hoyos, quien también recibió el apoyo de sectores liberales, como el movimiento Voluntad Popular del Senador Fuad Char.

La candidatura de Hoyos se construye sobre un proyecto político de tipo popular y progresista, convirtiéndose en el mayor opositor de los tradicionales barones electorales de la ciudad (José Name y Roberto Gerlein), con un discurso populista que denunciaba la corrupción y los abusos presentes en la ciudad causados por los antes citados. Esta nueva fuerza política popular y de izquierda, que se enfrenta a los caciques tradicionales, sale victoriosa y logra obtener en las elecciones de 1992 la alcaldía de Barranquilla, con Bernardo Hoyos, y la gobernación de Atlántico, con Gustavo Bell. Una vez terminado su periodo de gobierno, Hoyos logra "traspasar" electoralmente la alcaldía a un candidato de su mismo movimiento, Edgar George (1995-1997), y luego repite Hoyos en el periodo 1998-2000. El caudal electoral del Movimiento Ciudadano se ve afectado con el triunfo de Humberto Caiaffa (2001-2003), pero logra recuperarse con la victoria de Guillermo Hoenigsberg (2004-2007), este sería el último alcalde por ese movimiento en Barranquilla. Para este momento, salvo la primera elección de Hoyos, todas las victorias electorales del Movimiento Ciudadano contaron con el respaldo de José Name y en la elección de Guillermo Hoenigsberg fueron apoyados por los Gerlein (Caicedo, 2008).

Precisamente, durante la campaña electoral de Hoenigsberg el FJPD logra su ingreso a los espacios políticos de la ciudad. Carlos Mario García (Gonzalo), coordinador político del FJPD, ha contado públicamente que le entregó a la campaña de Hoenigsberg 2500 millones de pesos a cambio de su participación activa en la administración. Según el propio Gonzalo, el FJPD llegó a proyectar que el 40 % de la Alcaldía de Barranquilla sería suyo.

En esta ciudad, los intereses paramilitares se concentraron más en la captura y apropiación de las finanzas públicas que en la representación política. En este sentido, el medio usado para dicha captura fueron las concesiones, y se destacan las siguientes: concesión a Inversiones Los Ángeles para la gestión y recaudo tributario. La concesión la entrega inicialmente Bernardo Hoyos y posteriormente, en la administración de Hoenigsberg, Inversiones Los Ángeles cede la concesión a Métodos y Sistemas, tomada en parte por intereses privados y capitales ilegales.

La Monografía político electoral del departamento del Atlántico 1997-2007, realizada por la Misión de Observación Electoral y la Corporación Nuevo Arco Iris, sintetiza de la siguiente manera la forma como el Bloque Norte de las AUC y su FJPD intervinieron económica y políticamente la administración pública de Barranquilla:

- Concesión del recaudo de impuestos a privados: el alcalde de Barranquilla, Hoyos, da en concesión el recaudo de sus impuestos, a Inversiones Los Ángeles Ltda., por medio del Contrato de Con-sultoría GP-CM-CONS-001- 2000, cuyos accionistas principales eran el ex senador David Name y su entonces esposa, Albertina Guerra de la Espriella. - Cesión del contrato: Inversiones los Ángeles Ltda. cede el contrato de recaudo de impuestos a la empresa Métodos & Sistemas S.A.19 a finales de diciembre de 2003. - Cambio de socios del concesionario Métodos y Sistemas permitió que entraran socios y funcionarios presuntamente relacionados con Jorge 40. - Asesinato de socios del concesionario. Eduardo Losada (presidente de Métodos y Sistemas y quien presuntamente había sido quien entregó los dineros para la campaña de Hoenigsberg fue asesinado en junio de 2004. -Según confesión de alias Don Antonio los paramilitares obtenían del concesionario Métodos y Sistemas un aporte mensual de veinte millones de pesos para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)" (MOE - CNAI, 2008, pp. 47-48-49).

