2. COLOMBIA, ¿UNA SOCIEDAD INTERVENIDA?

En la introducción se hizo manifiesto el tema del orden social viciado, en el sentido que es el poder haciendo alarde del derecho a la fuerza el punto de partida para organizar la sociedad. La práctica política es consecuente con ello al señalar fines humanistas, lo que obliga al establecimiento de concertaciones o consensos. Entonces se está al frente de un orden social cerrado, cuyo objeto es el bien común. Ahora bien, en un orden espontáneo, la ventaja estriba en que al ser los fenómenos sociales complejos, los individuos situados en un escenario de información dispersa deben recurrir a los otros bajo el criterio de ensayo y error, y provocan con ello la convergencia de intereses disímiles en libertad, acercándolos a un cierto nivel de certeza y limitando la planificación central:

Difícilmente puede exagerarse la importancia que la certeza de la ley tiene para el funcionamiento suave y eficiente de la sociedad libre. Probablemente, no existe otro factor que haya contribuido más a la prosperidad de Occidente que la prevalencia de la certeza de la ley. (Hayek, 1959/1998, p. 287)

Es una idea común, desde la perspectiva del orden social viciado, que los individuos tengan propensión a volcarse al Estado cada vez que sus vidas caen en una situación azarosa⁵ -la idea del buen gobernante. Esta actitud dogmática tiene su asiento en el vaciado que se le hace al individuo de su experiencia, costumbres y sociabilidad, lo cual propicia que predomine el argumento de que la salida a la crisis social y política sea el fortalecimiento de la intervención estatal, pero con ello no se logra identificar que hay un sello de arbitrariedad en esa acción.⁶ De modo similar, bajo esta práctica política es difícil advertir que la paz solo es viable con el apoyo de la libertad y la propiedad individual.⁷

Y es que en una sociedad abierta, los intentos de paz vinculados al principio de la libertad se fundan en hombres considerados iguales ante la ley: de esta manera se garantiza el límite a la acción arbitraria, cuando esta quiera violentar los derechos de propiedad, por ejemplo; así, con reglas claras y con todos los hombres sometidos a aquellas, la cooperación social alrededor de la producción de riqueza tiene un camino expedito. Con otras palabras, terminar la guerra y abrir el espacio a la paz no consiste en un deseo bondadoso, sino en entender que la guerra atenta contra la libertad económica, por lo que la paz es una condición de la continuidad de la economía; es con el trabajo, y no con la guerra y la victoria, que puede un pueblo crear prosperidad para su gente (^{Mises, 1919}/2010, p. 136). No obstante, la historiografía colombiana cuenta con una serie de fracasos en sus proyectos de paz, pues los grupos de poder que los gestionaron partieron de hacer iguales a los hombres entre sí; es decir, no reconocieron la diferencia entre los hombres y luego los hicieron iguales ante la ley, sino que, una vez los individuos vaciados de sus propias y particulares experiencia y costumbres, los llenaron con una misma información, como si todos tuvieran una misma experiencia transmitida por el Estado, la cual es relevante para él; entonces, con un hombre igualado y apropiado de una también igual razón de estado, los grupos de poder cimientan la legitimidad de la arbitrariedad y tienen la vía libre para conjurar la guerra como medio político y el mundo del trabajo como medio económico.

En este segundo contexto es más precisamente la conjunción de gobernantes y grupos de poder la que conlleva a un refinamiento en las habilidades de control sobre la población y sobre la extracción de renta. Sostienen autores como Charles Tilly, Michael Mann, Barrington Moore, Alexander Rüstow, Robert Carneiro, Robert Higgs, entre otros, que dicha conjunción se coordina en el interior de forma anárquica al hacer uso de medios económicos para explicar que funcionan como alianzas y sin jerarquías, permitiéndose que tales medios económicos, como la corrupción, también la identidad de ideas y las lealtades, implementen sus propósitos. Mientras que hacia afuera de la alianza, su operatividad se lleva a cabo a través de los medios políticos como la fuerza, a través de esta controlan población, territorio y fisco. De esta manera, fuerza y razón de estado de hombres igualados funcionan como medios políticos no solo de control efectivo sobre la población, sino de incentivo en la construcción de un orden social viciado.

