La política de la información: un repertorio establecido en los conflictos por derechos humanos

Como plantea ^{Hincapié (2017}, 2015), los derechos humanos son principios éticos, dispositivos jurídicos y recursos de movilización para la acción colectiva. Especialmente desde la expansión del régimen internacional de los derechos humanos en los años setenta del siglo XX, los movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y actores colectivos han adelantado estrategias y repertorios para la defensa y socialización de los derechos humanos en escenarios de abusos del poder (^{López, 2017}; ^{Risse, Ropp & Sikkink, 2013}; ^{Simmons, 2009}; ^{Tsutsui, Whitlinger & Lim, 2012}; ^{Wotipka & Tstutsui, 2008}).

En este proceso, se ha denominado como “política de la información” (^{Keck & Sikkink, 2000}) a las estrategias de documentación, investigación y denuncia pública que llevan a cabo las redes y activistas de derechos humanos para generar presión sobre los gobiernos en contextos de violencia y violaciones de derechos humanos. Dentro de las muchas actividades que desarrollan los actores colectivos como parte de su política de información se encuentra documentar sistemáticamente violaciones de derechos humanos, realizar análisis de contextos y causas de las violaciones, publicar informes con base en datos y testimonios, generar campañas que den visibilidad pública por medio de casos emblemáticos, cabildear frente a actores poderosos y órganos intergubernamentales, entre muchas otras (^{Brysk, 1994}; ^{Burgerman, 2001}; ^{Keck & Sikkink, 2000}; ^{Risse, Ropp & Sikkink, 1999}). Como recuerda ^{Brysk (2013)}, los hechos y las violaciones de derechos humanos no hablan solas, éstas se conocen y difunden a partir de estrategias de comunicación, narración y socialización que implican decisiones, habilidades y capacidades de actores concretos. Igualmente, la forma como los hechos relacionados con derechos humanos son narrados tienen implicaciones sustanciales, tanto en la construcción de dicha realidad como en la posibilidad de generar empatía y solidaridad para que las cosas cambien (^{Borer, 2012}; ^{Brysk, 2013}).

La política de información es una estrategia colectiva muy generalizada en la defensa de los derechos humanos por tres razones, todas relacionadas con los recursos con los que cuentan los activistas y organizaciones no gubernamentales. Primero, está basada en el establecimiento de estándares altamente aceptados a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los diferentes tratados regionales e internacionales, es decir, cuando se denuncia la “perversidad” de una práctica se hace con base en principios moralmente aceptados. Segundo, se ha consolidado una amplia variedad de ONG, organizaciones intergubernamentales y algunas organizaciones gubernamentales, dedicadas a investigar con sistematicidad los abusos en materia de derechos humanos, consolidando una reputación positiva que ha permitido que su información sea tomada con mucha seriedad. Tercero, hasta el momento dentro del campo de los derechos humanos los actores civiles no tienen muchos otros medios de presión para generar cambios, razón por la cual esta estrategia comúnmente está dirigida a ejercer presión sobre actores con capacidad coercitiva, como pueden ser cortes y gobiernos poderosos, para que tomen medidas de castigo activando indirectamente mecanismos de rendición de cuentas (^{Cárdenas, 2007}; ^{Franklin, 2015}; ^{Hafner-Burton, 2008}; ^{Hagan, 2010}; ^{Keck & Sikkink, 2000}; ^{Murdie & Davis, 2011}; ^{Tarrow, 2005}).

En el centro de la apuesta por generar información por parte de activistas de derechos humanos está el supuesto según el cual “nombrar y avergonzar” (naming and shaming) puede ser efectivo en la medida que los Estados tienen interés en mantener una correcta “reputación” en el escenario internacional. En otras palabras, la política de la información tiene en su origen la idea según la cual los derechos humanos son principios éticos y morales frente a los cuales los gobiernos no pueden presentar rechazo (la ola de regresiones autoritarias y anti-derechos humanos que vivimos hoy parece ir en contra de estas ideas). En este sentido, cuando se visibilizan públicamente practicas indeseadas como las violaciones a los derechos humanos, los Estados verían, en teoría, afectados sus intereses y tendrían incentivos para cambiar su comportamiento, o por lo menos, actores poderosos se verían llamados a presionar sobre éstos (^{Cárdenas, 2007}; ^{Keck & Sikkink, 2000}; ^{López, 2013}; ^{Risse et al., 2013}).