Con la financiación ilícita de la campaña de Guillermo Hoenigs-berg logran, posteriormente, afianzar sus alianzas políticas y electoral regionales; por medio de la coerción armada y el fraude electoral, los senadores Mauricio Pimiento, Alvaro Araújo y Dieb Maloof¹² obtuvieron el apoyo electoral de la administración de Hoenigsberg en Barranquilla y de la alcaldesa de Soledad Astrid Barraza (MOE - CNAI, 2008).

Precisamente, la Corte Suprema de Justicia compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al exalcalde Hoenigsberg, basándose en una declaración rendida los días 1 y 2 de agosto de 2013 por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Ante una comisión de fiscales delegados, en dicha declaración, Don Berna afirmó que:

(...) él era alcalde de Barranquilla, él estuvo en Santa Fe de Ralito, a él lo lleva un señor al que le hicieron un atentado del que salió inválido, que le decíamos Yuyo (...) el objetivo era conocerlo y saber que él era una persona cercana a la Autodefensa, que tuvo el apoyo y respaldo del Bloque Norte, concretamente del señor (Rodrigo Tovar Pupo) Jorge 40, también para intercambiar algunos conceptos e ideas, ya que una de las labores mías en la organización pues era la parte política, y yo sé que él era cercano a la organización y tuvo el respaldo y el apoyo de Jorge 40. (elheraldo.com.co, 2013)

La desmovilización del FJPD con el Bloque Norte de las AUC no dio por finalizado el fenómeno paramilitar y todas sus redes de ilegalidad en Barranquilla, sino que, por el contrario, dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras delincuenciales ligadas directa e indirectamente al mismo, ya que algunos se rearmaron y otros emergieron (Garzón, 2008). Debe aclararse que estos "nuevos grupos paramilitares" o bandas criminales (bacrim) mantienen una estrecha línea de continuidad con las estructuras de las AUC.

En este sentido, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió un Informe de Riesgo en 2009, en el que manifiesta su preocupación por la proliferación de grupos armados disidentes de las AUC y la aparición de nuevos grupos armados. El mismo informe hace una descripción de estos nuevos grupos, basándose en la siguiente tipología:

1. Grupos no desmovilizados del Bloque Norte de las AUC. Dentro una estrategia de los comandantes paramilitares que buscaba no perder el control de importantes negocios ilegales como el contrabando de gasolina y el narcotráfico¹³.

2. "Células durmientes". Durante el proceso de negociación con el Estado, los comandantes paramilitares ubicaron a mandos medios de mucha confianza en lugares estratégicos. Una vez desmovilizado en Bloque Norte, estas células se activan, con el fin de mantener relaciones de poder, control poblacional, afianzar alianzas y continuar con la captura de espacios sociales e institucionales.

3. Apoyo en las redes ilegales de coerción. Todos estos nuevos grupos armados han echado mano de las redes ilegales de coerción que usaron las AUC, es decir, pandillas, bandas delincuenciales, testaferros y grupos de sicarios.

4. Migración de desmovilizados de otras regiones de Colombia. Desmovilizados de las AUC que una vez reciben los beneficios del gobierno se vinculan a alguna de las facciones armadas ilegales, especialmente en zonas rurales.

La naturaleza puramente delincuencial y la atomización de dichos grupos han producido un complejo escenario en el que su continua configuración y reconfiguración es un lugar común. Por efectos de enfrentamientos armados entre bandas, alianzas, cooptaciones y reacomodación territorial de estos grupos, hasta el año 2013, en la Costa Caribe colombiana hacían presencia activa Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

Estos grupos dirigen su acción violenta en contra de la población civil, lo que se refleja en la continuación de graves problemáticas humanitarias como el desplazamiento forzado y los ataques contra defensores de los derechos humanos y grupos étnicos

La incidencia de estos grupos delincuenciales sobre las dinámicas del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla es tal que, en agosto de 2013, ante los continuos ataques armados contra choferes de bus urbano de la empresa Coochofal, así como contra vendedoras de chance de la empresa Uniapuestas y tenderos, por el no pago de extorsiones, al igual que la continua amenaza en contra de defensores de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana advirtiendo sobre el inminente riesgo de violaciones a los derechos humanos en las que se encuentran cerca de 5.000 habitantes de Barranquilla y de los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Soledad, en el departamento de Atlántico. Según la Defensoría del Pueblo:

