Introducción

El servicio de seguridad en el ámbito rural implementado por la Policía Nacional de Colombia tiene retos y compromisos con las comunidades a propósito de su vulnerabilidad en las situaciones generadas por los actores disidentes de los desarmes en la actual, si se quiere, confusa pos-guerra. Teniendo en cuenta que la policía rural especializada no es suficiente para cubrir toda la geografía nacional distante, y que aunque la comunidad confía en la institución policial, no siempre acude a solicitar sus servicios por la falta de pie de fuerza en sus territorios para atender las necesidades de seguridad ciudadana. Resulta de gran importancia entonces, estudiar las situaciones que han dificultado el posicionamiento, y control de la seguridad rural de la nación y ha propiciado la emergencia de nuevos escollos de violencia ejercida por grupos al margen de la Ley.

En el contexto, de las mayores necesidades de las zonas rurales de alto riesgo están la administración de justicia, la seguridad de la población y el tratamiento de las economías ilegales. Por lo mismo, de las demandas surgidas en el posconflicto son el mejoramiento de los mecanismos para el ofrecimiento de garantías del estado en el ámbito rural. En este sentido, en algunos municipios hacen presencia organizaciones estatales o respaldadas por el gobierno como casas de justicia, comités de convivencia y centros de conciliación, pero al igual estas, otras ilegítimas también han estado presentes ejerciendo roles de procuración de “justicia” ejercidas por grupos armados.

De acuerdo con lo expuesto, con un diseño científico social participativo de actores policiales, civiles y estatales, se hizo necesario responder a la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos del Servicio de Policía Rural en el departamento de Santander, Colombia?, en busca de estrategias de mejora acordadas y horizontales de campo en la aplicación del SISER, aspectos que enriquecieron el desarrollo de políticas de seguridad no solo bajo la percepción del Estado (Ministerio de Defensa), sino con las percepciones de las comunidades en sus territorios a través de la consolidación de aciertos y la disminución de los efectos en los desaciertos identificados.

El servicio de policía en el ámbito rural en Latinoamérica, hacia los retos en Colombia (antecedentes teóricos)

Al tomar como referencia algunos antecedentes latinoamericanos, principalmente en Brasil, Chile, México y desde luego en Colombia; se establece que en estas naciones el tema de la seguridad, y particularmente en las zonas no urbanas, viene siendo abordado desde otrora, representando un profundo interés en esta área, incluso a pesar de la migración de las poblaciones rurales hacia las urbes. Sin embargo, Colombia presenta datos que hacen esta discusión central y prioritaria para garantizar el orden, goce y disfrute de los derechos humanos en los lugares no considerados céntricos del país: “De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2015) la vida rural en Colombia sigue teniendo un peso elevado: primero, el 60% de los municipios colombianos son considerados rurales” (DNP como se citó en ^{Villegas et al., 2016}, p. 4).

Teniendo en cuenta, desde luego, el contexto de cada nación, la época, sus nociones de Estado y su filosofía institucional en términos policiales, se identifica que, por ejemplo, en México el interés por la seguridad de la ruralidad se dio “en el año 1826, con el establecimiento de la policía rural por el gobernador Lucas Fernández. Con el establecimiento de la policía rural se conformaron secciones municipales rurales según las diferentes necesidades que se presentaran en el campo” (^{Rodríguez, 2015}, p. 222). Se entiende desde allí que era necesario para asegurar los ideales del Estado comprender las necesidades en términos de seguridad en el campo, al asumir como fundamental la presencia del Estado, no solo a través de lo que podría asemejarse a un corregidor para Colombia en la época, también para que dicho líder estuviera respaldado por una fuerza armada en los rincones de esa patria.

Al igual que en aquella época, hoy la práctica de muchos profesionales de policía está afectada, entre otras cosas del contexto. Asunto que se explica históricamente en parte desde la experiencia mexicana de la seguridad rural en la expresión “Pan o palo”¹ Tal vez no con el imaginario del deber ser hoy, en el actuar de las instituciones policiales en América Latina. No obstante; estos antecedentes ayudan a establecer más allá de lo que se consideraba la garantía de la presencia de la fuerza pública en los sitios distantes, la idea de que, para conseguir y concebir ideológicamente el control bajo una sola idea de Estado es necesario llegar a todos los rincones del territorio.