Los estudios clásicos como los de ^{Keck & Sikkink (2000)} y ^{Brysk (1994)} habían definido a las redes de activismo (de las cuales la política de la información en derechos humanos es su principal repertorio de movilización) como espacios de horizontalidad, donde los actores involucrados tienen relaciones de cooperación². Sin embargo, se han elaborado críticas certeras a esta lectura en la medida que la capacidad de generar información es un recurso especial para el cual se requieren habilidades y capacidades económicas, de infraestructura, de personal y conocimiento (^{López e Hincapié, 2015}). En otras palabras, no todos los actores colectivos tienen habilidades desarrolladas para generar información, contratar personal profesional, tener vínculos en el campo y, al mismo tiempo, establecer interlocución con actores gubernamentales e internacionales. Autores como ^{Bob (2010}, ²⁰⁰⁵⁾, ^{Gordon (2008)} y ^{López e Hincapié (2015)}, han señalado las relaciones de poder, interés y conflicto que se generan entre las propias organizaciones no gubernamentales y los actores colectivos instituidos en la defensa de los derechos humanos³. Igualmente, la capacidad que tienen las organizaciones para que su información circule y se posicione en espacios estratégicos como los medios de comunicación varía sustancialmente de una a otra (no es lo mismo una organización posicionada de la capital de un país y una organización de las regiones del mismo país).

^{Pruce y Cosima (2016)} proponen una interesante tipología para distinguir los niveles y ámbitos de influencia de la política de la información que llevan a cabo los y las activistas en general, y las ONG en particular. En primer lugar, cuando la política de información está orientada a la influencia en el mundo jurídico, ésta mantiene un tono claramente legal, delimitado estrictamente a “documentar”, “recopilar evidencia” y “demostrar”, siempre bajo una lógica científica y jurídica. En segundo lugar, cuando la información está orientada específicamente a “nombrar y avergonzar” frente al público estaríamos hablando de estrategias de información para “revelar”, donde los medios de comunicación cobran un rol más importante dado que la apuesta se concentra en impulsar cambios con base en información, objetivo que sólo se puede lograr cuando ésta circula, es accesible y se hace visible para grandes públicos (incluidos los actores con influencia y poder de incidencia). Por último, el impulso del conocimiento sobre derechos humanos en audiencias globales, el cual está orientado ya no sólo a impactar en los medios para difundir información y evidencia, sino que ésta transcienda las fronteras comunicando y convenciendo a actores internacionales sobre la urgencia de actuar sobre la situación.

De esta manera, dadas las particularidades de la política de la información en la defensa de los derechos humanos, la relación entre las demandas colectivas, las ONG y los medios de comunicación se vuelve central. Cuando los medios de comunicación informan e investigan sobre problemas puntuales, tienen la capacidad de producir cambios sobre la percepción social y posicionar debates en agendas más generales y públicas (^{Castells, 2011}; ^{Thompson, 2001}). Así, cuando los movimientos y organizaciones no gubernamentales logran incidir en la generación de noticias que visibilicen los abusos del poder y las violaciones de derechos humanos, se pueden constituir como “contrapoderes”, potenciando un efecto democratizador de la esfera pública y en la defensa de los derechos (^{Castells, 2011}; ^{Rosanvallon, 2007}; ^{Stammers, 2009}; ^{Tumber & Waisbord, 2004}; ^{Waisbord, 2016}).

ONG y medios de comunicación: entre la mediación y la autoproducción

Como se ha establecido hasta este punto, la política de la información como estrategia central en el activismo de defensa de los derechos humanos es el principal eje para entender la relación entre ONG y los medios de comunicación, sus potencialidades y limitaciones. Desde el origen del activismo global por los derechos humanos, en los años sesenta y setenta del siglo XX, se encuentra una estrecha relación entre las nacientes organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch con la prensa como plataforma de denuncia global, relación establecida principalmente en la defensa de los presos políticos de los regímenes autoritarios (^{Keck & Sikkink, 2000}; ^{Menon, 2009}; ^{Risse et al., 1999}).