(...) presuntos miembros de los grupos armados ilegales autodenominados 'Los Rastrojos' y 'Los Urabeños', especialmente, una facción de los primeros que se hace llamar 'Los Costeños', profiere amenazas, cobra extorsiones, realiza homicidios y atentados con explosivos contra viviendas y establecimientos comerciarles, entre otras graves violaciones a los derechos humanos pobladores del Distrito de Barranquilla y de los municipios de Soledad, Malambo y Puerto Colombia (.) durante el primer semestre del año se registraron 145 homicidios en el Distrito de Barranquilla; sin embargo, en toda el área metropolitana durante los primeros siete meses del año la cifra asciende a los 254 homicidios. Para el Defensor del Pueblo resultan particularmente preocupantes aquellos homicidios que han tenido un gran impacto social debido al hallazgo de cadáveres desmembrados y decapitados. (Defensoría del Pueblo, 2013)

7. CONCLUSIONES

Del anterior análisis pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1. La presencia del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla no obedeció a una estrategia contrainsurgente, sino a sus estrechos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

2. Los objetivos del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla se centraron en el control del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras.

3. La actividad criminal desplegada por el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla fue favorecida por la complicidad de agentes estatales que por simpatía, coerción o cooptación, facilitaron su expansión y consolidación, produciéndose en este caso una parcial reconfiguración cooptada del Estado.

4. A pesar de que el FJPD de las AUC logró permear instituciones públicas en Barranquilla y cooptar por distintos medios a varios agentes estatales, no lograron penetrar completamente las estructuras políticas, ya que los barones electorales de la ciudad se resistieron a las alianzas con el paramilitarismo, y no compartieron la administración pública con actores ilegales a diferencia de ciudades como Montería, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar en las que el Bloque Norte de las AUC se apoderó totalmente del poder político-administrativo.

¹ En julio de 2001, las AUC suscribieron junto a 11 congresistas activos y varios funcionarios públicos un "pacto político", conocido como el "Acuerdo de Ralito", cuyo texto materializa la visión de país que los paramilitares buscaban instalar. El texto del acuerdo es el siguiente: "Conciudadanos como enuncia nuestro preámbulo; "el pueblo de Colombia, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz " hoy nos confiere la irrenunciable tarea de refundar nuestra patria, de firmar un nuevo contrato social. Todos los aquí presentes hoy asumiremos el compromiso de garantizar los fines del Estado: "Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Construir esta nueva Colombia, en un espacio donde "toda persona tiene derecho a la propiedad" y "tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad". Es nuestro desafío. Todo colombiano tiene el deber y la obligación de trabajar por la paz, en aras de cumplir con el mandato constitucional que nos insta a "propender el logro y mantenimiento de la paz". Esta tarea no es prerrogativa de unos pocos, sino deber de todos. A propuesta de los aquí presentes, se formarán comisiones de trabajo, las que presentarán sus resultados en nuestra próxima reunión del mes de octubre. Firman: Santander Lozada (Salvatore Mancuso), Diego Fernando Murillo (Don Berna), Edward Cobo Téllez (Diego Vecino), Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), José María López (Gobernador de Córdoba), Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre), Reginaldo Montes (representante a la Cámara por Córdoba), Luis Álvarez (suplente a la Cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes), Jaime García (director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge), Alvaro Cabrales (exdiputado conservador de Córdoba), Sigifredo Senior (alcalde de Tierralta, Córdoba), Alfonso Campo Escobar (representante a la Cámara por el Magdalena del partido Conservador), José María Imbeth (representante a la Cámara por el partido Conservador), William Montes (senador por el Bolívar. Conservador), Rodrigo Burgos de la Espriella (senador Conservador), José "Pepe" Gnecco (senador Bolívar), Luis Carlos Ordosgoita (representante a la Cámara por Córdoba), Fredy Sánchez (representante a la Cámaras por Córdoba), Miguel de la Espriella (representante a la Cámara por Córdoba), Eleonora Pineda (concejal de Tierralta), Marciano Argel (secretario de Planeación de Córdoba), Wilmer Pérez (alcalde de San Antero), José de los Santos Negret (gerente del Partido Conservador), German Ortiz (asesor Alcaldía de San Antero), Remberto Montes (representante a la Cámara por Córdoba), Juan Manuel López (senador Liberal), Antonio Sánchez (periodista), Rodolfo Vargas (funcionario alcaldía de Sincelejo), José Luis Feris (ganadero), Víctor Guerra (ganadero), Luis Saleman (exalcalde de San Onofre, Sucre), Sa-bas Balserio (alcalde de San Onofre), Edwin Mussi (alcalde de Ovejas, Sucre), Felipe Quedaga (funcionario de la alcaldía de Ovejas, Sucre)" (semana.com, 2007b).

