INTRODUCCIÓN

^{Rodrik (2003}) agrupa los factores determinantes del crecimiento en tres categorías: comercio, geografía e instituciones. Dentro de la primera categoría, el comercio orientado hacia afuera tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico. ^{Bhagwati (1978)} y ^{Krueger (1978)} asocian el grado de apertura con un tangible desarrollo exportador correlacionado positivamente con la productividad nacional. Por consiguiente, la exportación es un determinante fundamental del crecimiento económico, principalmente las exportaciones de productos industriales (Rodríguez Benavidez y López Herrera, 2010; ^{Álvarez y García, 2010}; ^{Rodríguez Benavides y Venegas-Martínez, 2011}; Jiménez, 2012; F^{uenzalida-O'Shee y Valenzuela-Klagges, 2019}). Sin embargo, en el 2015, autores como Ocampo advertían de la desindustrialización de las exportaciones de América Latina, baja actualización tecnológica del sector productivo y especialización en materias primas con limitada o nula posibilidad de diversificación. Esta realidad, es clasificada por Ocampo (2015) y ^{Carrasco y Del Hoyo Arce (2013)} como extractivismo, al mantener actividades extractivas sin procesar orientados sobre todo a la exportación.

En la tabla 1, se puede observar y comparar el comportamiento exportador de metales y minerales; alimentos y combustible de Latinoamérica (LA) y el Caribe; Unión Europea (UE); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con 35 Estados miembros y Asia oriental y pacífico en los años 1990 y 2017, observándose en el 2017 que Latinoamérica y el Caribe es la zona regional con mayor porcentaje de exportación de metales y minerales (12,5%); alimentos (25,6%) y combustible (9,6%) del total exportado en mercaderías (Banco Mundial, 2019). Comparativamente, Latinoamérica y el Caribe presenta un 47% de exportaciones de metales y minerales; alimentos y combustibles del total mercaderías exportadas, Unión Europea 16%, OCDE 20% y Asia 12%, observándose el predominio de una estructura exportadora extractivista de Latinoamericana y el Caribe (Banco Mundial, 2019). El modelo de desarrollo económico neo-extractivista adoptado por países sudamericanos ha desencadenado una limitada industrialización, orientando la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados que se orientan prioritariamente a la exportación.

Tabla 1 Exportación de Metales y Minerales; Alimentos y Combustible del total Exportado en Mercaderías por Zona o Región, en porcentaje (1990 y 2017) 

Fuente: elaboración propia, sustentada en datos del Banco Mundial (2019).

En el 2020, la crisis sanitaria ha provocado un impacto en las economías mundiales. El PIB per cápita mundial en Dólares (USD) a precios constantes iba en ascenso y alcanzaba un máximo histórico en el 2019 de USD11.059,48 (Banco Mundial, 2019). En contraste, en el 2020 y según proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2021) el desplome económico será de -3,5% del PIB mundial, poniendo a prueba el modelo de desarrollo económico aplicado en países sudamericanos. Aunque, la proyección para el 2021 es un alza de 5,5% y de un 4,2% en el 2022 (FMI, 2021) es deber de los países poder enfrentar los nuevos desafío y oportunidades de la nueva economía mundial.

Durante las últimas décadas los estudios de desarrollo económico de regiones y territorios se han centrado en explicar casos de desarrollo aprovechando los recursos endógenos y capacidad de liderazgo para administrar estos procesos. Concluyendo, en general, que la complejidad de los conceptos de desarrollo económico local y desarrollo económico endógeno requieren de una mirada profunda y multidisciplinaria que permita enlazar todos los factores.