En todos los casos, la principal vía de denuncia que seguían las organizaciones de derechos humanos era la de publicar notas en la prensa, donde documentaban, lo mejor que podían, los casos de violaciones de derechos humanos. Ahora bien, como claramente lo plantean ^{Winston y Pollock (2016)}, en esa época:

Los periódicos se publicaban exclusivamente en papel impreso, las noticias de televisión se transmitían por radio y se recibían por antenas, y las cartas de activistas de derechos humanos dirigidas a funcionarios del gobierno se escribían en máquinas de escribir y se enviaban por correo. (p. 303)

En otras palabras, si bien desde el origen de las estrategias de activismo en defensa de los derechos humanos ha existido un vínculo estrecho entre ONG y medios de comunicación, hoy nos encontramos ante realidades tecnológicas, de capacidad de acción colectiva y circulación de información muy diferentes, razón por la cual es importante entender cómo se dan y estudian estas interacciones.

Los medios como mediadores de la política de la información

El primer gran conjunto de investigaciones sobre la relación entre ONG de derechos humanos y medios de comunicación tienen en común el definir a los medios “como gatekeepers clave que deciden, según las normas de noticias establecidas, cuál de los problemas aparentemente infinitos de derechos humanos puede ocupar una parte de la agenda de noticias” (^{Powers, 2016a}, p. 316). En otras palabras, estas investigaciones demuestran que los medios de comunicación no sólo son aliados estratégicos de las ONG y los activistas de derechos humanos, sino que tienen una agencia fundamental que los vuelve mediadores activos en la posibilidad de que las denuncias de derechos humanos circulen y tengan eco.

Esta mediación de los medios de comunicación en la política de la información es atendida desde diversos ángulos. En primer lugar, quienes estudian los casos en los que las ONG logran tener cobertura en los medios, destacando la forma como los actores colectivos construyen “la credibilidad” de la información y el drama que denuncian, con la finalidad de traducir los temas de derechos humanos a las normas dominantes de las noticias y medios que favorecen “el conflicto y el espectáculo” (^{Cottle & Nolan, 2007}; ^{Fenton, 2010}; ^{Powers, 2016c}; ^{Waisbord, 2011}). En este sentido, ^{Waisbord (2011)} señala que en América Latina las ONG siguen un “enfoque pragmático” en su relación con la prensa con el fin de lograr visibilidad, es decir, si bien muchos integrantes de las ONG tienen perspectivas críticas frente a los principales medios y la forma como suelen informar y cubrir problemas, éstos no entran en estrategias de confrontación entendiendo que su intermediación es muy importante para su trabajo.

En segundo lugar, se señala que uno de los factores fundamentales del impacto que pueden tener las denuncias de las ONG en los medios es el desarrollo de estrategias de “narración y reportaje del dolor”, especialmente cuando éstas refuerzan representaciones de “la pobreza y los dramas humanitarios del sur en los medios del norte” (^{Dogra, 2014}; ^{Orgad, 2013}; ^{Rothmyer, 2011}). Dentro de esta línea de análisis, ^{Seaga (2012)} plantea que el periodismo de derechos humanos, además de las limitaciones que encuentra por las políticas editoriales de informar con dramatismo sobre violaciones de derechos en sociedades no occidentales o no desarrolladas (a contraluz de lo que ocurre en las sociedades occidentales), enfrenta también la barrera de no atender las “formas indirectas de violencia estructural y cultural” que originan la violencia y violaciones, concentrándose en acontecimientos y situaciones de un momento. Esto se ve reforzado por lo que ^{Thrall, Steculla y Sweet (2014)} denominan como cortos ciclos de atención de los medios y la corta cobertura de los problemas que son capaces de realizar, razón por la cual la mayoría de los temas y problemas asociados con los derechos humanos, sus causas y razones, no logran recibir atención de los medios de comunicación.