Por eso, más allá de los imaginarios del General Mexicano Porfirio Díaz, lo que sobrevivió fue la emergente labor comunitaria y de seguridad de las fuerzas policiales en todos los rincones de esa nación bajo una sola lógica estatal. Finalizado el periodo conocido como el “Porfiriato” en el año 1910, los rurales no desaparecieron dado que mantenían la preocupación por la seguridad y cambiaron su denominación a “defensas rurales”, con ello dieron continuidad a la labor comunitaria y de seguridad en las zonas rurales, lo que refleja la importancia de esa actividad policial requerida en las zonas vulnerables y de difícil acceso.

Hoy en día México y Colombia comparten complejas situaciones de seguridad rural por cuenta del narcotráfico y el control de sus territorios rurales, debido a la fertilidad de sus tierras, la idoneidad de su clima, su topografía quebrada y de difícil acceso, además de una ubicación geográfica estratégica como puerta de entrada o salida de Sur América hacia Centro América. A su vez, Colombia y México presentan altos índices de violencia en las zonas periféricas a las urbes. “El tráfico de cocaína a Estados Unidos, promovido a través de contactos colombianos y pactos con otros cárteles, como el de Sinaloa” (^{Maldonado, 2012}, p. 24); este es un escenario en el que también, estratégicamente, en aspectos de seguridad rural en las dos naciones se aplican acciones conjuntas entre militares y policiales, entonces en México “una de las estrategias para opacar el movimiento neocardenista fue la profundización de las campañas del ejército y la policía para combatir el narcotráfico regional” (^{Maldonado, 2012}, p. 21).

Por otro lado, en Chile también se destaca la reflexión que coloca al país en los escenarios de circulación científica del conocimiento latinoamericano como sobresaliente por la promoción del control y sobre todo la garantía de la seguridad para sus pobladores.

Desde su creación en 1927, hace 90 años, la policía de Chile ha sido valorada como una de las mejores policías de América Latina; igualmente, “carabineros de Chile es una de las instituciones públicas mejor evaluada por los chilenos” (^{Oviedo, 2007}, p. 73). Esto gracias al nivel de confianza que la comunidad chilena tiene en la misma, siendo este tal vez uno de los mejores escenarios para proyectar los intereses de una institución en el seno coyuntural de su nación. Se da paso a la idea de que los servicios de policía rural no solo deben estar sometidos al juicio y la reflexión del país, sino también a experiencias similares en las naciones vecinas en aras de ampliar la internacionalización de las actividades policiales. Es así como

En el año 1998, Carabineros de Chile implementó una modalidad de servicios policiales preventivos que llamó Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, destinado a brindar seguridad, buena convivencia social y generar mayor confianza, así como a solucionar problemas que aquejaban a la comunidad. (^{Oviedo, 2007}, p. 75)

Así, “los modelos foráneos bien pueden inspirarnos para reestructurar nuestro servicio de policía en el ámbito rural. De hecho, así ocurrió en 1936 con la asistencia técnica de una misión chilena para la organización de la Policía Rural Montada” (^{Torres, 2015}, p. 1). Antecedente que debe alentar estas discusiones no hacia la unificación de criterios ni a la homogeneidad de prácticas, estas aseveraciones no serían pertinentes porque los proyectos de nación son distintos; mejor aún, porque las experiencias exitosas como las no provechosas deban ser tenidas en cuenta para tomar ventaja de sus referentes para la toma de decisiones.

En el caso de Brasil, se estableció un constructo teórico reflexivo a partir de la garantía de la seguridad en un contexto más amplio que se asume desde la empatía que debe emerger en los procesos y políticas de seguridad, pero también desde la premisa institucional que sugiere que esta asuma “que la actividad policial nace de la comunidad, integra a la comunidad y sobrevive en función de la comunidad, destinataria de un servicio público considerado y visto como indispensable para la preservación del orden colectivo” (Souza como se citó en ^{Ribeiro, Neiva e Oliveira y Alves Diniz, 2016}, p. 609).