Para ^{Sen (1998)} el desarrollo económico es una noción compleja, la cual no solo puede depender del crecimiento del PIB per cápita. Para el autor, las oportunidades, aprovechamiento de recursos endógenos, la innovación, la libertad, la educación y el bienestar social son aspectos fundamentales y que pueden ser la clave para comprender algunas evidencias de desarrollo local o regional. Complementando lo expuesto, los autores como ^{Brunet Icar y Baltar (2010)} mencionan la importancia de los sistemas de innovación regional para procesos de desarrollo económicos locales, principalmente, cuando están fundamentados en mecanismos sociales y relacionales, apoyados por instituciones y acoplados a los requerimientos del sistema productivo local. Para ^{Rojas Arenas (2018)} los nuevos paradigmas en torno a las teorías de desarrollo económico han motivado una nueva visión del sujeto, de los sistemas y de la manera como se establecen las relaciones entre los distintos agentes económicos, siguiendo dinámicas particulares y relativas a cada región.

Dada esta realidad, el propósito de este estudio es analizar y reflexionar diferentes estrategias para avanzar en el desarrollo sostenido de Latinoamérica y poder enfrentar potenciales crisis económicas.

La hipótesis central que se desarrollará a lo largo del trabajo es que a mayor inversión en ciencia y tecnología incidiría decisivamente en la matriz productiva de los países Latinoamericanos, al provocar un despegue del sector manufacturero, mejoramiento de la infraestructura e incremento de los servicios con mirada exportadora. Esto fortalecería el desarrollo local.

METODOLOGÍA

Para ello, se realizará una revisión bibliográfica sustentada en fuentes secundarias y terciarias de los últimos años enfocada principalmente en publicaciones científicas y datos del Banco Mundial (BM), CEPAL y Fondo Monetario Internacional (FMI). De conformidad con el proceso de análisis implicado, seleccionamos bibliografía principalmente enfocada en la realidad Latinoamérica y el Caribe para su análisis crítico y descripción.

Para ello, se realizará una revisión bibliográfica sustentada en fuentes secundarias y terciarias de los últimos años enfocada principalmente en publicaciones científicas y datos del Banco Mundial (BM), CEPAL y Fondo Monetario Internacional (FMI). De conformidad con el proceso de análisis implicado, seleccionamos bibliografía principalmente enfocada en la realidad Latinoamérica y el Caribe para su análisis crítico y descripción.

TEORÍA Y EVIDENCIA EMPÍRICA

^{Lucas (1988)}; ^{Romer (1990)}; ^{Barro (1991)}; ^{Rebelo (1991)} y; Barro y Sala-i-Martin (2004) plantean y demuestran que aplicando teorías de crecimiento endógeno se aumenta la posibilidad de lograr un equilibrio dinámico del sistema económico, con tasas de crecimiento positivas y sostenidas que no derivan del crecimiento continuo y exógeno de la productividad global o de alguna otra variable. Entre las medidas de crecimiento endógeno, se encuentran la calidad institucional, investigación, desarrollo tecnológico y mayor accesibilidad y calidad a la educación. ^{Enríquez-Pérez (2016)} reconoce, por ejemplo, que la inversión en investigación científica (pública y privada) es capaz de detonar un cambio tecnológico endógeno, favoreciendo a las empresas con un poder de mercado y condiciones de monopolio al descubrir, inventar o patentar un nuevo bien o servicio.

La calidad institucional y sus efectos en el crecimiento económico endógeno han sido estudiadas por varios autores (^{Borner, Brunetti y Weder 1992}; ^{Mauro, 1995}; ^{Sachs y Warner, 1995}; ^{Rodrik, 2003}; ^{Edison, 2003}; Rodrik, 2005; ^{De Gregorio, 2005}; Rodrik, 2008; ^{Alonso, 2012}; Rodrik, 2014; ^{Amtmann, 2017}; entre otros). Según Amtmann (2017) la economía de un país está relacionada con instituciones económicas y políticas inclusivas. Los autores definen la inclusión económica como una economía de mercado que garantiza los derechos de propiedad, igualdad de condiciones y oportunidades y que refuerza el fomento de la inversión privada, de las nuevas tecnologías y de las capacidades. La inclusión política se daría en el marco de una distribución amplia y pluralista del poder, garantizando la legalidad común.