Ahora, en este tipo de orden social construido desde afuera, por la fuerza, se hace incomprensible en el conocimiento cotidiano que la convivencia civilista sea un proceso que resulte de cerrarles las vías a los dichos incentivos que propician la arbitrariedad no solo del Estado sino de otros individuos. Al legitimarla, lo inevitable es la creencia de la gente de que el camino para conseguir el bienestar es atentar contra la propiedad de otro, pues el bien común la pone en una situación contradictoria: o pierde el respeto a la ley o pierde su sentido moral (^{Bastiat, 1850}/2014). Se trata entonces de un individuo que es ajeno a los principios morales y que su acción está soportada en pulsiones, por lo cual requiere la ley positiva para evitar que se desborde. Y así, pareciese que se ha construido una concepción de mundo en la que la insociabilidad lo empuja a convivir violentando el derecho de los demás -sociedad decadente. Solo así se comprende cómo la legitimidad del uso de la fuerza de los grupos de poder sustituye el proceso impersonal denominado mercado; pues los hombres, cada vez que puedan, preferirán los medios políticos en lugar de los económicos para salvaguardar su vida (^{Oppenheimer, 1904}/2014, p. 72).

Por otro lado, no significa que una sociedad abierta no reconozca al Estado como aparato de coerción; todo lo contrario, le da su lugar como el encargado de garantizar las condiciones políticas para que la sociedad preserve la propiedad y la libertad, entre otras. Pero la incomprensión sobre la discrecionalidad estatal conduce a creer que hay una aparente libertad económica y una aparente libertad política, lo cual se traduce en la imposibilidad de limitar lo ilimitado del ejercicio del poder gubernamental; en consecuencia, se da por supuesto que la democracia y los poderes de la mayoría son ilimitados, por lo que el gobierno, en aras de mantener el apoyo de dicha mayoría, utilizará sus poderes ilimitados para favorecer los intereses de los grupos que la conforman.⁸ Por esto, es difícil que en Colombia se señalen los problemas que genera el orden social viciado, sigue imperando el orden constructivista, y los resultados no se han hecho esperar, vale decir, pobreza, inseguridad jurídica, desengaño económico y expiración política, los cuales coexisten con la democracia ilimitada.

Dicho de otra manera, obviar los excesos gubernamentales -opresión política- en el país es la mayor expresión de la imprecisión de los límites al poder; pese a los cambios constitucionales, el ejercicio arbitrario continúa; incluso se ha llegado a la institucionalización como principio de la arbitrariedad, lo que ubica al individuo en actitud de genuflexión ante la "autoridad justa" o de fidelidad a los "grandes hombres". Surge la pregunta sobre el cómo se ha llegado a estos extremos; cabría insistir en dos aspectos: la preferencia por el derecho a la fuerza de los grupos de poder⁹ y el control de los colombianos por parte de las organizaciones que han hecho suyo el Estado.

En este escenario, el empeño de facultar a la democracia con un criterio de "autogobernación del pueblo" es dar el consentimiento y la legitimación al gobierno para resolver las cuestiones humanas, por cuanto es un pueblo con individuos asociales e incapaces de poner distancia sobre el bien común:

El traslado de la responsabilidad distorsiona la opinión pública. El pueblo, acostumbrado a esperar todo del Estado, no acusa a este de hacer demasiado, sino de no hacer suficiente. El gobierno es derrocado y se instala otro, y el pueblo clama: hagan más que el anterior. Y así, el abismo se hace más y más profundo. (^{Bastiat, 1850}/2014)

Los riesgos a que se somete la libertad individual en relación con la acción colectiva de la mayoría y su apoyo a la omnipotencia gubernamental sugieren argumentos que históricamente han sido relevantes para su protección; como diría Hayek (1959/1998), no solo la democracia basta para asegurarla, es imprescindible que la mayoría la asuma como objetivo deliberado o no.