Bajo esta lógica, los brasileños establecieron esquemas de acercamiento a las poblaciones suburbanas y distantes, una modalidad de policía comunitaria llamada “Grupo Especial de Patrullaje” en áreas de riesgo no solo para pretender la presencia de la fuerza bélica del Estado, también para acercar esa fuerza más que para normalizarlos, para respaldarlos y garantizar sus derechos en cada una de sus vivencias.

Todo esto en una estructura sistémica de pilares para potenciar esta cohesión entre comunidad y fuerza policial, así “Brasil crea cuatro iniciativas llamadas Bases Comunitarias, Bases Comunitarias Móviles, Policía y Familia y Red de Vecinos Protegidos, las que tienen como objetivo crear relaciones entre la policía y la Comunidad” (^{Ribeiro et al., 2016}, p. 611). Esto da fuerza al interés por el Estado que no solo como se anticipaba en las anteriores líneas se afanaba por la seguridad del territorio, en este referente se identifica entonces que también se preocupa porque la comunidad respalde esa fuerza, se exprese con agrado de ella e incluso haga parte de la misma sin uniformarse.

Sin embargo, se anticipa que no necesariamente la presencia de la fuerza pública garantiza la sinergia buscada, además porque la disciplina castrense, el rigor del cumplimiento y otros que podrían llamarse prácticas usuales de las instituciones de este corte no son de fácil adaptación a las dinámicas de las comunidades. Se indica entonces que las acciones de los policías de Belo Horizonte son represivas, que no buscan el acercamiento con la comunidad y, en últimas instancias, las estrategias aplicadas por estos son solo las mismas actividades que conllevan al uso de la fuerza pero bajo la legalidad que les atribuye el vocablo policía comunitaria (^{Ribeiro et al., 2016}, p. 633).

Luego de referenciarnos en perspectivas de gran interés en los antecedentes de algunas naciones representativas en Latinoamérica, nos permitimos establecer que algunas de las prácticas que se desarrollan en las políticas de seguridad rural en Colombia han tenido diálogo con las reflexiones de otras naciones para emprender una identidad sobre conceptos tan significativos como la garantía de la seguridad y los derechos humanos en las zonas rurales.

La ruralidad en Colombia goza de diferentes escenarios de complejidad circundados por las distinciones de su población, etnias, geografía, hidrografía, clima y costumbres, entre muchos elementos que van marcando un panorama de difícil interpretación y abordaje imposible a través de una postura homogénea de las necesidades del territorio nacional en cuanto a seguridad; sin embargo, a través de la experiencia de la Policía Nacional y seguridad ciudadana en el Estado, intenta ofrecer un concepto para la comprensión de dicha particularidad: “La ruralidad es la representación de las relaciones sociales gestadas en un espacio geográfico, que se caracteriza por la dispersión, baja densidad de la población y la distancia con respecto de las cabeceras y los bienes y servicios que ofertan” (^{Villegas et al., 2016}, p. 4).

Esto transversalizado por la pacificación del territorio en el término de un conflicto interno que superó las cinco décadas y que ofrece retos en este nuevo proyecto de nación en medio de un ambiente enrarecido por las disidencia², es lo que constituye esta nueva realidad. La Policía Nacional colombiana ha establecido, erigido y presentado al país el proyecto para el posconflicto el “Plan Estratégico Institucional, Comunidades Seguras y en Paz 2015-2018 y la visión 2030” y a su vez anclado en su centro el “Sistema Integrado de Seguridad” (SISER) como “un modelo de coordinación interinstitucional e intra-institucional que busca mantener un engranaje al servicio del sector rural colombiano” (^{Villegas et al., 2016}, p. 1). Como una respuesta consecuente con las necesidades que se vislumbran al momento de sostener y retomar el control del territorio ocupado por fuerzas armadas al margen de la ley.