En contraposición, los autores tildan la institucionalidad extractiva como concentradora del poder en unos pocos, ensamblada en la extracción de recursos para consolidar posiciones de poder político e incapaz de proveer incentivos para la actividad económica. Este tipo de institucionalidad puede generar cierto grado de crecimiento, pero no es sostenible debido a la inestabilidad que implica alcanzar o mantener el poder político concentrado y por las limitaciones a la innovación productiva. En estos últimos años, estudios confirman la influencia positiva de algunas medidas aplicadas por las instituciones en el crecimiento económico. Entre ellas, se destacan: ausencia de corrupción, gestión gubernamental eficiente incentivando la investigación y desarrollo tecnológico, democracia, regulaciones jurídicas o calidad de la burocracia (^{Edison, 2003}; ^{Rodrik, 2000}; Rodrik, 2003; Rodrik, 2005; ^{De Gregorio, 2005}; Rodrik, 2008; De Gregorio, 2008; ^{Carballo, 2010}; ^{Alonso y Garcimantin, 2011}; ^{Valenzuela-Klagges, 2011}; ^{McMillan-Rodrik, 2011}; ^{Price 2011}, Alonso 2012; Rodrik y Subramanian, 2003; ^{Leon, De Leon y Arana, 2014}; Rodrik, 2014;^{Farhadi, Islam y Moslehi, 2015}; Rodrik, 2015; ^{Lasagni, Nifo y Vecchione, 2015}; ^{Afonso y Jalles, 2016}).

^{Alonso y Garcimantin (2011)} identifican los principales determinantes de la calidad institucional: nivel de desarrollo, equidad en la distribución de la renta, existencia de un sistema impositivo eficaz y el nivel educativo; mientras que, algunas de las variables tradicionalmente como localización geográfica, fragmentación étnica, tradición jurídica u origen colonial; no tendrían incidencia. ^{Valenzuela-Klagges (2011}) concluye que la calidad institucional, medida por el índice de percepción de la corrupción y el índice de desarrollo democrático, tiene un efecto positivo en la producción y comercio de los países sudamericanos. En coherencia con estas variables, ^{León, De León y Arana (2014}) demuestran que la corrupción instalada en las instituciones afecta negativamente en la satisfacción de las personas y ^{De Gregorio (2008}) plantea que las instituciones desempeñan un papel decisivo en el comercio exterior y que América Latina tiene instituciones débiles y sujetas a crisis macroeconómicas recurrentes, lo que impide el crecimiento de los vínculos comerciales.

En coherencia con lo planteado con anterioridad, ^{Sánchez-Masi (2015}) analiza la realidad Latinoamericana y califica el desarrollo de los países latinoamericanos como erráticos e insuficientes, identificando tres causales: falencias institucionales, atraso tecnológico y libre comercio. Mientras que, revisando las evidencias de Europa, ^{Lasagni, Nifo y Vecchione (2015)} analizan el caso italiano y concluyen que la existencia de mejores instituciones locales podría ayudar a las empresas a ser más productivas. ^{Afonso y Jalles (2016)} concluyen que el intervencionismo del sector público en la economía se vuelve negativo y perjudicial cuando la calidad institucional es baja; ^{Farhadi, Islam y Moslehi (2015)} muestran que, si las instituciones protegen los derechos de propiedad y apoyan la libertad de elección y el intercambio voluntario, pueden cambiar la "maldición de los recursos naturales en una bendición".

^{Rodrik (2015)} resume los hallazgos económicos al afirmar que las economías en desarrollo disponen de tres estrategias claves para garantizar el crecimiento económico y son: la adquisición de habilidades y educar a la fuerza de trabajo; mejorar las instituciones y la gobernabilidad y; la transformación estructural hacia la industrialización. Con esta misma base analítica, ^{Moreno Brid (2016)} plantea que el gobierno tiene la obligación de aplicar una política industrial en coordinación con el sector privado.