En otro sentido, el del orden evolucionista, es que puede advertirse que la democracia funciona como la manifestación política -restricción al ejercicio discrecional del gobierno- que permite, sin acciones arbitrarias, que los individuos cooperen socialmente apoyados en la presencia de la propiedad privada. El conocer las consecuencias del caos planificado induce a darles prestancia a las reglas de juego para prosperar en lo moral y lo material. Finalmente, el acercamiento entre libertad y democracia se hace teniendo en consideración que todas las decisiones políticas navegan en el coto cerrado de normas sociales no deliberadas.

En una sociedad abierta, al aceptar que la democracia avala la convergencia de la voluntad del Estado y la voluntad de la mayoría (^{Mises, 1922}/1961), también se acepta que la libertad hace comprensible que la concurrencia de los distintos planes individuales sean el punto de partida de los conceptos universales, y de estos, a su vez, se deduzcan ciertas propiedades. Si, por el contrario, se apropia la idea del "pueblo" autogobernado, se presenta una alianza entre las distintas organizaciones que cooptan el Estado para beneficio propio, en el que el dominio político se ejerce por la vía de la competencia política en lugar de la competencia económica.

3. EL PORVENIR DEL ORDEN SOCIAL

Se ha formulado en el apartado anterior la pregunta por el cómo se ha llegado a estos extremos; la misma es sencilla de hacerse, sin embargo, la solución es difícil si se atiende solamente a un momento en particular de la historiografía; se necesita reconocer que la imposición de un orden mecánico de la sociedad es producto de un largo camino; y se precisa tener un contexto de contraste al funcionamiento de nuestro orden social operante, tal puede ser el evolucionista, el cual insiste en la presencia de una democracia de gobiernos limitados.

En nuestro orden social de democracia ilimitada los principios y derechos constitucionales presentes en las diferentes cartas se enredan con los programas de los partidos políticos que ponderan sobre todo los intereses de la patria, esto es un dolo al proceso civilista; pues se da paso a una política sin reglas de juego institucionales que pone punto final al camino no deliberado de normas sociales:

Cuando el hombre trata por primera vez de dar expresión al contenido de las normas que regulan la vida en sociedad, no está creando ni mucho menos un nuevo esquema de la nada, sino que únicamente se está dando forma verbal a algo que ya se conoce o intuye, pero que no había sido capaz de explicar hasta ese momento. (^{Martínez, 2006}, p. 234)

Ahora, eso que ya se conoce o instituye y que conforma el entramado social, en una sociedad abierta tiene su fundamento en valores como la libertad individual y la propiedad privada; si estos se difunden, el Estado se verá necesariamente limitado en su intervención, se cerraría el paso a las violaciones de la libertad natural, como lo expresara ^{Smith (1776}/2015, p. 245).

Sin embargo, en el país se alienta la intervención pública con la exacerbación de valores como la solidaridad, la igualdad de patrimonio y la justicia social, que hacen parte de los programas políticos. Los efectos de este escenario se traducen en la disolución de la lucha entre la arbitrariedad y la libertad y la reducción del individuo solo al mundo de la subsistencia. Entre tanto, la propiedad privada y la libertad pierden todo el carácter utilitario de principios, pues quedan expuestos al mercado electoral.

Al ubicar la propiedad privada en al ámbito del mercado electoral, la consecuencia observable es que los derechos civiles, como expresión de los límites al ejercicio político, se diluyen; por eso se llega a la acción arbitraria del gobierno. Reviste especial interés el hecho que en el escenario del proceso mercantil, la propensión productiva recae en la circunstancia de que la propiedad fomenta el orden civilizado.

Bajo el mercado electoral, las preferencias programáticas pueden ser cambiadas en el momento que se quiera. Los individuos no tendrían certidumbre sobre las reglas de juego del mañana. En este sentido, se desmejora el valor de la propiedad y afecta los planes y procesos de decisión en un horizonte temporal amplio.