Sin embargo, este plan y sistema se encuentra inmerso en lo que podría denominarse la complejidad rural en Colombia, asunto que no es menor en cuanto a que sus actividades no se someten a la reflexión académica, y más aún a la discusión científica, puede llevar el intento de proveer seguridad en el territorio nacional a una experiencia no exitosa y recaer en la prolongación de conflictos sectoriales o, peor aún, organizados cuando es unidireccional y no se acuerda con los territorios.

El SISER³ presenta seis principios generales que pretenden atender la complejidad y la necesidad ya esbozada, bases en las que se enumeran sus elementos más importantes: 1) respeto por los derechos humanos y la diversidad, 2) corresponsabilidad, 3) cobertura, 4) protección, 5) priorización y progresividad y 6) participación ciudadana (^{Villegas et al., 2016}, p. 13). Estos pilares son orientados, liderados y administrados, principalmente, a través de los fuertes de carabineros que coordinan y desarrollan las actividades.

A partir de estas consideraciones, se promueven estrategias para la consolidación de la seguridad rural, la presencia del Estado y las garantías en términos de derechos humanos que deben asegurarse para toda la comunidad ubicada en la periferia del país, las Unidades Básicas de Carabineros -UBICAR- constituyen una gran proyección de la seguridad rural a corto, mediano y largo plazo, al ser estas las encargadas de atender los cuadrantes con alcance rural y los segmentos estratégicos” (^{Villegas et al., 2016}, p. 21); así estrategias como el plan cuadrantes se ha implementado incluso bajo la perspectiva de experiencias foráneas como las chilenas.

Gracias al respaldo gubernamental, la Policía creó una estrategia de patrullaje denominada “Plan Cuadrante” que ha tenido algunos factores favorables, pero a su vez ha ocasionado que el enfoque de la función de la policía cree debate entre la prevención y el control, ya que se requiere “contundencia” con la delincuencia en general, pero al mismo tiempo que logre evitar que se generen los escenarios propicios para que desemboquen en hechos que afecten la seguridad.

Estrategias que han dejado pautas para la construcción de diseños que atiendan las necesidades del territorio nacional; no obstante, se anticipa una amplia reflexión del deber ser en términos de seguridad rural a partir de un modelo que goza de elementos eclécticos pero que debe ser sometido a la rigurosidad permanente de la deconstrucción y reconstrucción de la mano de la ciencia, la tecnología y la participación comunitaria. Se asume la seguridad rural como una apuesta que va más allá de la mera presencia de una fuerza armada, atribuyéndose policialmente el protagonismo en el proyecto de Estado que corresponde a que “la Policía sería el centro de la idea moderna de Estado, al garantizar la libertad y la seguridad individuales por medio de la vigilancia constante contra cualquier uso indebido de la fuerza, ya sea interno o externo” (^{Weber, 1994}, p. 25).

Lo que constituye un verdadero reto para las instituciones policiales asumir este liderazgo en el que seguramente también resulta importante el uso de la fuerza que además es intrínseco al servicio de la policía; sin embargo, emergen otras competencias de las que son objeto también los estudiantes en las escuelas de carabineros, entre ellos el liderazgo comunitario, emprendimiento, empoderamiento y desarrollo de la sensibilidad para asegurar que la comunidad confíe en la presencia del Estado a través de los miembros policiales, siendo la confianza uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad.

Entonces hablamos de una institución armada que asume roles que hasta ahora muchas comunidades podrían considerar desconocidos o no usuales, ya que a los policías por otras épocas se les reconocía como una organización que tenía como su primer instrumento de intervención la fuerza, los nuevos retos requieren que la fortaleza en su actuar sean principalmente sus habilidades de mediación, que faciliten a través de la educación y la convivencia ciudadana, dejando estrictamente el uso de la fuerza como última opción⁴. En este sentido, entre más se documenten ejercicios sociales del liderazgo de policiales carabineros con las comunidades rurales, emergerán elementos propios territoriales para las mejoras de la seguridad en cada caso.