El caso de Corea del Sur puede ejemplificar lo expuesto con anterioridad. Con una población de 50 millones aproximadamente en el 2016, incrementa el producto interno bruto (PIB) per cápita por paridad del poder adquisitivo de 8.436,2 USD en 1990 a 34.549,2 en el 2015 (Banco Mundial, 2019) y, paralelamente, aumenta el gasto en investigación y desarrollo de 2,24% del PIB en 1996 a 4,15% en el 2013, registrando 63.063 publicaciones científicas y técnicas y 163.424 patentes comerciales de residentes en el 2016. Comparativamente, en Latinoamérica y el Caribe se observa el bajo incremento de PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo de 5.934 USD en 1990 a un corriente 15.443 USD en el 2015; el casi nulo incremento del gasto en investigación y desarrollo de 0,55% del PIB en el 2000 a 0,81% 2013 y, a pesar de tener una población de 620 millones en el 2016, solo logra 96.586 publicaciones científicas y 8.621 patentes comerciales de residentes en ese mismo año (Banco Mundial, 2019). Cabe señalar que el número de patentes comerciales de Latinoamérica y el Caribe han disminuido en las últimas décadas, observándose 11.512 registros en 1965, 7.636 en 1970 y 7.372 en el 2014 (Banco Mundial, 2019). En un estudio comparativo del crecimiento y desarrollo económico de México y Corea del Sur. Por su parte, ^{Quintana Romero, Roldán Rosales y Mun (2013)} observan un lento avance de la economía mexicana comparada con la economía de Corea del Sur. Según los autores, esto se debe a que en Corea del Sur el crecimiento está determinado por el sector manufacturero que permite encabezar el crecimiento de otros sectores productivos y mejorar la productividad del trabajo, mientras que, en México la industria no logra operar como motor de crecimiento ni da lugar a externalidades espaciales que contribuyan a estimular procesos de causación acumulativa positiva en las regiones más dinámicas del territorio nacional. En definitiva, el crecimiento económico de Corea del Sur se sustenta en variables endógenas, pues su propia industria es fundamental para explicar el crecimiento productivo en otros sectores de bienes y servicios.

Montoya (2004) ya argumentaba que la innovación científica y tecnológica es un instrumento que contribuye al crecimiento y el desarrollo económico de los países subdesarrollados. Sin embargo, ^{Fernández (2015)} advierte que no es posible entender el avance tecnológico de un país o región sin el desarrollo de nuevos modos organizacionales que apoyen las actividades de investigación y desarrollo (I+D). ^{Castro-González, Peña-Vinces y Guillen (2016)}, concuerdan en que el logro de una mayor innovación es dependiente de una mayor inversión en I+D y de organizaciones que lo apoyen y administren, aunque, agrega la necesidad de una alta calidad científica en las instituciones de investigación estableciendo una colaboración en la investigación y el desarrollo tecnológico entre las universidades y la industria.

El estudio de ^{Quinde-Rosales et al. (2019)} concluye que el Conocimiento y Tecnología de América Latina y el Caribe y su PIB presentan una tendencia positiva no estacionaria, afirmando que la innovación tecnológica y el crecimiento económico son beneficiosos para la macroeconomía regional.

¿MODELO NEOEXTRACTIVISMO EN SUDAMÉRICA?

El neo extractivismo es definido por los autores ^{Carrasco y Del Hoyo Arce (2013)} como un modelo de desarrollo económico adoptado por algunos gobiernos, principalmente Latinoamericanos, que orientan la economía hacia actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados con el propósito de ser exportados prioritariamente. Para ^{Merchand-Rojas (2016)} los países que optan por la aplicación del modelo neoextractivista logran socavar su patrimonio natural y ahondar en la deuda ecológica, que no es más que las exportaciones mal pagadas por los países desarrollados. ^{Azamar Alonso y Ponce Sánchez (2015)} expone una dependiente secuencia al aplicar un modelo neoextractivista, iniciándose con el crecimiento económico sustentado en el aumento de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera. Ese crecimiento generará efectos de derramamiento en el bienestar de la población, por ejemplo, por medio del empleo, el consumo, ingreso fiscal, entre otros y; por lo tanto, el crecimiento es mediado solo por una apropiación y extracción intensa y eficiente de los recursos naturales.