De esto se sigue que no hay un individuo o individuos con autoridad de constreñir a otro a destinar su propiedad de la manera más económica posible. Esto invita a pensar en ubicar los programas políticos más allá de la mayoría contingente.

Además, se ha asistido a una organización política partidista de carácter centralista estatal como eje de la república, donde la única posibilidad de ejercer la política consiste en la exacerbación de la democracia del pueblo autogobernado. El punto de referencia hoy es la democracia basada en hacer iguales a los hombres y la propensión del gobierno a servir a la gente. La sutileza política de los gobernantes asumió de manera denodada el control de los bienes económicos a través de los impuestos, lo cual confirma que en el país se sustituyó el fisco español por el fisco nacional, siempre con la justificación del bien común. De este modo, aparecen el naufragio de la libertad individual y el refinamiento de la omnipotencia del poder público, que hacen del individuo una entelequia:

De manera que toda la historia de la nación, aparece atravesada por la neblina de la mistificación desde la primera de las Tres tasas, referida a los tiempos de la independencia y la patria boba hasta la tercera, engolada de simulación y ademanes pastranos en pleno siglo XX, porque no puede resultar nada extraño que la mentira de la democracia y la república sigan hoy siendo fundamentales en las campañas políticas. (^{Rodríguez, 2007}, p. 193).

En los últimos años el problema político ha girado en torno a la reconfiguración de los grupos de poder y la exacerbación de la guerra; por ejemplo, el proceso restaurador hizo tránsito entre el control de los medios productivos y el control militar de las zonas geoestratégicas, en función de la lucha antiterrorista. Así, las ideas de dominación de los partidos políticos en "democracia" alientan los esfuerzos en pro de la paz, pero condenan cualquier aspiración a la legitimidad de la propiedad privada. Del devenir no se puede esperar algo distinto que el continuar por el camino de la supremacía de las organizaciones.

El abrumador protagonismo de las organizaciones radica en promover el centralismo estatal, garantizando que el individuo quede subordinado al Estado, y cualquier distancia que se tome en relación con este punto hace explícita la reacción que el dominio político volcará con condena pasional. Se hace palpable el sostenimiento de una sociedad cerrada, en la que la caracterización de los individuos se hace según los intereses superiores del Estado. No es de extrañar, entonces, que en Colombia los ingenieros sociales insten a la población a implicarse con la patria a través de un respetuoso sometimiento a las leyes y las instituciones, cuando en realidad por lo que se aboga es por el nacionalismo.

En relación con la democracia Hayek (1959/1998) afirmó que era un medio para elegir a quienes estarían a cargo de la administración del ejercicio gubernamental; que no puede ser el medio para solucionar todos los problemas de la interacción individual. Aceptó que la democracia tiene ciertas ventajas comparada con las otras manifestaciones de gobierno, pero que, no obstante, requiere de un estado de derecho para poder funcionar y, ante todo, poder valerse a sí misma. Considerar la democracia limitada estimula la edificación espontánea de un idearium colectivo en aras de la convivencia en una comunidad política.

La ventaja de la democracia limitada consiste en que permite observar la evolución de la cooperación y ayuda a comprender que la competencia política no es ajena a la protección del intercambio de múltiples valoraciones de vida (^{Mises, 1949}/2001). Si se logra aceptar que la democracia es un medio y no un fin en sí mismo, se puede concebir que es un sistema que posibilita la sustitución no arbitraria de los gobiernos en busca de la estabilidad jurídica y política para cooperar socialmente. En este sentido, la democracia no tendría sentido sin el liberalismo:

Mientras existan obstáculos al desarrollo del individuo y de capas enteras del pueblo, no se puede esperar que el curso de la vida escape a verse perturbado por subversiones violentas. Los "sin derechos" serán siempre una amenaza para el orden social, y unidos por el deseo común de suprimir los estorbos que los oprimen, forman un grupo decidido a obtener sus reivindicaciones por medio de la violencia, ya que es imposible conseguirlas conciliatoriamente. (^{Mises, 1922}/1961, p. 66).