Estos resultados son consistentes con aquellos estudios que han señalado que la mediación de los medios de comunicación está, generalmente, limitada a la cobertura y resonancia de violaciones de derechos civiles y políticos (por ejemplo, tortura, detención ilegal) (^{Clark, 2001}; ^{Hopgood, 2006}; ^{Powers, 2015}; ^{Winston, 2001}). Además, la mayoría de los esfuerzos de generación de información y denuncias públicas de las grandes ONG se “desinflan” en la medida que hay temas vetados para la lógica de los medios y los intereses de los gobiernos centrales (^{Murdie & David, 2011}; ^{Ron, Ramos y Rodgers, 2005}).

En tercer lugar, dentro de la misma agenda que entiende a los medios de comunicación como mediadores de la política de información, autores críticos como ^{Bob (2005}, ²⁰¹⁰⁾ han señalado las “estrategias de marketing mediático” de las organizaciones de derechos humanos, es decir, la forma como ciertas ONG posicionan su “marca” en los medios y legitiman su prestigio (con casos como Amnistía Internacional o Greenpeace). En sus estudios, Bob ha resaltado la importancia de las estrategias de comunicación para las organizaciones, no sólo para difundir la información sobre las denuncias que realizan, sino también para posicionarse como actor visible, creíble y con prestigio en lo que denomina “el mercado de movimientos morales” (^{Bob, 2002}). En este sentido, sus aportes son importantes para señalar que en la política de la información prevalecen los intereses y objetivos de pequeños grupos de ONG, por lo general de élites con capacidad de movilizar recursos, teniendo como efecto la exclusión de las coberturas de noticias sobre derechos humanos a otro tipo de organizaciones y actores con perfiles menos visibles.

Estos resultados, muy críticos con el rol de las grandes ONG norteamericanas, se encuentran en la misma línea de los trabajos realizados por ^{Carpenter (2007a}, ^2007b), en la medida que identifican las disputas por “certificar los reclamos de derechos humanos” entre las ONG. Estas disputas de certificación afectan la forma y probabilidad de que ciertos temas y causas impulsadas por los activistas de derechos humanos sean retomadas o no en los medios, determinando la capacidad de que ciertas agendas (por ejemplo, la violencia contra niños y niñas y no temas sobre violencia contra migrantes) y áreas geográficas tengan visibilidad (^{Carpenter, 2014}; ^2007a).

Finalmente, en relación con las nuevas tecnologías los estudios señalan el esfuerzo de las ONG por aumentar el público receptor de los mensajes, de allí que algunas de las más importantes organizaciones internacionales han acudido a planes de publicidad donde incluyen producción muy elaborada de videos, campañas con personajes famosos e influencia (actores y actrices, deportistas, artistas), documentales, mensajes para recaudar fondos, entre otras (^{Pruce, 2015}). Si bien las nuevas tecnologías para documentar y generar información sobre problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos aumentan, estas estrategias no suplen las tradicionales prácticas de documentación y elaboración de informes detallados (^{Ristovska, 2016}). Es decir, las nuevas tecnologías han sido herramientas para fortalecer las tradicionales prácticas de impulsar “campañas” por hacer pública y visible una situación, tratando de convencer a otros sobre la importancia de retomar y apoyar una causa (^{Becker, 2013}; ^{Nash, 2009}).

Las ONG como productoras de información para los medios

Además de la relación de los medios de comunicación como “mediadores” de la política de la información, los acelerados cambios tecnológicos han abierto un campo de práctica y reflexión sobre las nuevas estrategias para la producción de la propia información de derechos humanos. En este sentido, diversos trabajos señalan el nuevo rol de “informantes” que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas activistas al tener disponibilidad de teléfonos móviles para registrar y circular casos de violaciones de derechos humanos (^{Becker, 2013}; ^{Bennett y Segerberg, 2012}; ^{Chadwick, 2013}). Dados estos cambios, las ONG de derechos humanos han rediseñado estrategias para la circulación de información, incorporando “funciones aparentemente periodísticas” a sus propios cuerpos de trabajo. Así, como recuerda Powers (2016), organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional ahora contratan fotógrafos y productores de video para acompañar los informes de investigación, así como han adelantado estrategias para ampliar sus sedes y presencia de campo directo en el “sur global”.