Sin embargo, este incremento del crecimiento económico y mejor bienestar, se da en el corto plazo, deteriorando los recursos y fomentando la dependencia en la producción de bienes no estratégicos que, en el futuro, pueden llevar a un crecimiento empobrecido. Aún así, se optará por incrementar esta extracción para un crecimiento momentáneo hipotecando el crecimiento sostenido y competitividad en el mediano plazo, empobreciendo la estructura productiva y en el término de intercambio. En este sentido, ^{Florencia Puente y Argento (2015)} agrega que el neo extractivismo se enlaza en una red que garantiza mejoras en las condiciones de vida de las mayorías urbanas en deterioró de las minorías periurbanas y rurales. Esta red política, económica y social se constituye por corporaciones y transnacionales mineras, petroleras, gasíferas, de agua, del agronegocio, la biotecnología y la biogenética y empresas locales y subsidiarias de estas últimas. La advertencia de ^{Acosta (2010)} frente al neo extractivismo se centra en la reducción de la tasa de crecimiento económico a mediano y largo plazo y consolidación de prácticas rentistas en la economía, una sociedad clientelar y gobiernos autoritarios. Paralelamente, el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia (2014) indican que el crecimiento económico, soportado por el extractivismo, es insostenible. En momentos de auge de precios, las empresas privadas nacionales y transnacionales, dedicadas al extractivismo, logran millonarias ganancias, pero, en muchos países, las recaudaciones tributarias, las rentas, los supuestos beneficios, no guardan ninguna relación con las utilidades percibidas por dichas empresas.

Para ^{Ortiz (2013)} el conflicto entre lógica estatal de uso, explotación de la naturaleza y la necesidad del propio Estado de generar ingreso fiscal en el corto plazo es creciente y muy complejo de modificar. Al respecto, ^{CEPAL (2015)} advierte sobre la alta dependencia fiscal de países latinoamericanos respecto de la explotación de recursos naturales no renovables y el incremento paulatino de la deuda pública de la región en las últimas décadas. Estudios como los de ^{Garriga, Rosales y Mangiacone (2018}) y ^{Gorenstein (2019)}; ratifican esta dependencia fiscal.

Dado el incremento del endeudamiento externo, ^{Martínez Alier (2015)} plantea que el extractivismo está en crisis por los daños ambientales y sociales y por la sobreoferta de productos primarios. Según el autor, esta sobreoferta primaria se debe a la demanda China y sus posibles descensos, provocando en Sudamérica un deterioro de la relación de intercambio y, por tanto, déficit comercial. Martínez Alier (2015) añade que el endeudamiento externo sudamericano se incrementa paulatinamente, originando una nueva necesidad de exportar materias primas para pagar la deuda en el corto plazo, agotando recursos, contaminando el ambiente y ahondando los conflictos socioambientales.

Frente a esta realidad conceptual, ^{Villavicencio Garzón (2016)} es crítico y desalentador en su análisis latinoamericano, exponiendo que cualquier modelo de desarrollo que se quiera aplicar aparece subyacente la explotación intensiva de la naturaleza.

Realidad Sudamericana

^{Merchand-Rojas (2016)}) plantea que, actualmente en Sudamérica, el Estado está jugando un papel estratégico más activo que en el extractivismo clásico, sea por una participación directa por medio de empresas estatales, como la petrolera venezolana; subsidios directos y apoyos en infraestructura. El autor destaca la aprobación del proyecto mega minero a cielo abierto con empresa china para extraer cobre en Ecuador; la explotación de gas y minerales en Bolivia; la minería y forestación en Chile; la nueva consideración a la explotación minera en Colombia; la aprobación gubernamental del proyecto mega minero de hierro a cielo abierto en Uruguay; la explotación minera y de grano en Argentina y; finalmente, destaca a Brasil como el mayor país extractivista de minerales.

En la tabla 2, se observan estudios de casos sobre el modelo extractivista en Sudamérica. Todos concuerdan en que el neo extractivismo en la región está provocando deterioro de los términos de intercambios; dependencia internacional con alta vulnerabilidad en los precios de exportación; externalidades negativas como daño al medio ambiente y nulo impacto en el bienestar social de la población y de los trabajadores.