Conviene recordar aquí el esfuerzo expresado en relación con los límites al oportunismo político, al endeudamiento, al déficit fiscal y a la inversión pública, que se constituyen en un coto cerrado a los abusos del poder. De todas maneras, la planificación en manos de la administración pública asume cantidades de trabajo y tiempo considerables y, además, hace perder de vista el cálculo racional; "resulta por ello una grandísima impertinencia y presunción de reyes y ministros el pretender vigilar la economía privada de los ciudadanos" (^{Smith, 1776}/2015, p. 261). No hace falta recordar una aproximación inmediata del orden social en Colombia para sugerir que la intervención benevolente del Estado produce la forma política que consolida en el poder posturas obcecadas que dan al traste con los valores liberales. Tal es precisamente la función que rescatan los actos legislativos al distorsionar la creación de riqueza cuando se proyecta en su distribución. Los individuos al sentirse protegidos adoptan valores y pensamientos que son inconciliables con su propia libertad.

Entonces, considerado el mercado como un mecanismo de coordinación¹⁰, cómo es posible la presencia de ciertas políticas públicas que mantienen a los hombres sumidos en su propio mundo aislados de otros y que legitiman la arbitrariedad del Estado.¹¹ Con otras palabras, un orden social en el que no se comprende la acción humana, al estar anuladas la propiedad privada y la iniciativa individual, cómo explica los desajustes en las relaciones entre los individuos. En esta cuestión radica la esencia del pensamiento liberal en relación con su distancia con la planificación central.¹²

Ciertamente, cuando el ejercicio del poder político desfigura la libertad individual fomenta el miedo o la seudomoderación y la escisión, de tal forma que a los individuos se les hace incomprensibles las intenciones de sus acciones. Ellos pierden todo horizonte civil y son inducidos únicamente a obedecer. Cuando las organizaciones se desvían del respeto de las leyes y las instituciones se inclinan por las cuestiones de interés propio, o sea, que optan por la corrupción, ocasionan una erosión de los valores liberales básicos para la cooperación social y, con ello, conducen a la sociedad a su decadencia. El problema, en consonancia con esto, reside en la expropiación de la riqueza individual bajo el mecanismo impositivo, es decir, un control social explícito.

La situación no puede ser más clara: con la corrupción como medio económico, no solo se afianza el papel del planificador, sino que los individuos aceptan las prácticas políticas ilícitas; y las consecuencias van aún más allá, pues se pierde la capacidad de cultivarse como sujeto moral y como sujeto de mercado; afloran, de este modo, las posiciones reaccionarias como virtud inconsciente, y con esto queda hecho el trabajo de los grupos de poder.

Finalmente, se anota que con gran agudeza autores liberales (Mises, Hayek, Hazlitt, Rothbard, Hoppe, Kizner, entre otros) abordaron la distinción entre la sociabilidad del individuo y la fuerza del planificador, pero centrando su atención en la cualidad del individuo, lo cual permite advertir cómo funciona la competencia económica. Desde esta perspectiva, el tema del orden social en Colombia no se reduce a la alternativa entre si todo es mercado o si todo es Estado, sino, que parte de la doble la dificultad para comprender dicho orden: en creer, por un lado, que los funcionarios públicos son capaces de planificar correctamente las actividades individuales, y por otro, en asumir que el mercado libre es la expresión del encuentro sin límites de las fuerzas mecánicas.

El papel que desempeñan la propiedad y la libertad, como valores siempre presentes en la coordinación de expectativas que cada individuo hace por sí mismo, no es condición menor para el mercado libre. Para preservar el orden social, entonces, no solo se requiere del establecimiento de límites a la acción arbitraria de los grupos de poder, también se precisa de una comunidad cultural. Recordando a ^{Bastiat (1850}/2014), hay cosas que no se ven en las interacciones de los individuos en el mercado.