La literatura que analiza estos procesos de fortalecimiento de las ONG como productoras directas de la información para los medios señala dos elementos importantes. Por un lado, la forma como las nuevas tecnologías permiten que los actores colectivos reinventen sus roles y estrategias para el acceso a la información. Por el otro, que las grandes ONG se han consolidado como grandes concentradoras de recursos económicos, razón por la cual tienen tanta capacidad de producción de contenidos. En este sentido, Human Rights Watch, por ejemplo, tiene “una fuerza laboral que rivaliza con todas las agencias de noticias internacionales de los principales proveedores de noticias de Estados Unidos como el New York Times o el Washington Post” (^{Powers, 2016a}, p. 318); mientras que la propia Amnistía Internacional “emplea a más de 125 investigadores para recopilar información sobre temas de derechos humanos en todo el mundo” (^{Powers, 2016a}, p. 318).

Sin duda, las nuevas tecnologías están incidiendo directamente en la relación entre derechos humanos y comunicación, transformando algunas de las estrategias del activismo internacional en derechos humanos (^{Tumber & Waisbord, 2017}). Sin embargo, también es claro que las organizaciones no gubernamentales que impulsan estas costosas campañas son las principales organizaciones internacionales, que tienen fuertes vínculos con organismos intergubernamentales, agencias de financiación, entre otras, reproduciendo igualmente un sesgo de selección y atención de los problemas que cubren.

Dentro de la misma línea que se pregunta por el rol de las ONG como productoras de la información, los trabajos de ^{McPherson (2016}, ²⁰¹²⁾ sostienen que la relación entre las organizaciones de noticias, medios de comunicación y las ONG de derechos humanos se presenta en un doble sentido. Por una parte, la información que producen las ONG puede generar un “subsidio de información” para los periodistas, dado que las ONG generan información valiosa sobre temas problemáticos difíciles de cubrir. Al mismo tiempo, en la medida que la credibilidad de la fuente es fundamental para la lógica del periodismo, las ONG con mayor reputación proporcionan materiales que cubren los parámetros de credibilidad y autorización, generando igualmente un “subsidio de verificación” que en todos los casos disminuye el costo de la investigación y verificación de los hechos.

Este costo de verificación “cubierto” por el trabajo de las ONG se fundamenta, principalmente, en el hecho de que la información y documentación que estas organizaciones realizan están pensadas para generar procesos no sólo de presión pública, sino también para apoyar demandas legales y mecanismos de rendición de cuentas, por lo cual la revisión editorial de la información de las ONG más profesionalizadas suele ser incluso más rigurosa que la de las editoriales de prensa (^{Pruce & Cosima, 2016}, p. 413). De esta manera, la interrelación entre ONG y medios se vuelve cada vez más importante, dice ^{McPherson (2016)}, dado que los modelos de negocio de los medios de comunicación y periodísticos tradicionales encuentran mayores problemas de financiamiento, lo que los obliga a realizar recortes de personal. Nuevamente, el caso de Human Rights Watch es destacado, organización que ya tiene sedes en lugares como Beirut, Nairobi y Tokio, asumiendo un rol activo en la política de producir los propios contenidos de información a las secciones de prensa internacional (^{Powers, 2018}).

El sesgo internacional de la literatura

Como hemos apreciado, el campo de estudio de la relación entre ONG de derechos humanos y medios de comunicación se distingue por el reconocimiento de la política de la información como estrategia clave del activismo en defensa de los derechos humanos. Esta relación nos habla, justamente, de la forma en que la información generada para visibilizar violaciones de derechos humanos y cuestionar los abusos de poder, puede circular y tener difusión entre amplios públicos. Así, hemos identificado dos grandes ejes en los que se divide el énfasis dado a esta relación: por un lado, aquellos que entienden a los medios de comunicación como mediadores de la política de la información; por otro lado, quienes aceptando lo anterior, se preguntan por el rol especial de las ONG en el proceso mismo de producción y generación de la información, su relación con las nuevas tecnologías y la forma como las organizaciones se convierten en productoras creíbles de contenido para los propios medios.