Tabla 2 Estudios de Casos en Países Sudamericanos Sobre el Modelo Extractivista 

Fuente: Elaboración propia

La crisis sanitaria del covid-19 ha impactado en la economía sudamericana en el 2020 e inicios del 2021, afectando directamente en la economía de los países. Los indicadores económicos, como: crecimiento económico, inflación, tasa de interés, desempleo e ingreso fiscal, han presentado cifras críticas en la mayoría de los países afectados por la pandemia. El flujo de inversión extranjera y comercio internacional se han contraído significativamente, superando a lo observado con la crisis subprime y asiática del siglo pasado. La Pequeña y Mediana empresa (Pymes), en general, presentan insostenibilidad financiera y sus estrategias de negocios han debido adaptarse a un entorno económico diferente y restringido o aceptar su quiebra, siendo el sector turismo y viajes uno de los más afectados a nivel mundial.

Mientras el comercio mundial disminuía en un 17% en el primer semestre del 2020, el comercio internacional de América Latina y el Caribe bajaba en forma considerable. Según informe de la CEPAL (2020a, 2020b) el comercio internacional de Latinoamérica y del Caribe tendrá una caída del 23% en el 2020, siendo el turismo el más afectado como exportación de servicios. El comercio intrarregional mostrará una contracción de -23,9%, especialmente de manufacturas. Todo esto resultará en una pérdida en la producción interna de cada país, originando mayores indicadores de desempleo en toda la región. Por lo que, es fundamental revisar el modelo de crecimiento económico y exportador, como simultáneamente, aplica medidas que permitan enfrentar esta crisis.

Los estudios expuestos en la Tabla 2 muestran que la inversión extranjera directa como la alta demanda internacional por bienes sin valor agregado han sido positivo para el crecimiento económico en el corto plazo. Sin embargo, fomentan actividades extractivistas provocando un deterioro social, ambiental y económico en el mediano a largo plazo. Si a esta realidad se le adiciona los efectos de una pandemia mundial, las economías latinoamericanas deberán probablemente mantener y hasta reforzar el modelo neoextractivista para poder enfrentar el déficit fiscal, el aumento del desempleo y la nula activación económica. Todo esto producto de la paralización de la producción, principalmente la manufactura en América Latina y el Caribe.

Aún así, puede que la pandemia y sus efectos macroeconómicos, provoquen activar forzosamente o por necesidad social el accionar local y permita un cambio estructural hacia instituciones inclusivas, con medidas de transición que permitan enfrentar las problemáticas del extractivismo en el corto plazo. Ejemplo de ello, son los casos expuesto en los estudios de ^{Álvarez y Díaz (2020}), ^{Quilia Valerio (2020)} y ^{Gutiérrez (2020)}.

En este proceso de transición, se requiere que el extractivismo sea concebido como un "trampolín" hacia un nuevo cambio estructural, que financie las nuevas propuestas de cambio. La industrialización, logística, comercialización, infraestructura, accesibilidad a plataformas, innovación, servicios e investigación pueden fortalecer nuevos nichos de mercado. Esto permitirá la apertura a nuevas capacidades no trabajadas ni explotadas, como son las industrias creativas, la economía circular o colaborativa que permitirán aumentar la producción nacional y fortalecer este proceso de transición, semejante a lo observado en Corea del Sur. Todos estos cambios, exigen de instituciones de calidad, competitivas, transparentes, democráticas e inclusivas. Incentivar la investigación en proyectos innovadores y tecnológicos con carácter competitivo y de orientación exportadora; fomentar la economía creativa; garantizar los derechos de propiedad e igualdad de condiciones y oportunidades y que refuerce el fomento de la inversión privada, nuevas tecnologías y capacidades, siempre bajo una distribución amplia, igualitaria y pluralista del poder, avalando la legalidad común, resguardando el medio ambiente y la transparencia.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En la tabla 3 se presentan algunos estudios que resumen recomendaciones de medidas económicas, financieras, fiscales y comerciales para enfrentar los efectos de pandemia, dada la realidad Latinoamericana. Los ocho estudios incluidos en la tabla 3 concuerdan con la necesidad de aplicar medidas económicas, financieras, fiscales y comerciales eficientes, aunque García Tejeda (2020) incluye a las administraciones públicas locales en el proceso estratégico de enfrentamiento a los efectos de la pandemia. Los cambios presupuestario fiscales orientados a entregar rentas básicas temporales, bonos o reducir el pago impositivo pueden apoyar a la población, pero se constituyen como una estrategia pasiva al no ser propositiva. Fortalecer a las Pymes y/o exportadores de bienes y servicios con infraestructura, tecnología, orientación estratégica y diseño de plataformas digitales que permita enfrentar las dificultades logísticas y los cambios de conducta del consumidor nacional o internacional podrían ser clave para reactivar las economías locales como nacionales. Las economías locales deben asumir un liderazgo orientados a sus competencias estratégicas y comparativas, apoyados por administraciones públicas regionales y nacionales.