Asumiendo entonces como principal premisa dentro de las lógicas de la seguridad rural que “las respuestas a las nuevas demandas de seguridad no solo pueden provenir de un cuerpo de policía, sino de la construcción de saberes sociales que propicien la convivencia” (^{Habermas, 2002}, p. 32). Lo que supone es imperativo el empoderamiento de las comunidades de su misma tranquilidad y, por tanto, de su seguridad, tomando como referente el conocimiento de normas básicas para el cumplimiento en el que están involucrados todos los actores, perspectiva en que los policiales resultan ser solo un miembro de esa convergencia, en tanto que son las poblaciones quienes lideran el camino hacia la seguridad rural.

Diseño metodológico y paradigma científico

De acuerdo al objeto de estudio, la investigación desarrollada se enmarcó en el paradigma cualitativo en el que se proyectó una apuesta metodológica que interpretara el fenómeno social estudiado y que abordara los aciertos y desaciertos del servicio de policía en el ámbito rural del departamento de Santander, Colombia. El proceso metodológico pretendió comprender y afectar constructivamente el fenómeno estudiado proponiendo mejoras en la puesta en marcha del servicio de policía en aras de alcanzar una inmersión de las opiniones e ideas de todos los actores, en el proceso que generará confiabilidad en temas de seguridad para las poblaciones, así como involucrar escenarios en que los miembros civiles del proceso de seguridad se empoderarán de los alcances de las estrategias puestas en marcha por la Policía Nacional.

Perspectiva de análisis sobre los resultados de investigación

Luego de la recopilación de información cualitativa a través de herramientas de recolección como grabadoras de audio y video en las sesiones realizadas, el primer tratamiento realizado a los datos fue la transcripción literal de las narrativas construidas en las discusiones abordadas en las sesiones de los grupos de enfoque. En un segundo momento, se procedió a codificar la información en matrices de análisis de datos cualitativos de acuerdo con categorías prediseñadas en el desarrollo del ejercicio científico; sobre el particular se logró definir las siguientes grandes categorías de análisis: (i) cobertura del servicio de seguridad en el ámbito rural, (ii) corresponsabilidad de las autoridades locales, regionales, nacionales, públicas-privadas y (iii) participación ciudadana.

Discusión

De acuerdo con lo anterior, resulta inerme cualquier consideración de mejora del Servicio de Seguridad Rural si no se tiene una disponibilidad de personal y con los roles dispuestos por el sistema para atender los requerimientos de la seguridad comunitaria de la periferia; siendo necesario el fortalecimiento del número del pie de fuerza de efectivos uniformados con misiones específicas en esas zonas distantes de Santander. Para alcanzar el ideario expresado en la política para la consolidación del servicio de policía en el ámbito rural es preciso interiorizar y cumplir con los más altos niveles de exigencia del servicio: “La institución a través de sus diferentes especialidades del servicio en las áreas rurales, desarrollará acorde con su misionalidad, las capacidades necesarias en términos de cobertura, movilidad, comunicaciones y talento humano” (^{Santos et al., 2010}, p. 51). Atendiendo a la estructura orgánica de la policía nacional, la dirección general imparte órdenes e instrucciones las cuales de manera jerárquica se ejecutan a través de las diferentes direcciones de policía, quienes supervisan, controlan, lideran, deberán asignar funciones y responsabilidades específicas a través de los comandos de distrito, estación y de grupos especializados adscritos a la dirección de carabineros y seguridad rural, haciendo efectivo también acompañamiento positivo a las necesidades en su labor en las veredas o corregimientos.

En efecto, la escasa presencia policial en las veredas se convierte en una situación compleja para su descripción y caracterización, esto sumado a que garantizar permanencia y efectividad institucional según las necesidades y ausencias expuestas en los grupos focales, requiere de interdisciplinariedad diaria con las especialidades de la Seccional de Inteligencia Policial, SIPOL y la Seccional de Investigación Criminal SIJIN entre otras, advirtiendo que en algunas zonas del país existe presencia de grupos al margen de la ley o al menos reductos de estas estructuras criminales, lo cual requiere de especial atención teniendo en cuenta que es un factor que limita la eficiencia en la atención de los casos en términos de tiempo, por cuanto se requiere de una planeación para el desplazamiento, con el fin de reducir riesgos a la integridad física de los uniformados y bienes al servicio del Estado.