² Según Botero (1996), los primeros grupos paramilitares nacieron en Colombia autorizados por la Ley 48 de 1964. Esta ley permitió la creación de grupos de autodefensa, los que posteriormente fueron organizados por medio de la orden interna del Ejército Nacional No. 005 de 1969, expedida por el Alto Mando de las Fuerzas Armadas y por medio de otras disposiciones contraguerrilleras, como la EJC 3-10.

³ El crimen organizado es definido en el literal a del artículo 2 de la carta de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional como: "un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material".

⁴ Sobre la historia, expansión y estrategias del paramilitarismo en Colombia, véase: Rangel (2008), Echandía (2013, 2007, 2002); Romero (2007, 2011) y López (2010).

⁵Sobre el Bloque Norte de las AUC véase: verdadabierta.com (s.f.), Trejos (2013), Zuñiga (2010), Ochoa (2011) y Soto (2012).

⁶ El frente cambia de nombre en el año 2003, en honor a José Pablo Díaz, quien fue líder de la estructura paramilitar del departamento del Atlántico entre el 2000 y 2003, año en que es asesinado en una emboscada del Frente XIX de las FARC en la troncal del Caribe, en el trayecto entre Ciénaga y Fundación.

⁷ Sobre la presencia de las organizaciones guerrilleras en la ciudad de Barranquilla y el Departamento del Atlántico véase: Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005, 2012) y López (2008).

⁸ "Antes de ingresar al paramilitarismo, Fierro había pasado por las zonas más conflictivas del país como oficial del Ejército. Como teniente, primero es-tuvo en Barrancabermeja, cuando el Bloque Central Bolívar libraba una guerra con las milicias urbanas del ELN. También pasó por el Sur de Bolívar y patrulló en las comunas de Medellín. Y como capitán estuvo en el Cesar. Fierro llegó a las AUC en marzo de 2003 después de haber sido destituido por haber hecho un allanamiento ilegal. Como se lo contó a Verdad Abierta, su llegada a las AUC se dio después de haber salido por la puerta de atrás de las Fuerzas Armadas cuando, de civil, organizó un operativo para supuestamente incautar un armamento a un grupo guerrillero en el Cesar. Cuando llegó al sitio no había ni armas ni guerrilleros y después de una investigación el general Carlos Alberto Ospina, entonce! comandante de las Fuerzas Militares, decidió expulsarlo del Ejército" (verdadabierta.com, 2011a).

⁹ En un aparte de la Sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2011) en contra de Edgar Fierro (Don Antonio), se lee lo siguiente: "Otro aspecto importante de resaltar es la muerte selectiva de algunos tenderos en la ciudad de Barranquilla y el municipio de Soledad. En el año 2004 fueron asesinados 20 tendederos, 9 en el 2005" (p. 24).

¹⁰ Sobre los mismos véase: López (2008).

¹¹ Sobre la captura del Estado llevada a cabo por el Bloque Norte de las AUC en los departamentos de Cesar, Córdoba y Magdalena véase en su orden: Cubides (citado en Rangel, 2008), López (2008) y Zúñiga (2007)

¹² Los tres fueron condenados a penas privativas de la libertad por sus nexos con los grupos paramilitares.

¹³ Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014), las estructuras paramilitares pertenecientes al Bloque Norte de las AUC que no se desmovilizaron fueron: el Frente Contrainsurgencia Wayuu (Guajira y Magdalena); el Frente John Jairo López (Magdalena) y el Frente William Rivas (Magdalena).

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