Como se sintetiza en la Tabla 1, las líneas de investigación y perspectivas analíticas han dado insumos importantes. En este sentido, las investigaciones son claras en mostrar que sería impensable un proceso de presión y cuestionamiento del abuso del poder sin la interacción estratégica entre ONG y medios de comunicación para la circulación y difusión de información. Es igualmente claro que las estrategias de los actores colectivos para “narrar”, “visibilizar” y generar empatía en torno a violaciones de derechos humanos están igualmente condicionadas, por lo menos en cuanto a la circulación en medios, por las políticas editoriales y la tendencia dominante de prestarle atención a violaciones de derechos civiles y políticos.

Tabla 1 Principales ejes de análisis de la relación ONG de derechos humanos y medios de comunicación. 

Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, más allá de estos aportes, es necesario cuestionar lo que denomino un sesgo internacionalista y elitista en la literatura. Esto es, todas las perspectivas e investigaciones están abordando los casos de las grandes organizaciones de derechos humanos transnacionales y los grandes medios de comunicación internacionales. Lo anterior se ve reflejado en el hecho de que las investigaciones, en su gran mayoría, han analizado empíricamente la influencia que tienen grandes ONG como Human Rights Watch y Aministía Internacional en la producción de noticias e información en medios como CNN, The New York Times, entre otros, específicamente en las secciones de noticias internacionales. Lo anterior se debe a que la problematización de todos los trabajos sobre la relación entre medios de comunicación y ONG está orientada sobre el rol que cumplen las organizaciones en la cobertura e información sobre la “realidad internacional”, de allí que uno de los ejes de mayor preocupación en los últimos años sea el de explicar cómo esta relación reduce costos para la prensa en el levantamiento de información en “el extranjero” (^{Powers, 2016b}; ²⁰¹⁸⁾.

Este énfasis en la dimensión internacional y en las grandes organizaciones no gubernamentales reproduce una lectura que define la socialización de los derechos humanos como una dinámica que va de los países centrales hacia la periferia (^{López, 2013}; ²⁰¹⁷; ^{López e Hincapié, 2015}). En la medida que las teorías de la socialización y activismo transnacional de derechos humanos fueron pensadas por las relaciones internacionales para explicar procesos de presión sobre gobiernos autoritarios dictatoriales, la investigación sobre la política de la información se centró en cómo se hacían visibles internacionalmente las situaciones y violaciones que los gobiernos autoritarios tenían “bloqueados” a nivel nacional. Como es de esperarse, entonces, estas perspectivas encuentran serias limitaciones cuando el estudio demanda entender procesos donde la defensa de los derechos humanos se inscribe en lógicas de regímenes con cierto grado de pluralismo electoral, en los cuales cierto tipo de libertades son respetadas, pero “paradójicamente” persisten graves violaciones de derechos humanos.

La lógica de denuncia pública sobre “claras” violaciones de derechos humanos por gobiernos dictatoriales no es la que prevalece hoy, por el contrario, persisten contextos donde los gobiernos “retóricamente” se comprometen con los derechos humanos ante la comunidad internacional, pero se reproducen las graves violaciones de derechos dentro de los Estados. En contextos de democracia formal, donde existe relativa circulación de la información y espacios de expresión, las disputas y conflictos por los derechos humanos se generan, precisamente, en los Estados, y el rol de la relación entre ONG y medios de comunicación estatales se vuelve central.

Finalmente, dado que las preguntas de la literatura académica están orientadas a la influencia que las grandes ONG de derechos humanos tienen en los grandes medios de comunicación para visibilizar las “situaciones internacionales”, es inexistente el cuestionamiento sobre: a) los campos de relaciones en que se insertan las ONG dentro de los Estados; y b) las diferentes estructuras de los sistemas de medios de comunicación que pueden determinar, igualmente, la relación que las ONG puedan establecer con los medios. Esta falta de problematización tiene implicaciones en el análisis en la medida que no se profundiza en los contextos, cuáles, cuántas y porqué ciertas ONG son consultadas y tienen repercusiones mediáticas en relación con los amplios campos de acción colectiva de defensa de derechos humanos (pensando en colectivos de víctimas y organizaciones con menos recursos). De la misma manera, sin cuestionar la propia estructura del sistema de medios de comunicación no podremos entender por qué la información circula o no, y las implicaciones que esto tiene para reforzar las situaciones de abuso del poder en aparentes contextos de apertura democrática.