Es por esto que las unidades básicas de investigación criminal (UBIC), deben tener actualizada la información de que lo sucede a diario en las veredas (acuerdos cooperados con la comunidad en el área rural), para con ello brindar notificación pormenorizada al cuadrante, para un desplazamiento seguro y efectivo teniendo en cuenta que dichas unidades se encuentran analizando los fenómenos delincuenciales más frecuentes en las ciudades y la forma de desarticular su estructura de una manera mucho más ágil, dejando de lado zonas que por su impacto no requieren una actuación más directa.

En ese mismo sentido, es menester entonces tener en cuenta el factor presupuestal, asunto primordial para el emprendimiento de cualquier proyecto que pretenda impactar la seguridad y convivencia en el sector rural. La financiación de la seguridad ciudadana depende de la capacidad fiscal de los municipios asunto que marca distinciones entre ciudades y municipios consecuentemente, traduciéndose en la cantidad de policías, medios, equipos e instalaciones a disposición de atender la seguridad rural (^{Bulla y Guarín, 2015}, p. 14).

Entonces por la misma organización administrativa de los recursos, aquellos son destinados al departamento de policía o las entidades territoriales y se entiende que deba adoptarse una partida presupuestal específicamente para la seguridad rural que usualmente resulta insuficiente para lograr una cobertura del servicio de seguridad en el ámbito rural eficiente. “Los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios o recibir donaciones de particulares destinadas a propiciar y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana” (Ley 1421 de 2010).

Por tal motivo es importante resaltar que es necesario una asignación presupuestal a los comandos de departamento y policía metropolitanas con recursos destinados específicamente al fortalecimiento del sistema de seguridad rural y, de la misma forma, impartir órdenes concretas a los comandantes de departamentos y de estaciones para la elaboración de proyectos encaminados a mejorar la seguridad rural y radicar tales proyectos en las alcaldías y departamentos para el correspondiente aval de los regentes administradores a fin de robustecer los recursos mediante la gestión de recursos de los fondos territoriales de seguridad y convivencia ciudadana, FONSET.

De acuerdo con lo anterior, el panorama para el campesino en materia de seguridad resulta un poco sombrío, pues se requiere de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, DICAR, volcada completamente al sector rural donde no solo estén dos o tres uniformados cubriendo un caserío, inspección o vereda, pues a pesar de hablarse de posconflicto se presentan distintas formas de violencia y de otros delitos como la minería ilegal, entre otros. Es por eso que se debe reacomodar el servicio de policía en el ámbito rural para dinamizarlo, de tal forma que el ciudadano se sienta no solo acompañado en el mejor de los casos. Sino que sea también actor principal y protagonista en los quehaceres cotidianos como lo hace el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes.

Lo dicho hasta aquí supone una reflexión sobre la atención más próxima a la resolución de conflictos en el campo como las formas alternativas de superar estas dificultades, pues el impedimento para resolver un caso de forma adecuada siempre va a ser la falta de personal capacitado que cuente con los conocimientos necesarios en materias como infancia y adolescencia, investigación criminal para la indagación y esclarecimiento de delitos contra la vida, la integridad sexual o patrimonio económico, que se presentan con frecuencia en zonas apartadas de una urbe o capital. “Las formas alternativas corresponden a mecanismos no formales y solidarios que brindan un elemento fundamental con la humanización del conflicto, con la presencia de una tercera persona que actúa como facilitadora especialista en resolución o prevención de conflictos” (^{Fuquen, 2003}, p. 274).