Tabla 3 Recomendaciones de medidas económicas, financieras, fiscales Y comercial en Países latinoamericanos en medio de la pandemia 

Fuente: Elaboración propia.

Dado el análisis del estudio, se confirma que a mayor inversión interna como externa en ciencia y tecnología incidiría decisivamente en la matriz productiva de los países Latinoamericanos, al provocar un despegue del sector manufacturero, mejoramiento de la infraestructura e incremento de los servicios con mirada exportadora. Estas medidas fortalecerían el desarrollo local y fortaleciendo líneas de innovación y desarrollo tecnológico, fortaleciendo el crecimiento endógeno. Todo este proceso puede darse, siempre y cuando, se lidere por instituciones trasparentes y eficientes. En concordancia con lo expuesto por ^{Fernández (2015)} y ^{Castro-González, Peña-Vinces y Guillen (2016)}, es fundamental acompañar este proceso con nuevos modos organizacionales que apoyen las actividades de investigación y desarrollo (I+D), fortaleciendo a las universidades para liderar estos procesos en unión con fondos privados y públicos.

La inversión fiscal en la investigación debe centrarse en proyectos que incentiven la producción nacional y la colaboración regional, excluyendo proyectos que fortalezcan el modelo extractivista y focalizándose en atraer científicos de excelencia nacionales, latinoamericanos y extranjeros. El fomento a la creación de instituciones orientadas al apoyo de investigaciones e innovaciones tecnológicas que se orienten a diversificar las exportaciones y alejarse del modelo extractivista es una buena oportunidad, unida a la asociación con instituciones internacionales de prestigio en materia de investigación. En este sentido, la colaboración Latinoamericana es un pilar importante para compartir experiencias y fortalecer la alianza productiva vertical como horizontal.

Mientras los logros de los proyectos científicos y tecnológicos comiencen a incrementar la producción nacional y regional, el modelo extractivista debería empezar a disminuir paulatinamente, enfocando los recursos a estas nuevas líneas productivas. Esto fortalecería los términos de intercambio internacionales, independencia del neoextractivismo, diversificación productiva y exportadora y, por ende, más empleo y, en un mediano plazo, mayor salario (como fue lo observado en Singapur). El ingreso fiscal por estas nuevas líneas productivas, deben reinvertirse en educación de calidad, infraestructura para mejorar condiciones de vida y funciones laborales y mayores fondos a las pymes dedicadas a tecnología e innovación productiva, principalmente en zonas con realidades extractivistas, sustituyendo los modelos productivos. Todo ello, sin dejar los fondos para la ciencia y tecnología.

Estos cambios y medidas económicas se pueden implementar siempre que se desarrolle un plan estratégico en el mediano y largo plazo, con metas medibles y con pilares específicos garantizados como: ausencia de corrupción institucional; democracia de estados; regulaciones jurídicas; derechos de autor y propiedad y, calidad de la burocracia.