Este asunto debe ampliar las competencias de los policías que prestan el servicio de seguridad en el ámbito rural puesto que de seguir sujeto a las especialidades que tiene la policía, el servicio se va a tornar lánguido, parsimonioso, falto de efectividad, pues el hecho de existir cinco o diez policías en una vereda sin los conocimientos adecuados, conlleva a un desgaste de personal, apartándose de los criterios de efectividad e inmediatez, ya que siempre se va a estar a la espera de otro funcionario para terminar con una diligencia. “Se trata entonces de educar profesionales de policía formados en valores, técnicas y procedimientos, que además cuenten con la capacidad de proponer y transformar las problemáticas de convivencia y seguridad que afectan a las comunidades” (^{Ramírez y Céspedes, 2016}, p. 198).

Lo relatado no desestima la labor preventiva y comunal del servicio de policía; sin embargo, por las características de los delitos en puntos de alto impacto y sobre los cuales recae el mayor índice delincuencial, conviene entonces disponer de todas las especialidades en una sola a través de un equipo interdisciplinario en una dinámica más frecuente de las UBICAR, contempladas en el SISER para así evitar desgastes tanto procesales como administrativos al momento de recibir una denuncia o de atender un caso sin importar su complejidad, para que se logre dar un tratamiento con la misma eficacia y celeridad como normalmente sucede en las ciudades. “Esto demandará de la Policía Nacional el fortalecimiento de las capacidades institucionales; el esfuerzo del componente educativo y de entrenamiento en las escuelas de formación” (^{Bello, 2014}, p. 331).

La resolución de conflictos en las veredas, caseríos, inspecciones y corregimientos, contienen un ingrediente adicional a la prevención: la inmediatez, puesto que en un sinnúmero de eventos el uniformado no puede llegar a tiempo o dentro de un horario racional después de la ocurrencia de los hechos a conocer la novedad y es ahí donde hay que disminuir esa debilidad, que resulta tan acentuada en estas jurisdicciones. Por ello es imprescindible la presencia permanente del policial no de forma esporádica o por rondas, como se hace en algunos departamentos y que se hace en cumplimiento del SISER, sino como un ejercicio diario, estable, al cual el campesino pueda acudir en cualquier momento, sin dilaciones injustificadas por la ausencia de parque automotor o logístico y atendiendo a principios como el respeto por los derechos humanos; que es transversal a una atención adecuada; sin hacer más gravosa la situación del administrado más que el hecho de que le sea escuchada su denuncia.

Finalmente, no se debe pasar por alto la normatividad existente que regula al servidor público a actuar conforme a lo pretendido por el ciudadano ya que las actuaciones judiciales, ejemplo las diligencias de entrevistas, recolección de información, elementos materiales probatorios, entre otros, que se adelanten en contra del presunto infractor de la ley, frecuentemente se desvanecen por las decisiones judiciales con poca efectividad sobre los indiciados; de igual forma las contravenciones al código de policía que se revisten de bajo poder coercitivo deja desamparado cualquier procedimiento de policía, haciéndose urgente una transformación en tipos penales y normas de convivencia y seguridad ciudadana que se adapten a las circunstancias por las cuales atraviesa el país en torno a pos-conflicto ya que esa mutación de los grupos al margen de la ley desencadena otros tipos de conductas.

En la perspectiva de generar una atmósfera de inseguridad y zozobra generalizadas, ello podría ser una estrategia deliberada dirigida a crear confusión, impotencia y desconfianza hacia las instituciones del Estado y los procesos de paz, junto con la negación de la democracia como el escenario propicio para la garantía y efectividad de los derechos fundamentales. (^{González y Delgado, 2018}, p. 6)

Se propone entonces que en el óptimo procedimiento para resolver un conflicto es que el campesino acuda de manera directa al policía y este tenga las herramientas necesarias para atender los diferentes conflictos, haciendo que “la capacitación de las personas que participan en los comités de carácter local sea imprescindible, si se desea que la participación ciudadana supere el mero reclamo por la inactividad policial” (Frühling, 2003, p. 24). Caso contrario deberá acudir a los cuerpos especiales de la policía y hacer un acompañamiento hasta el final del proceso, esto supeditado a leyes del Estado.

Conclusiones